BOLETÍN DEL 07 DE MARZO DE 2005
 
 
España y vivienda
 
Comunidad de Madrid
 
 
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España y vivienda
 
EL PLAN DE VIVIENDA JOVEN NO ESTA PENSADO PARA LOS JÓVENES
MadridDigital.com - 04 de febrero de 2005
 
El secretario de Juventud de CC.OO. de Madrid, Juan Martínez, considera que el Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid "no está pensado para los jóvenes que más problemas tienen para acceder a una vivienda, ya que éstos no cobran un salario de hasta 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional ni rondan los 35 años". Según Martínez, "más bien tienen un trabajo precario, con un sueldo que queda muy lejos de las 5,5 veces el SMI y no quieren esperar hasta los 30 años para emanciparse". Sin embargo, estos jóvenes "no merecen la atención del Gobierno regional".

Para CC.OO., con la primera piedra de las primeras promociones del Plan, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, debería haber dado respuesta a por qué la Comunidad de Madrid tiene el "mérito" de ser la comunidad en la que los jóvenes tiene que dedicar más salario anual (más de 17.000 euros) para la adquisición de una vivienda; la comunidad en la que los jóvenes tienen que dedicar más de 16 años de salario integro para acabar de pagar su casa; la comunidad en la que los jóvenes tienen que dedicar cerca del 80 por ciento de sus ingresos mensuales para pagar su vivienda.

Aguirre, en lugar de eso, vino a destacar lo "competitivo" que es un alquiler de 500 euros al mes y las bondades de una opción de compra obligatoria al séptimo año de alquiler para adquirir un piso de 55 metros cuadrados habitables, y no de 70 como dijo ayer la presidenta, por el "asequible" precio de 138.000 euros. El problema viene del concepto perverso que el Gobierno regional tiene de la vivienda protegida, ya que en ese séptimo año la vivienda quedaría libre, pudiéndose entonces vender a cualquier precio por el dueño o por el promotor, lo que en cualquier caso se interpreta como especulación consentida y promovida por el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid

Para CC.OO. de Madrid, los jóvenes con menos posibilidades económicas sólo podrán acceder a una vivienda mediante una acción política decidida que saque al mercado de alquiler las viviendas desocupadas, que sólo en la ciudad de Madrid son casi 180.000, y que promueva ayudas económicas y garantías legales para el arrendador y el arrendatario, aunque no sea rentable para los promotores privados.

Para CC.OO. de Madrid, por último, también sería conveniente que no se transmita información engañosa desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que la situación de imposibilidad manifiesta de emanciparse de la inmensa mayoría de los jóvenes madrileños merece respeto y consideración, ya que este plan no parece una solución a los problemas de acceso a una vivienda de esos jóvenes que cobran poco más de los 750 euros al mes.

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CLAVES PARA ENTENDER EL ESPECTACULAR AUMENTO DE PRECIO
Cinco Días - 28 de febrero de 2005
 
Un exhaustivo estudio realizado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) sobre la situación actual del mercado inmobiliario analiza cuánto costaba construir una casa en 1996, antes de que comenzara el boom, y cuánto cuesta ahora, ocho años después.

El informe concluye que de un total de siete partidas diferentes de costes: solar, proyecto, licencia, obra, financiación, gestión y comercialización, sólo el gasto imputable a la adquisición de terrenos ha registrado un fortísimo aumento al pasar de representar unos 7.000 euros por vivienda (el 8,4% del total de costes) en 1996 a nada menos que 50.000 euros por casa, el 30,9% el pasado ejercicio.

El resto de costes han permanecido bastante estables e incluso aquél atribuible a los gastos de construcción o de obra ha caído en términos relativos, ya que si en 1996 representaba el 71,4% del total del coste, ahora apenas supone la mitad del mismo, en concreto el 51,1%.

¿EN QUÉ SE HA TRADUCIDO ESTE FENÓMENO?

Desde el punto de vista del comprador de vivienda es claro. Si en 1996 una vivienda tipo medio en España (120 metros cuadrados) podía alcanzar un precio de 91.350 euros, ocho años después esa misma casa ha pasado a costar 220.300 euros, o lo que es lo mismo, un 141,16% más. Si se pagaran hoy los pisos iniciados en 2004, la factura llegaría al 17% del PIB.

Y desde el punto de vista del promotor, si en esa vivienda de 1996 de algo más de 91.300 euros, el beneficio neto ascendía a 8.000 euros, el 9,6% del coste, el pasado año el margen neto ascendió a 58.700 euros por casa, siete veces más que hace ocho años y el equivalente al 36,3% del total de costes.

Estas cifras demuestran, una vez más, que uno de los factores decisivos que ha contribuido a incrementar el precio de la vivienda ha sido el espectacular encarecimiento que han protagonizado los terrenos, alzas que los promotores han repercutido íntegramente en el precio final, tal y como han reconocido abiertamente las principales patronales del sector.

A propósito de estos números y después de conocerse que 2004 cerró con un nuevo récord en producción de vivienda, con un total de 757.680 visados, el informe elaborado por los arquitectos sostiene que si todas las casas iniciadas el año pasado se compraran al contado dentro de los 12 meses, 'la factura representaría más del 17% del Producto Interior Bruto (PIB)'. Frente a esta situación, en Francia, por ejemplo, apenas se dedica el 3,7% de su PIB a su producción residencial (sin contar las viviendas sociales, que alcanzan la cifra de 40.000 casas en alquiler cada año, cantidad insuficiente para la demanda de aquel país).

Los arquitectos consideran que esta ingente dedicación de recursos al sector residencial está basada en buena parte en la expectativa que tiene la demanda de vivienda de que 'los precios subirán siempre, mientras que la oferta también parece convencida de que siempre habrá demanda'. Sin embargo, existen riesgos que pueden quebrar la bonanza del sector y que los arquitectos identifican fundamentalmente en tres: una crisis turística, un crack económico con fuerte destrucción de empleo y una prolongada subida de los tipos de interés.

En estos momentos los tres escenarios parecen poco probables, según admiten los arquitectos, pero al tiempo urgen a las distintas administraciones para que tomen cartas en el asunto e intervengan en un sector que no se rige por las leyes del libre mercado, 'ya que si logramos frenar esta espiral, podremos construir viviendas de más calidad a precios más bajos', asegura el presidente del CSCAE, Carlos Hernández Pezzi.

LOS IMPUESTOS SIGUEN AL ALZA

La fiscalidad que soporta la vivienda es, con carácter permanente, otro de los asuntos que provoca el debate entre promotores, expertos y administraciones.

Un estudio elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha puesto de manifiesto que los impuestos que gravan las casas suponen de promedio entre el 15% (para el comprador) y el 18% (para el promotor) del precio final de cada inmueble.

Además, los expertos en esta materia han denunciado en numerosas ocasiones que este abultado peso de la fiscalidad es consecuencia de la reiterada aplicación de un mismo tributo a lo largo de todo el proceso que sigue una casa desde que el promotor compra el solar hasta que la vende. Hasta seis veces se debe liquidar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la compra de un mismo piso. Para este ejercicio, el panorama no sólo no parece que vaya a cambiar hacia la moderación, sino todo lo contrario.

El REAF ha recordado recientemente que se consolida la tendencia a subir del 6% al 7% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en todas las regiones, excepto en Canarias, donde se incrementa al 6,5%. El tipo del AJD también se está incrementando del 0,5% al 1%, menos en Canarias, que sube al 0,75%.

LA BONANZA DEL MERCADO CASTIGA A LA VPO

Frente a la clara recuperación que había mostrado el ritmo de visados de viviendas protegidas (VPO) en 2003 sobre lo acontecido un año antes, el pasado ejercicio volvió a registrar un descenso. De las 757.680 casas iniciadas en 2004, sólo 57.835 fueron pisos con algún grado de protección, lo que representa una caída del 4,4% sobre las más de 60.500 iniciadas en 2003.

La razón a este nuevo descalabro podría estar en la espectacular situación que continúa atravesando el mercado de las casas de renta libre y el cambio de orientación experimentado por la política nacional con la creación de un Ministerio de Vivienda. Durante los próximos meses se conocerá el nuevo plan cuatrienal que pondrá en marcha el Gobierno del PSOE, al tiempo que son numerosas las comunidades que están procediendo a modificar total o parcialmente sus legislaciones en materia de suelo, lo que crea cierta paralización en la promoción de VPO, según los expertos.

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La viñeta: 30 años y un día de hipoteca
Redacción PVDM - 28 de febrero de 2005
 
Navegando por la red hemos encontrado este curioso dibujo:



 
The Times recogió en Inglaterra la concentración del domingo
The Times - 02 de febrero de 2005
 
 
Manifestantes gritan para parar la conquista de España por el hormigón

Alrededor de 2.000 manifestantes protestaron ayer en el centro de Madrid por las obras ilegales de las que dicen, están convirtiendo a España en el sitio de mayor construcción de Europa.

Los organizadores, representando a más de 30 grupos ecologistas, denunciaron que algunos de los parques nacionales más importantes y áreas históricas de España han sido echadas a perder porque el poder urbanístico ha pasado de estar en manos del gobierno central hacia las autoridades locales a menudo para corromperlas.

La improcedente demanda de viviendas vacacionales procedentes del norte de Europa, en particular de Gran Bretaña, ha servido de combustible a este desarrollo, dijeron los manifestantes.

"La construcción está arruinando el entorno en España", dijo Ramón López de Lucio durante la lectura del manifiesto , arquitecto y profesor de planeamiento urbano en la Universidad de Madrid.

También añadió: "En Madrid hay 300.000 viviendas vacias pero la construcción por la especulación sigue adelante en la ciudad. Durante la pasada década, la construcción agresiva ha aumentado un 50% en Madrid y en las costas".

Las estadísticas emitidas la semana pasada muestran que en España, 1.6 millones de viviendas están actualmente en construcción. El año pasado, fueron construidas 757.680 viviendas en el pais, más que el total de viviendas construidas en Francia, Italia y Alemania juntas.

Ciudadanos Europeos, una organización extranjera de la Costa Blanca, estima que en España durante los últimos seís años, 100.000 viviendas vacacionales han sido construido cada año.

Los Britanicos superan fácilmente a otras nacionalidades como los principales compradores, especialmente desde la aparición de los vuelos de bajo costo. En la actualidad, 1.3 millones de viviendas en España son propiedad de los Británicos, que sumaron 18 millones de visitas a España durante el año pasado. Muchos concejales corruptos están en connivencia con los promotores inmobiliarios y permiten la construcción en áreas que deberían estar protegidas, como son los parques nacionales y los alrededores de los monumentos históricos.

Un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid admitió a The Times que la situación está fuera de control, pero dijo que se están haciendo muchos esfuerzos para enmendar la legislación relativa a la materia.

Muchos de los manifestantes en Madrid eran de San Lorenzo de El Escorial, a 40 millas al noroeste de la capital. El alcalde de la ciudad afronta varios cargos por corrupción por permitir la construcción ilegal que ha destruido el entorno del Monasterio-Palacio del Escorial, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

España ha prometido a la UNESCO que podrá conservar el grandioso edificio histórico construido por Felipe II en el siglo XVI.

"El Escorial y el paisaje de alrededor ha sido arruinado", dijo Michael Harris, un autor británico de textos ingleses que además reside en el Escorial y es vicepresidente de la plataforma Entorno del Escorial, un grupo activista.

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Ladrillos con agujeros
Diario de Córdoba - 28 de febrero de 2005
 
 
Una trama urbanística en Majadahonda salpica a Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. La cesión irregular de suelo causa graves pérdidas al consistorio

"Aquí se especula lo normal". Aquí es Majadahonda y quien lo afirma es un agente inmobiliario. Feudo del PP desde los 80 y uno de los municipios más acomodados de la Comunidad de Madrid, en los últimos días está en boca de todos a raíz de una presunta trama urbanística que puede salpicar a altos cargos del PP madrileño. El escándalo ha dado lugar a una denuncia ante el fiscal general del Estado, que ha remitido el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

El cartel que recibe al visitante a la entrada de esta localidad reza: "Bienvenido a Majadahonda, donde tú vives". Muchos majariegos lo completan con un "si te sobra la pasta", ya que un piso estándar --120 metros cuadrados, garaje y trastero-- cuesta unos 420.000 euros, y los chalets bailan entre los 500.000 y los 850.000. El resultado de estos precios es que los jóvenes y los que no disfrutan de una economía boyante deben trasladarse a otras localidades más alejadas u optar a una vivienda protegida.

PROBLEMAS DE SALUD La construcción de estos pisos es lo que ha llevado a esta localidad a los titulares de los medios de comunicación, a causa de una enrevesada operación urbanística calificada de "irregular" por algunos y de "mamoneo" por el ex alcalde de la localidad. Hasta el pasado 3 de febrero, el alcalde era Guillermo Ortega, del PP, pero dimitió "por problemas de salud" después de una crisis en el ayuntamiento. Le relevó Narciso de Foxá, anterior concejal de urbanismo y responsable de la empresa pública Pammasa.

Los socialistas apuntan que todo se debe a la designación de esta sociedad, que creó el ex secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada --cuyo nombre ya apareció en la crisis de los tránsfugas de la Asamblea de Madrid--, para gestionar toda la actividad urbanística del municipio. El llamado permutazo consistía en vender los derechos de construcción de vivienda libre a cambio de 30.000 euros por cada piso protegido que no se construyera, lo que obligaba al ayuntamiento a levantarlos. La pérdida de 108 millones de euros sitúa al consistorio o al borde de la quiebra.

Contrario a este sistema, el alcalde paralizó una operación y sacó a concurso una parcela de 1.600 euros el metro, precio avalado por el arquitecto municipal. El actual alcalde, Narciso de Foxá, se opuso y dijo que el metro debía costar 2.700 euros. La operación volvió a pararse y alguien grabó las discusiones.

La cadena SER difundió una conversación en la que Ortega asegura que no piensa aguantar el "chantaje" y acusa a los técnicos municipales de intentar favorecer a AFAR-4, una constructora propiedad de Antonio Cubo, íntimo amigo de Romero de Tejada. En la grabación, Foxá dice que la decisión de que la parcela no se sacara a concurso "fue de Esperanza Aguirre" y que Romero de Tejada le sugirió, a través de un amigo común: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás". Días después, Ortega dimitió por problemas de salud y Aguirre le nombró presidente de Mercado Puerta de Toledo.

Los vecinos no acaban de entender quién o quiénes son los culpables. Unos apuntan a Ortega, otros a Foxá, y el agente inmobiliario sostiene que "la sombra de Romero de Tejada es alargada". Cristina Alvarez, una joven molesta por la escasez de viviendas asequibles en Majadahonda, admite que no es "capaz de ver el alcance de la operación", pero lo vincula al caso del tránsfuga Tamayo , que llevó a Rafael Simancas (PSOE) a perder la presidencia.

De hecho, Simancas ha acusado a Aguirre de haber convertido Madrid "en el paraíso de los especuladores" y de haber permitido que "la mafia ladrillera campe a sus anchas, haciendo negocios millonarios a costa de cientos de madrileños que no pueden acceder a una vivienda digna". De momento, el caso está en manos de la fiscalía y el ayuntamiento creará una comisión de investigación.

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Un constructor dice que pagaba «un 20% más» a la Generalitat
ABC - 03 de febrero de 2005
 
 
La empresa Demastir, propiedad de José Antonio Salguero y dedicada a la rehabilitación de viviendas, se habría visto obligada a pagar en más de una ocasión a una empresa pública de la Generalitat, cuando gobernaba todavía CiU, un 20 por ciento más que el importe final de la obra acordado verbalmente, según el relato del empresario afectado a la Cadena Cope.

Siempre de acuerdo con la versión facilitada por él a esta emisora, en el año 2003 empezó su relación con la Generalitat para reformar unos pisos de la empresa pública ADIGSA. El contacto de Demastir con el gobierno catalán -de acuerdo con su versión- fue José María Penin, quien se presentó como familiar del actual portavoz de CiU en el Parlamento, Felip Puig.

Así, explicó, se estableció un contacto verbal entre ambos para rehabilitar las viviendas y cuando llegó la hora de cobrar, desde ADIGSA se les dijo que no figuraban como proveedores. Fue entonces cuando entró de nuevo en acción José María Penin y ofreció a Demastir cobrar el contrato mediante un cheque bancario pero con una condición: que al importe final se le añadiera un 20 por ciento + IVA.

NO ESTABA PARA DECIR «NO»

Además, el empresario explicó a la Cope que aceptaba el trato, ya que la economía de su empresa «no estaba para decir que no», aseguró.

En la siguiente obra, en la localidad leridana de Artesa de Segre, ADIGSA propuso a Demastir rehabilitar un inmueble de 24 pisos propiedad de una tercera persona a la que después de la rehabilitación se le compraría el inmueble. Mientras duraban los trabajos, el citado Penin amenazó al propietario de la finca y a la empresa de rehabilitación con que si no le pagaban un 20 por ciento, ADIGSA no compraría el edificio.

En el último episodio, que ha desencadenado la denuncia del propietario de Demastir, se les encargó la reforma en Tarragona de dos pisos a nombre de Ignacio Sánchez por valor de 48.000 euros, y esta factura, según cuenta José Antonio Salguero, está impagada porque el propietario de los pisos se ha negado a pagar la comisión del 20 por ciento exigida por Penin.

Este último episodio coincide ya con el relevo en la Generalitat y se encuentra en vía judicial. Además, el propietario de Demastir se ha puesto ya en contacto con CiU para exigirles que le paguen lo apalabrado, pero le han contestado que ahora ya no gobiernan y que por lo tanto, todo es más complicado.

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Fraude IVIMA: Una red de empresarios informáticos implicados
La Razón (Madrid) - 03 de febrero de 2005
 
 
La Comunidad revisará las ventas de viviendas sociales en los últimos años en busca de otras falsas ventas

Tres de los cuatro implicados en la compra fraudulenta de pisos protegidos del Ivima, denunciada por LA RAZÓN el pasado 9 de febrero, son titulares de sociedades dedicadas a la informática.

Las viviendas, situadas en el barrio de San Blas, fueron vendidas desde este organismo mediante la falsificación de expedientes de adjudicatarios muertos o enfermos. El fraude, en el que estarían implicados funcionarios del Ivima, fue cometido manipulando la base de datos del instituto, mediante incursiones informáticas con claves restringidas en las que se sustituyeron los datos de un adjudicatario real por otro previamente convenido.

Los pisos afectados están situados en las calles Deportistas, número 22; Medidas, 6; Decoradores, 11 y Ramón Pérez de Ayala, 6. El presunto comprador fraudulento del primero, Juan Salvador Martínez Olmo, figura como titular de una sociedad en liquidación denominada «Proyectos, Investigación y Outsourcing S.L.». La empresa, en la que aparece como administrador único, se dedicaba hasta el pasado mes de julio a la fabricación, montaje, instalación y comercialización de productos informáticos.

El beneficiario de la vivienda situada en Medidas, 6 ha sido identificado como Pedro Manuel Chapinal González, quien, según el Registro Mercantil, es el dueño de «Nas Componentes S.L.», sociedad que tiene por objeto social la representación, venta y distribución de ordenadores periféricos, programas, equipos de material informático.

Se da la circunstancia de que en estas dos viviendas residen familiares de los titulares legítimos. En el primer caso, la adjudicataria auténtica, enferma de Alzheimer, está bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, después de ser ingresada en una residencia autonómica en junio de 2002. En el segundo piso, su titular falleció.

El tercer benificiario presuntamente ilegal de una de estas viviendas, la situada en la calle Decoradores, número 11, es María Isabel Cosín Canónico, titular de la sociedad «Mensoft Consultores S. L.», con domicilio social en la calle Cochabamba, 22, y dedicada igualmente al mantenimiento, compra y venta de equipos informáticos. Además la falsa titular de esta vivienda figura como administradora solidaria de la empresa «Irebersis S. L.», cuya actividad se dirige a la adquisición, explotación, arrendamiento, promoción y enajenación de bienes inmuebles.

Contra estos tres compradores, conectados entre sí, el Ivima ha presentado demandas civiles y penales los días 16 y 18 en los juzgados de Plaza de Castilla. Según confirmaron fuentes de ese organismo, la demanda civil tiene por objeto evitar la venta a terceros de los inmuebles afectados, mediante la traba de una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad. La denuncia penal va dirigida contra los tres por un presunto delito de estafa. El Ivima no ha procedido contra el cuatro implicado, identificado como Alberto Barceló Hernández, ya que no llegó a escriturar la vivienda cuyo expediente se falsificó para beneficiarle. Este inmueble está situado en la calle Ramón Pérez de Ayala, número 6.

El gerente del Ivima, Domingo Menéndez, que ayer compareció por este asunto en la Asamblea de Madrid a petición del PP y PSOE, anunció una auditoría de las viviendas que el IVIMA ha vendido a sus adjudicatarios en los últimos años, a fin de conocer si existen más casos de fraude. Menéndez fue tajante al señalar que «da igual» que lo que pueda resultar de dicha auditoría «sea un escándalo, porque lo que es un escándalo mayúsculo es que pueda pasar esto con las viviendas sociales».

El gerente señaló que no le consta la implicación en estos hechos de ningún funcionario del organismo. Por contra, el portavoz del PSOE Antonio Fernández Gordillo se mostró convencido de que los presuntos estafadores han necesitado de alguien del Instituto para hacer el cambio de titularidad y de otra persona que conozca la realidad patrimonial del IVIMA».

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Construcción de viviendas de protección bajó un 4% en 2004
Consumer.es - 28 de febrero de 2005
 
 
El pasado año se visaron un total de 57.835 casas protegidas, frente a los 699.755 pisos libres

La construcción de viviendas de protección oficial cayó el año pasado un 4,4% respecto a 2003, según los datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. Este descenso fue especialmente acusado en algunas comunidades autónomas, como La Rioja, donde se iniciaron 655 casas protegidas, lo que significa un recorte interanual del 42,6%.

A lo largo del año pasado se visaron un total de 57.835 casas protegidas, frente a los 699.755 pisos libres, 2.666 menos que un año antes. En comunidades como Asturias, Baleares, Cantabria o La Rioja llegaron a iniciarse menos de 1.000 viviendas de este tipo a lo largo del año. En Ceuta y Melilla, el número fue mucho menor: cero.

El análisis por regiones, como en el caso de la vivienda libre, desvela grandes diferencias. Castilla y León, con 2.879 pisos protegidos (un 55% más), representa la otra cara de la moneda. El segundo mayor repunte se dio en Cantabria, donde los 494 nuevos pisos protegidos supusieron un alza del 37,2%. A continuación se sitúan Cataluña (6.252 visados, un 19,1% más) y Castilla-La Mancha (3.259 nuevas fincas, un 18,6% más). Alzas más discretas se dieron en Andalucía (3,6%), Madrid (5,1%) y Murcia (0,2%).

Por el contrario, los 288 pisos protegidos que los arquitectos visaron el año pasado en Baleares no representaron ningún aumento, sino una caída del 28,5%. En el País Vasco, el recorte fue del 28,2%, con 3.672 casas, 1.442 menos que un año antes.

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Demanda en España será de 400.000 pisos anuales hasta 2011
ABC - 02 de febrero de 2005
 
 
Fuerte aumento de la solicitud de hipotecas en el último trimestre de 2004, poniendo fin así a la desaceleración apreciada en la parte central del pasado ejercicio.

La demanda de vivienda en España será de hasta 400.000 pisos anuales hasta 2011, según explicó ayer el catedrático Josep Oliver, responsable del estudio «Demografía y Vivienda en España y en las Comunidades Autónomas» de Caixa Catalunya.

Oliver indicó que unas 300.000 viviendas corresponderán a la demanda de españoles y otras 100.000 serán de extranjeros. De las 400.000 viviendas, un total de 230.000 serán pisos principales. Esta cifra contrasta con el récord de 770.000 viviendas construidas en España en 2004 o las 670.000 de 2003. En este sentido, el catedrático subrayó que «la demanda de las familias españolas podría sostenerse entre 300.000 y 400.000 viviendas» y ello permitiría una «estabilidad del mercado», informa Ep. Asimismo, afirmó que el actual incremento de dos dígitos de la demanda responde a los «tipos de interés tan bajos y a las condiciones económicas tan excepcionales». Así, el estudio de la entidad catalana destaca que durante el período 2001-2011 se crearán 2,28 millones de hogares, frente a los 2,33 millones construidos en el período 1991-2001, con lo que la cifra de nuevos hogares se mantendrá prácticamente igual.

El incremento del número de hogares fue consecuencia principalmente de factores demográficos, mientras que la inmigración aportó un 20,7% al aumento total y los factores sociales y culturales representaron el 24,8%. Oliver explicó que los factores demográficos han perdido peso como principales impulsores de la creación de nuevos hogares frente al creciente protagonismo del fenómeno inmigratorio y de los factores socioculturales que resultan de los cambios sociales y en los hábitos de vida.

SE ACELERAN LAS HIPOTECAS

Por otro lado, la demanda de préstamos destinados a la adquisición de vivienda registró una nueva aceleración en el cuarto trimestre de 2004, después de dos trimestres de «ligera contracción», según la Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España divulgada ayer por el Banco de España.

De esta forma, se modifica la tendencia descendente de solicitud de créditos hipotecarios registrada en la parte central del pasado año y se pone fin a «las expectativas de fuerte contracción que tenían las entidades tres meses atrás».

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España dice adiós a las inversiones meteóricas en ladrillos
El Mundo (Su Vivienda) - 04 de febrero de 2005
 
 
La previsión de una subida inferior a un 10% del precio de las casas para este año pone freno a la compra de inmuebles para venderlos a corto plazo con el objeto de obtener una cuantiosa plusvalía

Comprar una vivienda y venderla en un plazo de poco más de un año obteniendo una revalorización de hasta un 17,5% podría ser considerada la máxima expresión del 'boom' inmobiliario. O, si se prefiere un término más popular, el más claro ejemplo de 'pelotazo inmobiliario' que puede dar un particular.

Muchos son los españoles que durante los últimos años han disfrutado de esta gratificante experiencia (sobre todo de cara a su bolsillo). Pero esta estampa, tan cotidiana hasta la fecha en el mercado inmobiliario de nuestro país, especialmente en determinadas ciudades como Madrid, podría estar en vías de extinción.

La previsión de una subida de los precios de las casas inferior a dos dígitos para 2005 ha puesto en alerta a este tipo de inversores: los más precavidos hace ya unos meses que empezaron a descartar la vivienda con vistas a obtener rápidas y cuantiosas revalorizaciones. «Desde hace poco menos de un año se viene notando la desaparición del mercado de particulares que compraban para hacer mucho dinero en poco tiempo. De hecho, el porcentaje de casas que se vende rápidamente en las promociones nuevas con vistas a una segunda transmisión inmediata ha disminuido drásticamente», expone Javier Sierra, presidente de Re/Max España.

Otros inversores menos avezados o más optimistas se han quedado atrapados en el 'boom' y lo que se suponía que iba a ser el 'pelotazo' de su vida se ha convertido en un verdadero problema.

Algunos compradores que han adquirido una vivienda en los últimos meses sobre plano pensando en su venta, antes incluso de la entrega de llaves y por un precio muy superior al coste original, ahora se encuentran con que 'colocarl'a en el mercado no es cosa fácil, y se ven en la tesitura de tener que seguir pagándola o, con un poco de suerte, venderla con una plusvalía muy inferior a la prevista o por el mismo precio de adquisición.

«Hay quien se ve en la situación de tener que asumir la hipoteca además de los costes de transacción», dice Gregorio Izquierdo, director de Análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

CAUSAS

¿Qué motivos han llevado a la salida del mercado de estos inversores y cuál es la nueva coyuntura del negocio inmobiliario particular? Los expertos consultados por SU VIVIENDA lo tienen claro.

- «El agotamiento de la subida de los precios y un previsible endurecimiento del mercado hipotecario hace que las revalorizaciones no estén aseguradas», explica Izquierdo. Se prevé que para este año el incremento de los precios esté por debajo del 10%. «Una subida de dos dígitos equivale a los gastos de compraventa, y por debajo significa que ni siquiera se cubren, por lo que esta previsión de subida hace desaparecer la perspectiva de obtener revalorizaciones a corto plazo», reflexiona el director de análisis del IEE.

- Por otro lado, según constatan los profesionales del sector consultados por este suplemento, se está registrando una ralentización en los ritmos de venta. «Esto significa un nuevo riesgo, ya que si no vendes, al final te ves obligado a escriturar, de ahí que los inversores a corto plazo se lo piensen mucho más», añade Izquierdo.

- «La recuperación de la Bolsa también tiene incidencia en el fenómeno», dice Ignacio San Martín, del Servicio de Estudios de BBVA. Algunos de los inversores meteóricos proceden del mercado bursátil, ya que debido a su escaso atractivo en los últimos años, han dado un giro hacia el inmobiliario. Ahora, ante la recuperación de la Bolsa, vuelven a su terreno habitual.

No obstante, «la Bolsa y el ladrillo no son destinos sustitutivos», puntualiza Izquierdo. «Cuando la primera va bien, los beneficios se invierten en ambos mercados. Eso sí, cuando va mal, un porcentaje se va al ladrillo, como ha podido ocurrir en los últimos años», añade.

PECULIARIDADES

Ahora bien, ni en todos los segmentos del sector inmobiliario ni en todos los lugares la situación es idéntica.

- «Los inversores particulares que buscan rápidas y pingües revalorizaciones vienen operando principalmente en el mercado de nueva construcción, donde la plusvalía es más fácil. Cuando se compra sobre plano, lo haces a unos precios más bajos, pues las primeras casas de la promoción suelen ser más baratas. Además, no se necesita tener todo el importe del inmueble de golpe, como ocurre cuando se compra una vivienda de segunda mano. En el caso de las casas nuevas, los compradores tienen que poner poco dinero, y cuando venden antes de la entrega de llaves, las ganancias son enormes», dice Javier Sierra.

«Cuando se trata de segunda mano puede suceder que, en ocasiones puntuales, se compre por un precio muy inferior al que se vende en unos meses. También es un 'pelotazo', claro está, pero derivado del desconocimiento del funcionamiento o la situación del mercado del primer vendedor», añade Sierra.

«En el segmento de usada, además, las operaciones rápidas rentables son cada vez menores debido a la ralentización que se está experimentando en los ritmos de venta. Hay que buscar muy bien para obtener plusvalías. Ya no se da la situación de hace un año», comenta Fernando Encinar, director de Comunicación de idealista.com. «Los pisos ya no se 'despachan'», añade.

Según datos de este portal inmobiliario, si la subida en Madrid capital de los precios de la vivienda usada en 2004 fue de un 7,5% -un porcentaje inferior al que suponen los gastos de compra venta y formalización de hipoteca, estimados en un 10%-, para 2005 está previsto que la subida sea únicamente de uno o dos puntos por encima del IPC.

- Por otro lado, «la compra de vivienda como inversión y especialmente como inversión rápida se da fundamentalmente en Madrid. No es habitual en todos los mercados», considera Guillermo Chicote Estruch, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).

Pese a todo este panorama, las consecuencias para el sector inmobiliario no serán en absoluto dramáticas. Esta situación es «fruto de una lógica y previsible evolución», dice José Manuel Galindo, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima). Incluso los particulares o inversores que se vean atrapados pueden encontrar salidas alternativas, según expertos consultados.

CONSECUENCIAS

- Desde el punto de vista de los profesionales del sector, la salida de este tipo de inversores del mercado inmobiliario no creará graves problemas. «Nosotros no contamos con este tipo de compradores, sino con la demanda de necesidad. Por lo que su salida no nos va a afectar», dice José Manuel Galindo.

El secretario general de los promotores inmobiliarios de Madrid asegura, además, que aunque se auguran menores subidas, lo cierto es que todavía son atractivas y permiten plusvalías, si no inmediatas, sí a medio y largo plazo.

- De cara a los particulares: «Quienes han comprado con el objetivo de vender rápidamente obteniendo una importante revalorización pueden cambiar su perspectiva en vistas a la imposibilidad de colocar el inmueble en el mercado o de que la rentabilidad sea nula o muy inferior a la prevista. Se tiene como opción convertir la vivienda en una inversión de tipo finalista. Es decir, utilizar la casa para uso propio o para alquilarla», según expone Gregorio Izquierdo.

De esta forma, «con el ingreso del alquiler se puede pagar la letra, aunque, en principio, no se recuperarían las cantidades entregadas a cuenta», añade. «En cualquier caso, siempre tendrán mayor problema quienes dispongan de menos liquidez».

Guillermo Chicote Estruch también apunta hacia el uso propio como una manera de ganar rentabilidad a la vivienda: «Ahora la revalorización empieza a ser ya a medio o largo plazo, por lo que mientras se puede hacer uso propio de la casa, sobre todo en ciudades como Madrid, donde la adquisición como inversión es habitual que la haga gente de otras provincias con vistas a que sirva como hogar de los hijos durante el periodo de estudios o para tener una residencia cuando se acude a la capital».

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Sepa cómo afectarán a la vivienda las nuevas medidas
El Mundo (Su Vivienda) - 04 de marzo de 2005
 
 
La sociedad estatal del alquiler se constituirá el 1 de abril

El Plan de Dinamización de la Economía e Impulso a la Productividad aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros no se ha olvidado del sector inmobiliario. El Ministerio que dirige Pedro Solbes ha lanzado nada menos que 100 medidas para lograr ese impulso y algunas tocan muy cerca el mercado de la vivienda. Pero, ¿cómo va a afectar este Plan a los particulares? SU VIVIENDA le cuenta las intenciones del Gobierno y sus repercusiones.

Reducción de costes arancelarios y aumento de la transparencia:

Se creará un nuevo arancel de notarios y registradores que responderá a los principios de proporcionalidad, calculabilidad, imparcialidad, transparencia y verificabilidad. Asimismo, Solbes quiere fomentar la colaboración de notarios y registradores con la Administración Tributaria, impulsar las nuevas tecnologías de la información, reducir la ligitiosidad y acortar los plazos de inscripción registral.

«Estamos de acuerdo con las líneas maestras propuestas para acabar con la maraña legislativa actual. El arancel vigente es muy antiguo, en concreto, de 1989, con lo que creemos que no viene mal una reforma para aumentar la transparencia de cara a los consumidores», dicen desde el Consejo General del Notariado.

Asimismo, confirman que no ven inconveniente en se haga un seguimiento del arancel. «El Notariado ya dispone de un servicio de atención al cliente en el que detallamos cuáles son los distintos aranceles y también pueden consultarse a través de la nuestra 'web»', continúan.

Por último, la institución ha acogido con satisfacción el hecho de que el Gobierno pretenda impulsar las nuevas tecnologías de la información: «Desde enero de 2003 los notarios disponemos de firma electrónica y colaboramos con las administraciones y otras instituciones por vía electrónica».

Impulsar el mercado de alquiler particular:

Las actuaciones para lograr este objetivo se basan en crear una Sociedad Pública del Alquiler, que tendrá por objeto reducir los costes de transacción, aumentar la seguridad jurídica y facilitar la puesta en el mercado de las viviendas vacías. Asimismo, se ofrecerán ayudas directas a inquilinos y propietarios y se evaluará la efectividad de las medidas relativas a la seguridad jurídica de los arrendamientos.

«Las medidas para potenciar el alquiler están basadas en dos frentes. Por un lado, de cara a las sociedades profesionales y, por otro, a los particulares. Se quiere fomentar el alquiler profesional para que, tanto las empresas como los fondos de inversión inmobiliaria, tengan más facilidades y ventajas para desarrollar estas viviendas y eso revertirá a favor de los particulares ya que provocará un aumento de la oferta: habrá más tipologías de viviendas en alquiler y de mayor calidad y se conseguirá un equilibrio entre la demanda y la oferta que influirá en los precios», dicen desde el Ministerio de Solbes.

«Por otra parte la Sociedad Estatal de Alquiler tendrá un papel de vital importancia ya que va a tratar de eliminar el riesgo de impagos, suscribiendo seguros, y se ocupará de gestionar los cobros, entre otras funciones», continúan.

El Ministerio de Vivienda ha confirmado que la Sociedad Pública del Alquiler se creará el 1 de abril y que tendrá por objeto «ofrecer mayores garantías a los arrendadores y arrendatarios, aportando información y asesoramiento y facilitando viviendas, tanto libres como protegidas».

Sin embargo, hay quienes piensan que eso no es suficiente: «Es un poco más de lo mismo. La creación de una agencia está muy bien, pero no basta con que al propietario se le garanticen los pagos. Es necesario asegurarle que va a disponer de su casa en caso de impago en un corto periodo de tiempo. Ésa es la solución», asegura Miguel Ángel Muñoz Flores, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid:

Favorecer el acceso a la vivienda a los colectivos sociales menos favorecidos:

Se mejorarán los sistemas de adjudicación y transmisión de casas protegidas para reducir el fraude. Asimismo, se promoverán viviendas protegidas en alquiler y se reservará un porcentaje de suelo en los nuevos desarrollos residenciales para construir este tipo de casas. Por otro lado, el Gobierno pretende movilizar el patrimonio público de suelo para vivienda protegida.

Mejora del funcionamiento del mercado hipotecario:

El Gobierno quiere mejorar la protección de los consumidores y la gama de productos disponibles, eliminando obstáculos a la oferta de producto con tipos de interés mixtos y ampliando la información a los consumidores sobre los riesgos asociados a la contratación de productos a tipo de interés variable.

«Se va a llevar a cabo una reforma en el mercado hipotecario y hasta que no se acometa dicha reforma, no se aplicarán éstas y otras medidas», dicen desde Economía y Hacienda.

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El importe de las hipotecas creció un 39,4% hasta noviembre
ElConfidencial.com - 28 de febrero de 2005
 
 
El capital prestado para hipotecas aumentó en noviembre el 39,4% respecto al mismo mes del 2003, hasta 16.714,43 millones de euros, un mes en que el importe medio de los nuevos créditos se situó en 125.578 euros, el 15,6% más que un año antes, según el INE.

En noviembre pasado se hipotecaron 133.100 fincas, con un aumento del 20,66% respecto a un año antes, y del 3,23% en relación a octubre. En los once primeros meses, el número de fincas hipotecadas creció el 17,7% en relación al mismo periodo del ejercicio previo, mientras que el importe total de los créditos subió el 36,9%.

Del total de hipotecas firmadas en noviembre, el 97,1% (129.235) fue para fincas urbanas, con un importe total de 15.845,4 millones de euros, el 38,43% más que en noviembre del 2003. Dentro de las fincas urbanas, el 72,6% eran viviendas, el 2,8% solares, y el 24,6% restante otro tipo de fincas.

El número de fincas rústicas hipotecadas en noviembre ascendió a 3.865 (el 2,9% del total), con un importe de los créditos hipotecarios de 869 millones de euros, el 60,45% más que un año antes.

Las cajas de ahorros fueron las entidades que más créditos hipotecarios concedieron en el citado mes, con un importe total de 8.446 millones de euros, seguidas de los bancos, con 6.802 millones de euros.

Por comunidades, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias y Baleares fueron las que registraron en noviembre el mayor número de constitución de hipotecas por cada 100.000 habitantes, con 595 y 552, así como de capital prestado con 733 y 835 euros por habitante, respectivamente.

Por provincias, el INE indicó que Almería y Gerona fueron las que concentraron en noviembre mayor número de fincas hipotecadas por cada 100.000 habitantes (1.028 y 717, respectivamente), mientras que las que registraron más capital prestado por habitante fueron Almería y Málaga (1.224 y 1.136 euros, respectivamente).

Por el contrario, Soria y Lugo fueron las provincias con menor número de hipotecas por cada 100.000 habitantes (115 y 174, respectivamente) y Soria y Lugo las que tenían menor capital prestado por habitante (148 y 160 euros, respectivamente).

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8 de marzo: Juicio contra El Labo.03
Rebelion.org - 01 de marzo de 2005
 
 
El día 8 de marzo tendrá lugar el juicio oral contra 16 personas acusadas de okupación/usurpación en Madrid. De producirse una condena a las 16 personas encausadas por el proceso de El Laboratorio, la distancia entre la ley y la justicia no hará sino incrementarse.

(Para firmar en apoyo a la experiencia del Labo.03 y exigiendo su no criminalizacion visitar la pagina www.laboratorio3.net)

El día 8 de marzo tendrá lugar el juicio oral contra 16 personas acusadas de okupación/usurpación en Madrid. En esos 16 ciudadan@s, hombres y mujeres, jóvenes y no tanto, la mayoría vecin@s de Lavapiés, se personaliza la responsabilidad penal por la existencia, durante 16 meses, de El Laboratorio 03, centro social autogestionado okupado en Lavapiés el 8 de febrero de 2002 y desalojado por la policía antidisturbios el 9 de junio de 2003.

Desde el punto de vista estrictamente penal, la okupación es un delito castigado con la cárcel desde la aprobación del nuevo Código penal (art. 245) vigente. Desde un punto de vista más amplio, sin embargo, son muchos los sectores ciudadanos que vieron en El Laboratorio 03 una iniciativa social singular y legítima, un acto permanente de denuncia de la especulación urbanística y un modelo sumamente creativo de autoorganización de las experiencias sociales, culturales, artísticas, políticas, vecinales que se desenvuelven independientemente de la cultura, los discursos y los dineros oficiales. Así se manifestó durante los 16 meses de existencia de El Laboratorio03, cuando decenas de colectivos e iniciativas sociales y culturales mostraron su adhesión al proyecto, aportando declaraciones de apoyo, realizando las actividades que le dieron vida y forma o participando activamente en su desarrollo. En la página web de El Laboratorio (www.laboratorio3.net) aún se puede ver parte de los acontecimientos que tuvieron lugar en torno a El Laboratorio 03. Un amplio dosier recoge asimismo la mayor parte de las actividades y propuestas que se realizaron en El Laboratorio 03.

Quizá el juez al que corresponde dictar una sentencia (sr. Francisco Ferrer Pujol, del juzgado de lo penal núm. 5) para estas 16 personas no quiera enredarse en estos términos y determine que, por más que el valor social de El Laboratorio fuera ampliamente reconocido, la ley exige un castigo a la okupación, y condene a estas personas: para ellas la acusación particular, en representación de la propiedad, pide un total de 8 años de multa, valorando en 144.000 euros la cantidad total a pagar para no ingresar en prisión.

Sin embargo, para nosotr@s, los hechos que se juzgan no son tan sencillos.

De antiguo, pero nuestro ejemplo más reciente es el movimiento antimilitarista por la insumisión, los movimientos sociales, bajo cualquier régimen, han postulado el recurso a la desobediencia cuando las leyes sancionen situaciones injustas. Valorar cuándo una situación social es injusta no es fácil: hay lógicos cruces de intereses.

Para el sector inmobiliario y de la construcción madrileño no es injusto, sino muy rentable, mantener vacíos o demoler edificios en buen estado de conservación, llevados por el interés de obtener el máximo rendimiento económico: los daños colaterales, la escalada de precios de la vivienda, la mercantilización del espacio público, la destrucción de patrimonio, el despilfarro energético y de recursos, las consecuencias sociales que la intervención tenga sobre el territorio intervenido, son consecuencias de las que no cabe responsabilizarse.

Para los sectores que no pueden acceder a una vivienda o a un espacio donde desarrollar sus proyectos ciudadanos, los abandonados por los poderes públicos a un mercado que los excluye o los margina, para esos sectores, la situación es injusta.

Y la ley que regula el conflicto entre los sectores, excluidos por el mercado y marginados de la construcción de la ciudad, que buscan (y toman) un espacio de vida, por un lado, y el sector inmobiliario y las administraciones públicas que olvidan los derechos sociales (el derecho a un alojamiento, el derecho a participar en los asuntos comunes, el derecho a tener espacios para el desarrollo individual y colectivo), por otro, la ley que sanciona la okupación, opta abiertamente por proteger solo uno de los intereses en conflicto: el de los propietarios. Por eso, para la gente que constituimos El Laboratorio, la ley contra la okupación nos parece abiertamente injusta: y merece ser desobedecida. Así lo hacemos.

Porque otros órdenes del derecho, los derechos sociales, la función social que debe regir el uso de la propiedad, el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los medios necesarios para el desarrollo individual y colectivo, derechos expresados en algunos de los textos legales que nos rigen, están abiertamente olvidados.

Porque esta ley sanciona a los desfavorecidos por una situación que es de sobra conocida: la mercantilización y la especulación que hacen que la vivienda sea un negocio para unos la convierten en un problema para otras; los espacios públicos, privatizados, deficientemente gestionados, son inservibles para buena parte de las iniciativas sociales; la participación en los asuntos públicos parece reservada a formas de la política profesional aborrecibles y a modos de organización jerárquicos y premodernos; la cultura es un reservorio más del dinero; la comunicación es un simulacro entre guiñoles; la precariedad de los trabajos y de las rentas convierte en invisibles las vidas de quienes no tienen acceso al consumo masivo y se resisten al cotidiano ordenadamente disciplinado.

En febrero de 2002, con la okupación de un edificio en Amparo 103 -El Laboratorio 03-, varios cientos de personas firmaron una declaración en la que se autoinculpaban de sostener, por medio de un acto de desobediencia, los derechos sociales perdidos, usurpados; y se proponían, con un acto de denuncia, confrontar esa situación injusta; y se disponían, con un acto propositivo, a poner en marcha un proyecto social democrático y participativo en un edificio que estaba vacío y destinado a desaparecer para dejar paso a una operación especulativa.

Tanto el fiscal del Estado como la acusación particular (formada por cuatro propietarios, uno de ellos, el dueño de una importante inmobiliaria, Arocasa) y el propio juez de instrucción decidieron no tener en cuenta esas declaraciones, y se acusó tan solo a 16 personas de ese ?delito? colectivo. Los nombres de esas personas procedían de un informe policial en el que se metían en una batidora un total de 25 nombres, procedentes de identificaciones policiales llevadas a cabo en el desalojo de El Laboratorio 02, de identificaciones aleatorias en el barrio de Lavapiés y de identificaciones de personas que asistían a una reunión de un colectivo antiglobalización. Las 16 personas ahora acusadas reconocieron, en su primera declaración, realizar actividades o frecuentar El Labo 03, pero nunca han asumido que eso sea un delito.

Será al juez, ahora, a quien corresponda calificar penalmente esos hechos y decidir si, precisamente, esas 16 personas, o algunas de ellas, entre los cientos de participantes en El Labo 03, son las que han de ser castigadas. Porque de un castigo se trataría: la propiedad, recuperado el control del edificio, lo demolió y está promoviendo ya aquello que era de su interés: nuevas viviendas de alto precio para el nuevo sector de alto poder adquisitivo que está ocupando, poco a poco, el espacio de un barrio tradicionalmente popular y accesible. Fina ironía, que la propiedad denuncie el daño causado por la okupación, cuando los beneficios con que cerrará la operación serán de millones de euros.

Pero será a la sociedad civil a quien le corresponda calificar políticamente esos hechos. Y decidir si se está de acuerdo con que el Código Penal castigue a personas que nunca han perseguido el beneficio personal con sus actividades en los centros sociales okupados. Serán también los partidos políticos con representación institucional en Madrid que apoyaron al Laboratorio en tiempos de las movilizaciones contra la guerra, cuando el Labo era un espacio de efervescencia de ese movimiento, quienes tendrán que pensar si la penalización de la okupación no debe ser inmediatamente revisada.

Las administraciones madrileñas (una de cuyas máximas representantes, la ex consejera de la Comunidad de Madrid y ahora concejal de las Artes del ayuntamiento Alicia Moreno, visitó El Laboratorio 03, conversó con algun@s de sus gentes y reconoció públicamente el interés de la iniciativa) tendrán que plantearse si es ajustado encarcelar a quienes han participado en una experiencia que ha cambiado el imaginario de lo que es posible realizar en Madrid en materia social, cultural, artística y de participación. Tanto, que en el centro de las prioridades del gobierno municipal se han situado las intervenciones sobre las viviendas vacías; tanto que, después de años proponiendo un proceso de negociación desde los Laboratorios, el propio equipo de Gallardón ha incluido en su plan para el centro de Madrid la apertura de un centro autogestionado en Lavapiés, un centro que cientos de personas reivindican impulsando la apertura de un debate para su constitución en la Antigua Fábrica de Tabacos de Embajadores.

Esos son los componentes básicos de lo que se juzgará el día 8 de marzo en Madrid. De producirse una condena a las 16 personas encausadas por el proceso de El Laboratorio, la distancia entre la ley y la justicia no hará sino incrementarse.

Madrid, 6 de Marzo: Jornada de apoyo al Labo.03



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25.000 jóvenes, en lista de espera para una VPO
Madrid Metro News (Madrid) - 01 de marzo de 2005
 
Desde que el pasado 18 de febrero abriera sus puertas la Oficina de Vivienda de la Comunidad, casi 6.000 madrileños han solicitado información acerca de los pisos protegidos, la venta, el alquiler... Pero la opción que ha despertado más interés es el Plan de Vivienda Joven, que de hecho ha acaparado el 36% de las consultas. Durante los 10 primeros días de funcionamiento de la oficina, unas 2.200 personas se han apuntado al Plan Joven.

LISTA ÚNICA DE DEMANDANTES

Con estas solicitudes, ya son más de 25.000 las personas menores de 35 años que se han inscrito en la bolsa para acceder a un piso en alquiler con opción a compra. Con todas estas solicitudes se creará una lista única de demandantes en la región. Las tres primeras promociones de este plan comenzarán hoy mismo.

Se trata de 150 pisos que construirá el Ivima, en el plazo de un año y medio, en el Ensanche de Vallecas y en el barrio de La Ventilla. Dentro de poco arrancarán las obras también en Navalcarnero.

Todos ellos se adjudicarán por sorteo “en igualdad de condiciones”, según recalcó ayer el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía. Además, el orden de inscripción en la lista tampoco influirá. Como curiosidad, Zabía mencionó que muchas solicitudes de vivienda en alquiler para menores de 35 años las realizan los padres o los abuelos de los interesados. La oficina regional, situada en la avenida de Asturias, está abierta de forma ininterrumpida de nueve de la mañana a ocho de la tarde. La espera media de los madrileños que se dirigen hasta allí es de un cuarto de hora.

CUENTA ATRÁS PARA LOS 3.000 PISOS QUE OFERTA LA EMV

La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) ha ampliado, hasta el 31 de marzo, el plazo para solicitar uno de los 2.900 pisos ofertados en la última convocatoria de su Plan Vivienda. De ellos, 2.106 se ofrecerán en venta y están situados en los nuevos desarrollos urbanísticos de Carabanchel, Hortaleza y Vallecas-Villa. El resto, 797, se alquilarán y se encuentran en Carabanchel y Villaverde. Todos los interesados deberán entregar la documentación en la calle Fray Luis de León,15 (entre las 9.00 y las 14.00) y en las 21 Juntas municipales de distrito. Cuando se cierre el plazo de esta convocatoria se abrirá el Registro Permanente de Solicitantes, no vinculado a promociones concretas. Para inscribirse en este Registro es necesario aportar la fotocopia del DNI y certificados de empadronamiento.

EL PRECIO DEL ALQUILER, A SÓLO UN 'CLICK'

La elevada demanda de información acerca de uno de los casi ya bienes de lujo, la vivienda, ha llevado a la Comunidad a ampliar las vías de comunicación. Los madrileños podrán realizar las preinscripciones, a partir de la próxima semana, tanto por correo electrónico como por fax. Otra de las novedades es que se podrá calcular a través de la página web www.madrid.org/oficinavivienda el precio del alquiler, los plazos mensuales de la hipoteca o la reglamentación regional en la materia. Asimismo, la Comunidad piensa instalar en la oficina de la avenida de Asturias dos quioscos interactivos más y reforzar el personal que trabaja allí y donde, además de facilitar información sobre vivienda, se atienden las consultas de tipo social, económico, jurídico o técnico que formulan los solicitantes.

CÓMO INFORMARSE

Oficina de la Vivienda: Avda. de Asturias, 28. Atiende de lunes a viernes (de 9.00 a 20.00) y sábados (de 9.00 a 13.00).

Fax: 91 728 52 99.

Teléfono: 012 (de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 y sábados de 10.0 a 13.00).

Vía correo electrónico: oficinavivienda@madrid.org

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Los pisos de Ivima tendrán seguridad para evitar ocupaciones
ABC (Madrid) - 04 de febrero de 2005
 
 
Las promociones de pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) dispondrán de un servicio de vigilancia y control, para garantizar que no sean ocupados ilegalmente antes de su entrega a los adjudicatarios, según aprobó ayer el Consejo de Gobierno. El Ivima tiene previsto construir este año en la región más de dos mil viviendas protegidas.

Las ocupaciones ilegales de viviendas en sus últimas fases de construcción o recién acabadas dificultan la entrega a las familias a las que se les han adjudicado estos pisos. La contratación del servicio de vigilancia ha costado a la Comunidad 1,7 millones de euros.

Además, el Consejo de Gobierno aprobó la adjudicación de obras para la construcción de ocho colegios, en Sanchinarro, Carabanchel, Montecarmelo, Las Tablas, Leganés, Alcorcón, Parla y Arganzuela, con una inversión de 32 millones de euros. El portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, confirmó que la semana que viene la Comunidad firmará con los agentes sociales un Pacto Global por la Educación, que estará vigente hasta 2008 e incluirá «un elevado volumen de recursos económicos».

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Detenido en Tokio el que fue el hombre más rico del mundo
LaRioja.com (Tokio) - 03 de febrero de 2005
 
 
Yoshiaki Tsutsumi, que consolidó un imperio inmobiliario, está acusado de falsificación de cuentas

Yoshiaki Tsutsumi, el hombre más rico del mundo en los años ochenta al consolidar un imperio económico levantado por su padre después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido detenido hoy acusado de declaraciones falsas de cuentas de una sociedad.

Tsutsumi, de 70 años, durante mucho tiempo patrón de la firma Seibu, será interrogado acerca de acusaciones de falsificación de las cuentas de una sociedad y de venta ilegal de acciones a dicha sociedad antes de que estallara el escándalo en octubre.

Tsutsumi, perteneciente a una familia implantada en el sector inmobiliario, fue designado por la revista Forbes como la persona más rica del mundo durante cuatro años seguidos hasta 1990, cuando su fortuna fue evaluada en 16.000 millones de dólares.

En 2004 ocupaba el puesto 159º, con 3.000 millones de dólares, porque su imperio se desmoronó cuando estalló la burbuja inmobiliaria. En octubre pasado, Tsutsumi renunció a la presidencia de empresas como la cadena Prince Hotel, Seibu Construction y Kokudo.

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Chalets de protección oficial a 100.000 euros en Francia
La Razón - 27 de febrero de 2005
 
 
Seis de cada diez ciudadanos franceses cumplen las condiciones para solicitar una de estas viviendas. La venta de chalets a 100.000 euros en Francia, anunciada por el ministro de Asuntos Sociales, Jean Louis Borloo, desata la polémica en el país.

«Hogar, dulce hogar, y sobre todo barato». El Gobierno francés, decidido a cambiar el tópico, anunció esta semana una medida revolucionaria: la venta de chalets a 100.000 euros para las familias más necesitadas. Sobre el papel, pocos podrían resistirse a la idea: viviendas unifamiliares, de entre 70 y 90 metros cuadrados, con sala de estar, salón, cocina, tres habitaciones e incluso una plaza de garaje. Un primer abono de 2.000 euros y luego una cuota de 500 euros al mes durante 20 años.

Esta es la joya de la política de vivienda puesta en marcha por el ministro de Asuntos Sociales, Jean Louis Borloo, y una de las armas del centroderecha para «vender» el progreso social (patrimonio por el que en Francia se pelean izquierda y derecha) bajo su mandato antes de las elecciones de 2007. Mientras España se esfuerza por generalizar el alquiler, con crecientes ventajas fiscales, el Ejecutivo galo quiere convertir a Francia en un país de propietarios para estimular la economía. Sólo un 57% de los hogares franceses posee las paredes entre las que vive.

Las condiciones poder adquirir estas nuevas casas populares serán las mismas que rigen para acceder a la vivienda protegida. En la región de París, por ejemplo, una pareja con dos hijos que gane 31.000 euros al año tendría derecho a obtener su chalet. Si en España muchos se darían con un canto en los dientes ante semejante oferta, en Francia el precio es todavía menor en términos relativos, si se tiene en cuenta que el salario mínimo galo roza los 1.200 euros mensuales.

Algunos expertos piensan que el globo sonda podría pincharse si todos los que tienen derecho a solicitar una vivienda de este tipo dan un paso adelante. En el país vecino, los requisitos legales para hacerse con un piso de protección oficial son mucho más magnánimos que en España. Un 60 por ciento de los franceses, según cifras del diario «Le Parisien», está en condiciones de acceder a ellos.

Un proyecto piloto ya está en marcha en una pequeña localidad al sur de París, Montereau-Fault-Yonne, para construir 200 de estas casas populares, y en dos meses se anunciarán las condiciones de su implantación nacional. Los ayuntamientos cederán suelo gratuitamente y será el Estado quien subvencione los intereses de los créditos, por lo que las familias no desembolsarán ni un euro más de los 100.000 estipulados, notario incluido. Devuelto el préstamo, los compradores podrán revender su casa al precio que quieran, pero los 250 m2 de terreno seguirán bajo propiedad municipal. Si alguien desea deshacerse del chalet antes de terminar de pagarlo, no podrán ganar ni un euro con la transacción y los nuevos inquilinos están obligados a fijar allí su residencia principal.

El Gobierno quiere utilizar esta espectacular medida como la punta de lanza de un ambicioso proceso de renovación urbana para remozar barriadas enteras en el extrarradio de las grandes ciudades. Borloo quiere demoler las torres de más de diez pisos, que se han convertido en los símbolos poco agraciados de estas zonas, habitadas principalmente por inmigrantes, y reconstruir por completo el paisaje a la norteamericana. Un detalle que no ha pasado por alto la susceptible prensa francesa. «Libération», por ejemplo, consideró la propuesta como «el signo más lamentable de la americanización de la sociedad francesa».

El ministro Borloo cree que la economía francesa recibiría un fuerte empuje si su ambicioso plan surte efecto. En primer lugar, porque revitalizaría el sector de la construcción, y en segundo porque la demanda interna ganaría enteros con cientos de miles de hogares que se convertirían en propietarios por sólo 500 euros al mes. De hecho, la política inmobiliaria se ha convertido en uno de los pilares del Gobierno galo, que ya ha puesto en marcha los préstamos sin intereses, subvencionados por el Estado, para facilitar el acceso a la propiedad.

OPINIONES EN CONTRA

Los hay que ni siquiera consideran barata la propuesta francesa. La Unión Nacional de Constructores de Casas Individuales se quejó, tras el anuncio del ministro, de que el terreno sobre el que se planta la propiedad siga siendo municipal. «Una falta de garantía para los compradores», afirman.

Muchos en Francia empiezan a desconfiar de la «política de mercadillo» que parece haber puesto en marcha el Ejecutivo, ofreciendo ordenadores y permisos de conducir a los jóvenes a 1 euro al día y sacándose de la manga casas a 100.000 euros. Sobre todo porque la idea no es nueva. En 1970, el Gobierno francés de la época ya anunció a bombo y platillo la venta de casas a 100.000 francos, que terminó en un escándalo por el mal estado de los materiales de construcción y la edificación en suelos no urbanizables.

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Comunidad de Madrid
 
Juego sucio en Majadahonda
ABC (Madrid) - 03 de enero de 2005
 
 
Una reunión grabada en secreto a través de un móvil, concejales del mismo grupo enfrentados, un alcalde que dimite por «motivos de salud», cruce de denuncias entre partidos... ¿qué está ocurriendo en este municipio de 60.000 habitantes del oeste de la Comunidad?

El concejal X, del PP, se sitúa en un lugar estratégico del despacho del alcalde de Majadahonda y graba en secreto, con su móvil de última generación (propiedad del Consistorio), la reunión que van a mantener 14 de los 15 ediles de su partido. Sólo falta el responsable de Juventud, que se encuentra de viaje. Es 24 de enero. Desde el primer momento salta a la vista que hay un enfrentamiento entre el alcalde, Guillermo Ortega -quien había insistido para que la reunión fuese en su despacho-, junto a dos ediles afines, y el resto, con Narciso de Foxá a la cabeza.

Durante la hora y media que dura la reunión, se discute sobre una operación urbanística en el municipio, y en un momento dado se dice que la presidenta del partido, Esperanza Aguirre, y el secretario general, Francisco Granados, están de acuerdo en declarar desierto un concurso sobre venta de parcelas a precio fijo y convocar otro a precio libre -«la decisión de que no van esas parcelas ha sido de Esperanza Aguirre, y yo no he hecho nada fuera de la disciplina del partido», dice Foxá en esa reunión-. Éste y sus concejales más cercanos (diez) sospechan que en ese despacho hay gato encerrado y se van, sin dar portazo, pero casi.

Apenas dos semanas después, se confirman sus sospechas cuando parte de la conversación, grabada de forma clandestina, empieza a emitirse por una cadena de radio y se cuelga, con imágenes y sonido, en su página web. El PP lo tiene claro y así lo afirma: la conversación fue grabada y distribuida por uno de sus concejales. Y el PSOE, que se frota las manos, dirige toda su artillería dialéctica contra Aguirre, recupera el discurso de la «trama inmobiliaria» y presenta una denuncia por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El último capítulo se escribió este fin de semana, cuando el fiscal general remitió la denuncia al fiscal anticorrupción.

El «veneno» ya está circulando por la vida política madrileña. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tipo de corrupción se ha producido en Majadahonda para que el caso llegue a tan altas instancias y el PP aluda al agravio comparativo por la actitud del fiscal general? Pues bien, el origen está en la puesta en venta de dos parcelas públicas, que tienen nombre: RN-1 (Área de Oportunidad) y 2D (zona este del Monte de El Pilar), con un total 52.062,86 metros cuadrados.

El Ayuntamiento majariego, con Guillermo Ortega como alcalde, acordó sacarlas a concurso a un precio fijo de 1.600 euros el metro cuadrado, con todos los informes pertinentes. El dinero conseguido iría destinado a infraestructuras, como la construcción de tres nuevas guarderías. El Pleno del Ayuntamiento aprobó el expediente del concurso en julio de 2004, con el voto a favor de todos los concejales del PP. El procedimiento, según fuentes municipales del PP, es legal; hasta ahí está todo el mundo de acuerdo.

EN BOADILLA Y POZUELO, MÁS CARO

Pero el precio estaba muy por debajo del mercado -en Boadilla o Pozuelo se vende suelo un 30 o un 50 por ciento más caro- y el Ayuntamiento de Majadahonda, que no está para muchas alegrías por la crisis económica que atraviesa, dejaría de recibir entre 40 y 50 millones de euros en la operación.

El entonces «número dos» del PP local, Narciso de Foxá, y otros 11 concejales lo advierten en cuanto se abre el concurso. El enfrentamiento entre éstos y los otros tres ediles del PP (Ortega más Juan José Moreno y José Luis Peñas, que fue el concejal de Planeamiento Urbanístico encargado del expediente del concurso) está servido.

La presentación de plicas para la adjudicación de las parcelas se cerró el 2 de noviembre. En ese momento entraban en juego los técnicos del Ayuntamiento: un ingeniero de Infraestructuras, un responsable de Medio Ambiente y el arquitecto municipal tenían que formular distintos informes puntuando a las 12 empresas que participaban en el concurso.

LOS INFORMES DEL ARQUITECTO

Lo curioso es que el arquitecto municipal formuló dos informes, al detectar mejoras en algunas empresas, según la versión del PP. En el segundo modificó su valoración inicial y dio 0 puntos a todas las propuestas, excepto a la de Vallehermoso (24 puntos) y la de Afar-4 (22,5 puntos), que con este dato se sitúa en primer lugar en la calificación global. Ésta última, sin embargo, no resultaba ganadora con el primer informe del arquitecto, sino que se quedaba por detrás de Proinsa, según denuncia el PSOE. Hay que aclarar aquí que los socialistas vinculan la sociedad Afar-4, que tiene mucha actividad en la zona, con el ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, a través de un amigo suyo que sería el responsable máximo de la empresa. Los socialistas creen que el PP quiere beneficiar a esta sociedad, «al margen de criterios legales y contractuales aplicables».

Ante la confusión por los informes de los técnicos, la Mesa de Contratación de Majadahonda, que es la que toma la decisión final del concurso, formula una consulta a la Comunidad de Madrid, que tampoco aclara gran cosa, según fuentes municipales. El PP majariego cree entonces que lo mejor es dejar el concurso desierto y abrir uno nuevo en el que el criterio económico de venta tenga un peso relevante.

En medio del revuelo, el 3 de febrero pasado, Guillermo Ortega dimite, según fuentes oficiales, por motivos de salud. La verdad es que este hombre se encuentra muy delicado del corazón y estas tensiones no le vienen bien, como subraya la dirección regional del PP. Ortega es nombrado presidente del Mercado Puerta de Toledo.

LOS CONCEJALES DÍSCOLOS

En la elección de Narciso de Foxá como nuevo regidor, los dos concejales cercanos a Ortega (Moreno y Peñas) rompen la disciplina de voto del PP y votan en blanco. Dicen en el entorno del nuevo alcalde que estos dos ediles se pasan más tiempo en los despachos del PSOE que en los del PP y que intentaron, sin éxito, una fórmula alternativa de gobierno en el Ayuntamiento.

Hasta ahí son los hechos, y a partir de aquí llegan las conjeturas y las sospechas de unos y de otros sobre las intenciones del nuevo equipo de Gobierno. El portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, ha afirmado que «el caso Majadahonda es el caso Zapatero, es decir, una operación más de acoso y derribo al Gobierno del PP, inventada por el PSOE, de la que Simancas es un ejecutor». Los populares niegan la existencia de ninguna trama y creen que las denuncias se deben a la debilidad de Simancas dentro de su partido.

Por parte del PSOE, su portavoz adjunta en el Parlamento regional, Ruth Porta, ha recomendado «serenidad» al PP y ha pedido a la presidenta de la Comunidad «que dé explicaciones por sus implicaciones».

UN PROCESO «VICIADO»

Ahora, la Mesa de Contratación de Majadahonda tiene que emitir una propuesta técnica sobre el concurso actual. Previsiblemente, se declarará desierto, como quiere la gran mayoría del PP, porque «el Ayuntamiento sería perjudicado en caso contrario», según el alcalde. Además, los populares sostienen que el proceso está viciado por la avalancha de información que se ha producido en las últimas semanas.

Mientras tanto, el PSOE local (que tiene 7 de los 25 concejales) envió esta semana pasada un escrito a la Alcaldía en el que pide que se adjudiquen las parcelas. También advierte al secretario general y al interventor del Consistorio de las consecuencias que podría tener dejar el concurso desierto. El próximo capítulo, hoy mismo, en el primer pleno municipal en varios meses. Para no perdérselo.

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El PP denunciará a Conde-Pumpido por el 'caso Majadahonda'
El Mundo (Madrid) - 03 de febrero de 2005
 
 
El Partido Popular ha anunciado que denunciará ante al Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado por el 'caso Majadahonda' por un presunto delito de prevaricación. Cándido Conde-Pumpido trasladó el viernes a la Fiscalía Anticorrupción las denuncias del PSOE por una supuesta trama urbanística en el citado Ayuntamiento, vinculado a los 'populares'.

Según anunciaron en rueda de prensa el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y el secretario de Comunicación de esta formación, Juan José Güemes, la denuncia será presentada en los próximos días y la decisión de hacerlo ha sido tomada después de hablarlo con la dirección nacional del PP.

Güemes opinó que la actuación de Conde Pumpido, que calificó de "vergonzosa", puede ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación puesto que el propio fiscal reconoce en su resolución que la denuncia del PSOE "no atribuye delito alguno a ninguna persona", y añadió que "coincide en el tiempo con la necesidad del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de tapar el escándalo Maragall-El Carmel".

El secretario de Comunicación del PP de Madrid manifestó que la "única razón" con la que el fiscal general "justifica" su decisión de trasladar la denuncia del PSOE al Fiscal Anticorrupción "es que se cita a dos altos cargos del Partido Popular", aunque, a su juicio, la "única razón que explica esa actuación es el objetivo de sembrar dudas sobre la actuación de los adversarios del señor Conde-Pumpido".

El decreto emitido por el fiscal general del Estado el pasado día 25 indica efectivamente que "la denuncia no atribuye directamente a ninguna persona responsabilidad penal por la realización de estos hechos", "pero sí afirma que en ellos intervinieron (...) Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda, entre otros".

Lo que Conde-Pumpido trasladó a Anticorrupción es una denuncia que presentaron ante la Fiscalía General el pasado día 21 dos concejales socialistas de Majadahonda, Ricardo Núñez y Manuel Fort, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con una operación urbanística.

Se referían los socialistas al concurso de dos parcelas que ahora se pretende dejar desierto, ya que el nuevo alcalde, Narciso de Foxá, dice que el precio que se puede pedir es mayor al requerido por el anterior primer edil, el cesante Guillermo Ortega.

Juan José Güemes criticó también la "celeridad" con la que ha actuado Conde-Pumpido, guiado, en su opinión, por los mismos "criterios políticos y partidistas" que estuvieron en el fondo de su nombramiento, y reiteró su opinión de que esta actuación forma parte de la "política de acoso a los madrileños y a sus instituciones por parte del señor Rodríguez Zapatero".

AGRIA POLÉMICA

Durante los últimos días, el PP y el PSOE protagonizaron una agria polémica por la actuación de Conde-Pumpido. El secretario general 'popular' de Madrid, Francisco Granados, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de utilizar la Fiscalía General del Estado "con el único objetivo de ir en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre".

Por su parte, el vicesecretario general del PSM-PSOE, Antonio Romero, pidió al PP que se tranquilice. Romero aseguró entender "los nervios existentes en el PP porque se están poniendo al descubierto presuntas actuaciones delictivas en torno a una posible trama en el Ayuntamiento de Majadahonda que salpica a altos cargos del Partido Popular madrileño".

Según constaba en el decreto del fiscal general del Estado, "el interés público afectado por la enajenación de viviendas, el volumen económico de la operación proyectada, la intervención en la misma de un alto número de empresas, entre las que se encuentran algunas de las principales del ramo de la construcción, y la afirmación realizada en la denuncia de que la presidenta de la Comunidad de Madrid y regidor del Ayuntamiento afectado estuvieron relacionados con los hechos cuya investigación se solicita son razones más que sobradas para afirmar su trascendencia y complejidad".

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Aguirre elige a un edil de Gallardón para la vivienda
ABC (Madrid) - 03 de febrero de 2005
 
 
La presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, ha nombrado a Sigfrido Herráez nuevo secretario de Vivienda del partido en la Comunidad. El Comité Ejecutivo madrileño eligió al concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid como máximo responsable en esta materia dentro del partido, tras ser apoyado unánimemente. Herráez tendrá así la responsabilidad de «coordinar y enlazar» las políticas de Vivienda de los ayuntamientos gobernados por el PP, con el objetivo de apoyar la Ley del Suelo que pretende aprobar el Ejecutivo regional.

El edil de Vivienda deberá reunirse con los alcaldes populares para -según apuntó ayer a ABC- «establecer una política común en materia de suelo y vivienda en todos los municipios en que gobierne el PP, así como asesorar a los diferentes ayuntamientos en materias tan complejas como, por ejemplo, los concursos de suelo».

PRIMERA PIEDRA DEL PLAN JOVEN

Al margen de las interpretaciones políticas que se puedan dar, Esperanza Aguirre ha decidido otorgar más atribuciones a un miembro del equipo de Gallardón dada su experiencia en la politíca de Vivienda, así como en el sector inmobiliario de la capital. Sigfrido Herráez es concejal de Vivienda del Consistorio madrileño desde 1995, fecha en la que también ocupó el cargo de presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

Por otra parte, la presidenta autonómica, en compañía del consejero de Ordenación del Terrirotorio, Mariano Zabía, colocó ayer la primera piedra de las dos promociones que van a suponer el pistoletazo de salida para el Plan de Vivienda Joven de la Comunidad, que se encuentran en el barrio de la Ventilla (junto a la plaza Castilla) y el Ensanche de Vallecas. La primera promoción contará con 28 viviendas, mientras que la segunda tendrá un total de 115, de las que 58 corresponden al Plan de Alquiler con opción a compra, mientras que las otras 57 se destinarán al mercado de protección en alquiler. En todos los casos, los pisos tiene garaje y trastero, y una superficie de entre 70 y 115 metros cuadrados.

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La EMV construirá 218 viviendas en Las Adelfas y en Vallecas
MadridDiario.es (Madrid) - 02 de marzo de 2005
 
 
La Empresa Municipal de la Vivienda construirá 75 viviendas de realojo en el barrio de Las Adelfas, en el distrito de Retiro, y otras 143 de precio tasado en el Ensanche de Vallecas. Para ello, el Consejo de Administración de la Empresa, en su sesión de este mes, ha aprobado la adjudicación de estas obras, cuyo presupuesto asciende a 16,5 millones de euros.

Las viviendas de realojo se levantarán en la calle Játiva número 12, en el distrito de Retiro, y en su construcción se invertirán algo más de 5 millones de euros. En cuanto a las de precio tasado, se edificarán en la calle Almonte número 1, en la parcela 1.43 del Ensanche de Vallecas, y su presupuesto se estima en 11,5 millones de euros. Las obras comenzarán en marzo y estarán terminadas a principios de 2007.

Por otro lado, en este mismo Consejo se han adjudicado 27 viviendas protegidas de régimen especial a familias afectadas por distintas operaciones urbanísticas, como reordenación de ámbitos o declaraciones de ruinas. Las viviendas pertenecen a distintas promociones del Ensanche de Carabanchel, La Perla y Oeste San Fermín (Usera), Sanchinarro (Hortaleza), Vereda de Ganapanes (Fuencarral-El Pardo), Numancia (Tetuán) y Molino de Viento (Latina).

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Madrid: 4º año por encima del límite legal en contaminación
OtroMadrid.org (Madrid) - 27 de febrero de 2005
 
De acuerdo con la normativa vigente (Directivas 96/62/CE, 99/30/CE y R.D. 1073/2002), Madrid lleva cuatro años consecutivos por encima de los valores máximos legales compatibles con una adecuada protección de la salud.

Ecologistas en Acción denuncia que la contaminación del aire en Madrid supera los niveles legales de protección a la salud de manera reiterada, sin que el Ayuntamiento tome medidas para evitarlo. Antes al contrario, los planes hacia el futuro, con una gran ampliación de la capacidad viaria de vías como la M-30, sólo presagian una situación aún más grave, dado que el principal causante de la contaminación es el tráfico. Los daños para la salud de los madrileños que provoca esta situación son de una enorme magnitud.

De acuerdo con la normativa vigente (Directivas 96/62/CE, 99/30/CE y R.D. 1073/2002), Madrid lleva cuatro años consecutivos por encima de los valores máximos legales compatibles con una adecuada protección de la salud.

Si nos fijamos en uno de los contaminantes, el dióxido de nitrógeno, NO2, la red de medición del Ayuntamiento arrojó los siguientes resultados medios anuales, en comparación con los límites legales:

en 2001 el valor medio anual de concentración en el aire ambiente de NO2 no debió superar el límite legal más el margen de tolerancia -58 microgramos/metro cúbico (µg/m3)- y sin embargo fue de 63 µg/m3.

en 2002 debería haberse mantenido por debajo de los 56 µg/m3 y fue de 62 µg/m3.

en 2003 debería haberse mantenido por debajo de los 54 µg/m3 y fue de 59 µg/m3.

en 2004 debería haberse mantenido por debajo de los 52 µg/m3 y fue de 61 µg/m3. Durante este año, los valores medios más altos se registraron en las siguientes estaciones: Marañón (86 µg/m3), Plaza Luca de Tena (85), Paseo de Recoletos (79), Escuelas Aguirre (76), Urbanización Embajada (75) y Plaza de Castilla (74).

Por lo que se refiere a las partículas en suspensión (PM10), la legislación establece que durante 2004 no se debía superar más de 35 días al año el valor límite diario de 55 µg/m3 (desde el 1 de enero de 2005 dicho límite ha bajado a 50 µg/m3), por considerarse perjudicial para la salud. Sin embargo, este límite diario se superó 47 veces en toda la ciudad de Madrid. En 19 de las 27 estaciones se superó el valor límite diario establecido por la legislación europea. Las estaciones que registraron mayor número de superaciones del valor límite diario fueron: Barajas Pueblo (105 superaciones),Villaverde (77), Fernández Ladreda (70) Marañón (70), Plaza Luca de Tena (64), Santa Eugenia (62) y Paseo de Recoletos (61).

Para ilustrar la gravedad del problema, se debe tener en cuenta que un reciente estudio sobre contaminación atmosférica y salud llevado a cabo en 26 ciudades europeas (el estudio APHEIS 3), establece que las superaciones del valor límite diario de PM10 (50 µg/m3) provocan 83 muertes al año en la ciudad de Madrid (considerando sólo los efectos a corto plazo). Dicho estudio señala también que se podrían prevenir anualmente 18 muertes prematuras por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Madrid (es decir 526 muertes anuales), si se redujera la media anual de PM10 en sólo 5 µg/m3.

Todos estos límites están contemplados en el R.D. 1073/2002 de 18 de Octubre. En su artículo 6 se establece que la superación de los límites obligan al Ayuntamiento a establecer un plan de actuación para mejorar la calidad del aire. Como hemos señalado, la contaminación por NO2 supera reiteradamente los valores legales desde 2001, por lo que el Ayuntamiento debía de haber implantado dicho plan hace años. La Comisión Europea ya ha apercibido por este motivo al ayuntamiento de Madrid.

Ante la gravedad de esta situación de salud pública, instancias como la Comisión Europea recomiendan imponer restricciones al uso del vehículo privado. Sin embargo, el Ayuntamiento, lejos de limitar el uso del coche, está acometiendo la obra más cara realizada en su historia, la ampliación de la M-30, para que puedan circular cerca de 250.000 vehículos más cada día.

Para justificar esta obra, el Ayuntamiento viene utilizando curiosas teorías que concluyen que la ampliación de la autovía de circunvalación supondrá un ahorro de combustible y unas menores emisiones de contaminantes. Nada más lejos de la realidad. Este mismo argumento se ha utilizado reiteradamente en toda la ampliación viaria realizada en la Comunidad de Madrid en los últimos ocho años (en los que se ha pasado de 500 a 1.000 km de autopistas). Pues bien, el supuesto “ahorro” de combustible en realidad se ha traducido en crecimientos de consumo de combustible de automoción que a menudo han duplicado a la media española, alcanzando crecimientos del 10% anual.

No deja de resultar dramático a la vez que paradójico que el Ayuntamiento dé prioridad a las necesidades de los automovilistas frente a la salud de los madrileños. Sobre todo si tenemos en cuenta que la grave situación de contaminación atmosférica crónica de la capital puede tener consecuencias muy relevantes para asuntos como la candidatura olímpica.

Ecologistas en Acción prepara en estos momentos una denuncia por el incumplimiento legal del Ayuntamiento para presentar en los juzgados de Madrid.

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CAM inaugura 120 pisos tutelados para personas mayores
MadridPress.com (Madrid) - 01 de marzo de 2005
 
 
La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Beatriz Elorriaga, inauguró en Torrejón de Ardoz 120 pisos tutelados para personas mayores, que han sido construidos por el Ivima y gestiona la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General del Mayor.

Los pisos cuentan con 240 plazas para personas mayores de 65 años que puedan valerse en las actividades diarias pero que carecen de alojamiento estable, o el que tienen es inadecuado y no susceptible de reforma. En este momento se encuentran ocupados 54 pisos con un total de 92 usuarios que en su mayoría son mujeres (53 por ciento). Las edades mayoritarias oscilan entre los 65 y los 70 años, y la mayoría están casados.

Los pisos tutelados cuentan con servicio de conserjería durante las 24 horas, todos los días del año, además de tener el dispositivo de teleasistencia. Por otro lado, los usuarios disponen de un trabajador social que les presta apoyo personal y social. El alojamiento es gratuito para el usuario, que sólo se hace cargo de los gastos de agua, luz y teléfono.

VIDA AUTÓNOMA

Elorriaga destacó durante su intervención la importancia de este tipo de recursos que posibilitan a las personas de más edad el desarrollo de una vida autónoma el mayor tiempo posible así como el mantenimiento de un entorno normalizado. Los pisos tutelados de Torrejón han pasado a formar parte de la red de recursos para personas mayores de la Comunidad de Madrid que cuenta con 15.947 plazas residenciales y 416 en pisos.

Además de los de Torrejón, la Comunidad cuenta con otros 50 pisos similares en Usera, 24 en el madrileño barrio de Chueca y 14 en Villaverde. El presupuesto para la atención a los mayores -en centros residenciales, centros de día, pisos tutelados, programas de respiro familiar o servicios como teleasistencia y ayuda a domicilio- asciende este año a 412 millones de euros, lo que representa un 12 por ciento de incremento respecto a 2004. enlace a la noticia

 
 
 
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