BOLETÍN DEL 14 DE FEBRERO DE 2005
 
 
España y vivienda
 
Comunidad de Madrid
 
 
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España y vivienda
 
LA VIVIENDA CUESTA HOY EL DOBLE DE ESFUERZO QUE EN LOS 80
La Opinión de Tenerife - 07 de febrero de 2005
 
 
El Servicio de estudios del BBVA explica que actualmente una familia media española debe hacer el doble de esfuerzo para pagar la hipoteca de su vivienda que en los años ochenta. Sucede que las condiciones de financiación existentes en la década de los 80, con hipotecas a tipos de interés fijos del entorno del 16% y plazos de amortización de diez años, la capacidad de financiación de una familia media era de 1,6 veces sus ingresos brutos anuales. Con inflaciones del 10% y aumentos salariales del entorno del 12% de media anual, el peso de los pagos hipotecarios, que el primer año no superaba una tercera parte de los ingresos brutos, se reducía hasta el 20% de los ingresos en el quinto año y hasta el 12% en el último año de vigencia del préstamo. A partir del décimo año, los pagos por la vivienda dejaban de ser una preocupación, y en 25 años el esfuerzo medio de comprar una vivienda suponía destinar el 9% de la renta bruta.

En las condiciones de financiación actuales, con hipotecas en el entorno del 3,5% y plazos de amortización de 25 años, la capacidad de financiación asciende a casi 5,5 veces los ingresos brutos familiares. Sin embargo, con inflaciones oscilando entre el 2,5% y el 3,5% y aumentos salariales de casi tres puntos por encima de la inflación, el peso marginal a lo largo del tiempo de las cuotas hipotecarias en los ingresos brutos familiares es mayor que con inflaciones más altas.

Así, para un préstamo cuyos pagos supondrían la tercera parte de los ingresos brutos durante el primer año del crédito, el peso se reduciría al 25% en el quinto año y al 20% en el décimo, y así hasta finalizar su impacto en el 10% de la renta en el año 25.

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FUNCIONARIOS CORRUPTOS TRAFICAN CON PISOS DEL IVIMA
La Razón (Madrid) - 07 de febrero de 2005
 
La Comunidad detecta la venta de cuatro viviendas en cinco meses mediante la manipulación informática de la base de datos con adjudicatarios falsos. Los autores han utilizado claves restringidas de personal del Instituto de la Vivienda. El Instituto de la Vivienda de Madrid investiga una red de tráfico ilegal de pisos protegidos en la que estarían implicados funcionarios corruptos de ese organismo en connivencia con los compradores.

En apenas cinco meses, los responsables autonómicos de la vivienda han detectado la venta fraudulenta de cuatro inmuebles cuyos titulares o bien han fallecido o están enfermos.

El fraude se lleva a cabo falsificando la base de datos del Ivima mediante incursiones informáticas con claves restringidas en las que se sustituyen los datos de un adjudicatario real por otro previamente convenido.

Este «comprador» escritura como si el titular fuera él. La corruptela se ha descubierto cuando los descendientes del beneficiario auténtico se han encontrado con un extraño que reclamaba la vivienda con escrituras en la mano.

Las viviendas objeto del fraude son inmuebles protegidos construidos en el barrio de San Blas en los años 60 por la entonces Obra Sindical del Hogar, que posteriormente pasaron al Instituto de la Vivienda de Madrid cuando se constituyó la Comunidad de Madrid, en febrero de 1983. Pertenecen a un programa de renta limitada a pagar durante 40 años para luego acceder a su propiedad mediante escritura una vez finalizado el período de amortización.

La red de fraude detectada ha aprovechado que esta fase termina ahora y el año pasado se puso en marcha por parte de la Comunidad de Madrid el proceso para escriturar los pisos a nombre de sus titulares.

El «modus operandi» se centra en falsificar la identidad de los adjudicatarios en la base de datos y sustituirla por otra, de forma que sea el titular ficticio quien escriture el piso a su nombre como si él hubiese sido el beneficiario en su día de la vivienda que ahora termina de amortizarse. Para ello la red elige aquellos inmuebles en los que sus adjudicatarios no dan señales de vida a la hora de proceder a la escrituración de su vivienda.

En vez de ser recuperadas para una posterior readjudicación a personas con escasos recursos, los autores del fraude presuntamente pactan una cantidad de dinero con los compradores, que adquieren una vivienda a precio de ganga, generalmente para venderla a precios de mercado.

Los pisos en esta situación vendidos ilegalmente se ubican en las calles Deportistas, número 22; Decoradores, 11 y Medidas, 6. Un cuarto caso, situado en la calle Ramón Pérez de Ayala, número 6, ha sido descubierto cuando el titular ficticio había solicitado al Ivima su venta después de abonar los casi cinco millones de pesetas que restaban para su amortización. Esta vivienda está adjudicada en régimen de arrendamiento, un sistema distinto al anterior, basado en abonar un alquiler con opción a la adquisición definitiva cuando el titular así lo desee.

Los responsables del organismo autonómico de vivienda tienen perfectamente determinado que en estos cuatro casos se sustituyó la identidad del adjudicatario mediante la manipulación del sistema informático a través de claves restringidas.

Horas precisas del fraude. El rastro dejado en el ordenador ha permitido demostrar que los cambios de titular en los tres primeros casos se produjeron el día 5 de mayo a las 13:45:30, 13:46:11 y 13:46:58. Se da la circunstancia de que dos días después, el día 7 de mayo, tomó posesión del cargo Domingo Menéndez Menéndez, actual director-gerente del Ivima.

En la vivienda de Ramón Pérez de Ayala, el cambio de titular por un nuevo adjudicatario se produjo en septiembre de 2004 y acto seguido el beneficiario ficticio pidió escriturar el inmueble a su nombre después de completar la amortización. La venta de este piso no se llegó a formalizar ya que se detectó el fraude durante el proceso de transmisión.

En todos los casos, los adjudicatarios estaban desaparecidos en el momento de llevarse a cabo la estafa, circunstancia de la que estaban al tanto los autores de la falsificación, que les dieron por muertos. La situación de la vivienda de la calle Deportistas, 22, es bien distinta puesto que su beneficiaria real, Petra Delgado Arranz, enferma de Alzheimer, está ingresada desde junio de 2002 en una residencia de la Comunidad de Madrid y se halla bajo la tutela de la Administración autonómica.

Precisamente, fue en este piso, ocupado por una nieta, donde se descubrieron, en octubre del año pasado, las irregularidades investigadas ahora por el Ivima. Para sorpresa de la actual inquilina, el adjudicatario ficticio se presentó en la vivienda y dejó la siguiente nota: «Soy Juan Martínez, el propietario de esta vivienda. Ruego se pongan en contacto conmigo», y dejó un teléfono. La nieta de la titular auténtica emprendió entonces un verdadero via crucis burocrático para demostrar que la vivienda era de su abuela, sin encontrar su nombre en ningún papel del Ivima.

En todos figuraba la identidad del falso propietario, que en varias ocasiones más se presentó en la vivienda, escritura en mano, con la intención de tasar el piso.

El beneficiario ficticio escrituró el piso a su nombre el 8 de septiembre de 2004 al precio de 2.286,23 euros en el despacho del notario Ángel Luis Donesteve y Garra, situado en la calle Príncipe de Vergara, 63. Según el acta notarial, con protocolo 3.255/2004, el Ivima vendía a su nombre la propiedad «libre de cargas y ocupada por el comprador», según dice textualmente el documento, donde figura una hipoteca del Banco Sabadell.

Según explicó a LA RAZÓN Domingo Menéndez, gerente del Ivima, los servicios jurídicos de este organismo están ultimando la presentación de una demanda judicial contra los compradores de la citada vivienda con la intención de declarar la nulidad de los contratos. Además, también pretenden denunciarles por estafa.

De esta forma pretenden evitar que los inmuebles puedan ser vendidos a terceros o se utilicen para solicitar hipotecas, ya que los compradores están en posesión de escrituras totalmente legales.

Menéndez se muestra convencido, además, que de esta forma se conocerá la identidad de los implicados dentro del organismo que preside «ya que las claves utilizadas eran manejadas por muchas personas». Por esta razón, el gerente asegura que aún no han podido determinar la identidad del funcionario o funcionarios que usaron las claves para manipular informáticamente los expedientes afectados. Además, según relata, «esa clave muchas veces es compartida» con los empleados de cuatro empresas privadas a las que la Comunidad tiene adjudicado el proceso de venta y escrituración a medida que la amortización de los pisos llega a su fin. Éstas, además se reparten todas las gestiones con respecto al patrimonio del Ivima, como el cobro de la renta mensual y el del consumo de agua.

Las cuatro viviendas objeto de fraude coinciden que están bajo la gestión de una de estas empresas, Gestión de Planificación Urbanística S. L. (Geplaur), que se personará en el proceso judicial que impulse el Ivima. Su responsable, Emilio Fernández Sánchez, rechaza tajantemente la posibilidad de que la clave a la que alude Domingo Menéndez sea utilizada por los empleados de la empresa. «Nosotros disponemos de una para entrar en la base de datos y consultar, pero con ella no podemos tocar ninguno, ni corregir dato a dato como se ha hecho en estos casos. Es un proceso laborioso que no se hace en pocos segundos porque cada corrección implica entrar de nuevo en el sistema», afirma.

En defensa de la actuación de la empresa, el gerente de Geplaur asegura que precisamente ellos fueron los que detectaron y pararon el fraude del piso de la calle Ramón Pérez de Ayala. «A nosotros el Ivima nos envía una orden para vender y escriturar esa vivienda con el nombre del adjudicatario. Cuando pedimos los certificados de que estaba al corriente de pago, nos damos cuenta de que ese titular no era el original de ese piso. Y lo ponemos en conocimiento de la Comunidad», explica Fernández.

Esta situación no se dio con los otros tres pisos de San Blas, puesto que Geplaur, según Fernández, no pudo comprobar los expedientes históricos de los inmuebles porque «no existen». Según afirma, en el año 2002 la empresa digitalizó todo el archivo que le correspondía gestionar, pero algunos expedientes como los ahora afectados habían desaparecido.

Fernández lo achaca a que estos documentos, con 40 o más años, han podido perderse en los sucesivos traspasos de competencias que en todos estos años han sufrido este tipo de viviendas: Primero pertenecieron a la Obra Sindical del Hogar, luego pasaron a la Delegación Provincial de la Vivienda y por último al Instituto de la Vivienda de Madrid.

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El tráfico de pisos del IVIMA ya ocurrió en los años 90
La Razón (Madrid) - 10 de febrero de 2005
 
 
El tráfico ilegal de pisos protegidos del Ivima, falseando expediente de adjudicatarios muertos, no es la primera vez que ocurre en el organismo autonómico. A principios de los años 90 se dio un caso similar al descubierto ahora, también en viviendas de renta limitada situadas en el barrio de San Blas.

Según explicaron fuentes próximas al Instituto de la Vivienda, media decena de pisos fueron vendidos ilegalmente en aquel momento falsificando los expedientes en papel, puesto que en ese tiempo, lógicamente, los mismos no estaban informatizados como ahora. Como ahora, los inmuebles pertenecían a titulares que no dieron señales de vida cuando se completó la amortización de la vivienda y fueron llamados para escriturarla a su nombre y trasferir la propiedad. Según estas fuentes, el caso se cerró con el traslado a otros puestos de un par de funcionarios del Ivima, sobre los que recaían ciertas sospechas.

Pese a que con el tiempo los expedientes se informatizaron y sus datos se protegieron con claves restringidas, ahora ha vuelto a suceder en el mismo barrio. En vez de el papel, se ha falseado la base de datos rompiendo la protección.

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El PP ve futuro para el sector si no interfiere el Gobierno
BaseFinanciera.com - 07 de febrero de 2005
 
 
El PP augura un futuro bueno para el mercado inmobiliario español si el Gobierno no interfiere en el sector con medidas restrictivas, y pidió la comparecencia de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en el Congreso de los Diputados para que explique la falta de eficacia de los efectos del Plan de Choque a 31 de diciembre de 2004.

Así lo puso hoy de manifiesto en un encuentro con periodistas el portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, quien señaló que si la ministra de Vivienda no hace nada el futuro del sector de la construcción es bueno, porque este área es muy sensible a las medidas impositivas, por lo que, a su juicio, prevé que Trujillo no modifique la ley del suelo de manera restrictiva.

En este sentido, señaló que el mercado inmobiliario "está bien", ya que la oferta y la demanda han encontrado un punto de equilibrio y los incrementos de los precios de la vivienda son menores. "No se ha modificado el Plan de Vivienda del PP, ni la Ley del Suelo, ni los impuestos, ni las ayudas, y el encarecimiento de la vivienda decrece. ¿Qué es lo que ha ocurrido?. El plan de Vivienda vigente del PP funciona y el mercado está regulándose", señaló Matos.

Por ello, indicó que las perspectivas de construir cerca de 675.000 viviendas al año van a estar cubiertas, pese a un leve receso del incremento de la demanda, si el Gobierno no toma medidas "raras" que afecten al sector y se mantienen los actuales niveles de empleo en el mercado.

ACUERDO NACIONAL EN MATERIA DE SUELO.

No obstante, consideró necesario que el Ministerio de Vivienda alcance un acuerdo nacional en materia de suelo que modifique la actual normativa y se incluyan medidas para luchar contra su especulación, y no se limite al sector de la construcción con la oferta del mercado porque provocaría efectos adversos sobre la economía y empleo español.

El portavoz de Vivienda del PP denunció la falta de eficacia de las medidas adoptadas por el Ministerio que dirige María Antonia Trujillo, ante la falta de competencias que están trasladadas a las diferentes comunidades autónomas. En concreto, calificó de "disparate" la creación de agencias estatales del alquiler, pues, según precisó, ya existen en las comunidades autónomas y los municipios, por lo que es "absurdo" que haya instituciones regionales y estatales que compitan en el mismo área.

Asimismo, criticó la ineficacia del Plan de Choque anunciado por Trujillo, ya que de las once medidas que se contemplaban en el acuerdo sólo una se ha llevado a cabo, y añadió que la partida presupuestaria de este plan que asciende a 1.031 millones de euros no se distribuirá hasta que finalice 2005. "El Plan de Choque no puede ser efectivo antes de 2005, según lo establecido en el documento, por lo que es absurdo que se llame Plan de Choque", matizó.

Por ello, el PP ha solicitado la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso de los Diputados para que exponga los ejes estratégicos del próximo Plan de Vivienda, que, en su opinión, será similar a la de los anteriores, así como los resultados a 31 de enero de 2005 las medidas recogidas en el plan de Choque presentado en julio de 2004 que, según datos de Matos, son escasos.

Igualmente, ha solicitado que Trujillo cuantifique las viviendas de nueva construcción que fueron calificadas a 31 de diciembre de 2004 en cada comunidad autónoma, además de las previstas en el plan vigente, las subvenciones otorgadas a los arrendatarios y al arrendador el año pasado.

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Concejal del PP denuncia una trama urbanística de su partido
Cadena Ser (Madrid) - 07 de febrero de 2005
 
 
Vendían suelo municipal de Majadahonda a promotores privados a precio de suelo para vivienda social. El concejal de Urbanismo del Majadahonda, el popular José Luis Peñas insiste - en contra de lo que afirma el PP de Madrid- en que él mismo, junto al anterior alcalde del municipio, Guillermo Ortega, entregaron en Génova un dossier y abundante documentación sobre lo que califican de "trama urbanística organizada por políticos populares".

Fue en una reunión celebrada el pasado 24 de enero, en la que, según Peñas, la Directiva Regional del PP tuvo constancia del agujero millonario en las arcas del municipio por la venta de suelo por debajo de precio de mercado. A dicha reunión, asistió Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en esta región.

Este dossier -que según el concejal popular fue entregado en esa reunión- y al que ha tenido acceso la Cadena SER, habla de trama inmobiliaria organizada por Romero de Tejada- quien fue alcalde del municipio y secretario general del PP en Madrid - y perpetrada por el recientemente nombrado primer edil de Majadahonda, Narciso de Foxá.

Este último, según el texto, vendió a promotores privados suelo calificado para vivienda libre a precio de suelo para vivienda de protección oficial . Todo esto cuando el hoy alcalde, Narciso Foxá, estaba al frente de la Empresa Municipal de Suelo.

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Arquitectos creen 'obsoleto' el plan de vivienda de Trujillo
ABC - 07 de febrero de 2005
 
 
Los arquitectos consideran que el Plan de Vivienda que prevé poner en marcha el Gobierno es «obsoleto» y no logrará los objetivos previstos de abaratar las casas, dado que repite los errores del pasado, informa Servimedia.

«El modelo de Plan de Vivienda Nacional está obsoleto porque estamos repitiendo un modelo desarrollista e insatisfactorio para la demanda insolvente», es decir, no soluciona los problemas para las personas con problemas de acceso a la vivienda, dicen los arquitectos en un informe remitido al Ministerio de María Antonia Trujillo.

Además, denuncian que España no puede mantener su ritmo de construcción de más de 600.000 viviendas anuales, lo que consideran «un despilfarro» económico y energético, frente a lo que supone la rehabilitación de edificios.

Por ello, los arquitectos piden un Plan de Rehabilitación y recuerdan que «rehabilitar un edificio de viviendas supone un ahorro energético y de contaminación un 60% frente a la construcción de uno nuevo».

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¿Fin de entrega de dinero negro y de alquiler sin contrato?
El Mundo (Su Vivienda) - 11 de febrero de 2005
 
 
El Gobierno comienza a aplicar las medidas del plan de prevención del fraude fiscal

Las prácticas más 'oscuras' del sector inmobiliario pueden tener los días contados, fiscalmente hablando. Algunas de ellas constituyen auténticos secretos a voces, como la entrega de dinero negro en la adquisición de algunos inmuebles o la no declaración en el IRPF por parte de algunos propietarios de los ingresos provenientes del arrendamiento de una vivienda.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido tomar cartas en el asunto para acabar con estas 'artimañas' que enturbian el mercado y suponen un cuantioso agujero en las arcas de Hacienda.

Así, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan de Prevención del Fraude Fiscal, cuyo borrador -compuesto por más de 300 medidas- fue presentado a finales del año pasado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El proyecto, presentado por el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, tiene como objetivo llevar a cabo más actuaciones de control y más inmediatas, así como el refuerzo de las medidas para asegurar el cobro de la deuda descubierta.

En el punto de mira tiene, principalmente, a las grandes fortunas, las tramas de IVA y, como ya se apuntaba en el borrador, al sector inmobiliario. Ahora bien, el Plan no reproduce íntegramente el borrador inicial, ya que, después de las más de 500 sugerencias recogidas durante el periodo de información pública, se han retirado algunas de las medidas e incluido nuevas propuestas.

SU VIVIENDA le explica el contenido de los principales puntos recogidos en el Plan relacionados con la vivienda que ya están en marcha, así como otros que están en fase de desarrollo o estudio.

MEDIDAS

- 'Prueba piloto de seguimiento de promociones urbanísticas y de comprobación conjunta de promotores y compradores'. Se trata de contrastar lo que declaran ambas partes para ver si hay coincidencia de precios y evitar la entrega de dinero negro.

- 'Identificación in situ de viviendas y locales no declarados'. Este punto está también ligado a la economía sumergida. Lo que persigue es la realización de actividades no declaradas en locales, además de evitar que no se declaren inmuebles.

- 'Identificación de sociedades interpuestas de titulares de viviendas'. El objetivo es evitar la compra de inmuebles para blanquear capitales o cometer fraude fiscal utilizando este tipo de sociedades que ocultan quién está detrás realmente.

SUGERENCIAS ATENDIDAS

- 'Se renuncia a que los documentos privados sobre la compraventa del inmueble se inscriban en el Registro de la Propiedad'. Según fuentes gubernamentales, se ha renunciado a esta medida, recogida en el borrador, por su complejidad, aunque se están buscando alternativas. La medida iba destinada principalmente a conseguir información fiable de lo que se pacta. Especialmente, en el caso de la compra sobre plano, ya que hasta que no se entrega la vivienda no se hacen las escrituras, pero con anterioridad se suelen realizar entregas de dinero de las que a veces no hay constancia. Pero para que un documento privado acceda al Registro, debe de ser validado, hay que dar fe pública, por lo que la medida suponía cierto contrasentido.

«Aparte de ser un contrasentido, no aporta seguridad y cuesta mucho», señalan fuentes del sector inmobiliario. «Además, para conseguir el objetivo que se pretende, ya está la obligación que tienen las empresas de declarar anualmente todas las relaciones económicas de más de 3.000 euros», añaden.

- 'Los inquilinos consignarán en sus declaraciones del IRPF el NIF de su arrendador'. La finalidad de este punto es detectar arrendamientos y ver que el arrendador declara lo que gana por este concepto.

EN ESTUDIO

- 'Fijación de valores de referencia para los inmuebles que tendrán validez para todos los impuestos'. Se trata de buscar un sistema, entre todas las administraciones, que permita dar un valor a cada inmueble -de acceso público y actualizado periódicamente- con criterios homogéneos para todo el territorio nacional y que sirva de referencia para todos los impuestos.

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Vivienda: el intervencionismo es el problema
El Mundo (Su Vivienda) - 11 de febrero de 2005
 
 
El origen de los altos precios del suelo y la vivienda en nuestro país se encuentra en el elevado grado de intervencionismo en este sector. En España no existe un mercado libre de suelo y vivienda, como existen mercados libres de otros bienes, porque está fuertemente intervenido, regulado y sujeto a una planificación más propia de la economía dirigida que de una economía de libre mercado. Por si esto fuera poco, los intentos de abordar el problema no en sus causas sino en sus síntomas están intensificando aún más ese intervencionismo. Como decimos en nuestro documento 'La política de Vivienda en España: Una propuesta de futuro', «parecería que se está tratando de apagar el fuego con gasolina».

El suelo se ve encarecido de forma artificial por la intervención de las administraciones públicas y, en especial, de los municipios que se financian en mayor o menor medida por esta vía y limitan su oferta, creando escasez donde no la hay. Lamentablemente, las consecuencias de esta restricción las pagan los compradores de viviendas, a través de unos precios excesivos. Ello supone una transferencia de rentas de dichos compradores en beneficio de los propietarios de solares y terrenos declarados urbanizables y de las corporaciones locales, amén de otros intermediarios.

En estas circunstancias, y como venimos diciendo ya desde hace años desde el Círculo de Empresarios, la única solución racional para resolver el problema del suelo y la vivienda en España pasa por liberalizar la oferta de suelo. Sabemos que no existen soluciones fáciles o drásticas, y tenemos también claro que sin el acuerdo y la voluntad política de hacerlo por parte de la Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales será imposible solucionar el volumen de problemas acumulados.

Además de esa liberalización, nosotros proponemos una política orientada a facilitar la aparición de un mercado de viviendas en alquiler dinámico, ágil y flexible, para lo cual habría que resolver el problema de la inseguridad jurídica a que se enfrentan actualmente los propietarios.

Igualmente, y con objeto de solucionar el problema de aquellas personas y familias que, por su bajo nivel adquisitivo, no puedan acceder ni al mercado de la vivienda en propiedad ni al de vivienda en alquiler en libertad, creemos que sería conveniente complementar la actual política de viviendas de protección oficial (VPO) en propiedad con otra de viviendas sociales en alquiler (VSA). El objetivo sería llegar a los segmentos más necesitados y a un mayor número de beneficiarios.

Fernando Eguidazu es presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios.

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El especulador que todos llevamos dentro
La Razón (Madrid) - 11 de febrero de 2005
 
 
Tenía una vivienda, un bungalow, un apartamento, dos fincas... y le tocó un piso protegido. El Ayuntamiento de Leganés ha detectado numerosos intentos de fraude en el último sorteo de casas.

¿Quién no conoce a alguien que haya cobrado o pagado en negro para deshacerse o adquirir una vivienda, o que haya echado mano de la picaresca para sacar el mayor beneficio de una propiedad saltándose a la torera las leyes? Desengáñense, especular con la vivienda no es coto privado de las constructoras, sobre todo desde que los ciudadanos de a pie han descubierto que hoy en día, más que un amigo –que también es importante– lo que de verdad es un tesoro es tener más de una vivienda.

El pasado 28 de noviembre el Ayuntamiento de Leganés sorteó 437 viviendas protegidas entre los vecinos de la localidad. Una persona que optó a uno de los pisos recuerda –cuando meses antes fue a formalizar su solicitud en las dependencias de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (Emsule)– a una pareja que discutía sin recato sobre la conveniencia o no de optar a una de las casas. El muchacho no lo tenía claro pero ella, que parecía llevar la voz cantante, insistía machaconamente: «Que no pasa nada, si nos toca nos vamos a la del Ayuntamiento, y la otra la alquilamos y con el dinero del alquiler pagamos la hipoteca».

Si tuvieron suerte, esta pareja estará dentro del casi 10 por ciento de adjudicatarios sin escrúpulos a los que el Consistorio ha sacado de la lista de afortunados. En total, los «sabuesos» del Ayuntamiento han puesto en su diana a 37 personas. En algunos casos se trata de aspirantes que no vivían en Leganés o que se empadronaron recientemente con el único fin de hacerse con uno de los pisos. Pero los casos más sangrantes son los de aquellos «terratenientes» que pretendían «birlar» una vivienda al que de verdad lo necesita. Y es que los inspectores del Emsule han «pillado» a un individuo que, antes de ser agraciado en el sorteo, ya contaba con piso en Leganés y otro en Madrid. A otro que poseía un piso en Leganés, un bungalow y un apartamento en Alicante y dos fincas rústicas en Cuenca, a otro que tenía una casa de 600 metros cuadrados y dos fincas rústicas y a otro que ya disponía de un piso en Chiclana y de otro en Torrevieja.

«Nosotros creamos viviendas para quién no la tiene, aquí somos serios, son pisos para los jóvenes que no tienen piso y para que no se hipotequen el resto de sus vidas», afirma el concejal y presidente de Emsule, Raúl Calle. No se trata de que los responsables municipales pequen de ingenuos –como demuestra la fructífera labor de los inspectores– ya que la empresa pública decidió contrastar la documentación de los adjudicatarios una vez concluido el sorteo «para que no se viesen obligados a desembolsar dinero por el certificado negativo del registro de la propiedad y del certificado de empadronamiento a los 11.400 aspirantes que optaron a las viviendas», asegura Calle.

Quién asistió al «macro sorteo» de noviembre en la plaza de toros La Cubierta recuerda como la mayoría de los agraciados saltaban y gritaban de alegría cuando el notario decía sus nombres. Y esa fue, quizás, la mejor prueba de quiénes eran los que de verdad necesitaban un piso. En ocasiones, detrás de algún nombre, se hacía un silencio sepulcral. Nadie gritaba ni saltaba. ¿Sería porque en esos momentos se estaban frotando las manos?

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El ritmo de venta de los pisos de segunda mano se desacelera
El Mundo (Su Vivienda) (Madrid) - 11 de febrero de 2005
 
 
Los datos de la encuesta realizada por "Su Vivienda" reflejan que el 36% de las casas no ha logrado venderse pasados cinco meses y que la mayoría de los compradores está dispuesta a rebajar el precio de su hogar

El mercado de la vivienda usada está ralentizando su ritmo. A pesar de que el sector inmobiliario sigue embarcado en su famoso 'boom' -al menos hasta la fecha no hay factores de peso que indiquen lo contrario-, cuesta más 'colocar' los inmuebles.

Así lo constata un informe/encuesta realizado por este suplemento. SU VIVIENDA ha recogido, a pie de calle, información sobre 105 anuncios de pisos en venta distribuidos por los 21 distritos de Madrid capital (cinco en cada uno de ellos). A continuación, desde octubre y mensualmente hasta febrero -ambos meses incluidos-, ha comprobado el estado de cada una de las casas. Al cabo de cinco meses, aún hay un 36,2% de pisos que sigue en venta, mientras que el ritmo habitual en vivienda usada venía siendo de entre uno y medio a tres meses, según datos de Re/Max.

De hecho, en los 90 primeros días, según refleja el sondeo, únicamente se vendió el 46,66% de los pisos. Además, si se hace un análisis por meses, se observa que la demanda es decreciente: en noviembre se vendió el 22,86%; el 11,43%, en diciembre; el 12,38% en enero; y sólo el 6,67%, a fecha 1 de febrero.

Como era de prever, los pisos más baratos se venden con mayor facilidad, mientras que los más caros tardan más. La datos reflejan que de los 30 pisos más baratos, el 70% se ha vendido y, de éstos, el 33,3% en noviembre, que es el primer mes.

REBAJAS

El ritmo es lento pero seguro. Los inmuebles se han ido 'colocando' en el mercado, aunque sea a costa de realizar alguna rebaja en el precio de partida. Así, el 25,72% de los vendedores con los que se ha contactado para la encuesta ha recortado el precio de sus pisos con el objeto de conseguir la venta.

La mayoría de los propietarios que no rebaja el precio (el 43,8%), no lo hace porque «ya está rebajado sobre el valor inicial del piso».

Entre los pisos que han sido rebajados, el 44,44% de los propietarios lo ha hecho de manera sustancial con una rebaja de más de 18.000 euros. Algunos propietarios han reconocido que no han vendido sus pisos debido a que se han negado a bajar el precio de salida.

Por otro lado, varios inmuebles de los que registran los precios más elevados teniendo en cuenta las cifras que se manejan en la zona, parece que se ofertan a esas desorbitadas cantidades para 'ver si cuela'.

Finalmente, los vendedores acaban cediendo en sus pretensiones, ya que los compradores, actualmente, no están por la labor. Este comportamiento pone de manifiesto que el 'boom' ya no es lo que era, ya no vive los momentos del 'todo vale' -como ha ocurrido en los años cumbre del ciclo expansivo-, al menos en el segmento de vivienda usada.

«Ya no se puede poner el precio sin tener en cuenta la realidad del mercado, porque el comprador está muy al tanto de los precios. Hay casos en los que en pisos de 300.000 euros la venta no se produce por sólo 3.000», asegura Jorge del Río, director de la franquicia inmobiliaria Re/Max Rosales.

En otros casos de venta, como se constata en la encuesta de EL MUNDO, la operación no acaba consolidándose debido a que el comprador no consigue la concesión de la hipoteca por parte de la entidad bancaria. Así pues, tampoco se estila ya el 'todo se financia'.

Llama la atención que, en un caso, la venta se haya producido después de una rebaja de tan sólo 1.202 euros en un distrito tradicionalmente caro, como es Chamartín. El extremo es un piso del barrio de Salamanca que, tras ser rebajado nada menos que 360.000 euros, los propietarios decidieron retirarlo del mercado.

Eso ocurre, probablemente, a la espera de mejores tiempos o, quizás, como parece que sucede en algunas ocasiones, debido a que los propietarios únicamente sacan el inmueble a la venta para tantear cuánto podrían obtener por él, pero sin una intención real de venta.

Pero no todo son rebajas. También hay propietarios optimistas y, a pesar de llevar con el piso en venta varios meses, no dudan en aplicar una subida. El 7,62% de los encuestados ha incrementado el valor inicial del inmueble, justificando esta actitud con que es la cantidad que 'oficialmente' ha subido.

NEGOCIACIÓN

Independientemente de que se haga la rebaja, prácticamente la totalidad de los vendedores está de acuerdo con negociar el precio (61,9%). Algunos, incluso, antes de que los interesados vean el piso, si bien otros muchos condicionan la negociación a la visita. En el caso de las ventas a través de agencia, es habitual obtener respuestas como «en caso de hacer una oferta firme, aunque sea por debajo del precio que se pide, probablemente, el vendedor no tenga ningún inconveniente en aceptarla».

Por distritos, Tetuán, Fuencarral, Latina, Carabanchel, Vicálvaro y Puente de Vallecas son los más solicitados por los compradores. En los cinco meses que ha durado la encuesta, se ha vendido casi la totalidad de las casas. Por contra, Barajas y Salamanca son los distritos en el que menos ventas se han registrado. Tal vez no tanto por resultar menos atractivos para residir como por sus elevados precios.

En relación a las características de los inmuebles, cabe señalar la 'manipulación' que algunos vendedores hacen de la superficie de sus casas: no tienen reparo en redondear los metros al alza o en empeñarse en hablar en metros construidos en vez de útiles.

El 32,38% de los pisos se vende con garaje, aunque en todos los casos esto conlleva un gasto adicional. Eso sí, existe la opción de renunciar a su adquisición.

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La Warner ha perdido en dos años 642.000 visitantes
20 Minutos (Madrid) - 07 de febrero de 2005
 
 
El Gobierno regional está harto de invertir en el parque, en el que ya ha desembolsado 160 millones de euros, y venderá todas sus acciones..

El parque temático de la Warner, en San Martín de la Vega, vende cada año menos entradas. En su primera temporada (2002) acudieron al complejo de ocio 1.670.168 personas. En 2003 lo hicieron 1.105.647 y el año pasado, 1.028.056, lo que quiere decir que en sólo dos años (tres temporadas) el parque ha perdido 642.000 visitantes. La empresa esperaba 2,2 millones cada año.

La Comunidad, que tiene la mayoría de las acciones y que ya ha invertido 160 millones de euros, reconoce que el proyecto ha sido un fracaso y quiere vender su parte. Antes de marcharse quiere liquidar la deuda que arrastra el complejo y recuperar parte de lo gastado estos años.

¿Cómo? Muy sencillo. La Comunidad posee alrededor del parque 221 hectáreas. Su objetivo es venderlas e ingresar unas plusvalías millonarias.

IU se opone. «No se puede pagar una deuda construyendo pisos que beneficiarán a empresas privadas», explica el diputado Eduardo Cuenca, de IU. Lo mismo piensan en San Martín de la Vega. «Lo acordado hace años es que esos terrenos se utilicen para construir cines, hoteles, un centro comercial y un centro acuático, no pisos», señala el alcalde Miguel Ángel Belinchón (PSOE).

El tren de Cercanías (línea C-3A) que se construyó para llegar al parque y a San Martín de la Vega tampoco ha funcionado bien. Costó 85 millones de euros y sólo lo utilizan 700 viajeros al día.

6 PREGUNTAS SOBRE...EL PARQUE TEMÁTICO

1¿Cuándo nació? El 6 de abril de 2002. Ocupa 150 hectáreas (el equivalente a 136 campos de fútbol). Costó 394 millones de euros.

2 ¿Quiénes son sus accionistas? La Comunidad tiene el 43,6%; Caja Madrid, el 21,8%; Fadesa, el 13%, NH, el 4,3%; el Corte Inglés, el 4,3%; Warner Bros, el 4%; y otras cinco constructoras el 9% restante.

3 ¿Cuál es su deuda? 226 millones de euros.

4 ¿Cuándo abre? El 19 de marzo. Hasta el 27 de ese mes, abre todos los días. En abril, sábados y domingos; en mayo y junio, de miércoles a domingo; en julio, agosto y hasta el 11 de septiembre, a diario; y del 11 de septiembre al 1 de noviembre, sábados y domingos.

5 ¿Cuánto cuesta? Adultos: de 32 a 48 1; infantil (hasta 11 años) y sénior (más de 60): de 24 a 36 1; menores de 5 años: entrada gratuita. Los precios apenas han variado desde 2002. El parking cuesta entre 3 y 7 1.

6 ¿Cuántos trabajadores tiene? Empezarán la cuarta temporada 1.280.

OTROS NEGOCIOS CON PÉRDIDAS

Port Aventura (Tarragona): Abrió sus puertas en 1995. Tiene gran éxito de público, pero arrastra 200 millones de deuda. Impulsado por la Generalitat, La Caixa posee el 80% del parque.

Isla Mágica (Sevilla): Desde 1997, cuando fue construido (sobre terreno público), ha acumulado una deuda de 70 millones. Verá condonados 42 gracias a un acuerdo con sus acreedores.

Terra Mítica (Alicante): Debutó en julio de 2000. Desde entonces, ha acumulado 218 millones de deuda. El Gobierno regional posee el 20%.

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El derrumbe de una corrala de Getafe desaloja a 24 vecinos
Madrid Metro News (Madrid) - 07 de febrero de 2005
 
 
Diez fueron realojados en hoteles y el resto pasó la noche en casas de familiares. Un gran estruendo sobresaltó ayer, sobre las 10.30, a los vecinos del paseo de Alonso de Mendoza, 7, en Getafe. Una de las pasarelas de acceso a la segunda planta del edificio, con forma de corrala, se acababa de derrumbar, lo que obligó a que algunos de los inquilinos tuvieran que salir por las ventanas.

Así le ocurrió a un vecino de 59 años que se encontraba convaleciente de una operación y que fue rescatado, con la ayuda de autoescalas, por la fachada. El concejal de Seguridad del municipio, David Lucas, aseguró que el derrumbe dejó “incomunicada la planta baja del inmueble”, un edificio antiguo de más de 50 años.

Por este motivo, los bomberos tuvieron que desalojar a 24 personas (10 fueron realojadas en hoteles y las otras 14 optaron por irse con familiares). Además. los técnicos municipales decidieron apuntalar la parte del interior del edificio “para no correr riesgos”. En este edificio del barrio de La Alhóndiga, los vecinos viven en régimen de alquiler y, según una de las afectadas, “son pisos muy deteriorados que los dueños no arreglan”. Tampoco es la primera vez que se produce un derrumbe de estas características.

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Getafe: Vecinos afectados reclaman las 'ayudas prometidas'
Telemadrid (Teletexto) (Madrid) - 09 de febrero de 2005
 
 
Los vecinos afectados por la explosión de gas en la calle Valencia de Getafe manifestaron este miércoles que se sienten "abandonados" y reclaman "las ayudas prometidas" por la Comunidad de Madrid.

El portavoz vecinal ha protestado por que el hecho no se haya considerado catástrofe "cuando hay 156 familias afectadas".

Las primeras tareas de desescombro de los portales 55 y 57 se iniciaron este miércoles con la presencia de peritos y arquitectos.

 
 
El socavón de Hortaleza: misterio sin resolver
Madrid Metro News (Madrid) - 07 de febrero de 2005
 
 
Ingenieros, arquitectos, topógrafos, vecinos y Administración dan su versión particular Infraestructuras. “Las obras subterráneas dan cada vez más problemas”, afirma Soledad, vecina de la calle Hortaleza que lleva sin dormir desde el martes. “No puedo pegar ojo. Cada vez que intento descansar pienso que nos han mentido y el socavón lo ha provocado la construcción del maldito túnel”. Soledad se refiere a la oquedad que el martes apareció entre las calles Mejía Lequerica y Gravina, en uno de los tramos del llamado segundo túnel de la risa que construye el ministerio de Fomento para reforzar la conexión ferroviaria entre Atocha y Chamartín.

"UN PROBLEMA POLÍTICO"

El gabinete de prensa de Fomento, ministerio responsable de estas obras, desatendió la petición de Metro Directo para explicar su versión oficial del accidente. Arquitectos, ingenieros y topógrafos particulares sí han opinado acerca de lo que ha podido ocurrir.

“Es casi imposible que el drenaje de tierras causado por una fuga de aguas haya derruido el suelo”, explica Francisco P. Eguía, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y titulado en Minas. “El escape tendría que ser muy grande para que ocurra algo así”, prosigue. Una opinión con la que coincide el topógrafo David Piquero. “Para que el agua provoque un movimiento de tierras, tiene que estar lloviendo sin parar durante 20 días. O haber una fuga de tal magnitud que todas las casas colindantes se hayan quedado sin agua, al menos, un par de días”. Francisco P. Eguía insinúa otro posible motivo: “Será por problemas del terreno, porque no tiene la suficiente solidez”. Además, cuenta que para comenzar cualquier obra hay que estudiar bien el terreno sobre el que se trabaja, “hacer las catas adecuadas”.

Fuentes del Colegio de arquitectos técnicos y aparejadores de Madrid admitieron a Metro Directo que es muy aventurado anticipar las causas. “A nivel técnico, si no hay un perito in situ, no podemos dar una respuesta oficial, y menos ahora, cuando el Ayuntamiento ha tomado una postura y esto se ha convertido en un tema político”.

La versión oficial del Ayuntamiento pasó de culpar a la tuneladora de romper uno de los colectores de agua residuales (provocando pérdidas de tierra por fugas de agua) a afirmar que “no se produjo ningún choque”. Según el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, la máquina estaba a bastante distancia de allí.

AUMENTO DE TEMBLORES

El concejal de Centro del PSOE, José Manuel Rodríguez, comparte con Metro Directo la explicación que Fomento le dio al día siguiente de la aparición del socavón: “Ellos conocen lo que ocurre porque habían puesto una serie de aparatos que miden cualquier incidencia”. El concejal relata cómo al principio se detectó un movimiento de nivel 3 sobre 15 (causado probablemente por el paso de un camión de la basura), y al día siguiente se registró un temblor de nivel 6. Ante el repentino aumento, técnicos del ministerio registraron la obra y encontraron la rotura. “Quiero pensar que se han tomado todas las medidas adecuadas para afrontar esta actuación”, dice Rodríguez, quien continúa: “Parece que la tuneladora ya había pasado por la zona de la rotura, pero evidentemente tiene una relación con las obras, porque se está construyendo una gran bóveda bajo la ciudad y si no se hubiera hecho nada no habría problemas”.

Ahora, después de siete días, parece que el miedo de los vecinos y la visión del agujero tapado con cemento es lo único indiscutible. Y es que, desde el primer momento, las versiones de lo ocurrido fueron varias. Al principio, todo apuntó a que el agujero (de cuatro metros de profundidad y 10 de longitud) fue provocado por las obras del túnel. “A mí no hay quien me lo quite de la cabeza”, confiesa Antonio, uno de los vecinos que desde hace tiempo se queja de la falta de rigor con que, en su opinión, se realizan las obras. “En las vallas ni siquiera han puesto los plazos de ejecución ni la empresa encargada. Muy raro me parece a mí todo esto”, insiste Antonio.

VECINOS INDIGNADOS

“Lo único que tengo claro es que a esto no hay derecho. Mi casa tiene grietas y los marcos de las puertas se han curvado”, dice Marcos. Este vecino está enfadado ante la falta de claridad con que se está tratando el asunto. “La verdad es que tampoco me extraña –interviene María–. Mira la que se les ha venido encima en Barcelona con lo del Carmel y, claro, no querrán que pase lo mismo. Porque si nos enteramos de que es por la tuneladora...”.

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El FGD cree que peligran los ahorros de los españoles
El Mundo (Dinero) - 08 de febrero de 2005
 
 
El Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) ha alertado de que el pago de 1.122 millones de euros al ex propietario del Banco de Valladolid "causaría un grave perjuicio a todos los ahorradores del sistema bancario nacional", cuyos depósitos "correrían grave riesgo" si entrara en crisis alguna entidad.

El FGD advirtió en una "declaración institucional" que si prospera esta imposición del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, contra la que ha presentado un escrito de oposición, el FGD se vería descapitalizado, por lo que tendría difícil devolver sus depósitos a los clientes de una entidad que entrara en crisis.

En caso de que un banco entre en quiebra, suspensión de pagos o liquidación, el Fondo garantiza a los clientes sus depósitos y les reintegra de manera casi inmediata hasta 20.000 euros.

SIN APENAS FONDOS

Según las últimas cifras publicadas por este organismo, que se nutre con las aportaciones de bancos y cajas, su patrimonio asciende a 1.580 millones de euros, con lo que el pago de esta indemnización dejaría sus activos en sólo 460 millones.

Ante este "importante efecto" y la "situación de desconcierto creada", el FGD insistió en asegurar que "está utilizando cuantas iniciativas legales considera adecuadas en defensa de su patrimonio", que tiene como finalidad garantizar los depósitos de los ahorradores del sistema bancario español.

Para esta entidad, la decisión del juzgado es "jurídicamente improcedente, desproporcionada y no ajustada a derecho", pues reconoce a Domingo López Alonso el derecho a recibir una indemnización multimillonaria por haber aportado unos bienes "que sólo sirvieron para cubrir parcialmente sus propias deudas y las de su grupo".

DEFICIENTE GESTIÓN

Y ello -añade- "sin considerar los costes que causó su arbitraria y deficiente gestión en el Banco de Valladolid", que obligó al FGD a destinar 65,6 millones de euros para su saneamiento. Además, el Banco de Valladolid se vio obligado a realizar una ampliación de capital de 26,4 millones para cumplir los requisitos mínimos legales sobre recursos propios.

En su "declaración institucional", el Fondo relata que López Alonso tuvo que aportar al Banco de Valladolid, antes y después de su venta, bienes de su propiedad para hacer frente a las voluminosas deudas contraídas por él mismo, sus familiares y su grupo de empresas.

En un auto judicial de 1987, continúa el Fondo, "quedó establecido que los bienes entregados por López Alonso no fueron suficientes para satisfacer sus deudas", con lo que quedó un saldo deudor de 4,3 millones de euros que nunca satisfizo y que hubo de atender el FGD en el proceso de saneamiento.

Frente a los argumentos del Fondo, el ex propietario del Valladolid asegura que entregó todo su patrimonio para avalar los activos y pasivos del banco y que, al no ser necesario ejecutar el aval porque la entidad gozaba de plena salud, ahora deben devolvérselo.

POLÉMICA SENTENCIA

Tras un largo proceso de litigios y de sentencias en su contra, el juzgado de instrucción número 4 de Madrid reconoció "sorprendentemente" -según el Fondo- al ex propietario del Valladolid un derecho a ser indemnizado por valor de 26,5 millones de euros y, posteriormente, a cobrar los intereses de esa cuantía, 1.022 millones de euros más unas costas de cien millones.

El Fondo presentó un recurso contra el pago de la primera cuantía -aun así tuvo que depositarla y se le entregó a López Alonso- y ahora se ha visto obligado a recurrir la segunda, pese a que todavía no se ha resuelto la primera alegación, que de resolverse a su favor dejaría sin sentido esta nueva ejecución.

Además de negar el derecho de López Alonso a ser indemnizado, el Fondo "rechaza de plano" la fórmula utilizada para calcular los intereses -del 15 por ciento anual-, con el argumento de que ese procedimiento no es legal actualmente y que, además, no existe ningún contrato donde quede patente ese acuerdo.

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El Banco Popular se prepara para la disminución de hipotecas
ElConfidencial.com - 08 de febrero de 2005
 
 
Nos hemos preparado para la más que probable disminución en el ritmo de crecimiento de las hipotecas. Hemos reorientado la labor comercial y por ahí vamos a seguir, pero sin descuidar el negocio hipotecario", ha afirmado el presidente ejecutivo del Banco Popular, Ángel Ron, en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

El Popular está preparado para esta desaceleración en el crédito y hace 15 meses reordenó su negocio comercial para depender menos de las hipotecas y más de las pymes y de los particulares.

Además, el Banco Popular considera que el endeudamiento de los hogares no constituye un riesgo y, según sus previsiones, una subida considerable de tipos de interés, incluso hasta doblar el actual (el 2%), no afectaría a la capacidad de las familias para pagar sus créditos. Ron precisa que los tipos de interés al 4% no son muy lejanos para los españoles, y en aquellos años, "el nivel de impago era muy similar al actual".

Afirma Ron que "mientras se mantenga fuerte el empleo y el dinamismo de la demanda de viviendas de no residentes; mientras haya una incorporación de no residentes al mercado de la vivienda, lo que está ocurriendo de manera sostenida, y mientras los tipos estén en niveles bajos, el nivel de endeudamiento no constituye un riesgo".

Considera que el Banco de España "está haciendo su papel" cuando advierte de los niveles de endeudamiento del sector privado y añade que, a juicio del Popular, el escenario más probable es el de una desaceleración de las tasas de crecimiento del crédito y del precio de la vivienda, que "esperamos se produzca sin brusquedad".

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Comunidad de Madrid
 
La viñeta: Mapa de las obras en Madrid
Redacción PVDM (Madrid) - 07 de febrero de 2005
 
 
Los cuadros amarillos son las obras en ejecución en la capital según el Ayuntamiento de Madrid.



 
 
Vascos y madrileños soportan las hipotecas más altas
Consumer.es - 06 de febrero de 2005
 
 
Catalanes y gallegos son los que se endeudan por más tiempo

Los ciudadanos del País Vasco y de Madrid son los que suscriben las hipotecas más altas para comprar vivienda. El importe medio de un crédito de esas características en la comunidad vasca es de 139.425 euros, frente a los 117.766 de media en el conjunto de España. Pero el primer puesto del ranking lo ocupa Madrid, con un importe medio por hipoteca de 169.362 euros, según datos que se recogen en la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al tercer trimestre de 2004.

Esta estadística revela además que Navarra y el País Vasco son las autonomías donde los créditos para la compra de vivienda en este periodo se suscribieron a un menor tipo de interés medio (3,01% y 3,03%, respectivamente), frente a la media nacional, que alcanza el 3,24%.

Por su parte, catalanes, gallegos y castellano-manchegos son los españoles que se endeudan por más tiempo para la compra de un piso. La duración media de sus contratos alcanza los 26 años, tres más que los de valencianos, murcianos o canarios, cuyos préstamos se alargan por un promedio de "sólo" 23 años. Frente a una mayoría abrumadora de hipotecas a tipo variable, Navarra es la única comunidad en la que más de un 5% de compradores apuesta por el interés fijo.

La duración media de los créditos hipotecarios para la compra de vivienda en España es, según la estadística, de 24 años y dos meses. Un valor que no para de crecer, ya que tres meses antes se cifraba en 23 años y 11 meses.

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¿Debe la Ley del Suelo CAM establecer un porcentaje de VPO?
El Mundo (Su Vivienda) (Madrid) - 11 de febrero de 2005
 
La eliminación de la reserva del 50% para vivienda protegida en el dictamen del comité de expertos para la elaboración de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ha suscitado polémica en contra y a favor

EN CONTRA. GUILLERMO CHICOTE

Se ha puesto de moda que las legislaciones urbanísticas impongan la obligación de reservar un determinado porcentaje de suelo de los nuevos desarrollos urbanísticos para dedicarlo a soporte de vivienda protegida. Hay que suponer que esa imposición pretende facilitar el acceso de la población a la vivienda, pero tal medida es un grave error de concepto.

En efecto, la época en que la vivienda protegida gozaba de la mayor cuota de mercado fue aquella en la que imperaba el sentido común. La vivienda protegida obedecía a un Plan del Ejecutivo, de libre aceptación por parte de los empresarios (esto es esencial para que sea un éxito), consistente en que si aceptaban promover unas viviendas sujetas a determinados límites de superficie y precio y venderlas a familias sometidas también a un límite de ingresos y a la obligación de establecer en ellas su vivienda permanente, iban a recibir una compensación (éste es el segundo concepto esencial: el sacrificio del menor precio llevaba aparejada una compensación). De esta forma, el porcentaje de viviendas protegidas, en 1986, superaba el 60%.

Ahora lo que se pretende es que una parte importante del producto inmobiliario -ya sea suelo urbanizado, ya sean viviendas- se venda a un precio limitado (lo que es inconstitucional: el poder político no puede poner límites a los precios) y sin recibir ninguna compensación. En consecuencia, será forzoso repercutir ese menor precio en el resto del suelo, no sujeto a limitación. Y ello implica que los compradores -muchos de ellos clase media- de las viviendas levantadas en ese suelo de precio muy superior al que sería normal, por la repercusión citada, van a tener que pagar ese sobreprecio, convirtiéndose ellos -y no los políticos- en los verdaderos protectores de las viviendas de los otros, además de pagar sus impuestos. Por todo esto, ese planteamiento no puede triunfar.

Guillermo Chicote es presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).

A FAVOR. ANTONIO LÓPEZ SEBASTIANES

Madrid es la Comunidad donde los pisos nuevos son los más caros de toda España; de las 10 ciudades que mantienen precios más altos, cinco están en la CAM; la capital mantiene unos precios astronómicos (en torno a los 3.400 euros/m2) y durante el año 2004 subieron otro 12,6% -una décima más que la media española-. Frente a esta insostenible situación, un grupo de expertos contratados por el Gobierno Regional para elaborar el dictamen sobre la futura reforma de la Ley del Suelo autonómica ha propuesto eliminar la obligación de reservar al menos el 50% del suelo a vivienda protegida.

Se trata de un dictamen aberrante y temerario y aunque la presidenta, Esperanza Aguirre, ha dicho que el informe no es vinculante, nos tememos lo peor. Si se toman en consideración estas medidas, los expertos en cuestión habrán eliminado de un plumazo el artículo 47 de la Constitución y, de paso, habrán conseguido que nadie se compre una vivienda en la CAM. Quizá sea esto último lo que se persigue con este dictamen, puesto que si se elimina la obligación y se introduce el carácter orientativo para la reserva de suelo protegido, comprarse una vivienda en Madrid será imposible.

Nos oponemos claramente a esta medida cuya bondad no acabamos de comprender, salvo la de arrojar fuera de la Comunidad a las rentas más modestas. Por el contrario, creemos que es absolutamente imprescindible que se mantenga la obligación de reservar al menos un 50% del suelo previsto en los planes de vivienda. Entendemos que sólo así se puede garantizar el acceso a una vivienda a los madrileños y muy especialmente a los más jóvenes y a los colectivos de ciudadanos de otros países que se están incorporando a la vida laboral en nuestro país. Por lo demás, hay que recordar que el derecho a tener una vivienda digna y en condiciones económicas soportables es una prioridad y una obligación de la Administración. El Gobierno regional no debe hacer dejación de esa responsabilidad.

Antonio López-Sebastianes es portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU)

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Las divergencias entre Gallardón y Fomento paran Chamartín
Cinco Días (Madrid) - 09 de febrero de 2005
 
 
Ocho años después de que naciera el proyecto urbanístico más ambicioso de Madrid, poco se ha avanzado. El enfrentamiento entre el Ayuntamiento y Fomento mantiene paralizada la operación Chamartín

La operación Chamartín, el proyecto urbanístico más ambicioso de la capital de España, está prácticamente muerto desde hace ocho años. Y su resurrección parece improbable por ahora.

La causa es la divergencia que mantiene el Ministerio de Fomento con el Ayuntamiento de Madrid (gobernado por el PP y dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón) por un lado, y con los propietarios de los derechos urbanísticos del suelo (la empresa Duch, participada por el BBVA y Constructora San José), por otro. Según fuentes del consistorio madrileño, el enfrentamiento tiene su origen en el número de viviendas de protección oficial (VPO) que deben construirse en las 312 hectáreas de terreno.

Después de las últimas elecciones, el Ministerio de Fomento, integrante del Consorcio Urbanístico 'Prolongación de la Castellana' junto al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, pidió una moratoria de un mes para revisar el proyecto y anunció que más de la mitad del terreno se destinaría a vivienda pública.

Pero la moratoria exigida por Fomento ha durado más de lo previsto, debido a la frontal oposición de Duch a la introducción de viviendas protegidas en la zona, algo que cambiaría toda la rentabilidad del proyecto.

Las cuentas tampoco cuadran ahora para el propio Ministerio, ya que en el plan inicial impulsado por Francisco Álvarez Cascos estaba previsto que Renfe (propietaria de los terrenos), destinara las plusvalías de la operación a financiar la nueva estación de Chamartín y el cubrimiento de las vías. Un proyecto muy ambicioso presupuestado en más de 210 millones de euros.

La pelota está ahora sobre el tejado del Ministerio de Fomento, que aún no ha puesto sobre la mesa, ocho meses después de realizar la petición, ninguna nueva propuesta sobre el aprovechamiento del suelo que incluya VPO, señalan las fuentes del consistorio.

Esa propuesta debería incluir, además, la forma de financiar esas casas. Las pretensiones de Fomento son que las tres administraciones corran con los gastos, algo a lo que se opone el Ayuntamiento.

Los planes de Magdalena Álvarez son diametralmente opuestos a los de su antecesor al frente del Ministerio. Con la anterior administración, Duch había logrado desbloquear sus pretensiones: elevar al máximo el grado de edificabilidad en la zona, lo que permitiría unas 20.000 viviendas de precio libre, más de dos millones de metros cuadrados para uso terciario y el resto (hasta el 55%) para oficinas. En ninguno de los planes parciales aprobado en tiempos de Cascos se habló de VPO.

Además de la nueva estación de Renfe en Chamartín, en la operación se desplegó una batería de actuaciones gigantesca, que en todo momento debería financiar la venta libre de suelo: la remodelación de los nudos del Norte y Fuencarral, la prolongación de la Castellana, la modificación del Canal de Isabel II y dos puentes sobre la M-30, entre otras infraestructuras. Pero nada de eso existe aún sobre el papel.

UN PLAN FARAÓNICO EN EL QUE POCOS CREEN

Los principales impulsores de la operación Chamartín no ocupan ya ningún cargo público. Uno de los más importantes valedores del mayor proyecto urbanístico de Madrid fue el ex ministro Álvarez-Cascos, que concibió un plan faraónico en nombre del interés público que despertó rápidamente las suspicacias de la oposición (entonces ocupada por el PSOE) e incluso entre sus propias filas.

El equipo del actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, parece ser el único que sigue creyendo en el proyecto inicial. Dentro de su propio partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha desmarcado de la operación y ha decidido llevarse algunas infraestructuras que en principio iban en esa zona (por ejemplo, la Ciudad de la Justicia), a otros terrenos menos conflictivos.

El Ministerio de Fomento, dirigido por Magdalena Álvarez, es el que ha impulsado la revisión de todo el proyecto. Pero tal vez los más críticos hayan sido la Asociación de Reversionistas de Chamartín y la Federación Regional de Vecinos, que consideran la operación 'un pelotazo urbanístico'.

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Madrid cerró 2004 con un descenso en la construcción
Madrid Diario (Madrid) - 08 de febrero de 2005
 
 
La construcción de viviendas en Madrid pierde fuelle, justo al contrario de lo que sucede en el resto de España. La capital cerró el año 2004 con un 17,4 por ciento menos de nuevas viviendas, y con una reducción del 19 por ciento del suelo disponible para construcción residencial. Distritos como Chamartín, Villaverde, Ciudad Lineal, Barajas o Retiro apenas han registrado un 1 por ciento de actividad, y Moratalaz, por ejemplo, no presenta nuevas construcciones. De las 15.776 viviendas construibles, el 50 por ciento se concentra ya en los PAU

El último Barómetro de Economía Urbana, elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, hace balance del año en lo que a construcción y mercado inmobiliario se refiere, y concluye, según los datos de Gerencia Municipal de Urbanismo, que la actividad en la construcción de viviendas se ha reducido. A falta de los registros del mes de diciembre, el estudio señala que el año pasado se autorizó la construcción de un 6,5 por ciento menos de viviendas. El Barómetro de Economía Urbana habla de "viviendas construibles", y apunta que se han reducido hasta en un 17,4 por ciento con respecto al año anterior, cuando durante el mismo periodo se iniciaron 19.110 casas.

Madrid marcha en este caso en sentido contrario al nacional, pues el número de permisos para construir viviendas aumentó casi un 10 por ciento en España. Por distritos, Chamartín, Villaverde, Ciudad Lineal, Barajas, Retiro, Tetuán y Chamberí concentraron cada uno menos de un 1 por ciento de actividad residencial, e incluso hay un distrito -Moratalaz- en el que no se registró ninguna construcción de nuevas viviendas. Mientras, aumenta la concentración en el distrito de Fuencarral y en el de Arganzuela, los únicos con un porcentaje superior al 15 por ciento y por tanto donde más viviendas nuevas se han construido. En el caso de Fuencarral-El Pardo es lógico el aumento de la construcción pues los nuevos PAU del norte están pesando mucho.

No en vano, y según este estudio, de las 15.776 viviendas construibles en Madrid durante el 2004, 7.939 (es decir, un 50 por ciento) se sitúan los PAU. Precisamente los nuevos barrios de Carabanchel, Sanchinarro, Las Tablas, Montecarmelo, Vallecas y Arroyo Fresno merecen capítulo aparte, y así, todos ellos juntos, apenas tienen el 57 por ciento de sus viviendas construidas o al menos en marcha. Carabanchel es ya, junto a Sanchinarro, el PAU más avanzado, con el 79 por ciento de sus pisos previstos. Les siguen Las Tablas (68 por ciento) y Montecarmelo (65 por ciento), mientras que Arroyo Fresno aún no ha hecho realidad ninguna de sus viviendas y el Ensanche de Vallecas apenas roza el 8 por ciento.

Sobre la superficie destinada a nueva edificación, destaca que en todo Madrid ha sido un 9,1 por ciento inferior al 2003. Esta reducción se debe, según el Barómetro, al descenso de actividad residencial, concretamente un 19 por ciento menos. Se salva la actividad no residencial, que gracias a los usos dotacional y terciario logró crecer un 3 por ciento. El incremento del 3 por ciento de la superficie destinada a no residencial se produce, a pesar de que ha descendido un 15 por ciento la superficie dedicada a aparcamientos, gracias al fuerte aumento del 63 por ciento de la superficie dedicada a uso terciario -sobre todo para oficinas-, del 68 por ciento en dotacional y del 3 por ciento en suelo industrial.

El 2004 es ya el segundo año consecutivo en el que ha descendido la superficie apta para construir en Madrid, pues ya sucedió lo mismo en el 2003 aunque en menor medida -un 10 por ciento menos frente al 19 por ciento de este año-. Contrasta, desde luego, con el aumento de la construcción de viviendas que se registró en el año 2002, cuando se llegaron a alcanzar incrementos de hasta el 30 por ciento.

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'The Times' acusa a Madrid 2012 de romper las reglas
El Mundo (Deporte) (Londres) - 06 de febrero de 2005
 
 
La invitación de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, a los miembros de la Comisión de Evaluación del Comité Internacional Olímpico (CIO), para asistir al encuentro entre el Real Madrid y el Espanyol quiebra las reglas de entretenimiento de los miembros de la más alta instancia olímpica, según la prensa inglesa.

Tras el escándalo de los Juegos Olímpicos de invierno en Salt Lake City (2002) en 1999, se determinó que las ciudades candidatas a acoger unos Juegos sólo pueden invitar a los 13 miembros de la Comisión a una "cena o recepción oficial", según publicó el diario británico 'The Times'. El acto oficial al que fueron invitados los representantes del CIO fue la cena del pasado jueves en el Palacio Real junto a los Reyes de España. En dicha cena estaba Pérez que decidió invitar a los miembros de la Comisión al encuentro de anoche en el Santiago Bernabéu.

No obstante, Carlos Martín, director de Información de Madrid 2012, quiso dejar claro que la invitación al partido no es parte del programa de actos de la candidatura madrileña. "Sí es verdad que hubo más de un acto oficial con los miembros de la Comisión pero el de ayer ha de considerarse una invitación privada", afirmó a Martín.


Los 13 miembros de la Comisión de Evaluación, junto a tres técnicos del CIO, pudieron comprobar en directo el comportamiento ejemplar del público madrileño en el partido entre el Real Madrid y el Espanyol (4-0) que se desarrolló sin incidentes. Una gran pancarta con el lema "Preparados para ti", dio la bienvenida a los futbolistas en el terreno de juego, lo que provocó la ovación unánime de los cerca de 75.000 espectadores que presenciaron el choque.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente-consejero delegado de Madrid 2012, Feliciano Mayoral, disfrutaron del encuentro junto a los representantes del máximo organismo olímpico, que fueron obsequiados por parte de la entidad madrileña con un balón firmado por toda la plantilla, una réplica en bronce del Santiago Bernabéu y sendas camisetas del Real Madrid personalizadas y con la dedicatoria del capitán, Raúl González Blanco. Madrid es la primera de las cinco ciudades candidatas --junto a Londres, París, Nueva York y Moscú-- en recibir la visita de la Comisión de Evaluación. La siguiente en acoger a los miembros del CIO será la capital inglesa.

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Entrevista GECOPI: 'En Madrid sí salen los números para VPO'
El Mundo (Su Vivienda) (Madrid) - 11 de febrero de 2005
 
Roberto Jiménez acaba de ser nombrado presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (Gecopi). Es decir, a partir de ahora estará en solitario -hasta ahora, y tras la unión de Agecovi y AEGC, compartía la presidencia con Orencio Osuna- al frente de la patronal española de este sector. Un reto que, a pesar de la responsabilidad, afronta con mucha ilusión y grandes proyectos.

Pregunta.- ¿Cuáles son los principales planes para el sector en esta nueva etapa?

Respuesta.- Cuando se produjo la unión de las dos empresas se marcaron unos objetivos ambiciosos que se han cumplido a rajatabla, como la creación de un reglamento de régimen interior, un código deontológico, unas normas de buenas prácticas empresariales y el establecimiento de convenios con distintos órganos, tanto estatales como autonómicos y locales, con el fin de llegar a pactos y acuerdos para el desarrollo de viviendas, fundamentalmente protegidas.

P.- ¿Se pueden desarrollar, hoy en día, viviendas protegidas, o no salen los números?

R.- En algunas comunidades, efectivamente, no salen las cuentas. Pero, en concreto, en Madrid, después de la última subida oficial, sí. A las cooperativas les salen.

P.- Pero, en los últimos años, este mercado ha disminuido considerablemente.

R.- Porque la situación no ha sido propicia para el desarrollo de vivienda protegida. Hace unos años, el porcentaje de viviendas protegidas del total de las llevadas a cabo a través de cooperativas era del 80%; ahora, apenas alcanza el 25%.

P.- ¿Y es posible que este panorama cambie?

R.- Después de numerosas reuniones con el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas, estamos viendo que la tendencia del mercado es hacia la protegida, tanto en venta como en alquiler. Este último régimen tiene todavía una fórmula complicada para desarrollar en cooperativa, pero en poco tiempo seremos capaces de dar respuesta al problema planteado por el Ministerio y las administraciones autonómicas. Las gestoras, dentro del plan del Ministerio, pretendemos tener un gran protagonismo para el desarrollo de las 180.000 actuaciones contempladas en el plan. Está previsto que lleguemos hasta el 70%.

P.- ¿Cuál es el papel de una gestora de cooperativas y cómo funciona?

R.- Hay dos posibilidades: una, que una cooperativa decida contratar los servicios de una gestora; y otra, que la gestora canalice inicialmente una demanda con unas necesidades comunes determinadas. En cualquier caso, quien promueve es la cooperativa. La función de la gestora es administrar y recibir orden de los cooperativistas. Gestiona las decisiones de las cooperativa.

P.- En cambio, en ocasiones se ha señalado a las gestoras como fuente de fraude.

R.- No las que pertenecen a Gecopi, que son 138 empresas en España, y se rigen por un código de transparencia. Las gestoras no deciden en la cooperativa, para eso está el órgano rector y la asamblea.

P.- Entonces, ¿por qué, en alguna ocasión, se ha hablado de la exigencia de sobreprecios por parte de la gestora y ha habido problemas con las entregas de dineros a este tipo de compañías?

R.- En primer lugar, debe quedar claro qué se entiende por sobreprecio. Si se refiere a que se venda una casa de protección por encima del precio legal, esto está latente porque en el pasado, cuando no salían las cuentas, se dio algún caso. Pero ya no ocurre. En otro sentido no cabe hablar de sobreprecio, porque en una cooperativa, si quieres algo, pagas lo que vale, no más. Respecto a las cantidades entregadas: las gestoras no tienen acceso a las cuentas, y además, éstas tienen seguros de calidad en el caso de las empresas que pertenecen a Gecopi. La mala fama viene por el caso CPV, pero esta empresa era una promotora, no una gestora, debe quedar claro.

P.- ¿Se ahorra dinero con la autopromoción de una casa?

R.- Entre el 8% y el 32%.

P.- ¿Cuánto cuesta una gestora?

R.- Entre el 5,6% y el 12% del presupuesto inicial de la vivienda.

A LAS CLARAS

1. ¿La mayor parte del suelo protegido está en manos de cooperativas?
- No.

2. ¿Es seguro comprar a través de una gestora de cooperativas?
- Sí.

3. ¿Da mayor seguridad escoger una gestora que pertenezca a la patronal?
- Sí.

4. ¿Se ha olvidado el Ministerio de Vivienda de este régimen a la hora de trazar sus planes?
- No.

5. Ha aumentado la demanda de viviendas en régimen de cooperativa en los últimos años?
- Sí.

6. ¿Se tarda más en obtener una casa a través de cooperativa?
- No, cambia el momento de compra.

7. El aumento de precio inicial de las viviendas en régimen de cooperativa, ¿es siempre por mejoras?
- Sí.

8. ¿Son informados y participan realmente los cooperativistas en el proceso de construcción de su vivienda cuando se lleva a cabo en cooperativa y con una gestora?
- Sí.

9. ¿Hay empresas en este sector que no juegan limpio?
- Puede.

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