BOLETÍN DEL 17 DE JULIO DE 2006
 
 
España y vivienda
 
Economía y laboral
 
Comunidad de Madrid
 
Catalunya
 
Canarias
 
Andalucía
 
Galicia
 
Castilla y León
 
País Vasco
 
Castilla-La Mancha
 
Región de Murcia
 
Aragón
 
Extremadura
 
Cantabria
 
 
TEXTO COMPLETO
 
España y vivienda
 
ZAPATERO LANZA PLAN DE CHOQUE CONTRA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
Diario de Córdoba - 10 de julio de 2006
 
La reforma del gobierno local endurece el régimen de incompatibilidad de los alcaldes y los concejales. La nueva ley del suelo impide a los ayuntamientos recalificar terreno rústico con fines especulativos.

Sin demasiada publicidad, pues no se trata de poner bajo sospecha a todos los ayuntamientos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ultima un ambicioso plan de choque para combatir la corrupción urbanística municipal. Con dos iniciativas a punto de ver la luz, la reforma del gobierno local y la ley del suelo, el Ejecutivo quiere matar dos pájaros de un tiro: por un lado, atajar las prácticas corruptas en los municipios, a menudo basadas en la recalificación de terrenos; por el otro, frenar el encarecimiento de la vivienda, en parte motivado por las operaciones especulativas con solares rústicos.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la titular de Vivienda, María Antonia Trujillo, empezaron a elaborar ambas normas hace ya varios meses. Antes, por tanto, de que, el pasado mes de marzo, la operación Malaya dejara al descubierto la tupida trama de delincuencia organizada que se tejió en el Ayuntamiento de Marbella con los mimbres tradicionales: recalificaciones fraudulentas de terrenos y licencias de obra a cambio de cuantiosos sobornos. Pero el escándalo de Marbella era bien conocido desde hacía años, y tanto Sevilla como Trujillo lo tuvieron muy en cuenta al poner en marcha sus respectivos proyectos de ley.

El viernes, Sevilla presentó al Consejo de Ministros un informe sobre la nueva ley básica del gobierno local, ya negociada con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El proyecto, que el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados en breve plazo, pretende modernizar el funcionamiento de los 8.111 ayuntamientos españoles. Y, también, dotarlos de una mayor transparencia.

La ley de incompatibilidades a la que ahora están sujetos alcaldes y concejales, promulgada en 1984, es mucho más laxa que la que rige desde 1995 para los altos cargos del Gobierno. A los ediles solo se les prohíbe compaginar el cargo público con actividades privadas relacionadas con las funciones que desempeñan en el ayuntamiento, y ni siquiera están obligados a entregar una declaración de bienes patrimoniales antes de ocupar el despacho oficial. Pero esto está a punto de cambiar.

La nueva norma impone a alcaldes y concejales la obligación de inscribir en un registro público, antes de acceder al cargo, dos declaraciones distintas: una de bienes patrimoniales y otra de actividades privadas que puedan ser incompatibles con el cargo. Un mecanismo de transparencia idéntico al que rige para el presidente del Gobierno, los ministros y los secretarios de Estado.

Junto a estas medidas, Sevilla ha introducido en el proyecto la exigencia de que todas las licencias, convenios y contratos de larga duración se sometan a debate en el pleno municipal. Es decir, que el equipo de gobierno no pueda adjudicar obras sin el control de la oposición.

El otro pilar sobre el que descansa el plan de choque de Zapatero es el proyecto de ley del suelo, que Trujillo llevará al Consejo de Ministros este mismo mes. El borrador, aún sujeto a negociación, pone coto a las prácticas especulativas de muchos ayuntamientos que, unas veces por afán recaudatorio y otras por intereses más oscuros, impulsan y financian planes urbanísticos mediante la expropiación de solares rústicos a precios desorbitados, justo antes de recalificarlos como urbanizables. A menudo, las plusvalías se reparten entre el propietario, el ayuntamiento y los sucesivos compradores, casi siempre concertados entre sí. En Marbella, estas operaciones generaron ingentes fortunas.

Con la nueva ley, el precio de un solar rústico estará tasado con baremos objetivos: la rentabilidad que ha ofrecido su explotación y la proximidad a núcleos urbanos, entre otros. Este mecanismo debería evitar, según el Gobierno, que la expectativa de una futura recalificación como terreno urbanizable dispare su valoración.

Por añadidura, los planes y convenios urbanísticos deberán someterse a un proceso de información pública de modo más transparente, que facilite a los afectados conocer los proyectos y presentar alegaciones. En este requisito, exigido por la ley en vigor, los municipios adolecen en algunas ocasiones de falta de rigor y eficacia.

enlace a la noticia

 
LA VIÑETA: HIPOTECADOS SIN QUERERLO
España Directo - 28 de junio de 2006
 
Ilustrativo ejemplo de las cosas que están pasando y de la desprotección que tenemos ante esta tropa:




enlace a la noticia

 
AL FINAL NOS VAMOS A VER TODOS TESITURA DE OKUPAR O EMIGRAR
Yahoo.com - 12 de julio de 2006
 
 
José Luis Carretero, portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna, señala al precio de la vivienda como una barrera que impide la emancipación de los jóvenes.

- ¿Con qué situación se encuentra un joven en la actualidad cuando pretende emanciparse?

Se encuentra una situación francamente complicada ya opte por el alquiler o por la compra. Tiene que enfrentarse en la mayoría de los casos a la barrera de un precio desproporcionado en relación a su bajo nivel de renta y estabilidad laboral, pero también tiene que sufrir otro tipo de prácticas deshonestas como contratos abusivos, fianzas y avales desmesurados, viviendas con insuficientes condiciones de habitabilidad, irregularidades en compraventas, mobbing, etc.

No es de extrañar la bajísima tasa de emancipación y la alta edad a la que ésta se produce, que algunos jóvenes vuelvan a casa de sus padres incluso después de haberse emancipado y que otros caminen en busca del extranjero ante la imposibilidad de forjarse un proyecto personal en este país. Es verdaderamente lamentable que esto esté sucediendo en una de las principales economías del mundo y no olvidemos que no son sólo los jóvenes los que están sufriendo este tipo de problemáticas: familias monoparentales, divorciados, pensionistas, etc. son otro gran grupo de damnificados para los que no existe prácticamente ninguna atención por parte de la administración.

- Sin embargo, hay muchas viviendas vacías, unos dos millones según el Observatorio de la Sostenibilidad en España.

Son más de 3 millones según el censo de población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística del año 2001 y muchas más según otros estudios que se están publicando recientemente. Nos parece un auténtico despropósito que en un país donde tenemos el número de viviendas por habitante más alto de la UE, donde se están construyendo más viviendas que en Francia, Inglaterra y Alemania juntas, lo que tiene efectos nefastos para el medioambiente, la calidad de vida y la sostenibilidad de la economía española, amplios sectores de la población tengan estas dificultades de acceso a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Es absolutamente inaceptable que todavía no se hayan planteado medidas fiscales o de cualquier otro tipo –similares a las de otros países europeos- para evitar el acaparamiento incontrolado de viviendas y fomentar que éstas sean utilizadas principalmente para vivir, en lugar de como simples mercaderías.

- ¿Qué hay de las Viviendas de Protección Oficial?

Aunque su construcción ha aumentado significativamente desde lo que nosotros llamamos “los años negros de la VPO” aún estamos lejos de alcanzar una oferta suficiente para satisfacer las necesidades de acceso a la vivienda de la población, en especial de las clases más desfavorecidas. En el año 1980 se construyeron tres veces más viviendas protegidas que las actuales, cuando en este país se ha pasado de tener viviendas incluso baratas en relación a otros países en aquellos años, a tener una de las viviendas más caras del mundo en relación a los salarios. Se echa de menos también un parque público de viviendas protegidas en alquiler y una mayor atención a la rehabilitación.

Además, destacar que la proliferación de la promoción privada y la escasa regulación y control del sector, han introducido otra serie de problemáticas como son los retrasos en las entregas, sobreprecios ilegales, etc. y en especial un altísimo fraude que hace muchas de esas viviendas engrosen la espiral de la especulación en vez de cumplir la función social y de contención de la demanda a la que están destinadas.

- ¿Es la “okupación” una forma de presión efectiva?

No creo que la okupación sea tan sólo una forma de presión. El movimiento “okupa” tiene detrás una importante carga ideológica que pivota en torno a la vivienda y a la relativización de la propiedad privada entre otras cosas. Nosotros aunque respetamos la interesante labor que por ejemplo está llevando este movimiento en los CSO y valoramos en positivo el efecto de algunas de sus acciones reivindicativas, creemos que hay que dirigirse hacia otros derroteros para conseguir soluciones efectivas en las problemáticas de vivienda que tenemos en España. Si tuviéramos unas políticas de vivienda eficaces y una gestión del suelo enfocada a satisfacer las necesidades de la ciudadanía –como ordena la Constitución- en lugar de dirigirse al beneficio de unos cuantos, es muy probable que muy pocos se plantearan la necesidad de ocupar viviendas. De cualquier forma, como los gobernantes sigan mirando hacia otro lado en este asunto, al final nos vamos a ver todos en la tesitura de okupar o emigrar.

- ¿Qué reivindicaciones tiene la Plataforma?

Tenemos una batería de 14 reivindicaciones que introducen medidas que tratan de ahondar en la raíz del problema de la especulación. Entre otras, reclamamos el drástico incremento del parque de viviendas protegidas preferiblemente en alquiler y vía rehabilitación, la penalización fiscal de las viviendas vacías –severa en grandes propietarios-, medidas para que el suelo se gestione con miras al interés general y no se utilice para satisfacer las necesidades de financiación de instituciones u organizaciones, el fomento del alquiler frente a la compra, una mayor trasparencia y un mayor control del fraude, corrupción y abusos que inciden en el mercado inmobiliario, etc.

- ¿Cuáles han sido los últimos actos convocados y su respuesta?

Las últimas movilizaciones que hemos apoyado han sido las convocadas por asambleas populares surgidas a raíz de las sentadas por una vivienda digna. La respuesta ha sido positiva ya que, al margen de un eco mediático sin precedentes, se han conseguido aglutinar a más de 3.000 personas en Madrid y a más de 2.000 en Barcelona que han compartido el propósito de seguir luchando hasta que se vean escuchadas y tomadas en cuenta sus reivindicaciones. A la vuelta del verano se esperan nuevas movilizaciones.

enlace a la noticia

 
 
EL GOBIERNO CREA UNA WEB Y 140 OFICINAS DE EMANCIPACIÓN
ABC - 15 de julio de 2006
 
¿Qué ayudas existen para comprar un piso o rehabilitarlo? ¿Cuáles son los gastos que genera un contrato de alquiler? ¿Cómo funciona una cooperativa de pisos? ¿Qué ventajas aporta una cuenta vivienda? Para responder a estas y otras muchas preguntas relacionadas con la adquisición de una vivienda, el Instituto de la Juventud (Injuve) ha puesto en marcha una nueva página web (emancipacionjoven.com), que pretende satisfacer las reivindicaciones que miles de jóvenes vienen pidiendo desde hace semanas con sentadas y manifestaciones en diferentes ciudades españolas. Ellos han clamado a voces por un empleo y una vivienda dignos. Y el Gobierno les ha contestado a través del Programa de Emancipación Joven, del que forma parte esta web y que fue presentado ayer por la directora del Injuve, Leire Iglesias. El proyecto cuenta con una inversión superior a los tres millones de euros.

En esa dirección de internet los jóvenes de 16 a 35 años (once millones de españoles) contarán además con acceso a un área de empleo que tratará de dar respuestas a sus consultas sobre cómo encontrar un trabajo o mejorar el que ya tienen. Entre otros servicios, existe un buscador de cursos de informática e idiomas, tienen a su disposición un asesor de orientación laboral, pueden obtener información para empezar a crear una empresa, conocer cómo funciona una franquicia o cómo hacer un currículo, y cuentan con especialistas de los sindicatos UGT y CC.OO. que les responderán a sus dudas y consultas en materia de derechos laborales.

Vivienda protegida

La página web viene a ser una herramienta más, que completa la ayuda que les prestarán las 140 oficinas de emancipación que el Gobierno está «en disposición de lanzar», según Iglesias, por todo el país. Uno de los servicios más importantes que ofrecerán estos centros son las bolsas de vivienda en alquiler. A través de ese sistema, los jóvenes podrán acceder a inmuebles que costarán entre un 15 y 20 por ciento menos que en el mercado. Para ello, el Injuve pagará al propietario el seguro multirriesgo y de caución, le garantizará el cobro por cinco años y le concederá ayudas o facilidades para rehabilitar la vivienda, ya que se exigirá que ésta siempre posea unas condiciones de habitabilidad y calidad. Los jóvenes también contarán con un aval, por el que pagarán sólo 15 euros.

La red de oficinas prestará también ayuda para adquirir una vivienda en propiedad. Por ejemplo, ofreciendo información sobre las condiciones de los créditos hipotecarios para jóvenes, de los trámites a seguir en la compra... Incluso aparecerá una web (kelifinder.com) con información de todas las ayudas y promociones existentes en materia de vivienda protegida.

enlace a la noticia

 
El Gobierno aprueba el proyecto de la Ley del Suelo
ABC - 14 de julio de 2006
 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Suelo, con el objetivo de frenar la especulación urbanística, tras haber superado de forma positiva el proceso de consulta con administraciones públicas e instituciones representantes del sector.

El Proyecto de Ley de Suelo tiene como objetivo esencial "apostar de una manera decidida por un desarrollo territorial y urbano sostenible, entendiendo éste como un desarrollo racional y viable a medio plazo que responda a unos mínimos de eficiencia económica, calidad ambiental y cohesión social".

Durante la fase de consultas, que se inició tras la aprobación del Anteproyecto de Ley de Suelo, el pasado 26 de mayo, éste ha recibido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social.

Asimismo, desde el Gobierno destacan que en este dictamen favorable sobre la futura legislación del suelo han coincidido, por primera vez, tanto la patronal como los sindicatos.

El Proyecto de Ley de Suelo establece un estatuto de los ciudadanos, en el que se fija que, "por encima de los intereses inmobiliarios privados está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada; a las necesarias dotaciones públicas y equipamientos colectivos, y a la información y a la participación efectiva en el desarrollo y ordenación de las ciudades".

El Proyecto pretende, asimismo, establecer los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo.

Para ello se someterán a información pública los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, y se exige la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta antes de que se tomen las decisiones urbanísticas.

También busca asegurar un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa y garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso establecido en el 25% de los desarrollos urbanísticos.

Contra la especulación

Además, pretende lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativa. El Proyecto de Ley busca facilitar las políticas urbanas de los municipios al abrir la horquilla que regula la participación de la sociedad en las plusvalías urbanísticas. Esta horquilla se establece entre el 5% y el 15% del aprovechamiento urbanístico en cuestión, lo que, según el Ministerio de Vivienda, permitirá una mayor adaptación en cada caso a las plusvalías reales que se puedan generar. Al mismo tiempo, establece una nueva regulación de los suelos públicos, asegurando su carácter de patrimonio vinculado a determinados fines de interés social, prioritariamente la construcción de viviendas protegidas, con la flexibilidad suficiente como para que pueda adaptarse a las necesidades reales de cada municipio. Una de las novedades de la gestión pública del suelo viene determinada por el régimen de valoraciones que se establece sobre la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún.

El Proyecto objetiva valores prudentes de mercado no especulativos y, en todo caso, garantiza a los propietarios una adecuada indemnización cuando no pueda participar en la gestión urbanística, del mismo modo que se valora la iniciativa empresarial en el sector.

El PP prepara una enmienda a la totalidad

El PP ha anunciado que presentará una enmienda de totalidad al anteproyecto si el Gobierno no corrige "sustancialmente" el texto durante el proceso de tramitación parlamentaria. Asimismo, interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en caso de que la ley sea aprobada con el contenido actual, según explicó ayer en el Congreso el responsable de Economía del PP, Miguel Arias Cañete.

enlace a la noticia

 
 
Ecologistas en Acción valora positivamente la Ley del Suelo
MadridDigital.info - 14 de julio de 2006
 
 
Pero lo considera ‘insuficiente’

Ecologistas en Acción valoró positivamente el anteproyecto de Ley de Suelo aprobado en Consejo de Ministros: “La recuperación del suelo rural y los nuevos criterios de valoración del mismo, las evaluaciones ambientales, la participación pública, supondrán un importante paso contra la lucha de la especulación del suelo”, afirman.

Sin embargo, opinan también que “la Ley deberá ser más restrictiva en aspectos como los usos del suelo rural, los fines del patrimonio municipal de suelo o las excepciones para eliminar la obligación de construcción de viviendas de protección oficial”.

“La ley es un paso adelante”, dicen, aunque a juicio de esta organización “es insuficiente” para frenar la especulación urbanística. “Dada la situación urbanística caótica que reina en la mayor parte del territorio español, la futura Ley de Suelo deberá ser más restrictiva en algunos aspectos determinantes”.

Los ecologistas también consideran “un avance importante el hecho de que el Ministerio de Vivienda haya contado con las organizaciones ecologistas en el proceso de redacción del texto del anteproyecto”, algo que no había sucedido anteriormente.

Recuperar el protagonismo

Desde el punto de vista ambiental, uno de los aspectos más relevantes es la recuperación del protagonismo del suelo que el texto denomina rural. “A partir de ahora los instrumentos de ordenación deberán justificar la necesidad de transformar el suelo rural a urbanizado. El suelo que no sea necesario deberá ser preservado de la urbanización”, prescriben los ecologistas.

“Este aspecto supone un cambio radical en la situación actual. La actual Ley de 1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones, más conocida como “la ley del todo urbanizable”, ha demostrado su fracaso en la reducción del precio de la vivienda y sin embargo ha fomentado una situación de caos urbanístico que debe ser corregido” agregan.

Otros aspectos de la nueva Ley que resaltan son los nuevos criterios de valoración del suelo o la obligación de someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos y de ordenación del territorio. “Tan importante como estos resulta el hecho de que se intente incrementar la transparencia del procedimiento urbanístico sometiendo los convenios urbanísticos a información pública y dando un mayor protagonismo a la participación pública en todo el proceso urbanizador”, dice Ecologistas en Acción.

“Por otra parte, es un paso muy importante, el hecho de que deba reservarse un 25 % del suelo a vivienda de protección oficial (VPO) y los propietarios de suelo deban ceder entre un 5 y un 15% de los aprovechamientos al Ayuntamiento”. Aunque a juicio de Ecologistas en Acción estos porcentajes deberían incrementarse a un 50% para la VPO y a un 10-20% de cesiones de aprovechamientos es un paso adelante porque “supone fijar un mínimo que en la Ley de 1998 no existe ni para VPO ni para el caso de los aprovechamientos”.

“Puntos negros”

Sin embargo, para los ecologistas, el texto tiene “algunos puntos negros que deberán ser rectificados”. Sostienen que “la Ley deberá ser más restrictiva en cuanto a la utilización del suelo rural. Tal y como está redactado el articulado, las Comunidades Autónomas podrían incluir dentro del suelo rural (el actual suelo no urbanizable protegido) construcciones que no son propias de este tipo de suelo”.

Igualmente, a juicio de esta organización, “deben restringirse el destino del patrimonio público de suelo. Esta figura es una buena herramienta para luchar contra la especulación urbanística y para abaratar la vivienda ya que son bolsas de suelo destinadas a la construcción de VPO”.

Actualmente, los Ayuntamientos incumplen la creación del patrimonio públicos de suelo y en caso de tenerlo se destina a usos que no corresponden a este tipo de suelo. “Para cambiar esta tendencia, el nuevo texto de Ley debe ser más restrictivo en cuanto a los destinos del patrimonio público de suelo”, sostienen.

Otro aspecto que no convence a Ecologistas en Acción es el hecho de que el texto de Ley exima de la obligación de reservar suelo para VPO las urbanizaciones de segunda residencia.

Críticas al PP

Ecologistas en Acción lamenta que el Partido Popular, antes de estar aprobada la Ley definitivamente, esté anunciando recursos de inconstitucionalidad. “El nuevo texto, aunque tímido, supone un paso importante para luchar contra la situación de abusos urbanísticos y del ninguneo de los ciudadanos”, afirman.

Por otra parte, dado que son las Comunidades Autónomas las competentes en materia urbanística, deberán ser estas las que modifiquen sus normativas actuales para incorporar los criterios y preceptos del nuevo texto de Ley. “Sólo de esta manera se podrá iniciar un camino de retorno a la racionalidad urbanística y poner fin a los negativos efectos derivados de la Ley de 1998”, finalizan los ecologistas.

enlace a la noticia

 
 
¿Cómo denunciar el 'dinero negro' en la venta de casas?
El Mundo (Su Vivienda) - 14 de julio de 2006
 
 
LA FALTA DE PRUEBAS ES EL PRINCIPAL INCONVENIENTE

Imagine que quiere comprarse una vivienda y que su propietario se compromete a vendérsela por una cantidad determinada. Imagine también que de ese importe el vendedor le exige que una serie de euros se los entregue en 'dinero negro', es decir, en billetes de los que se pasan por debajo de la mesa para evitar declararlos. Y que usted, automáticamente, declina la propuesta.

Pero, ¿qué puede hacer para denunciar esta situación?

El camino de la reclamación ante exigencias de pagos en 'b' tiene tres puertas a las que llamar: la Agencia Tributaria, las organizaciones de consumidores y la Comunidad de turno. Y una dificultad común a todas ellas, que no es otra que la falta de pruebas palpables.

La vía de la Agencia Tributaria suele ser la más transitada. «Las denuncias se tramitan confidencialmente; ni siquiera al que la presenta se le comunica cuál ha sido el resultado de la inspección», comentan desde del organismo fiscal. La notificación de queja puede presentarse en cualquiera de sus delegaciones o administraciones o a través de Internet ('www.aeat.es') por medio de un formulario 'on line'.

Datos y hechos

«El documento debe contener el mayor número de datos conocidos que sean necesarios para la identificación, por el órgano inspector, de las personas denunciadas, como el nombre y los dos apellidos o la denominación social en el caso de personas jurídicas, NIF, domicilio, etcétera», explican las mismas fuentes citadas. «Deberán concretarse suficientemente los datos y hechos y, si fuera posible, acompañar la documentación de que se disponga para acreditarlos», agregan.

La Ley General Tributaria contempla como fraudulenta «(...) la llevanza de contabilidades distintas que no permitan conocer la verdadera situación». Según la interpretación de la Agencia, la petición de dinero de forma ilícita se situaría bajo este supuesto.

Las sanciones fiscales se establecen en función del importe y de los medios utilizados. Parten de los 3.000 euros para los casos considerados leves y se incrementan a medida que lo hace la gravedad de los mismos.

Las organizaciones que velan por la defensa de compradores y usuarios son otra de las opciones disponibles para protestar ante este tipo de abuso inmobiliario. «El problema es la falta de pruebas», explican en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Éstas, según el gabinete jurídico de la Federación de Consumidores en Acción (Facua), se pueden obtener de dos maneras: «Que se haga la propuesta de exigencia de 'dinero negro' delante de un notario y que se grabe la conversación en vía pública, nunca en el interior de viviendas ni de locales». «En cualquier caso, muy complicado», reconocen.

Investigación

Ante la falta de indicios, también existe la posibilidad de hacer un escrito denunciando la situación que incluya «el máximo de detalles posible». «Si se hacen diversas denuncias contra una misma persona o inmobiliaria, la organización que las recibe las presenta ante la Fiscalía para que se investigue el hecho», explican en dicha agrupación.

Finalmente, está la opción de acudir a los responsables de esta materia en la Comunidad en la que se encuentre la vivienda de marras. En Madrid, la queja se tiene que hacer audible en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda (situada en la calle de Maudes nº 17). Sin embargo, aquí sólo se atienden cuestiones relacionadas con casas bajo régimen de protección oficial.

Según apuntan desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio madrileña, el procedimiento consiste básicamente en «rellenar un formulario de denuncia explicando que al reclamante se le ha exigido un sobreprecio y aportando todos los datos posibles».

«Si se detecta la existencia de un intento de fraude en viviendas de protección oficial, la Comunidad podría ejercer el derecho de tanteo, comprándola al precio oficialmente fijado», señalan en el Ejecutivo regional.

En ese supuesto la casa podría volver a adjudicarse y, en función de los casos, el denunciante podría adquirir un grado preferente en el proceso. Sin embargo, según reconocen en el propio Gobierno madrileño, «en muchas ocasiones nunca se resuelve».

enlace a la noticia

 
 
Yo me quejo, tú te quejas, él se queja...
El Mundo (Su Vivienda) - 14 de julio de 2006
 
 
En materia de vivienda, todos se quejan ES EL SECTOR QUE AGLUTINA EL MAYOR NÚMERO DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES. LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE DESCONTENTO SON LOS RETRASOS EN LA ENTREGA, LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS, LOS DESPERFECTOS Y EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Para unos tener una casa es un sueño. Para otros, una auténtica pesadilla. Prueba de ello es que la vivienda es el sector que aglutina el mayor número de quejas y reclamaciones por parte de los consumidores. Y no es precisamente un hecho novedoso: este desafortunado récord «se viene produciendo desde los últimos 10 años», asegura Julián Tío, miembro de la junta directiva de la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu).

Según esta organización, «los problemas se dan tanto en las compraventas de viviendas nuevas como en las de segunda mano. Además, hay un tercer grupo que sería el de los arrendamientos y las comunidades de vecinos, donde también hay muchas incidencias», dice Tío.

«Parece mentira, pero todavía se siguen produciendo numerosos incumplimientos por parte de las empresas», coincide Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu).

En 2005 la Cecu recibió un total de 259.530 consultas y reclamaciones, de las que el 24,2% del total, con 14.838 reclamaciones y 48.095 consultas, estaban relacionadas con la vivienda.

Un resultado que, aunque con otros datos, se repite en la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (Fuci), que en 2005 contabilizó más de 10.000 reclamaciones de las que cerca de 8.000 eran de propietarios descontentos con su adquisición.

Las razones de esas quejas también son similares. «Los retrasos en la entrega de la casa, la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, los desperfectos en la vivienda y memorias que no se corresponden con la realidad suelen ser los principales motivos de reclamación», asegura Gustavo Samayoa, del departamento Jurídico de la Fuci.

Eso es lo que les ha pasado a Vicente, Javi, Beatriz y Victoria, cuatro compradores a los que su casa les ha provocado más de un quebradero de cabeza -ver información adjunta-.

«Sin duda, cuando hablamos de vivienda nueva los problemas más habituales son los retrasos en la entrega, el cobro de cantidades indebidas, por ejemplo cuando se obliga al comprador a subrogarse a la hipoteca del promotor o a pagar los gastos de la cancelación de ese préstamo, y el incumplimiento de las memorias de calidades», asegura Tío.

«Por desgracia es muy habitual que las viviendas se entreguen con deficiencias y malos acabados. Dentro de esos defectos los más comunes son las paredes con grietas, goteras o filtraciones», dice la Fuci.

En cuanto a las cláusulas abusivas que incluyen muchos contratos, la mayoría hace referencia a la vinculación de la fecha de entrega del piso a la voluntad de la promotora, al incremento del precio sin razones objetivas o a la retención de cantidades indebidas. «No sólo la inclusión de cláusulas claramente desequilibradas con respecto al comprador, sino también el hecho de que haya muchas compañías que no te dejen sacar el contrato privado de la caseta de ventas para que puedas consultarlo con un experto», dice Izverniceanu, que señala que reciben «tantas reclamaciones de vivienda nueva como de usada».

«En el caso de los pisos nuevos los retrasos y los malos acabados suelen producirse casi siempre por un deseo de la promotora de querer abaratar costes a toda costa. Eso hace que la calidad de los materiales disminuya considerablemente y que, en ocasiones, no se superen las correspondientes inspecciones, lo que termina retrasando la obra», indica Tío.

Si se trata de vivienda usada, casi todas las quejas están relacionadas con el cobro de comisiones indebidas por parte de los intermediarios. «Desde que se liberalizó este sector ha crecido el intrusismo tanto como el número de reclamaciones», dicen en la Ocu.

RETRASO

Vicente compró su casa en septiembre de 2005. Ya estaba construida y se la tenían que haber entregado en diciembre del mismo año. Sigue esperando. «La 'excusa' del promotor es que ha salido una ley que les obligaba a incluir los planos del alcantarillado y que, sin eso, no pueden darnos la cédula de habitabilidad».

El plazo es un elemento esencial en la compra. «Salvo fuerza mayor, el promotor estará incumpliendo el contrato y deberá indemnizar al comprador por los perjuicios que el retraso le haya causado (costes de alquiler, guardamuebles, etcétera). Si el retraso es de tal entidad o concurren circunstancias que hagan que pueda considerarse apto para frustrar las expectativas de la parte compradora en cuanto al fin del contrato, puede elevarse a causa de resolución del mismo, en cuyo caso también cabrá reclamar que se le indemnicen los perjuicios causados».

No obstante, hay un caso en el que no responde el promotor: «Cuando el origen del retraso está en causas de fuerza mayor imposibles de prever aun a pesar de la actuación diligente del vendedor (el hallazgo no previsible de restos arqueológicos en el solar, inclemencias meteorológicas de gran magnitud y/o duración...). No están justificados los retrasos achacables a la realización de trámites administrativos cuando, por no deberse a circunstancias excepcionales, su duración debiera haber sido prevista. A veces las promotoras acceden a indemnizar los perjuicios derivados del retraso, pero otras no hay más remedio que acudir a los tribunales civiles. En estos casos es frecuente que la empresa ceda y pague antes del juicio».

DESPERFECTOS

A Javi le entregaron su casa seis meses después de lo previsto. «Tuvimos que vivir en un apartahotel desde marzo hasta junio de 2005». Cuando se la dieron, empezó otra 'lucha'. «Había una interminable lista de desperfectos: toda la madera estaba mal (armarios, puertas, suelos...); estropearon la tarima con un martillo; la pared estaba llena de grumos; hay grietas y goteras en las plazas de garaje...».

«Sin perjuicio de la responsabilidad contractual que, según el Código Civil, asiste al comprador frente al promotor y cuyo plazo prescribe en 15 años, según la Ley de Ordenación de la Edificación tanto el promotor como los demás intervinientes en la construcción responden por los daños materiales ocasionados en el edificio: durante 10 años, de aquellos daños causados por vicios o defectos que afecten a la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales que comprometan la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio; durante tres años, de los daños materiales causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad; y durante un año el constructor responde de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a los acabados».

Además, «los compradores están amparados por garantías establecidas por medio de seguros de daños en los que los compradores sucesivos se constituyen en asegurados. Estas acciones se ejercitan ante los juzgados de lo civil, aunque también los organismos públicos de consumo tienen potestades sancionadoras por afectar a los derechos de los consumidores».

CLÁUSULAS ABUSIVAS

Beatriz también sufrió la pesadilla de la espera y algo más. «Una de las cláusulas del contrato me obligaba a subrogarme a la hipoteca del promotor. Cuando quise contratar el préstamo con otro banco, me dijeron que debía pagar la cláusula de rescisión del crédito y que no podía negarme porque había firmado».

«Los contratos entre promotoras y compradores son contratos de adhesión que se imponen al comprador si desea adquirir la casa. Pero no por ello queda el consumidor desprotegido: la ley censura el establecimiento de cláusulas y condiciones que lo coloquen en una situación de desequilibrio relevante e injustificado. Algunos ejemplos de cláusulas abusivas frecuentes son la indeterminación de la fecha de entrega o que quede al arbitrio de la promotora; que el comprador deba pagar una indemnización por su renuncia o incumplimiento si respecto de la promotora no se contempla una sanción similar; la imposición de gastos derivados de las escrituras de obra nueva, división horizontal, constitución de hipoteca o división y cancelación de dicha hipoteca; cláusulas que limitan los derechos de los compradores en materia de defectos de la construcción y que supongan la imposición de renuncias o limitaciones de los derechos del consumidor...

Si las cláusulas son oscuras o inconcretas, en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. Lo normal es que el problema no surja al firmar el contrato, sino en la aplicación de parte del mismo. Esta cuestión puede denunciarse ante los organismos de Consumo, pero no es raro que se termine recurriendo a los tribunales civiles para que decreten la nulidad de la cláusula en cuestión».

SUPERFICIE

Victoria también ha tenido problemas. «En la escritura hay 20 m2 menos de los que realmente tiene la casa. Cuando le comunicamos a la promotora nuestro desacuerdo, nos amenazó diciéndonos que si no estábamos conformes, se la venderían a otro. Al final, cedimos».

«Las diferencias entre la realidad física y la descripción registral son habituales y resultan de poca importancia salvo que se desee vender o comprar valorando el inmueble por metros y no como cuerpo cierto. La solución pasa por un acta que, otorgada por un notario, puede llevar al Registro la mayor cabida de su inmueble. Podrán reclamar a la promotora una rectificación y que ella corra con los gastos».

El mayor problema es cuando la casa tiene menos metros que los estipulados en el contrato. «En función de la menor cabida se puede resolver el contrato con indemnización o comprar la casa con una reducción de precio proporcional a la superficie menor. En ventas sobre plano, los tribunales consideran que el consentimiento contractual del comprador se ha otorgado en atención al plano y documentación incorporados al contrato, por lo que cualquier desviación no consentida debe ser enjuiciada como incumplimiento del contrato. Si se trata de una venta ya construida, el incumplimiento da derecho a optar entre una rebaja del precio o la rescisión del contrato, siempre que la menor cabida sea de al menos un 10% de la superficie que se le atribuye al inmueble-; o que la venta se verifique por un precio alzado. Nuestros tribunales en ocasiones han resuelto que, en estos casos, podremos establecer el precio por metro por una simple operación, lo que daría derecho a la resolución o a una indemnización».

enlace a la noticia

 
 
Urbanismo: la asignatura pendiente
GranadaDigital.com - 10 de julio de 2006
 
Falta un año para las elecciones municipales pero, el otro día me quedé de piedra, cuando me lo contaba un comerciante, con gesto preocupado. Un concejal le había advertido en su local: “Más tarde o más temprano, tendrás que ir al Ayuntamiento a pedir algo”. Pero la cosa no se queda ahí: “¿Ahora vienes con bulla al Ayuntamiento, cuando sabemos que asistes a las reuniones del partido…? (de la oposición)”, le espetó el alcalde a un vecino, que se acercó al Consistorio para hacer unas gestiones. También se han producido amenazas de particulares a empresarios, para que dejen de anunciarse en una revista local. “Antes de nacer, aquí ya te tienen marcado, y encima esta gente está bien vista”, me dice otro vecino. Otro concejal también ha amenazado a un empleado del Ayuntamiento, diciéndole que puede prescindir de sus servicios cuando él lo desee… Estas intolerables amenazas y extorsiones han tenido lugar hace poco, en un pueblo cercano a Granada.

Estas cacicadas, tan propias de tiempos pasados, están ocurriendo a plena luz del día, mientras los matones y pistoleros se pasean por el pueblo en actitud chulesca, amenazando a unos y a otros. Esta es la España del siglo XXI que tenemos. Yo escribí un artículo sobre un alcalde en una revista local y, entre otras cosas, lo comparaba con el desaparecido Jesús Gil. Al poco, el edil me puso un acto de conciliación en el juzgado, donde me exigía que rectificara unas ocho frases, bajo amenaza de querella. No me presenté a la conciliación ni rectifiqué, y así andamos. El pueblo está inundado de grúas y su población se ha doblado en diez años. Eso sí, el alcalde sale con frecuencia en los periódicos, anunciando mejoras urbanísticas.

Un amigo me cuenta que un alcalde y sus concejales –elegidos en las últimas elecciones– se han comprado viviendas, chalés, motos, coches… Pero van diciendo a los vecinos que les han tocado doscientos millones en la Primitiva. Como es natural, han recalificado terrenos a mansalva. La teniente de alcalde tiene un taller de confección –donde no asegura a sus empleados– y, últimamente, se ha comprado una nave... Otro oscuro personaje se ha enriquecido aprovechando su paso por la política y, como premio a su labor, los de su partido le dedicaron una plaza en su pueblo, cual personaje ilustre, cuando en realidad es un vulgar ladrón. Le comento esto a un conocido, y me responde tratando de justificarlo: “Este alcalde ha hecho lo que están haciendo todos”. “Yo conozco a concejales y alcaldes honrados, que sólo han sacado disgustos y enemigos de la política”, tenía que haberle dicho. Pero habría que preguntarse aquí: ¿dónde está la democracia? ¿No hay nadie que les eche en cara tanta corrupción? Es sabido que las corporaciones municipales utilizan el urbanismo como fuente de financiación, mediante las recalificaciones de terrenos o concediendo licencias de edificación. Pero, como no disponen de los suficientes recursos, la corrupción en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas viene de la gestión del suelo.

Un informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España destaca que, “el volumen de suelo construido en el país ha crecido un 29,5%, en el período comprendido entre los años 1987 y 2000; mientras que las superficies industriales, comerciales y de transportes han aumentado casi un 73%. Y cada día se transforma en artificial una superficie superior a 45 hectáreas”. Hoy, el precio del solar representa el 50% de lo que vale una vivienda, de manera que no hay negocio más rentable que la concejalía de urbanismo, la que exigen casi siempre los partidos bisagra. Durante el 2005, en la provincia de Granada, los juzgados investigaron 110 casos de irregularidades urbanísticas, la mayoría contra los recursos naturales. Y sin embargo, los escasos alcaldes condenados por los tribunales, bien pronto fueron indultados por los Gobiernos de turno: porque los políticos está por encima de las leyes y de los bancos. Hace unos días, el juez Miguel Ángel Torres definía así, en los autos de prisión, el caso del Ayuntamiento de Marbella: “Una situación generalizada, extendida y prolongada en el tiempo, de evidente corrupción política y económica, que ha creado una atmósfera de favorecimiento mercantil por medio de resoluciones municipales en detrimento del propio interés público”. En cuanto a la organización o estructura criminal de Roca, el juez indica que “los concejales aprueban sin más como consecuencia de las cantidades recibidas todo lo que negocia Roca. Y estos pagos se abonan con las cantidades que Roca recibe de los promotores, para que de modo general se sometan a sus designios”. Señalar que era de sobras conocida la corrupción en Marbella por la Junta y el Gobierno de la nación, por la Fiscalía Anticorrupción, por los jueces locales y por Hacienda. Pero era mejor mirar para otro lado.

La corrupción, la especulación urbanística, los atentados al medio ambiente, los cohechos, ‘la mordida’ y el desarrollismo feroz son las asignaturas pendientes de nuestra democracia. Por eso, cuando vayamos a votar en las próximas elecciones municipales de mayo, debemos pensar que hay españoles que son amenazados e intimidados por los caciques y los matones de turno, y pueblos donde se dedican a dar pelotazos urbanísticos: porque la democracia no ha llegado todavía y, encima, los mafiosos están bien vistos. Sólo por cuestión de higiene, habría que ‘botarlos’ cuanto antes, pues ya nos lo advertía Jovellanos: “Los pueblos tienen el gobierno que se merecen”.

enlace a la noticia

 
El binomio urbanismo y transparencia
El Mundo (Su Vivienda) - 14 de julio de 2006
 
 
El último informe de transparencia internacional pone de relieve cómo una de las principales fuentes de corrupción en España está en determinadas prácticas urbanísticas. No puede, sin embargo, afirmarse, sin frivolizar, que allí donde haya gestión urbanística deba haber inevitablemente algún tipo de corrupción. Ni mucho menos. La corrupción nace de comportamientos delictivos alumbrados, eso sí, al albur de determinadas insuficiencias regulatorias que generalmente tienen mucho que ver con la falta de transparencia y de seguridad jurídica —y económica— en la gestión.

El informe incide en las siguientes cuestiones: la práctica generalizada de los convenios urbanísticos, generadores de no pocas incertidumbres y de excesivas discrecionalidades; la deficiente regulación de la financiación de las haciendas locales que, unida a la asunción por los ayuntamientos de las llamadas competencias impropias, conduce casi inevitablemente a las autoridades municipales a buscar vías de financiación a través del suelo, vías de las que pueden derivarse comportamientos irregulares; un sistema sancionador excesivamente benevolente; la creación de partidos políticos de ámbito local con el objetivo espurio de hacerse con la gestión urbanística; el todavía inaudito sistema de financiación de partidos políticos; y la ingente cantidad de dinero negro que ha encontrado refugio en el sector. Podríamos citar otros. Hay, sin embargo, un lugar común repetido hasta la saciedad entre los profesionales: «Mientras el lápiz urbanístico del Ayuntamiento tenga la llave para el enriquecimiento súbito de un propietario, habrá corrupción».

Hay que saber, en consecuencia, dónde estamos. Pero hay también que tener cuidado para no incurrir en un injusto macartismo enloquecido que ponga al sector en riesgo. La falta de transparencia puede ser generalizada, incluso estructural, pero no se traduce automáticamente en una especie de corrupción urbanística institucionalizada. Y los partidos harían bien en extraer tan delicada cuestión de la batalla política. Los actores son los responsables, cuando la haya, de la corrupción. Pero los poderes públicos son, en todo caso, los responsables de la falta de transparencia. El borrador de anteproyecto de Ley del Suelo introduce algunas correcciones puntuales (creación de un sistema de información urbanística, incremento de la participación ciudadana, resumen ejecutivo de los planes) pero no entra, en mi opinión, en el fondo del asunto. Es demasiado el peso del sector en la economía española; son demasiadas las inversiones extranjeras, como para que determinadas opacidades —que facilitan a veces prácticas indeseables— las pongan en riesgo.

Pedro Gómez de la Serna, abogado, coordina el Observatorio de la Vivienda de Garrigues.

enlace a la noticia

 
 
Economía y laboral
 
EL BCE SUBIRÁ OTRA VEZ LOS TIPOS
CincoDías.com - 07 de julio de 2006
 
 
El Banco Central Europeo dejó ayer los tipos de interés en el 2,75%, pero su presidente abrió la puerta a una nueva subida de un cuarto de punto en agosto. De confirmarse, supondría una aceleración del ritmo de subidas, que desde diciembre se producen cada tres meses.

La reunión mensual del Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort no deparó sorpresas: el precio del dinero en la eurozona sigue en el 2,75%. Sí sorprendieron, en cambio, los términos empleados por su presidente en la rueda de prensa posterior. Jean-Claude Trichet volvió a usar las palabras que suelen anunciar inminentes subidas de tipos: 'El BCE mantendrá una estrecha vigilancia para asegurar que los riesgos sobre la estabilidad de precios no se materialicen'.

Los analistas intuyen que Trichet llevará los tipos hasta el 3% en la próxima reunión del Consejo. Kevin Gaynor, director de investigación económica de Royal Bank of Scotland, apuesta por esta posibilidad, no sólo por el lenguaje utilizado por Trichet, sino también por su decisión de citar a los consejeros en Fráncfort el 3 de agosto. Habitualmente, la reunión veraniega se celebra por videoconferencia.

De confirmarse la esperada subida de agosto, supondría un cambio en el ritmo de 'retirada de la política monetaria acomodaticia', como gusta llamar Trichet a la subida de tipos. Desde que la iniciara en diciembre, cada trimestre ha decretado un alza de un cuarto de punto. La última vez fue en Madrid, el mes pasado, por lo que otro movimiento en agosto acortaría el intervalo habitual a sólo dos meses.

En cualquier caso, Gaynor cree que el ritmo de subida de tipos no afectará a la recuperación económica: 'Las subidas acumuladas no representan un sobrecoste significativo para las empresas a la hora de invertir. Creo que eso empezaría a notarse con tipos de interés en el 4% o el 4,25%, y creemos que el año se cerrará en el 3,25%'.

Mejoran las expectativas

La buena marcha de la economía parece dejar margen a la subida de tipos más rápida en aras de controlar la inflación. La Comisión Europea avisó la semana pasada de que el ritmo de crecimiento de la zona euro podría ser este año mayor del previsto; mientras, la inestabilidad política mundial y el aumento de demanda de carburantes han llevado el precio del petróleo Brent a cotizar ayer en Londres a 74,2 dólares por barril, a menos de uno de distancia de su récord.

Trichet resumió la situación con claridad: ulteriores subidas 'están garantizadas' si el crecimiento económico se acelera y la inflación 'se mantiene elevada'. Los indicadores apuntan en esa dirección: el índice de precios de consumo armonizado de la zona euro se situó en junio en el 2,5%, sólo una décima menos de su máximo en cinco años y muy por encima del objetivo de 'estabilidad de precios', que el BCE sitúa ligeramente por debajo del 2%.

En el otro lado del fiel, la tasa de desempleo está en mínimos desde 2001 (7,9%), mientras los indicadores de confianza acumulan noticias positivas. El índice IFO de confianza empresarial de Alemania registró en junio su máximo nivel en 15 años, y la gran coalición de gobierno acaba de anunciar que el año que viene la mayor economía europea cumplirá el objetivo de déficit público del Pacto de Estabilidad (3%) por primera vez desde 2001.

Los mercados parecen compartir la expectativa de inminentes subidas de tipos. El rendimiento de los contratos de futuros a tres meses con fecha de diciembre se elevó ayer tres centésimas, hasta el 3,68%. Los mercados apuestan, pues, a que los tipos de referencia del BCE estén entre el 3,5% y el 3,75% cuando termine el año.

También el euro se revalorizó respecto al dólar a la vista de la probable subida de tipos. La senda alcista emprendida por el BCE en diciembre ha llevado a la divisa europea a pasar en lo que va de año de cambiarse a 1,118 dólares a los actuales 1,273. Un efecto inducido que no conviene a países como España: la subida del euro encarece las exportaciones fuera de la zona de los Doce, lo que dificulta la reducción del ingente déficit comercial.

El Banco de Inglaterra se resiste a mover ficha

El Banco de Inglaterra mantuvo ayer los tipos de interés de referencia en el Reino Unido en el 4,5%, donde han permanecido los últimos 11 meses.

Las islas británicas se mantienen así al margen del proceso de subidas en el que, con distinta graduación, se encuentran inmersos Estados Unidos y la zona euro. El gobernador del banco central del Reino Unido, Mervyn King, no ha dado pistas sobre una próxima subida, aunque la inflación ya supera su objetivo del 2%, lo que podría suponer algún movimiento alcista antes de que acabe el año.

La subida del precio del dinero se está extendiendo por las principales economías del mundo, a medida que las mejoras en la demanda comienzan a plantear tensiones inflacionistas. Hace apenas dos años, el Banco Central Europeo mantenía los tipos de referencia en el 2% (hoy, en el 2,75%); la Reserva Federal estadounidense, en el 1% (ahora están en el 5,25%), y el Banco de Inglaterra en el 3,75% (desde hace casi un año están en el 4,5%).

El caso de Estados Unidos es el más extremo, como corresponde a la mayor pujanza de su economía: desde mediados de 2004, la Fed ha decretado 17 subidas consecutivas de un cuarto de punto o incluso de medio, y el nuevo gobernador, Ben Bernanke, ha anunciado que todavía hay margen al alza.

La única excepción, hasta ahora, entre las grandes potencias económicas es la de Japón. El país del sol naciente mantiene los tipos de interés en el 0,1% desde hace cinco años. Sin embargo, la recuperación económica ha llevado a que los mercados den ya por descontada una subida de tipos por parte del Banco de Japón tan pronto como la próxima semana.

enlace a la noticia

 
 
CNMV CRITICA LA POCA REGULACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Periódico de Catalunya - 08 de julio de 2006
 
 
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe (foto), criticó ayer el retraso de la mayoría de medios de comunicación españoles en aplicar códigos deontológicos y lamentó que algunos "expertos" financieros publiquen opiniones interesadas. El presidente del órgano supervisor aprovechó la clausura de un curso de verano de la Universidad Complutense para analizar la relación de la prensa española y las bolsas.

En su opinión, la prensa juega un "decisivo" papel en el buen funcionamiento de los mercados y su labor es "importante" porque ayuda al buen gobierno y las buenas prácticas. Entre otros motivos, recordó, porque denuncia comportamientos inadecuados y fraudulentos.

Por este motivo, es el "aliado natural" de los órganos supervisores y mantiene con ellos una "relación simbiótica". Sin embargo, el presidente de la CNMV recordó que los periodistas no reflejan la auténtica realidad, sino que la seleccionan y la reconstruyen cuando la difunden, por lo que "no son meros mensajeros" sino "constructores". Por su importancia en el sistema financiero lamentó la poca implantación de códigos deontológicos y aseguró que, "sin generalizar", existen "debilidades" que desembocan en la autocensura y que permiten que poderes económicos eclipsen y mediaticen la labor periodística. Mientras que "otros nos hemos puesto las pilas y estamos a años luz de donde estábamos hace años", los medios de comunicación pecan de "autocomplacencia" y "falta de autocrítica".

enlace a la noticia

 
 
GOLPE FISCAL A LOS INMUEBLES DE LOS GRANDES AHORRADORES
Expansión.com - 14 de julio de 2006
 
 
La última redacción del proyecto de IRPF recoge tres cambios que han quitado la tranquilidad a las inversiones en inmuebles. Se endurece el pago del Impuesto de Patrimonio en un momento de fuerte encarecimiento de los pisos.

La reforma del IRPF sigue dando sorpresas. Y en esta ocasión, los afectados serán los grandes ahorradores con inversiones en inmuebles.

Tres cambios conjuntos han puesto en entredicho el esquema fiscal del que hasta ahora se han beneficiado las grandes fortunas para evitar el pago del Impuesto sobre Patrimonio por sus inmuebles (pisos, garajes, naves, locales comerciales, etc.). Las claves de esta reforma son las siguientes:

- Bienes empresariales:

La ley actual regula que si el 50% de los activos de cada filial perteneciente a un hólding empresarial es "apto" para la actividad empresarial, tanto estos bienes como el resto de sus activos deben quedar exentos del Impuesto del Patrimonio. Bajo el nombre de activos "aptos" se consideran todos aquellos que son realmente necesarios para el desarrollo del negocio. Por lo tanto, no se aceptan como "aptos" los que corresponden a inversiones privadas de los socios de la compañía. La norma ha permitido, así, que los grupos familiares diluyan en las distintas filiales de los hólding los ahorros en inmuebles de los propietarios de la compañía, de forma que quedan al margen del Impuesto de Patrimonio, un impuesto por el que se paga hasta un 2,5% del valor de los bienes.

El nuevo proyecto de reforma, por el contrario, endurece el cálculo, de forma que la exención deberá adecuarse al peso proporcional de los activos "no aptos" sobre el total del hólding. El resultado es que a medida que existan más bienes "no aptos", menor será la exención en Patrimonio, algo que truncará los deseos de que los pisos, fincas y solares de los socios queden exentos.

- Actividad económica:

La segunda pata de esta reforma afectará a las inversiones en inmuebles realizadas a título particular, sin vincular a la empresa. El cambio se centra en lo que se denominan "rendimientos por actividades económicas". Bajo este nombre se recogen los ingresos que obtienen las personas físicas, sin constituirse como empresa, a través de actividades que, por su volumen y tipología, son más cercanas a un negocio económico, que a un ingreso salarial o a una ganancia patrimonial. Entre las ventajas que ofrece el hecho de que unos ingresos sean considerados como procedentes de "actividades económicas" se encuentra la de que los bienes con los que se obtienen, conocidos como bienes "afectos" a la actividad, no tributan en el Impuesto del Patrimonio.

El nuevo proyecto también altera este punto. La ley actual permite considerar la compraventa de inmuebles como una actividad que da derecho general a la exención de los inmuebles declarados como empleados en esta actividad. La reforma, sin embargo, supondrá que a partir del 1 de enero de 2007 la compraventa inmobiliaria pierda este beneficio fiscal general, con lo que deberá demostrarse que realmente cada uno de ellos se usa para la actividad económica si se quiere esquivar el pago de Patrimonio.

Esta opción permitía hasta ahora reducir la carga fiscal de patrimonios inmobiliarios de personas físicas que, pese a tener sus ahorros en este tipo de inversiones, no alcanzaban el nivel económico suficiente como para contar con un hólding empresarial.

- Sociedades patrimoniales:

La reforma fiscal contempla, además, la desaparición de las llamadas sociedades patrimoniales, una figura que se introdujo en 2003 para sustituir a las sociedades transparentes y que también había permitido hasta ahora la gestión de patrimonios con mejoras fiscales, entre ellas, en el Impuesto sobre el Patrimonio. Existen más de 42.000 de estas sociedades y una amplia mayoría de ellas tienen inmuebles como activos. Su desaparición no solamente supone en sí un cambio drástico para sus usuarios, sino que, además, recorta al mínimo las posibilidades de actuación para los patrimonios inmobiliarios al eliminarse una de las últimas opciones que quedaban para lograr beneficios fiscales.

PSOE y CiU han pactado un régimen transitorio para que la desaparición de estas sociedades no sea excesivamente gravosa y permita que la disolución no pague impuestos si se hace en los seis primeros meses del próximo ejercicio.

Los expertos consultados por EXPANSIÓN señalan que la triple reforma supone una eliminación drástica de los mecanismos empleados hasta ahora para conseguir rebajar la factura fiscal por los patrimonios y añaden que el cambio amenaza con generar una profunda reestructuración de los mecanismos de ahorro de grandes y medias fortunas. Desde el Ejecutivo no ocultan que "se pretende evitar un ahorro privilegiado que no tiene justificación empresarial real".

enlace a la noticia

 
 
DEMOLEDOR INFORME DE LA CAIXA: LA ECONOMÍA HA “TOCADO TECHO”
El Confidencial - 12 de julio de 2006
 
 
Por escasa productividad

Demoledor informe del Servicio de Estudios de La Caixa sobre la productividad de la economía española. Según la caja de ahorros catalana, el actual patrón de crecimiento, basado en la construcción y en la producción de determinados servicios de bajo valor añadido y de escaso contenido tecnológico (hostelería, seguridad, limpieza...), está agotado. Y lo que es peor, amenaza la sostenibilidad del crecimiento.

Tal vez como un anticipo, La Caixa considera que, aunque el ritmo de actividad “continúa siendo muy vivo”, lo cierto es que “ya ha tocado techo”, como apunta el indicador sintético de actividad que elabora el Ministerio de Economía a partir de una serie de indicadores parciales.

La Caixa echa la culpa de la baja productividad a la persistencia de un patrón de crecimiento insostenible. Y recuerda que casi la mitad del crecimiento del PIB en los últimos años lo aportaron la construcción y los servicios de bajo valor añadido.

Mientras que en la industria y la producción de energía el avance de la productividad ha sido “satisfactorio”, en los servicios privados (como los citados anteriormente) se ha producido un “estancamiento”, y, lo que es peor, en la construcción se ha observado un “retroceso”, asegura la caja presidida por Ricard Fornesa.

La caja va más allá y recuerda que frente a estos últimos datos, los servicios públicos (sanidad, educación...), “salen bastante bien parados” respecto al resto de sectores económicos.

Esta “mediocre” evolución de la productividad se pone de manifiesto en el hecho de que las actividades más eficientes (aquellas en las que el crecimiento de la productividad supera el 2% anual), representan tan sólo el 11% del PIB. En este primer grupo figuran la producción de energía, las actividades industriales punteras y los servicios de intermediación financiera.

El grupo siguiente, que engloba los avances de productividad situados entre el 1% y el 2%, aporta aproximadamente un 38% del Producto Interior Bruto. ¿Qué significa esto? Pues que algo más del 50% del PIB tiene un comportamiento negativo desde el punto de vista de la productividad. “Los hechos hablan por sí solos”, se lamenta el informe.

Tirón de orejas al Gobierno anterior

La conclusión a la que llega el estudio es que el modelo de crecimiento adoptado por la economía española ha lastrado la productividad. Y llama la atención sobre un particular. “El comportamiento de los sectores menos productivos es hoy mucho peor en España que en el conjunto de la UE-15”.

La Caixa llega a una última conclusión mucho más engorrosa para el Gobierno anterior. Con el mismo patrón de especialización sectorial, si la productividad española hubiera cumplido “al menos” los mismos estándares que en la UE, se habría alcanzado la convergencia real con Europa. Según sus datos, la economía creció a una tasa media anual del 3,2%, pero si la productividad hubiera evolucionado en términos similares a los europeos, el crecimiento medio anual se habría situado en el 4,5%. “Es decir, asegura la Caixa, en estos momentos el PIB per cápita español superaría cómodamente la media de la UE, cuando la realidad actual es que todavía no alcanzamos dicha media”.

La caja catalana termina su informe con un aviso para navegantes: “El dinamismo futuro de la economía dependerá, pues, de que se corrija a tiempo el rumbo actual y puedan ir ganando peso las actividades con tecnología punta y mayor valor añadido”.

enlace a la noticia

 
 
Solbes recomienda 'prudencia' a la hora de hipotecarse
ElEconomista.es - 09 de julio de 2006
 
 
Para poder asumir subidas de tipos

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, recomienda "prudencia" a los compradores de vivienda "en cuanto a las condiciones hipotecarias que asumen, para que tengan así cierto margen de maniobra ante posibles subidas de tipo de interés".

"No soy partidario de un alargamiento excesivo de los créditos hipotecarios como el que se está produciendo, porque creo que la gente tiene derecho a vivir una parte de su vida sin tener que pagar una hipoteca", declaró Solbes en una entrevista que el diario ABC publica en su edición de hoy, recogida por Europa Press.

El vicepresidente económico reconoció que actualmente existe una "gran interrogante", la del máximo a la que puede a establecer el Banco Central Europeo (BCE) los tipos de interés, si bien aseguró que la subida "afectará a algunas familias".

Ante ello, Solbes considera que "lo único que se puede hacer es recomendar a la gente que sea prudente en cuanto a las condiciones hipotecarias que asume, para que tenga cierto margen de maniobra ante posibles subidas de tipos y favorecer las hipotecas a tipo fijo y mixto".

"Tenemos que ser conscientes de que si la gente paga más por hipotecas consumirá menos, si bien no es un tema que me obsesione a corto plazo", apuntó.

enlace a la noticia

 
 
Bancos y cajas permiten deudas 45% superiores a recomendado
El Mundo - 07 de julio de 2006
 
 
"Cobro 1.000 euros al mes. No tengo trabajo fijo. Quiero comprarme una casa de 180.000 euros y con mis ahorros a duras penas llego a cubrir los gastos de gestión. ¿Encontraré una entidad financiera que me conceda una hipoteca por el valor total de la vivienda?" La respuesta es afirmativa. Rotundamente sí.

La mayoría me exige como 'cromo' que uno vaya a firmar la escritura de la mano de un familiar o amigo que se comprometa a avalarme y no pocas me sugieren que la tasación debería alcanzar un mínimo de 225.000 euros, para que el préstamo sea sólo por el 80% del valor estimado. Pero todas sin excepción me invitan a apretarme el cinturón hasta la extenuación y empezar a disfrutar de mi hogar, ¿dulce hogar?

Pongamos un ejemplo gráfico: en una caja de ahorros del distrito madrileño de Chamartín se comprometen a dejarme el dinero que necesito para acceder a este techo propio, a cambio de una cuota mensual de 849 euros durante los próximos 30 años. Si recuerdan mi condición de 'mileurista', el resultado de la operación es que me quedarán para sobrevivir un total de 151 euros.

A todo esto hay que sumar que dentro de seis meses revisarán las condiciones de mi préstamo y que, para entonces, el Euribor (índice con el que se revisan la mayoría de las hipotecas a tipo variable) habrá pasado, previsiblemente, del 3,308% al 4%. Traducido a incremento de la cuota, éste la equiparará prácticamente al importe total de mi nómina.

La cifra desborda con creces la recomendación del Banco de España de que el endeudamiento de las familias no debe superar en ningún caso el 35% de los ingresos que recibe. Y éste no es precisamente un caso anecdótico. El 'pleno al 15' de las entidades financieras hace la vista gorda a esfuerzos financieros que superan holgadamente el 40% de las retribuciones monetarias que reciben los solicitantes de préstamos hipotecarios.

El suplemento SU VIVIENDA, del diario EL MUNDO, ha podido comprobar esta experiencia en primera persona, al hacerse pasar por un hipotético comprador que, en el límite de sus posibilidades, acudía a una entidad en busca de financiación. Y, sorprendentemente, aunque nuestro perfil de adquirente no tenía las cosas nada fáciles debido a sus escasos ingresos y a su precaria situación laboral, la respuesta de los bancos no ha podido ser más optimista: en las 10 sucursales visitadas con este perfil logramos salir con una hipoteca debajo del brazo.

En pareja

Superada esta prueba, no era de extrañar que, con otro modelo de comprador que en lugar de adquirir en solitario lo hacía en pareja, las cosas se nos pusieran aún más fáciles. Lo comprobamos en otra veintena de entidades y también logramos nuestro objetivo, incluso después de mostrar nuestro recelo por el nivel de endeudamiento que alcanzaríamos al contratar el préstamo.

En ese momento, las entidades nos tranquilizaban con afirmaciones del tipo de "no pasa nada porque te endeudes por el 45% de tus ingresos".

El hecho de contar con un avalista nos facilitó mucho más las cosas. Hasta el punto de lograr que nos financiaran el 100% del valor de la vivienda, cuando, en teoría, las entidades sólo prestan hasta el 80%.

Sorprendidos por el resultado de nuestra experiencia, visitamos otras 20 entidades, pero esta vez 'con el más difícil todavía': un comprador sin trabajo fijo y con unos ingresos mensuales de 1.000 euros, que quiere comprar una casa más cara, en concreto de 240.000 euros.

Como en ninguna de las sucursales visitadas encontramos financiación con este perfil, introdujimos dos elementos nuevos que hicieron a las entidades cambiar de opinión: una pareja y un avalista. Estas dos palabras mágicas fueron la clave para poder convertirnos en propietarios.

Avales

Una de las conclusiones del periplo bancario realizado por SU VIVIENDA es que al potencial comprador que se presenta acompañado de una persona solvente, que respondería ante posibles situaciones de impago, se le abren prácticamente todas las puertas de cara a la financiación. Unos padres pensionistas o un hermano que a su vez tenga una hipoteca por satisfacer son el 'abracadabra' suficiente para que la caja fuerte de la entidad financiera haga chirriar sus goznes.

En el caso más extremo dentro de los 'bancariamente' viables (el de joven en solitario que aspira a acceder a un crédito de 180.000 euros), la figura del avalista entra en escena en algunos de los supuestos de concesión. En estos casos, el aval adquiere un compromiso mayor, al figurar como cotitular de la escritura del préstamo, junto al propietario de la casa y, suponiendo que éste no pueda pagar un mes la cuota, el fiador lo hará automáticamente por él.

Aunque esta figura todavía tiene un papel más que secundario en el escenario de los préstamos para vivienda, la previsión de subida de tipos de interés puede contribuir a que se convierta en el actor revelación de la próxima temporada hipotecaria.

Los temidos tipos de interés

Y es que buena parte de los bancos y cajas trabaja ya con la hipótesis de que el Euribor habrá dado un estirón hasta el 4% (desde el 3,308% registrado en el mes de mayo) para cuando el año ponga su punto final. Esto significa que todas las hipotecas contratadas a tipo variable, es decir, prácticamente la totalidad de las suscritas, engordarán de forma directamente proporcional a la cantidad que al solicitante le quede por abonar.

Para los casos en los que la solicitud sea de 180.000 euros y suponiendo que el plazo de devolución se prolongue durante 30 años, a día de hoy, la cuota mensual ascendería a 789,11 euros (prescindiendo del diferencial que le suman los bancos y que generalmente se mueve en la horquilla del 0,35% al 1%). Con la subida del Euribor al 4%, esta letra pasaría a ser de 859,35 euros, todo un desafío para los bolsillos más apretados.

Sin embargo, ninguna entidad de crédito, y en esto la unanimidad es absoluta, menciona la posibilidad de solicitar préstamos a tipo fijo. Cuando, a petición de los solicitantes, se les consulta por esta posibilidad, los asesores financieros, también todos a una, desaconsejan esta opción, según los parámetros por los que se mueve actualmente el mercado y por los que, probablemente, lo hará en el corto-medio plazo.

Hasta el 80% del valor

Otra de las conclusiones de esta ruta hipotecaria es que las entidades no ponen inconvenientes a la hora de financiar más del 80% del valor de la casa, desoyendo, una vez más, las recomendaciones del Banco de España.

Aunque en muchas de ellas se nos aseguraba que ese era el límite, al insistir en nuestra necesidad de pedir la totalidad, no tardaban en ofrecernos alternativas. Y nuevamente la palabra aval era la clave para que nuestros deseos se convirtieran en realidad. Tanto que con la existencia de un avalista en una de las entidades se nos ofreció llegar hasta el 120% o 130% del valor de la casa para, de paso, poder amueblar la vivienda, por ejemplo.

A lo que tampoco prestan demasiada atención los 'guardianes' del dinero es a la temporalidad laboral que esgrimen muchos de los candidatos al firmar un préstamo hipotecario. Ni el hecho de que los dos miembros del tándem pagador estén expuestos a que su relación con la compañía que le paga a final de mes, bajo la fórmula de contrato por obra, se pueda extinguir como la pólvora los disuade de dar el aprobado a la operación de endeudamiento.

Aportar una vida laboral extensa, pese a estar sometida a interrupciones, suele ser un argumento de peso suficiente como para inclinar la balanza hacia el lado del sí. En todo caso, y una vez más, no hay precariedad laboral que un solvente aval no haga prescindible.

Con independencia del importe solicitado y al margen de la presencia de un fiador, determinados compromisos con la entidad bancaria de turno hacen que el paso por el altar hipotecario sea más sencillo en la mayoría de los casos. Si se domicilia la nómina y el mayor número posible de recibos del hogar (gas, luz, teléfono...) las autoridades financieras son mucho más flexibles a la hora de dar luz verde al préstamo.

En el lote de facilidades, muchas aprovechan para, como el que no quiere la cosa, 'colar' la contratación del seguro de vida que oferta su compañía. "No es obligatorio, pero sí ayuda", repiten casi como si del estribillo de una canción pegadiza se tratara en casi todas las sucursales bancarias.

enlace a la noticia

 
 
Año 2056: fin de la hipoteca
El País - 10 de julio de 2006
 
 
Bancos y cajas se lanzan a por los treintañeros con préstamos inmobiliarios a 50 años. Hipotecados hasta la jubilación. Es el destino de muchos jóvenes que quieren acceder a una vivienda. Bancos y cajas ofrecen hipotecas que se amortizan en 40 y 50 años. Eso sí, siempre que no se hayan cumplido los 35 de edad. Constituyen el último recurso para aquellos que se han quedado fuera del delirio inmobiliario de la última década. Pero puede convertirse en un regalo envenenado, puesto que estos jóvenes serán quienes más acusen las subidas de tipos que se avecinan. Además, los intereses serán muy superiores a los de la hipoteca media, que en España tiene un plazo de 25 años. El Banco de España ya ha manifestado su preocupación por las repercusiones de estas hipotecas de medio siglo.

Ahora mismo hay jóvenes con una hipoteca que terminarán de pagar en 2056. Serán ancianos -en algún caso octogenarios- cuando, por fin, el piso sea suyo de verdad. Las generaciones que les han precedido se han aprovechado de los bajísimos tipos de interés. Esto, a su vez, ha generado un boom inmobiliario que ha triplicado los precios de la vivienda desde 1998. Resultado: adquirir una casa es ahora más difícil que nunca. Y la única manera de hacerlo es estirar hasta lo inverosímil el plazo del pago. A pesar, incluso, de que esto implique que se pague mucho más por los intereses.

Las entidades financieras, que no se dan por vencidas a la hora de buscar nuevos clientes, se han lanzado a por los más jóvenes con hipotecas longevas que alcanzan el medio siglo. A falta de otra cosa, los jóvenes aportan lo único que tienen: años para pagar.

A finales de 2005, la caja vizcaína BBK ofreció la primera hipoteca a 50 años, la más larga del mercado, para menores de 35 años. Otras entidades en el País Vasco, como Caja Vital, Caja Laboral o la Caja Rural Vasca han seguido el ejemplo. Pero no son las únicas que ofrecen hipotecas especiales para los más jóvenes. BBVA viene concediendo hipotecas a 40 años desde 2000; La Caixa, desde 2002; Santander, Caja Madrid y Caixa Catalunya se sumaron a la moda el año pasado. Eso sí, no se presta a esos plazos a mayores de 35 años: de ahí en adelante se considera que uno ya no tiene tiempo suficiente como para hacerse cargo del pago.

Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario y ex economista del Banco de España, cree que el alargamiento del plazo de las hipotecas es "una mala señal", ya que constituye un síntoma claro de las dificultades de acceso a la vivienda. En 1991, en el anterior boom inmobiliario, el precio de mercado de una casa en España equivalía a 5,5 veces el salario medio. Desde entonces, la vivienda ha subido el doble que los sueldos.

Rodríguez recuerda que los españoles dedican el 45% de su salario bruto al pago de su hipoteca. En Madrid se dispara hasta el 55% y en el País Vasco aún más, hasta el 57,1%. Un viejo mantra bancario solía asegurar que quienes dedican más de la tercera parte de su renta al pago de su hipoteca entraban en el terreno de los sospechosos de acabar engrosando las listas de morosidad.

Ante este panorama, contratar una hipoteca a largo plazo resulta la única solución. Ejemplo: imaginemos una joven pareja de mileuristas, que aspira a comprar una vivienda razonable. Desechamos al mileurista que quiere vivir solo porque hoy en día muy pocos valientes se atreven con una hipoteca en solitario, ya que hacen falta dos sueldos. Supongamos que la pareja de la historia ha encontrado una casa que le gusta y que cuesta 170.000 euros (precio medio de una vivienda media en España de 90 metros cuadrados). Y también encuentra un banco que se la financia por completo. Los dos jóvenes hacen cuentas: al actual tipo de interés, la cuota mensual será de 827 euros si la hipoteca dura 30 años; si se estira a los 40 años, el recibo será de 727 euros. Pero si se deciden por la nueva hipoteca del medio siglo pagarán al mes 673 euros. Una rebaja sustancial para dos mileuristas.

Con las hipotecas largas, las entidades financieras consiguen un claro objetivo: captar un cliente que, casi con seguridad, quedará cautivo varias décadas. ¿La razón? Nadie suele cambiar de banco mientras tiene una hipoteca. Además, muchas entidades exigen la domiciliación de la nómina, lo que suele impulsar a hacer lo propio con los demás recibos habituales. Todo ello es negocio para la entidad.

Aunque no todo son ventajas. El mayor plazo implica también un mayor riesgo. El Banco de España ya ha alertado del asunto. El portal del cliente bancario que el Banco de España ofrece en su web (www.bde.es) advierte de algo que se puede olvidar al contratar una hipoteca a muy largo plazo o con periodos de carencia -sólo se pagan los intereses-: que cuanto mayor es la flexibilidad de un préstamo en cuanto a sus condiciones y a sus cuotas mensuales, mayor es su coste total. Esto lo ilustran los mileuristas de esta historia. Al final de la hipoteca, la pareja, cuyo piso costaba 170.000 euros, habrán pagado, a lo largo de los 50 años, 223.000 más de intereses.

Además, las ventajas de contar con una cuota más barata gracias a alargar el plazo disminuyen según aumentan los tipos de interés, circunstancia ésta con la que hay que contar en la actualidad. Esto significa que la previsible subida de tipos perjudicará mucho más a la pareja de mileuristas y a su hipoteca de 50 años que a otros compradores con préstamos más cortos.

enlace a la noticia

 
 
Las cajas detectan signos de cambio en mercado inmobiliario
CincoDías.com - 13 de julio de 2006
 
 
Las cajas de ahorros creen que los tiempos de bonanza del mercado inmobiliario en España han llegado a su fin. El sector prevé una ralentización del crédito hipotecario, así como un freno en la demanda de viviendas. Aun así, esperan que el repunte en la morosidad no sea 'significativo'.

El ritmo de crecimiento de las hipotecas, uno de los filones de negocio de las entidades financieras en los últimos años, se va a frenar. Éstas son al menos las conclusiones de un estudio realizado por las cajas de ahorros, publicado en la última revista Ahorro con el título 'El mercado de la vivienda experimenta los primeros signos de cambio'.

Las cajas consideran que el crédito para la compra de una vivienda 'se desacelerará suavemente' y, aunque no prevén un incremento significativo de la carga financiera de las familias, advierten que algunos colectivos como las personas que hayan contratado recientemente un préstamo o las rentas bajas pueden encontrarse con algunos 'problemas' para hacer frente al pago de sus hipotecas.

Unas expectativas que, de momento, no se han visto reflejadas en las cifras. Según los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española, el crédito hipotecario creció en mayo un 26,3%.

Las cajas apuntan también en este informe que el endurecimiento de las condiciones de financiación provocará una ralentización de la demanda de viviendas. Explican que en 2005 ya se moderó el ritmo de iniciación de la construcción de casas, al registrarse un incremento del 6,2% frente al 8% del ejercicio anterior. A ello se suma la 'saturación' que se ha producido en las zonas donde se había concentrado el boom inmobiliario.

Todo ello, añaden, repercutirá en una desaceleración 'ordenada' de los precios de los inmuebles, 'que irán convergiendo hacia las tasas más próximas a sus fundamentos a medio plazo'.

Según los cálculos del sector, un aumento de un punto de los tipos de interés medios de las hipotecas se trasladará en una subida del 17% de la cuota hipotecaria en aquellas familias que hayan firmado sus préstamos en 2005. El incremento del esfuerzo financiero será, por tanto, de 3,4 puntos.

Las cajas, sin embargo, consideran que esta situación no se reflejará en un repunte 'significativo' de la tasa de morosidad, instalada en mínimos históricos. En 2005, esta ratio se situó en el 0,37% (0,35% en el caso de las cajas).

Las claves de la situación actual

La inversión extranjera ha sido uno de los pilares del ritmo de crecimiento del mercado inmobiliario. Las cajas detectan ahora una caída de la demanda, aunque esperan que la recuperación económica de la zona del euro vuelva a impulsarla.

Los precios de la vivienda se han desacelerado por segundo año consecutivo. En 2005, han bajado en cuatro puntos porcentuales, hasta el 12,8%. También se observa una ralentización del empleo en el sector, que ha pasado de un aumento del 7,2% al 4,6%.

enlace a la noticia

 
 
Las inmobiliarias pierden valor al salir a bolsa
BaseFinanciera.com - 11 de julio de 2006
 
 
Las inmobiliarias españolas se han animado este año a cotizar en bolsa para buscar liquidez y afrontar las subidas de tipos, según los expertos, pero dos de las tres empresas ya estrenadas, a falta de Riofisa el próximo miércoles 19 de julio, han perdido valor en los primeros meses de cotización.

En total seis empresas, no sólo inmobiliarias, se han lanzado al ruedo bursátil en el 2006 -serán siete con Riofisa-, después de que en el 2005 sólo una empresa se estrenara en el mercado, Corporación Dermoestética.

Según los expertos consultados, el objetivo de las salidas a bolsa de las inmobiliarias son afrontar la subida de los tipos de interés y buscar liquidez antes la moderación del precio de la vivienda y el próximo fin del ciclo alcista en la construcción.

Las tres empresas inmobiliarias que este año ya han comenzado a cotizar -Renta Corporación, Parquesol y Astroc- lo han hecho de forma dispar. Renta Corporación se estrenó, el 5 de abril, con una subida del 13,7 por ciento pero, tras algo más de tres meses en el parqué, ha bajado el 16,9 por ciento, desde los 29 euros del primer día de cotización hasta los 24,10 euros del viernes.

Parquesol cayó en su primer día en bolsa el 4,35 por ciento, y el 21,74 por cienro desde el 5 de mayo que se estrenó en el mercado bursátil, desde los 23 euros de la oferta pública de venta (opv) a los 18 euros del pasado viernes.

Astroc, sin embargo, ha sido la excepción, al subir el 107,34 por ciento, desde los 6,40 euros del día de estreno el 24 de mayo a los 13,27 euros del último día de cotización.

No están entre las favoritas

La tendencia bajista de las inmobiliarias se da porque las inmobiliarias no están "entre las empresas favoritas de los analistas", según los expertos de Intermoney Valores, que añaden que "además, estas empresas son sensibles a los tipos de interés y se encuentran en un ciclo (de precios) alto". Aun así, las inmobiliarias salen a bolsa y la razón, según los analistas, es porque "la subida de los tipos ralentizará la venta de viviendas".

Consideran que el buen ciclo que ha vivido el sector "está cerca de tocar techo", aunque la venta de viviendas seguirá tirando del PIB español -aporta el 10 por ciento de la producción. De hecho, según ellos no hay otro país en Europa que construya tanto como España, donde cada año "se venden 900.000 viviendas, 600.000 nuevas".

Otros expertos creen que el aumento de los tipos de interés restará ingresos a las compañías constructoras e inmobiliarias y encarecerá su financiación, por lo que colocar parte de su capital en el mercado se convierte en una forma adecuada para conseguir dinero.

Para los expertos de Renta 4, la explosión de salidas a bolsa de empresas inmobiliarias también está relacionada con los interesantes ratios que ofrecen, ya que en algunos casos su PER (Price Earning Ratio, relación entre el beneficio por acción y la cotización de la compañía que refleja los años en que se tarda en recuperar la inversión) es "atractivo", de 14 ó 15 veces.

Según aseguraron los directivos de Parquesol el día de su estreno en la bolsa, la inmobiliaria optó por esta vía para buscar liquidez para los accionistas y llevar a cabo proyectos de expansión en el futuro, entre los que se incluye la compra de otras empresas.

Otras inmobiliarias que han mostrado interés en debutar en el mercado bursátil en un futuro cercano, según fuentes del mercado, son la valenciana Marina d'Or y la filial de FCC y Caja Madrid Realia.

enlace a la noticia

 
 
Consejero BCE reconoce sobrevaloración precio vivienda
Terra - 14 de julio de 2006
 
 
El Consejero Ejecutivo y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), José Manuel González-Páramo, dijo que hay una sobrevaloración del precio de la vivienda en España, si bien aclaró que esta situación, como en otros países de la UE, no es 'especialmente tensa'.

González-Páramo indicó que en los últimos cuatro años el precio de la vivienda en Europa ha crecido un siete por ciento de media, cifra 'bastante superior a la de años precedentes'.

En conferencia de prensa tras pronunciar una conferencia en la Universidad de Santiago de Compostela, el experto aportó datos sobre el estado de la economía europea, y recordó que la tendencia a la inflación es 'suave y al alza' desde mediados de 2005, y calculó que el aumento del precio del dinero llevará el tipo de interés hasta el 3% a finales de año.

El consejero afirmó que el BCE debe seguir 'fortaleciendo' el ritmo de crecimiento económico, pero precisó que este no debe estar 'pre-comprometido', ni temporalmente ni cuantitativamente.

Los acuerdos entre el sector público y el privado en infraestructuras ha sido otro de los aspectos que defendió el representante del BCE durante su intervención, y destacó que las empresas privadas no sólo deben de aportar financiación, sino también gestión.

El economista explicó que la función del BCE no es 'confirmar o desmentir' las actuaciones del mercado, sino que es éste el que tiene, 'como responsabilidad, que analizar las cifras ofrecidas por la entidad y trabajar conforme a ellas'.

enlace a la noticia

 
 
Arde la burbuja
El País - 11 de julio de 2006
 
 
Los indicadores del mercado inmobiliario mantienen una evolución que inquieta tanto a las autoridades monetarias como a los agentes financieros. El Banco de España anuncia que las viviendas están sobrevaloradas entre un 24% y un 32%; y recuerda que la deuda hipotecaria contraída por las familias supera ya el medio billón de euros y que la cuota mensual de un préstamo medio se encarecerá durante 2006 en unos 680 euros más. Los datos que recoge la Asociación Hipotecaria Española no son menos preocupantes. El 98% del saldo hipotecario está firmado a tipos de interés variable. Sólo el 33% como media en la zona euro. Está apareciendo una nueva generación de hipotecas con plazo de amortización de 50 años y el crédito concedido a los particulares sobre el valor de tasación de la vivienda, que en 1990 era el 60%, hoy rebasa el 80%. Para comprender la debilidad del mercado de la vivienda basta con concluir que una subida de un punto porcentual en el tipo de interés encarece un 7% la cuota de amortización de un préstamo a 15 años.

El mercado hipotecario se está recalentando. Ni siquiera los precios muestran una tendencia clara hacia la desaceleración. El riesgo es que una subida de los tipos de referencia del mercado hipotecario limite progresivamente la renta disponible de las familias y tenga efectos sobre el consumo a finales de este año o mediados del siguiente. El riesgo para las familias es que aumenten el endeudamiento estimuladas por la facilidad con que se accede a créditos cada vez mayores y con menos cobertura. Para el sistema financiero, el riesgo es que una disminución del empleo eleve la tasa de morosidad de los préstamos.

Estos peligros estaban presentes en 2005, pero ahora parecen más probables. Los resortes para reducir la inquietud no son demasiados y están repartidos entre las instituciones financieras, que deberían endurecer las condiciones de solvencia de sus préstamos y el Estado. Hay muchas esperanzas puestas en la Ley del Suelo, quizá excesivas; pero ya es urgente atemperar el encarecimiento del suelo.

enlace a la noticia

 
 
La burbuja inmobiliaria japonesa, un peligroso precedente
El Confidencial - 14 de julio de 2006
 
 
El Banco de Japón ha comenzado una nueva fase en la economía nipona al subir los tipos de interés un cuarto de punto tras una década de deflación y cinco años de una política monetaria de intereses próximos a cero. El origen de esta delicada situación hay que buscarlo en el pinchazo, en el segundo trimestre de 1992, de su burbuja inmobiliaria. Burbuja que muchos economistas comparan con la que sufre actualmente nuestro país.

“Las similitudes entre la burbuja japonesa y la española es la subida simultánea tanto de precios como de cantidad de viviendas producidas”, explica el economista y arquitecto Ricardo Vergés, un defensor del equilibrio, quien asegura que “el mercado inmobiliario español ya no es un mercado, sino un antimercado”, y que su proyección en el gráfico no es circular, como cualquier burbuja, sino diagonal. “Y en este caso no se puede predecir cuál va a ser su evolución”.

Para Vergés, las consecuencias del estallido de la burbuja nipona han sido muy espaciadas en el tiempo. Y nada asegura a la española el tan repetido “aterrizaje suave”. “Lo que está claro es que, en economía, todo lo que sube, tiene que bajar -asegura-, como lo hicieron los precios inmobiliarios en España de 1991 a 1993”.

La diferencia entre el mercado nipón de finales de los 80 y el español de ahora estribaría en que, en el caso japonés, se disparó el coste de la producción, por la necesidad de importar materiales para la construcción. “Ésa fue la chispa que desencadenó el pinchazo de su burbuja”, considera. Según este especialista, el aumento de las cantidades en Japón llegó más tarde.

En cambio, la chispa española fue la paridad con el euro prácticamente desde 1997, lo que provocó un fuerte retorno de capitales, la entrada de inversores extranjeros en una costa escasamente protegida y un auge de la demanda monetaria que ya no temía a la devaluación. "La demanda de inversión en vivienda aumentó fuertemente y el gobierno dejó hacer, cuando había otras prioridades. Ahí está el error. Más tarde –en 1999- subieron los precios y aún no han tocado techo", asevera.

El fin del “dinero fácil”

De aprobar la subida del precio del dinero, el Banco Central nipón pondrá fin a su política monetaria, también llamada de "dinero fácil", que, junto a inyecciones masivas de capital, trató de aliviar la crisis originada en las masivas deudas acumuladas por la banca nipona en la década pasada.

Aunque la reunión tiene de trasfondo el escándalo financiero que implicó al gobernador del Banco de Japón, Toshihiko Fukui, los analistas no prevén ninguna consecuencia en la reunión. Fukui realizó una inversión en un fondo de inversiones que le dio pingues beneficios y cuyo gestor está en libertad bajo fianza tras haber sido detenido y acusado de operar con información privilegiada.

Debido a que el gobierno japonés se ha mostrado reticente a la subida por considerarla apresurada, el Banco de Japón tendrá oportunidad de ejercer su independencia del ministerio de Finanzas y obrar como mejor considere, puntualizan los expertos.

enlace a la noticia

 
 
Pierden sus casas más propietarios en el sur de la Florida
Miami.com - 13 de julio de 2006
 
Un menú de préstamos híbridos que se pusieron en boga en años recientes, combinados con el alza de los intereses y las presiones inflacionarias, han traído consecuencias adversas a los propietarios del sur de la Florida: un incremento en las ejecuciones hipotecarias.

Los embargos han devenido en un número creciente de desalojos, y en marcas sumamente negativas en el historial de crédito de los deudores hipotecarios.

Cifras correspondientes al primer trimestre del corriente, contrastadas con las de los tres primeros meses del 2005, indican que las ejecuciones hipotecarias aumentaron 17 por ciento en Miami-Dade y 57 por ciento en Broward.

Entre los perjudicados se encuentran primordialmente los deudores que tomaron los préstamos híbridos, que se sacan con tasas fijas pero que al cabo de unos años se ajustan a los precios fluctuantes del mercado financiero; así como los préstamos de amortización negativa, en los que el monto mensual se infla gradualmente para cubrir la cantidad completa del interés adeudado en el principal.

''El ciclo de euforia, que abarcó la escalada de los precios de las propiedades y el dinero fácil para financiarlas, terminó'', afirmó Jorge Blanco, un abogado especializado en ejecuciones de hipotecas con práctica privada en Coral Gables. ``Quienes están sufriendo las consecuencias son aquellos que financiaron con intereses artificialmente bajos''.

El incremento en los embargos de propiedades sugiere que la mayoría de los prestatarios que asumió estos préstamos no comprendió su naturaleza, o confió en que podría vender los inmuebles a corto plazo y no logró hacerlo debido a la desaceleración del mercado de bienes raíces en el sur de la Florida.

''Sirvieron de carnada para incentivar a los compradores, pero su atractivo era para los especuladores y no para quienes necesitaban un préstamo a largo plazo'', explicó José Leal, el presidente de First Mortgage Bankers, con sede en Coconut Grove. ``Muchas de las personas que no tenían la capacidad para pagar el préstamo se fijaron únicamente en las bajas cuotas iniciales''.

Los pagarés con tasas fijas de interés declaradas para los primeros años de estos préstamos han comenzado a vencerse, y los términos de las obligaciones pasan ahora a dictarse por los índices variables del mercado, que han aumentado a la par de la tasa básica determinada por el Banco Central.

Para numerosos clientes, eso se traduce en un incremento hasta del 40 por ciento en sus pagos hipotecarios, afirman prestamistas.

Los intereses a largo plazo, incluyendo el de las hipotecas, también están en ascenso, y la política monetaria de la Reserva Federal se inclina a continuar esta tendencia.

Simultáneamente, el mercado inmobiliario en el sur de la Florida se enfrió y el valor agregado de la propiedad ha dejado de crecer al ritmo en que lo hizo en años anteriores. Eso ha disparado el inventario de viviendas a la venta y, consecuentemente, son los compradores y no los vendedores quienes tienen la última palabra en el giro.

Los atrasos en los pagos de las hipotecas han aumentado con respecto al año pasado nacionalmente. Sin embargo, los expertos vaticinan que el panorama empeorará cuando se intensifiquen los problemas financieros de quienes tienen préstamos con intereses variables y de los que no desembolsaron un pago inicial.

Un estudio nacional reciente de la Asociación de Prestamistas Hipotecarios concluyó que 3.41 por ciento de los 3.2 millones de préstamos hipotecarios en la Florida estaban morosos por 30 días o más. Eso representa un aumento del 2.89 por ciento con respecto al año pasado.

Además de los intereses más altos, los dueños de casa en el sur de la Florida se están sintiendo sofocados por los costos estratosféricos de las pólizas de seguros contra huracanes, y el alza en los impuestos municipales y condales, sostuvo Blanco.

''Hay una especie de pánico, pues muchos compradores están apresurándose por vender sus propiedades antes de que les llegue el embargo hipotecario'', subrayó el abogado. ``Pero muchas personas no van a poder vender, y van a perder sus casas''.

En tal sentido, numerosos clientes que dieron la cuota inicial por una propiedad en preconstrucción, han manifestado que prefieren perder sus depósitos en vez de tener que mantener la hipoteca mensual, dijo Leal.

enlace a la noticia

 
Comunidad de Madrid
 
GALLARDÓN RECALIFICA 48 PARCELAS DE TELEFÓNICA PARA VIVIENDA
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 14 de julio de 2006
 
 
- El Consistorio recibirá 53 millones de euros en plusvalías.

- Son 250.000 metros cuadrados en el centro de Madrid.

- La empresa recibe plusvalías por 530 millones.

- El Ayuntamiento, diez menos.


Quién no querría tener un pisito en Hermosilla, Ríos Rosas o Zurbarán.

Éstas son tres de las 48 calles donde están las parcelas deTelefónica que ayer recalificó para su uso residencial el Ayuntamiento de Madrid.

En estos 250.000 metros cuadrados donde hasta ahora sólo había instalaciones de telecomunicaciones, pronto construirán viviendas.

El beneficio que obtendrá la empresa privada es de unos 530 millones de euros, según fuentes socialistas.

Diez veces menor es la cifra que cobrará el Consistorio en concepto de plusvalía, una cantidad tachada de "insuficiente" por el PSOE.

Más pequeña aún era la suma que exigió Álvarez del Manzano, siendo alcalde, en el convenio que ya firmó con la compañía el 7 de abril de 2003.

Esta recalificación adapta la normativa urbanística a la liberalización de las telecomunicaciones y a la orden por la que los inmuebles de Telefónica dejan de estar afectados al servicio público.

enlace a la noticia

 
 
LAS OBRAS DE LA M-30 HAN DEVALUADO UN 30% LAS CASAS
El Mundo (Su Vivienda) (Comunidad de Madrid) - 07 de julio de 2006
 
 
LOS EXPERTOS ASEGURAN QUE EL MERCADO INMOBILIARIO SE HA PARALIZADO COMPLETAMENTE

Aunque la ministra Trujillo se vanaglorie de haber conseguido bajar los precios de la vivienda en España, lo cierto es que, en el caso de Madrid capital, no ha sido 'mérito' suyo, sino del alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón. Claro que, en este caso, no es para estar orgulloso: 'gracias' a las obras de la M-30, el primer edil ha logrado devaluar el precio de las viviendas nada menos que hasta un 25% en algunas zonas.

En concreto, en el llamado Nudo Sur de la conocida vía de circunvalación, donde los propietarios de casas que han intentado vender se han encontrado de frente con un no rotundo por parte de la demanda.

«El mercado en esta zona está muy parado. Tenemos unas 200 viviendas en venta y hemos notado mucho las obras porque han disminuido tanto el número de ventas como el de visitas y de llamadas de teléfono», asegura Montserrat Taramino, gerente de la agencia Alfa Inmobiliaria en Arganzuela.

«Los propietarios de las casas se están agobiando por la tardanza porque ahora no hay ninguna vivienda en esa zona que se coloque antes de los seis meses. Es más, no es raro que un piso se venda en un año. La única forma de vender es bajando el precio. Eso nos ha pasado, por ejemplo, con un piso de 95 metros cuadrados por el que pedían 385.000 euros y lo han terminado vendiendo un año después por 330.000 euros», confirma la misma experta.

«No es que se hayan ralentizado las ventas, es que directamente, se han paralizado. No hay ningún comprador que vaya allí en busca de una vivienda. Además, los propietarios siguen pensando que su casa es una maravilla y piden por ella precios que ahora mismo no se corresponden con la realidad. Por eso, si no bajan el precio, las casas no se venderán nunca», asegura Miguel Houghton, gerente de Look & Find.

Molestias

De la misma opinión es Rafael Marco, consejero delegado de Primer Grupo: «Hemos apreciado un incremento generalizado en el plazo medio para conseguir vender una vivienda en las zonas indicadas. La razón es doble ya que, por una parte, nos encontramos con las evidentes molestias que generan las obras de la M-30 y por otra, el hecho de que estas obras restan atractivo a las viviendas a corto plazo y durante la duración de las mismas».

«Ahora mismo se puede decir que los precios en la zona han bajado entre un 15% y un 20% -y en algunos casos hasta un 25%- debido a las obras de la M-30. Es lógico, teniendo en cuenta cómo está la zona. Por eso, a pesar de que en el futuro sí se esperan revalorizaciones, hoy los precios se han devaluado claramente y quien quiere vender o se espera a que pasen las obras o rebaja considerablemente el precio», continúa el responsable de Look & Find.

Sin embargo, ni siquiera una bajada de precios puede asegurarle a los dueños que van a poder deshacerse de su hogar fácilmente: «Aunque hay carteles de venta en la zona, esos carteles no se ven. Además, ni siquiera desde el punto de vista de un inversor la compra puede ser atractiva porque, aunque los precios están más bajos, el mercado del alquiler también se ha paralizado completamente», asegura Houghton.

Los expertos consultados coinciden en que la incidencia en el mercado inmobiliario comenzó «casi desde que empezaron las obras, pero, sobre todo, desde el pasado mes de diciembre». Además, todos afirman que aunque ha habido otras obras importantes en Madrid, ninguna ha tenido los efectos de ésta: «Ninguna otra obra ha sido de esta envergadura. Prueba de ello es que ninguna ha hecho bajar los precios hasta un 25%», concluye Houghton.

enlace a la noticia

 
 
Los trucos de los `cheques vivienda´ de Comunidad de Madrid
El Confidencial (Comunidad de Madrid) - 10 de julio de 2006
 
 
“Si lo llego a saber, no pido esta ayuda”, se lamenta M.G., un joven que, tras recibir un `cheque vivienda´ de 3.000 euros de la Comunidad de Madrid, ha sufrido, sin ningún tipo de información, las consecuencias negativas de tener que declararlo en el IRPF. No sólo eso. Además, ahora tiene inhabilitada la venta de su piso durante cinco años, a menos que devuelva la cantidad íntegra más los intereses.

M.G. adquirió su primera vivienda en propiedad en 2002. Era un inmueble pequeño y viejo que le costó cerca de 75.000 euros en un barrio periférico de Madrid. Tras muchos papeleos y meses de espera, los 3.000 euros -el 4% del importe del piso- que recibió de la CAM en concepto de “subvención a la adquisición de vivienda libre” no le sirvieron ni para reformarlo -una reforma integral como la que necesitaba cuesta en torno a 18.000 euros-. Eso sí, hubo de incluir, previo pago, la inhabilitación de su venta durante cinco años en el registro de la propiedad.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid avisaba a los futuros subvencionados de este extremo. De lo que no avisaba era de que, el año que recibiera la subvención, el contribuyente `agraciado´ tenía que declarar en el IRPF la cantidad recibida en la casilla de “ganancias patrimoniales a menos de un año”.

Con ello, Hacienda le detraía una cantidad significativa por la ayuda recibida: esta cantidad se suma directamente a la base imponible y puede provocar un salto de tramo de tributación, es decir, que suba el tipo al que tributan sus ingresos. En todo caso, siempre incrementa la cantidad a pagar o reduce la cantidad a devolver, según el resultado de la declaración.

Si M.G. se viera en la necesidad de vender su vivienda libre, tendría que rellenar una solicitud de autorización de venta dirigida a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid. De ser contestada afirmativamente, a lo largo de seis meses, el beneficiario del `cheque vivienda´ tendría que devolver la ayuda íntegra más intereses. “Con esta ayuda no he ganado prácticamente nada -asegura- y encima ahora la Comunidad de Madrid trata mi piso como si estuviera `protegido´, impidiéndome venderlo en cinco años, por sólo 3.000 euros”.

Ganancias a menos de un año... con seis años de retraso

A este caso se enfrentan también los compradores de vivienda protegida (protección oficial o precio tasado) desde 1998. Estos ciudadanos han tenido que incluir en el IRPF la subvención, a pesar de que estas ayudas se han pagado con un enorme retraso –las correspondientes a 1999 se han abonado en 2005–, con lo cual resulta irónico que tengan que tributar como ganancias a menos de un año.

La diferencia no es nada despreciable: las ganancias patrimoniales a más de un año tributan al tipo fijo del 15%, mientras que si son a menos de un año se integran con el resto de ingresos del contribuyente al tipo que le corresponda, casi siempre superior a ese 15%.

La ampliación de los `cheques vivienda´ es una de las grandes promesas de Esperanza Aguirre en esta legislatura, incluida en lo que la CAM denomina “el más ambicioso proyecto de la historia de nuestra región: el Plan de Vivienda 2005-2008”, para lo que la Comunidad ha destinado 851,9 millones de euros repartidos en 153.000 actuaciones.

enlace a la noticia

 
 
Catalunya
 
LOS GUERRILLEROS DE LA VIVIENDA
El País (Catalunya) - 11 de julio de 2006
 
Un colectivo de Barcelona ocupa edificios donde hay casos de acoso inmobiliario

Se instalan en viviendas vacías, en edificios donde se produce acoso inmobiliario. Los objetivos son varios, explican. Uno: ejercen su derecho a tener una vivienda. Dos: dan a conocer casos de mobbing. Tres: con su presencia, actúan de colchón ante las presiones que reciben los vecinos acosados. Son la Guerrilla de la Vivienda, un colectivo de Barcelona que ha emprendido el proyecto PHRP, siglas en catalán de Promoción de Vivienda Realmente Pública, y han decido actuar ante lo que denominan "violencia inmobiliaria" de forma expeditiva: con la desobediencia civil.

En dos meses, la treintena de integrantes del colectivo ha ocupado tres edificios del casco antiguo. En los tres quedan inquilinos. Personas mayores que sufren acoso y que les han recibido como agua de mayo después de años de aguantar en soledad amenazas de la propiedad.

Son okupas, pero huyen de "la etiqueta", por las connotaciones que arrastra, lamentan. "Somos ciudadanos que hacemos efectivo el derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución pero que hoy no está garantizado", explica Mario sentado en el salón de uno de los pisos de la calle de Magdalenes.

Mario tiene 30 años y es diseñador. En el corrillo también están Pablo, estudiante de 22; Ada, intérprete de 32, y Glòria, profesora de catalán, de 31. Y Ramon, que enseña matemáticas. Tiene 40 años. Sentados entorno a una mesa cuyas patas bailan sobre un suelo que parece una montaña rusa, desgranan argumentos en defensa de las "viviendas realmente públicas".

También hay un informático, una productora, un tendero, un chico que trabaja vendiendo palomitas en un cine... "O no podemos afrontar los precios de la vivienda o no estamos dispuestos a entregar el sueldo a un entramado empresarial y financiero por un precio que ni siquiera responde a la ley de la oferta y la demanda, porque no olvidemos que sólo en Barcelona hay 300.000 viviendas vacías", manifiesta Ramon. "El precio se fija en función de la capacidad de la gente de endeudarse", prosigue. "Aquí confluyen dos situaciones", resume Mario: "La de quienes no podemos pagar los precios de mercado con la de quienes sí tienen vivienda pero les están forzando a marcharse".

Llegados a este punto, aparecen Núria y Manuel en la conversación. Son los vecinos acosados de Magdalenes, 13, de 62 y 71 años, dos vidas limpiando y trabajando en una fábrica, y dos pensiones que no suman ni 1.000 euros. "Llevamos dos años de sufrimiento", suspira Núria. Cuenta que "desde que han llegado los chicos" su angustia ha mejorado "algo", pero no se quita de la cabeza adónde irá a parar. El matrimonio vive en la finca desde 1989. Su contrato de alquiler es verbal, algo que aunque parezca mentira es medio legal, tiene validez ante un juez. Un total de 17 años depositando la mensualidad en una cesta de mimbre que los propietarios bajaban con una cuerda desde su piso y que, tras cobrar, les retornaban con el recibo. Nadie les avisó de que esos propietarios vendieron el edificio a un nuevo propietario que lo convertirá en un hotel. Sea como fuere, nadie avisó a los últimos inquilinos del cambio de propiedad, una comunicación que es obligatoria.

Desde entonces, se ha sucedido lo habitual en los casos de acoso: no se cobra el alquiler, amenazas de corte de suministro, abandono de la finca, denuncia de impago... el caso está en los tribunales y todavía no hay sentencia firme, pero Núria y su marido tienen las de perder. Por una vez, la lentitud de la justicia ha sido bien recibida.

La Guerrilla de la Vivienda ha surgido en Barcelona en paralelo al Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística de Barcelona, una iniciativa de distintos movimientos sociales que llevan años en cuestiones de vivienda. Su trabajo más publicitado es una Carta de Medidas que propone que se paralicen los proyectos urbanísticos hasta que se evalúe su impacto sobre los vecinos, se limite el precio de los alquileres y de los pisos, o se reforme la LAU, que fija una duración máxima de los contratos de cinco años.. Es precisamente el trabajo del Taller en los barrios el que permitió localizar inmuebles con víctimas del acoso. "Ciutat Vella es un gruyère agujereado por el acoso inmobiliario", asegura Glòria. De hecho, desde la llegada de los guerrilleros a las calles de Magdalenes, Amargós o Tallers han sido varias las personas mayores que les han rogado que ocupen también sus fincas. "Están muertos de miedo", dicen.

"Van a saco"

Los testimonios de vecinos que han sido, son o conocen víctimas de acoso inmobiliario se multiplican. A Mayra no le renovaron el contrato después de prometerle que le venderían el piso y haber invertido 18.000 euros en reformarlo. Del cabreo y la impotencia que sintió, lo destrozó a martillazo limpio. Pagaba 400 euros al mes. Ahora vive enfrente y paga 1.200. Es la única que se ha quedado en el barrio, donde regenta un bar.

El resto de sus vecinos se han marchado a barrios de la periferia. "Los más viejos se murieron de pena al mes de marcharse", recuerda. El caso de la artesana Mercè es muy parecido. Sólo que en vez de una vivienda se trataba de un negocio.Mercè es mucho más pesimista: "El futuro está muy negro porque detrás de todo esto sólo hay dinero y grandes corporaciones. Van a saco".

enlace a la noticia

 
Canarias
 
No me salen las cuentas
TeldeActualidad.com (Canarias) - 13 de julio de 2006
 
 
Si no hay más remedio, me quedaré en mi casa hasta los cuarenta, total, si no he molestado hasta ahora, ¿por qué no lo voy a hacer durante 20 años más? Quizás mis padres sean los que se quejen pero apechugarán pa´lante. No hombre, no piensen que soy un gandul, ni un aprovechado, lo que pasa es que como todavía no hay viviendas de fácil acceso para los jóvenes, pues lo tenemos un poco difícil la verdad para poder emanciparnos.

¿Qué son esas viviendas para jóvenes de fácil acceso? Pues la verdad que ni yo lo sé, porque se habla tanto de ellas pero no se ve ninguna, supongo que tendrán una escalera especial para acceder a la vivienda o ascensores para llegar a la puerta de esta de forma “fácil”. Perdonen mi ironía pero es que después de tres años de mentiras en las que nos prometen y prometen y no se cumple nada, pues, ya uno no sabe que esperar.

Si no me falla la memoria, este grupo de Gobierno nos anunció la construcción de una vivienda por día, es decir, a día de hoy, tendrían que tener acabadas y entregadas, aproximadamente, unas 1285 viviendas, ¿ustedes han visto alguna? Yo no, quizás, algún plano, pero todavía ninguna piedra se ha movido. Sin embargo, si quisieran cumplir esta promesa electoral a estas alturas, deberían construir en los 320 días que quedan para las elecciones unas 4,56 viviendas por día, (bloque arriba, bloque abajo). Lo cierto es que seguramente no construirán ninguna y los jóvenes tendremos que seguir esperando por una vivienda.

He de recordar, que los jóvenes no es que estén precisamente esperando este regalo del cielo, no señor, les hago memoria y les recuerdo que durante varios domingos de este año en curso se han estado manifestando miles de jóvenes en distintos puntos de nuestro país para pedir y exigir que nos corresponda una vivienda. De hecho, aquí en Las Palmas, se han manifestado en el parque Santa Catalina.

En definitiva, que con el disparatado precio de las viviendas, que en los últimos años su precio ha aumentado tres veces más de lo normal, impide a los jóvenes ese fácil acceso a la vivienda del que tanto se ha hablado.

Todos tenemos que exigir una vivienda, pero no desde una posición pasota y despreocupada, sino desde la unión de todos los jóvenes, sean del partido que sea, de la agrupación que sean y del entorno en el que se muevan, todos debemos luchar por una vivienda, es un derecho constitucional, es una necesidad y tiene que ser una realidad.

Cada uno de nosotros tenemos una llave hacia esa vivienda y, es en el 2007. Tu voto puede cambiar tantas mentiras, tantos engaños y tanta falta de comprensión, donde quién realmente manda es Don Dinero, tu voto puede cambiarlo, no dejándote engañar y si reclamando democráticamente nuestro derecho a una vivienda digna. NO VALE PASAR DE LA POLITICA, HAY QUE CAMBIARLA. No te quedes mirando, únete a esos miles de jóvenes que luchan por una vivienda. Únete a un futuro y a una calidad de vida que nos merecemos. ¡NO MÁS MENTIRAS!

(*) Rubén Darío Rodríguez Vega es presidente de los Jóvenes del CCN-Centro Canario de Telde.

enlace a la noticia

 
 
Andalucía
 
UN 'PELOTAZO' DE 92 MILLONES EN MANILVA
El País (Andalucía) - 10 de julio de 2006
 
Royal Marbella Estates compró la finca La Parrada por 9,6 millones en 2003 y la vendió por 101,6 en 2004 - El ex alcalde firmó un convenio para remover la suspensión urbanística y otro para aumentar la edificabilidad

Una firma del cuñado del ex alcalde recibió cinco millones tras obtener la inmobiliaria permiso para edificarLa investigación judicial de la Operación Ballena Blanca contra el blanqueo de dinero, en una pieza ya separada del sumario, ha detallado un supuesto enriquecimiento ilícito en Manilva (Málaga) por parte de uno de los principales imputados, el finlandés Aki Kujala. Una empresa inmobiliaria que éste controlaba, Royal Marbella Estates, compró unos terrenos de 1,2 millones de metros cuadrados por cerca de 10 millones de euros y la revendió por más 100 apenas un año después. El entonces alcalde, Pedro Tirado, en libertad bajo fianza, removió

supuestamente los obstáculos para urbanizar esa finca. Según la investigación, su patrimonio registró unos injustificados ingresos, y una empresa de su cuñado cobró cinco millones por supuestas mediaciones.

La investigación dirigida por el juez Miguel Ángel Torres ha destapado en Manilva el manual del enriquecimiento urbanístico ilícito. ¿Qué hace falta para que 1,2 millones de metros cuadrados adquiridos por 9,6 millones de euros en 2003 en una finca conocida como La Parrada se vendan sólo un año después por 101,6 millones? Un informe policial explica el milagro: "La totalidad del suelo fue adquirido en condiciones de no edificabilidad, siendo vendido [después], tras interdicción municipal como edificables de uso turístico, con la modificación ad hoc mediante aprobación en el pleno municipal del plan urbanístico vigente en ese momento; todo ello supone un beneficio neto de más de 90 millones".

La inmobiliaria que compró los terrenos bloqueados y los revendió como urbanizables por un precio 10 veces superior es Royal Marbella Estates, que controla el finlandés Aki Kujala, uno de los principales imputados en la Operación Ballena Blanca, y que según el juez se ha dedicado en los últimos años al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas o la delincuencia organiza en la Costa del Sol. El accionariado de Royal Marbella Estates se pierde en paraísos fiscales. Esa empresa, según la investigación judicial, abonó un pellizco de esa operación por supuestas labores de intermediación a la firma Gestierra: 5,3 millones de euros. Gestierra tiene como administradores al propio Kujala y, según destaca el sumario de este caso, a Francisco Calle Alcaide, cuñado del que entonces era alcalde de Manilva, Pedro Tirado.Ambos se encuentran imputados en esa pieza desgajada del sumario Ballena Blanca.

Según la investigación, la gestión de Tirado permitió cambiar la condición urbanística de las parcelas compradas en poco menos de 10 millones de euros y vendidas por algo más de 100 millones. Procedente del Grupo Independiente Liberal (GIL), Tirado ocupó la alcaldía en mayo de 2003 bajo la formación Partido Democrático Independiente (PDEM), un grupo fundado por él mismo.

Todos los terrenos incluidos en esta operación estaban calificados como suelo urbanizable no programado, pero esa calificación era nula porque el plan urbanístico de Manilva se hallaba suspendido por la comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga. Esa suspensión se produjo por considerar imprescindible la previa aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. A pesar de tal suspensión, el 28 de noviembre de 2003 Tirado firmó un convenio con Royal Marbella Estates para desbloquear su edificabilidad. La celeridad no pudo ser mayor. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobó en marzo de 2004 el documento pertinente.

Meses después, en agosto de 2004, Tirado firmó un segundo convenio con Royal Marbella Estates sobre dichos terrenos para, ya desbloqueada su urbanización, incrementar su edificabilidad y eximirle de incluir viviendas con algún tipo de protección. La densidad pasó así de 10 a 18 viviendas por hectárea. En lugar de viviendas sociales, la empresa se obligó a construir un campo de golf.

Tras concluir el regidor de Manilva su labor preparatoria del terreno mediante los sucesivos convenios que supuestamente firmó con dicha inmobiliaria, la empresa de su cuñado empezó a recibir ingresos por esta operación. El primer pago a favor de Gestierra se produce, siempre según la investigación, el 27 de septiembre de 2004 (23.200 euros); el segundo, el 18 de octubre de 2004 (cuatro millones de euros); y el tercero, el 3 de noviembre de 2004 (1,2 millones). Gestierra, la firma mediadora, se había creado en abril de 2004, sólo un mes después de desbloquearse la urbanización de los terrenos. De los 5,3 millones que facturó Gestierra, 2,1 millones se destinaron después a una segunda sociedad del cuñado del ex alcalde, Inmoest, supuestamente también por labores de intermediación.

En sus declaraciones al juez, los actores de esta operación desdibujaron el trabajo que el cuñado de Tirado supuestamente realizó por tan multimillonaria comisión. "No sabía quién era antes de verlo en los periódicos y no intervino en la operación de La Parrada". Eso es lo que sostuvo José Luis Páez, un presunto intermediario de la operación urbanística cuya empresa, Royal Málaga XXI, cobró más de tres millones de euros de Gestierra por sus gestiones para vender la citada finca. Juan Carlos Romero, consejero de la empresa compradora de los terrenos -Desarrollos Urbanísticos La Parrada- refutó también el supuesto papel mediador de Francisco Calle: "No intervino en ningún momento en la negociación ni fue intermediario".

Kujala dio la versión definitiva del papel del cuñado del edil: "Francisco Calle le comentó que era cuñado del alcalde, y decidieron trabajar con él porque era una persona con contactos en la zona. Sirvió para poder concretar dos o tres reuniones con el alcalde de Manilva". Estos pagos que hizo Gestierra a Inmoest y Royal Málaga XXI tuvieron como fin, según el informe policial, "no declarar beneficio alguno por la prestación realizada a Royal Marbella". Facturó lo mismo que ingresó.

Una misteriosa guinda final: la compradora, Desarrollos Urbanísticos La Parrada, pagó 1,2 millones más a la vendedora, Royal Marbella, del precio convenido.

44.000 de sueldo, 155.000 de gastos

La investigación policial ha cribado las cuentas y bienes de Pedro Tirado. El resultado es llamativo. En el año 2000 su único lujo fue comprarse un Citroën modelo Xsara Picasso 2.0 HDI por 16.030 euros. Sin embargo, la policía ya lo ve excesivo: "La renta disponible ni siquiera alcanza para sufragar la compra del turismo señalado".

En 2004, el año de la culminación de los convenios, el desfase patrimonial alcanza su cota más alta: con un sueldo de 44.000 euros, declara pagos por valor de 75.234 euros. Ese año se embarca ya en inversiones mayores. Según la investigación, adquiere tres fincas en la urbanización Las Sabinillas, en Manilva, por un importe de 340.450 euros. Para dicha adquisición, Tirado se subrogó en un préstamo constituido en junio de 2004 por un capital principal de 185.111 euros y una duración de 20 años, "por lo que la inversión disfruta de una financiación ajena que supone que la inversión con capitales propios alcanzó los 155.338 euros".

Cuando la policía detuvo a Tirado, le intervino 762.200 euros en su domicilio. Alegó que eran donaciones anónimas a su partido, el PDM. El vicepresidente de la formación, José Benítez, lo negó.

enlace a la noticia

 
MARBELLA: LA GESTORA HA PARALIZADO YA 84 OBRAS
Diario de Cádiz (Andalucía) - 16 de julio de 2006
 
 
La Gestora de Marbella ha dictado 84 órdenes de paralización de obras en 75 días, desde que impusiera el primer precinto al Hotel Senator el pasado 2 de mayo; además, ha efectuado más de 700 inspecciones, que han derivado en 140 resoluciones, entre las que se incluyen las 84 paralizaciones de obras, según fuentes oficiales de la entidad de gobierno.

La gestora, además, ha impuesto una sanción de 14,6 millones de euros a Hipercor S.A. por una ampliación de 5.000 metros sin licencia en el centro que tiene en Puerto Banús, según el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte.

Duarte explicó que la gestora encontró a su llegada, tras la disolución del Consistorio marbellí, un expediente de paralización y otro de carácter sancionador abiertos por la anterior Corporación municipal contra la citada ampliación –desarrollada entre 2004 y 2005– que no habían sido tramitados, por lo que "se toleró que la obra se terminara". El vocal de Urbanismo apuntó que la comisión reabrió el 7 de junio el expediente sancionador, medida que fue comunicada un día después a Hipercor, que no presentó alegaciones en el plazo de 15 días. Duarte señaló que la resolución de la Delegación de Urbanismo establece que la sociedad mercantil agotó toda la edificabilidad permitida en la construcción del centro comercial original, por lo que la ampliación es ilegal, e indicó que la sanción se corresponde con el valor total de la obra ejecutada. El vocal de la gestora destacó que, por tanto, la empresa tampoco cuenta con licencia de apertura para desarrollar su actividad comercial en la zona ampliada y afirmó que los trámites incluyen la apertura de un expediente de restablecimiento de la legalidad que podría resolverse con la demolición de la superficie edificada sin licencia.

enlace a la noticia

 
 
La concentración ‘Málaga no se vende’ convoco a más de 200
RevistaElObservador.com (Andalucía) - 11 de julio de 2006
 
Para protestar contra la especulación y la corrupción

Algo más de 200 personas recorrieron el pasado sábado 8 de julio las calles del centro de la ciudad para secundar la jornada de protesta contra la especulación, la corrupción y la precariedad que se convocó bajo el título ‘Málaga no se vende’. Como se puede apreciar en las imágenes colgadas en la web de la revista EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, representantes de distintos colectivos de la capital y la provincia se dieron cita en la marcha que comenzó en la Plaza de la Merced. El Ayuntamiento o la sede de la inmobiliaria Aifos fueron algunos de los puntos donde los manifestantes mostraron su más sonora negativa al modelo actual de desarrollo.

COMENZÓ en la Plaza de la Merced, a las 11,30 horas, como se puede apreciar en alguna de las imágenes que los participantes han hecho llegar a EL OBSERVADOR. Colectivos y agrupaciones de Cuevas de San Marcos, Alhaurín, Coín, Antequera, Rincón de la Victoria, Casabermeja, Villanueva del Rosario, Valle de Abdalajís… la plataforma en contra de la autopista de los Montes de Málaga, el Foro Social de Málaga, la Mesa del Agua de Coín, Ecologistas en Acción, los trabajadores precarios… todos bajo el mismo lema ‘Málaga no se vende’ con el que la Coordinadora en Defensa del Medio Rural y el Litoral, que agrupa a decenas de organizaciones sociales, vecinales y ecologistas de toda la provincia, convocó la marcha de protesta.

LA primera de las paradas se realizó en el cine Andalucía, ya cerrado. El siguiente punto fue en C/ Císter, en la sede de Aifos, donde se escuchó una sonora cacerolada mientras efectivos de la Policía Nacional permanecían en la puerta de la inmobiliaria, que se cerró durante la protesta. De ahí hasta el Ayuntamiento de Málaga a través del Paseo del Parque para, finalmente, acabar la jornada en el Balneario.

EN el comunicado que emitió la Coordinadora en Defensa del Medio Rural y el Litoral para convocar la protesta se afirma que en Málaga “están previstos en los próximos 10 años unos 100 campos de golf y 700.000 casas. Estos proyectos harán desparecer amplias zonas naturales, contaminan y agotan los recursos hídricos (triplicando el consumo de agua) y conllevan una infraestructura en forma de canteras, carreteras y autopistas, aeropuertos, presas, trasvases de aguas, centrales térmicas y trenes de alta velocidad. Entre los impactos sociales de esa especulación están el brutal aumento de los precios de la vivienda, impidiendo su acceso para la población local, la pérdida de la agricultura y con ella, de la soberanía alimenticia, la privatización de amplias zonas de interés cultural, histórico o recreativo, la pérdida de cultura e identidad a través de la duplicación o triplicación de los pueblos y el cierre de los comercios tradicionales. Paralelamente en las ciudades, sobre todo en los cascos antiguos, los habitantes son desalojados y desplazados a las periferias y el abandono de los espacios públicos destruye el lazo social y abona los discursos de la inseguridad ciudadana”.

LOS actos en Málaga serán una continuación de los llevados a cabo en Valencia y Murcia a principios de junio cuando se calcularon que unas 15.000 personas secundaron dos manifestaciones paralelas convocadas por las coordinadoras ‘Murcia No se Vende’ y ‘Valencia no se vende’, que reclamaron un “desarrollo que respete, cuide y trate con inteligencia el territorio, los paisajes tradicionales, los valores culturales y los recursos naturales”.

enlace a la noticia

 
Imputado edil Urbanismo de Rota por presunta prevaricación
Diario De Cadiz (Andalucía) - 14 de julio de 2006
 
 
Un juzgado admite una querella de una promotora contra Antonio Peña (PP) por supuestas irregularidades en una junta de compensación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Rota ha acogido a trámite una querella presentada por una constructora e inmobiliaria, Edesur S.L., contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de esta localidad, Antonio Peña Izquierdo (PP), por un presunto delito de prevaricación contemplado en el artículo 404 del Código Penal, derivado de supuestas irregularidades en una junta de compensación. Según la querella a la que ha tenido acceso este periódico, la promotora le acusa de haber actuado en su perjuicio, representándola contra su voluntad en el seno de ese órgano administrativo encargado de establecer los gastos de urbanización de una promoción, del que también formaba parte en nombre del Ayuntamiento, en su calidad de teniente de alcalde de Urbanismo. ¿Cómo? Obligándola a pagar con unidades de aprovechamiento, es decir, con metros cuadrados ya urbanizados y edificables, en vez de en metálico, tal y como manifestó Edesur S.L. que quería afrontar esa obligación. Antes, le otorgó a esos terrenos un valor diez veces inferior al que tendrían en el mercado. Todo lo anterior, según la versión de la promotora, a quien representa el abogado Emilio Gutiérrez. Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la del edil, que ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes 17 de julio.

Antonio Peña fue presidente local del Partido Popular en Rota hasta abril de 2005 y candidato a la Alcaldía de esta localidad en octubre de 1999. En 2001 denunció el denominado caso Cutilla, un supuesto intento de compra por parte del PSOE de dos concejales de Rota. El concejal de Urbanismo roteño debe comparecer ante el Juzgado anteriormente mencionado en calidad de imputado a las diez de la mañana del próximo 30 de agosto.

Según consta en los hechos de la querella, Edesur S.L. inició el 21 de octubre de 2004 el desarrollo urbanístico de la Unidad de Ejecución 11-A del Plan General de Ordenación Urbana de la villa de Rota, en la que se encuentra la finca registral número 7.342, hoy 35.134, del Registro de la Propiedad de El Puerto y de la que es dueña la promotora. Edesur S.L. mantiene que a lo largo de la tramitación del expediente correspondiente al desarrollo de esa unidad "han existido numerosas irregularidades administrativas que han dado lugar a diversos recursos e impugnaciones". Como propietaria de esa finca, el 12 de noviembre de 2004 Edesur dirige un escrito en el que manifiesta su adhesión a la junta de compensación y su "compromiso de asumir los gastos de urbanización y de gestión que le pudieran corresponder, que opta por abonar a medida que le sean girados".

En respuesta a este escrito, el Ayuntamiento acuerda, a propuesta del teniente de alcalde delegado de Urbanismo, la declaración litigiosa de la finca y en una decisión "contraria a derecho", se "arroga" la Corporación su representación en la junta de compensación. En el mismo acuerdo, el Ayuntamiento designa a Antonio Peña como representante municipal en el mismo órgano administrativo.

En junio de 2005, Edesur insiste mediante otro escrito en su intención de pagar los costes de urbanización en metálico. Pese a ello, el 11 de octubre del mimo año, el Consistorio acuerda, a propuesta del edil, que pague "en especie", es decir, con una determinada superficie de esa parcela, "en ejercicio de su omnímoda representación legal [...] ocasionando a su representada un más que evidente perjuicio económico". La representación legal de la sociedad querellante califica esta decisión de "muy perjudicial" para su negocio.

Posteriormente, la junta de compensación dio luz verde, por unanimidad, a la aprobación inicial de un Proyecto de Reparcelación que Edesur considera "lesivo e injusto" y "donde radica la comisión del delito que denunciamos".

enlace a la noticia

 
 
Galicia
 
URBANISMO DE A ESTRADA, A JUICIO
El Correo Gallego (Galicia) - 11 de julio de 2006
 
 
El fiscal pide 16 años de inhabilitación y una multa de 19.440 € para ediles del PP por presunta prevaricación en los 90 ·· Entre los imputados por tres licencias: Campos y tres concejales del gobierno actual ·· El Supremo declaró ilegales las obras por la denuncia del BNG

La querella que el BNG de A Estrada interpuso hace más de una década contra el alcalde y diez ediles del PP (dos de ellos ya fallecidos), vuelve al candelero. Los nacionalistas daban a conocer ayer el auto del juez, que rechaza el sobreseimiento de las causas (como pedían los imputados) y ordena la apertura de juicio oral contra once de los ediles que formaban parte del gobierno estradense del PP en los años noventa, por acuerdos adoptados en comisiones de gobierno y en plenos en los años 93 y 94.

El alcalde Ramón Campos, que ya ocupaba entonces el cargo, tendrá que sentarse en el banquillo al igual que otros tres ediles de su actual equipo: Manuel Arca Castro, José Manuel Reboredo Baños y Manuel Somoza Carbón. También están imputados cinco ex concejales (Alfonso Uzal Campos, que era entonces edil de Urbanismo; Mario López Martínez; Francisco Cora Castro; Selesio Meda Herbojo y José Eusebio Porta Lorenzo), así como otros dos ya fallecidos.

El fiscal pide para cada uno de ellos un total 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público (ocho por el caso de la prolongación de la rúa Justo Martínez y otros tantos por la urbanización de chalés adosados junto a la Iglesia), considerando que hubo un presunto delito de prevaricación. También solicita una multa para cada uno de ellos por importe total de 19.440 euros en total (a razón de 18 euros diarios durante 36 meses).

Auto ampliado y fianza

Pero en el auto del titular del Juzgado de Primera Instancia de A Estrada figuran un total de tres presuntos delitos. Además del tramo de Justo Martínez, con edificios de bajo y cuatro alturas (una altura más de lo que permitían las normas vigentes, del año 78 ) y del estudio de detalle de los chalés, en la polémica por las irregularidades urbanísticas figura un edificio entre las calles Pérez Viondi e Irmáns Valladares, cuya licencia, al igual que los otros dos acuerdos, fue anulada primero por el TSXG (en 1997) y después, en el año 2002, por el Tribunal Supremo.

En el auto judicial, también se requiere a los nueve imputados para que cada uno deposite una fianza de 500 euros, y así "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que se les pudiesen imponer.

enlace a la noticia

 
 
VECINOS DE CANIDO, EN FERROL, RECIBEN ÓRDENES DE DESALOJO
El Correo Gallego (Galicia) - 14 de julio de 2006
 
LOS DEJAN EN LA CALLE. La mayor parte de los afectados son jubilados que no pueden pagar un alquiler o una vivienda nueva. Las personas afectadas no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a los gastos

Vecinos del barrio ferrolano de Canido denunciaron que el Ayuntamiento de Ferrol quiere "dejarlos en la calle" porque les han expropiado sus casas "a un precio ridículo". De esta forma, destacaron que el Gobierno local amenaza con desalojarlos para que la promotora madrileña Albantur, que ya cuenta con el 50 por ciento del suelo de los solares próximos a los inmuebles afectados, construya 260 viviendas, un hotel y zonas verdes.

El ayuntamiento ya hizo llegar a algunos afectados una notificación en la que se advierte que serían expulsados de sus viviendas el viernes pasado a las diez de la mañana, acción que se retrasó en el último momento por un plazo de diez días.

Albantur compró, primero, a precio de mercado los solares próximos a las casas ahora afectadas. Después de eso presentó el proyecto en el Ayuntamiento, que decidió que la obra se ejecutaría por el método de junta de compensación.

Este sistema permite que los vecinos se sumen a la promoción de la obra, pero tendrían que ceder el suelo y pagar los gastos de alcantarillado y de las calles, entre otros. A cambio podrían recibir una o varias viviendas. No obstante, la mayor parte de las personas afectadas no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a esos gastos.

EXPROPIACIÓN

Después de intentar comprar la empresa a precios muy bajos, el Ayuntamiento procedió a la expropiación, valorando el aquitecto municipal el precio total de las viviendas en 224.932 euros.

Así, la casa de María del Carmen Penabad, jubilada de setenta años, fue tasada en 10.000 euros, cuando su valor de mercado es de 69.000 euros. "Me echan de mi casa, sin tener opción a darme una vivienda digna, que es lo que tengo, yo no pido otra cosa", destacó a Europa Press esta vecina, que lleva más de 40 años viviendo en la calle Insua.

"Aquí murió mi marido, y aquí se criaron mis hijos; qué se piensan, que yo con lo que tengo me voy a ir así de rositas", advirtió esta mujer, quie reconoció que con su pensión no puede hacer frente a un alquiler ni a la compra de una casa.

SIN CASA Y SIN TRABAJO

Por su parte, Juana Feal, describió su caso como "el peor de todos", al haber firmado "sin saber" la renuncia a todos sus derechos. Algo que supo gracias a su nuevo abogado. "Firmé engañada por mi primera abogada, sin saber lo que firmaba", apostilló. Juana posee un bar en la planta baja de su vivienda, y ahora "me dejan en la calle sin vivienda, sin trabajo y con sólo ocho mil euros; tengo que buscarme la vida como pueda".

Manuel Vez no puede evitar los nervios, y ante la posibilidad de que el Ayuntamiento lleve a cabo las órdenes de desalojo, advirtió que no estaba dispuesto a dejarles pasar. "Que lo intenten, entrar por mi puerta; por mi madre, que está muerta, mato a uno; voy a la cárcel, pero me da igual, estoy enfermo".

Asimismo, Antonia García tiene a su madre de 86 años ingresada en la Residencia "por el disgusto que está viviendo". "Está viuda, sola, vive en su casa y ahora está muy, muy mal; que busquen una solución y no dejar a la gente en la calle".

Antonia recordó que la casa es de su madre y que "está pagando la contribución y todas sus cosas ¿para que la echen?". Una casa que han tasado en 16.000 euros "cuando vale más del doble".

Mientras los vecinos muestran su enfado e indignación a la cámara, una gran pintada sobre una de las viviendas afectadas describe su sentimiento: "Vecinos expropiados, políticos forrados". El próximo viernes, está previsto que las excavadoras accedan a la calle Insua para proceder al derribo de varias casas.

enlace a la noticia

 
Denuncian que en Monte Alto hay acoso urbanístico
20 Minutos (Galicia) - 14 de julio de 2006
 
 
La asociación de vecinos recibe cientos de casos desde hace un año y medio. Gente mayor que habita en inmuebles antiguos, la más presionada.

La asociación de vecinos de Monte Alto ha atendido, en los últimos 18 meses, cientos de casos de inquilinos que sufren acoso urbanístico por parte de los promotores. El alto valor de los pisos en la zona, dicen, ha disparado el valor de los inmuebles más antiguos, aunque para derribarlos deben estar vacíos.

«Los inquilinos reciben amenazas verbales y directas para que abandonen sus pisos, y en los últimos meses, vienen incluso comunidades de vecinos en bloque», asegura Gracia García, abogada de la asociación. Y es que las prisas de los constructores por comprar todo un edificio llevan, en muchos casos, a saltarse la mediación del propietario con sus arrendatarios.

Las presiones se dirigen, el 85% de las veces, «a personas mayores que no saben defenderse y son muy fácilmente impresionables», dice García. Como alternativa, se les ofrece a los inquilinos la posibilidad de realojarse en uno de los pisos de nueva construcción, aunque después de una media de tres años de obra y con una renta superior a la que pagan actualmente.

La zona más afectada se sitúa de la plaza de España hacia la Torre: en la calle Orillamar, las dos Atochas, Adelaida Muro, o en las avenidas de Hércules y de Navarra.

Los vecinos, por su parte, no tienen intención de quedarse con los brazos cruzados. «Sabemos que no todos los constructores emplean esta táctica, así que vamos a investigar los casos y estamos dispuestos a hacer público por todo el barrio el nombre de quien se dedique a ello», advierte David Pena, presidente de la asociación de vecinos de Monte Alto.

«El derecho a hacer negocio es legítimo», dice Pena, «pero cumpliendo las normas éticas más fundamentales y también cumpliendo la ley».

«O te vas o te amargo la vida»

Las amenazas son verbales y nunca por escrito, para no dejar evidencias, cuenta V.M., que vive de alquiler en la calle Santo Tomás y prefiere preservar su identidad por miedo a que lo desalojen de su casa. Y es que, en los últimos meses, ha recibido presiones del tipo «o te vas del piso o te amargo la vida con el ruido de las obras». Sospecha que otros inquilinos del edificio –un matrimonio de ancianos– también han vivido situaciones así, «pero se hacen los longuis cuando se lo pregunto», afirma.

enlace a la noticia

 
 
Castilla y León
 
IU exige al Ayuntamiento luz y taquígrafos sobre JJ. Pascual
La Voz de Salamanca (Castilla y León) - 08 de julio de 2006
 
 
Izquierda Unida considera urgente que el Ayuntamiento aclare a qué se refiere Juan José Pascual cuando afirma que "Manuel Campo entró en la UDS obligado por el Ayuntamiento por el tema del Gran Hotel".

Izquierda Unida ha asegurado que "mientras el ascenso a 2ª ha estado en juego hemos mantenido la boquita cerrada por respeto a la ilusión de los salmantinos pero ahora que sus directivos han abierto la veda, es momento de poner las cosas negro sobre blanco". En opinión de Izquierda Unida, el Partido Popular da muestras una vez más de que toma partido por determinadas empresas y determinados empresarios, mientras que "margina" el deporte de base.

IU preguntará en el Pleno del jueves con cargo a qué partida, y con qué criterio el Ayuntamiento subvencionó parcialmente el viaje de la UDS a Santa Coloma de Gramanet. En opinión de IU, mientras que el Ayuntamiento no ha cumplido ni una sola de sus promesas respecto al deporte de base, el dinero del contribuyente se destina a que los jugadores de la Unión, tengan un viaje más cómodo a Cataluña, creando un agravio comparativo con clubes que estando en mejor categoría, han viajado más lejos, en autobús, y con su dinero.

Respecto a la "guerra de accionistas", el portavoz de IU se ha limitado a decir que " esperamos que la Unión se estabilice y diseñe un proyecto deportivo viable y autónomo, porque no puede ser que una Sociedad Anónima Deportiva, por muy representativa que sea, sólo sea viable a costa del erario público y del patrimonio municipal de suelo ".

Más duro ha sido Esparza con el Ayuntamiento respecto de las declaraciones de Juan José Pascual realizadas el día en que anunció su marcha del Consejo de Administración de la UDS: "como no somos accionistas de la UDS, no tenemos que pedirle explicaciones ni a Pascual, ni a Campo ni a Hidalgo, de nada. Aquí el que tiene que aclarar su posición con luz y taquígrafos es el Ayuntamiento, porque a él le corresponde explicar que es eso de que Manuel Campo entró en la UDS obligado por el Ayuntamiento por el tema del Gran Hotel".

Esparza que ha señalado que "los ciudadanos necesitan saber hasta cuando el Ayuntamiento va a sacarle las castañas del fuego a la UDS", ha asegurado que "si en el Pleno, el Ayuntamiento no explica a qué se podía referir Juan José Pascual, pediremos a la Fiscalía que investigue".

Respecto a las declaraciones del Alcalde en las que aseguraba que "hay que subir a primera, aunque sea haciendo trampas", Esparza se ha limitado a tacharlas de "desafortunadas e irresponsables". En opinión de IU "cuando la sociedad antepone los triunfos y el éxito, a los valores del deporte y la forma de alcanzar las metas, las trampas cobran demasiado protagonismo, y no está el horno para bollos", explicó Esparza, aludiendo a los casos de dopaje que han azotado al ciclismo en España, o el escándalo del Fútbol Italiano.

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

Esparza ha anunciado que en su intervención en el Pleno, contrapondrá la ayuda que el Ayuntamiento presta a la UDS con ejemplos como el viaje en avión a Santa Coloma de Gramanet, con el estado de infraestructuras como el Municipal de Garrido "que aún espera que el Ayuntamiento ponga unos vestuarios decentes", o las promesas que aún están por cumplir como "la pista cubierta de atletismo".

enlace a la noticia

 
 
País Vasco
 
Vivienda pide sólo pueda firmar 1 hipoteca ajustada a renta
ElCorreoDigital.com (País Vasco) - 12 de julio de 2006
 
 
El consejero Madrazo propone a la Administración central que ponga topes al alargamiento de los créditos de los pisos

El Departamento de Vivienda es partidario de frenar la escalada de precios en el mercado inmobiliario impidiendo a las familias vascas suscribir hipotecas que no estén ajustadas a sus ingresos. Por ese motivo pide a la Administración central que imite «a otros países europeos» y ponga límites legales a la capacidad de endeudamiento de los hogares y a los pla- zos inacabables de los créditos. La propuesta aparece en el borrador del Plan Director de Vivienda 2006-2009, un documento que enumera los objetivos «estratégicos» de la consejería de Javier Madrazo durante los tres próximos años y que será aprobado en otoño.

Madrazo advierte de que el alargamiento de las hipotecas y los elevados precios de las viviendas libres forman un círculo vicioso que ha provocado el «sobreendeudamiento» de buena parte de los hogares y, al mismo tiempo, ha conseguido que los pisos sean una aspiración casi inalcanzable para los ciudadanos; sobre todo, para los jóvenes. «Mientras los bancos ofrezcan hipotecas a 50 años a los compradores, los vendedores seguirán pidiendo más dinero por los pisos», declaró el consejero de Ezker Batua al 'Diario Vasco'.

Según la Asociación Hipotecaria (AHE), los ciudadanos españoles debían 811.236 millones de euros a los bancos y cajas de ahorros en mayo pasado, un máximo histórico que representa un aumento del 26,6% en relación con el crédito acumulado el año anterior. El Instituto Nacional de Estadística acaba de anunciar que, durante el primer trimestre de 2006, las familias sólo han ahorrado el 0,1% de la renta disponible, un índice que siempre es malo por esas fechas, pero que esta vez ha sido aún peor. «La gente acaba hipotecando su vida y la de las próximas generaciones», concluyó Madrazo.

Según el titular de Vivienda, el Gobierno central podría paliar ese problema si «impulsara una ley que limite el plazo máximo de las hipotecas y el nivel de endeudamiento respecto a los ingresos». A su modo de ver, esa disposición «tendría un efecto directo» sobre los precios de las viviendas libres.

No es la única propuesta del plan director que concierne a las entidades financieras. El documento invita a las cajas de ahorro vascas a financiar promociones de vivienda en alquiler. El mayor problema de estas operaciones es que no son fáciles de amortizar, pero el plan director apela a la función social de las cajas y reclama, además, que los periodos de arrendamiento de los pisos sean «más amplios que los actuales». Los inmuebles se adjudicarían de una forma ágil, con una renta de 180 a 200 euros mensuales.

Madrazo también cree que la fiscalidad de la vivienda debe cambiar en una doble dirección. Por un lado, pide a las diputaciones vascas que reduzcan las deducciones del IRPF a la adquisición de un piso; «en especial, las de colectivos con mayor poder adquisitivo». Por otro lado, quiere reducir «la imposición sobre la vivienda protegida y sobre las políticas de 'protección' en su conjunto».

De forma paralela, el Gobierno vasco reclama una «fiscalidad favorable» para poner en el mercado cerca de 30.000 viviendas vacías en Euskadi. «Las penalizaciones a los pisos reiteradamente vacíos serían una medida de 'ultima ratio'», dice el plan director.

enlace a la noticia

 
 
La trama vasca del ‘caso Marbella’ salpica a la Kutxa de SS
El Confidencial (País Vasco) - 11 de julio de 2006
 
 
Los empresarios Maya Galárraga y Arteche Tarascón son socios de la caja en dos de los proyectos más polémicos de Murcia.

La trama de empresarios vascos presuntamente vinculada a sociedades de Juan Antonio Roca -el ex gerente de Marbella- tiene un socio relevante: la Kutxa de San Sebastián.

Los empresarios Luis Maya Galárraga y Francisco Javier Arteche Tarascón (ver El Confidencial del pasado 5 de julio) son socios de la caja de ahorros guipuzcoana en dos de los proyectos urbanísticos más importantes y polémicos de los muchos que en estos momentos se están levantando en Murcia: Lo Poyo y La Cerrichera, que suponen, en total, la construcción de más de 9.000 viviendas, campos de golf y distintas edificaciones adyacentes.

Maya y Arteche, según informó en su día La Opinión de Murcia, son quienes pagaron (a través de la sociedad Lubide) las facturas de la empresa Masdevallía en una de las promociones urbanísticas de Torre del Rame, en Los Alcázares (Murcia). Masdevallía está considerada por el juez parte del entramado marbellí, lo que explica que su gerente, la abogada Montserrat Corulla, fuera detenida una vez iniciada la Operación Malaya que ha desenmascarado toda la trama. Dos de sus sociedades, Yeregui y Obarinsa (por la que fue llamada a declarar Isabel García Marcos), tienen paralizadas dos promociones en Marbella por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que preveían la construcción de 251 viviendas.

Las empresas de Maya y Arteche -que cuentan con un tercer socio, Agustín Aguirre-, tienen fuertes intereses en Murcia, la Costa del Sol y la provincia de Sevilla, principalmente, aunque también en Madrid.

Estos empresarios trabajan desde hace años con la Kutxa, principalmente a través de Yeregui Desarrollo S.L, compañía de la que los tres socios son apoderados o administradores. La participación de la caja de ahorros guipuzcoana no puede considerarse marginal, ya que interviene en los proyectos al 50%, tal y como reconoció a El Confidencial Juan Manuel Garmendia Goicoechea, consejero delegado de Inverlur 5005, la filial al 100% de la Kutxa que participa en ambos proyectos.

“La Kutxa no mira el árbol genealógico de nadie”

Según Gandarias, la Kutxa sólo participa en proyectos inmobiliarios una vez que se han recalificado los terrenos “nunca antes”. La responsabilidad de la gestión urbanística destinada a convencer a los alcaldes del cambio de uso dependería, por lo tanto, de sus socios, nunca de la caja de ahorros vasca. “La Kutxa sólo participa cuando el suelo está clasificado”, asegura Gandarias.

Este extremo lo desmiente Pedro García, presidente de la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE), que recuerda que ninguno de los dos polémicos proyectos están definitivamente aprobados por las autoridades. “Tan sólo existe una aprobación provisional”, asegura García. En el caso de la Cerrichera, ANSE y Ecologistas en Acción han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la modificación del plan general de Águilas, que clasifica como suelo urbanizable un espacio natural protegido. Igualmente, hay por medio una denuncia por prevaricación contra un concejal del PP que era copropietario de los terrenos y contra el director general de Protección Medioambiental.

Según la Kutxa, el hecho de que sus socios estén involucrados en operaciones de recalificación muy polémicas no tiene nada de particular ya que Maya y Arteche operan con la caja desde hace más de 30 años y son “estupendos clientes”. “La Kutxa no mira el árbol genealógico de nadie. Sus abogados van al registro y, si todo está en orden, entramos. La única raya que se pone es que la revisión del Plan esté aprobada”, asegura Gandarias.

En el proyecto de La Cerrichera -que fue aprobado por el consistorio del PP con el voto a favor de cuatro concejales socialistas, que fueron posteriormente expulsados- también participan las inmobiliarias Riofisa y Garsol.

enlace a la noticia

 
 
Castilla-La Mancha
 
ALCALDE SESEÑA DENUNCIA 'EL QUIÑOL' FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Terra (Castilla-La Mancha) - 14 de julio de 2006
 
 
El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes; el líder regional de IU, Cayo Lara, y la portavoz del Consejo Político Federal de IU, Inés Sabanés, denunciaron hoy ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado el supuesto 'trato de favor' de la Junta de Castilla-La Mancha al promotor del PAU El Quiñón en Seseña.

La comitiva registró un informe de 26 páginas, además de un dossier con 'más de 500' documentos y un vídeo en el que se aprecia cómo camiones y grúas de Onde 2000, una empresa del promotor del PAU (programa de actuación urbanística), Francisco Hernando Contreras, encargada de levantar más de 13.000 viviendas en Seseña, operaban en una finca del ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono.

En la anterior legislatura, PP y PSOE aprobaron el PAU 'El Quiñón-Los Llanos', que supone la construcción de 13.508 viviendas en bloques de diez pisos y multiplicará por seis los habitantes de la localidad toledana.

En declaraciones a los periodistas tras la entrega de la denuncia, Fuentes afirmó, en referencia a la llegada de los servicios básicos a las nuevas viviendas de El Quiñol, que se darán 'graves problemas' si la Junta de Castilla-La Mancha y el Gobierno 'no se ponen las pilas'.

Según el alcalde, no se tiene prevista la construcción de un centro de salud en el PAU y existen problemas con la carretera de acceso a la urbanización, así como en el abastecimiento de agua.

En relación a Contreras, Fuentes afirmo que 'no podemos permitir que alguien que no ha sido elegido por ciudadanos para gestionar un municipio tome las riendas en decisiones políticas que se determinan en el ayuntamiento'.

Para Fuentes, el promotor inmobiliario 'tiene fuerza y poder de decisión sobre PP y PSOE' e 'incide en decisiones políticas', y reveló haber recibido 'presiones y amenazas' por parte del promotor.

Según explicó Cayo Lara, el documento presentado hoy 'es una relación de hechos, de los supuestos delitos de cohecho, de malversación de caudales públicos, de fraude y de trato de favor al constructor Francisco Hernando Contreras'.

Para Lara, este informe se entrega a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, porque IU 'no tiene capacidad' para investigar, y consideró que 'si hay una investigación a fondo, van a salir elementos muy importantes relativos al urbanismo, a la especulación y a supuestas corrupciones en el caso de Seseña y de El Quiñón'.

El líder regional de IU añadió que, con esta denuncia, pretenden conseguir 'la honestidad, la transparencia y que los jóvenes de nuestro país tengan una vivienda digna, con un precio asequible'.

Lara mostró su confianza en la Fiscalía Anticorrupción, 'para que se haga una investigación a fondo, y si alguien ha cometido un delito, que se lleve ante los jueces' y puntualizó estar 'convencido de la verdad y de la razón' de la denuncia.

enlace a la noticia

 
 
Región de Murcia
 
La D.G. de Urbanismo niega información a concejal IU
VegamediaPress (Región de Murcia) - 10 de julio de 2006
 
 
El Grupo Municipal de IU ha denunciado esta mañana la falta de transparencia de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y urbanismo en la tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Molina. La aprobación definitiva del PGOU, que ya lleva meses de retraso, debe ser decretada por el Consejero de Obras Públicas y Urbanismo tras su paso por el Ayuntamiento de Molina de Segura y la emisión de los informes sectoriales una vez el Plan se encuentra en la Dirección General.

En concreto, el pleno de la corporación municipal de Molina de Segura acordó, con los votos del PP, la aprobación provisional el año pasado. Desde entonces la Dirección General de Urbanismo tiene en su poder toda la documentación del PGOU, así como los informes sectoriales que distintas instancias de la Administración Pública han emitido para valorar determinados aspectos del Plan. Uno de estos informes, por ejemplo es el emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura, informe en el que según ha podido saber Izquierda Unida parece ser que se sostendría la inexistencia de recursos hídricos para la dotación de las miles de viviendas cuya construcción está prevista en el PGOU.

Para conocer de primera mano estos informes e informarse sobre las razones del retraso en la aprobación definitiva del Plan, el concejal de IU David Hernández Castro se personó en la Dirección General de Urbanismo el 27 de Junio. Una vez solicitado por escrito el acceso a la documentación del PGOU los funcionarios de la Dirección General que le atendieron le instaron a que volviese en unos días, según parece porque el Sr. Subdirector General José María Ródenas Cañadas tenía esa documentación en su despacho y existían "ciertas dificultades" para que se pudieran ver los documentos en ese momento.

Sin embargo, lo que se planteó como una demora puntual de varios días, al cabo de dos semanas se ha convertido en una carrera de obstáculos que han impedido al concejal de Izquierda Unida acceder a esta documentación tal y como es su derecho por el carácter público de esta información, por su condición de cargo público y el especial interés general que como cargo público encierra su acceso a la documentación del Plan General.

Hernández Castro ha sido personalmente testigo de cómo el propio Subdirector General José María Rodenas daba instrucciones explícitas por teléfono, al funcionario que le estaba atendiendo, en el sentido de negarle al concejal de IU el acceso a la documentación del Plan General hasta su aprobación definitiva.

IU denuncia que detrás de este entramado burocrático hay en realidad una maniobra política para impedir que la Oposición conozca el contenido de los informes sectoriales del PGOU, hasta que ya sea demasiado tarde. La Consejería está intentando por todos los medios aprobar el Plan antes de que la opinión pública conozca las dificultades que han señalado las distintas administraciones públicas en la futura gestión del PGOU.

David Hernández Castro ha declarado su indignación ante lo ocurrido, que en su opinión demuestra " la poderosa influencia del "sector del ladrillo" sobre la política urbanística de nuestra Región".

enlace a la noticia

 
 
Aragón
 
JAVIER : 'TENEMOS QUE PRESIONAR POR UNA VIVIENDA DIGNA'
El Periódico de Aragón (Aragón) - 11 de julio de 2006
 
 
Ha terminado la carrera, está en paro y vive en un piso de alquiler compartido. Es miembro de la Asamblea por una Vivienda Digna y lucha por que la Administración actúe para frenar la burbuja de los precios.

Su situación es compartida por miles de jóvenes con edad de emanciparse. Los precios astronómicos de los pisos y las escasas o nulas oportunidades para optar a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) le obligan a vivir en Zaragoza en un piso alquilado junto con otros inquilinos. Pero Javier Gimeno no se resigna, y ha decidido salir a la calle y movilizarse a través de la Asamblea por una Vivienda Digna.

"En el problema de la vivienda, que nos afecta a todos, faltaba dar el paso. Por ello nos organizamos y comenzamos a presionar a las Administraciones Públicas para que tomen las decisiones necesarias. Y nuestra primera medida fue la concentración celebrada el 14 de mayo en distintas ciudades del país, entre ellas Zaragoza", explica este fundador del movimiento en la capital aragonesa.

Con 25 años y una carrera de Sociología a sus espaldas, acaba de presentarse a sus primeras oposiciones para Secundaria tras trabajar un año como becario en el Instituto Aragonés de Empleo (IAE). "Ahora estoy en el paro y los últimos meses he vivido del dinero ahorrado. Pero lo que siempre he tenido claro es que iba a vivir fuera de la casa de mis padres", asegura.

Javier se acostumbró a la forma de vida del típico piso de estudiantes, y cuando volvió a su ciudad natal comenzó la búsqueda hasta dar con una habitación libre. "Éramos cuatro las personas desconocidas que compartíamos un piso, pero ahora estoy mejor porque me he cambiado a otro con tres habitaciones y en el que vive un amigo", dice sobre un cuarto por el que paga, gastos incluidos, algo menos de 200 euros mensuales.

Las alternativas

"Encontrar una vivienda de una habitación en alquiler no cuesta menos de 350 o 400 euros en Zaragoza. Y no me lo puedo permitir", lamenta mientras critica las condiciones impuestas por el ayuntamiento para recibir subvenciones. "Estas ayudas están pensadas para determinado sector de la población, con una renta fija. Pero yo no puedo asumir los gastos de una vivienda para mí solo, como tampoco cumplo los requisitos para el Toc Toc del Gobierno de Aragón, ni tengo opción a una hipoteca. En cuanto a la bolsa de alquiler municipal, son muy pocos los propietarios que se suman a la iniciativa", insiste.

Y con esta perspectiva de futuro, Javier decidió acudir a la concentración que a través de internet se convocó el pasado 14 de mayo. Alrededor de 200 jóvenes se manifestaron ese día en la plaza del Pilar. "Comprobamos que somos muchos los que estamos en la misma situación y decidimos organizarnos. El 2 de julio celebramos la segunda concentración, esta vez en plaza de España, y ahora estamos en un momento de análisis y debate interno para, a partir de septiembre, ofrecer nuestras propuestas", anuncia.

No obstante, esta Asamblea por una Vivienda Digna ya ve en la especulación la base de todos los problemas. "Un reflejo son los miles de pisos vacíos existentes en la ciudad. O el que las viviendas que se compran no se utilizan para uso propio, sino como inversión. Y así, la burbuja va aumentando sin que desde la Administración se actúe", argumenta Javier. En cuanto a las soluciones que estos jóvenes proponen --recogidas en la web www.viviendadigna.org-- aparece un nuevo impuesto para la vivienda vacía, la construcción de VPO de alquiler o la apuesta por la rehabilitación.

enlace a la noticia

 
 
Extremadura
 
3 NUEVOS PROYECTOS ELEVAN A 11.048 VIVIENDAS A 60.000 EUROS
Hoy.es (Extremadura) - 12 de julio de 2006
 
 
La Junta seguirá interviniendo en el sector mientras los ayuntamientos «no califiquen suelo suficiente». El Consejo de Gobierno aprobó ayer dos promociones de 605 pisos en Plasencia y una de 200 en Mérida.

«El Plan se ha desbordado». El compromiso electoral de los socialistas extremeños era promover 8.000 viviendas de 60.000 euros y con los tres proyectos aprobados ayer hay suelo previsto para 11.048 en un total de 43 actuaciones en 17 ciudades.

El director de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas, informó de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de tres nuevos proyectos de interés regional (PIR).

Se trata de La Data en Plasencia, con 578 viviendas de las cuales 325 son de 60.000 euros; San Miguel-PP3 en la misma ciudad con 599 (280 de ellas de 60.000), y Villaemérita (Barrio San Juan) en Mérida, con 400 pisos previstos de los que 200 se venderán al equivalente a diez millones de pesetas.

Un cuarto PIR, El Junquillo en Cáceres con 1.992 viviendas (700 de 60.000) quedó pendiente de aprobación porque aún todavía le faltan detalles.

22.309 protegidas

En estos momentos el Plan Especial de Vivienda de la Comunidad tiene suelo en previsión para un total de 22.309 viviendas de las cuales 11.048 son de 60.000 euros e incluso menos ya que hay algunas que saldrán por hasta 40.000 euros.

El resto hasta 22.309 son de protección oficial régimen especial, protección régimen general (1.273) y viviendas de precio medio (9.843).

De la anterior cifra de 11.048 pisos que se pondrán en el mercado al precio más económico, 10.425 son propiamente del programa especial a 60.000 euros distribuidas en 17 localidades, hay además 454 de protección oficial régimen especial en ocho (Azuaga, Coria, Jaraíz, Jerez, Miajadas, Moraleja, Villafranca y Zafra), y 169 de acceso diferido todas en Cáceres.

Esta última es una figura nueva recientemente aprobada por el Gobierno regional y se trata de pisos sociales promovidos por la Comunidad que se adjudican inicialmente en alquiler pero que pasados cinco años la Junta los ofrece en venta a un precio acordado desde el principio. Sus beneficiarios no pueden ingresar más de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional.

Estos pisos de acceso diferido saldrán finalmente a un precio de entre 40.000 y 45.000 euros según Javier Corominas ya que disfrutan de una bonificación del 10% en el precio y algunas otras ayudas; las cantidades anteriores pagadas por alquiler se descuentan del precio final.

«Ni un paso atrás»

El Gobierno extremeño está calificando suelo suficiente como para que en el futuro no sea necesaria ninguna iniciativa urbanística extraordinaria para construir vivienda asequible, explica el responsable de la Agencia de Vivienda.

«La Junta quiere tener suelo suficiente que ofrecer a los promotores para que ellos vendan las casa a un precio determinado».

Corominas critica la iniciación de una campaña de «descrédito» por parte de algunos promotores contra el «intervencionismo» oficial en el sector de la vivienda. La Junta «no va a retroceder ni un paso ante esas presiones», y seguirá interviniendo «mientras los ayuntamientos no califiquen suelo suficiente para hacer vivienda protegida».

Lo mejor a su juicio es que los promotores trabajen con precios controlados y el ciudadano vea estabilidad en la oferta.

Es optimista Javier Corominas porque lo que parecía «una utopía», se está «haciendo realidad». Con esta política «vamos a frenar el crecimiento de los precios y el que se produzca no superará al de los salarios».

Las familias, para comprar piso, «no se endeudarán hasta las orejas, y no sólo los adquirientes sino sus padres».

Para ello hay que expulsar del sector a los «toreros», los oportunistas que compran un terreno y acaban vendiéndolo a un promotor cuando sube su precio».

Llaves en navidades

En Cáceres ya hay dos pequeñas promociones, de 96 viviendas en Mejostilla y 73 en La Cañada, construidas y listas para entregar, y las siguientes serán las 262 de la primera fase de Mérida Tercer Milenio, cuyas llaves se entregarán en fechas próximas a las navidades; Tercer Milenio es un proyecto urbanístico amplio que llevará Comisaría, Palacio de Justicia y «probablemente» un centro comercial.

Los cálculos de la Agencia son que la oferta prevista está ya por encima de la demanda en Badajoz y Cáceres, en esta última los solicitantes son 3.600 ya que la cifra de 8.000 incluye según Javier Corominas muchas solicitudes repetidas en varias promociones.

Antes de que acabe julio el Consejo de Gobierno aprobará nuevas promociones; en Badajoz hay varios proyectos y otro con la comunidad Tajo-Salor de 1.150 viviendas en 14 localidades.

Además del Plan Especial, el Consejo autorizó ayer al presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio a contratar las obras de construcción de 18 viviendas de promoción pública en Fuente del Maestre, con un presupuesto de 972.000 euros.

Otros acuerdos

El Gobierno aprobó también los decretos por los que se declara la ocupación urgente de terrenos para la realización de una glorieta en la intersección de las carreteras EX-346 y EX-347 en la localidad de La Haba; para llevar a cabo obras de canalización de cauces de arroyos en Santa Marta de los Barros y Retamal (pedanía de Solana de los Barros), y para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en Olivenza.

Además ha autorizado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Hervás para la construcción del Centro de Servicios Integrados para el Mueble y la Madera en el Valle de Ambroz, según el cual la Consejería aportará la cantidad de 180.000 euros destinados a subvencionar dichas obras.

Mujeres y titulados

Recibió el visto bueno el III Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Extremadura (2006-2009) que se divide en seis áreas que persiguen diferentes objetivos.

Salió también adelante un decreto que establece las condiciones básicas para contratar en la Junta a los 182 titulados con los mejores expedientes de la Universidad de Extremadura durante un año; estos contratos tienen como finalidad permitir la aplicación y el perfeccionamiento de los conocimientos de los trabajadores y facilitar una práctica profesional adecuada a sus niveles de estudios, según el Gobierno extremeño.

enlace a la noticia

 
 
Denunciados la alcaldesa, el edil de Urbanismo y técnicos
Diario Hoy (Extremadura) - 11 de julio de 2006
 
 
Agrupación Hermanos Silos Gamonal les imputa presunta falsedad y prevaricación, a causa del desarrollo del PP-7

La Fiscalía del TSJEx tramita diligencias previas de investigación en virtud de la denuncia interpuesta ante ella por la presidenta de la agrupación de interés urbanístico Hermanos Silos Gamonal, y dirigida contra la alcaldesa, la edil de Urbanismo y técnicos municipales, entre ellos el arquitectos de mayor antigüedad.

A estos se le imputa la comisión presunta de delitos de falsedad y prevaricación en relación con el desarrollo del Plan Parcial PP-7, del Plan General de Ordenación Urbana de Plasencia. Este supone la ampliación de la zona industrial con 200 parcelas y un edificabilidad global 104.369 metros, a partir del polígono del Sepes, a ambas márgenes de la N-6-30 dirección a Cáceres, en la finca Fuentidueñas, propiedad de los citados hermanos. Además incluye suelo dotacional, para hotel, un parque y amplias zonas verdes

A la vista de la acusación, la Fiscalía ha optado, antes de decidir sobre posteriores actuaciones, pedir al Ayuntamiento copia del expediente administrativo tramitado con motivo de la presentación del Programa de Ejecución para el desarrollo del sector PP-7 del PGOU, así como de las resoluciones e informes a que haya dado lugar la tramitación, a efectos de comprobar la veracidad.

Los propietarios de los terrenos salieron a la opinión pública, en mayo pasado, para pedir agilidad y «una actitud de consenso» al Ayuntamiento que les permitiera generar nuevo suelo industrial, «vista la falta de resolución municipal» sobre el programa de ejecución, propuesta de Plan Parcial y anteproyecto de urbanización de contenidos mínimos presentados en octubre de 2005.

Esta acusación fue rechazada desde el Ayuntamiento y la edil de Urbanismo aseguró que había habido diálogo y que el asunto se centraba en que la el programa presentado por la propiedad no incluía reserva de suelo para desdoblar la N-630, que es una exigencia municipal. Los propietarios sostienen lo contrario y, ya en su salida los medios, señalaron que incluye la cesión gratuita de suelo suficiente para el futuro desdoblamiento de la N-630 a su paso por el sector. Este extremo fue ayer rebatido de nuevo desde el Ayuntamiento. Según explicó la alcaldesa «no hay dificultad alguna y lo cierto es que no está contemplado el desdoblamiento de la N-630». «Se trata de una indicación técnica tan sencilla de cumplir que no entendemos cómo no la hace», agregó. Y se mostró muy tranquila ante las diligencias de la Fiscalía.

enlace a la noticia

 
 
Cantabria
 
El juez cita a declarar a altos cargos de Vivienda
El Diario Montañes (Cantabria) - 14 de julio de 2006
 
 
Pérez Obregón requiere además al empresario Miguel Ángel Iglesias para que aporte los contratos de compraventa de los terrenos objeto de la polémica

El director general de Vivienda, José María Cárdenas, y dos técnicos de su departamento, Enrique Bolado y Enrique Alonso, han sido citados a declarar en calidad de testigos en la querella por injurias y calumnias que presentó el jefe del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla, contra el presidente del PP, Ignacio Diego, por sus declaraciones sobre el PSIR de El Bojar. En ellas, Diego acusó a Revilla de favorecer a un amigo personal suyo, el empresario Miguel Ángel Iglesias, en una operación que calificó de «pelotazo urbanístico». La declaración se ha fijado para el próximo miércoles, día 19.

Además, el magistrado instructor de la causa, Santiago Pérez Obregón, requiere al promotor y apoderado de Orbovisa, Miguel Ángel Iglesias, para que aporte los contratos privados de compraventa de los terrenos ubicados dentro del polémico PSIR. Ambas pruebas, la testifical y documental, fueron solicitadas por la fiscal jefe, Pilar Martín Nájera, tras la declaración efectuada por el empresario el pasado día 22 de junio.

Iglesias declaró que compró diez hectáreas de suelo rústico en El Bojar días después de que dos técnicos de la Consejería de Obras y Vivienda le informaran de que el Gobierno regional proyectaba construir allí viviendas sociales vía PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional). Iglesias admitió que adquirió 103.000 metros cuadrados por los que pagó 5,4 millones de euros (900 millones de pesetas), sin discutir el precio. El promotor, cuya amistad con Revilla no negó, explicó al magistrado instructor que quería hacer viviendas sociales en la zona rústica de El Bojar, situada en el municipio de Camargo. Por ello se había interesado en conseguir una recalificación de estos suelos mediante una modificación puntual del Plan de Urbanismo, que llevaba años en revisión, pero «no podía esperar nada del Ayuntamiento, porque es claro que todos los políticos quieren hacer viviendas sociales para ganar votos y sabía de las pegas que se iban a poner en la Consejería de Vivienda». Por eso, «a primeros de mayo de 2005» acudió a informarse a la consejería que preside José María Mazón, donde los «técnicos», en concreto un arquitecto y un abogado, le dijeron que «el Gobierno pensaba hacer allí un PSIR».

Iglesias aseguró que en ese momento ignoraba lo que era esta figura, pero cuando los técnicos le dijeron que era para el desarrollo de viviendas sociales, «decidió comprar» los terrenos. Así, a finales de ese mismo mes, Orbovisa compró 103.000 metros cuadrados de suelo rústico por los que pagó 5,4 millones de euros, «exactamente lo que me exigieron los propietarios». El Gobierno no anunció públicamente el PSIR de El Bojar hasta el 10 de marzo de este año, pero en los documentos aportados al magistrado consta que desde meses antes el Ejecutivo estaba haciendo trámites al respecto. El propio testigo reconoció que «de lo que compré no quedó nada fuera del PSIR, excepto la parte de abajo».

Estas declaraciones han movido a la fiscal jefe a solicitar la testifical de los técnicos aludidos y del director general de Vivienda, José María Cárdenas, para determinar si el empresario tuvo acceso a información privilegiada.

El magistrado instructor ha admitido también la parte de la prueba documental propuesta por Revilla, consistente en las informaciones publicadas en los distintos medios de comunicación sobre la polémica del PSIR de El Bojar y las manifestaciones efectuadas por el presidente del PP, Ignacio Diego. Pérez Obregón limita esta prueba a las noticias relacionadas con los hechos publicadas antes del pasado 4 de abril, fecha en la que el jefe del Ejecutivo promovió la acción judicial contra el dirigente del PP.

enlace a la noticia

 
 
 
BOLETINES Y NOTICIAS PASADAS
 
 Titular Texto Sección:  busca 
 
 
 
 

© 2003-2019. Plataforma por una Vivienda Digna