BOLETÍN DEL 03 DE MAYO DE 2006
 
 
España y vivienda
 
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España y vivienda
 
EL MAL DE MARBELLA
Almendron.com - 24 de abril de 2006
 
El peor problema que tiene ahora nuestro país ya no es la cuestión terrorista, hoy en vías de solución, ni tampoco la cuestión territorial, un falso problema inventado para manipular la agenda en interés de la clase política autonómica, sino la cuestión urbanística. Con esto me refiero al doble problema que supone en términos reales el boom de la construcción (pues en nuestro país se construyen más viviendas que en el resto de Europa occidental), y en términos virtuales, la espiral especulativa que encarece artificialmente el mercado inmobiliario.

Y es el más grave problema nacional por cuatro razones. La primera es económica, pues nuestro modelo de desarrollo está gravemente desequilibrado por la hipertrofia de la construcción como único monocultivo nacional, lo que incrementa la inflación, reduce la productividad, y detrae capitales y recursos humanos que deberían invertirse en otros sectores más competitivos, convirtiendo a nuestra economía en comercialmente deficitaria y tecnológicamente subdesarrollada.

La segunda razón es social, pues la inflación de la burbuja especulativa eleva artificialmente el precio de la vivienda hasta hacerla inaccesible para jóvenes, mujeres e inmigrantes. Así se constituye un círculo vicioso, pues la continua revalorización del mercado hace que todos aspiren a convertirse en propietarios dada la carestía relativa del alquiler, hasta el punto de que nuestro país ostenta el récord europeo de tenencia de la vivienda en régimen de propiedad, superando el 90% del total. Todo lo cual termina por bloquear las oportunidades de emancipación, pues así como en el resto de Europa jóvenes y mujeres se emancipan de sus padres y maridos gracias al mercado de alquiler, en España no pueden hacerlo, obligados como están a tener que hipotecarse para poder comprar. Y dada la precariedad del mercado laboral, los jóvenes deben esperar hasta los 30 años para poder emanciparse ejerciendo su derecho a formar familia, a la vez que las mujeres no pueden hacerlo por sí solas pues necesitan vincularse a sus parejas de las que dependen para financiar las hipotecas, lo que se agrava sobremanera para los inmigrantes a causa de su sobreexplotación salarial.

La tercera razón es ecológica, pues el suelo de una parte creciente del territorio español se está viendo gravemente deteriorado como consecuencia de las destructivas secuelas de su acelerada urbanización, que ciega para siempre su capacidad de renovación sostenible.

En quince años de especulación urbanística y boom inmobiliario, la totalidad de la costa mediterránea, ambos archipiélagos y las áreas metropolitanas de las grandes urbes han sufrido un descontrolado proceso de urbanización salvaje que ha destruido su suelo de forma irreversible. Y el proceso continúa su crecimiento imparable, sembrando el terreno de urbanizaciones, campos de golf, anillos de autopistas, parques temáticos y megacentros comerciales, sin que el Ministerio de Medio Ambiente pueda hacer nada para regular y ordenar tan incontrolado proceso, pues las competencias sobre la ordenación del territorio están atribuidas por la Constitución a las comunidades autónomas en exclusiva, y la Ley del Suelo en vigor autoriza a las comunidades locales a urbanizar el suelo sin ningún control.

Así se plantea lo que se conoce desde el célebre artículo de Garrett Hardin como “tragedia de los espacios comunes” (Sciencie, número 162, 1968), que determina la progresiva intensificación del uso del suelo hasta su agotamiento final por obra del acceso público incontrolado. En su última obra, Colapso (Debate, 2006), el prestigioso geógrafo Jared Diamond ha vuelto a recurrir al modelo de Hardin para explicar el colapso de los ecosistemas sociales a causa de la intensificación indiscriminada del uso competitivo del suelo. Pues bien, a este paso, y si alguien no lo detiene a tiempo, puede augurarse un grave colapso del medio ambiente español como consecuencia de la intensificación urbanizadora del suelo.

Y la cuarta razón es política, pues la burbuja especulativa que hincha el boom inmobiliario está realimentada en última instancia por la financiación clandestina de los partidos políticos que controlan las haciendas locales con la potestad de recalificar el suelo urbanizable elevando artificialmente su precio. De esta auténtica máquina de hacer dinero procede tanto la ingente cifra sumergida de dinero negro, en poder de los patrimonios privados cuyo efecto riqueza escapa al control del fisco, como el enorme volumen de opaco dinero sucio creado por la corrupción política y canalizado por las redes clientelares de los constructores urbanísticos y los promotores inmobiliarios.

Para explicarlo, nada mejor que recordar la ecuación de Klitgaard, que afirma: “Corrupción = Monopolio decisión + Arbitrariedad decisor - Responsabilidad decisor”. Y, en efecto, hay corrupción urbanística, porque la decisión de recalificar el suelo es monopolio del poder local; porque los ediles recalifican el suelo a discreción, en un limbo de inseguridad jurídica; y porque lo hacen en un clima de patente impunidad, sin que nadie controle ni fiscalice sus decisiones. Es el cáncer político de lo que cabe llamar el mal de Marbella (o mal de Madrid, si recordamos la compra de sus últimas elecciones autonómicas gracias al transfuguismo de dos diputados venales), cuya metástasis se está extendiendo vía efecto demostración por todos los municipios españoles cualquiera que sea el color político de sus ediles, pues todos quedan impunes. Y la peor secuela de todas es que este mal de Marbella llegue a convertirse en el síndrome incivil de todos los españoles, dispuestos a consentir de buen grado la corrupción de sus gobernantes locales y autonómicos con tal de que se revaloricen sus patrimonios inmobiliarios.

Pues bien, resolver la cuestión urbanística sí es tarea digna de un héroe quijotesco que pretenda arreglar España, como desearía Zapatero.

Lo malo es que parece imposible hacerlo, pues para eso no basta con reformar la Ley del Suelo, sino que hace falta modificar la Constitución para que el Estado central recupere su competencia plena sobre la coordinación urbanística del territorio nacional en su conjunto, que nunca debió perder. Pues uno de los peores efectos perversos de la actual deriva autonómica, entre otros muchos, es la feroz competencia entre los poderes territoriales concurrentes por ver quién urbaniza a mayor escala el suelo sobre el que dispone de monopolio jurisdiccional: algo que, de creer a Diamond, no sólo va a destruir el medio ambiente, sino que puede además precipitar a nuestro sistema en un auténtico colapso social. Piénsese, para imaginarlo, en lo que sería de nuestro país si de pronto estallase la burbuja inmobiliaria: se detendría el crecimiento económico, huirían los capitales desde la construcción hacia los paraísos fiscales, quedarían en paro un millón de inmigrantes y la clase media española se sentiría súbitamente empobrecida, iniciándose una sombría etapa de agudo conflicto social.

Por Enrique Gil Calvo, profesor titular de Sociología de la Complutense (EL PAÍS, 24/04/06).

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'PÁSALO' ALTERNATIVO
El Periódico de Catalunya - 29 de abril de 2006
 
Una convocatoria anima en internet a los jóvenes a sentarse en plazas de 50 ciudades para reivindicar el acceso a la vivienda

Primero fue el macrobotellón y ahora una sentada para protestar contra los altos precios de la vivienda. Los jóvenes españoles vuelven a ser convocados de manera anónima. Pero esta vez, en lugar de beber alcohol en la calle, la protesta se formará con un propósito diferente: los jóvenes se sentarán el domingo 14 de mayo en plazas de 50 ciudades españolas para rechazar la especulación inmobiliaria.

A Barcelona y Madrid se han sumado otras ciudades como Valencia, Sevilla, A Coruña, Bilbao, Zaragoza, Salamanca, Oviedo y muchas otras localidades que celebrarán la protesta a las cinco de la tarde en sus principales plazas. En Barcelona, la convocatoria, que no se ha comunicado a la Administración, se realizará en la plaza de Catalunya. La manifestación ha sido difundida por las principales páginas de internet que promocionaron el macrobotellón del pasado 17 de marzo, pero otras organizaciones ajenas a aquella convocatoria han apoyado la sentada que "provocará que se oiga la voz de los jóvenes", según un texto publicado por la página web Indymedia.

Sin banderas

Hasta ayer, 83 organizaciones juveniles y asociaciones que reivindican el derecho a una vivienda asequible manifestaron su apoyo a la realización de esta protesta a través de un apartado abierto en Wikipedia, la enciclopedia de internet más popular.

Una de ellas, la plataforma Vivienda Digna, reivindica la protesta "con sentido social" de los españoles y se distancia de los vacíos actos del macrobotellón. "Comenzamos a recibir correos a principios de abril. Todos invitaban a los jóvenes a movilizarse por motivos más útiles que el macrobotellón", explica Yolanda Rodríguez, portavoz de la asociación Vivienda Digna. "Y el problema de los elevados precios de los pisos --agregó Rodríguez-- es lo que nos debe mover porque nos afecta a todos. Muchos jóvenes tenemos que destinar más de la mitad de nuestro sueldo al alquiler o a la hipoteca". Los organizadores han expuesto un extenso decálogo de recomendaciones para quienes se manifiesten el próximo 14 de mayo. Entre ellas, no llevar banderas de ningún territorio ni alusiones a ideologías o partidos políticos. También sugieren a los manifestantes llevar DNI y les recuerdan sus derechos en caso de ser detenidos. Los organizadores recomiendan llevar cámaras de fotos y vídeo para registrar posibles abusos policiales.

Como recuerdan los organizadores, la manifestación no requiere permiso gubernativa, pero sí una comunicación previa. Hasta ahora, la policía no ha recibido ninguna notificación de manifestaciones ese día, según informaron ayer los Mossos d' Esquadra.

Preparación de consignas

Los organizadores de la protesta también intentan facilitar el trabajo creativo a los manifestantes. Por ello, sugieren llevar pancartas que luzcan consignas como Impuesto de Acaparación ¡ya!, No compres, alquila o tu ruina estará servida, Que no hipotequen tu vida y Contra la especulación, expropiación. La lista de sugerencias de consignas también está colgada en internet.

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LA VIÑETA: NO SE ENCUENTRA
Redacción PVD - 28 de abril de 2006
 
 
Navegando por la red nos hemos encontrado esta simpática página "no encontrada":



Prueba tu mismo a pinchar en el enlace

 
 
LIBRO GRATUITO: EL CIELO ESTÁ ENLADRILLADO
Indymedia Barcelona - 27 de abril de 2006
 
Libro gratuito sobre la violencia inmobiliaria y urbanística. Autor: Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística. Ediciones Bellaterra.

- Si eres una pensionista víctima del mobbing inmobiliario

- Si no sabes cómo pagar el aumento de alquiler

-Si la hipoteca de tu piso te hace imposible llegar a fin de mes

- Si tienes 25 años y no puedes irte de casa de tus padres

- Si estás bajo amenaza de desahucio por la presión inmobiliaria

- Si te desalojan y condenan por okupar un espacio

- Si te amenazan, te agreden, te precarizan la vida para tener una casa

- Si hace tiempo que piensas que tener una casa donde vivir es un lujo para privilegiados...

- Si ya no reconoces tu ciudad porque sólo hay oficinas y centros comerciales y museos muy modernos

- Si ya no recuerdas que calle significa sitio donde pasear y plaza lugar donde encontrarse

- Si el centro de tu ciudad se ha convertido en un parque temático pasto de turistas cámara en ristre

- Si la Administración te comunica tu próxima expropiación debido a un plan urbanístico del que nada sabes, nada puedes decir

- Si vives en una ciudad saturada, cara, clonada, sobre la que no puedes opinar, en la que no puedes construir, decidir, ni usar nada sin pagar

- Si hace tiempo que piensas que una ciudad es simplemente un sitio hostil donde trabajar, dormir, consumir...

- Si te pasa una de estas cosas o varias a la vez, entonces es que sufres de violencia inmobiliaria y urbanística.

- Y si el cielo está enladrillado...



DESCARGA AQUÍ EL TEXTO COMPLETO Y DE LIBRE DISTRIBUCIÓN

Mira también: http://www.el-refugioesjo.net/foro

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MÁS DE 50 AYUNTAMIENTOS ESTÁN BAJO SOSPECHA POR CORRUPCIÓN
El Confidencial - 27 de abril de 2006
 
 
“SOS, SOS... SOS”. El viejo código morse ha vuelto a funcionar. Pero ahora ya no alerta sobre barcos a la deriva o peligros inminentes para la navegación. Ahora, su uso ha comenzado a extenderse por Internet, donde aumenta el número de asociaciones de vecinos que piden ayuda para acabar con las tropelías urbanísticas de sus ayuntamientos.

“SOS, SOS... SOS. Somos una agrupación de vecinos de la villa pontevedresa de La Estrada que necesitamos desesperadamente ayuda por parte de todo el mundo con el fin de que no se llegue a aprobar por parte de la Xunta el plan de ordenación municipal... Es un auténtico abuso”.

El SOS está colgado de la Red desde hace casi un mes, pero mucho más tiempo llevan denunciando la misma situación los vecinos de Espartinas, en Sevilla, donde las sospechas de corrupción urbanística han llegado a los tribunales. El colectivo Ciudadan@s de Espartinas denuncia la corrupción municipal y las ramificaciones de la ‘Operación Malaya’ en Marbella, Murcia, Madrid y la propia localidad sevillana, donde se pretenden recalificar 20 hectáreas de suelo rústico en favor de una empresa cuyo administrador único es el concejal de urbanismo.

El asunto está en los tribunales, como otros muchos que recorren la geografía nacional de norte a sur; de este a oeste. En total, y haciendo únicamente acopio de los casos más relevantes -que por su transcendencia han saltado a los medios de comunicación-, la Justicia investiga a concejales y alcaldes de más de medio centenar de municipios españoles, en la mayoría de los casos por cohecho (cobrar cantidades ilegalmente) o prevariación (dictar normas ilícitas a sabiendas).

Los presuntos casos de corrupción se han extendido como una mancha de aceite, principalmente en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Pero también en la Comunidad de Madrid o Galicia. Las corporaciones locales de Orihuela, Torrevieja, Mijas, Manilva, Los Alcázares, Lorca, Aguilas, San Javier, Sanlúcar la Mayor, Umbrete, Almuñécar o Camas están en el ojo del huracán, así como las de Nerja, Torremolinos, Punta Umbría, Fuengirola, Gibraleón, Las Rozas, Majadahonda, Alcorcón, Jimena de la Frontera, Cullera o Villanueva del Trabuco.

Canarias, protagonista del último escándalo

El último caso conocido es el de Candelaria Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), detenida en el marco de la llamada ‘Operación Faycan’, que investiga una trama de supuesta corrupción por el cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas. Otra concejal del mismo municipio fue detenida hace unos días.

Estas detenciones no son, desde luego, un caso aislado. El Congreso estudia en estos momentos una propuesta de Izquierda Unida destinada a pactar una especie de código de buen gobierno en los ayuntamientos españoles de cara a las próximas elecciones municipales, que deben celebrarse en mayo del año próximo. La propuesta cuenta con el apoyo inicial del Partido Socialista, con algunos de sus alcaldes implicados presuntamente en casos de corrupción, principalmente en Murcia y Andalucía.

Fuera de España, el Parlamento Europeo estudia 15 quejas contra el Estado español por corrupción urbanística, principalmente en la Comunidad Valenciana.

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61% de españoles cree que hay corrupción en sus localidades
Expansión.com - 26 de abril de 2006
 
El escándalo Marbella, aireado el pasado mes marzo tras la puesta en marcha de la denominada Operación Malaya, no parece un caso aislado, de presunto soborno y pago de comisiones entre autoridades municipales y empresarios vinculados al negocio urbanístico y de la construcción.

Al menos para una significativa mayoría de españoles. El 61% de los ciudadanos, según un sondeo realizado por Expansión-Ipsos entre los días 7 y 9 de abril, dos semanas después de las primeras detenciones de la cúpula municipal marbellí, se muestran convencidos de la existencia de prácticas delictivas entre las autoridades locales e interlocutores del sector privado en su propia localidad de residencia.

La percepción de presuntas irregularidades en el ámbito municipal resulta mayor entre los hombres –un 64,8%–, que en las mujeres, con un 57,7%. De igual forma, esta denuncia es más intensa entre los españoles inmersos en las franjas de edad de 18 a 34 años –69,2%– y de 35 a 54 años –65,5%–, y entre quienes declaran tener un nivel de ingresos medio y medio alto. En cambio, esa crítica es prácticamente la misma si se atiende a los estudios de los encuestados. Sólo las respuestas de los ciudadanos de un rango académico bajo se sitúan por debajo del 60%: en el 57,3%.

Ese estado de opinión, además, se propaga casi con la misma onda expansiva entre simpatizantes socilistas y populares, y entre las distintas regiones españolas. Tan sólo seis puntos distancian las respuestas de votantes del PSOE en las últimas elecciones generales –62%–, de los que trasladaron su respaldo al PP en los comicios de 2004: 56%.

Por comunidades, aunque se trata de datos parciales por ser un estudio de ámbito nacional, Aragón (71%), Cantabria (70,5%), Galicia (67,5%) y Navarra (67,3%), lideran una clasificación que cierran, por este orden, Rioja (54,8%); Castilla la Mancha (52,2%), y Asturias, donde la masa crítica se sitúa en el 45,7%.

La visión de la gestión municipal de los españoles constata que, a los ojos de la ciudadanía, el caso Marbella no es aislado y que, lejos de ser un “cáncer que hay que extirpar”, como insisten en recalcar las autoridades municipales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el diagnóstico se asemeja más a una metástasis. No en vano, el negocio urbanístico, que, en la partida de la liquidación conjunta de 2003 de los más de 8.000 ayuntamientos de toda España, representa el 3,39% de sus ingresos totales, por enajenación de inversiones reales de suelo, supera en realidad la cuarta parte de los recursos financieros. En concreto, el 26%, si a la mera cesión de terrenos se suma los impuestos directos e indirectos relacionados con la construcción y el urbanismo. Una práctica, la de “captar ingresos para elevar las arcas fiscales” de los municipios, que “está presente” en las decisiones de los Gobiernos locales, según fuentes jurídicas con vínculos profesionales y de asesoramiento en los ayuntamientos.

Sin duda por esta percepción social, y por el descrédito político que se ha instalado en la opinión pública tras los acontecimientos en Marbella, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha exigido la inclusión de un plan anticorrupción, a través de mecanismos de corresponsabilidad fiscal, como contrapartida a la previsible elevación del umbral financiero actual de las corporaciones locales que se negocia, desde ayer, entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la FEMP, en paralelo a las reformas económicas regionales.

Esta apuesta por el municipalismo del Gabinete Zapatero, que ha reservado un sillón propio a los municipios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es, a juicio de los expertos, una “solución idónea” para resolver la deuda histórica de los ayuntamientos, valorada en más de 60.000 millones de euros por la FEMP, y nutrir las arcas locales con un nivel de recursos adecuado, para “evitar la tentación de acudir a la recalificación de suelo”.

Igualmente, recomiendan concretar “un pacto político” nacional, que acabe con los intentos y vaivenes legislativos de reconducir la normativa del suelo, para impedir movimientos especulativos. El Ejecutivo de Aznar estudió una reforma para restaurar las competencias del Estado sobre suelo, que no llegó a buen puerto.

En este sentido, sigue vigente la doctrina del Constitucional de 1997, que asignó las competencias en materia urbanística a las autonomías y el desarrollo de su planeamiento a las corporaciones locales. En lo que la sociedad civil también parece convenir es en la necesidad de incorporar reformas penales –algunos letrados hablan de incluir la figura del delito urbanístico– o, al menos, mayores dotaciones y medios para combatir esta lacra.

El 71% de los encuestados –67% votantes del PSOE, y 73% del PP– dice no tener “confianza” en los métodos de lucha contra la corrupción.

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El Congreso aprobó iniciativa de IU contra la corrupción
Glocalia.com - 26 de abril de 2006
 
 
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción en la que, frente a los fenómenos de corrupción urbanística, se aboga por reforzar las incompatibilidades de los altos cargos municipales y por diseñar un proyecto de Ley del Suelo contra la especulación.

El texto aprobado tiene su origen en una moción propuesta por IU-ICV al hilo de los casos de Marbella, Canarias y el Levante, en la que se pedía un Pacto anticorrupción urbanística de todas las fuerzas políticas, que implicase un amplio catálogo de medidas, incluyendo la revisión del delito de prevaricación, la creación de fiscalías anticorrupción en cada una de las comunidades autónomas afectadas por este fenómeno y una "moratoria" de construcción en las zonas "saturadas" por la edificación.

Finalmente, el texto aprobado insta al Gobierno a estudiar en el presente año reformas legales "para regular incompatibilidades de los altos cargos de gobiernos municipales en relación con responsabilidades empresariales o profesionales, de nivel directivo, vinculadas a la construcción y el urbanismo".

Igualmente, se aboga por un proyecto de ley del suelo que garantice los derechos de los ciudadanos frente a la especulación, que establezca una valoración del suelo que no incorpore expectativas de revalorización y que dote a las planificaciones urbanísticas de directrices de sostenibilidad.

Por último, se aboga por "potenciar y reforzar los medios materiales y personales de la Judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas de seguridad dirigidos a combatir los delitos contra la ordenación del territorio y contra la Administración pública, especialmente en las zonas del territorio más afectadas por tales actividades delictivas".

La “operación Malaya”

Con estas medidas, se espera que casos como el ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella no vuelvan a suceder. El pasado 29 de marzo, una larga investigación judicial ponía contra las cuerdas al Ayuntamiento de Málaga.

La alcaldesa, Marisol Yagüe, la primer teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y el asesor municipal de urbanismo, Juan Antonio Roca, eran detenidos, junto a una veintena más de personas, como los 'cabecillas' de una trama de corrupción que englobaba los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias...

Después de que un juez de Marbella decretara prisión incondicional para las cabezas visibles de la operación, El Gobierno acordó, en una medida sin precedentes en la democracia, disolver el Consistorio marbellí ante las "gravísimas imputaciones judiciales que pesan sobre sus miembros.

Una gestora, compuesta por seis miembros del PSOE, seis del PP, dos de IU y otros dos de PA, y presidida por el abogado Diego Martín, gobierna Marbella desde el pasado día 21 y hasta las elecciones municipales de 2006.

El pleno, que se reunirá al menos una vez al mes, incluye entre sus cometidos la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo, de gestión urbanística y de proyectos de urbanización, la concesión de cualquier tipo de autorización o licencia y las contrataciones y concesiones.

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25 fiscales delitos de corrupción, urbanismo y medioambiente
La Almenara - 21 de abril de 2006
 
 
El Consejo de Ministros recibió el pasado 7 de abril un Informe del Ministro de Justicia sobre la creación de veinticinco nuevas plazas de fiscales: dos de apoyo al fiscal de sala de medio ambiente y urbanismo; diecisiete para los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las Comunidades Autónomas especializados en dicha materia y seis más para actuar como delegados de la Fiscalía especial anticorrupción. Estas plazas entrarán en funcionamiento el próximo junio.

La creación de estas veinticinco plazas de fiscales responde a la decisión del Gobierno de "luchar contra episodios como el recientemente ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella". Los casos de corrupción --señala el Ejecutivo-- implican la desviación de los fines de la actividad pública para beneficio particular y atentan contra los principios sobre los que se sustenta la convivencia democrática". Por ello, consideran que "este tipo de conductas delictivas debe ser combatido con todas las herramientas con que cuenta el Estado de Derecho". Estos nombramientos se producen apenas cuatro meses después de que se creara la figura del fiscal coordinador de medio ambiente y urbanismo de primera categoría adscrita a la Fiscalía General del Estado. A esta medida se une el Real Decreto del pasado 24 de marzo por el que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala a Antonio Vercher Noriega y se le nombra coordinador de medio ambiente y urbanismo.

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Una crítica constructiva a la sentada por una vivienda digna
La Tercera Ola (España y Vivienda) - 25 de abril de 2006
 
Recientemente, y como réplica de las protestas juveniles en Francia por la nueva ley del contrato de primer empleo, ha aparecido en la red una convocatoria para el domingo 14 de Mayo con el título “Sentada por una vivienda digna“. Circula por internet un correo electrónico con este texto:

Hola a todos.

Sé que este correo electrónico se puede parecer a muchos de los que circulan por la red pero no es cierto. Este correo está siendo enviado por toda España para reivindicar nuestros derechos. Hemos asistido durante el mes de marzo a la convocatoria de multitudinarios macrobotellones, esta convocatoria es diferente.

En Francia, los jóvenes protestan por la “modificación” de los contratos basura. Muchas voces han sido las que se han quejado en este país porque los jóvenes no hacían nada. Pues bien, ¿se lo vamos a demostrar?

El domingo, 14 de Mayo a las 17:00 horas, sentada en… (aquí aparece una lista de ciudades y puntos de encuentro)

Queremos todos una vivienda digna, una vivienda en la que podamos vivir y fundar nuestras familias sin estar destinando más del 50% de nuestro sueldo para pagarla. Si de verdad te importa tu futuro… ¿estarás allí sentado con tus colegas?

Esta convocatoria no ha sido convocada por ningún partido político, simplemente es la demostración de como la juventud española puede unirse para conseguir sus propósitos. Por eso se aconseja que no se lleven banderas que representen territorios o ideologías.

Todo comenzó con una cadena de mensajes reenviados, hasta que Escolar cogió la idea, la publicitó en su web y añadió una wiki en su servidor para organizar la protesta. Gracias a ese empuje parece que a día de hoy hay convocadas sentadas en casi todas las capitales de provincia.

Desde estas líneas quiero hacer una crítica constructiva a la idea, porque me temo que, aunque la convocatoria fuera un éxito, por este camino no conseguiremos que nadie se tome en serio el drama del precio de la vivienda. El primer fallo radica en el motivo de la protesta: ¿es para demostrar que los jóvenes españoles piensan en algo más que en el botellón o su objetivo es realmente presionar para que alguien tome medidas en cuanto al problema de los precios de las viviendas?. Aunque parece que el acto se fundamenta más bien en la primera razón supondremos que no es así, y que realmente queremos mejorar este problema.

En la wiki de Escolar han tomado como referencia un texto de la Asociación por una Vivienda Digna, donde tienen un manifiesto y una lista larguísima de propuestas. En mi opinión, lo mejor es identificar a unos organismos con responsabilidad en el tema, elegir tres o cuatro propuestas o ideas fuerza y no dar tregua hasta que consigamos que las acepten.

Se podría hacer una lista interminable de por qué los pisos cuestan 4 o 6 veces su valor y los alquileres están a precios imposibles. Los expertos pondrán el acento en unas u otras causas. Sin embargo, creo que cualquier ciudadano normal puede identificar algunas de ellas:

1. Toda la sociedad se ha puesto de acuerdo en que la única inversión rentable son los pisos, y que alquilar no merece la pena. En el momento en que los propietarios usan las viviendas para especular y no para habitarlas se produce una escalada veloz de los precios.

2. Como consecuencia del punto anterior son muchas las viviendas desocupadas en España (más de 3 millones según el INE).

3. Los bancos otorgan hipotecas cada vez más largas a personas que no tienen sueldos suficientemente altos para afrontarlas y vivir con tranquilidad. Además, recientemente han aparecido empresas que se aprovechan de familias ahogadas por las deudas, ofreciéndoles un alivio del problema a corto plazo, pero obligándoles a endeudarse más a largo plazo. A esto lo han denominado eufemísticamente reunificación de deudas.

4. En la última década han proliferado las agencias inmobiliarias, y han ido animando progresivamente a los vendedores a subir los precios, sobretodo en zonas donde las casas eran muy baratas.

5. Los incentivos fiscales, la rápida revalorización y los alquileres caros hacen que muchas personas o familias se decanten por comprar una vivienda, aunque sea a precios exorbitantes, antes que alquilar una. Sin embargo, en otros países europeos la población tiende más hacia el alquiler.

6. La cantidad de dinero negro que circula relacionado con la vivienda.

7. Etc. etc. etc….

Utilizando una lista como la anterior es sencillo identificar a los responsables de esta situación, para poder elegir ante quién vamos a protestar:

1. La sociedad, pero no es posible protestar contra ella en general.

2. Los bancos y agencias inmobiliarias. Tampoco podemos dirigirnos a ellos, porque se limitan a obtener los máximos beneficios dentro de las leyes vigentes. Podemos forzarles a cambiar su comportamiento cambiando las leyes que rigen sus negocios.

3. Los propietarios de pisos vacíos y las personas que especulan con la vivienda, pero es imposible identificarlos y al igual que los bancos también juegan dentro de la ley.

4. Las administraciones autonómicas y los partidos que gestionan o que han gestionado las competencias en materia de vivienda (PSOE, PP, CiU, IU, PNV, ERC, BNG, CC, etc.). Todos han permitido que se haga especulación con pisos tanto libres como de protección oficial.

5. Los ayuntamientos y los partidos que los gestionan por usar el suelo y las recalificaciones como elemento de recaudación y como herramienta de juego político-económico.

6. El gobierno central, por permitir y fomentar con sus leyes e incentivos fiscales que no sea rentable vivir de alquiler, que haya un porcentaje muy alto de viviendas desocupadas y por no controlar la evasión de impuestos y el dinero negro que circula gracias a la especulación inmobiliaria. Mientras muchos ciudadanos se forran otros muchos viven una auténtica pesadilla.

A partir de esta lista de responsables queda bastante claro que el camino más efectivo es la presión directa a las administraciones central, autonómica y local, para que modifiquen las leyes que sea necesario y que cambien su política en el tema de vivienda. Así conseguiremos que otros, por ejemplo bancos y agencias inmobiliarias, varíen su comportamiento al mismo tiempo.

Y para esta campaña concreta, podríamos centrarnos en tres o cuatro propuestas específicas, y no parar de generar acciones reivindicativas hasta que se acepten. Podrían ser:

1. Obligar mediante ley a todos los propietarios a tener ocupadas (alquiladas) todas las viviendas que haya vacías en España. El que elija dejarla vacía que pague unos impuestos fortísimos de penalización. Con esta medida lograríamos reducir drásticamente el precio de los alquileres y, por lo tanto, el de las viviendas.

2. Poner, mediante ley, un techo a la deuda que una persona puede adquirir en España. Si los bancos y cajas no pueden vender hipotecas tan largas que supongan al cliente pagar porcentajes tan altos de su sueldo se venderán menos pisos y los precios bajarán.

3. Exigir mediante ley a todos los gobiernos autonómicos y ayuntamientos que cuando un piso de protección oficial se quede vacío sea la administración que ha realizado la promoción la que recompre ese piso y lo vuelva a adjudicar, a precio oficial, a otra persona o familia de la lista. Así evitaremos la especulación a costa de los pisos protegidos.

4. Generar un clima informativo que desaconseje comprar viviendas a precios tan caros, debido al riesgo de una bajada masiva de precios. Muchas personas no se arriesgarán a comprar si hay un clima mediático de pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Esto haría descender la demanda y, por lo tanto, bajar los precios.

Estas son sólo cuatro propuestas-ejemplo, pero deberían mejorarse o proponer otras alternativas y con mayor fundamento. La idea central radica en que lo más efectivo es elegir unas pocas, realizar una agitación masiva en la red mediante blogs, portales, foros y correo electrónico, y generar, sin organizaciones ni jerarquías, manifestaciones, huelgas y protestas en centros de trabajo, universidades, calles y plazas durante un tiempo continuado. Lo único que puede hacer que los gobiernos se tomen en serio problemas ciudadanos graves como el precio de la vivienda es que peligre su posición: que vean el riesgo de desgaste electoral y que tengan en frente a la ciudadanía cabreada y protestando.

Desde este pequeño rincón de la red lanzo esta crítica. Espero que el debate continúe y que más y más gente se anime a luchar para frenar este auténtico drama, que está ahogando a millones de personas y que hipoteca el futuro de muchos. Continuemos la agitación y el swarming civil no tardará en aparecer.

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'Okupar y crear un centro social es una actividad política'
Endica Zulueta Sansebastián (Abogado) (Movimientos Sociales - Okupación) - 19 de enero de 2006
 
 
La reciente ratificación, por la Audiencia Provincial de Madrid, de la absolución de los encausados por la okupación del Centro Social El Laboratorio 03, es una más de las sentencias favorables a las okupaciones. Entrevista a Endika Zulueta, de Madrid, y Jaume Asens, de Barcelona.

ENTREVISTA // ENDIKA ZULUETA Y JAUME ASENS, DOS ABOGADOS DEFENSORES DE ESTE MOVIMIENTO

“Okupar y crear un Centro Social es una actividad política, no un delito”

DIAGONAL: ¿Qué implica esta absolución?

ENDIKA ZULUETA: Se amplía la llamada jurisprudencia menor, la que crean las audiencias provinciales –la jurisprudencia mayor la genera el Tribunal Supremo, pero este tipo de asuntos no llega a esa instancia–. No es una jurisprudencia que obligue a los juzgados a su aplicación, pero son antecedentes que los jueces deben tener en cuenta. En este caso se nos dice por la Audiencia Provincial que el okupar una casa abandonada y crear un centro social (C. S.) es una actividad política, no un delito. Hemos encontrado, ante una legislación que parecía cerrada, un hueco. El mensaje que el legislativo mandaba desde 1995 era la criminalización de la okupación. Ahora queda en que un cierto tipo de okupación es delito, pero la okupación para crear C. S., no. Esto, a través de las resoluciones, va calando y puede ir relajando la coacción a la que se somete al movimiento social. Y animar a más personas a realizar ese tipo de actividades.

JAUME ASENS: En Barcelona ya ha habido una serie de sentencias en la misma línea a partir del año 1996, que han ido restringiendo el ámbito de aplicación del tipo penal, exigiendo en base a interpretaciones más benévolas, que concurran ciertos requisitos o circunstancias para sancionar la okupación. Y esto es en parte por la presión, las movilizaciones, la solidaridad de los ámbitos más afines al movimiento de okupación, pero también de otros movimientos, partidos y sindicatos. Eso ha afectado al mundo de la justicia, un poco como con la insumisión, en que cada vez los jueces iban interpretando el tipo penal de forma más favorable para el movimiento. Básicamente, la interpretación es que tiene que haber un uso efectivo y real de la posesión por parte de la propiedad: las casas abandonadas quedan fuera. En Cataluña, la sentencia más significativa fue en 2003, la del Cine Princesa, de la Audiencia Provincial. Supuso un giro: textualmente la sentencia dice que la orden de desalojo no sólo era antijurídica e ilegítima, sino que representaba un funcionamiento anormal de los servicios públicos, y por tanto, no había ninguna obligación de cumplimiento por parte de los okupantes penalmente relevante, por tanto absolvía del delito de resistencia, desobediencia y usurpación, en base a que el desalojo era ilegal, ya que lo tenía que haber ordenado un juzgado de lo civil, y no uno de instrucción. También ha habido avances importantes en la resolución de recursos a través de autos que han acotado mucho las posibilidades de las órdenes de desalojos cautelares. Son tan importantes las absoluciones como impedir que se produzcan los desalojos en la fase de instrucción del proceso penal, que es el gran peligro.

D.: ¿Qué balance se puede hacer de esta serie de sentencias?

J.A.: En los últimos años ha habido un movimiento tanto en la judicatura como, en mucha menor medida, en la Fiscalía. Se ha ido imponiendo un criterio mayoritario que ha ido superando la reacción inicial más conservadora. Nos queda el temor a que esto llegue al Tribunal Constitucional, lo que podría ser más perjudicial que beneficioso, vista su actual composición. Podría acabar definiendo el tipo penal de una forma más amplia y perderíamos todo este avance. A nivel de la Fiscalía, la incidencia social también ha dado frutos. En Cataluña, sobre todo por la asociación minoritaria Fiscales Progresistas, que ha atemperado el criterio mayoritario de la Fiscalía General del Estado.

E.Z.: Si estas sentencias se siguen repitiendo, y así parece, los jueces se lo deberían pensar dos veces. Pero como se sabe que es un delito político, los jueces también tienen una postura política al respecto. Adoptan posturas políticas personales, como lo hacen en cualquier otra actuación, pero aquí es mucho más evidente.

D.: ¿Hay posibilidad de un cambio en el ordenamiento jurídico que termine con la criminalización de la okupación?

E. Z.: Creo que no, el cambio ha sido pasar de no ser delito a serlo. El proceso es al revés, en todo: cada vez más se criminalizan comportamientos que hasta hace poco eran impunes. Y en los ámbitos de los movimientos sociales, más aún. Hay jueces que con buen sentido dicen que esto se está pasando de la raya y no están dejando que actividades como ésta, pública, pacífica, manifestada y abierta, sean consideradas delito. Pero de ahí a que el legislativo dé marcha atrás..., sería el primer país del mundo en despenalizar algo desde el 11 de septiembre.

J.A.: El contexto represivo es fuerte. Hay una actitud inmovilista del Gobierno y del partido de la oposición que no hace previsible dicho cambio a corto o medio plazo. Tampoco hay ninguna división entre ellos que facilite una apertura parcial, o modificación de las oportunidades políticas de la protesta en el ámbito institucional. El cambio, a nivel político, se puede producir, pero en el ámbito autonómico o municipal, porque las alianzas políticas son menos beligerantes, en parte por la presencia de otros partidos. Se debe destacar el inmovilismo del PSOE.

D.: ¿Cuáles serían las estrategias jurídicas de defensa de la okupación más exitosas?

E.Z.: No hay una estrategia clara. Cada okupación, incluso cada época, requiere una respuesta diferente e imaginativa. Recordemos por qué hay denuncia: el propietario considera que le han vulnerado un bien, la posesión del inmueble. Ahora bien, la única posesión que se defiende en el ámbito penal es la sometida a una agresión muy grave, para el resto están los ámbitos civiles. Y tiene que ser una posesión socialmente manifiesta o reconocida. Esto vale para todas las okupaciones. Según esta línea jurídica, si la casa está en situación de abandono, la okupación no es delictiva. Otra línea de defensa es que solamente es delictiva la okupación si hay pretensión de quedarse en la casa, intencionalidad de morar. Lo que permanece en un C. S. son las actividades, y la gente que las realiza es la que rota. Una de las estrategias para los C. S. han sido las autoinculpaciones, pero esto ‘funciona’ según las fuerzas que tiene cada uno detrás; en los C. S. con mucho apoyo, con gran actividad continua y real. En las casas para vivienda, éstas no tienen sentido. La estrategia tiene que variar, por ejemplo, negar que se está okupando. En el Laboratorio 02, los 300 autoinculpados reconocían en sus declaraciones que hacían vida en la casa, pero vida social, ya que moraban en otra. A petición del propio fiscal, que reconoció que no es delictivo, se archivó. En el Laboratorio 03 esto no se consiguió, pero se logró demostrar el estado de abandono del edificio. Es un poco paradójico, porque la práctica es que el juzgado que instruye el sumario ordena el desalojo, pero cuando se llega al juicio, se absuelve a los y las okupantes.

J.A.: Ahora el movimiento en Barcelona está en un momento de consolidación, tiene menos visibilidad mediática, hay menos espacios de confrontación como movimiento de okupación, que se ha diluido más en otros movimientos sociales –contra la guerra, etcétera–. Se ha hecho más plural, perdiendo un poco esa identidad más cerrada o identitaria que tenía hacia el año 1998, y ahora hay muchas realidades y las estrategias se diversifican. Cada vez son más los juicios que se ganan en lo penal y nos llevan a lo civil, como es el caso de Can Masdeu, el año pasado. Intentamos parar el juicio y el desalojo con la presentación de tres iniciativas jurídicas: una denuncia penal contra la propiedad; una acción de tutela administrativa, solicitando al Ayuntamiento la expropiación; y una demanda por enriquecimiento injusto contra la propiedad, reclamándoles 40.000 euros, en concepto de mejoras de la finca, para denunciar la situación de abandono anterior. Y llegamos a juicio: la primera vez que se enjuicia la propiedad por el mal uso del inmueble.

enlace entrevista 1

enlace entrevista 2

e-mail Endika Zulueta: endika@nodo50.org

 
 
¿A punto de regularse las entidades arbitrales en España?
Derecho.com - 25 de abril de 2006
 
 
El jueves 16 de Febrero, el diario EXPANSIÓN informaba sobre arbitraje en el ámbito inmobiliario residencial con este titular “Los desahucios de los pisos se resolverán con Arbitraje”. El asunto está causando un gran revuelo.

El artículo es un breve repaso al asunto de los alquileres residenciales en España como consecuencia del denominado Plan Nacional de Alquiler Garantizado (PNAG) al que parece ser que se han adherido 12.000 propietarios y 500 inmobiliarias.

El título del plan puede sugerir en la mente de muchos lectores que el Estado es el autor del PNAG. No lo es. El autor del plan es una entidad arbitral privada y es, por lo tanto, un plan de arbitraje privado en el ámbito inmobiliario concretamente enfocado al mercado de alquiler que el Estado desea promocionar y está promocionando activamente pero no bajo nombre de "Plan Nacional de Alquiler Garantizado".

El Ministerio de Vivienda promociona el mercado de alquiler residencial a través de la Sociedad Pública de Alquiler, un organismo dependiente del Ministerio, creado por el Consejo de Ministros en Abril de 2005 y responsable de fomentar el alquiler residencial en el país a tenor de lo establecido en el Plan de Vivienda 2005-2008 que si es un plan del Gobierno pero que no es un plan de arbitraje inmobiliario privado.

En resumen, hay un plan del Gobierno, el Plan de Vivienda 2005-2008, y un plan de arbitraje privado (PNAG) que nada tiene que ver con el Gobierno. El artículo en EXPANSIÓN explica que el PNAG es efectivamente una iniciativa privada ajena al Gobierno.

“De hecho, más de 12.000 propietarios de toda España han puesto ya en alquiler sus inmuebles a través del PNAG, una iniciativa privada desarrollada específicamente por la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, organismo arbitral con funciones de interés público y competencias en todo el territorio español encargado de gestionarlo.”

Que la iniciativa privada denominada PNAG es una iniciativa ajena al Gobierno queda abundantemente claro cuando el artículo indica “que desde el Ministerio de Vivienda no se está apoyando esta iniciativa”. A renglón seguido el artículo también indica que “fuentes del departamento ministerial que dirige María Antonia Trujillo admitieron que el Gobierno no participa en el proyecto”.

La resolución extrajudicial de disputas entre arrendador y arrendatario no forma parte del REAL DECRETO 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. No hay en este Real Decreto ni una sola referencia al arbitraje, o a la mediación, como métodos extrajudiciales para la resolución de conflictos. De hecho las palabras "conflicto", "disputa", "arbitraje" o "extrajudicial" no aparecen en en texto del Decreto.

El 13 de Julio de 2005, el Ministerio de Vivienda presenta el Plan de Vivienda 2005-2008. De nuevo el documento de presentación del Plan de Vivienda no hace referencia en ninguna de sus 40 páginas a la resolución extrajudicial de conflictos.

Ya en última instancia consultamos el portal de la Sociedad Pública de Alquiler. Hemos consultado la totalidad del portal con cuatro criterios de búsqueda, "arbitraje/conflicto/disputa/extrajudicial". Esto es lo que hay y dónde lo hay y no hay más, ni en "enlaces de interés" ni en ningún otro sitio:

Las ventajas del alquiler desde el Programa SPAVIV: propietario

6. La Sociedad Pública de Alquiler actuará como intermediario entre propietario e inquilino ante cualquier problemática entre ambas partes. Abriéndose así la posibilidad de resolver los conflictos de manera amistosa evitando las molestias de tener que acudir a los Tribunales.

Ventajas del alquiler desde el punto de vista del programa SPAVIV: inquilino

2. Mientras dure su contrato con la Sociedad Pública de Alquiler se contará con el respaldo de un equipo de profesionales que velará por el bienestar del inquilino y el buen estado de la vivienda:

La Sociedad actuará como mediadora en caso de conflicto con el propietario.

Preguntas frecuentes sobre el programa SPAVIV: propietario

23. En caso de conflicto ¿cuál es la jurisdicción aplicable?

La jurisdicción aplicable queda determinada en el contrato entre el propietario y la Sociedad Pública de Alquiler. Al ser un contrato de alquiler entre propietario e inquilino, la legislación a aplicar será la Legislación Civil y Mercantil.

En principio, el Programa SPAVIV aboga por la resolución amistosa de los problemas entre el propietario y el inquilino. Si no fuera posible, las partes acuerdan con la firma del contrato que la solución a todas las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir con motivo de la interpretación o el cumplimiento del presente contrato a los Jueces y Tribunales del lugar donde está ubicada la vivienda objeto del contrato.

NOTA: obsérvese que en las "preguntas frecuentes" para el propietario NO aparece la palabra "arbitraje".

Preguntas frecuentes sobre el programa SPAVIV: inquilino

43. En caso de conflicto ¿cuál es la jurisdicción aplicable?

El contrato firmado por el propietario y el inquilino es un contrato de arrendamiento regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994 de 24 de noviembre).

La Sociedad aboga por la utilización de tribunales de arbitraje, allí donde estén disponibles. En el resto de casos, las partes acuerdan con la firma del contrato que la solución a todas las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir con motivo de la interpretación o el cumplimiento del presente contrato a los Jueces y Tribunales del lugar donde está ubicada la vivienda objeto del contrato.

Tareas a llevar a cabo por los miembros seleccionados como Agentes Colaboradores de la Red de la Sociedad Pública de Alquiler

Los agentes colaboradores, entre otras actuaciones, deberán mediar entre inquilino y propietario para buscar acuerdos en caso de conflicto, tendrán que gestionar las incidencias cuando no estén cubiertas por el seguro, y tendrán que dar servicio de atención tanto al inquilino como al propietario en aras de conseguir y mantener una sana relación contractual entre ellos.

Simple y llanamente no hay una entidad arbitral con apoyo expreso ni del Ministerio de Vivienda ni de la Sociedad Pública de Alquiler. Si hubiese un apoyo expreso lo sabríamos todos a través de la prensa porque semejante logro --si se hubiese producido-- hubiese sido objeto de notas de prensa institucionales y de artículos posteriores en la prensa de todo el país. Sin embargo lo más notable es que no hay una estrategia de arbitraje o mediación ni por parte del Ministerio ni por parte de la Sociedad Pública de Alquiler más allá de la mención sobre su uso "allí donde esté disponible".

¿Por qué no apoya el Gobierno a esta corte arbitral que está "ahí disponible"? No lo sabemos porque el Gobierno no lo ha explicado. Sabemos que esta corte es una entidad sin ánimo de lucro –el artículo en Expansión dice que la corte es de “interés público”. Al no tener ánimo de lucro el Gobierno no puede arremeter contra ella porque tiene derecho hoy, tal y como está redactada la ley española de arbitraje, a ofrecer servicios de arbitraje en cualquier materia civil o mercantil. El Gobierno, por lo tanto, parece haberse limitado a no apoyar su iniciativa.

Hasta aquí este asunto. Ahora reflexionemos brevemente sobre arbitraje inmobiliario en general. En primer lugar, nunca hay que olvidar cuando se alquila una casa a través de una inmobiliaria que quien alquila no es el cliente; el cliente es el propietario de la vivienda. Esto es lógico y es la función de una inmobiliaria, cualquier inmobiliaria.

¿Qué le preocupa al propietario de una vivienda?, que le paguen el alquiler en plazo, que no se haga un uso indebido del inmueble y que no le destrocen la vivienda. No le importa mucho más. Como consecuencia de estas preocupaciones, la práctica totalidad del "marketing" del arbitraje inmobiliario en España se dirige al propietario del inmueble con un eje central y descarado “desahucio rápido y barato del moroso”. ¿Por qué?, porque es el arrendador quien propone el contrato y le gusta la idea del arbitraje en defensa de sus intereses. Esta y no otra es la meta del arbitraje inmobiliario. ¿O es que alguien ha visto algún titular o campaña de marketing en materia de arbitraje inmobiliario que se dirija al arrendatario?, algo que diga “no pague su alquiler y arbitre hasta que el dueño del piso le pinte el piso o le reemplace la caldera”. Con semejante eslogan a favor del arrendatario nadie pondría su piso en alquiler, pero no hay empacho en irse al otro extremo, a la esquina del arrendador y venderle a él el arbitraje con eslóganes que asustarían a cualquier arrendatario.

La realidad es que la defensa en arbitraje de los derechos del arrendatario es marginal en comparación con el esfuerzo que se realiza para que el arrendador opte por incluir una cláusula de arbitraje en el contrato de alquiler. Los contratos van a llevar incorporada la cláusula de arbitraje le guste al inquilino o no.

Estamos ante un arbitraje entre particulares en el que un particular puede imponer a otro la cláusula de arbitraje como condición necesaria de alquiler y ya veremos lo que tardamos en ver a un abogado argumentar que esta es una cláusula abusiva y no libremente pactada o con pleno conocimiento de lo que se pacta. Y, por supuesto, ya veremos lo que deciden los jueces si esto llega a suceder.

Centrémonos un momento en el asunto de pleno conocimiento de lo se pacta entre particulares. El PNAG no es la única opción de arbitraje inmobiliario en España. Hay otras entidades operando e interesadas en este ámbito concreto. Inmobiliarias y propietarios estarán escuchando sus ofertas ya que son distintas porque no hay ningún criterio establecido por ley que estandarice el arbitraje inmobiliario o la forma de prestar este servicio. Ninguno. Esto complica enormemente el conocimiento de deberes y derechos de la parte a la que se le impone el arbitraje. A la pregunta de un juez a un arrendatario cuando se proceda a su lanzamiento porque haya perdido un arbitraje por impago de rentas, "¿usted sabe lo que ha firmado?, ¿sabe lo que es el arbitraje?", casi seguro que la respuesta va a ser una respuesta incoherente y deshilvanada. Si la pregunta se la hace el Juez al propietario la respuesta va a ser probablemente bastante más hilvanada, "El arbitraje es la forma rápida y barata de echar de mi casa a la gente que no paga porque usted [o los tribunales] es muy lento. Esto es lo que me dijeron". En otras palabras, el propietario tiene meridianamente claro para qué "sirve" el arbitraje.

Nada se regula hasta que mueve dinero en cantidades apreciables. Acordémonos de las empresas de trabajo temporal. Surgieron a cientos y ya quedan pocas; quedan las que han sido capaces de adaptarse a leyes y convenios rigurosísimos hoy día. En materia de arbitraje va a suceder lo mismo y va a salpicar a las entidades arbitrales mercantiles.

Aventuramos que ni éste ni ningún Gobierno va a apoyar una iniciativa privada en este ámbito por poco ánimo de lucro que tenga. Lo que es probable que suceda a medio plazo es que las entidades arbitrales queden reguladas férreamente y prácticamente ninguna entidad arbitral en España estaría en condiciones de operar y prestar servicios si se exigiese unos mínimos de solvencia, transparencia en la forma del deber de ofrecer información financiera y operativa objetiva y verificable, deontología demostrada y aplicada, listas abiertas actualizadas y formación profesional de todos los árbitros sin excepción y su formación continua. Tengamos en cuenta que no estamos hablando de arbitraje mercantil; esto es arbitraje entre particulares y las exigencias de solvencia, de transparencia y de deber de información para una entidad arbitral que desee operar en el ámbito civil deben ser extraordinarias. Deben serlo y hoy no lo son.

Al final vamos a ver que el arbitraje va a resultar ser un método extrajudicial del que hay que proteger al usuario, al consumidor, al arrendatario. Tiempo al tiempo. Esto ha sucedido en jurisdicciones más avanzadas en esta materia que España y aquí va a llegar. De momento ya tenemos un aviso del Gobierno –es más, tenemos dos avisos. El primer aviso lo ha dado alto y claro recientemente y es dificultar extraordinariamente el arbitraje de consumo distinto del INC por los abusos que se han cometido en este ámbito y de los que es consciente por admisión propia. El segundo aviso es no apoyar a un proyecto arbitral en materia inmobiliaria y manifestarlo expresamente a un medio de comunicación de prestigio.

Las situaciones de probable abuso tienen fácil solución. En materia de arbitraje inmobiliario, que es un arbitraje entre particulares, el arbitraje sólo debe permitirse cuando, surgida la disputa, ambas partes deseen someterse expresa y libremente al arbitraje de una corte, cualquier corte. Es en ese momento cuando la corte arbitral ha de informar a las partes sobre las ventajas de su arbitraje y convencerles que sus costas merecen la pena. ¿No es el arbitraje más barato, rápido, comprensible, especializado...? Pues que lo expliquen cuando ambas partes están muy atentas y en disposición de escuchar explicaciones detalladas. Esta es la única manera de garantizar que las partes saben en qué se meten porque ya se cuidarán mucho de recabar información antes de arbitrar su disputa. Este proceder no sería lógico ni deseable en el arbitraje mercantil o supondría una especie de retroceso a la antigua ley española de arbitraje de 22 de Diciembre del '53 que no concebía el pacto previo a la disputa. El ámbito civil es muy distinto. Además, estamos convencidos que las cortes arbitrales que operan en el ámbito civil aplaudirían a rabiar una iniciativa de esta naturaleza por parte del Gobierno ya que les ofrecería la tan deseada oportunidad de explicarse y explicar las indudables ventajas del arbitraje cuando todos están atentos.

Hay una pregunta que queda sin resolver de momento: ¿qué quiere el Gobierno en materia de arbitraje inmobiliario? Está claro que quiere el arbitraje pero no basta con querer el concepto de arbitraje; habrá que desarrollarlo para este ámbito concreto, ¿no? Lo cierto es que de momento al Gobierno no le gusta lo que ve o no le acaba de convencer y que puede y es probable que acabe con la simpleza de ir al registro para constituir una sociedad sin ánimo de lucro y sin más ofrecer servicios arbitrales ya que hoy no hace falta más requisito y a cualquier adulto se le ocurre que la forma jurídica de ofrecer un servicio no es garantía en si misma de nada en absoluto. Esto el Gobierno lo tiene claro o apoyaría sin más a las entidades "de interés público" en este ámbito solamente con que se lo pidan. Lo piden y la respuesta dependiendo de la entidad ha venido siendo (i) el silencio, (ii) no, (iii) ten mucho cuidado.

Visto lo visto, no sería de extrañar que estemos en la antesala de la regulación de entidades arbitrales en España. Con este panorama vamos a celebrar el próximo mes el segundo aniversario de la entrada en vigor de la ley española de arbitraje.

José Antonio García Álvaro. Director Arbitraje y Mediación (ARyME). Marzo 2006.

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Urbis dice aumento precio vivienda es ya a nivel inflacción
Terra - 27 de abril de 2006
 
 
El ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda en España se ha reducido ya a niveles de la inflación y, en algunos sitios, especialmente en zonas costeras, está incluso por debajo, dijo hoy el presidente de Inmobiliaria Urbis, Antonio Trueba.

Para el presidente de esta sociedad, controlada por Banesto y participada por ACS, es una tendencia 'clara' del mercado residencial, en el que se aprecia una desaceleración en los ritmos de la demanda y la creación de excedentes de pisos, lo que obligará a muchos promotores a retirarse en el futuro.

No obstante, aseguró hoy, tras la celebración de la junta general de accionistas de Inmobiliaria Urbis, que 'es muy peligroso decir' que esa situación podría llevar a una crisis, y sólo afectará a los promotores 'más débiles' del mercado, de cuya retirada se aprovecharán empresas más solventes.

Pese a la desaceleración en el crecimiento de los precios de la vivienda libre, que los promotores sitúan por debajo de un 12% de las estadísticas del Ministerio de Vivienda, Trueba apuntó al valor de suelo en España como el principal responsable del encarecimiento del mercado residencial.

'El drama de España es el coste de suelo', recalcó Trueba, quien no espera 'nada' de la nueva Ley del Suelo que prepara el Gobierno porque la solución del problema pasa por disponer de mucho más suelo edificable.

En España, el suelo representa un 60% del precio final de la vivienda frente a un 20% de EEUU, el segundo mercado de expansión exterior de Urbis tras Portugal, y donde se iniciará con la promoción de unos 300 apartamentos en Florida, asociado a la empresa local Key International.

Urbis estudia también otros mercados europeos -Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Polonia- donde invertir o promover, aunque no tiene previsto ningún proyecto a corto plazo, ni tampoco la compra de una empresa extranjera, porque 'los actuales precios no interesan'.

El objetivo principal de la compañía es el desarrollo en el mercado nacional, del que posee una cuota de apenas un 1%, por lo que 'la capacidad de crecimiento es enorme', señaló Trueba.

'En España seguirá habiendo una buena demanda estructural de primera residencia a precios asequibles' frente al descenso de la de viviendas de lujo y turística, agregó.

Trueba se mostró convencido de que Urbis está 'bien posicionada para afrontar los retos del futuro' y prevé vender más de 5.000 unidades en 2008 frente a los 3.400 de 2005, alcanzar vetas de suelo superiores a los 100 millones de euros anuales y mantener crecimientos sostenibles en promoción de más del 10%.

La junta general de accionistas de Urbis aprobó hoy el pago de un dividendo complementario de 0,14 euros brutos por título, a lo que destinará 17,86 millones de euros, que se suma a los 0,22 euros repartidos en el pasado mes de enero, con una cantidad de 28,07 millones a cuenta de los resultados de 2005.

De esta forma, el dividendo total de Urbis correspondiente al ejercicio 2005 será de 0,36 euros brutos por acción, lo que supondrá un desembolso de 45,9 millones de euros.

El resto del beneficio se destinará al incremento de las reservas voluntarias (111,2 millones) y a reservas para inversiones en Canarias (15,5 millones).

La junta aprobó también ampliar de 12 a 13 el número de consejeros y nombrar para el nuevo puesto a Miguel Boyer Salvador, además de reelegir a otros cuatro miembros de su máximo órgano: Antonio García Ferrer, Santiago Foncillas, Juan Manuel Delibes y Pedro Pablo Arechabaleta Mota.

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España construye en 13 años 1/3 del suelo de su historia
El Confidencial - 26 de abril de 2006
 
 
La mancha de cemento avanza. Y lo hace a un ritmo espectacular. Entre 1987 y el año 2000, el territorio urbanizado en España equivale ya a la superficie total de la provincia de Guipúzcoa: 2.000 kilómetros cuadrados. O dicho de otro modo, el territorio ocupado por el ladrillo ha crecido un 29,5% entre ambas fechas. Es decir, en tan sólo trece años se ha construido prácticamente un tercio de lo que se ha levantado en toda la Historia de España y que aún permanece en pie.

Estos son los datos más representativos del informe que publicará en los próximos días el Observatorio de la Sostenibilidad en España, en el que participa la comunidad científica desde una óptica multidisciplinar.

El informe, patrocinado por diversas instituciones públicas, llama la atención sobre el deterioro que está sufriendo el litoral español -principalmente el mediterráneo-, pero también algunas zonas del interior, donde el uso del espacio físico con fines urbanísticos se ha acelerado en los últimos años. En concreto, algo más de 200.000 hectáreas han dejado de ser zonas agrícolas para convertirse en urbanas.

Murcia, a la cabeza

El informe pone de manifiesto la existencia de cinco comunidades autónomas -gobernadas en estos momentos por el Partido Popular- en las que la superficie construida ha crecido de una manera más intensa. A la cabeza de todas ellas está Murcia, donde el terreno urbanizado ha crecido más de un 63% entre 1987 y el año 2000. A continuación se encuentra la Comunidad Valenciana, con un incremento del 50%, mientras que en Madrid, Navarra y Baleares el aumento ha sido superior al 40%, es decir, casi diez puntos por encima de la media registrada en el conjunto del Estado. La provincia de Barcelona, sin embargo, es la que cuenta con mayor grado de superficie urbanizada en España, consecuencia de su alta densidad de población.

La información sobre el territorio artificializado (que incluye todo tipo de usos urbanos) ha sido posible conocerla gracias al programa de Corine Land Cover -patrocinado por la Unión Europea- y que, en síntesis, supone la utilización de fotografías aéreas realizadas desde distintos satélites, lo que permite una enorme precisión a la hora de medir superficies ocupadas por el ladrillo. Según Isidro López, uno de los técnicos que han participado en la realización del informe, el fuerte aumento de la superficie urbanizada se debe a la “peculiar” estructura económica española, que ha basado su patrón de crecimiento en el turismo y la construcción, lo que ha acabado por configurar una nueva realidad territorial.

Desaparición de los pueblos ‘redondos’

Si hasta hace pocos años España se caracterizaba por la existencia de un tejido urbano compactado -salvo en la cornisa cantábrica-, en los últimos tiempos se ha intensificado la constitución de núcleos de población dispersos. Alejados del centro de la ciudad o del municipio de referencia. Un cambio cualitativo que hay que vincularlo a la función económica que ha adquirido el urbanismo como consecuencia de la población. Es decir, están desapareciendo a pasos agigantados los pueblos ‘redondos’ construidos alrededor de la iglesia o del centro de la urbe.

Según los autores del informe, el mayor aumento de la superficie urbanizada no puede justificarse por la mayor presión demográfica, ya que tanto en España como en la Unión Europea (de 15 miembros) la superficie urbanizada ha crecido mucho más rápidamente que la población (seis veces superior en España y tres en la UE).

Macrourbanizaciones de costa

El informe llama la atención sobre lo que está ocurriendo en algunas zonas costeras, principalmente en Alicante, Málaga y, en menor medida, Valencia, donde las zonas sin urbanizar a menos de un kilómetro del espacio marítimo son prácticamente inexistentes.

Este fuerte aumento de la superficie urbanizada se ha realizado, principalmente, a expensas de zonas de pastizales y terreno para uso agrícola, ya que la superficie de bosques y de matorral boscoso ha permanecido constante, en torno a las 237.000 hectáreas.

El conjunto de espacio urbanizado por el hombre representa el 2% del territorio total de España, unos 10.000 kilómetros cuadrados. Dicho en otros términos, es como si todos los españoles hubieran levantado sus construcciones en una provincia de las dimensiones de Huelva. El resto estaría aún sin urbanizar.

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El 'gen propietario' español
El Periódico de Catalunya - 30 de abril de 2006
 
 
La obsesión por comprar pisos es peligrosa cuando el petróleo y los tipos suben como ahora

Uno de los caminos más apasionantes de la actual investigación genética trata de vincular rasgos y patologías humanas con algún gen de nuestro ADN (intolerancia al gluten, la corea de Huntington, el síndrome de Prader-Willi, algunas demencias seniles y determinados procesos cancerosos). Quizá los economistas y sociólogos podemos emplear también este enfoque para intentar explicar algunas patologías curiosas del comportamiento de los españoles respecto de la vivienda. Patologías que no se dan, al menos con la misma intensidad, en el resto de los países europeos y desarrollados. Una de ellas es la conocida proclividad de los españoles a acumular viviendas. Somos el país que más viviendas tiene por habitante. En pura estadística, a cada hogar le corresponden 1,5 viviendas. Además, preferimos de forma absolutamente mayoritaria residir en vivienda de propiedad que en régimen de alquiler. El alquiler es residual y hasta está mal visto en nuestro país. En ningún otro sucede lo mismo. Esto da lugar al fenómeno tan español de la bi-residencialidad, es decir, de las segundas residencias. Es otra de nuestras grandes pasiones relacionadas con la vivienda. De hecho, se podría dividir a los españoles en dos grandes grupos: los que ya tienen segundas (y terceras) residencias y los que aspiran a tenerlas. Llevados por este afán, vamos llenando de cemento y ladrillo todas nuestras costas, valles y montañas. Esto nos obliga además a una movilidad de fin de semana que nos hace parecer hormigas estresadas que afanosamente van de un lado a otro, gastando energía, tiempo y dinero. Otro rasgo relacionado con la vivienda que también cabe calificar de patológico es la preferencia absoluta por las hipotecas a tipo variable. En España, prácticamente el 98% de las hipotecas son a tipo variable. Esto no sucede en ningún otro país de nuestro entorno económico y cultural. Y lo que me resulta aún más extraño: según los últimos datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de enero pasado casi 20.000 hipotecas han introducido cambios en sus condiciones y, ¡sorpresa!, la mitad de esos cambios han sido para pasar de tipo fijo a variable. Me cuesta entenderlo. Parece como si siguiésemos con la inercia de tipos bajos, sin darnos cuenta de que la situación ha comenzado a cambiar y seguirá cambiando. Vistas así las cosas, es como si los españoles tuviéramos un gen diferencial. Un gen propietario, que nos hace proclives a vivir en vivienda de propiedad, a concentrar nuestra riqueza en la inversión inmobiliaria, y a contratar hipotecas a tipo variable.

SIN EMBARGO, no hay que recurrir a la genética. No hay misterio alguno. Basta con examinar los efectos que la política de vivienda ha tenido a lo largo del tiempo en la creación de estas patologías. De hecho, no siempre fue así. En el año 1960 las viviendas principales en propiedad significaban el 50%, y las de alquiler el 43%. Es decir, las cosas estaban bastante equilibradas. Pero el control de alquileres, la fiscalidad favorable a la compra y la financiación del desarrollo español durante el franquismo mediante inflación han producido ese comportamiento. En situaciones de elevada inflación, los tipos de interés reales de los créditos hipotecarios (tipo de interés que figura en el contrato menos la inflación) acostumbran a ser negativos. Lo racional entonces es endeudarse para comprar y no el alquiler. Y más cuando las hipotecas son a tipo fijo. En estas condiciones el valor real de la cuota mensual a pagar disminuye tanto más rápidamente cuanto más elevada es la inflación. Lo más inteligente entonces es endeudarse para comprar, evitando el alquiler. En los últimos años la inflación se ha reducido. Pero los tipos de interés lo han hecho de forma más acusada. El resultado final ha sido el mismo: los tipos reales han sido negativos o cercanos a cero. Si a ello sumamos la fuerte expectativa de revalorización esperada de la vivienda, lo racional sigue siendo endeudarse para convertirse en propietario. Y no sólo para comprar la vivienda principal, sino también para comprar segundas residencias y viviendas como activos especulativos. Dado que más del 80% de las familias tienen su vivienda principal libre de cargas, tiene que haber mucha hipoteca en segundas residencias. Eso es lo que explica el fuerte endeudamiento de los últimos años.

LO QUE ES racional en una época puede dejar de serlo y convertirse en una patología peligrosa. La historia del ciclo económico de la vivienda en España desde los años 60 es ilustrativa: cuando el petróleo sube, los tipos de interés se elevan y aparece un problema de déficit en la balanza comercial. Entonces la demanda disminuye y los precios reales de la vivienda caen. La última vez que ocurrió fue en 1991, con la primera guerra del Golfo. El precio real de las viviendas bajó alrededor de un 25% entre 1992 y 1997. Pero parece que lo hemos olvidado. Los cuatro jinetes del Apocalipsis de la vivienda están comenzando a cabalgar de nuevo. El petróleo se encarece de forma duradera. Los tipos de interés han comenzado a subir. El déficit comercial es enorme. Y el cuarto elemento de riesgo adicional ahora es que todas las hipotecas son a tipo variable: la cuota mensual aumentará a medida que aumenten los tipos. Sólo si la inflación aumentara más se podría evitar ese efecto. Pero posiblemente el remedio sería peor que la enfermedad. El problema puede ser importante especialmente para los que están endeudados por la compra de su vivienda principal. Aún están a tiempo de protegerse. De hecho, algunas instituciones financieras comienzan a ofertar cambio de hipotecas a tipo fijo o mixto. Vale la pena tenerlo en cuenta.

Antón Costas. Catedrático de Economía de la UB

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Economía y laboral
 
ENDEUDADOS HASTA LAS CEJAS
El País - 30 de abril de 2006
 
 
Empezó dedicando sus fines de semana a ir al centro comercial. Luego necesitaba comprar a diario. Hasta que se sorprendió a sí misma escapando del trabajo para realizar pequeñas adquisiciones. Tirando de tarjeta de crédito, daba rienda suelta al creciente frenesí comprador. Pidió créditos rápidos. Y de ahí a un endeudamiento "gigantesco" del que no quiere recordar las cifras, pues va contra su terapia de olvido.

Susana tiene 37 años y es una ex adicta al consumo. Le echa en gran parte la culpa de su drama al mundo en que vivimos. Javier Garcés, psicólogo y presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales, dice que casos como el de Susana son la punta del iceberg. Casos muy extremos, sin duda, pero reveladores de una sociedad cada vez más consumista. Y cada vez más endeudada.

Ricardo Montoro no está de acuerdo. "No soy de los alarmistas sociales", dice este ex director del CIS. "España es consumista, sí, pero como la mayoría de las sociedades desarrolladas. El dinero está barato, hay empleo y los consumidores son bastante más racionales de lo que piensan los economistas". Gregorio Mayayo, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, añade: "Sólo a través del crédito se puede crecer en nuestras economías. La gente se endeuda porque puede. Es algo que está en función de la seguridad que uno tiene en el futuro".

Créditos rápidos, hipotecas a 50 años, reunificaciones de deudas... Proliferan las nuevas fórmulas de financiación. Jaime Caruana, gobernador del Banco de España, alertaba la semana pasada de los peligros de las hipotecas creativas, al tiempo que calificaba la situación de las familias españolas de "sólida". El endeudamiento de las familias españolas se ha triplicado en los últimos ocho años.

"El problema es que hemos pasado de la cultura del ahorro a la cultura del crédito", señala Fernando Herrero, vicepresidente de Adicae, asociación de usuarios de banca. "Ha sido un cambio muy rápido, y la cultura financiera de muchos consumidores españoles no está preparada para esas campañas agresivas que les dirigen".

La espiral de Juan

Juan entra en el bar situado frente a la casa de su madre apoyado en dos muletas. Tiene 35 años y trabaja de comercial en Huelva. Las ojeras después de su tratamiento contra la depresión ya van remitiendo. Éste es un patrón que se repite en muchos de los casos de endeudamiento severo: un accidente imprevisto, en el origen, y un tratamiento contra problemas psicológicos, al final del proceso.

¿Cómo vas a renunciar a tomar unas cervezas cuando sales desesperado de la vida de trabajar, después de 14 horas currando? ¿Cómo no vas invitar a tu novia a pasar su noche de cumpleaños en un parador? ¿Cómo no te vas a comprar la misma PDA que tiene ese comercial de tu oficina que cambia cada dos meses de móvil, si hace dos años que no actualizas el equipo? La suma de estas y otras tantas preguntas llevaron a Juan a meterse en una espiral del crédito. Pidió uno para el coche, otros tres créditos puente según se acumulaban las deudas -"vas desnudando un santo para vestir a otro"- y finalmente un préstamo de 36.000 euros para intentar taparlo todo. Cambió de casa, el banco le empezó a mandar requerimientos al antiguo domicilio; él sabía que los impagos se amontonaban, pero pensaba que ya se pondría el banco en contacto con él. Y llegó el día fatídico: ése en que se presentaron en casa de su novia (y avalista) para decir: "Hola, somos del juzgado, venimos a embargar la casa por una deuda impagada de Juan". Le quedaban 29.000 euros por cubrir de su espiral de deudas: si no pagaba 17.000, el banco no retiraba la demanda judicial.

"En el momento en que te planteas pedir un crédito para irte de vacaciones estás viviendo por encima de tus posibilidades", asume. "Los créditos te permiten vivir sin ceñirte tanto a tu realidad. Yo no entendía el significado de lo que es un quiero y no puedo".

Juan sigue pagando su crédito. Tuvo la suerte de que los amigos y la familia pudieran prestarle ayuda. Dejó el alquiler del apartamento de Huelva después de aquel resbalón en accidente laboral. Vive en una habitación llena de películas, pantallas de ordenador, gadgets y libros. En casa de su madre.

Vivimos días de frivolidad con el crédito, en particular entre los jóvenes, sostiene Javier Garcés, que dirigió el último informe europeo sobre adicción a las compras. Para los jóvenes, dice, el consumismo se ha transformado en una seña de identidad. "La clave de la actitud del consumidor es que toma la decisión de compra impulsivamente, en el centro comercial: no sabe a qué entra, pero acaba comprando. Alguno responde al impulso y se lleva un coche o un electrodoméstico". Antes no se podía; ahora, la tarjeta de crédito opera el milagro, aunque no se disponga de fondos. A los adictos a las compras (un 3% de la población europea) les hacen salir a darse una vuelta a la manzana del centro comercial cuando les entran las ganas de comprar. Y comprueban que, en 10 minutos, ese deseo imperioso se apaga. Lo último que hay que comprar impulsivamente, avisa Garcés, es un crédito: endeudarse es empobrecer el futuro.

Sólo un 7% de los que recurrieron a la financiación dicen que no volverían a financiar sus compras. De no recurrir a esta fórmula habrían hecho la mitad de compras. Lo dice la encuesta de crédito al consumo realizada por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) en febrero de 2005. Lo último que habían financiado los encuestados: el 22%, el coche; el 10%, la tele; otro 10%, el frigorífico.

A sus 43 años, Laura dice que su caso es un auténtico culebrón. Empezó a endeudarse a los 20 años: con vistas a la boda, y "para arrancar", un crédito personal al 21% de interés; para comprar una casa en régimen de cooperativa en San Sebastián de los Reyes, a las afueras de Madrid, una hipoteca a 15 años. Ella es auxiliar administrativa; su marido, funcionario. Se la tenían que entregar en dos años. Tardaron siete. Siete largos años viviendo en casa de la suegra.

Durante ese tiempo, por distintos problemas en la cooperativa, la casa pasa de valer 36.000 euros a 60.000, para lo cual tiene que pedir otro préstamo. Los ingresos familiares eran en ese momento de 1.100 euros (ella se dedicaba a cuidar de sus tres hijos y trabajaba sólo por temporadas) y con 720 cubrían los créditos. "Íbamos ajustados, pagábamos como podíamos", dice. Y les roban el coche. Las niñas iban a un colegio en el centro de Madrid, el que estaba cerca de casa de la suegra (con la que empezaron las primeras tensiones), y necesitaban un coche; pero, en su situación, ningún banco les quería dejar dinero. Y en eso les llega una carta a casa: le regalamos una semana de vacaciones si se une a nuestra fabulosa oferta de multipropiedad. Disfrutará de una semana de vacaciones en la playa al año. Por sólo 12.000 euros. Y la verdad es que ya tenían ganas de pasar una semana tomando el sol, después de tantos agobios para llegar a fin de mes. ¿Resultado? Después de un intento frustrado de conseguir un crédito de 18.000 euros que ayudara a matar dos pájaros de un tiro (coche y vacaciones), Laura se planta en el año 2000 con un nuevo crédito abierto por valor de 300 euros al mes para pagar por la multipropiedad. Una vez descontados los pagos que tiene que hacer cada mes para cubrir deudas le quedan 180 euros para vivir. "A partir de entonces empezó el infierno".

Seis mensualidades sin pagar la letra de la casa en multipropiedad desencadenan que empiecen los primeros trámites en el juzgado. El marido, que avaló a un compañero del trabajo, tiene parte de la nómina embargada para pagar por su compañero, que se declara insolvente. Y a Laura le anuncian que le van a embargar su parte proporcional de una vivienda familiar que ha heredado. Los hermanos se enteran de todo, la cosa se convierte en un problema familiar. "Menos mal que me engendraron con sentido del humor, porque era para suicidarse".

Bueno, pues a eso le siguieron dos años para renegociar una nueva hipoteca sobre la vivienda de San Sebastián de los Reyes. Los 30.000 euros que le quedaban por pagar en siete años se convirtieron en 54.000 a 15 años. Y con la venta de esa vivienda, vuelta a empezar. Adquieren un chalé de 200 metros cuadrados a 60 kilómetros de Madrid por 126.000 euros. Con la mala suerte de que, hace dos años, el marido sufre un accidente laboral que le supone una merma de sus ingresos en un 25%. Otros tres impagos. Entrada en los ficheros de morosos. Estrés, tratamiento por ansiedad. Nueva demanda en el juzgado. La casa a punto de salir a subasta. Y un día antes de que esto se produzca, la venden. Con la premura rebajan el precio en 18.000 euros, 12.000 se les van en abogados y entre gastos y cancelaciones pierden en total 42.000 euros.

Espiral de deudas

Al final de todo les quedaron 18.000 euros. ¿Y qué han hecho? Meterse en otra hipoteca. A 30 años. Los ingresos son de 1.100 euros y destinan 700 a la compra de vivienda. Los expertos recomiendan no destinar más de un tercio de la renta a estos fines.

Laura y su marido están ahora pendientes de que un tribunal dilucide la situación médica del marido para establecer los términos de su jubilación. Y tienen que tirar, cada mes un poquito, de los 18.000 euros que quedaron después de la debacle. ¿Qué han aprendido? Con infinita tranquilidad, Laura, abuela a sus 43 años, responde: "Estas cosas te sirven para tener una madurez, tu mente se vuelve más ágil; tanto tener que mirar e inventar, tanto tener que hacer teatro en las sucursales, en la vida...". ¿Hay una parte negativa? "Te queda el dolor, el desgaste mental y la sensación de desamparo".

Las asociaciones de consumidores reclaman con urgencia una ley sobre endeudamiento que evite dejar en una situación de quiebra a las familias. Medidas que eviten que alguien se pueda quedar en la calle, sin casa. Que la gente pueda suspender pagos como hacen las empresas y pueda renegociar su situación.

El 41% de los españoles recurre a la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes, según un informe de 2003 de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de casa, Consumidores y Usuarios.

A este mecanismo recurrió Santiago, sevillano, de 56 años, cuando le echaron de su empresa. Tras cuatro años en paro, cobrando 700 euros, empezó a contratar tarjetas de crédito rápido. Pidió un préstamo personal. Las deudas empezaron a acumularse: 1.000 euros es lo que tenía que pagar cada mes. No le quedó más salida que vender su piso. "Lo bueno de las tarjetas es que gastas sólo lo que necesitas, gastas para hacer tus compras. Además, cuando no tienes dinero ni piso, nadie te da crédito, pero tarjetas sí que te dan". La última la pidió a nombre de su esposa.

La deuda familiar se sitúa ahora por encima del 110% de la renta disponible; se gasta más de lo que se gana. En 1998, la tasa de endeudamiento estaba en torno al 50%. Carmen Hernán Sanz, economista del BBVA, asegura que los tipos seguirán subiendo, "pero será una subida suave y gradual". "En los próximos meses, el repunte del Euribor a un año no irá más allá del 3,70%".

Alberto tiene una carpeta azul con elásticos blancos que alberga su pequeño drama. Un drama pequeño para los demás, que no para él: el drama de los días en que se sintió engañado. Todas las facturas ordenadas cronológicamente, prendidas con clipes, con papelitos con anotaciones a bolígrafo: "Pagado. 19 mensualidades de 100". Saca las facturas y las despliega sobre el mantel descolorido, sin levantar la vista, las orejas gachas.

Mala suerte

Lo peor de todo es la vergüenza que se pasa. Ésa que te impide comentarlo con los amigos en el bar. La que le llevaba a contar que tenía un amigo que había pedido un crédito rápido y al que le había ido muy mal. Un amigo. La letra del coche del hijo, la del televisor, un crédito por devolver para los muebles del salón. Y de repente, una fractura de tobillo. Cuando trabajas como jardinero y haciendo chapuzas que te ayudan a completar tu sueldo de 750 euros, la fractura de tobillo se convierte en algo más que una mala noticia. Supone que los otros 750 euros que ganas, y con los que cuentas para saldar tus deudas, desaparecen. Hola, baja; adiós, trabajillos extra; bienvenido, señor problema. Las facturas que se acumulan. El banco que no te da más dinero porque aún no has terminado de pagar el préstamo de los muebles. Y de pronto, un anuncio en la tele: 3.000 euros en 24 horas. Bingo.

O no tanto. Después de dos años pagando 19 recibos de 100 euros y 10 de 85, Alberto llevaba abonados 2.750 euros. Y todavía seguía debiendo 2.139. El tipo de interés era del 24,6%. "Mis canarios están más contentos que yo, no tienen facturas que pagar".

"Lo que se cobra por algunos créditos rápidos es lo que antes llamaban usura", clama Fernando Herrero, vicepresidente de Adicae. Gregorio Izquierdo, del Instituto de Estudios Económicos, matiza: "Desempeñan un papel importante. Al ser el importe bajo y el peligro de morosidad más alto, es lógico que tengan un interés alto". El sector vive un auténtico auge. Phillipe Santini, director del Banco Sygma, cuenta que hace tres años sólo tenía tres competidores. Ahora son 10. La gran banca se ha lanzado a este mercado. El BBVA ha lanzado Dinero Express, una línea especialmente dirigida a los inmigrantes, y espera conceder 25.000 créditos en nueve meses.

Entre tantas historias tristes de endeudados emerge la de Olga, que, como muchos españoles, está feliz de la vida con su hipoteca. La acaba de ampliar, lo que le ha permitido conseguir un sueño: un apartamento en Villajoyosa (Alicante). Llevaba 14 años veraneando allí, en caravana, en el cámping Hércules. Pero este año la cosa será distinta, viendo el mar desde lo alto del acantilado en el que se ubica el estudio, comprado a medias con sus padres. Paga 850 euros al mes, incluyendo la hipoteca y la letra del coche. "No me paro a hacer cálculos porque, si no, no me compro nada", dice. "Pero no tengo la sensación de vivir endeudada".

Guía para no caer en el endeudamiento

LISTA DE CONSEJOS elaborados a partir de las recomendaciones de Adicae. Según esta asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorro y seguros, un aumento de un punto en los tipos de interés supondría 50.000 familias con problemas.

1) Tarjetas de crédito. Suelen cobrar intereses muy altos, hasta un 18%. Se recomienda agotar antes la vía del préstamo personal del banco (en torno al 5% o el 6%).

2) Hipotecas. Buscar y comparar mucho. Del 3,25 al 4,5% hay un gran salto. No contratar al límite de las posibilidades, mejor no destinar más del 30% de los ingresos a la compra de vivienda. Y tener en cuenta que en muchas hipotecas a 50 años, se puede uno tirar 25 años pagando sólo intereses. No hay que fijarse sólo en la cuota, también en el precio final.

3) Créditos rápidos. Valorar su necesidad, tienen tipos muy altos. Algunos llegan incluso al 25,6%. Pueden suponer pagar un 33% más del importe contratado.

4) Reunificaciones de deudas. Se paga una sola cuota. Pero es una forma de convertir deudas a corto plazo en deudas a largo. Es preciso tener en cuenta que pueden suponer costes de tramitación, formalización y cancelación. Los gastos de algunas empresas de refinanciación a veces son superiores a los 3.000 euros.

5) Planificar ingresos y gastos. Contar con las vacaciones, las navidades, los seguros, las matrículas y con los imprevistos: averías, dentista...

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EL EURIBOR MANTIENE SU SENDA ALCISTA EN ABRIL
Expansión.com - 28 de abril de 2006
 
 
Y podría tocar máximos de seis años

Esta nueva subida del euribor supone la séptima mensual consecutiva y el encarecimiento de la cuota que abonan los titulares de una hipoteca que tengan la revisión anual en las próximas semanas.

Tipos

El euribor anticipa los futuros movimientos del precio del dinero y los mercados se están adaptando paulatinamente a futuras subidas de los tipos de interés.

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos en el 2,5% en su última reunión, y el comunicado posterior sorprendió con un tono menos alcista de lo esperado. El gobierno del BCE no compartía la alta probabilidad que el mercado asignaba a una posible subida de tipos de interés en mayo.

Las expectativas de una subida de tipos en mayo se desvanecieron para darle más fuerza a la posibilidad de un incremento en junio.

Pero el euribor ha sufrido una aceleración en los últimos días por los comentarios realizados por diversos miembros del Banco Central Europeo sobre la imperiosa necesidad de seguir subiendo los tipos.

Perspectivas

En el mercado se baraja con un euribor a finales de año entre el 3,5% y el 4%. De hecho fue a principios del mes de marzo cuando rompió la barrera del 3%, coincidiendo con la última subida de tipos, y no ha parado desde entonces.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha quitado hierro a los incrementos del euribor. El político socialista ha argumentado que las recientes subidas se han producido con respecto a su mínimo histórico y ha destacado que está en niveles de hace dos años.

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Cuando sube el precio nos creemos ricos y gastamos más
ABC - 01 de mayo de 2006
 
 
Vicente J.Pallardó, el responsable del Observatorio dependiente de la Universitat de Valencia recuerda que el modelo económico valenciano y sus problemas son los mismos que los de España

Dtor. de Análisis del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional

VALENCIA. El análisis académico parte de la base de que «el modelo económico valenciano, al igual que sus problemas, son los mismos que en el resto de España».

-¿Qué diferencia a la Comunidad, que crece por debajo de la media nacional desde hace cuatro años?

-La particularidad de la región pasa porque su sector industrial tiene un mayor peso sobre el conjunto de su economía y está sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de un modelo desequilibrado que ha generado la excesiva dependencia de la construcción.

-Sin embargo, este sector, que es el más dinámico aparece en la mayoría de los análisis como el origen de todos los males.

-Por primera vez en cuatro décadas, tanto España como la Comunidad han eludido la crisis económica europea y han logrado crecer más, porque hemos sido los grandes beneficiados de la caída de los tipos de interés y del tirón de la construcción. Sin embargo, la dependencia de esto sector, que en cinco años ha aumentado su aportación al PIB valenciano en tres puntos, es nociva.

-En todo caso, el consumo interno continúa al alza.

-El consumo privado depende de la vivienda. Los constantes aumentos de precio provoca que nos creamos ricos, consumamos más y los bancos se fíen a la hora de prestarnos dinero. Todo ello genera inflación, pérdida de competitividad, déficit exterior y ausencia de inversiones productivas en la industria, porque, en apariencia, resulta mucho más rentable invertir en ladrillo.

-La industria ha entrado en caída libre, pero el crecimiento de la construcción parece que ya se ha ralentizado. Ante este panorama, ¿qué futuro le espera a la economía regional?

-Efectivamente, desde el Observatorio de la Facultad hemos detectado que la construcción se está ralentizando, pero esperamos que este proceso se produzca de forma progresiva. La clave pasa por que la industria recupere los cuatro puntos que ha perdido en cuanto a su aportación al PIB y apostar por la inversión en este sector para evitar que el desequilibrio actual se perpetúe.

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El precio de la vivienda dispara inversiones en extranjero
Telecinco - 01 de mayo de 2006
 
 
Los españoles invirtieron en el año 2005 un total de 1.524 millones de euros en comprar pisos en el extranjero, casi el doble que en 2004, según datos del Banco de España.

Si los extranjeros compran cada vez más casas en España, parece que los españoles tienden a hacer lo mismo fuera de nuestras fronteras. En el año 2004, los españoles destinaron a la adquisición de viviendas en el exterior un total de 781 millones de euros, duplicando los 388 millones de 2003.

Es decir, entre 2003 y 2005, se ha multiplicado por cuatro este capítulo inversor en el extranjero, consecuencia, entre otros factores, del encarecimiento de los pisos en España, que hacen más accesible la adquisición de segundas residencias fuera del territorio nacional.

No obstante, en 2006 se aprecia una cierta ralentización de las compras de pisos en el exterior, ya que en el mes de enero se han destinado a esta cuestión 63 millones de euros, exactamente la misma cuantía que hace un año.

En todo caso, las cifras siguen lejos de lo invertido por extranjeros para comprar pisos en España, que ascendió en 2005 a 5.538 millones de euros, pese a caer de forma notable desde los 6.650 millones de 2004 y los 7.072 millones de 2003, cuando se tocó techo.

Sólo en enero de 2006, los extranjeros se han gastado 384 millones de euros en comprar viviendas en España, seis millones más que en enero de 2005.

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Círculo propone eliminar ventajas fiscales compra vivienda
Terra - 28 de abril de 2006
 
 
El Círculo de Empresarios propuso hoy eliminar las ventajas fiscales a la compra de vivienda, que según esta asociación suponen un 'sesgo' en perjuicio del alquiler, elevan aún más los precios inmobiliarios y distorsionan la inversión, que se dirige más a este sector que al financiero.

En su último informe, titulado 'La mejora de la competitividad y la estructura impositiva española', el Círculo también propone un aumento de los impuestos indirectos, porque considera que España tiene aún margen para subir la tributación del consumo, cuatro puntos por debajo de la media europea.

El presidente del Círculo, Claudio Boada, y el responsable de Política Económica de la asociación, Fernando Eguidazu, presentaron hoy este informe, que también hace un análisis de la reforma fiscal propuesta por el Gobierno.

Aunque Eguidazu reconoció que la eliminación de las deducciones a la compra de vivienda tendría un importante coste político y sería difícilmente entendida por la sociedad, insistió en defenderla y añadió que debería ir unida a la resolución del verdadero 'problema de fondo': el alto precio del suelo, que supone el cincuenta por ciento del coste total de la vivienda.

A este respecto, el Círculo propone liberalizar el suelo, 'resolviendo el problema de financiación de los ayuntamientos', cuyas cuentas en buena medida dependen de la concesión de licencias.

La eliminación de las ventajas fiscales por la compra también acabaría, en opinión de esta asociación, con la 'distorsión de las decisiones de inversión', destinada sobre todo a los activos inmobiliarios, cuando en otros países las familias dividen sus ahorros entre la inversión financiera y la de vivienda.

Además, el informe critica el 'elevado' coste fiscal de las deducciones por compra de vivienda, que se prevé sea de 3.332 millones este año en el caso de la vivienda habitual.

Por otra parte, aunque el Círculo valora la reducción del Impuesto de Sociedades, la considera 'muy tímida', por ser sólo de cinco puntos y escalonada en el tiempo.

El informe critica además la eliminación de deducciones a las empresas pareja a la reducción del Impuesto, que en casos como los de I+D+i supone un mensaje 'desconcertante' al empresariado por parte del Gobierno, pues a un tiempo anima y desincentiva la inversión en este campo.

Según Eguidazu, España tiene actualmente un 'gravísimo problema', porque 'nos estamos quedando fuera del mercado' en materia de inversión directa extranjera e incluso de inversión española, y las empresas apuestan por instalarse en países con una fiscalidad más favorable.

En cuanto a la reforma del IRPF, Eguidazu consideró 'razonable' el aumento del mínimo exento, que ayuda a la incorporación en el mercado de trabajo, y también valoró la reducción del tipo máximo, que no obstante calificó de 'modesta'.

El informe señala que la reforma fiscal del Gobierno parece una 'oportunidad perdida' para ayudar a solucionar el problema de la competitividad, por estimar que no incentiva ni la inversión ni el ahorro privado.

Egudazu apuntó por ello que debería favorecerse el ahorro, especialmente a largo plazo y el destinado a pensiones, y aunque valoró la neutralidad -un mismo tipo para todos los instrumentos de ahorro- del impuesto, añadió que esta fiscalidad debería ser 'más positiva' y calificó de 'incomprensible' el aumento del tipo nominal del quince al dieciocho por ciento.

La deseada 'neutralidad', en su opinión, también se rompe en el Impuesto de Sociedades con la eliminación de las deducciones a las plusvalías.

Finalmente, el Círculo insiste en que 'hay margen recaudatorio' para subir los impuestos sobre el consumo y que éstos se acerquen más a la media europea, que se sitúa en el 20,6 por ciento, frente al 16,5 por ciento español.

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La AEB pide a los bancos que analicen los riesgos del futuro
Terra - 28 de abril de 2006
 
 
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, pidió hoy a los bancos que presten atención a los riesgos que pudieran vislumbrase en el futuro desde una óptica profesional sin utilizar soluciones que se aplicaron en el pasado.

Durante su intervención en el 'XIII Encuentro del Sector Financiero', Martín advirtió que los principales riesgos para el sector proceden de posibles desequilibrios macroeconómicos mundiales y en España, derivados del diferencial de inflación y el deterioro de la competitividad que llevaran a un crecimiento económico más débil.

Por ello, recomendó a las entidades financieras que presten atención a este escenario y se pregunten qué actuaciones aplicarían si estos desequilibrios no se corrigieran tan fácilmente como pronostican algunos estudios.

El presidente de la AEB explicó que existen muchos medios para hacer frente a esta situación, y pidió a los bancos que lleven a cabo una 'gestión profesional e integral del riesgo que no se deje llevar por el pasado'.

En este sentido apostó por impulsar el gobierno corporativo, la transparencia y el servicio a la clientela, reforzando, en último término, la capacidad de adaptación al cambio, que, según dijo, es uno de los signos de identidad de los bancos españoles más valorado por los observadores extranjeros.

El presidente de la patronal bancaria resaltó que diversas instituciones internacionales han destacado la magnífica situación del sector bancario español, por su elevados índices de eficiencia, solvencia y rentabilidad, acompañados de una gran capacidad de adaptación al cambio y a su buena gestión.

Durante su exposición, señaló que el sector bancario ha sido 'decisivo' para los últimos 13 años de crecimiento económico español, ya que no sólo se ha beneficiado de él sino que también lo ha impulsado captando financiación exterior y ofreciendo a empresas y familias la financiación que demandaban.

'El sector bancario no sólo ha servido a sus clientes, sino que también ha impulsado que el sistema económico funcione y se financie', declaró Martín.

El presidente de la AEB mostró su disposición a colaborar con las cajas de ahorros para conseguir que el sector financiero español en su conjunto 'sea cada vez más eficiente y mejor', ya que, según dijo, la rentabilidad y buen funcionamiento del sistema financiero es 'un bien público'.

COMISIONES: 'ESTRATEGIA COMERCIAL'.

Por último, preguntado por las comisiones que aplican los bancos y cajas, Martín manifestó que forman parte de la 'estrategia comercial' de cada entidad, por lo que apostó por dejar 'libertad' para su fijación.

'Cada entidad tiene que convencer a sus clientes que sus comisiones no son caras', indicó el presidente de la AEB, quien consideró complicado hablar de las comisiones de forma homogénea.

En cualquier caso, Martín afirmó que las comisiones aplicadas en España no pueden ser más altas que las francesas, alemanas, italianas o inglesas 'porque no tiene sentido decir que las entidades españolas son mucho más eficientes pero con más comisiones'.

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El Banco de España pide prudencia a los bancos
La Vanguardia - 27 de abril de 2006
 
 
El Banco de España ha pedido por enésima vez prudencia a las entidades financieras a la hora de conceder hipotecas, esta vez por boca del director general de Supervisión, Pedro Pablo Villasante, que se ha referido especialmente a las hipotecas de larga duración o de elevado importe.

Durante su intervención en el 13º Encuentro del Sistema Financiero, organizado por ABC, Deloitte, Genworth y SAP, Villasante ha asegurado que los bancos y cajas deben aconsejar a sus clientes sobre la deuda máxima que pueden asumir y sobre los riesgos que puede suponer en cada caso la contratación de estos productos.

Villasante se refería a las hipotecas "no tradicionales" como las que tienen largos plazos de vencimiento o de carencia, las que ofrecen la posibilidad de ir aumentando la cuantía de la mensualidad, las denominadas en divisas o las diseñadas para personas mayores, las llamadas "inversas".

Límite de financiación en el 80%

Asimismo, el director general de supervisión del Banco de España ha reiterado la conveniencia de mantener el límite de financiación en el 80% y ha asegurado que la concesión de una hipoteca debe basarse en la capacidad de reembolso del deudor, ya que "vender una hipoteca a quien no podrá pagarla sin dificultades poco asumibles es un flaco servicio al cliente y a la entidad".

También ha advertido a las entidades que se abstengan de lanzar mensajes "confusos o complacientes" a sus clientes sobre la carga financiera de estas nuevas hipotecas para evitarles decisiones erróneas e insistió en la necesidad de que todo aspirante a comprarse una casa reciba suficiente información.

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Feria propone a inmigrantes Ecuador que compren en su país
La Hora - 26 de abril de 2006
 
El embajador de Ecuador en España, Antonio Parra Gil, inauguró hoy en Madrid la primera feria de vivienda para inmigrantes ecuatorianos enfocada a orientar sus recursos económicos hacia el desarrollo del sector de la vivienda en su país de origen.

La feria, bajo el nombre de "Mi casa en Ecuador" y que se prolongará hasta el próximo domingo, pretende ofrecer facilidades para que los inmigrantes que deseen adquirir una vivienda puedan conocer, en un mismo lugar, la oferta inmobiliaria en su país y negociar las distintas alternativas de financiación con bancos nacionales e internacionales.

El diplomático ecuatoriano dijo que la muestra es fruto de un "extraordinario esfuerzo" desplegado por un grupo de empresarios que, con una notable sensibilidad social, se ha desplazado a España para presentar una amplia variedad de programas de viviendas, según un comunicado de la Embajada.

A "Mi casa en Ecuador", organizada conjuntamente por la Cámara de la Construcción de Quito y la firma ecuatoriana GSM, acuden 80 empresas constructoras, 6 bancos y 2 mutualistas.

El presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, Diego del Castillo, opinó que es preciso que los inmigrantes ecuatorianos reflexionen sobre la conveniencia de canalizar el fruto de su trabajo y ahorro hacia la inversión y no sólo al gasto.

La Cámara de la Construcción de Quito confía en que las empresas constructoras y financieras presentes en la feria realicen operaciones por valor de entre 40 y 50 millones de dólares.

"Hemos venido a Madrid porque creemos en el empresario, creemos en el sector inmobiliario y creemos en el cariño de los ecuatorianos que viven en España", según Del Castillo.

Los ecuatorianos residentes en España constituyen la comunidad extranjera que más remesas envía a su país de origen, con 927,72 millones de dólares en 2004, según datos del Fondo Social Europeo y el Ministerio Español de Trabajo y Asuntos Sociales.

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Comunidad de Madrid
 
15ª Convocatoria EMV
La Voz de Galicia (Comunidad de Madrid) - 28 de abril de 2006
 
 
Más de 21.000 personas optan a 565 viviendas públicas en Madrid

Un total de 21.596 personas, todas ellas solicitantes inscritos en el Registro Permanente de Solicitantes de Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) antes del pasado 18 de abril, optarán a 369 viviendas públicas en régimen de venta y 196 de alquiler pertenecientes a las convocatorias del Plan Primera Vivienda y el Plan de Vivienda en Alquiler, respectivamente.

El Consejo de Administración de la EMVS aprobó ayer esta oferta de viviendas públicas en régimen de venta y de alquiler. Las primeras están situadas en los distritos de Usera, Carabanchel, Villaverde, Tetuán, Hortaleza, Villa de Vallecas y Vicálvaro, y costarán entre 75.000 y 160.000 euros, según informó el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. tras la Junta de Gobierno.

Mientras, las viviendas en alquiler se localizan en Carabanchel, Usera, Centro, Hortaleza, Villa de Vallecas y Villaverde, y el coste de su renta variará entre 293 y 668 euros, aproximadamente.

Los pisos serán de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. Este año habrá otra convocatoria pública.

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Comunicado del CSO El Desguace tras el desalojo ilegal
Alasbarricadas.org (Comunidad de Madrid) - 28 de abril de 2006
 
 
Desde la asamblea del CSO El Desguaze ante su desalojo ilegal. En la mañana del 27 de abril se ha producido el desalojo ilegal del Cento Social Okupado El Desguaze.

40 policías municipales sin identificación y varias dotaciones de policías antidisturbiso, incluidos el jefe de policía municipal y un comisario de la policía nacional, han irrumpido en el recinto del centro social sin llevar consigo orden de desalojo del juzgado.

8 personas permanecieron dentro de la casa, parapetaron las entradas intentando retrasar el desalojo esperando la llegada de la denuncia por allanamiento de morada realizada en el juzgado de guardia de Alcorcón. Mientras, aproximadamente un centenar de personas apoyaban a lxs que permanecían dentro.

A las 12:45 se ha procedido a la salida de la gente que estaba dentro del centro social, mientras a su vez los policías antidisturbios comenzaban una serie de cargas contra las personas que apoyaban desde fuera, produciéndose una detención.

El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana Gallastegui consigue así, de la forma más traicionera, vía libre para sus planes urbanísticos en el área norte por encima del esfuerzo colectivo de los jóvenes de Alcorcón que proponen iniciativas de cultura, sociedad, política y relaciones personales diferentes a las establecidas por el pensamiento único. La presión de los intereses privados en la zona ha podido una vez más con los intereses colectivos de lxs ciudadanxs.

Ante lo expuesto, la asamblea del Desguaze, ahora sin casa, y los colectivos y movimientos sociales que apoyan la okupación y la autogestión como herramienta de cambio social, os convocamos a una concentración de protesta en Alcorcón el Viernes 28 de Abril a las 20h en el ayuntamiento de Alcorcón (Metro y Renfe Alcorcón Central). [convocatoria anulada].

No podemos quedarnos cruzadxs de brazos mientras destruyen nuestros proyectos a golpe de ladrillo una y otra vez como en Getafe, en la Casa del Lago y como quieren hacer en Móstoles, en La Casika.

Exigimos la puesta en libertad del detenido a causa de este desalojo ilegal, así como exigimos también que lxs políticxs culpables reconozcan las irregularidades cometidas y asuman su responsabilidad política.

Damos gracias a toda la gente que nos ha dado sus muestras de apoyo y de cariño a lo largo del día, la solidaridad activa nos hace fuertes aquí, ahora y siempre.

No nos quedaremos paradxs, este es solo otro principio más.

¡UN DESALOJO, MIL OKUPACIONES!

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Información fraudulenta sobre el Plan de Vivienda Joven
Madrid.org (Comunidad de Madrid) - 28 de abril de 2006
 
 
La Oficina de Vivienda ha detectado una información publicitaria con contenido irregular y fraudulento, relacionada con el Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid. La nota se está introduciendo en los buzones de viviendas en algunos barrios del municipio de Madrid.

Esta información, que oferta pisos del Plan de Vivienda Joven en la calle Santa Cruz de Marcenado (en la ubicación de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra), es absolutamente falsa.

La Oficina de Vivienda se encarga de la difusión de información relacionada con el Plan de Vivienda Joven, por lo que se recomienda a los ciudadanos que cualquier información recibida por otros medios sea contrastada en esta página Web o mediante el resto de canales de comunicación de la Oficina de Vivienda.

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Plan Joven: viviendas asequibles a 267 jóvenes de Colmenar
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 27 de abril de 2006
 
 
La Comunidad celebró el miércoles, en Colmenar Viejo, el quinto sorteo de viviendas del Plan Joven, en el que se han adjudicado 267 pisos que se entregarán a finales del año que viene.

Las posibilidades de ser adjudiciatario de una vivienda era muy alta, uno de cada seis solicitantes resultó agraciado en el sorteo.


Los inquilinos pagarán una renta mensual de 441 euros durante siete años. Pasado ese plazo, tendrán derecho a compra por un precio final inferior a 120.000 euros.

En el sorteo participaron 1.392 jóvenes empadronados en Colmenar Viejo, requisito previo establecido por el Ayuntamiento. Uno de los agraciados fue Álvaro Algana, de 21 años: "Me presenté por casualidad, me animó mi hermano. Al final, a mí me ha tocado y a él no".

También le tocó un piso a Roberto Barrajón, de 29: "Tal y como están los precios, mi novia y yo pensábamos en marcharnos de Colmenar".

Adjudicación desigual

El portavoz de Juventud del PSOE, Javier Gómez, criticó ayer las "desiguales" fórmulas de adjudicación del Plan Joven (el consistorio está en manos del PP), ya que "donde existe más demanda se construirán menos viviendas".

Si uno de cada seis de los solicitantes de Colmenar tenían posibilidades de conseguir una vivienda, en el último sorteo celebrado para Madrid, la proporción era de una vivienda para cada 2.650 solicitantes.

Precisamente, uno de los hijos del portavoz socialista en Colmenar, Miguel Pedrosa, fue de los afortunados ayer. Su otro hijo ganó un piso en el sorteo anterior, en marzo.

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Catalunya
 
LOS PISOS EMPIEZAN A BAJAR EN BARCELONA
La Vanguardia (Cataluña) - 01 de mayo de 2006
 
 
La vivienda usada en algunos barrios modestos sufre caídas del orden del 2. La desaceleración del mercado inmobiliario de Barcelona ya es un hecho: los precios de los pisos de segunda mano en los barrios más modestos de la ciudad son hoy algo inferiores a los de diciembre. El endurecimiento del acceso a las hipotecas ha echado del mercado a los compradores con menor poder adquisitivo.

ROSA SALVADOR - 01/05/2006 BARCELONA

La anunciada desaceleración ha llegado al mercado inmobiliario de Barcelona y su entorno, especialmente a los barrios más económicos. Según diversos agentes inmobiliarios, los precios de las viviendas de segunda mano han empezado a bajar en el primer trimestre de este año "en las viviendas modestas de los barrios igualmente modestos" y en porcentajes pequeños, del orden del 2%. Según un estudio de la red inmobiliaria ComprarCasa, los precios han empezado a bajar en Sant Andreu (2%) y se han mantenido estables en Nou Barris, mientras que fuera de Barcelona han bajado en Badia del Vallès (un 1%). Otras firmas como Forcadell han observado caídas (de hasta el 5%) en otras zonas, como Poble Sec y la Bordeta. Según Expofinques los descensos de precios afectan también a algunas zonas de Nou Barris y el Carmel, y el portal Idealista. com los registra también en Cornellà (del 1,5%) y Vilanova i la Geltrú (0,2%).

Según José Antonio Galdeano, director general de Expofinques, "no es correcto del todo hablar de descenso de precios: lo que se está produciendo es una adaptación de los precios en los barrios más modestos y las viviendas más humildes a lo que realmente pueden pagar los usuarios de esas viviendas, muchas veces inmigrantes, a sus salarios, que no han subido, y a su capacidad de endeudamiento".

En el mismo sentido, Xavier Garrigós, presidente de la asamblea de Barcelona de ComprarCasa, recuerda que "en los últimos doce meses todos los barrrios acumulan aumentos de precios de dos dígitos". Ahora, explica, "los precios ya no podían subir, sino sólo bajar, porque la gente ya no puede endeudarse más, sobre todo en las zonas más económicas de la ciudad y su entorno". "Con estos precios hay potenciales compradores que desisten o bien se van fuera de Barcelona", añade.

Josep Lluís Ferrer, director del área de residencial de la consultora Forcadell señala: "Nosostros, que compramos viviendas para rehabilitarlas, hemos encontrado bajadas de precios de hasta el 10% en pocos meses. La realidad es que hay gente que necesita vender, bien porque compran otro piso y tienen un tiempo limitado para vender el anterior y pagar el crédito o bien porque se jubilan y se van al pueblo, y no quieren poner su antiguo piso en alquiler". A su juicio, "los compradores han de ser más selectivos, porque en un mismo barrio pueden encontrar pisos rebajados al lado de otros, similares pero más de un 10% más caros, que llevan meses en venta".

Las inmobiliarias consultadas atribuyen las caídas de precios a un endurecimiento de los criterios de los tasadores y a una creciente resistencia de bancos y cajas a financiar más del 80% del valor de tasación.

José Antonio Galdeano, de Expofinques, señala que "parece que las alertas del Banco de España sobre los precios de los pisos empiezan a ser asumidas por las entidades financieras y por las grandes firmas de tasación, que, recordemos, pertenecen a bancos y cajas". Así, explica: "Ahora nos encontramos muchas tasaciones de viviendas que se hacen por debajo del precio de venta", y la mayoría de las entidades financieras "exigen seguros complementarios para dar hipotecas por hasta el 97% del valor de tasación, cuando antes llegaban fácilmente a cubrir hasta el 110%".

En el mismo sentido, Josep Lluís Ferrer, de Forcadell, señala que "las hipotecas ya no se dan tan alegremente, los bancos cierran el grifo y los seguros que se necesitan para llegar al 100% del valor de tasación suponen un coste más de entrada", ya que pueden suponer hasta el 1% del valor hipotecado. Para financiar ese 10% de gastos que no cubre la hipoteca, señala Galdeano, "hay que recurrir a créditos personales o a los créditos exprés que dan ahora muchos bancos".

La financiación es clave, porque, según un estudio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (entidad participada por BNP Paribas y Banco Santander), el 50% de los compradores de vivienda necesita financiación por encima del 100% del valor del piso (en el 2002 era sólo un 28% de los compradores). El estudio (realizado entre 20.000 agencias inmobiliarias de toda España) señala que de media los compradores necesitan financiar el 92,9% del valor del piso, mientras que hace tres años el crédito medio cubría el 87% del valor del piso.

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LA GENERALITAT APRUEBA LA LEY DEL DERECHO A LA VIVIENDA
La Vanguardia (Cataluña) - 26 de abril de 2006
 
 
Tras ocho meses de negociación con el sector. Limita la posibilidad de expropiar en los casos en que el estado de una vivienda suponga un peligro inmediato para las personas

El Consell Executiu ha aprobado el proyecto de ley del Derecho a la Vivienda después de ocho meses de negociaciones con el sector y de la polémica suscitada por el ex conseller Salvador Milà ante la posibilidad de expropiar los pisos vacíos para incorporarlos al mercado inmobiliario.

Como novedades, el proyecto de ley establece como obligatorio el diagnóstico y la rehabilitación de los edificios en que se detecten problemas y regula la calidad de los inmuebles, el acoso inmobiliario y los denominados "pisos patera", en los que residen decenas de inquilinos en algunas ocasiones.

También crea un registro de solicitantes de vivienda protegida con el objetivo de dotar de transparencia el proceso de adjudicación de este tipo de pisos en el conjunto de Catalunya y establece que todos los municipios de Catalunya de más de 3.000 viviendas deberán disponer, en un período de veinte años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 15% respecto al total de viviendas principales existentes.

Gran parte del contenido de este proyecto de ley ya se aplica en la actualidad a partir del Plan del Derecho a la Vivienda 2004-2007 y del Plan de Rehabilitación.

El contenido ha quedado condicionado por las críticas iniciales de los agentes privados, que aseguraron que los primeros borradores incluían elementos que "podrían ser incluso inconstitucionales", en palabras del presidente de los promotores de Barcelona, Enric Reyna.

La futura ley, que destaca la vertiente social de la vivienda por tratarse de un mandato constitucional, también fue criticada recientemente por el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), que aprobó por unanimidad, con un único voto particular de CC.OO., un dictamen que pone en cuestión algunos de los elementos principales, como el plazo máximo de calificación (90 años) para las viviendas de protección oficial, que se considera "excesivo".

El proyecto de ley, en el que queda finalmente limitada la posibilidad de expropiación a casos concretos en que el estado de una vivienda suponga un peligro inmediato para las personas, ha sido aprobado por el Consell Executiu días después del cese de su impulsor, el ex conseller Salvador Milà, por lo que el actual responsable de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha destacado el trabajo realizado por su antecesor.

El texto legislativo aborda de forma integral la construcción, promoción, gestión, conservación y rehabilitación de viviendas, y fija un sistema de ayudas, tanto permanentes como de urgencia, para el pago del alquiler en situaciones especiales. Establece además un registro obligatorio de los agentes de la transacción inmobiliaria y un control periódico del estado de los edificios que será obligatorio y se realizará de acuerdo con la antigüedad de los inmuebles.

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EXPROPIARÁN LOS PISOS QUE LLEVEN VACÍOS MÁS DE 2 AÑOS
20 Minutos (Cataluña) - 27 de abril de 2006
 
la Generalitat aprueba la ley de la vivienda, que creará un parque de pisos sociales y ayudas para el alquiler

La Generalitat expropiará los pisos que supongan un riesgo para sus ocupantes o vecinos o que lleven más de dos años vacíos.

Es una de las novedades del proyecto de la Ley del derecho a la vivienda que ayer aprobó el Consell Executiu y que es el estreno del nuevo conseller del ramo, Francesc Baltasar.

Esos pisos vacíos se destinarán al alquiler social durante un periodo máximo de seis años.

Será el Govern el que cobre para dárselo al propietario. El conseller de Medi Ambient i Habitatge rechazó que se ataque al «derecho a la propiedad» y aseguró que es una norma de derechos.

Los pisos pasarán la ITV

La Ley Milà –se llama así el ex conseller de Habitatge– establece que los edificios deberán pasar obligatoriamente controles periódicos –ITV como los coches–, no sólo en función de su antigüedad, sino también por su tipología. También se fijarán los requisitos de habitabilidad y de seguridad

La nueva ley tiene previsto hacer inspecciones para detectar viviendas que están sobreocupadas para acabar con la degradación y el acoso inmobiliario. Con la nueva ley se impulsará un parque específico de viviendas asequibles para atender a la población con pocos recursos para acceder a una vivienda digna de mercado. También, según el nuevo texto, se creará un sistema de ayudas al pago de los alquileres.

Contra la picaresca

La nueva ley abrirá un registro de intermediarios inmobiliarios, con el objetivo de tener fichados a los que se dediquen a la compra-venta.

El objetivo es acabar con lo que el conseller de Medi Ambient llegó a calificar de «desaprensivos» que estafan a los ciudadanos. Con el mismo objetivo de proteger al consumidor, la ley prevé evitar que salgan al mercado las viviendas sin cédula de habitabilidad, como trasteros.

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10.000 famílies pateixen mobbing immobiliari
20 Minutos (Cataluña) - 28 de abril de 2006
 
 
El fenomen del mobbing inmobiliari s’ha estès a totes les ciutats catalanes mitjanes, no només a Barcelona.

Hi ha 10.000 habitatges en què els propietaris intenten l’impossible per fer fora als llogaters.

Aquesta és la xifra de pisos afectats per l’assetjament immobiliari.

Un nombre que el nou conseller d’Habitatge, Francesc Baltasar, creu que «es queda curt» i per això la llei del Dret de l’Habitatge inclou sancions de fins a 900.000 euros.

«Estem davant d’un fenomen de brutal intensitat i que es pot agreujar», va dir Baltasar.

Les causes, segons el conseller, cal buscar-les en la forta emergència del sector immobiliari i en la transformació urbanística de les ciutats.

Això implica que aquest assetjament, que abans només es produïa als cascs antics de Barcelona, ara s’ha ampliat a la resta de la capital i a tota l’àrea metropolitana.

«No només això, també ha arribat a les ciutats de tot Catalunya», adverteix.

Indefensió i impunitat

El dret tampoc ajuda: l’inquilí té una sensació d’«indefensió», i el propietari, d’«impunitat», segons Baltasar.

En conseqüència: talls de subministrament, conflictes veïnals, mancança de manteniment dels serveis bàsics...

Davant d’això, l’adjunta del Síndic, Laura Díez, reclama proposar pactes amb les subministradores de serveis bàsics o fer accions per millorar el centre de les ciutats.

Multes contra les «vexacions»

Els 900.000 euros que preveu la Llei del Dret a l’Habitatge com a màxima multa s’aplicaran en casos «molt extrems», per evitar que els llogaters siguin «vexats», segons va dir el conseller d’Habitatge.

Entre d’altres, s’inclouen trucades a altes hores de la matinada o deixadesa en el manteniment de l’edifici.

Primer, però, es recorrerà a la mediació. Els advocats van demanar «contundència i energia» a l’hora d’aplicar aquesta legislació.

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Comunidad Valenciana
 
Denuncia al Parlamento Europeo
Cartas a la Plataforma (Comunidad Valenciana) - 26 de abril de 2006
 
 
Sobre la gran indefensión y abusos urbanísticos, ambientales e institucionales que sufrimos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana

Enviar petición firmada a la dirección siguiente:

Sr. Presidente de la Comisión de Peticiones en el Parlamento Europeo, Sr. Martin Libicki. Presidente de la Comisión de Peticiones. Parlamento Europeo. B-1047, Bruselas - Belgica. También se puede enviar por correo electrónico, al Jefe de la secretaría de la comisión de peticiones, David Lowe dlowe@europarl.eu.int

y por fax 0032 284 6844.

M A N I F I E S T O

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana queremos denunciar ante el parlamento europeo y las administraciones pertinentes la total situación de indefensión y de abuso a la que nos sentimos sometidos, a pesar de la emisión del informe Fortou. Todo ello en un escenario en el cual el gobierno de la comunidad autónoma tiene todas las competencias en materia de ordenación del territorio y planificación urbanística junto a los gobiernos locales. Esta situación se ha concretado en:

Los ciudadanos, aún siendo la mayoría de la sociedad, nos vemos acosados por un solo sujeto “el urbanizador”, elemento que aún careciendo de terrenos propios o adquiridos puede forzar a los propietarios legítimos a entrar en su juego. La mayoría de las veces este juego es respaldado por los gobiernos locales justificando cínicamente su acción en nombre de nosotros los ciudadanos. En muchas ocasiones, la relación urbanizador-gobierno local es más estrecha de lo que cabría suponer a “priori”. Este despropósito sirve para que “todos” los gobiernos locales puedan sanear sus maltrechas economías, se han convertido de facto en macrourbanizadores y oficinas inmobiliarias con una ventaja, “disponen de todo el suelo posible”, el de sus ciudadanos.

Las actuaciones desmedidas y difícilmente justificables “en pro del progreso social” llegan a contemplar proyectos en cada pequeña población de hasta 3 y 4 campos de golf, eso sí con su respectiva urbanización de no menos de 2000 viviendas. Todas estas actuaciones urbanísticas no disponen “de ninguna forma de recursos de abastecimiento suficientes” ni de una planificación de las necesidades posteriores. Además, estas actuaciones, por sus características, se ubican en zonas naturales, mermando y dañando gravemente el medio ambiente, dado que crean una red urbanística caótica y “desordenada”.

Para poder ejecutar sus poco menos que sospechosos propósitos, el gobierno autonómico ha dado su respaldo mediante leyes hechas “a la carta”, llámese LRAU o LUV. Por su parte los urbanizadores contribuyen acudiendo a la trastienda de las empresas que les redactan, “a la carta”, como no podía ser menos, proyectos absurdos y muchas veces presentando contradicciones internas, que evidencian su interés de forma clara para así “justificar la finalidad de sus clientes”.

Denunciar igualmente el apoyo que prestan ciertas “infraestructuras” como carreteras de circunvalación de dudosa efectividad a poblaciones, con el único fin de servir de excusa para la recalificación de los terrenos entre estas y la población. Denunciar dentro de este ámbito y en el de ciertos proyectos urbanísticos el uso continuado de la ley conocida como de “expropiación forzosa” que adolece de ser: extemporánea, fuera del marco de la constitución, estar desvirtuada al no existir ciertos mecanismos de aplicación y no respetarse otros calificados como de uso “excepcional”. Consideramos que leyes como LRAU y la LUV son realmente un refinamiento de la ley de expropiación, cuya finalidad exclusiva es la de operar permitiendo disponer del suelo, como en un sistema comunista, para así beneficiar a los especuladores, que lo adquieren a precios bajos.

Las situaciones más extremas se han dado cuando ancianos se ven desalojados de su casa, eso si previa orden judicial, con indemnizaciones que no les posibilitan instalarse en una vivienda que les permita su independencia, anulando su capacidad de decisión y su libertad. Otros casos documentados son los de afectados que deben pagar más al urbanizador de lo que éste debe indemnizarles a ellos.

Hacer notar que ciudadanos y afectados nunca nos hemos opuesto, ni nos opondremos a que los municipios disfruten de “un urbanismo adecuado” pero que el proceso urbanizador debe estar supeditado a las necesidades reales de los ciudadanos, a un uso correcto de los recursos existentes, a un control basado en la participación ciudadana de la planificación local, a que todos los beneficios incluso los económicos recaigan en los ciudadanos y no en una sola persona, a los principios de transparencia y ética y que en caso de proyectos de “necesidad social” demostrada se salvaguarden los derechos de los propietarios no solo reconociendo el valor real de sus propiedades si no de la valoración de su esfuerzo en cada caso individual y de las molestias y menoscabos sufridos.

Por todo ello, solicitamos y rogamos al Parlamento Europeo y a todas las autoridades pertinentes que no se inhiban, y que actúen en consecuencia y que dentro de sus competencias y del más escrupuloso respeto a la legalidad internacional, procediendo a ejercer el control necesario para asegurarse y asegurarnos que se respetan los derechos legales de los propietarios, de los ciudadanos. Urge que se actúe, no solo tramitando el expediente sancionador ante el tribunal de Estrasburgo, sino abriendo nuevas diligencias y resoluciones que pongan fin a esta situación de acuerdo a las propias directivas europeas y a los principios democráticos de igualdad, justicia y libertad

Nombre:__________________________________________________

DNI:______________________

Domicilio:_______________________________________________

Población:________________________________________

País:_____________________________________________

Firma:

 
 
Levantan un campo de golf sin licencia en la Sierra Escalona
Levante-EMV.com (Comunidad Valenciana) - 30 de abril de 2006
 
Un particular planta 50.000 m2 de césped y señaliza los hoyos

Amigos de Sierra Escalona (ASE) y la Asociación de Vecinos San Miguel han denunciado la construcción de un campo de golf ilegal sobre suelo no urbanizable protegido en San Miguel de Salinas dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Sierra Escalona. El campo de golf, en un principio, para uso particular, está en la finca de Lo Espartal a la altura del kilómetro 4,5 de la carretera CV-952 de San Miguel de Salinas a Rabate.

Las obras de esta actuación se iniciaron en el verano de 2004, según las mismas fuentes, «sin ningún tipo de licencia». El ayuntamiento tramitó expediente de infracción urbanística al poco de iniciarse, archivándolo en agosto de ese mismo año, cuando el propietario, a instancias municipales, solicitó licencia de obra menor para la construcción de un muro, y para realizar movimientos de tierras. El importe final fue de 2.000 euros. En esa solicitud no se hacía «referencia en ningún momento a la construcción de un campo de golf».

Meses después, tras una denuncia de la asociación de vecinos ante el Síndic de Greuges, esta institución se dirigió a la Conselleria de Territorio y Vivienda. A su vez esta conselleria solicitó un informe al ayuntamiento. El consistorio respondió «justificando» esta situación «de hechos consumados», en opinión de los denunciantes. El informe municipal rubricado por el alcalde Ángel Saez asegura que, textualmente, «tras una reciente visita a dicho lugar, se aprecia que la actuación realizada, en una superficie de 50.000 metros cuadrados, se ha plantado césped y un número indeterminado de palmeras». El texto continúa asegurando que la instalación «no constituye -según el consistorio- en ningún en modo alguno un campo de golf».

Para el primer edil es «a todas luces exagerado y fuera de la realidad», el denominar la zona como campo de golf, ya que «no se trata de una actividad onerosa» que requiera «licencia para desarrollar actividad comercial alguna». Curiosamente, en las fotografías municipales no aparecen las banderas de los hoyos en los greens. El mismo texto, a renglón seguido, y a pesar de negar la existencia de un campo de golf, dedica buena parte de sus argumentos a glosar las bondades ambientales de los campos de golf. La administración local recurre a una «particular lectura de la directiva europea de hábitats y una ponencia titulada Turismo y campos de golf en Málaga para argumentar que no está demostrado que las obras de un campo de golf afecten gravemente los ecosistemas», valoran ASE.

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21 municipios de la Comunitat actualizan los precios de VPO
Las Provincias (Comunidad Valenciana) - 01 de mayo de 2006
 
 
El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, aseguró que la actualización de los precios de los módulos de vivienda de VPO, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “supondrá un importante impulso para la construcción de este tipo de viviendas en 21 municipios de la Comunitat”. Suponen, añadió, “alrededor del 70% de la oferta y demanda de este tipo de vivienda en la región”.

La actualización de los precios se complementará con las ayudas específicas del Consell dirigidas a la población que tenga ingresos anuales inferiores al 1,5 del salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, un joven con ingresos inferiores a 11.000 euros anuales recibirá una ayuda directa para comprar una vivienda del 15% del valor del inmueble, que aumentará hasta el 24% con las ayudas del Ministerio.

En Valencia el metro cuadrado de una VPO será de 1.557,23 euros, mientras que en Alicante y Castellón el precio máximo llegará a los 1.446 euros. En Torrent, Paterna, Mislata, Xirivella, Quart de Poblet, Alboraya, Picanya, Sedaví, Gandia, Elche, San Vicente, El Campello, Sant Joan, Mutxamel, Benidorm, Villarreal, Benicàssim y Burriana el precio será de 1.279 euros.

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Canarias
 
DETIENEN AL GERENTE DE LA EMVS (URVITEL) DE TELDE
El Mundo (Canarias) - 26 de abril de 2006
 
 
El gerente de la empresa municipal de Vivienda y Suelo (Urvitel), Juan Carlos Saavedra Guadalupe, ha sido detenido por la Policía en el marco de la 'operación Faycán', que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento grancanario de Telde.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el gerente de Urvitel ha sido detenido en la capital grancanaria como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias y falsedad en documento, y pasará a disposición judicial mañana a las 09.00 horas.

Fuentes municipales indican que la detención de Saavedra ha producido una "gran conmoción" entre los miembros de la corporación y del grupo de Gobierno, que se encuentra reunido desde primeras horas de la mañana para abordar la nueva situación.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Telde, Javier García, inició la instrucción del caso el pasado verano a raíz de una denuncia presentada por una empresaria, quien declaró que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación de Telde le exigió pagar una comisión del 20 por ciento del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.

Esta detención se suma a la de ayer de la concejala de Aguas, Saneamiento, Agricultura, Ganadería y Pesca, Candelaria Sánchez, de ASV-Ciuca, quien se encuentra en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y, al igual que Saavedra, pasará mañana, a las 09.00 horas, a disposición judicial.

Las fuentes indicaron que los delitos que se le atribuyen a Sánchez son los de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

El partido formado por AFV-Ciuca (Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio) es socio del PP en el grupo de gobierno del consistorio de Telde.

La empresa Urvitel estaba presidida por la ex concejala de Obras Públicas y Contratación del PP María Antonia Torres hasta que fue detenida el pasado 1 de marzo e ingresada en prisión por esta causa, como presunta autora también de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

'Operación Faycán' Con el gerente de Urvitel, el número de personas arrestadas en la 'operación Faycán' asciende a 16, si bien de todas ellas sólo Torres permanece en la prisión del Salto del Negro, ya que su asesor municipal Francisco Gordillo quedó en libertad el pasado viernes.

Gordillo quedó en libertad bajo fianza de 40.000 euros y con los mismos cargos, además de maquinación para alterar los precios y falsedad de documentos.

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Aparecen otros siete casos de fraude en Vivienda
Canarias 7 (Canarias) - 26 de abril de 2006
 
 
Castro señala que la Justicia sigue investigando

El consejero regional de Infraestructuras, Antonio Castro, afirma que han aparecido otros siete nuevos casos de posibles irregularidades en el Instituto Canario de la Vivienda que se añaden a los 22 denunciados por el propio Gobierno de Canarias.

Castro, que insiste en que hay que dejar actuar a la Justicia, se muestra «preocupado por todo lo que rodea este asunto, tanto que lo denuncié» y espera que se resuelva cuanto antes «esta situación ingrata que perjudica a la imagen de la institución».

Los dos funcionarios presuntamente implicados en la falsificación de la firma del director del Insitituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, para levantar la protección oficial de distintas viviendas, continúan trabajando. Sin embargo, Castro confirma que «se les ha encomendado otras tareas mientras se aclaran los hechos denunciados».

El consejero insiste en que «hay que creer en la presunción de inocencia» y añade que no ha seguido en los últimos tiempos este tema», pues hace unos quince días que no ha hablado con Fregel al respecto de este caso de presunta corrupción.

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Andalucía
 
Urbanismo: Chabolismo Vertical
Kaosenlared.net (Andalucía) - 27 de enero de 2006
 
Con el paso de los años esas barriadas se están convirtiendo en verdaderos guetos de marginalidad y refugio de las minorías étnicas que hay en España, especialmente de raza gitana y ya también van siendo ocupadas esas viviendas por familias inmigrantes. Feliciano Robles Blanco (Utopía siglo XXI)

Hoy han finalizado la serie de cinco conferencias que sobre construcción y urbanismo han impartido diversos colectivos y profesionales a los alumnos de los ciclos profesionales de Construcción y Obra Civil que se imparten en el IES Politécnico de Sevilla.

La última conferencia ha corrido a cargo de un arquitecto, llamado Rafael Pavón, que es funcionario de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

Este señor nos ha presentado las circunstancias que conllevan intentar rehabilitar los polígonos de viviendas que se construyeron de forma muy precaria y a las afueras de las grandes ciudades en los años del desarrollismo del franquismo para albergar a la cantidad de gentes que fueron expulsadas del campo e iniciaron su marcha hacia las ciudades y que pueden catalogarse esas barriadas como una especie de chabolismo vertical.

Con el paso de los años esas barriadas se están convirtiendo en verdaderos guetos de marginalidad y refugio de las minorías étnicas que hay en España, especialmente de raza gitana y ya también van siendo ocupadas esas viviendas por familias inmigrantes.

La arquitectura de estas viviendas que era muy precaria se está deteriorando a marchas forzadas y pronto es posible que no tengan reparación y sea necesario proceder a su demolición.

La Junta de Andalucía que es la titular de estas viviendas está realizando algunas pruebas de actuación en estas barriadas marginales tanto de Granada como de Sevilla, y otras que hay en otras capitales de provincias andaluzas.

La intervención es tan compleja que requiere el esfuerzo y la coordinación conjunta con otras consejerías y organismos oficiales como Ayuntamientos, e incluso la Comunidad Europea para que aporte recursos económicos para poder sacar a esta pobre gente hacia delante.

Hemos visto recientemente los sucesos que han ocurrido en Francia en este tipo de barriadas y es posible que en algún momento puedan ocurrir fenómenos parecidos en algunas ciudades españolas porque la situación en la que se encuentran los moradores de estos barrios es muy lamentable y la sociedad en general vive de espaldas a los mismos.

Este grave problema es una de las herencias que nos dejó el desarrollismo franquista de los años sesenta cuando empezaron a amasarse verdaderas fortunas a raíz de comenzar la especulación del suelo y la sectorización de las poblaciones en función de su poder adquisitivo, así que a los más pobres y marginados se les alojó en los sitios peores de las ciudades con un gran hacinamiento y ausencia de servicios sociales que fomentasen la integración y la no segregación.

Soy bastante pesimista sobre el futuro de estos ciudadanos porque la Administración la veo imposible de sacar eso hacia delante y no va más allá de algunas actuaciones puntuales y propagandísticas.

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Remiten a la Fiscalía un presunto caso de corrupción
La Opinión de Málaga (Andalucía) - 26 de abril de 2006
 
 
La junta de portavoces denunciará una presunta trama de dos empresarios que iban a crear un partido local. La clase política cree que es "lamentable"

Nuevo posible caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol. La junta de portavoces del Ayuntamiento de Estepona decidirá hoy remitir a la Fiscalía Anticorrupción una cinta de video en la que se expone, de forma explícita, una presunta trama de corrupción auspiciada por dos empresarios locales, que pretendían formar un partido político para las próximas elecciones de 2007.

El alcalde, Antonio Barrientos, se puso ayer en contacto con los partidos políticos para "actuar unidos" y denunciar unos hechos que, a su juicio, podrían ser constitutivos de delito, por lo que el fiscal Juan Carlos López Caballero "deberá decidir si abre una investigación".

Los hechos. La supuesta trama se desveló en la madrugada de ayer en un reportaje grabado con cámara oculta y emitido por Antena 3. En el video aparecen dos empresarios locales que desean formar un partido y buscan dinero para la campaña electoral.

Para ello se reúnen con un supuesto promotor a quien piden dos millones de euros a cambio de aceptar sus proyectos urbanísticos cuando lleguen a la alcaldía. Asimismo, aseguran que poseen un periódico e influencias en radio y televisión, por lo que esperan conseguir la mayoría. El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, calificó los hechos de "lamentables por el desprecio que muestran hacia la función pública y la clase empresarial" y quiso desvincular el nombre de la ciudad "de estos sinvergüenzas", dijo. Por su parte, el primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, exigió "contundencia" a la Fiscalía a la hora de actuar.

El portavoz del PP, Ignacio Mena, aseguró que el caso "sigue el esquema político creado por el GIL en la Costa del Sol y consentido por la Junta de Andalucía".

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Galicia
 
AEDRU se prantexa unha candidatura na próximas eleccións
AEDRU (Galicia) - 26 de abril de 2006
 
Consideramos que a situación urbanística do concello, foi responsabilidade dos grupos políticos que o gobernan, (evidentemente, uns máis que outros), e o futuro próximo está cheo de incertidumes. O Plan de Ordenación Urbana, presenta un sinfín de problemas debido entre outras cousas á súa inviabilidade económica, a arbitrariedade e irregular planificación do rural, o seu sobredimensionamento, a irregular clasificación dos solos e catalogación dos edificios de Patrimonio, así como o arbitrario trazado da circunvalación sur, a irregular dotación de alturas que non se corresponden cos anchos das rúas, e moitas outras cuestións das cales xa dimos bastante conta en moitas das notas que enviamos aos medios de comunicación e que poden ser consultadas na nosa páxina web: www.aedru.org.

Tendo en conta o amplio respaldo social e a repercusión que nosa agrupación está tendo na vila de A Estrada, e facendo oídos á recomendación de moitas persoas que nos avalan, se decidíu na última reunión celebrada ratificar a decisión de presentar unha candidatura ás próximas elecccións municipáis, para defender os intereses do pobo de A Estrada.

O PXOM ten que ser de interés para todos os cidadáns e non para os intereses duns poucos como está a ser éste, que perxudicará o desenrolo da propia Estrada e que ademáis estivo a ser decidido por claros intereses políticos sin responder aos intereses xeráis.

Ningún dos integrantes da Agrupación Aedru, temos vocación de políticos pero non nos deixan outra opción que presentar unha candidatura independente pro-urbanismo de A Estrada para defender os intereses de todo o pobo estradense tal como viñemos facendo dende que nos constituímos como agrupación.

Estamos decididos a presentar a candidatura, no caso de que o Plan sexa aprobado pola Xunta, o cal sería para todos nós unha sorpresa, debido ao coñecimento que temos a estas alturas da gravedade en que se vería o Concello en caso de aprobarse. Non dudamos en comunicar esta gravedade agora, ao igual que xa o fixemos antes, apoiándonos nos diversos informe que falaron dél hasta o momento.

En vista de que o grupo de goberno fixo oídos xordos e non quiso escoitar aos afectados tanto do rural como do urbano, non dudando en inventar mentiras para desprestixiarnos, é polo que tomamos esta decisión pois non nos deixaron outra alternativa que intentar entrar no mundo municipal, para que desde dentro podamos facer unha política digna do pobo de A Estrada pois nos sentimos comprometidos coas mais de 3000 persoas que firmaron a petición de modificación do PXOM, e doutras moitas que sabemos próximas ao nosa forma de facer as cousas.

Salvo co Plan Xeral non se aprobe, poñemos en coñecimento de toda a poboación que este é o noso interés e decisión aos efectos de levar un novo aire ao mundo municipal, e un novo planeamento urbanístico que sexa aceptado por todo o pobo de A Estrada e que non xenere conflicto social, para o cal actuaremos con total claridade, polo que levaríamos adiante a creación dun Plan Xeral de Ordenación Municipal, indo de parroquia en parroquia, de lugar en lugar, para que non sexa un plan imposto con calzador como o que agora nos intentan impoñer.

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Región de Murcia
 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DENUNCIA AL ARQUITECTO MUNICIPAL
Foro Ciudadano de Murcia (El País) (Región de Murcia) - 30 de abril de 2006
 
 
El Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia ha presentado un escrito ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal, en el que asegura que el hasta hace un mes jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia (PP), Joaquín Peñalver, "ha informado favorablemente proyectos urbanísticos totalmente ilegales". Los arquitectos justifican esta denuncia al considerar que no se puede aumentar la edificabilidad de un plan parcial sin antes modificar el Plan General, que es una norma de rango superior. Además, aseguran que Peñalver hizo "valoraciones a la baja del patrimonio municipal que se iba a ceder a privados".

En el escrito se asegura que las actividades del estudio de la familia de Peñalver son incompatibles con el puesto de responsabilidad que ocupa [jefe de los arquitectos municipales], "independientemente de la acumulación de proyectos del arquitecto jefe, sus familiares, socios y colaboradores manifiestos".

Uno de los casos que denuncian los arquitectos es el plan parcial que ha dado lugar a la construcción del estadio de fútbol del Real Murcia, el Nueva Condomina. Según el documento que obra en poder de la fiscalía, el plan general vigente determinaba para el sector citado la calificación dotacional-residencial, con una edificabilidad de 0,09 metros cuadrados por metro cuadrado. El plan contemplaba un posible aumento de hasta 0,20 si en la zona se creaba un gran equipamiento para la ciudad, como era el estadio de fútbol. Pero "años más tarde, sin modificar el plan general, tal y como era necesario", según los arquitectos, "el plan parcial elevó la edificabilidad a 0,6, multiplicando casi por seis la permitida, todo ello con el informe favorable de Peñalver".

El documento aporta datos concretos sobre cómo presuntamente el entramado del estudio de la familia de Peñalver captaba a sus socios, colaboradores, trabajadores y clientes en general.

Retrasos y ensañamiento

Las quejas que presentaban los arquitectos, y que según el colegio motivaron el inicio de un expediente por parte del Comité Deontológico por la presunta incompatibilidad de Peñalver con los negocios del estudio de su familia, "se producían en varias direcciones: Retrasos injustificados y ensañamiento con los proyectos presentados por otros compañeros, hasta hacerlos desistir de sus encargos; acumulación de encargos, hasta límites insospechados (casi un proyecto diario), tanto de urbanismo como de edificación del entramado de sociedades vinculadas a Peñalver; continuada prevaricación en sus informes como técnico municipal, aprobando figuras urbanísticas de imposible encaje en el ordenamiento legal, modificaciones en rango inferior de determinaciones del plan general, y valoraciones económicas totalmente desviadas de la realidad, perjudicando de forma notable los intereses públicos y los de particulares ajenos a su entorno".

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