INTERVENCIÓN EN LA CHARLA SOBRE VIVIENDA EN EL CLUB DIARIO LEVANTE

 
¿Derecho a la especulación o a la vivienda?
 
Las nuevas normas legales para fomentar la VPO plantean si las medidas benefician al promotor o al comprador


Un debate animado con algún que otro sonrojo de cara el que confrontaba a la oferta (promotores) y la demanda (ciudadanos), a los técnicos urbanísticos y a los políticos responsables de temas de vivienda en el Club Diario Levante.
¿Se puede considerar que una vivienda protegida cueste 165.000 euros con un salario que no llega a mil euros y una hipoteca de 850 al mes? ¿Es sostenible una ganancia para el promotor del 500%? ¿A quién favorece que también haya subido el precio de la vivienda protegida un 20% en esta Comunidad? ¿Es que la gente ha perdido poder adquisitivo o capacidad para endeudarse? ¿Qué tienen que ver los PAIs con el elevado precio del suelo y, por tanto, de la vivienda? ¿Cómo es posible que en Tibi, la vivienda protegida cueste más que la libre? ¿Qué va a pasar con el stock de un millón de viviendas nuevas vacías?
Son algunas de las preguntas de un debate osado y concurrido, organizado por el Club y la firma de abogados Cuatrecases como el primero de una serie de Tertulias sobre Urbanismo, Territorio y Vivienda. En este caso, el tema del día era la vivienda protegida en la Comunidad Valenciana, confrontado en dos direcciones: entre el derecho constitucional a la vivienda y la promoción inmobiliaria en crisis.

Bernabé Bueno, arquitecto urbanista y ex director general de Vivienda de la Generalitat Valenciana; Verónica Marcos, portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular; José María Ángel, alcalde de L´Eliana y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE; Valentín Mateos, ingeniero de caminos y portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna y Lluís Lluch, director general de Luz Bulevar eran los ponentes. Todos ellos moderados por el socio de Cuatrecasas y ex magistrado del TSJ de la Comunidad Valenciana, Mariano Ayuso.

¿Urbanismo de función pública?

El portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna, Valentín Mateos, lanzaba más preguntas. Las novedades legales en materia de vivienda protegida, ¿a quién benefician? ¿a los que no podían antes, y ahora tampoco, acceder a una vivienda o a mantener el negocio de los promotores en estos tiempos de crisis?

¿Es el urbanismo entendido como función pública o la promoción de las VPO como forma de proteger el derecho a la especulación? O dicho de otro modo, ¿no se está especulando con el derecho recogido en la Constitución a tener una vivienda digna?
Casi todo preguntas y alguna que otra propaganda política. Entre otras cosas porque, según Mateos, «con las novedades legislativas, el precio de la vpo en Valencia asciende un 20%. Es decir, 1.819 euros el metro cuadrado».

Entonces surge la duda. ¿Es la vpo vivienda protegida o es vivienda menos cara pero igualmente menos accesible? Al fin y al cabo, según datos de Mateo, «en las adjudicaciones de vpo en Algemesí y Alaquàs, por poner dos ejemplos, casi el 70% de los adjudicatarios renunciaron a ellas». Entre sus propuestas, paralizar la subida de los módulos de VPO y prohibir que puedan acceder a ellas las rentas altas.

Y más preguntas de los ciudadanos: ¿qué implicación tienen los bancos y las cajas para favorecer que el ciudadano pueda seguir endeudándose? ¿Qué posibilidades reales ofrece el Ivvsa para el acceso a la vivienda? O a preguntas de los pequeños promotores: ¿Cuándo llegará el dinero que financie la promoción de las vpo?

Por no olvidar la escama que se dirigió a los promotores en general: «¿Saben lo que es la sostenibilidad? Su problema es la falta de ética a la hora de ganar dinero. Ahora ya no pueden tener tanto beneficio». Y otra constatación: «el problema es que mientras no se controle el precio del suelo será imposible acceder a la vivienda». Sin dejar de mencionar otra cosa de sentido común:« ¿Porqué se dan ayudas para pagar precios injustos? Es algo irracional convertido en natural». Todo esto, comentarios lanzados desde el público a unos tertulianos, también dispares entre sí.

Liberalizar la gestión del suelo

Porque Lluch, por su parte, reclamaba el fin del monopolio de la Administración en la gestión del suelo público. «Eso genera escasez y corrupción» afirmaba llamando a la libre competencia y criticando a los técnicos por la ralentización de los trámites en gestión de suelo y concesión de licencias. Lluch pedía la derogación del corpus urbanístico valenciano, la LUV en concreto, fomentar la competencia entre ayuntamientos, eliminar los monopolios de Iberdrola y Aguas y acabar con la inseguridad jurídica «porque el dinero huye de la promoción y no va a volver y ahora los suelos pasan a ser propiedad de los bancos».
Mientras, el ex director general de vivienda, Bernabé Bueno, apostaba por la intervención pública y defendía la fórmula del alquiler con derecho a compra, la de la vivienda concertada, la rehabilitación o la reforma de la ley de arrendamientos urbanos. «Libertad (ligada a la movilidad de las personas), solidaridad y eficacia eran sus recetas» además de reclamar que en el pacto entre administraciones, «también entren los bancos». El próximo debate, el 25 de noviembre.

«Nos critican como si Camps hubiera hecho un urbanismo desmesurado»
La palabra en manos de los políticos se acopla como un guante fino de seda. El ejemplo lo daba Verónica Marcos, portavoz de Vivienda en las Cortes del Grupo Parlamentario Popular, al pedir responsabilidad a los partidos políticos «que se dedican a realizar críticas furibundas al gobierno de Camps en materia de urbanismo. Intentan desgastarnos como si hubiéramos hecho una política de urbanismo desmesurado», afirmaba. Y no contenta con eso, señalaba a los ayuntamientos, en concreto el de Canet, donde gobierna la izquierda, para que «miren su gestión». Los avales de Marcos eran la propuesta de Camps de proteger hasta un 40% del territorio valenciano y el hecho de que «en esta comunidad hay menos campos de golf que en Cataluña y Andalucía» y también, «que somos los primeros en cumplir la política de Zapatero en materia de vivienda», al que, por cierto, instaba a aplicar las deduccciones fiscales que el PP aplica en esta comunidad.

El socialista José M. Ángel le espetó un «Verónica es joven. No se acuerda de que el PP gobierna esta Comunidad desde el 95» y puso de ejemplo el lema que ha llevado a l´Eliana a tener bandera verde: «crecer en exceso es decrecer en servicios»
.

 
Fuente: Crónica aparecida en el diario Levante-EMV.com. Enlace a la noticia.
 

© 2003-2017. Plataforma por una Vivienda Digna