BOLETÍN DEL 10 DE OCTUBRE DE 2006
 
 
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España y vivienda
 
VIVIENDA AUMENTARÁ UN 167% EL PRESUPUESTO AYUDAS A ALQUILER
El Mundo - 09 de octubre de 2006
 
El Ministerio de Vivienda concederá un total de 16.000 ayudas a inquilinos en 2007, lo que supone un desembolso de 44,8 millones de euros, un 167% más que en el presupuesto de este año, cuando el gasto ascendió a 16,8 millones.

El importe máximo de cada ayuda se mantendrá, sin embargo, en 2.800 euros por cada dos años.

Así lo adelantó la subsecretaria de Vivienda, Mercedes del Palacio, tras su comparecencia en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados para desglosar la partida que destinará el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado al Ministerio que dirige María Antonia Trujillo y que supera los 1.234 millones.

Del Palacio señaló que los presupuestos para el próximo año se centrarán sobre todo en fomentar el alquiler, de manera que también los propietarios percibirán un total de 2.800 ayudas por 16,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 12% con respecto al presupuesto actualmente en vigor.

En concreto, los propietarios podrán solicitar subvenciones por un importe de 6.000 euros, cifra que estaba ya prevista para el pasado año.

Asimismo, el próximo año recibirán más fondos las ayudas a viviendas de nueva construcción destinadas al alquiler, incrementándose un 31,3% hasta las 33.100, y las ayudas a la vivienda usada o rural en régimen de protección se elevarán hasta las 18.500 ayudas.

También experimentarán un incremento del 14% los presupuestos para 2007 destinados a la vivienda, mientras que la dotación para la financiación del Plan Vivienda para el próximo año, por primera vez, superará los 1.000 millones de euros, y rondará los 1.137 millones de euros.

Sociedad del alquiler Por otra parte, según Del Palacio, la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) alcanzará el equilibrio financiero en 2007, con unos ingresos comerciales previstos del 30,3 millones de euros y financieros de 25,8 millones de euros.

Según se estima desde el Ministerio, el número de viviendas intermediadas será de 6.000 en 2007, si bien, desde el momento de su creación se han intermediado un total de 2.000 desde el arranque de la SPA en abril de 2005.

Asimismo, el gasto corriente de la SPA será de 30,3 millones de euros y las cuotas a pagar a los propietarios serán de 25,8 millones de euros.

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LA VIÑETA: LA VIVIENZA DEL NAZI
Redacción PVD - 10 de octubre de 2006
 
 
Para esta semana hemos seleccionado este gracioso doblaje "retrospecter" de la Hora Chanante. Tiene algún tiempo, pero seguro que muchos de vosotros no lo habéis visto aún y merece la pena:



 
 
LAS MAFIAS ECHAN SUS TENTÁCULOS EN LA CONSTRUCCIÓN
El País - 03 de octubre de 2006
 
Los grupos criminales internacionales han aprovechado la fiebre constructora española para blanquear el dinero y crear sus redes

"A lo largo de estos años, las operaciones ligadas a la construcción en la Costa del Sol han aportado unos réditos mucho mayores que los de la Bolsa y sólo superables por los tráficos delictivos de drogas, armas o prostitución", apunta Rafael Duarte, responsable de Urbanismo en la gestora municipal que administra ahora la bancarrota del Ayuntamiento de Marbella. "Calculo que el beneficio real de las inversiones oscilaba entre el 60% y el 70%, pero es que las plusvalías por la compraventa de suelo han sido impresionantes. Hay quien compró suelo rústico a 1.500 pesetas el metro cuadrado y al poco tiempo, una vez recalificado, lo ha vendido por más de 200.000", afirma Duarte.

A El Dorado del Sur y el Levante español han acudido a lo largo de estos años capitales coloreados con la gama completa de tonalidades que van del blanco inmaculado al negro riguroso: dinero legítimo, transparente; dudoso, sin propietario conocido; decididamente opaco de los paraísos fiscales, sospechosamente sucio y también dinero procedente de las multinacionales del crimen y de las mafias locales. Fondos de inversión nacionales y extranjeros, bancos -casi todos tienen su división inmobiliaria-, sociedades de inversión, asociaciones gremiales (joyeros), promotores de capital indio procedente, por lo visto, de las tiendas del todo a 100, grandes inversores particulares y hasta personajes famosos del mundo de la canción y del fútbol se han dado cita en este gran negocio que ha convertido en millonarios a pequeños constructores, enriquecido a políticos locales y extendido la corrupción urbanística municipal en buena parte del litoral español.

La Operación Avispa, llevada a cabo contra la mafia rusa en junio del pasado año, ya dio una primera prueba de que dinero procedente del crimen organizado internacional estaba siendo blanqueado en la costa del Mediterráneo español. Una idea de la peligrosidad de esta trama la aporta el hecho de que el jefe supremo de esta red, el ruso georgiano Zahar Kalachov, fue traído directamente a España desde Dubai en un avión militar, por miedo a que su poderosa organización secuestrara los aviones de línea regular en los que iba a ser inicialmente trasladado.

Y por si quedaba alguna duda, la Operación Ballena Blanca (centrada en el bufete de abogados que gestionaba un millar de sociedades) ha confirmado la inversión del dinero del narcotráfico internacional en el sector inmobiliario español. Según el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verchet, más de una veintena de narcotraficantes detenidos en los últimos tiempos contaba con sus propias agencias inmobiliarias. "Ocurrió también en Cancún (México), en Palm Beach (Miami) y en Nápoles. Cuando la mafia entra en el tráfico de cocaína, elige a la construcción como el sector ideal de blanqueo", indica Alejandra Gómez-Céspedes, investigadora del Instituto de Criminología de Málaga.

¿Es muy audaz preguntarse por el papel que el crimen organizado ha podido desempeñar en el cementado intensivo que ha modificado irremisiblemente el paisaje del litoral español? ¿Hasta qué punto la propia presión financiera de estas mafias, su capacidad de corrupción y coacción, han podido contribuir a este fenómeno de expansión urbanística sin parangón en el mundo que, con epicentro en Marbella, se ha desarrollado ante la inacción práctica de los poderes públicos, avivada permanentemente por la codicia y la visión miope de los políticos que vieron ahí la gallina de los huevos de oro?

A falta de pruebas que demuestren conexiones estructurales entre las mafias internacionales y las autóctonas, lo que sí hay son rumores, a veces instalados en altas instancias judiciales, policiales y políticas, que dan cuenta de amenazas de grupos extranjeros -incluido un secuestro por espacio de unas horas- a responsables municipales de urbanismo corruptos que habrían incumplido el compromiso de recalificar unos terrenos en los plazos acordados.

"En el estudio sobre las prácticas ilícitas urbanísticas en la Costa del Sol que hicimos hace dos años dentro del proyecto internacional Falcone detectamos una gran presencia de dinero gris en la construcción", afirma José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho y director del Instituto de Criminología de Málaga. El estudio, que identificaba hasta ocho tipos de delitos urbanísticos habituales en la zona -la forma más típica de corruptela es el convenio urbanístico en el que constructores y ayuntamiento se ponen de acuerdo en la recalificación de terrenos que altera el plan general-, fue acogido con muestras de escándalo entre los empresarios del sector y una parte de la clase política.

Las acusaciones de "criminalizar" a la construcción y perjudicar la imagen turística -"¿qué importa de dónde viene el dinero?", era un comentario recurrente- acogieron también el informe de la fiscalía, que puso igualmente de manifiesto las irregularidades urbanísticas y el dinero negro. Las denuncias de Ecologistas en Acción y los recursos de la Junta de Andalucía no lograron impedir la política de hechos consumados, en buena medida porque la justicia penal se mantuvo a la espera de que se agotara la vía contencioso-administrativa que suponía entre 8 y 10 años, tiempo más que suficiente para que las construcciones quedaran terminadas y vendidas.

Decir que Marbella ha estado en manos de una mafia durante estos años y que todo el sistema ha fallado parece una obviedad. Una pregunta pertinente es si el procesado Juan Antonio Roca era el verdadero capo de la mafia local o, como sospechan algunos, sólo la cabeza visible de una organización de mayor alcance. Y la gran cuestión está en saber si Marbella y sus alrededores son un fenómeno aislado y pasajero o el síntoma más aparatoso y extravagante de una ola de corrupción que estaría recorriendo casi todo el litoral español y que no siempre va de la mano política de las agrupaciones electorales "independientes" que siguen surgiendo al modo del desaparecido GIL.

"Mi impresión es que Jesús Gil empezó comprando voluntades y que con el tiempo descubrió que si se presentaba él mismo y ganaba las elecciones se ahorraría tener que comprar a los políticos. Porque ya no se compra al político, ahora es el político el que se pone en oferta", comenta el teniente fiscal de Málaga, Antonio Morales. "Crearon un cuerpo de policía local bien dotado de medios técnicos para dar cobertura a los ladrones mafiosos. Hacían contravigilancias y barridos telefónicos para bloquear las investigaciones de la Policía Nacional". Se sabe también que algunos agentes de este cuerpo se ganaban un dinero extra trabajando para el Ayuntamiento marbellí.

Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Gil reunía a la cúpula del poder judicial en unas jornadas pretendidamente técnicas festejadas con unas cenas lujosísimas en las que no faltaba de nada. Consiguieron remover a un comisario y a una juez hostil, seguir de cerca el funcionamiento de los abrumados juzgados -los turnos de guardia judiciales aparecen con todo detalle en uno de los cuadernos de Roca- y disponer del voto y de la adhesión de cientos de personas que debían su puesto de trabajo a la "generosidad" de los gestores municipales.

Las detenciones del verano han supuesto un punto de inflexión evidente. "Los mafiosos o están callados o han levantado el campo", dice el teniente fiscal. Hay un antes y un después en Marbella, pero es dudoso que este juicio pueda extrapolarse al resto de la costa y de las capitales entregadas a la desaforada "pasión por construir". De hecho, nadie entre los observadores críticos del desmadre urbanístico duda de que el dinero negro se ha desplazado hacia Murcia, Alicante, Castellón, Madrid, etc., a nuevos territorios de oportunidad.

En este contexto, crece la exigencia de retirar las actuales competencias de urbanismo a los ayuntamientos. "Tenemos una vivienda para cada dos habitantes y resulta que mucha gente no puede acceder a una casa propia. El 80% de las mociones de censura que se presentan en los ayuntamientos es por cuestiones urbanísticas", afirma el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verchet. "La teoría mercantilista de que los precios descenderían si se liberaba más suelo se ha demostrado completamente equivocada", dice, "porque en el precio de la vivienda están interviniendo factores no naturales". A Verchet no le cabe la menor duda de que el Estado debe recuperar las competencias. "Las instituciones fuertes tienen más capacidad de resistir la corrupción", subraya.

A juicio del catedrático de Derecho Penal de Málaga José Luis Díez Ripollés lo ocurrido demuestra que, de hecho, los políticos locales no han podido resistir. "Pensar que esto se ha limitado a Marbella es un gran error, puesto que los cohechos y prevaricaciones han estado a la orden del día en la Costa del Sol, gracias a la aplicación de un patrón de inobservancia administrativa y dejación de responsabilidades inspirado en la creencia de que esto creaba empleo y riqueza", afirma.

Abortar la expansión de este nuevo ciclo delictivo marcadamente globalizador y detener la corrupción rampante puede que exija también el endurecimiento de las penas por blanqueo que van desde los seis meses a los seis años de prisión. "No está tipificado como delito grave y tampoco implica el ingreso en prisión si el delito se comete por primera vez", apunta Díez Ripollés. "Y cuando un concejal prevarica y autoriza un delito urbanístico, la condena es de seis meses a dos años o multa", indica.

Hay relatos que ilustran, obscenamente, el poderío económico de algunos de los acusados de Marbella. "Cuando el juez le anunció que para eludir la prisión tendría que depositar una fianza de 300.000 euros, el constructor se limitó a hacerle un gesto de asentimiento a su abogado", narra una fuente judicial. "Al poco tiempo, un empleado de su empresa depositó en el juzgado una bolsa con un montón de billetes. Pero la bolsa no contenía 300.000 euros, sino prácticamente el doble", relata un funcionario judicial.

En opinión de Díez Ripollés, la sociedad española es más sensible a los robos que a los delitos que deshacen nuestro medio ambiente de forma irreversible. No es el único que alerta del peligro de legislar a golpe de suceso dramático. Ciertamente, mucho más tras la importación del secuestro exprés y el asalto violento a los domicilios habitados, el debate parece ser el de "más cárcel o más cárcel".

"Ha desaparecido la actitud de comprensión hacia la criminalidad tradicional, en especial hacia la pequeña delincuencia, que consideraba al delincuente un ser socialmente desfavorable y marginado", indica Díez Ripollés. Y eso ocurre, precisamente, cuando aparecen entre nosotros inmigrantes sin recursos que parecen abocados a la marginación.

A juicio de este especialista, la realidad delincuencial española no justifica el protagonismo que la inseguridad ciudadana ha adquirido en la agenda política y en la opinión pública y que está dando lugar a sucesivas reformas en la legislación penal. "Estamos llegando a unas tasas de encarcelamiento insostenibles, y teniendo en cuenta que las tres cuartas partes de los penados están en la cárcel por comisión de delitos contra el patrimonio o por tráfico de drogas, haríamos bien en preguntarnos", dice, "qué peculiaridades concurren en nuestro país para que, con independencia del desarrollo económico, tengamos una delincuencia patrimonial desconocida en otros países europeos".

En su opinión, la respuesta habría que buscarla en el bajo gasto social y en el poco esfuerzo que el sistema judicial ha realizado en el campo de las penas alternativas. En lugar de endurecer el arsenal punitivo disponible sobre la delincuencia clásica, habría que poner coto a la nueva criminalidad de la corrupción y el blanqueo de la delincuencia de guante blanco. A propósito del clima de preocupación social, el profesor Borja Mapelli, de la Universidad de Sevilla, subraya que "el índice de criminalidad que soporta una sociedad poco o nada tiene que ver con su percepción sobre la seguridad o inseguridad".

El caso es que la inseguridad ciudadana lleva ya años reclamando el interés creciente de los medios de comunicación españoles, tal y como ha puesto de manifiesto la investigadora de la Universidad de Málaga Susana Soto Navarro, además de disparar el crecimiento de la seguridad privada. Al igual que otros investigadores, Soto sostiene que los medios de comunicación ofrecen, por lo general, una visión deformada de la realidad delictiva, en la medida en que sobredimensionan los delitos, obvian los datos oficiales de criminalidad real e ignoran la opinión de los expertos.

Se comparta o no esta apreciación, es evidente que el delito y el miedo al delito pone en manos de los medios de comunicación una poderosa, y tentadora, palanca de influencia que puede acabar con cualquier Gobierno que aparezca incapacitado para controlar la delincuencia.

El vacío abierto por la ausencia de un debate político serio sobre el problema está siendo ocupado por la habitual polémica tramposa, al circular la asociación aberrante entre delincuencia e inmigración. Es un asunto extremadamente grave porque, como en las grandes falacias, la mentira se nutre también aquí de algunas verdades relativas. En efecto, la delincuencia organizada es preferentemente cosa de extranjeros y, además, parece igualmente cierto que el índice de delitos entre la población inmigrante es superior, a causa de su marginación social y de sus hábitos culturales. Según los cálculos del investigador criminólogo Manuel Avilés, autor del estudio Criminalidad Organizada, el 30% de los crímenes conyugales son obra de extranjeros.

Si reconocer la realidad y huir de lo políticamente correcto parece condición necesaria para abordar el problema, evitar el alarmismo, la frivolidad incendiaria y la confusión resulta imprescindible para conjurar el peligro de la xenofobia y conseguir la integración razonable de las segundas generaciones de la inmigración. Distinguir entre los criminales por convicción, difícilmente reinsertables, y los delincuentes ocasionales por necesidad parece, igualmente, un ejercicio conveniente, como lo es desmontar el engaño que presentó a Marbella como la ciudad sin delincuencia. Mientras expulsaba, de forma ilegal, a marginados, pequeños rateros y a prostitutas pobres, el Ayuntamiento de Gil cobijaba a grandes criminales, ladrones de guante blanco, narcotraficantes y prostitutas de lujo. Conviene dejar claro que nunca hubo tanto delincuente y tanto delito en Marbella como cuando los delincuentes y corruptos gobernaron esa ciudad.

La contradicción aparente entre la modesta tasa delictiva de nuestro país y el elevado número de reclusos se explica, en gran medida, por el endurecimiento -dos años más de cárcel- de las penas por tráfico de drogas y por las instrucciones para que los fiscales solicitaran sistemáticamente la prisión provisional en el caso de extranjeros irregulares. En solo tres años, la población reclusa ha pasado de tener una edad media de 32 años a 37.

Lo explica con precisión el subdirector general de Tratamiento Penitenciario, Virgilio Valero García: "De los 9.000 internos extranjeros que teníamos hace cinco años, hemos pasado a 19.500, lo que significa que casi la tercera parte de nuestra población reclusa no es española. Los ingresos de extranjeros crecen porque como muchos carecen de arraigo y se corre un riesgo mayor de que se sustraigan a la acción de la justicia, raramente se les aplica la libertad provisional. De hecho", indica, "el 39% de ellos está en situación preventiva, frente al 14% de los españoles. Además, el 45% de los extranjeros se encuentra aquí por tráfico de drogas, lo que implica condenas de 9 y 10 años. Buena parte de ellos parecen abocados a conductas delictivas derivadas de su situación irregular", destaca Valero.

"Tenemos un Código Penal más duro que el de otros países. Y la gente se equivoca si piensa que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, aunque no falten los multirreincidentes en los pequeños delitos", dice José Luis Castro, juez de Vigilancia Penitencia. También él distingue entre los criminales de la delincuencia organizada -"es el nuevo perfil carcelario: tipos duros, fríos, a menudo antiguos paramilitares, militares o policías del Este que siguen organizados en las cárceles"-, de los traficantes de medio pelo que sólo pueden acceder al tercer grado una vez purgada la mitad de sus nueve años de condena. "Hay que ser duros con los criminales y los terroristas, pero puede que estemos aplicando de forma exagerada el cargo de delincuencia organizada, porque hay una parte de la población penitenciaria muy aprovechable", indica Castro.

En todo caso, vistas las orejas al lobo del crimen organizado y de la corrupción rampante, los poderes públicos parecen ahora decididos a que también los delincuentes de guante blanco, los blanqueadores y los corruptos encuentren su hueco entre rejas.

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EL CES PIDE UNA REFORMA DE LA POLÍTICA DEL SUELO
CincoDías.com - 09 de octubre de 2006
 
El presidente del Consejo Económico y Social (CES). Marcos Peña, reclama 'un replanteamiento de la política de suelo' de los ayuntamientos con 'urgencia' para moderar el encarecimiento de la vivienda. En una entrevista concedida a Servimedia, Peña indica que 'ocultar la gravedad e importancia' de este asunto 'es estúpido', aunque el problema es 'complejo' al afectar al sistema financiero y a un sector como el de la construcción, pero también al reparto de competencias en el país, donde las políticas de vivienda dependen de las comunidades.

Para el presidente del CES, esa política municipal es algo pendiente y que se ha de afrontar 'con urgencia', con el fin de acabar con 'esta especie de pandemia nacional' que es la política urbanística. No obstante, Peña auguró que no habrá cambios sustanciales en los precios de la vivienda 'mientras se mantenga el empleo', ya que, con 'sacrificio', se podrán ir pagando las letras de las hipotecas, aunque sea destinando a ellas el sueldo íntegro de uno de los cónyuges. No obstante, añadió que, pese a los malos augurios, la explosión de la llamada burbuja inmobiliaria no llega.

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UCE propone a los compradores analizar sus contratos
Consumer - 06 de octubre de 2006
 
 
Por si existen cláusulas abusivas. La asociación alerta de aumentos injustificados en el precio, cambios en los planos o en las calidades de construcción

La Unión de Consumidores de España (UCE) ha puesto en marcha, con el apoyo del Instituto Nacional del Consumo (INC), una campaña para analizar los contratos de compraventa de aquellos usuarios que hayan adquirido una vivienda nueva y deseen comprobar si incluyen cláusulas abusivas.

"La adquisición de una vivienda genera habitualmente numerosas dudas, principalmente jurídicas, para los nuevos propietarios, quienes no siempre disponen de las herramientas y conocimientos necesarios para detectar irregularidades en sus contratos de compraventa", indica UCE en un comunicado.

Por ello, las distintas asociaciones pertenecientes a UCE estudiarán las condiciones generales utilizadas en los contratos de compraventa de viviendas nuevas por si incluyen cláusulas que pueden traducirse en aumentos injustificados en el precio, cambios en los planos o en las calidades de construcción, imputación de diversos gastos, o modificaciones en los plazos de entrega.

Para facilitar al máximo el acceso a este servicio, UCE pone a disposición de las personas que lo deseen la dirección de correo electrónico info@aragonvivienda.com para que envíen sus contratos a través de Internet.

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Y cuando ya se ha pasado de los 34 años, ¿qué?
El Mundo (Su Vivienda) - 06 de octubre de 2006
 
LAS ADMINISTRACIONES NO RESERVAN AYUDAS ESPECÍFICAS DE VIVIENDA A LOS QUE HAN DEJADO DE SER JÓVENES, QUE TIENEN LA OPCIÓN DE ACOGERSE A LOS SUBSIDIOS GENERALES PARA TODAS LAS EDADES

Si hablamos de ayudas para acceder a una vivienda, la 'juventud' concluye a los 35 años. A partir de esa edad las administraciones competentes no destinan subsidios específicos a los adultos del mercado inmobiliario, que tienen que acogerse al régimen general de subvenciones al que todos pueden concurrir con independencia de su fecha de nacimiento.

El Plan de Vivienda 2005-2008 de la Comunidad de Madrid (CAM) recoge ayudas destinadas a jóvenes que accedan a su primera casa y mayores de 65 años que tengan que rehabilitar la que ya tienen en propiedad. Para el común de las horquillas los apoyos financieros adquieren diversas modalidades que se adjudican atendiendo a criterios económicos, familiares y/o medioambientales y no en función de la edad.

Por ejemplo, quienes con carácter general compren un piso de segunda mano en la región pueden obtener un descuento de hasta 8.000 euros si su renta no supera 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y un máximo de 5.000 si oscila entre 2,5 y 3,5. Para los que no superan la barrera de los 35 años, en cambio, el apoyo económico puede alcanzar hasta 11.000 euros en idéntica situación económica.

Las ayudas para la compra de viviendas protegidas en sus diferentes variantes alcanzan hasta un total del 7% del Precio Máximo de Venta (PMV) con independencia de lo que diga el DNI, siempre y cuando el solicitante no supere determinadas barreras de ingresos.

En el programa de alquiler con opción a compra, las familias numerosas con progenitores de más de 34 años pueden tener una ayuda del 5% del coste final de la casa una vez que han transcurrido siete años y deducido el 50% de las rentas satisfechas durante ese periodo. Para los menores la ayuda se eleva hasta el 10%.

La edad también cuenta si se trata de solicitar un hogar, tanto en venta como en alquiler, de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que depende del Ayuntamiento de Madrid. En el baremo de adjudicación se obtienen más puntos cuanto menores son los años que alega el demandante.

El Ministerio de Vivienda, en cambio, no contempla diferencias de este tipo, aunque sí favorece con incentivos a las familias de tres, cuatro y cinco o más hijos. Estas ayudas se dirigen a casas ya existentes y a protegidas de nueva construcción con unos criterios mínimos de adjudicación comunes a todos los solicitantes.

Superar la barrera de los 35 años no supone el cierre del camino de acceso a una vivienda, pero sí que se transforme en una vía un poco más estrecha.

Todo el que sopla 35 velas en su pastel de cumpleaños está diciendo adiós a algo más que otra página del calendario vital. Las administraciones, con carácter general, reservan cupos de ayuda a la compra o alquiler de casas específicos para los que no superen los 34, pero, una vez traspasada esa frontera, la carrera hacia la meta residencial se vuelve aún más tortuosa si cabe para los que ansían alcanzarla.

¿Qué subvenciones en el acceso a una vivienda tienen los que han dejado de ser jóvenes a los ojos de las instituciones responsables de su reparto? La respuesta es ninguna en particular. O, lo que es lo mismo, pueden acogerse al régimen general de subsidios siempre y cuando cumplan determinados requisitos económicos, familiares y/o medioambientales. Y en competencia directa con aquellas horquillas de edad que tienen sus propias subvenciones además de las de todo el mundo.

En la región

Los residentes en la Comunidad de Madrid (CAM) con al menos 35 primaveras en su haber pueden optar a ayudas a la entrada de una de casa libre o protegida de segunda mano de 7.000 euros para el conjunto de la región y 8.000 euros si se sitúa en la capital cuando su renta no supere 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmente se sitúa en 479,1 euros mensuales. En el caso de que oscile entre 2,5 y 3,5 veces el Iprem, la cuantía monetaria se reduce, respectivamente, a 4.000 y 5.000 euros.

En este supuesto se localiza el primer agravio comparativo por razón de edad: cuando los adquirentes son menores de 35 años el subsidio puede alcanzar hasta 11.000 euros, para pisos en el municipio madrileño, y de 10.000 para el resto de ubicaciones.

«Hay que centrarse más en ayudas a mujeres y hombres con cargas familiares, que no superen en 3,5 veces el Iprem, y a los inmigrantes», propone Eduardo Cuenca, senador y portavoz de Urbanismo de IU en la Asamblea de Madrid.

En su opinión, «el problema de las ayudas para la compra de vivienda libre es que el promotor conoce mejor el sistema y sube el precio de la vivienda. Al final, las ayudas acaban en sus bolsillos».

Otros subsidios genéricos son los cheque-vivienda sostenible, que incentivan la compra de casas que incorporen energías limpias, medidas de ahorro energético y eficiencia en el uso del agua. Este apoyo monetario supone hasta el 1% de la factura final, con un tope de 2.400 euros por inmueble, y es complementario a todas las subvenciones del Plan de Vivienda 2005-2008 de la CAM.

En el apartado de hogares protegidos, los apoyos del Gobierno regional adquieren diversas variantes. Si se descuentan las reservadas a los que no han sumado siete lustros de vida, el común de los mortales compradores puede ser candidato a un apoyo financiero para la adquisición de una Vivienda de Protección Pública (VPP) de hasta el 10% del Precio Máximo de Venta (PMV) si su sueldo no supera 2,5 veces el Iprem y si es miembro de una familia numerosa. Para los que no superen 3,5 o 5,5 veces el Iprem la concesión de una ayuda supone, respectivamente, reembolsarse el 7% o el 5% del PMV.

En el caso de las Viviendas de Precio Limitado (VPPL), la CAM contempla la opción de contribuir a hacer realidad el sueño de la propiedad residencial con un 7% del PMV para familias numerosas que no superen 7,5 veces el Iprem.

Finalmente, en las Viviendas de Integración Social (VIS), destinadas a personas con una necesidad especial de protección, la CAM puede llegar a subvencionar el 50% de la construcción de los inmuebles, que como premisa básica no deben superar 110 m2 de superficie.

«En ayudas a la adquisición de vivienda protegida la edad no debería ser un requisito, se debería atender exclusivamente a criterios económicos para adjudicarlas», sugiere Mariló Molina, del Gabinete Jurídico de la organización de consumidores Facua.

Alquiler

A todo esto hay que sumar la alternativa del alquiler con opción a compra, una iniciativa del Ejecutivo madrileño ideada en origen para satisfacer las necesidades de techo de los menores de 35 años que posteriormente se ha ampliado a mayores.

Estos últimos potenciales propietarios, en los supuestos en los que, una vez pasados siete años, se ejerza la opción de compra, podrán obtener una ayuda del 5% del coste final de la casa una vez deducido el 50% de las rentas satisfechas durante ese periodo sólo si son familias numerosas y tienen rentas inferiores a 5,5 veces el Iprem.

«Nuestra idea es que las ayudas se centren en fomentar el arrendamiento en Madrid, que el propietario tenga ayudas y se sienta seguro para alquilar. Incentivar las ayudas para el alquiler podría suponer que las 500.000 viviendas vacías que hay en Madrid saldrían al mercado y así se abarataría el precio de la vivienda», apunta Eduardo Cuenca.

La edad también importa para concursar por una casa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Junto a otras variables, como las circunstancias socioeconómicas del solicitante, contar con menos de 35 años suma 12 puntos a la cuenta del que busca una vivienda en régimen de alquiler a precios por debajo del mercado.

La puntuación se repite en los casos de compra para esta franja de edad, si bien aquí los demandantes de entre 35 y 45 años reciben ocho puntos y los de 46 o más tienen derecho a contabilizar hasta cuatro.

El Ministerio de Vivienda, por su parte, no contempla diferencias en función de la fecha de nacimiento a la hora de repartir ayudas, aunque sí favorece con distintos incentivos a las familias de tres hijos, a las de cuatro y a las de cinco o más. El departamento de María Antonia Trujillo reparte subvenciones para la adquisición de casas ya existentes y de protegidas de nueva construcción con unos criterios mínimos de adjudicación comunes a todos los solicitantes.

«Hay ayudas estatales que son interesantes y están abiertas a un grupo de ciudadanos muy importante», apunta Antonio Fernández Gordillo, portavoz de Vivienda del grupo socialista en la CAM. «El problema es que la Comunidad no las ha llevado a cabo. De las 1.109 ayudas para adquirir viviendas usadas que se pudieron tramitar sólo se agilizaron 34 y de las 8.857 para nuevas sólo se llevaron a efecto 4.451, todas con cargo a los presupuestos de 2005», añade.

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM aseguran que las subvenciones ministeriales se están adjudicando, aunque subrayan la dificultad de que los solicitantes reúnan los requisitos, ya que es difícil encontrar casas en Madrid que cuesten menos de 2.000 euros/m2.

El Ivima ya mira de reojo a los separados

La transformación de la sociedad ha ido desmembrándola en diferentes brazos que hace años eran casi inexistentes. Es el caso de los separados y divorciados, que ya empiezan a contar para las administraciones a la hora de concederles ayudas para la vivienda.

El Ivima adjudica sus viviendas según diferentes cupos de necesidad. Los habituales son los menores de 35 años, mayores de 65, discapacitados, separados y divorciados y el cupo general (60). La principal novedad en esta legislatura es la de separados y divorciados. Aunque lo hecho hasta ahora parece insuficiente, el primer ejemplo se produjo el pasado mes de abril, cuando en el barrio de la Ventilla se adjudicaron 40 viviendas en régimen de alquiler para personas separadas o divorciadas correspondientes a una fase de 248 viviendas. En total, 128 personas separadas o divorciadas optaron a estas viviendas. Para tener posibilidad de acceso a ellas es necesario justificar su condición mediante una resolución judicial de separación o divorcio.

«No es suficiente lo que se está haciendo. Lo único que pretendemos es una equiparación con la mujer en todos los aspectos, también que los separados tengan posibilidad de acceder a una vivienda cuando un juez le obliga a irse de la suya», afirma Juan Luis Rubio, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS).

La reforma fiscal prevista por el Gobierno contempla la opción de aplicar desgravaciones fiscales a los separados y divorciados cuando se compren una segunda vivienda y tengan que mantener la anterior, en la que vive su cónyuge. enlace a la noticia

 
La corrupción urbanística irrumpe en la agenda política
El Confidencial - 04 de octubre de 2006
 
 
Ha irrumpido definitivamente en la agenda política. El último caso de corrupción en aflorar ha sido el de Catral, un municipio alicantino de algo más de 6.000 habitantes, al que la Generalitat valenciana decidió ayer retirar las competencias urbanísticas. La corporación, según el gobierno autonómico, ha permitido la construcción ilegal de 1.270 viviendas en terreno protegido.

El caso de Catral -gobernado por un alcalde socialista- tiene mucho que ver con un cierto oportunismo político, ya que hoy se debatirá la moción de censura presentada por el PSPV contra el presidente valenciano, Francisco Camps, que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. Pero, en cualquier caso, señala los derroteros por los que va circular la campaña electoral de las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo.

La retirada de competencias urbanísticas a un municipio es un hecho extraordinario en la legislación española. Ni siquiera en cuando Jesús Gil o sus herederos políticos gobernaban Marbella se tomó una medida similar. En todo caso, la actuación del Gobierno central se limitó a disolver el consistorio, pero de ninguna manera arrebatarle las competencias en materia urbanística.

Tras el caso de Catral, según algunos expertos, es probable que los grandes partidos adopten medidas similares en pequeños municipios para dar una señal de lucha contra la corrupción. Como si fuera un asunto de moda, con las urnas esperando a pocos meses vista, los gobiernos autonómicos, sean de corte popular o socialista, se apresuran a limpiar sus ayuntamientos de ‘aprovechados’, fundamentalmente de las filas contrarias.

El primero en abrir fuego fue la Junta de Andalucía con la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Comenzaba la Operación Malaya. Desde entonces, se ha abierto la veda para denunciar actividades irregulares relacionadas con el urbanismo municipal. Los casos se suceden sin orden de continuidad y donde los ciudadanos comienzan a movilizarse para exigir responsabilidades judiciales, los partidos políticos han descubierto un filón donde hacer causa política.

También ayer, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, y por tanto de Esperanza Aguirre, dimitía “para defenderse con libertad y proteger su honorabilidad” ante las acusaciones socialistas sobre su dudosa gestión e intereses personales en el desarrollo urbanístico de Brunete. Pero no fue el único caso. El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañabate (PSOE) renunció a sus cargos por la polémica generada a cuenta de su patrimonio y de la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial del citado municipio.

El caso de Catral podría ir a mayores. La Generalitat valenciana está dispuesta a disolver el consistorio al modo marbellí. De momento, se ha responsabilizado de las competencias en materia urbanística, pues son 1.270 las viviendas construidas (hasta tres millones de metros cuadrados) sin licencia. Loable severidad que también esperan los ciudadanos de otros municipios alicantinos, pero esta vez gobernados por el Partido Popular.

El pasado lunes, el diario El País se hacía eco de las imputaciones por supuestos casos de corrupción de los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela, Luis Díaz Alperi, Pedro Ángel Hernández Mateo y José Manuel Medina, respectivamente. En el caso de la capital de provincia, alcalde y dos concejales tendrán que responder por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, adjudicaciones irregulares así como el desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercaliente. Pese a ello, Díaz Alperi ha obtenido el respaldo de su partido para presentarse de nuevo a las elecciones.

El alcalde de Orihuela ha renunciado a su reelección tras reconocer ante un juez prebendas de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. Por su parte, Hernández Mateo, Torrevieja, opta a su quinta legislatura con la imputación de tráfico de influencias.

Otros municipios salpicados

En la comunidad canaria reside otro hueso para el Partido Popular. Según la citada publicación, en el caso Faycán, una presunta red de cobro de comisiones de obras públicas, están implicados políticos, empresarios y empleados del municipio del Teide, gobernado por el PP, y su alcalde Francisco Valido no piensa dimitir.

En Andalucía, el edil de Urbanismo de Rota, Antonio Peña, está imputado en un delito de prevaricación en la tramitación de un expediente de urbanización en suelo privado. Por otra parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez será candidato pese a su imputación un caso de contrataciones irregulares.

El partido socialista tampoco se queda atrás. A esta formación pertenece el regidor de Los Alcázares (Murcia), Juan Escudero, quien dimitió tras la publicación de las inversiones de Juan Antonio Roca (Operación Malaya). Tampoco tienen limpio el expediente el alcalde dimisionario de Lorca, Miguel Navarro, ni seis ediles del municipio murciano de Águilas.

Izquierda Unida, GIL, Convergencia Andaluza y Partido Andalucista, son otras formaciones políticas que tienen en sus filas alcaldes y ediles bajo la sospecha de la corruptela generada por el boom del ladrillo. De su absolución o condena hablarán los tribunales, pero de que respondan o no políticamente tendrán que encargarse la dirección de sus partidos.

El voto apremia y los comicios municipales pueden ser una oportunidad para limpiar la imagen de administraciones y formaciones políticas. Chaves, Aguirre y Camps lo saben.

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El ladrillo destapa las vergüenzas del PSOE
ABC - 08 de octubre de 2006
 
Los discursos grandilocuentes socialistas sobre el medio ambiente y el respeto a la naturaleza se diluyen a golpe de realidad. Mientras la ministra Narbona realiza operaciones de maquillaje al derrumbar alguna que otra construcción en la costa y arremete a diario contra el modelo urbanístico mediterráneo -aunque obvia atacar al catalán y andaluz, centrando sus críticas en el valenciano y murciano-, los escándalos de sus compañeros de partido en esta disciplina en los municipios en que gobiernan en el Levante desenmascaran su estrategia y ponen de relieve que tienen más cosas que callar que denunciar, por mucho que se les llene la boca con el concepto «desarrollo sostenible». Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, los ayuntamientos socialistas, desde marzo de 2003 hasta junio de 2006 -lo que va de legislatura-, han reclasificado ya 25,4 millones de metros cuadrados, y en las dependencias de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat se agolpan solicitudes para reclasificar 63 millones de metros cuadrados más, lo que suma la friolera de cifra de casi 90 millones de metros cuadrados. Todo un ejemplo de por dónde van los tiros.

También fue curiosa la situación que se produjo justo antes de cambiar de normativa urbanística en esa misma región -de la polémica y denostada por la Unión Europea Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobada por los socialistas, a la Ley Urbanística Valenciana-, cuando 26 alcaldes socialistas presentaron 33 Programas de Actuación Integral (PAI) para construir alrededor de 26.000 viviendas en una superficie que ya entonces suponían 23 millones de metros cuadrados.

Pero, obviamente, el crecimiento urbanístico no es mal en sí mismo, y todos los municipios, sean del color político que sean, están legitimados para incrementar el número de viviendas en su población, siempre y cuando se respeten las leyes vigentes. Ahora bien, siempre no es así y últimamente los paladines y defensores del medioambiente, los partidos de izquierdas, se han visto salpicados por escándalos territoriales dignos de mención, que no fueron citados el pasado día 4 por el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, al explicar su programa de gobierno durante la moción de censura contra Francisco Camps cuando habló de «urbanismo coherente y responsable».

Catral

El municipio alicantino ha sido el último gran escándalo. El acalde ha reconocido que ha permitido la construcción de 1.270 viviendas ilegales en el municipio, algunas de ellas en el Parque Natural de El Hondo, lo que ha provocado que la Generalitat le haya retirado las competencias en disciplina urbanística y no descarta asumir más, como las de planificación e, incluso, disolver el Consistorio y reclamar al Gobierno central la convocatoria de nuevas elecciones municipales. Se calcula que el beneficio de las constructoras (la que más edificó es del cuñado del alcalde) ha sido de 80 millones de euros, con evasión de impuestos. El asunto está en los Juzgados.

Estivella

El mayor Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Comunidad Valenciana, con cinco millones de metros cuadrados, se quiere construir en las localidad valencianas de Estivella, Algimia y Torres-Torres, con tres campos de golf, un hotel de alto standing y un área residencial de 4.000 viviendas en una actuación que se encuentra incluido en la zona de influencia del Parque Natural de Sierra Calderona.

Sueca

El alcalde socialista intentaba construir 25 viviendas en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, proyectadas por el despacho de arquitectos al que él pertenece. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha dado la razón a la Consejería de Territorio y Vivenda.

Elda

El ayuntamiento gobernado por el ex presidente del PSOE valenciano ha adjudicado la construcción de un campo de golf y 7.500 viviendas en el paraje Las Cañadas-El Tite a una empresa con la que firmó un acuerdo para incorporar el proyecto al nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el caso de que la Generalitat lo rechazara. Asimismo, la empresa adjudicataria compró suelo para la construcción del campo de golf a cuatro euros y, en una semana, después de la rectificación municipal, multiplicó su valor por cinco.

Los Alcázares

Dentro de las filas socialistas, el caso más sonado hasta ahora en la Región de Murcia ha tenido como resultado la dimisión del alcalde de esta población, Juan Escudero, sobre el que han caído varias denuncias por supuestas irregularidades urbanísticas y, últimamente, por los negocios que han mantenido en su municipio empresas de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama marbellí. Hasta ahora, ningún tribunal ha condenado a Escudero, quien dijo que se marchaba porque no pensaba repetir en las próximas elecciones y dejaba el campo libre a su sucesor. Escudero ha mantenido una fuerte controversia con la direccoión regional de su partido por el modelo urbanístico. Sobre las empresas de Roca -intervenidas judicialmente- que han actuado en su municipio, Escudero declaró que «siempre se han ajustado a la ley». El PP también ha denunciado que la urbanización Torre de Rame carece de declaración de impacto ambiental y que el campo de gol municipal se riega irregularmente con agua de un pozo.

Lorca

El alcalde murciano socialista, Miguel Navarro, también dimitió por fuertes discrepancias con su partido sobre el modelo urbanístico y la docena larga de convenios para edificar nada menos que 150.000 viviendas (una ciudad grande) en los próximos años. Navarro no tiene denuncia en los juzgados, aunque sí las críticas de Izquierda Unida, que ha denunciado que el Ayuntamiento aprobó la urbanización Villa Real a pesar de ocupar espacios protegidos de la sierra de Almenara.

Lorquí

El PP ha denunciado ante la Fiscalía a la alcaldesa socialista murciana por un supuesto delito de prevaricación. Le acusa de perdonar el 10 por ciento de aprovechamiento público del suelo a varios propietarios, entre ellos al concejal de Urbanismo del propio Consistorio. El PSOE niega que haya pelotazo y rebate que una concejal del PP es la que sale más beneficiada.

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Ciudadanos contra la corrupción
El Confidencial - 06 de octubre de 2006
 
Los recientes escándalos urbanísticos están generando un movimiento ciudadano contra la corrupción de grandes proporciones que amenaza con comprometer la representación de los partidos mayoritarios en las próximas elecciones municipales y autonómicas, sobre todo en los municipios pequeños. Estos grupos, desencantados con los grandes partidos, o se desvinculan totalmente de la política o se presentan como alternativa. Su mejor arma, la Red.

Asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, foros ciudadanos e incluso partidos políticos locales surgen como champiñones por todo el territorio patrio clamando contra una corrupción a la que achacan unos precios de viviendas inaccesibles, el sobreendeudamiento de las familias, un blanqueo de dinero generalizado, un desarrollo insostenible y una transformación dramática de sus pueblos a golpe de ladrillo.

Abogados, arquitectos, ingenieros, ecologistas, jóvenes... integran estas redes vecinales. Distintas todas, tienen puntos en común como su carácter local, la lucha contra la corrupción, una fuerte defensa de los recursos naturales, la activa participación de mujeres, una importante vertebración a través de Internet y la desvinculación de los partidos políticos mayoritarios.

Marbella (Málaga)

Marbella se ha convertido en el símbolo de la corrupción urbanística con un balance, entre otros, de 30.000 viviendas irregulares. La localidad malagueña se encuentra hoy en manos de una gestora tras ver pasar por la cárcel a su equipo de gobierno. Los vecinos han tenido un protagonismo indiscutible en la denuncia de las irregularidades del consistorio marbellí.

Mercedes Vázquez, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro, cuenta cómo, en julio de 2005, se produce en el seno de la Federación una moción de censura en la que cambió toda la junta directiva, hasta entonces progilista.

La Federación está volcada en estos momentos en conseguir que “todo el patrimonio incautado revierta a un Ayuntamiento que está en quiebra para compensar la situación económica tan penosa en que lo han dejado y que se invierta en infraestructuras, tan necesitadas en estos momentos”. Con algunos de sus miembros “de distintos colores políticos” en la gestora marbellí, la Federación reivindica también una mayor participación ciudadana.

Personalmente, le molesta oír hablar de “marbellización” en términos despectivos, “porque nadie ve a la otra Marbella. La de los ciudadanos de a pie que hemos sufrido y denunciado tantos desmanes”, se duele. La Federación que representa esperaba más de la gestora, aunque reconoce que “sufre muchas presiones políticas”. Para ellos, Internet es importante para poner en contacto a los vecinos y para darse visibilidad a través de su web www.vecinosdemarbella.com.

Estepona (Málaga)

Sin salir de la provincia de Málaga, -no en vano la costa mediterránea, especialmente la Costa del Sol es una de las zonas más castigadas por la corrupción- en Estepona ha surgido un grupo que es escisión de Izquierda Unida, llamado Convocatoria. Gerardo Galán, uno de sus miembros, explica que la escisión se hizo efectiva cuando IU formó parte de un tripartito en 2003 con PSOE y el gilista Partido de Estepona (PES).

Los integrantes de Convocatoria se definen como “ecosocialistas” y se plantean presentarse a las próximas elecciones. Entre otras cosas, denuncian el “urbanismo desordenado” que supone el plan de incrementar esta población en 80.000 viviendas en diez años. Estepona cuenta con expedientes de la era Gil en el Tribunal de Cuentas. El suyo es el único partido personado en los precedimientos por alcances contables.

Galán confiesa que sus integrantes hacen reuniones virtuales gracias al chat y que están en contacto con otras redes a través de Internet. Su página web está en construcción pero en este blog aparecen algunas de sus actuaciones.

Espartinas (Sevilla)

Los tentáculos de la corrupción marbellí han llegado también hasta la localidad sevillana de Espartinas, donde se pretenden recalificar 20 hectáreas de suelo rústico en favor de una empresa cuyo administrador único es el concejal de urbanismo.

El colectivo Ciudadan@s de Espartinas lleva tiempo denunciándolo en su activa página. Uno de sus hacedores, el arquitecto Ramón Gil Manrique, confirma la no adscripción política de sus integrantes. “No creemos en los partidos mayoritarios. Están todos implicados en la corrupción urbanística. Yo creo que en las próximas elecciones votaré en blanco”, sentencia.

A Estrada (Pontevedra)

De Andalucía, a Galicia. Aedru.org surgió en junio de 2005 en contra de un plan para ampliar a 150.000 habitantes el pueblo pontevedrés de A Estrada, de 23.000 almas.

Los vecinos, que de nuevo no se definen políticamente, contrataron a un técnico urbanista y descubrieron la apertura de calles de forma irregular o que suelos que costaban 9 euros el metro cuadrado, pasaban a costar 600 euros tras su clasificación. Finalmente, consiguieron echar atrás el PGOU, que se tiene volver a hacer de nuevo.

Los miembros de Aedru son “de todas las tendencias políticas” y sus propuestas intentan “ajustarse a la realidad y que sean económicamente viables”, según Fernando Porto. Para él, “Internet es muy importante, porque es un lugar donde hay confluencia de opiniones y -en su opinión- es el único sitio donde se dice la verdad”.

Moralzarzal (Madrid)

La Comunidad de Madrid tampoco se ha librado de recientes escándalos. Esta semana, hubo de dimitir el director general de Urbanismo de la CAM, Enrique Porto Rey, cuya antigua empresa, Plarquin, elaboró unos planes para Moralzarzal que preveían la construcción de viviendas en un terreno no urbanizable de especial protección medioambiental, a cinco kilómetros del núcleo urbano.

La Plataforma Democrática de Moralzarzal, tercera fuerza política, que cuenta con una concejala en el Ayuntamiento, se ha opuesto reiteradamente a estos planes. Su declaración de intetnciones es la siguiente: “Queremos un Pueblo para los Ciudadanos. Queremos una política que genere empleo, que atienda servicios y necesidades de sus habitantes”. Esta concejal se llama Mª Ángeles González Santero, es licenciada en derecho y hace gala de ofrecer un programa muy sensato y volcado en la política local. Prevé mucha abstención en las próximas elecciones municipales y autonómicas porque, según asegura, “la corrupción ha ido in crescendo y últimamente se muestra sin pudor”.

Esto es sólo una pequeña muestra tanto de los escándalos existentes como de los movimientos que los denuncian. Pero hay muchos más. El próximo día 21 de octubre, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, se reúne en Marbella y convoca a todos aquellos “preocupados por la corrupción en el territorio español”.

El Confidencial ha habilitado una dirección de correo electrónico donde se pueden dirigir las denuncias de los ciudadanos contra la corrupción. Es la siguiente:

ciudadanoscontralacorrupcion@elconfidencial.com

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La elasticidad del ladrillo
Rebelion.org - 07 de octubre de 2006
 
 
Las constructoras y el control de los servicios públicos

La ciudadanía de Madrid está cambiando. La transformación no sólo se refleja en los monos de trabajo, casco y riñoneras que parecen estar de moda, lo hace también en la propia estructura de la ciudad. Donde había edificios hay solares con excavadoras, donde había calles y plazas hay vallas, montículos de escombros y profundos mordiscos en la tierra, y donde antes había un mal llamado río con jardines y una de las principales vías de circulación hoy hay una gran explanada árida de la que se levantan centenares de grúas, camiones y todo tipo de maquinaria. Aunque la proliferación constructora lleva años fraguándose, ahora en Madrid está en todo su apogeo. Ante esta situación surgen las preguntas: ¿quién nos está quitando la ciudad? ¿Quién tiene la capacidad de manejarla como si fuera un lego y sus ciudadanos clicks que ponen donde se les antoja?

El País publicó en un especial de infraestructuras un dato bastante revelador en relación con la anterior pregunta: “en 2005 las siete grandes constructoras españolas se situaron entre los 11 mayores gestores de infraestructuras del mundo (...) y la número uno del mundo fue el grupo ACS”. La escala del podio es mundial, es decir, que no existe una región en el planeta mundo donde alguno de estos grupos no estén llevando a cabo la construcción o la explotación de una gran obra civil, desde carreteras a plantas desaladoras, pasando por aeropuertos o líneas de tren [1].

El trayecto de estas empresas españolas, desde la obra de nuestros barrios al mantenimiento de la limpieza en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), se caracteriza por un proceso y por un punto de inflexión. El proceso es el de concentración de capitales: las 182 empresas constructoras que existían hace 50 años han pasado a ser los 7 mayores grupos por quiebras, absorciones y fusiones [2]. El punto de inflexión ha sido la integración al proyecto europeo, que proporcionó importantes ayudas presupuestarias en forma de fondos estructurales y de cohesión. La expectativa de un crecimiento exponencial de infraestructuras para materializar la entrada al mercado único europeo facilitó los créditos del Banco Europeo de Inversiones a las obras públicas e impulsó la inversión privada en nuevas autopistas [3].

La expectativa se ha ido materializando y el Estado español es el segundo país europeo, tras Alemania, con más kilómetros de autovías y autopistas. Pero parece que no es suficiente, hay que seguir alimentando la máquina de producir dinero, por lo que 2005 el Consejo de Ministros aprobó una ambicioso Plan en el que propone la construcción de 6.000 km más de autovías en sus primeros años de vigencia y 9.000 km de ferrocarril de alta velocidad [4]

No sólo la construcción de autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos, grandes complejos de las transnacionales españolas -como la Ciudad Bancaria del Santander- y demás macroinfraestructuras engordan las arcas de estas empresas, una parte importante de la entrada de beneficios es la construcción de vivienda residencial y turística. El negocio de la vivienda ha tomado fuerza gracias a la inestabilidad de otros mercados financieros, a la bajada de tipos de interés de los créditos y al alto ritmo de revalorización de los pisos que ha hecho crecer su demanda como la espuma [5]. Y la elevada demanda impulsa el crecimiento del valor de la vivienda, y en ese círculo vicioso se hace añicos el derecho constitucional a la vivienda. La vivienda ha pasado a ser un producto más y ya se puede encontrar en las estanterías de El Corte Inglés y de Carrefour, literalmente, porque el grupo Ferrovial Inmobiliaria firmó un convenio con estas dos compañías para vender sus promociones [6].

El mercado nos ha puesto en una situación surrealista: tenemos uno de los récord en construcción de vivienda [7] y un problema muy grave de acceso a la misma, unos por sobreendeudarse para adquirirla -y ya vamos por los créditos a 50 años- y otros porque ni siquiera tienen lo suficiente para que los bancos les permitan sobreendeudarse.

Toda esta locura del cemento soporta las cifras de crecimiento económico del país y absorbe una parte importante de la mano de obra. Traducida a cifras, la actividad económica de los grupos constructores representa el 10,4% del producto interior bruto de la economía española, el 13,9 % del empleo y del 58,3% de la inversión [8]. La fuerte dependencia económica en este sector y la cantidad de dinero que mueve favorece la ceguera consciente de la administración hacia los fraudes inmobiliarios, muy extendidos geográficamente, favorece el blanqueo de dinero con el beneplácito y aceptación de los bancos, la aprobación de políticas que dan total libertad a las constructoras para urbanizar zonas protegidas de especial valor ambiental y la multiplicación de infraestructura viaria que fragmenta y deteriora el cada vez más escaso espacio natural. Como también incrementa el consumo exagerado de recursos materiales y energía de las metrópolis y satura las costas hasta generar situaciones insostenibles, como la acumulación de residuos en Baleares y la demanda de agua en el arco mediterráneo.

Lo que tienen en juego las constructoras es demasiado valioso para dejar que se agote, que se sature el mercado o que suban los tipos de interés. Los beneficios no deben parar de crecer y hay que reinvertir la fortuna amasada. Con este fin, las compañías han saltado las fronteras para hacerse con el mayor número de contratos. No sólo se han expandido geográficamente, también han metido el diente a la diversificación de actividades, que representa un buen seguro de crecimiento. Así, ofrecen desde servicios que llaman ambientales, como la limpieza de ciudades y su gestión integral del agua, hasta comprar acciones de las multinacionales de la electricidad para entrar en su consejo de administración.

La contratación exterior no es nueva y lleva fortaleciéndose desde los noventa, desde la época dorada para los saltos al exterior de las mayores multinacionales españolas. Actualmente, la actividad se centra sobre todo en Europa, donde reúne el 60% de los contratos, seguida por América del Sur, de la que recibe el 23%. La construcción de un mercado único europeo que haga de esta región el espacio más competitivo a escala global necesita de la construcción de redes viarias, ferroviarias, aeropuertos, puertos, redes energéticas y de comunicación, y las grandes constructoras españolas están muy bien posicionadas en el mercado gracias a la capacidad financiera que han desarrollado en el Estado. Este tipo de expansión desmantela la famosa argumentación de la similitud cultural y lingüística para justificar el desembarco de las multinacionales de servicios en América Latina: a las constructoras no les ha hecho falta manejar inglés, alemán o polaco para obtener importantes contratos de infraestructuras en estos países. Una vez deshecho el mito de las facilidades del idioma para copar el mercado exterior, quedan como principales argumentos para invertir en esta región el reducido precio de las empresas de servicios privatizadas, la alta probabilidad de operar en monopolio, las reducidas normativas ambientales y laborales o el ínfimo coste material y salarial.

La segunda región donde presentan más contratos supone un filón porque la construcción de redes para unificar y liberalizar completamente el mercado y facilitar la llegada de energía a los mayores consumidores -Estados Unidos y Unión Europea- es más incipiente que el europeo y, por lo tanto, tiene mayores oportunidades de negocio. Ejemplos de ello serían la prolongación de la carretera panamericana, el Plan Puebla-Panamá que pretende la integración de Mesoamérica a través de redes viales, energéticas y de telecomunicaciones o la construcción de oleoductos y gasoductos para la interconexión energética.

Los múltiples factores que pueden ralentizar los beneficios de la construcción se equilibran a través de la expansión a otras áreas, de las que la más natural es la inmobiliaria. De este modo, las constructoras controlan todo el proceso: desde la compra del solar, hasta la construcción del inmueble y su venta. Otra de las áreas con mayor desarrollo son los servicios industriales, urbanos y ambientales. Así, no sólo construyen las infraestructuras sino que obtienen los contratos para abastecer y llevar a cabo hacer el mantenimiento de las mismas, como la empresa Amey (subsidiaria de Ferrovial en el Reino Unido) que abastece a hospitales y colegios o los contratos de mantenimiento, limpieza y recogida de basuras de FCC en Vitoria, Buenos Aires y Caracas.

FCC ha dado un paso más en el control integral de servicios a la ciudad al acceder a la privatización de la gestión del ciclo de agua. Su filial más conocida es Aqualia, que abastece de agua potable a 11,1 millones de habitantes en el Estado español. Pero también se proyecta al exterior y ha formado la empresa Proactiva junto con la multinacional líder del sector del agua, Veolia. De esta forma, Proactiva controla la gestión del agua en Paraná (Brasil) o Bogotá (Colombia). Es lo que Andrés Barreda llama “convergencia de redes” [9] y cuyo máximo representante es el conglomerado Vivendi, cuyas áreas de negocio son la gestión de agua (precisamente a través de Veolia), la construcción, la gestión de basuras, la comunicación, la cultura y la electricidad.

Las multinacionales españolas de la construcción deben tenerla como referencia, porque en los últimos años se han posicionado en un sector tan estratégico como la electricidad. La pionera ha sido Acciona, que entró en el mercado energético en 2003 y dos años más tarde lanzó una campaña publicitaria revolucionaria en el campo de la responsabilidad corporativa ambiental. Las distintas maniobras de empresas energéticas para venderse como los máximos representantes de la sostenibilidad [10] parecen poco inteligentes si se comparan con la campaña www.sostenibilidad.com . La página web que soporta dicha campaña contrapone los mensajes conservacionista y desarrollista hasta la demagogia, para que la actividad de la empresa en el área de construcción y energía quede en la situación ideal de desarrollo sostenible con progreso económico a base de construir grandes infraestructuras y publicitar casi exclusivamente su actividad en energías renovables.

Las últimas noticias de las constructoras proceden de la compra de acciones de las multinacionales eléctricas para posicionarse en este sector estratégico. En estos tiempos revueltos del mercado energético europeo, hay que espabilarse si se quiere estar en la posición adecuada para salir airoso de las fusiones, opas y demás alianzas que han proliferado este último año... de ahí que se han acelerado los movimientos de las distintas compañías y en sólo dos días Acciona ha comprado el 10% de Endesa [11] (con la intención de llegar hasta el 25%) y ACS ha ordenado la compra del 10% de Iberdrola para impulsar una futura fusión con Fenosa [12] (de la que posee más del 35% de las acciones). Los últimos movimientos rozan los límites de la legislación pero el gobierno, que supuestamente debe proteger a los ciudadanos de un monopolio privado en un sector tan básico como es la energía, se enorgullece de que puedan llegar a existir únicamente dos compañías eléctricas sustentadas por el poder económico de dos grupos constructores y dos multinacionales bancarias que se disputan la financiación -Santander ha financiado la operación de Acciona y el BBVA ha financiado la operación de ACS-.

Tras indagar un poco en las páginas web de estas compañías, rascar de dónde viene su tremenda capacidad económica y de qué negocios y servicios ciudadanos se están adueñando, se me cae la peluca de click al pensar que la misma compañía privada puede deconstruir, construir y reconstruir, gestionar el servicio de limpieza y recogida de residuos, abastecer de suministros escuelas y hospitales, controlar el sistema de abastecimiento y saneamiento de agua y la producción y la distribución de la energía que consumo de mi ciudad y de cualquier ciudad del mundo.

[1] GÓMEZ, Carlos (2006): “Las constructoras se instalan en el récord”. El País, 5 de marzo

[2] Informe Anual de la Construcción 2005, Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

[3] FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón (2006): El Tsunami urbanizador español y mundial. Virus Editorial, Barcelona

[4] ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, Comisión de Transporte: “El PEIT: insostenible, inconsecuente y negativo”. Disponible en la red aquí >>

[5] La adquisición de pisos como objeto de inversión tiene una fuerte componente internacional así cerca de la mitad de la compra de pisos procede de inversiones extranjeras como los fondos de pensiones de Estados Unidos

[6] RUBIO, Susana (2005): “¿Quién da más y mejor?”. Extra “Cinco años de euforia”, El País, 25 de noviembre.

[7] En 2005 se ha iniciado la construcción de 800.000 viviendas. En términos relativos, supera el número de viviendas construidas en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. (Datos obtenidos de FERNÁNDEZ DURÁN, R. (2006): El tsunami urbanizador español y mundial).

[8] Informe Anual de la Construcción 2005. Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN).

[9] BARREDA, Andrés (2005): “Geopolítica, recursos estratégicos y multinacionales”. Disponible en la red aquí >>

[10] OMAL (2006): “Las multinacionales españolas de la energía, premiadas por su política de sostenibilidad (?)”. Disponible en internet aquí >>

[11] Acciona compra un 10% de Endesa por 3.388 millones. Disponible en la página de OMAL aquí >>

[12] CARCAR, Santiago y NOCEDA, Miguel A. (2006): “ACS ordena la compra del 10% de Iberdrola para impulsar una fusión amistosa con Fenosa”. El País, 27 de septiembre.

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Urbanismo y corrupción
El Ideal de Granada - 05 de octubre de 2006
 
EL carácter 'ejemplarizante' de la medida que ha invocado el consejero de Territorio y Vivienda de la Comunidad de Valencia al retirar el control del urbanismo al municipio de Catral, en el que se han construido un millar de casas sin licencia en pleno parque natural de El Hondo, debería ser una buena noticia. Pero no lo es en la medida en que resulta realmente sorprendente que se ataje semejante desmán cuando el daño urbanístico y ambiental está tan avanzado y es bien conocido que lo que sucede en este término municipal -en manos del PSOE- ocurre igualmente en una infinidad de los municipios de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, independientemente del signo político de su alcaldía, porque lo suficientemente acreditado es que la anarquía urbanística en este país es una lacra transversal que afecta a la gran mayoría de los partidos. Tampoco es Valencia la única Autonomía en la que suceden hechos de esta índole, como demuestran los casos de Carboneras, en Almería; Seseña, en Toledo; la reciente dimisión del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (PP) acusado de haberse enriquecido mediante planes parciales autorizados por su departamento o la del vicepresidente de la Diputación de Granada después de que se hicieran públicos los sorprendentes incrementos de su patrimonio personal. Por no hablar de la disolución del consistorio marbellí, sin duda el paradigma de la especulación inmobiliaria fraudulenta.

La corrupción urbanística ha crecido en nuestro país hasta el extremo de convertirse en una verdadera lacra. Lacra que, por cierto, se ampara en una legislación manifiestamente insuficiente para garantizar el interés general así como para prevenir y reprimir los delitos relacionados con la corrupción, y con la escasez de medios con que cuenta la Justicia para combatir el fraude. A medida que arrecia el goteo de episodios de esta naturaleza crece el malestar en la opinión pública, pero no se ve en absoluto que los responsables políticos tomen conciencia de la gravedad creciente del asunto ni del desprestigio que también les salpica. La cirugía aplicada en Marbella, en gran medida gracias al arrojo de un único juez, debería haber sentado escuela en otros lugares donde la contaminación es muy evidente. Y, para ello, es necesaria la iniciativa del Ministerio Fiscal, que puede y debe ser excitado en su celo por el Gobierno. Al propio tiempo, debe revisarse cuanto antes la legislación para facilitar la paralización de cualquier construcción de dudosa legalidad, el derribo de las construidas sin las preceptivas autorizaciones, la sanción de los infractores y la persecución de las tramas delictivas que están detrás de los flujos indecentes de dinero negro que circulan por el litoral -y no sólo por el litoral- de nuestro país. No se puede construir una democracia cabal basada en valores arraigados en medio del espectáculo denigrante de una corrupción que germina por numerosos intersticios de este país. La construcción ha sido, y está siendo, un motor muy útil para nuestro desarrollo económico y, por eso mismo, ha llegado el momento de erradicar esta 'infección' que amenaza con contaminar gravemente sectores muy amplios de la política municipal.

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Economía y laboral
 
SOLBES NO VE 'MAYORES DIFICULTADES' EN FAMILIAS SUBIDA TIPOS
Terra - 04 de octubre de 2006
 
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, afirmó hoy que no ve 'mayores dificultades' para las familias endeudadas ante las subidas de los tipos de interés, y señaló que estos aumentos 'entran dentro del juego', ya que el precio del dinero se ha situado en los últimos años en su nivel más bajo.

Solbes indicó, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, que la mayor parte del endeudamiento de las familias se ha destinado a la compra de vivienda, y añadió que mientras no haya problemas en cuanto al valor de estos bienes, no ve 'mayores dificultades', ya que el 'stock' de capital que tienen los hogares multiplica varias veces el PIB español.

'Es verdad que el crédito hipotecario en España es muy alto, ha aumentado por encima del 100% del PIB, pero la parte fundamental va dedicada a la compra de vivienda. Cuando comparamos la cifra con Estados Unidos, vemos que allí hay un endeudamiento alto, pero no hay un ahorro alto de familias y empresas como sí sucede en España', reiteró.

No obstante, admitió que la mayor parte de las familias ha tomado sus hipotecas a tipos de interés variables, pero indicó que el precio del dinero de los últimos años ha sido 'el más bajo de la historia', por tanto, las subidas no tienen 'nada de anómalo'.

SUBIDAS NORMALES.

'No puede uno entrar en el momento más bajo del ciclo y decir que se mantenga siempre la situación ahí. Quien tiene una hipoteca de hace tres, cuatro años, habrá visto bajar los tipos y ahora los verá subir más o menos a la cifra de hace tres, cuatro años', insistió.

En cualquier caso, admitió que, si bien no tiene por qué haber un problema global, las subidas de tipos pueden plantear 'problemas individuales' en familias concretas, que suscribieron hipotecas 'muy ajustadas' con sus ingresos de ese momento.

En cuanto a la evolución de la economía española, Solbes afirmó que las cosas 'a corto plazo' van bien, destacó que España ha tenido un periodo 'excepcional' de 'alto' crecimiento económico, pero precisó que como el aumento del empleo no es 'infinito', la economía española tendrá que pensar en otras formas para ser más productiva.

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SECTOR INMOBILIARIO SE PREPARA PARA AFRONTAR CAÍDAS DEMANDA
Expansión.com - 09 de octubre de 2006
 
 
Hasta 2008

La subida de los tipos y el dinamismo de los precios, superior a la evolución de los salarios, obliga a las promotoras a revisar sus estimaciones. El repunte de los plazos de venta anticipa un descenso en la intención de compra de los españoles.

La política de subidas de los tipos de interés que está acometiendo el Banco Central Europeo (CE) puede terminar de poner la puntilla a la demanda de vivienda en España. El empeoramiento de las condiciones de financiación de las hipotecas, junto a la moderación salarial y los incrementos sostenidos de los precios de los inmuebles, anticipan importantes caídas en las compras de casas hasta 2008, según se señala en varios informes que están sobre la mesa de los inversores inmobiliarios, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

Desde 2003, la demanda de vivienda nueva en promoción se ha ido enfriando como consecuencia del dinamismo de los precios, con descensos del 9,5% en 2004 y del 3% en 2005. Pero la situación se agravará al cierre del presente año, con una caída de la intención de compra superior al 10%, que tendrá continuación en 2007 y 2008, con reducciones en torno al 4,6% y 2,9%. Las estimaciones del sector privado se basan en la premisa del mantenimiento del empleo, variable crucial para garantizar el pago de las hipotecas. Por ello, contemplan una moderación de las reducciones de la demanda de pisos una vez que la variación de los tipos de interés y los precios de la vivienda remitan, lo que no parece difícil que ocurra si se cumplen las previsiones de los analistas.

A pesar de que los datos de la Asociación Hipotecaria Española arrojan incrementos superiores al doble dígito en el volumen de los préstamos para la compra de inmuebles en España, la realidad es que si nos referimos al número de hipotecas por áreas metropolitanas, la tasa de crecimiento de las mismas ha sido inferior al 1% ó negativas en el 27% de los casos. Todo ello pese a que éste número engloba la financiación y subrogación de los créditos del promotor al comprador entre 2003 y 2005.

En cuanto a las zonas costeras, la desaceleración de la inversión extranjera en vivienda expuesta en los datos del Banco de España es una variable que no dejan de lado las promotoras. La demanda de casas en estas regiones por parte de no residentes ha caído un 57% en términos reales en los tres últimos años, y el sector privado estima que este importante factor del mercado no repuntará antes de 2008, pese a la recuperación económica esperada en la Unión Europea (UE).

Por lo que se refiere a la oferta, el volumen de viviendas iniciadas ha evolucionado por encima de la demanda, incentivado por los buenos resultados en las ventas y las subidas de precios. La tendencia de la oferta a partir del presente año es la de moderarse para ir descendiendo hasta ajustarse a la demanda. Esto supone un incremento del 3,4% en el volumen de pisos para 2006, con caídas del 10% y 25% en los dos próximos años, respectivamente.

El aumento de los plazos de venta constata esta visión. Una promoción que se iniciara el pasado 31 de diciembre tardará en venderse una media de 2 años y 9 meses, indicador que crecerá hasta los 3 años 8 meses al cierre de 2008. Hay que mencionar que si se incrementan los plazos de venta por encima de los dos años, ela inmobiliaria no solamente tiene que pagar los intereses de la financiación de la promoción, sino también las amortizaciones, lo que contribuirá al previsible descenso de la oferta que prevé el sector.

Un aspecto poco estudiado es el efecto que tendrá sobre el PIB esta desaceleración del mercado. En la actualidad el peso de la edificación sobre la producción interior ronda el 12%, frente a la horquilla del 6%–8% de la situación de equilibrio. Por lo tanto, una vuelta a la normalidad podría restar 4 décimas al crecimiento económico en los próximos años.

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LA AHE AFIRMA QUE HABRÁ GRUPOS SOCIALES EXCLUIDOS DE MERCADO
Ceres TV - 03 de octubre de 2006
 
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) advirtió hoy que si no se modera el crecimiento de los precios de la vivienda puede haber grupos sociales que queden excluidos del mercado inmobiliario ante la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas derivadas del alto precio de los pisos.

En su opinión, esta situación de exclusión puede producirse incluso aunque se mantengan los niveles de empleo y la estabilidad de las economía familiares no se haya visto alterada previamente.

"De no contenerse el crecimiento de los precios de la vivienda para aproximarse a valores de la inflación, pueden verse expulsados del mercado de la vivienda grupos sociales y económicos que, en los últimos diez años, han constituido uno de los segmentos más dinámicos de la demanda, aunque no se vean reducidos lo más mínimo los niveles de empleo y estabilidad económica de los mismos", afirmó la AHE en su último informe sobre el nivel de esfuerzo para el acceso y financiación de la vivienda en propiedad.

La Asociación Hipotecaria Española destacó que el comportamiento al alza de los tipos de interés y de los precios de la vivienda a lo largo de 2006 se ha traducido en un "continuo incremento del umbral de acceso a la vivienda" medido en términos de cuota de amortización necesaria para amortizar un préstamo.

Según sus previsiones, este endurecimiento del umbral de acceso a la vivienda continuará creciendo sostenidamente en lo que queda de año, "lo que podría afectar negativamente a la profundidad de la demanda solvente de primera vivienda, especialmente al sub-segmento de primer acceso".

En este sentido, el indicador de esfuerzo para el acceso y financiación de la vivienda en propiedad, que elabora la AHE, se situó a junio de 2006 en un valor de 108,8 sobre la base de 100 de diciembre de 1990, fecha de inicio de la última crisis inmobiliaria.

La AHE precisó que "el hecho de que el índice esté formulado en moneda corriente "suaviza" considerablemente la dureza del valor puntual del indicador", pero constata la evolución negativa de la accesibilidad a la vivienda en propiedad.

Como dato esperanzador, la asociación afirma que los indicadores de PIB y del paro no aportan, por ahora, elementos más negativos a la previsión.

PLAZOS MÁXIMOS DE FINANCIACION.

Además, el informe considera "evidente" que la evolución de la oferta financiera actual está resultando insuficiente para absorber el impacto del crecimiento de los precios de la vivienda y para mantener estable el nivel de esfuerzo para el acceso a la propiedad.

En este sentido, la AHE explicó que en un escenario de tipos elevados el plazo máximo de financiación no debe pasar nunca de los 20 años, ya que a partir de ese plazo no se producen descensos de cuotas, mientras que con escenarios de tipos muy bajos se producen descensos de cuotas incluso alargando el plazo por encima de los 30 años.

Sin embargo, advierte que con niveles de tipos de interés entre el 5% y el 6%, los plazos de amortización superiores a los 30 años no reducen significativamente el importe de la cuota hipotecaria. En la actualidad el tipo medio en la zona euro se sitúa en el 4,43%.

Por último, según sus datos, en términos relativos, el peso de los intereses pagados durante toda la vida de un crédito con respecto a la deuda contraída ha experimentado una reducción sostenida desde porcentajes del 56% o 58% correspondientes a los primeros años de la década de los noventa, hasta niveles del 31% de los préstamos estándar de los años 2004 y 2005, mientras que en los préstamos de este año el porcentaje ha repuntado a niveles del 36%.

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Tipos al alza
El País - 09 de octubre de 2006
 
 
Como es habitual a comienzos de cada mes, la información sobre la coyuntura económica española ha sido abundante esta semana, demasiada para comentarla toda en el breve espacio de esta columna, así que me limitaré a dar unas grandes pinceladas sobre lo más importante.

El plato fuerte fue la subida del tipo de interés rector del Banco Central Europeo (BCE) en 25 puntos básicos, hasta el 3,25%. Por supuesto, no pilló desprevenidos a los mercados y agentes económicos, que la tenían perfectamente descontada. Y es que, desde hace unos años, la política monetaria se lleva a cabo, tanto o más que por las decisiones de modificar los tipos de interés, por los comunicados de los bancos centrales, que anticipan, a veces nítidamente, las decisiones que van a tomar en los próximos consejos y con ello influyen en la evolución de los mercados financieros y en las expectativas inflacionistas. En este sentido, el comunicado del presidente del BCE, al explicar la última subida, deja meridianamente claro que el proceso de subidas va a continuar. La discusión entre los analistas es cuándo y dónde se parará el proceso, y aquí es donde noto un cierto sesgo o confusión entre deseos y realidad. Muchos analistas, que normalmente trabajan y representan los intereses del sector financiero, al que no le gusta nada que suban los tipos de interés, hacen lobby y argumentan que es suficiente con llegar al 3,5%. Mi opinión es que se llegará más lejos, como mínimo al 4%, y una vez ahí, que puede ser hacia la primavera del próximo año, todo dependerá de cómo esté evolucionando la inflación. Las previsiones actuales apuntan por debajo del 2% para el conjunto de la eurozona, pero, como dice el BCE, los riesgos de que se supere esta cifra son al alza, por lo que, ya se sabe, más vale prevenir...

Estas subidas de tipos por parte del BCE se transmiten de forma prácticamente lineal (véase el gráfico izquierdo) al euríbor a un año, que es la referencia más importante para los préstamos hipotecarios, por lo que éstos podrían superar el 5% antes del próximo verano. Teniendo en cuenta que para entonces se espera una inflación en España de entre el 2,5% y el 3%, la subida en términos reales puede ser importante, sobre todo teniendo en cuenta que aquí venimos disfrutando de tipos reales negativos desde 2002. Los efectos sobre la demanda, especialmente de las familias, serán notables, pero las cosas empezarán a ponerse en su sitio: el ahorro hay que remunerarlo y el mantenimiento de un gasto financiado a crédito con coste cero no es sostenible a largo plazo.

Otros datos dignos de comentar fueron el IPI de agosto, los afiliados a la Seguridad Social, contratos de trabajo y paro registrado de septiembre y las ventas interiores de agosto declaradas a Hacienda por las grandes empresas, cuya evolución reciente se muestra en los gráficos central y derecho. Todos ellos siguen insistiendo en el buen momento coyuntural por el que atraviesa la economía española. La actividad industrial toma cada vez más fuerza, los afiliados (buen indicador del empleo) aceleran su crecimiento y el paro registrado ha continuado su tendencia a la baja. La fortaleza de la demanda externa, incluida la buena campaña turística del verano, están detrás de estos resultados, pero también la demanda interna parece aguantar su elevado ritmo, según las ventas declaradas. Todo ello permite afirmar que el crecimiento anual del PIB del tercer trimestre podría incluso haber superado el 3,7% del segundo.

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El «annus horribilis» del Euribor
El Mundo (Su Vivienda) - 06 de octubre de 2006
 
 
ALCANZA EL 3,715% EN SEPTIEMBRE, A FALTA DE LA CONFIRMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA. HA SUBIDO 12 VECES DE MANERA CONSECUTIVA

El Euribor ha vivido su peor año. El 'annus horribilis' del principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios en España ha experimentado 12 subidas consecutivas desde octubre de 2005. La sensación de agobio en las familias que se han endeudado para comprar una casa no ha cesado, especialmente en aquellas que tienen las rentas más bajas. Ésa es la idea que esgrimen al menos los analistas para hablar de estas sucesivas subidas.

El Euribor de septiembre está en el 3,715%, a falta de la confirmación del Banco de España. Eso supone que desde octubre de 2005 ha subido ininterrumpidamente. Doce ascensos que los expertos consideran previstos y asumibles por el mercado.

«Esta progresión del Euribor ha sido buena debido a su lentitud. El Banco Central Europeo (BCE) está actuando muy bien porque está avisando de las subidas desde hace tiempo con sus declaraciones», afirma David Cano, experto en hipotecas de Analistas Financieros Internacionales (Afi).

Las familias

Desde septiembre de 2005 hasta septiembre de 2006, el Euribor ha subido 1,496%, prácticamente un 1,5%. Esto lo han acusado todas las familias que tienen un préstamo hipotecario referenciado con el Euribor, lo que sucede en más del 90% de los casos.

Así, una hipoteca media de 120.000 euros, a 20 años y referenciada al Euribor de septiembre de 2005 tenía una cuota mensual de 648,76 euros. Un año después, la cuota ha crecido hasta 740,84 euros. Esto supone un encarecimiento de 92,08 euros mensuales y de 1.104,96 euros anuales.

En una hipoteca no media, pero sí muy frecuente en nuestros días, de 180.000 euros a 30 años, la cuota en septiembre de 2005 era de 731,88 euros y en este mes es de 881,81 euros. Es decir, 149,93 euros mensuales más. En todo el año la subida es de 1.799,16 euros.

«Esa gran novedad del Banco Central Europeo que es preparar el mercado anticipando lo que va a venir se ha traducido a la postre en que no haya mucha volatilidad de los tipos», apunta David Cano. En cuanto a las subidas del Euribor, «se puede decir que estamos tocando techo», añade.

«Mirando hacia atrás, en 2005 se ha vivido un estancamiento, en 2006 unas subidas constantes y en 2007 llegará la consolidación del mercado», señala.

La Asociación Hipotecaria de España (AHE) ha publicado esta semana un informe de indicador del esfuerzo que han hecho las familias para adquirir una vivienda en el segundo trimestre de 2006. La conclusión es que el esfuerzo de las familias va a más. «Este endurecimiento del umbral de acceso a la vivienda continuará creciendo sostenidamente a lo largo de 2006, lo que podría afectar negativamente a la profundidad de la demanda solvente de primera vivienda, especialmente en el subsegmento de primer acceso», señala el informe.

Análisis

En el análisis se apunta que, «afortunadamente, los indicadores del PIB y del paro no aportan, por ahora, más elementos negativos a la previsión».

Si se habla de 2007 con respecto a 2006, «lo que ha ocurrido es esa subida de tipos de este año y que se ha producido una desaceleración en Estados Unidos», afirma David Cano.

La reacción a la subida del Euribor no se ha hecho esperar. Las asociaciones de consumidores suelen ser las más atentas a los cambios en los últimos meses. Así, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha pedido al Gobierno que elabore una ley que proteja a los usuarios ante posibles situaciones de insolvencia. En Facua, como en otras asociaciones, siempre se ha recordado que las cuotas suben cada vez más y que el precio de la vivienda es desproporcionado.

Variable

Los expertos se muestran cautos pero menos pesimistas. «Los préstamos que se deben seguir pidiendo son los de tipo variable. Sólo si alguien pidió un crédito de tipo fijo en 2005 ha podido ahora ver las ventajas, pero en general lo mejor es seguir a variable», asegura David Cano.

En el informe 'Radiografía de 15 años de evolución del nivel del esfuerzo', de la Asociación Hipotecaria de España, también publicado esta semana, se recuerda que: «De no contenerse el crecimiento de los precios de la vivienda para aproximarse a valores de la inflación, pueden verse expulsados del mercado de la vivienda grupos sociales y económicos que, en los últimos 10 años, han constituido uno de los segmentos más dinámicos de la demanda».

Y termina concluyendo que esta exclusión del mercado se puede producir «aunque no se vean reducidos lo más mínimo los niveles de empleo y la estabilidad económica de los mismos».

Evolución del euribor

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CCOO cree alza tipos es medida 'dolorosa pero imprescindible
Terra - 05 de octubre de 2006
 
 
La subida de tipos de interés adoptada hoy el Banco Central Europeo (BCE) es una 'medida dolorosa pero imprescindible' para una economía como la española, que está 'recalentada' y sufre un 'gravísimo endeudamiento familiar'.

Así lo aseguró a EFE el responsable del Departamento Económico de CCOO, Miguel Angel García, para quien esta subida 'creará problemas' para los trabajadores, pero es necesaria para parar el desmedido crecimiento del precio de la vivienda y de las deudas de los hogares.

Para García, las cinco subidas consecutivas que han tenido los tipos desde diciembre pasado afectarán a toda la economía española y especialmente al consumo de los hogares, aunque permitirán moderar algunos problemas que, si no se cortan ahora, acabarán siendo todavía mayores.

Además de las decisiones del BCE, la economía española precisa -según el analista de CCOO- de la aplicación de nuevas políticas, que mejoren la productividad y que fomenten el alquiler en el mercado de la vivienda.

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Vascos, catalanes y madrileños sufrirán más subida euribor
El Confidencial - 09 de octubre de 2006
 
El aumento vivido en septiembre por el Euribor, que le colocó en el 3,715% y se mueve en niveles de julio de 2002, supone que los "hipotecados" que revisen sus cuotas mensuales en próximas fechas vean como éstas aumentan en 101,02 euros de media, incremento que es aún mayor en Madrid, Cataluña y País Vasco. La subida del indicador más utilizado para calcular el precio de las hipotecas se sufrirá especialmente entre las familias madrileñas, catalanas y vascas, ya que el importe medio de las hipotecas constituidas en estas comunidades es más elevado que en el resto de regiones.

Así, en el caso de los madrileños, la subida media llega a 132 euros al mes por cada 170.000 euros de préstamo a 25 años, lo que supone un desembolso de 1.589 euros más al año.

Al tomar como referencia la hipoteca media constituida en septiembre de 2005 para la compra de una vivienda en España (130.136 euros a 25 años de plazo), a la que se aplique la revisión del Euribor del pasado septiembre, la cuota experimentará un incremento de 101,02 euros al mes y de 1.212,24 euros al año.

Sin embargo, en Comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco o Islas Baleares, las hipotecas que se revisen con el Euribor del pasado mes experimentarán una subida mensual de más de 111 euros. Estas diferencias entre regiones obedece a que el importe medio de las hipotecas constituidas varía desde los 170.618 euros, que como media se piden en Madrid para adquirir una vivienda, a los 88.671 euros de Extremadura. Así, a los 'hipotecados' madrileños la cuota mensual les aumenta en 132,45 euros de media (1.589,4 euros al año), mientras que los catalanes pagarán 119,58 euros más al mes (1.434,96 euros más al año); los vascos 116,22 euros (1.394,64 euros más al año) y los residentes en Islas Baleares 111,61 euros más (al año 1.339,32 euros).

Las subidas medias en las cuotas mensuales serán mucho menores en Extremadura (68,84 euros/mes), Ceuta (72,83 euros/mes), Asturias (75,03 euros/mes), Galicia (80,3 euros/mes), Murcia (80,44 euros/mes), Canarias (84,33 euros/mes), Castilla y León (85,54 euros/mes), Cantabria (85,94 euros/mes) y La Rioja (86,85 euros/mes).

Además de en Madrid, Cataluña, País Vasco y Baleares, la subida del Euribor se sufrirá especialmente en Navarra (94,95 euros/mes), Comunidad Valenciana (91,9 euros/mes), Melilla (91,64 euros/mes) y Andalucía (91,42 euros/mes).

En total esta subida provocará que la hipoteca se encarece más de 1.000 euros al año en 14 regiones; Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Castilla León y Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja además de en Melilla.

La duodécima subida consecutiva del Euribor registrada en septiembre ha provocado que el indicador registre su mayor subida interanual de los últimos seis años. Este aumento del Euribor hasta el 3,715% en septiembre completa un ascenso de 1,496 puntos porcentuales en el último año, lo que supone una subida del 67,41%, sólo superada con la que hubo entre mayo de 1999 y mayo del 2000, cuando este índice varió desde el 2,682 al 4,848% -el 80,76% de avance y 2,166 puntos porcentuales-.En la siguiente tabla se recogen datos, por CCAA, sobre la cuantía media de las hipotecas constituidas en septiembre de 2005, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, así como la subida mensual y anual que experimentarán las cuotas al aplicarles la subida del Euribor del pasado mes en la revisión anual de un préstamo a 25 años.

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Los bancos,listos para endurecer las condiciones de préstamo
El Mundo - 06 de octubre de 2006
 
 
Las entidades financieras españolas prevén endurecer "ligeramente" su oferta de créditos a los hogares, para vivienda y consumo, advierte el Banco de España en su habitual boletín económico.

La 'Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España' que realiza la entidad también refleja que los créditos de las familias y las empresas españolas siguen creciendo, pese a que los tipos de interés están en plena tendencia alcista y el Euribor se ha elevado a su mayor cota desde julio de 2002.

En cualquier caso, las entidades españolas creen que la demanda de España estará "más en línea" con la de la Unión Europea, después de varios trimestres en la que ésta creció por encima.

Además, en el segundo trimestre del año las entidades endurecieron ya los criterios de concesión de hipotecas para la compra de vivienda y únicamente permitieron a los usuarios ampliar los plazos.

Dentro de los factores de riesgo para la concesión de préstamos, "la perspectiva moderadamente favorable sobre la situación económica general se ha visto compensada por los riesgos percibidos en relación con el mercado de la vivienda", señala el boletín. Por ello, los hogares continuaron con una demanda fuerte de nuevas hipotecas, que se concedían con unos criterios más expansivos, impulsados por la competencia entre las entidades.

En créditos al consumo, las entidades respondieron al incremento de su demanda con una "ligera relajación" de los criterios de aprobación, aunque los márgenes aplicados por las entidades en este tipo de créditos son similares.

La encuesta revela, además, que la demanda de crédito de las empresas españolas sigue siendo expansiva, aunque en España se produjo una desaceleración respecto a la media de la Unión Europea pese al efecto de la inversión en existencia por parte de las compañías españolas.

Para el trimestre en curso, las entidades encuestadas prevén que continúe el crecimiento del mercado crediticio, con una demanda similar a la del segundo trimestre del 2006.

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La banca dice que ya no se pueden suavizar más las hipotecas
20 Minutos - 04 de octubre de 2006
 
 
Las claves: Lo dice la Asociación Hipotecaria. El esfuerzo para financiar un piso crece casi un 19%. Sin embargo, el mercado inmobiliario sigue fuerte.

La Asociación Hipotecaria Española, que agrupa a bancos, anunció que si los tipos hipotecarios alcanzan un 5 o un 6%, ampliar el tiempo de amortización más allá de 30 años no serviría para reducir la cuota mensual, informa el diario Cinco Días.

El indicador de esfuerzo para pagar el piso empeoró en el segundo trimestre de 2006 un 7,17% sobre el anterior, y un 18,7% con respecto al año pasado.

Ayer se informó que el importe medio de las hipotecas creció el 14,29% en julio.

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El 33% de las hipotecas están a nombre de extranjeros
El Periódico de Aragón - 03 de octubre de 2006
 
 
El 61% son adquiridas por dos titulares con sueldos inferiores a 1.500 euros. Cuanto más pequeña es una casa, más caro suele salir el precio del metro cuadrado.

Los titulares del 33% de los préstamos para la compra de una vivienda que se formalizan en España son extranjeros, mayoritariamente inmigrantes latinoamericanos.

Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por catedráticos de la Universidad Pompeu Fabra sobre una muestra de las 26.000 viviendas de segunda mano vendidas en primer semestre del año por Tecnocasa y financiadas por K¬ron.

El perfil del titular de un préstamo hipotecario no suele ser una persona sola sino una pareja joven de entre 25 y 35 años, soltera, con estudios primarios o secundarios, ambos con contrato indefinido y sueldos por debajo de los 1.500 euros mensuales. Suelen solicitar créditos de 172.151 euros a un plazo de unos 30 años.

Aunque la mayoría de estos compradores obviamente tienen la nacionalidad española, la novedad es que el 33% de los que adquieren una vivienda son extranjeros. De todos los préstamos hipotecarios firmados, el 18,59% tienen como titulares ciudadanos latinoamericanos y son los ecuatorianos el colectivo mayoritario con el 11% del total. Le siguen los marroquíes, con el 3,70%.

Sólo el 11% de los préstamos para la compra de una vivienda son solicitados por un solo titular, quizá por la dificultad para hacer frente a los pagos mensuales dado el nivel salarial medio de los trabajadores, en torno a los 1.750 euros brutos mensuales. En estos casos, el 75,6% de los titulares únicos son españoles.

Por el contrario, cuando una hipoteca tiene tres o más titulares es más probable que se trate de extranjeros ya que acaparan el 50% de todos estos créditos.

CADA VEZ MÁS PRÉSTAMOS

El número de hipotecas realizadas en el primer semestre del año subió un 10,36% respecto al año pasado y el importe medio se elevó en 16.019 euros de media.

En Barcelona las hipotecas rondan los 237.220 euros, un 18,44% más que hace un año, y son las más altas del país, incluso por encima de las de Madrid (225.826 euros) que sólo crecieron el 11,6%. Lo normal es que estos créditos cubran el 83% del valor de la vivienda.

Según los datos aportados por los autores del informe --Rosa Colomé, Jaume García y Josep María Raya--, se confirma que el precio de la vivienda en España se está desacelerando. Hasta junio las casas se encarecieron el 17,5% frente al 19% de incremento que experimentaron entre el 2004 y el 2005. No obstante, hay ciudades como Barcelona (21,6%), Jerez de la Frontera (29,25%), Valencia (30,69%) o Bilbao (20,5%) que han subido claramente por encima de la media.

MÁS PEQUEÑA Y MÁS CARA

Un dato significativo que arroja el estudio de la Pompeu Fabra es que suele salir más caro el metro cuadrado de una vivienda pequeña que el de una grande.

Esta distorsión obedece probablemente a que una vivienda grande suele ser más difícil de vender por su precio más elevado, a que las familias son más pequeñas y no necesitan tantos metros, o sea que hay menos demanda. Una casa amplia tarda en venderse más de 120 días y sufre rebajas de precio, mientras que una pequeña consigue comprador en un plazo no superior a los tres meses y con menos regateo.

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Algunas verdades del barquero sobre las constructoras
El Confidencial - 05 de octubre de 2006
 
Son, en efecto, las nuevas estrellas de la bolsa. Manejando dinero como quien mueve metros cúbicos de tierra, las antaño familiares, incluso prestigiadas, compañías constructoras se han convertido en grandes conglomerados con intereses en el negocio concesional, el inmobiliario, los servicios, etc. Ahora acaban de desembarcar como un tsunami en el sector eléctrico. De la obra pública a la tarifa eléctrica. Siempre a la sombra del Estado, las ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y demás nombres en rango de tamaño descendente, gozan de sorprendente reputación, prestigio incluso, entre un Juan Español que cree a pies juntillas que si aquí se construyen grandes edificios, buenas autopistas y presas de gran tamaño es porque existen empresas tecnológicamente eficientes capaces de hacerlo a precios competitivos. La realidad, sin embargo, suele esconder sorpresas morrocotudas, que dejarían perplejo al personal de llegar a divulgarse en su integridad.

Empezando por el lacerante asunto de los “modificados”, término al que en esta misma columna erróneamente se aludía el pasado lunes como “rectificados”, uno de las situaciones más sangrantes del panorama económico español de los últimos tiempos, practicado al modo corsario por empresas que se dicen constructoras y que, la mayoría de las veces, son sólo contratistas generales que subcontratan el 100% de la obra y que apenas cuentan con personal en nómina.

Cuando uno mira la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, resulta que la modificación de contratos de redacción de proyectos exige condiciones tales como la existencia de circunstancias sobrevenidas, imponderables o cuestiones imposibles de prever, siempre y cuando, además, no sean causadas por negligencia del redactor, en cuyo caso éste estaría obligado a realizar el nuevo proyecto sin percibir honorario alguno.

A la hora de la verdad, sin embargo, la modificación de un contrato de obras está exenta de condiciones (artículo 146): basta con que el director facultativo lo ordene. Se empieza a poner de manifiesto el tono general de la citada ley, que se diría redactada por las constructoras o con intervención directa de ellas. El límite para cualquier “modificado” es de un 20%, porcentaje que sumado al 20% de complementarios (figura parecida, pero no igual) y al 10% de liquidación, arroja un escandaloso 50% de incremento sobre el precio licitado. ¿Cómo proceden las constructoras? Formulando ofertas falsas en cuatro frentes:

Precio.- Todas confían en recuperar el coste real de una obra, más el beneficio correspondiente, acudiendo al subterfugio del “modificado”, lo que les lleva a licitar sin estudiar los proyectos. Es habitual que acudan a las copisterías o a las Administraciones y saquen sólo copia del presupuesto del proyecto, pero no de planos ni de pliegos, lo que nos lleva a afirmar que a menudo no conocen la obra que ofertan. Cuando resultan adjudicatarios, al jefe de obra correspondiente le cae el marrón de tener que levantar esa obra recuperando el dinero perdido por haber ofertado a la baja, a veces de forma temeraria. Si la obra resulta tener algo de singular, el sofocón es inmediato: la batalla entre dirección facultativa y constructora empieza al día siguiente, con muchas armas en poder de la última.

Plazo.- Saben que la Administración no es capaz de abrir expedientes sancionadores. Nunca lo ha hecho. Los propios abogados del Estado suelen comentar que no les merece la pena meterse en líos por una variada serie de motivos: la existencia de intereses cruzados, de otras obras en marcha con la misma empresa, la idea de compensar unas obras con otras... El caso es que, conscientes de su impunidad, los constructores mienten como bellacos, asumiendo compromisos de boquilla que nunca cumplen.

Equipo.- Muchas constructoras mantienen acuerdos con subcontratistas mediante participaciones accionariales minoritarias o contratos de exclusividad (falsos), ardid que les permite que, en caso de investigación, aparezcan como empresas del grupo, con lo que eluden en apariencia el problema de la subcontratación. A las obras concurren con ofertas infladas hasta niveles surrealistas en lo que a equipos se refiere. La ley dice que es preciso indicar qué medios de la empresa se van a dedicar a un trabajo concreto, no de qué medios globales dispone la empresa. El caso es que para un trabajo de 100.000 euros y un mes de obra, se ha llegado a ofertar un listado de 800 personas y 120 máquinas de gran tonelaje.

Jefe de obra.- Lo primero que hace toda constructora que se precie, y en la primera reunión, es cambiar al jefe de obra y al jefe de grupo. Cuenta un arquitecto municipal, sufridor de estas prácticas: “Te meten una oferta con el jefe de grupo que viene de hacer un pedazo de museo y en la primera reunión te lo cambian por un recién titulado sin experiencia. He aprendido que tengo poder para echarles en cuanto meten la pata dos veces, pero me siento estafado desde el primer día...”

Y ¿cuál es el método para forzar un “modificado”? Pues alegar que el proyecto está mal hecho, en otras palabras, insinuar o afirmar sin ambages que el arquitecto o el ingeniero correspondiente son idiotas y se encontraron con su título profesional en una tómbola. Da lo mismo que el arquitecto sea un desconocido o una figura de gran prestigio. Se trata de meter el “modificado” por bemoles.

El experto municipal antes citado relata así su última experiencia: “Recientemente he padecido a una de las grandes, en una obra de nueva planta. Incumplidos los plazos por la empresa, con obra mal ejecutada, e incapaz de terminarla en condiciones, propuse a la administración contratante, en este caso municipal, la denuncia del contrato, con incautación de la garantía para terminar la obra con ese dinero. Ya antes libré batalla de cuatro meses para evitar que la empresa se llevase un 20% de modificado, para cuya reclamación se amparaba en que era una obra difícil de construir (sic). Puesto al corriente de todo ello, el Ayuntamiento argumentó que mejor no meterse en líos, puesto que, además, si denunciáramos el contrato la empresa, al recurrir, se quedaría el edificio en custodia hasta que se arreglara el entuerto por vía judicial... ¿De qué armas dispongo, pues, para hacer valer la ley? La dura realidad es que se saben impunes”.

“Dios me libre”, concluye el atribulado funcionario, “de toparme con cualquiera de esas famosas empresas constructoras que estos días copan las portadas de los periódicos, porque no saben construir. Hoy en día sólo se puede hacer un buen edificio si uno tiene la suerte de caer con una empresa local o de tamaño medio, de esas que aún no se han maleado y siguen siendo eso: simples constructoras, no compañías financieras o Dios sabe qué...”

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EEUU: sector inmobiliario registra una corrección importante
El Periodico de Catalunya - 04 de octubre de 2006
 
 
Según el presidente de la Reserva Federal

El sector inmobiliario registra una "corrección importante" y ello restará un punto al crecimiento económico de aquí a fin de año en Estados Unidos, según ha señalado el presidente de la Reserva Federal (Fed) Ben Bernanke.

"Pienso que la desaceleración de la construcción residencial probablemente restará al crecimiento un punto en el segundo semestre de este año y probablemente un poco también el año próximo", ha dicho Bernanke en un discurso en Washington.

Interrogado sobre el alza de precios, Bernanke ha afirmado que "la Reserva Federal permanece preocupada por la inflación", puesto que "la inflación está siempre por encima de lo que consideramos como la estabilidad de los precios".

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La burbuja se deshincha
20 Minutos - 05 de octubre de 2006
 
Más bajos: Varios informes confirman un ‘aterrizaje’ de los precios de la vivienda, influidos por la subida de los tipos de interés.

Las subidas de dos dígitos en el precio de la vivienda parecen tener los días contados. A los últimos datos del Ministerio de Vivienda, que confirman un crecimiento del 10,6% en el segundo trimestre del año, se suma ahora un nuevo informe de Idealista.com, que anuncia incluso una bajada en los precios de las casas de segunda mano en algunos barrios de Madrid, Barcelona y Valencia. A la vista de estos datos, parece que la llamada burbuja inmobiliaria empieza a deshincharse después de una década de subidas de casi el 20%. Sin embargo, son muy pocos los que conocen cómo funciona, qué consecuencias puede traer una eventual explosión e, incluso, lo que significa este término, que ocupa las páginas de las publicaciones especializadas e inunda los blogs sobre vivienda.

Casas sobrevaloradas

"Este concepto se utiliza cuando los precios de la vivienda se sitúan por encima del valor real percibido por los consumidores", afirma Joan Pané, profesor de macroeconomía en la Universidad Pompeu Fabra. Una definición que se parece mucho a la del mercado inmobiliario nacional.

Entre las causas de esta subida imparable se encuentran la baja rentabilidad de la Bolsa tras el estallido de la burbuja tecnológica, la ‘cultura de compra’ existente en España o el alto número de casas vacías, en torno al 15% del total. Pero, sin duda alguna, el factor fundamental ha sido otro: la bajada del euríbor, referencia para fijar el tipo de interés en la mayoría de préstamos hipotecarios.

"Igual que ha ayudado a subir los precios, ahora hará que bajen", advierte Pané, refiriéndose al indicador europeo, que se sitúa ya en el 3,715% y que ha hecho que las hipotecas sufran su mayor subida en seis años. El que no se produzca una bajada brusca de precios dependerá de la capacidad de las entidades bancarias de atraer clientes con sus nuevos productos hipotecarios.

La dependencia de las variables macroeconómicas es la que hace temer lo peor a muchos analistas, que auguran un estallido de la burbuja inmobiliaria, como ya pasara en Japón a principios de los noventa. Una subida continuada de los tipos repercutiría directamente sobre la economía de las familias, que ya deben a los bancos más de 700.000 millones de euros en créditos.

"La falta de liquidez implicaría un menor consumo, lo que puede provocar una recesión de la economía que tenga consecuencia sobre los precios y el empleo", señala Pané. Por suerte, este extremo no parece muy probable, ya que los compradores siguen confiando en el sector.

Que no te explote encima

Las cifras no engañan. El sector de la construcción, en su mayor parte destinado a la vivienda, es el responsable del 22% del producto interior bruto español y es responsable de tres de cada diez empleos creados.

Por otra parte, más de 100.000 sociedades se dedican al sector inmobiliario, lo que supone el 14% del tejido empresarial español. Viendo este protagonismo del ladrillo, no es de extrañar que el Fondo Monetario Internacional haya señalado los altos precios de la vivienda como un peligro para la marcha general de la economía.

Para evitar, en la medida de lo posible, los efectos de un hipotético estallido de la burbuja inmobiliaria, las asociaciones de usuarios aconsejan pagar la vivienda con ahorros propios sin depender exclusivamente de los créditos.

Otras recomendaciones son ser realistas en lo que respecta a las propias posibilidades económicas presentes y futuras antes de elegir casa y no comprarla para especular.

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Comunidad de Madrid
 
ENRIQUE PORTO DIMITE COMO DIRECTOR DE URBANISMO
El Mundo (Comunidad de Madrid) - 03 de octubre de 2006
 
 
Zabía dice que la renuncia es una prueba de su 'honorabilidad'. PSOE e IU afirman que el problema urbanístico no acaba con la dimisión de Porto

El director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto Rey, ha presentado su dimisión por motivos personales "para defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad".

Fuentes del Gobierno regional informaron de que Porto tomó ayer esta decisión, que ha sido aceptada por el consejero Mariano Zabía, al considerar que "las falsas denuncias y presiones sobre su quehacer profesional no deben perjudicar la buena gestión y la transparencia que caracterizan a la Administración regional".

La situación en la que Porto se ha visto inmerso en las últimas semanas está afectando, según las mismas fuentes, "no sólo a su buen hacer y prestigio profesionales sino a su vida personal y familiar".

Enrique Porto considera que tras su renuncia podrá defender su honorabilidad en su actuación como director general "con total libertad".

Precisamente ayer la portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea, Ruth Porta, y el portavoz de Urbanismo, Modesto Nolla, pidieron el cese de Porto por tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete.

La diputada socialista acusaba al ya ex director de Urbanismo de la Comunidad de ser el impulsor del nuevo ordenamiento urbano de este municipio "por tener intereses directos y personales en él" lo que justificaba sus exigencias de cese para el alto cargo.

Los socialistas consideran a Porto responsable de "diversas irregularidades" que contempla el Plan General de Urbanismo de Brunete, como el excesivo techo poblacional que propone, cerca de 100.000 habitantes en 10 años, y la no reserva de los obligatorios pasillos eléctricos para las líneas de alta tensión.

Le acusan además de no haber solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) el informe sobre abastecimiento de agua para la nueva población, y de no haber respetado la presión habitacional sobre la cuenca media del río Guadarrama.

Zabía: 'Prueba de honorabilidad'

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, afirmó que la dimisión es una "prueba de su honorabilidad personal, porque no hay ninguna imputación que le obligase a tomar esa decisión".

Zabía, que hizo estas declaraciones en los pasillos de la Asamblea de Madrid, declinó hablar sobre las "actuaciones" de Porto e insistió en que los motivos de su dimisión son de "carácter personal".

"No quiero entrar en las actuaciones del señor Porto, respetando los motivos personales que ha alegado en su carta de dimisión. El señor Porto ha tomado una decisión de carácter personal en la que está implicado no solamente él, sino su vida personal y familiar, y hay que respetarla en todo momento", afirmó el consejero.

PSOE e IU quieren ir más allá

Pr su parte, los portavoces de Urbanismo del PSOE e IU en la Asamblea, Modesto Nolla y Eduardo Cuenca, coincidieron en que las "responsabilidades" y los "problemas urbanísticos" de la Comunidad de Madrid no terminan con la dimisión del director general de Urbanismo y advirtieron de que "van mucho más allá".

En declaraciones en los pasillos del Parlamento madrileño, el socialista Modesto Nolla afirmó que la dimisión de Porto le parece "bien", pero subrayó que "tanto el consejero Mariano Zabía, como la presidenta Esperanza Aguirre, que lo habían nombrado, tendrán que dar muchas explicaciones respecto de la actuación de este director general en el urbanismo madrileño".

El portavoz de Urbanismo de IU, Eduardo Cuenca, coincidió en que con esta dimisión "no se acaban los problemas urbanísticos en la Comunidad de Madrid", y explicó que "aunque en muchos de los 'affaires' de los planes generales había un agente necesario que era Porto, quedan otros agentes y otras colaboraciones para facilitar cosas a gentes cercanas al PP".

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Ayto. anuncia 751 pisos baratos cuando ya no se pueden pedir
El País (Comunidad de Madrid) - 06 de octubre de 2006
 
 
Las casas, que cuestan tres veces menos que las de mercado, serán entregadas en 2007 y 2008

El gobierno municipal anunció ayer un nuevo lote de 751 pisos baratos, en régimen de venta o alquiler, que ya están en construcción y que entregará a los afortunados inquilinos el año próximo o el siguiente. Pero quien lea esto hoy ya no tendrá tiempo de apuntarse a la convocatoria y probar suerte, porque el registro de solicitudes fue cerrado el 29 de septiembre. El Ayuntamiento alega que ese registro es permanente desde hace dos años: está continuamente abierto, salvo, precisamente, cuando se anuncian las convocatorias.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y la edil de Urbanismo, Pilar Martínez, presentaron ayer la 16ª convocatoria del Plan Primera Vivienda en régimen de venta (423 pisos) y la quinta convocatoria del Plan de Vivienda en Alquiler (328 pisos). En total, 751 viviendas que cuestan, de media, tres veces menos que las de mercado. La mayoría ya está en construcción, según Martínez, y serán entregadas entre febrero de 2007 y septiembre de 2008.

A las 751 viviendas optan las 21.428 personas que a día de hoy están apuntadas en el registro permanente de solicitantes de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Hay, por tanto, 28 aspirantes para cada casa. Pero la convocatoria sólo se ha hecho pública una vez cerrado el registro, cosa que ocurrió el pasado 29 de septiembre. Ahora la EMVS estudiará las solicitudes, elegirá a los adjudicatarios de esta convocatoria y, sólo después, volverá a abrir el registro.

Ése es el procedimiento que se sigue con todas las ediciones del Plan Vivienda desde enero de 2005, cuando el Ayuntamiento creó el registro permanente. "Es mucho mejor así. Antes de 2005 se abría un registro para cada convocatoria, de modo que quienes no resultaban adjudicatarios en una tenían que volver a presentar todos los papeles para la siguiente, y así sucesivamente. Ahora sólo te apuntas una vez, y entras en todas las convocatorias a partir de ese momento", argumenta Juan José de Gracia, consejero delegado de la EMVS.

De Gracia no explica, sin embargo, por qué el registro no se mantiene abierto al menos unos días después de anunciar cada convocatoria, para que los interesados puedan apuntarse en ese momento. "Hacemos lo que dicta el reglamento del registro, que fue aprobado por unanimidad de los tres grupos políticos", zanja, antes de negar que el objetivo sea evitar avalanchas de solicitudes antes de cada convocatoria.

Las 751 viviendas anunciadas ayer se distribuyen así: 423 en régimen de venta, que costarán entre 73.300 y 232.000 euros; y otras 328 en alquiler, con rentas de entre 333 y 673 euros. La mayoría se está construyendo en el Ensanche de Vallecas, aunque también en el nuevo barrio de Las Tablas y en los distritos de Carabanchel, Usera, Vicálvaro y Hortaleza.

El Ayuntamiento es la única administración que no adjudica sus viviendas baratas por sorteo, sino que elige a los inquilinos aplicándoles un baremo. Así, lo que más puntos da es tener menos de 35 años y llevar más de 15 empadronado en la capital; también puntúa tener una cuenta de ahorro-vivienda en un banco, haber sido víctima de violencia doméstica o ser discapacitado. Sólo a igualdad de puntos se sortea la vivienda. Pero antes de eso, hay que pasar un filtro de requisitos excluyentes: los aspirantes no pueden tener otras casas en propiedad, y deben acreditar unos ingresos mínimos (479 euros en caso de optar a vivienda en alquiler, 718 para compra) y unos máximos (2.634 euros en ambos casos).

El gobierno de Ruiz-Gallardón se comprometió a construir 35.000 viviendas baratas antes de 2008 -aunque De Gracia matiza que sólo está obligado a construir 20.500 y a dar las licencias para que cooperativas, constructoras privadas y la Comunidad hagan el resto-. De esas 20.500 casas, el balance a día de hoy es el siguiente: 4.505 entregadas, 6.043 en construcción y 2.968 en proyecto.

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La larga espera de El Bercial
El Mundo (Su Vivienda) (Comunidad de Madrid) - 06 de octubre de 2006
 
 
LOS VECINOS DE ESTE BARRIO DE GETAFE DENUNCIAN RETRASOS EN LA ENTREGA DE SUS VIVIENDAS DE MÁS DE SEIS AÑOS

Seis años después de lo prometido, la mayoría de los vecinos del nuevo barrio de El Bercial, en Getafe, siguen esperando a que les entreguen sus viviendas. Mientras el Ayuntamiento justifica los retrasos debido a algunos defectos en los inmuebles y sus accesos, muchos vecinos han optado por asociarse para unir sus voces y denunciar esta situación. Los que ya tienen las llaves de sus casas no pueden hacer un uso libre de ellas porque el Consistorio todavía no ha recepcionado las calles y la Junta de Compensación ha establecido un 'toque de queda' para entrar y salir a las urbanizaciones. Además, la falta de instalaciones e infraestructuras siembra de dudas el futuro de este barrio.

Asociaciones, cartas, correos electrónicos y páginas 'web'. Todos los medios posibles para denunciar la situación que los vecinos del barrio getafense de El Bercial padecen desde hace ocho años, cuando comenzó la venta de más de 6.000 viviendas de las que, hoy por hoy, sólo algunas han sido habitadas por sus propietarios.

Durante este periodo las reivindicaciones, quejas y manifestaciones han ido directas a la papelera de los responsables de este retraso urbanístico, según los futuros residentes. Las reuniones que la Asociación de Vecinos Nuevo Bercial han mantenido con los responsables del Ayuntamiento de Getafe no han conseguido solucionar el caos generado en torno a este barrio y muchos vecinos aún se preguntan cuándo podrán ocupar una casa que estaba prevista para 2002.

Una de las afectadas, Sonia González, denuncia que el «Ayuntamiento tardó bastante en dar las licencias de las obras y después las paralizaron sin dar explicaciones a nadie. Además la Junta de Compensación va dando fechas de fin de las obras pero nunca se cumplen».

Mario Ayugo, administrador de la página 'web' 'elbercial.net' -una plataforma creada, entre otras cosas, «para informar a los afectados de los despropósitos del Ayuntamiento y la Junta de Compensación»- está todavía pendiente de que le entreguen las llaves de su nueva casa: «A la falta de profesionalidad de las autoridades responsables hay que sumar los retrasos de algunas constructoras, que han incumplido los plazos incluso después de obtener todas las licencias». En su caso, la promotora le ha garantizado que para diciembre podrá entrar a vivir, «aunque tal y como van las obras no lo veo muy claro», se lamenta Ayugo.

La versión municipal trata de justificar los retrasos debido a algunos defectos en los inmuebles y sus accesos. «Pretendemos garantizar a los vecinos que entren a vivir en las mejores condiciones y ahora mismo hay algunas averías, como en el colector de pluviales, que impiden su uso», explica el concejal de Urbanismo, Francisco Santos Vázquez.

Restricciones horarias

Aunque algunos vecinos ya han podido entrar a vivir en sus casas, el panorama con el que se han encontrado es, si cabe, más esperpéntico. El Ayuntamiento no ha recepcionado todavía las urbanizaciones y la Junta de Compensación ha colocado un guardia que no permite la entrada en el barrio desde las 10 de la noche hasta la mañana del día siguiente. «Es lamentable que no nos dejen hacer uso libre de nuestra vivienda», se queja otro vecino.

Santos Vázquez trata de lanzar un mensaje de tranquilidad entre tanta voz de denuncia. Según el edil, la Junta de Compensación es la que debe dar el visto bueno para que el Ayuntamiento recepcione las calles. «Hasta el momento sólo cuatro cooperativas nos han dado la orden para empezar las revisiones y es cuestión de días que comencemos a dar a los vecinos las licencias de primera ocupación».

Algo que realmente ha molestado a los vecinos afectados ha sido la actitud del alcalde de Getafe, Pedro Castro, quien en el acto de la primera piedra prometió que si los vecinos no estaban viviendo en sus pisos en 2004 dejaría a disposición del pueblo su cargo. «Lo que no dijo es que lo pondría en 2007, cuando ya no le queda otro remedio porque son las elecciones municipales», ironiza Sonia González.

Cuando los vecinos logren por fin entrar a vivir en sus nuevos hogares, cuando nadie les impida acceder a ellos a cualquier hora del día (o de la noche), no se habrán solucionado todos sus problemas porque los acondicionamientos necesarios para un barrio que prevé albergar a 12.000 vecinos todavía son un proyecto. El Consistorio ha informado de que está construyendo un nuevo colegio, aunque ningún vecino lo ha visto y, por ahora, los accesos al barrio están rodeados de escombros, arbustos y una gran montaña de arena.

Francisco Santos Vázquez asegura que el pleno del Ayuntamiento ha hecho ya ocho requerimientos a la Comunidad de Madrid -que tiene la competencia sobre estas infraestructuras- para que comience a dotar al barrio de las prestaciones necesarias. Y al final, entre unos que se quejan, otros que echan balones fuera y los que permanecen ajenos al problema, Susana no imagina todavía el día en que pueda entrar por primera vez a su casa.

Tampoco quiere pensar cómo será su vida hasta que el barrio de El Bercial sea lo que hace ocho años les prometieron: «Mi hija necesitará una guardería, un colegio, un médico... y de momento sólo tiene columpios a pleno sol. Vamos, que se va a poner bien morenita, pero de leer nada de nada».

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Brunete: 46 millones de euros como adelanto de promotores
El Confidencial (Comunidad de Madrid) - 04 de octubre de 2006
 
 
Que el urbanismo y la especulación inmobiliaria se han convertido en un verdadero negocio para los ayuntamientos no es ninguna novedad. Lo que realmente comienza a ser un fenómeno cada vez más extendido es la moda de cobrar anticipos a cuenta a los promotores. Antes, incluso, de que esté aprobado el correspondiente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y lo que es más preocupante, ese dinero se destina a gastos corrientes del municipio, no a inversiones en infraestructuras o equipamientos sociales, tal y como establecen las distintas leyes autonómicas del suelo.

Uno de los casos más llamativos es el del Ayuntamiento de Brunete (Madrid), donde, según fuentes de la oposición al alcalde Félix Gavilanes (PP), los promotores anticiparán más de 46,3 millones de euros a las arcas municipales sin que por el momento la Comunidad de Madrid haya aprobado el nuevo PGOU.

Según esas mismas fuentes, el dinero, en lugar de haber sido inmovilizado en una cuenta especial de municipio para devolverlo en caso de que fuera necesario, se está destinando a gastos ordinarios de mantenimiento del municipio, lo que pondría en serias dificultades a la corporación en caso de que finalmente la Comunidad de Madrid decidiera o no aprobarlo o retrasar su publicación.

El nuevo plan general fue remitido al Consejo de Gobierno de la CAM antes del verano, pero desde entonces, y pese a que lleva tramitándose desde hace más de seis años, Esperanza Aguirre no le ha dado luz verde.

Se trata de uno de los desarrollos más ambiciosos de todos los que están en marcha en el conjunto de España, toda vez que prevé la construcción de más de 19.000 viviendas, lo que significa que la población de la localidad aumentará de 8.000 habitantes a más de 60.000. Para hacerse una idea del PGOU, basta recordar que la célebre promoción de Francisco Hernando, ‘El Pocero’, en la localidad toledana de Seseña prevé la construcción de 13.500 viviendas.

Lo más paradójico del calendario de anticipos al ayuntamiento, al que ha tenido acceso este diario, es el hecho de que el único sector que inicialmente no adelantó cantidad alguna es el denominado Los Rosales, que afecta al factótum de la localidad, el periodista deportivo José Ramón de la Morena. Esta situación anómala se resolvió posteriormente con una addenda al convenio firmado en su día por los impulsores de esta promoción. El Confidencial intentó ayer contactar con el alcalde de Brunete sin ningún éxito.

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Campaña derecho a techo:vivienda digna en condiciones justas
Cartas a la Plataforma (JOC) (Comunidad de Madrid) - 04 de octubre de 2006
 
 
Hola!! Los jóvenes de la JOC de todo Madrid vamos a estar en las fiestas de Leganés (San Nicasio) el próximo jueves 12 de Octubre a ls 20:30 por la tarde, y aprovecharemos la fiesta para informar sobre la campaña que estamos llevando "Derecho a Techo: vivienda digna en condiciones justas". Tenemos una caseta propia, y habrá música, proyectaremos vídeos, una exposición de fotos sobre todas las movidas que está habiendo sobre la vivienda.... Escribo para invitaros a todos y también ofreceros nuestra caseta por si queréis tener un espacio para vosotros informar sobre vuestras actividades (no hace falta que aviséis con antelación, simplemente contad con ello). Adjunto un powerpoint con la invitación al "acto" y el cartel. Nota: reenvía este correo a tus amigos o conocidos (no solo jóvenes), ¡todo el mundo está invitado! Saludos Laura Arjona www.jocmadrid.tk



 
 
Catalunya
 
LA VIVIENDA NUEVA SUBE UN 15% EN SEÍS MESES EN BARCELONA
La Vanguardia (Catalunya) - 09 de octubre de 2006
 
Y los alquileres, un 12%

La vivienda nueva ha subido un 15,2% entre enero y junio de 2006 en Barcelona, situando ya el precio del metro cuadrado en 5.856 euros en la capital catalana y una escalada similar han experimentado los alquileres, con una subida en el mismo período del 12,5%.

Éstos son los datos que ofrece el 'Informe sobre el sector de la vivienda en Catalunya Primer semestre de 2006', donde la Generalitat, a través del departamento de Medio Ambiente y Vivienda, analiza la situación del mercado inmobiliario residencial.

La directora general de Vivienda, Carme Trilla, ha reconocido que la cifra de 5.856 euros de precio medio para el metro cuadrado en Barcelona "es altísima" y que "en este momento no hay indicadores de que el mercado vaya a desacelerarse".

En cambio hoy el conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, se ha mostrado más optimista y ha considerado durante la presentación del informe: "Tendemos a una situación de moderación en el que se notan los efectos de las políticas públicas" y ha añadido que en su opinión "se producirá una cierta ralentización de los precios a largo plazo".

Esta perspectiva del largo plazo también ha sido defendida por Trilla, que ha recordado que hay actuaciones urbanísticas que permitirán la construcción de 53.000 nuevas viviendas que ya están en marcha en diversos grados de planificación".

Sin embargo, a corto plazo, Trilla reconoce que "no hay datos para pensar en una moderación de los precios, a excepción de que en las encuestas los APIS (agentes de la propiedad inmobiliaria) dicen que les cuesta más tiempo vender los pisos, en especial los de segunda mano".

Esta nueva subida, en una escalada que arrancó en 1999 y que parece que no vaya a tener fin, continua después de tres años muy buenos de la bolsa española, con rentabilidades anuales por encima del 15% en el Ibex, y en un entorno de subida de tipos de interés que tampoco ha conseguido frenar la demanda.

Además, el alquiler medio de un piso en Barcelona se ha situado en 839 euros al cierre del pasado mes de junio, con lo que estos precios no desincentivan la compra de una vivienda a unos tipos que siguen históricamente bajos, como ha explicado la propia Trilla.

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La juez investiga a ediles de Cervera
El País (Catalunya) - 05 de octubre de 2006
 
 
La juez que investiga un presunto delito urbanístico en el Ayuntamiento de Cervera (Segarra) ha requerido al alcalde, el convergente Salvador Bordes; al concejal de Urbanismo, el socialista Jaume Niubó, y al secretario del consistorio, Joan Roca, para que le aporten la documentación de todos sus bienes muebles e inmuebles con el fin de determinar si su patrimonio ha aumentado de forma considerable en los últimos años. La juez ha solicitado la misma información a Antoni Ramon Acín, funcionario del catastro entre 2003 y 2005.

El caso investigado se destapó a final del año pasado, cuando la revista comarcal Segarra Actualidad aseguró que en Cervera existían operaciones supuestamente especulativas que podían entenderse como "un intento desesperado de los titulares de algunas concejalías, con la connivencia de algunos funcionarios y cargos de la Paeria y la participación de inmobiliarias y constructoras del sector privado de la ciudad, para llenarse los bolsillos".

El Ayuntamiento presentó una querella contra la revista y reclamó que se identificara a los autores de las irregularidades denunciadas. A requerimiento de la juez, la publicación aportó más información y nombres de personas que podrían estar relacionadas con los hechos.

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Comunidad Valenciana
 
ARQUITECTOS DE LA COMUNITAT EXIGEN UNA ´ACTUACIÓN EJEMPLAR´
Levante-EMV.com (Comunidad Valenciana) - 06 de octubre de 2006
 
 
Contra la corrupción urbanística. El Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat (COACV) pidió hoy a los órganos judiciales una "actuación ejemplar" contra los responsables de la posible situación de ilegalidad urbanística en el territorio valenciano.

Esta es una de las principales conclusiones emitidas por la junta de gobierno del Colegio después de la reunión celebrada en Alicante para analizar la situación creada a partir de la retirada por parte de la Generalitat de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Catral por la construcción de unas 1.200 viviendas ilegales.

A la sesión de trabajo acudió la junta de gobierno, encabezada por el presidente del Colegio, Juan Castillo Carpio, y una decena de arquitectos municipales de varios Ayuntamientos, entre ellos el de Catral, Luis Rocamora.

El presidente del Colegio leyó un comunicado en el que la entidad solicita a la Conselleria y a la Fiscalía una "actuación ejemplar" para que "prevalezca la legalidad vigente y no pueda quedar la sensación de que quien vulnera la Ley el negocio le salga mucho más a cuenta que cumplir con la legalidad".

Para los arquitectos valencianos, "sería terrible que, una vez descubierto, salga beneficiado el infractor o el delincuente, en relación con quien ejerce honestamente".

Preguntado por si está justificada la decisión de la Generalitat de retirar las competencias al Ayuntamiento de Catral, Castillo Carpio declaró que se trata de "una medida excepcionalísima" y añadió que como la Conselleria de Territorio es la que tiene todos los datos no puede entrar a valorar concretamente esta cuestión.

En cambio, sostuvo que los proyectos de construcción de las viviendas denunciadas como ilegales en Catral no han sido visados en el Colegio de Arquitectos, y por lo tanto estas casas construidas en suelo no urbanizable no constan oficialmente.

Esto es así, recordó el presidente de los arquitectos, porque las construcciones que no hayan sido visadas en el COACV "oficialmente no son obra de un arquitecto-autor".

El Colegio puso de manifiesto que, en este tipo de cuestiones, "quienes deciden acerca del permiso de construcción, y su otorgamiento o no, son exclusivamente los órganos políticos, normalmente los ayuntamientos, quienes además ejercen la potestad de policía urbanística".

Dijo que las instituciones políticas, empresariales, profesionales y ciudadanas deben funcionar adecuadamente para el buen desarrollo urbanístico y, según Castillo Carpio, "en este caso, en alguno o algunos escalones de los citados se ha fallado estruendosamente".

Continuó que el Colegio asumirá la parte de culpa que le corresponda y, para ello, actuará en los ámbitos necesarios "contra aquellos que han defraudado la confianza que los ciudadanos y la sociedad".

Entre las medidas que se proponen para evitar nuevas infracciones en el futuro, están iniciar una línea de trabajo en la que participen los colegios de arquitectos para diseñar medidas que contribuyan a "evitar o intentar reducir el ejercicio arbitrario de algunos ayuntamientos".

Asimismo, proponen que en el transcurso de una operación de compraventa de inmuebles los notarios y registradores exijan la cédula urbanística del suelo u objeto de la transacción (como una certificación suscrita por el arquitecto).

Además, el COACV quiso transmitir a la ciudadanía "un mensaje de normalidad" al considerar que "la inmensa mayoría de los profesionales actúan dentro de los márgenes de la estricta legalidad".

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El Consell embarga las cuentas de las promotoras de Catral
LasProvincias.es (Comunidad Valenciana) - 05 de octubre de 2006
 
 
Territorio creará un cuerpo de inspectores para investigar irregularidades urbanísticas. Presuntos fraudes encabezados por empresas promotoras y constructoras, posibles evasiones fiscales y bolsas de dinero negro. Estos son los primeros objetivos que quiere esclarecer el Consell en el ‘caso Catral’. Por el momento, la Generalitat ya ha embargado las cuentas de las empresas para indemnizar a los compradores de viviendas ilegales.

Catral está en el punto de mira y el Consell hará que el peso de la ley recaiga sobre los responsables municipales hasta las últimas consecuencias. Sólo 24 horas después de asumir las competencias en materia de disciplina urbanística, el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunció ayer que embargará las cuentas de promotores y constructores que han intervenido en la ejecución de urbanizaciones para “garantizar” que los vecinos afectados puedan cobrar indemnizaciones.

La investigación

El departamento de Territorio iniciará a partir de mañana una exhaustiva investigación sobre el planeamiento urbanístico del municipio alicantino. Cómo se tramitaba la ejecución de las viviendas –levantadas sin licencia y en suelo no urbanizable–, de donde provenían los fondos con los que se han sufragado los más de 1.200 inmuebles ilegales y las “posibles conexiones” de determinados grupos de inversores nacionales y extranjeros con el Ayuntamiento son sólo algunas de las incógnitas de una complicada ecuación que se pretende despejar en los próximos meses.

Para ello, la Generalitat aprobará mañana la creación de un cuerpo específico de inspectores para investigar las presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio.

“Se va a proceder a la identificación inmediata de los promotores y constructores de las viviendas ilegales para iniciar las actuaciones sancionadoras”, aseguró González Pons.

El conseller mencionó, entre otras, el embargo de los bienes de estas empresas “para así garantizar las indemnizaciones a los ciudadanos que compraron una vivienda de buena fe y ahora se encuentran con que compraron una vivienda ilegal, que podría ser demolida”, dijo.

Bolsa de dinero negro

Otra de las actuaciones “urgentes” que ha iniciado la Conselleria de Territorio es la remisión a la Agencia Estatal Tributaria de “todas las actuaciones que hayan podido dar origen a una evasión fiscal o a la ilusión de obligaciones tributarias de los presuntos infractores”.

González Pons basó sus reclamaciones a la Administración central en la sospecha del departamento de Territorio de la existencia de “una bolsa de dinero negro de unos 80 millones de euros que no han sido objeto de impuestos”.

La Conselleria de Territorio avanzó que se van a remitir a la Inspección de Trabajo todas las actas que se levanten en los próximos meses “por si pudieran derivarse infracciones en relación a la situación laboral de los trabajadores de las empresas”.

Fuentes de este departamento recordaron que se remitirán al Ministerio Fiscal todas las actuaciones practicadas, para determinar la existencia de “delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente y los relativos a la protección de la flora y fauna, conforme a los artículos 319 y siguientes del Código Penal”.

El conseller añadió que se comunicará al Comité de Peticiones del parlamento Europeo para su conocimiento con el objetivo de que se incorporen al procedimiento incoado en su día contra la Comunitat Valenciana.

El alcalde se defiende

El alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, aseguró ayer que el número de viviendas ilegales situadas dentro de la zona de protección del parque natural de El Hondo “no pasa de diez” y recordó que el Ayuntamiento ya abrió en su día expediente de infracción “a todas ellas”.

Mientras, la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU), que denunció al alcalde de Catral por permitir supuestamente la proliferación de viviendas ilegales, anunció ayer que presentará una denuncia similar en relación al municipio de San Miguel de Salinas, en este caso gobernado por el Partido Popular.

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Denuncian el desvío de dinero que debería destinarse a VPO
La Verdad (Comunidad Valenciana) - 04 de octubre de 2006
 
 
La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel, de San Miguel de Salinas, denunció ayer «presuntas irregularidades en el uso del dinero procedente de cesiones urbanísticas», cantidades que consideran que deben destinarse «a la promoción de Viviendas de Protección Oficial y no a otro tipo de gastos».

Según explican en un comunicado miembros de la junta directiva, el pasado 24 de abril la asociación vecinal remitió un escrito a la Alcaldía «para denunciar el uso presuntamente irregular del dinero proveniente de cesiones urbanísticas en los presupuestos del 2005. En estos presupuestos se incluyen 3.906.579 euros correspondientes a cesiones urbanísticas para obras de urbanización del casco urbano, reparación de caminos rurales y carreteras, planes provinciales de obras y servicios, obras del polígono industrial, y otros proyectos, algunos sin especificar».

Los vecinos recuerdan que «la Normativa Estatal y Autonómica establece la obligatoriedad de constituir el Patrimonio Municipal de Suelo para la promoción de viviendas con algún régimen de protección oficial». Y denuncian que el municipio «carece de política de promoción de vivienda pública encaminada a paliar las necesidades de los sectores de población menos pudientes como son jóvenes, personas mayores, familias con bajo poder adquisitivo e inmigrantes».

Aseguran que «hace más de quince años que se sacó al mercado la última promoción de viviendas protegidas y no se ha constituido el Patrimonio Municipal de Suelo dirigido a la construcción de viviendas sociales». Por ello denuncian el «presunto mal uso de estos sustanciosos recursos por la desviación de estos fondos para fines distintos a los que la Ley determina y la inexistencia de suelo público para dar cobertura al derecho constitucional de una vivienda digna».

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Canarias
 
Canarias bajará impuestos para compensar subida tipos
Terra (Canarias) - 05 de octubre de 2006
 
 
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, José Carlos Mauricio, afirmó hoy que el Gobierno de Canarias bajará los impuestos para compensar el incremento de la hipotecas por la subida de los tipos de interés.

Mauricio hizo esta afirmación en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo Popular, Jorge Rodríguez, qué le cuestionó sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo canario ante el incremento en los pagos de amortización de hipotecas por la subida de los tipos de interés.

El titular de la consejería de Economía y Hacienda señaló que en España el volumen de las hipotecas es de 760.000 millones de euros, lo que representa un 75 por ciento del Producto Interior Bruto cuando los expertos recomiendan que este porcentaje no supere el 50 por ciento.

Consideró que hasta la subida prevista en diciembre la situación no será grave, y confió en que el próximo año no se produzcan más incrementos, debido, entre otros factores, a la reducción del precio del combustible.

El portavoz del grupo Popular indicó que de aumentar los tipos de interés los canarios deberán pasar del pago de 8.271 euros anuales por una hipoteca media de 136.000 euros a pagar con las subidas unos 10.000 euros.

Aseveró que la mensualidad de una hipoteca es más cara hoy que el año pasado en casi un 30 por ciento, y señaló que se ha pasado de pagar una media de 570 euros mensuales a pagar 732.

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Andalucía
 
DIMITE EL VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA
El Confidencial (Andalucía) - 04 de octubre de 2006
 
 
Por la polémica generada por su patrimonio urbanístico

El vicepresidente primero de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), renunció este martes a sus cargos tras la polémica generada por su patrimonio urbanístico y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de dicha localidad.

Cañavate dijo que se marcha "con la cabeza muy alta" y para poder "defenderse como ciudadano de a pie" de la "sarta de verdades a medias e interesadas" sobre sus propiedades urbanísticas que, según el diario Ideal, han aumentado "considerablemente" en los últimos seis años.

Tras 20 años como concejal del equipo de Gobierno socialista de Armilla y ocho como vicepresidente primero de la Diputación, dijo que estas acusaciones le han producido los días "más amargos" de su vida y negó que se haya enriquecido gracias a la política.

Según dicho diario granadino, Cañavate compró en seis años tres pisos nuevos al contado y no incluyó un solar de 500 metros cuadrados adquirido en 1997 en la declaración de bienes que firmó en 1999 antes de tomar posesión de su cargo en la Diputación, aunque sí lo hizo en la de 2003, lo que justificó en un "error involuntario".

Al respecto recordó que fue iniciativa suya el que los cargos de la Diputación declarasen su patrimonio y lo publicasen en Internet, lo que, apuntó, refrenda que no tenía intención de ocultar "absolutamente nada".

La Fiscalía del TJSA investiga, tras una denuncia del PP, la autorización concedida por el Ayuntamiento de Armilla al empresario Tomás Olivo, imputado en el caso Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, para construir el centro comercial Nevada.

Chaves reconoce un "incumplimiento de la ley"

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, admitió en septiembre que se había producido un "incumplimiento de la ley" por parte del Ayuntamiento socialista de Armilla en la tramitación sobre el centro comercial, motivo por el que la administración autonómica había solicitado la impugnación del acuerdo plenario por el que se aprobó el plan parcial donde se proyecta su construcción.

Cañavate, quien dijo sentirse "perseguido por un periodismo bastante amarillo, oscuro e interesado", presentó documentos para demostrar que todos sus bienes están "declarados y registrados públicamente" y que compró las tres viviendas que han generado la polémica por un importe total de 126.964 euros, al tratarse de pisos pequeños.

Añadió que "nunca" tuvo el favor de "nadie" para dichas compras, que justificó en ganar "un pellizquito" en la lotería, y retó a demostrar que su patrimonio está vinculado a su trayectoria pública o política.

"Todo obedece a una campaña perfectamente orquestada de presión en un doble sentido: una presión política indudable, porque mi cabeza vale un precio, y otra a la Fiscalía desde que salió el tema Parque Nevada", aseveró en conferencia de prensa.

Subrayó que en 20 años en cargos públicos nunca ha sido denunciado "ni a nivel personal ni político", si bien reconoció que en esta ocasión la falta de una denuncia le deja en una situación de "indefensión total".

Cañavate admitió que dimitir le costó "trabajo" pero que, tras consultarlo con su partido, optó por esta vía por "lealtad" a su formación y para evitar que el PSOE, la Diputación o el Ayuntamiento de Armilla puedan resultar "dañados" por las acusaciones recibidas.

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Los Verdes acusa a las cajas de ahorro
losverdesdeandalucia.org (Andalucía) - 01 de octubre de 2006
 
 
De ser el soporte financiero de la especulación urbanística. Los Verdes pide una comisión en el Parlamento andaluz para investigar la relación entre cajas y especulación urbanística El portavoz andaluz de Los Verdes, Francisco Garrido, se mostró muy crítico con las cajas andaluzas por destinar una parte importante de sus recursos al sector inmobiliario, una línea de negocio que explica en gran medida la buena evolución de las entidades financieras (ya sean bancos o cajas) españolas y andaluzas. "Las cajas se han convertido en el soporte financiero de la especulación y la corrupción urbanística en Andalucía", aseguró en conferencia de prensa Garrido, quien recordó el origen "social" de las cajas y que en sus consejos de administración se sientan representantes "de sindicatos y partidos".

El máximo representante de Los Verdes recordó que las cajas andaluzas habían destinado más del 40% de su inversión crediticia al sector inmobiliario, con la malagueña Unicaja (62% según sus datos) a la cabeza. Y aunque la mayor parte de esos recursos corresponden a créditos hipotecarios a particulares, Garrido mantuvo que las cajas deberían limitarse a conceder hipotecas a los propietarios de "viviendas protegidas". "Las hipotecas en el mercado de renta libre justifican la financiación de operaciones urbanísticas claramente especulativas y en algunos casos ilegales".

Garrido recalcó que algunos proyectos de empresarios investigados por corrupción a cargos públicos en el caso Ballena Blanca o en la Operación Malaya eran financiados por cajas andaluzas. Y consideró "escandalosas" y "muy significativas" las declaraciones del presidente de Unicaja, Braulio Medel, a raíz de estas investigaciones judiciales. "Estaba más preocupado de los efectos sobre el sector inmobiliario que de la legalidad de las actuaciones investigadas", afirmó.

Los Verdes, que comenzará una campaña para reclamar a los clientes de las cajas que muestren su oposición pública a que las cajas financien las operaciones especulativas, reclama también que el Parlamento andaluz forme una comisión de investigación para analizar las actividades de las cajas y que se obligue a las entidades financieras andaluzas a que realicen auditorías para comprobar la legalidad de las operaciones urbanísticas que vayan a financiar.

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Cáritas detecta en Málaga los primeros jóvenes sin techo
Terra (Andalucía) - 09 de octubre de 2006
 
 
Una discusión con sus padres, en cuya casa convivían, fue el detonante. Una joven pareja y su hija de meses abandonaron el domicilio familiar. La imposibilidad de pagarse un alquiler les llevó a una situación extrema: durante tres días estuvieron viviendo en un vehículo. La intervención y la ayuda de Cáritas Diocesana les hizo salir de este trance y vivir, primero en una pensión, y luego en un piso con unos amigos.

Este episodio, ocurrido en la barriada de Carranque, sucedió a primeros de años, aunque se ha conocido ahora. Pero, desgraciadamente, no es el único. Cáritas ha detectado ya en la capital los primeros casos de parejas jóvenes sin techo, según dijo ayer Anselmo Ruiz, responsable en Málaga de esta organización, dependiente de la Iglesia. La precariedad en el empleo, la pérdida del mismo, la dificultad de acceder a un piso por sus altos precios o los bajos salarios son algunas de las causas que se encuentran detrás de estas historias.

Otros factores también empujan a estas situaciones. Ruiz explicó que en la zona de Cruz de Humilladero ya se han dado varios casos de jóvenes parejas en los que uno de los miembros ha perdido el trabajo y se ven obligados a tener que pedir comida a organizaciones como Cáritas porque con lo que ganan no tienen suficiente para pagar la hipoteca y vivir. Por ello, el responsable de Cáritas pidió a las administraciones públicas que 'ponga medios' para que estos episodios no se repitan en el futuro.

Y lo hizo en una rueda de prensa en la que Anselmo Ruiz firmó un convenio de colaboración con el alcalde, Francisco de la Torre, por el que el Ayuntamiento se compromete a aportar 100.000 euros para el mantenimiento del Hogar Pozos Dulces (un centro de atención a las personas marginadas y con problemas de enfermedades o adicciones abierto en 2001), que tiene un presupuesto anual de casi 300.000 euros. El resto del dinero lo sufragarán la propia Cáritas y la Junta de Andalucía.

El centro cuenta con 42 plazas y que en el último año se ha atendido a 73 personas con problemas de adicciones (a las drogas o el alcohol) o con enfermedades físicas y mentales.

De la Torre destacó que con esta ayuda se podrá seguir prestando 'una buena calidad en la asistencia' y recordó que durante el pasado año, a través de los diversos centros y pisos con los que cuenta, el Ayuntamiento atendió a 1.900 personas que no tenían un techo donde vivir. Asimismo, en colaboración con Cáritas el Consistorio destinó 160.000 euros para actuaciones en Castañetas, La Corta, Asperonas y la Cueva.

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Deuda de sevillanos con bancos y cajas asciende 44.000 mill.
Diario de Sevilla (Andalucía) - 04 de octubre de 2006
 
El volumen de créditos concedidos por las entidades financieras a las familias y empresarios de la provincia duplica el de los depósitos

Las familias y empresas de la provincia de Sevilla adeudaban el pasado mes de junio a las entidades financieras (créditos concedidos) un total de 44.052 millones de euros, cifra que supera en casi un 25 por ciento la registrada en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados ayer por el Banco de España. Sevilla se sitúa, así, como la cuarta provincia española con más volumen de créditos concedidos, sólo por detrás de Madrid, donde la deuda financiera de los ciudadanos ascendía en dicho mes a 298.001 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 27,5 por ciento; Barcelona, con créditos por valor de 201.432 millones de euros (un 22,23 por ciento más); y Valencia, provincia en la que la deuda de las familias y empresas con las entidades financieras alcanzó los 71.715 millones de euros (un alza del 22,8 por ciento).

Pero lo preocupante es que la cuantía total de los créditos concedidos en Sevilla más que duplica la de los depósitos (ahorro), dado que en junio, los sevillanos tenían en bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito 20.710 millones de euros, cuantía que incrementa en un 18,67 por ciento la de 2005.

Ello significa que los sevillanos sólo cubren con sus depósitos el 47 por ciento de la deuda contraída –lo que se conoce como tasa de ahorro financiero–, esto es, menos de la mitad. Es más, la tasa de ahorro en la provincia es 2,3 puntos inferior a la media del conjunto andaluz y hasta 30,5 puntos inferior a la media nacional, como puede comprobarse en el cuadro adjunto.

Sólo tres provincias tienen una tasa de ahorro inferior a Sevilla: Almería, con un 42,38 por ciento; Cádiz, con un 44,79 por ciento; y Málaga, con un 46,3 por ciento. En el polo opuesto figura, en cambio, Jaén, donde la tasa de ahorro financiero era el pasado mes de junio del 72,09 por ciento, siempre según el balance del Banco de España.

Si se atiende al total nacional, los datos revelan que las familias y empresas residentes en el país superaron en junio, por vez primera en la historia, el billón de euros en depósitos –1.001.936 millones de euros–, tras un incremento interanual del 19,9 por ciento (166.363 millones de euros más en un solo ejercicio). De dicha cuantía, algo más de una tercera parte la acaparaban Madrid y Barcelona, ya que en la primera provincia se acumulaban 239.092 millones de euros y en la segunda, 114.045 millones.

Fue precisamente el crecimiento del 25,34 por ciento de los depósitos en Madrid uno de los principales factores que permitieron superar la cota del billón de euros, ya que en el resto de las provincias españolas el crecimiento fue menor y en la mayoría de los casos se situó en el entorno del 10 por ciento. Del billón de euros en depósitos, 577.809 millones eran cuentas a plazo; 241.303 millones, a la vista; y 182.824 millones, de ahorro.

Mientras los depósitos de hogares y empresas crecieron a un ritmo del 20 por ciento, los créditos aumentaron a una velocidad muy superior –un 24,73 por ciento– y ascendieron a 1,29 billones de euros.

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La deuda de los cordobeses supera en un 78% a su ahorro
ElDiadeCordoba.com (Andalucía) - 06 de octubre de 2006
 
 
Numerosas familias cordobesas pasan muchos problemas a la hora de poder llegar con sus recursos económicos a final de mes con cierta holgura. Ésta es la principal conclusión que se extrae de los últimos datos sobre endeudamiento de los hogares que ha dado a conocer el Banco de España, un organismo que también ha alertado de los peligros que se ciernen sobre las economías domésticas por los altos niveles de débito existentes actualmente. Según las estadísticas oficiales hechas públicas por el ente encabezado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, los cordobeses adeudaban a finales de junio a bancos y cajas un total de 17.956 millones de euros, un 78 por ciento más que la cantidad que actualmente mantienen en sus cuentas corrientes y que se sitúa en los 10.091 millones de euros. Este apartado también se refleja en lo que se conoce como tasa de ahorro, que vincula los depósitos existentes en un territorio con los préstamos concedidos. Este índice alcanza en la provincia el 56,1 por ciento, siendo el segundo más alto de los contabilizados en Andalucía, cuya media es de sólo el 49,3 por ciento. Esta situación tan positiva es aparente, ya que en el momento en que se comparan los datos con la tasa nacional, Córdoba se queda en una posición nada halagüeña.

Concretamente, la ratio nacional se coloca en el 77,5 por ciento, más de 20 puntos por encima del dato correspondiente a la provincia. Esto quiere decir que el conjunto de los españoles tienen más capacidad que los cordobeses para poder afrontar con recursos propios la deuda que mantienen con las entidades financieras ante una eventual situación de riesgo que se produzca en el futuro.

No obstante, los expertos dan una importancia relativa al hecho de que el nivel de ahorro esté tan por debajo del correspondiente a los créditos. El profesor de Política Económica de ETEA, Gabriel Pérez Alcalá, entiende que "no hay motivos para estar preocupados" por este asunto, "ya que lo que esto demuestra sólo es que las empresas y las familias cordobesas están recurriendo a recursos existentes fuera de la provincia para poder financiar sus inversiones". "El hecho de que la deuda estén en estas tasas tan importantes es porque se espera obtener una rentabilidad más alta en el futuro", agrega.

El problema, en opinión de este experto universitario, puede venir del excesivo índice de deuda en relación a la renta disponible por los ciudadanos. Un reciente informe del Banco de España cifraba este apartado en el 115 por ciento, 35 puntos más que en 2005. No existen datos concretos sobre Córdoba, pero los expertos consultados por este diario aseguran que el contexto en la provincia es muy parecido al del país. Estas cuantías han sido calificadas por el organismo de supervisión como preocupantes.

En lo que se refiere a la provincia, la evolución en los últimos 12 meses ha sido considerable, puesto que se ha registrado un incremento de los préstamos del 26 por ciento, sobre todo por el buen momento del sector hipotecario.

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Galicia
 
DENUNCIAN QUE EN NAVIA YA EXISTE REVENTA DE PISOS A 180.000e
La Voz de Galicia (Galicia) - 07 de octubre de 2006
 
La asociación vecinal lo pone en conocimiento de la Xunta, tal como hizo con los sobreprecios. La ley autonómica prohíbe a los adjudicatarios cualquier traspaso antes de diez años. El Concello cede el lunes el suelo para el nuevo ambulatorio, tras un año de demora. Salen a concurso las obras de reparación de las 370 viviendas de Rivera Atienza

El de los sobreprecios no es el único fraude de ley que se está cometiendo en la macrourbanización de Navia. La asociación de vecinos Emilio Crespo asegura tener constancia de que ya se está produciendo otro fenómeno irregular: la reventa de pisos de protección oficial a 180.000 euros.

El carácter ilegal de estas prácticas es evidente. Con la normativa en la mano, ningún adjudicatario de una vivienda protegida puede venderla antes de diez años (salvo causa plenamente justificada, y en este caso se le aplicaría el precio del módulo establecido).

El valor oficial de un piso de noventa metros cuadrados en el polígono de San Paio de Navia no alcanza los 120.000 euros. «Tenemos constancia por denuncias verbales de que se están produciendo reventas ilegales y lo hemos puesto en conocimiento de la Xunta para que lo investigue, igual que lo hicimos en su momento con el asunto de los sobreprecios», dice José Sánchez, presidente de la asociación de vecinos de Navia.

Dificultad

El problema es que la reventa, advierten, es «más difícil de probar». Se estaría produciendo a través de acuerdos privados entre las partes, plasmados en documentos que no se dan a conocer y cuyo carácter ilegal estaría fuera de duda si saliese a la luz pública.

Los vendedores se estarían lucrando, en este caso ganando más de 60.000 euros, con la venta de pisos que han sido promovidos con dinero público. El suelo de Navia fue adquirido y urbanizado por la Xunta, además de sacado a concurso para la construcción de viviendas con precios más asequilibres que los del mercado libre.

La normativa autonómica prevé la posiblidad de que la Administración lleve a cabo inspecciones en los propios pisos y recabe todo tipo de documentación. De momento, no se han hecho. El expediente a la promotora Vigolar ha sido posible gracias a la iniciativa de 41 propietarios que decidieron dar el paso tras asesorarse.

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Castilla y León
 
UNA CONSTRUCTORA TALA EL REFUGIO DE CIGÜEÑAS
El País (Castilla y León) - 08 de octubre de 2006
 
 
protegido por los jueces. El alcalde de Las Navas del Marqués, del PP, insiste en que la urbanización es legal

El constructor Francisco Hernandez ha ignorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que le impide construir un complejo turístico en un pinar de la sierra de Ávila en el que anidan cigüeñas negras y otras especies protegidas. Ayer, y con el argumento de que no ha recibido la sentencia, comenzó la tala del pinar de Las Navas del Marqués (Ávila), según denunciaron ecologistas y vecinos, que cifraron en más de mil los pinos talados. El alcalde, Gerardo Pérez, del PP, insistió en que "la urbanización tiene todos los permisos".

"Las talas comenzaron tras conocerse la sentencia", explicó Carlos Jarque, presidente de la asociación Mountain Wilderness. Los vecinos destacaban que la tala se había adelantado por la decisión judicial, puesto que desde hace tres meses se había comenzado a trabajar sobre el terreno de la futura urbanización, pero las tareas se habían limitado a la señalización. Hernández, un promotor murciano, se negó a comentar su actuación.

Carlos Bravo, de la asociación Centaurea, y Juan Carlos del Olmo, de WWF/Adena, denunciaron la tala a la Guardia Civil. Agentes del instituto armado fueron al lugar pero no pararon las máquinas. Sí levantaron un acta de la inspección por si hubiera delito.

El Tribunal de Castilla y León anuló la urbanización hace tres días y en una sentencia pionera dio un varapalo a las administraciones. La sala les acusaba de vulnerar su propio decreto de protección de la cigüeña negra (de la que quedan 322 parejas en toda España) y aseguraba que el proyecto no tenía interés público.

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Aragón
 
Montañeros del mundo, uníos
Desnivel.com (Aragón) - 09 de octubre de 2006
 
 
A partir del 16 de octubre comienzan las II Jornadas en Defensa de la Montaña, la cita es en la Biblioteca Pública de Zaragoza.

El fantasma de la especulación urbanística se cierne sobre nosotros y amenaza nuestros paisajes naturales. El desaforado negocio del ladrillo apunta a la montaña; pero el problema no es nuevo. Ya en 2002, Año Internacional de las Montañas, el Consejo de Ministros creó un comité para buscar líneas de actuación de cara a la conservación de las montañas. El resultado del estudio fue la Carta Española de las Montañas. De momento letra muerta, pués el documento sigue sin tener validez legal.

En este contexto caótico, la plataforma RedMontañas sigue intentando proteger las montañas españolas a través de la tramitación de esta carta montañera. En el plan de acción se propuso desarrollar Jornadas en defensa de estos gigantes, llamamientos a la reivindicación que buscan reflexionar sobre problemas como la especulación y la explotación desaforada de nuestros recursos. La iniciativa vio la luz con las I Jornadas en Defensa de las Montañas realizadas el 21 de mayo del presente año; en ellas se organizaron actividades coordinadas como la ascención simultánea a las cumbres más representativas de cada región.

En la misma línea llegan las II Jornadas, programadas en Zaragoza los días 16, 24, 26 de octubre y 4 de noviembre: los montañeros siguen buscando crear conciencia sobre la situación crítica de los parajes, la fiebre de la construcción, la amenaza de la ampliación de las estaciones de esquí y la inhibición de las administraciones locales en materia de construcción.

Programa de las II Jornadas

Especialistas y personas informadas sobre los aspectos de conservación del medio ambiente, geografía, sociología, medios de comunicación, economía, alpinismo y vida en las montañas discutirán sobre los problemas que las amenazan y sobre estrategias que aseguren su conservación y uso sostenible. La organización del evento está en manos de la Plataforma en Defensa de las montañas de Aragón, la cita es en la Biblioteca Pública de Aragón y el punto fuerte del programa son las conferencias que se desarrollarán en cuatro días:

Día 1º Lunes 16 de Octubre : Repercusiones geográficas, sociales y económicas del modelo turístico de montaña actual.

Día 2º Martes 24 de Octubre: Experiencias de desarrollo sostenible en montaña.

Día 3º Jueves 26 de Octubre: Los medios de comunicación y la protección de las montañas

Día 4º Lunes 6 de Noviembre: Montañer@s en defensa de las montañas.

El evento cuenta con la colaboración del equipo de Al Filo de lo Imposible y de Desnivel, ambos participarán en la última conferencia.

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Islas Baleares
 
Plataforma pide dimisión de Palau por corrupción y cinismo
Diario de Ibiza (Islas Baleares) - 09 de octubre de 2006
 
 
Denuncia que la reducción de la anchura de un tramo de la carretera del aeropuerto «se ha hecho sólo para no tocar terrenos de empresarios». También piden la dimisión de Matutes y Cabrer

La Plataforma Antiautopista pidió ayer la dimisión del presidente del Consell, Pere Palau; la consellera de Vías y Obras, Stella Matutes, y la consellera balear de Obras Públicas, Mabel Cabrer, por «los niveles de corrupción, cinismo y mentira» que, a juicio de los componentes de este colectivo, «ha alcanzado la gestión de las obras en las carreteras de Eivissa». Por una parte, critican la reducción de cuatro a dos carriles de un tramo de carretera al aeropuerto de 1,3 kilómetros de longitud «por las gestiones realizadas por el propio presidente del Consell de forma que su empresa, Betacar, ubicada en este tramo, no resulte afectada por las expropiaciones junto con otros terrenos de otros empresarios».

Para el colectivo, resulta «vergonzoso» que se lleve a cabo esta modificación a instancias de unos pocos empresarios «mientras que no se ha tenido en cuenta a centenares de familias afectadas por las expropiaciones hechas de maneral ilegal sin cumplir los trámites». El hecho de que Palau haya asegurado que el verdadero motivo de la obra no es el problema de tráfico en el tramo más cercano al aeropuerto, sino el colapso en ses Salines, «invalida la justificación inicial de la obra y además supone que el Consell y el Govern están potenciado el tráfico y el transporte privado en una zona protegida (el Parque Natural de ses Salines) donde se supone que tendría que mejorar el transporte público».

La plataforma también pide a la consellera insular de Vías y Obras, Stella Matutes, que dimita «por sus provocaciones y salidas de tono» entre las que citan las alusiones, efectuadas en una revista local, a que los expropiados «no pasarán hambre cuando muchos de ellos no han cobrado nada todavía, han pedido préstamos o han tenido que dejar su trabajo», denuncia. También la critican por haber mentido al afirmar que sólo se han tumbado cuatro casas cuando la Plataforma ha contabilizado 23 en las diferentes obras. Respeto a Mabel Cabrer, piden que dimita «por mentir, por fomentar la indefensión de los afectados y por incompetencia».

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Una burbuja ha estallado en mi salón
Diario de Mallorca (Islas Baleares) - 09 de octubre de 2006
 
 
Tres expertos abordan una posible depreciación de los pisos. El profesor de Economía de la Vivienda, Llorenç Pou, contempla un descenso brusco mientras el director ejecutivo territorial de La Caixa en Balears, Robert Leporace, y el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Josep Oliver, lo descartan. Si en un territorio limitado como Hong Kong el precio de la vivienda bajó un 50%, ¿podría ocurrir lo mismo en Mallorca?

El cuento del pastorcillo y el lobo se ha hecho realidad. La tan cacareada burbuja inmobiliaria ha estallado en el hogar de miles de mallorquines. El periódico de hoy, en su sección de clasificados, anuncia un piso por la mitad del precio que costaba la semana pasada.

La oferta dice así: "Barrio Son Dameto. Impecable. 85 metros cuadrados construidos en finca de pocos años, 2 habitaciones, 2 baños (uno de ellos en suite). Suelo parqué, climalit, piscinas y jardines comunitarios. 132.000 euros".

El Gobierno central evidenció ayer una tremenda descoordinación. A las doce de la mañana, con gesto risueño, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ofreció una rueda de prensa donde se felicitó por el descenso "brusco" de precios. "Una buena noticia para los jóvenes", adujo en pleno sábado.

Dos horas más tarde salió a la palestra el vicepresidente económico, Pedro Solbes, para enmendar las palabras de su colega. Ceñudo y desabrido con los periodistas, negó el descalabro y anunció un paquete de medidas fiscales dirigidas a favorecer la adquisición e impedir que la depreciación repercuta sobre el patrimonio de los españoles.

Mientras el Gobierno central incurre en contradicciones, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) ha hecho públicas las cifras del paro. Casi 3.000 nuevos desempleados en Balears, la mayoría procedente de la construcción. Una cifra insospechada si se tiene en cuenta que en una docena de años este sector ha pasado de 27.000 a casi 47.000 trabajadores con contrato.

Según reconocieron a este diario fuentes de una agencia inmobiliaria, en la mañana de ayer numerosos clientes acudieron presurosos a poner a la venta los inmuebles adquiridos hace varios años con fines inversores. Las fincas se encuentran ubicadas en urbanizaciones del Pont d´Inca, Llucmajor y es Secar de La Real, entre otros.

El terremoto que en pocos días ha sacudido el mercado inmobiliario salpica ya a botigues y grandes superficies. Un miembro de la patronal de hipermercados, que prefiere mantenerse en el anonimato, calcula el descenso de ventas en un 20 por ciento, sobre todo, en la sección de electrodomésticos. Los concesionarios de automóviles se niegan a difundir datos.

No es la primera vez que la vivienda se abarata en Balears. En 1993 se devaluó un 6 por ciento. Ese mismo año el desplome en Barcelona y Madrid rondó el 15 por ciento cuando sólo unos meses antes los pisos se habían encarecido un 20 por ciento.

Lo narrado hasta aquí, salvo el último párrafo, es economía ficción, por decirlo de alguna manera. Respiren hondo... o tal vez no. El importe de los pisos sigue por las nubes; Solbes no ha reprendido a Trujillo; y los obreros de la construcción siguen sobre el andamio.

Pero, ¿tenemos una burbuja inmobiliaria en el salón? Y si es así, ¿estallará ante nuestras narices?

Las "falacias" del ladrillo

El profesor de Economía de la Vivienda de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Pou, considera "falaz" decir que los precios jamás caerán. Igual de falso que afirmar: ¡Ya no pueden inflarse más! A su entender, los precios vienen determinados por el poder adquisitivo de los ciudadanos. Si la economía va bien y la financiación de los bancos lo permite, la escalada parece imparable.

Pou añade un factor que calienta el mercado: el psicológico. En la adquisición de una vivienda juegan un papel importante las circunstancias del comprador. "Si los cálculos se hacen en un escenario positivo, se cae en la tentación de pensar que el futuro también pintará color de rosa", argumenta. Entonces, se toman más riesgos porque, a priori, se espera una subida de sueldo y una montaña de ingresos. "El futuro se pondera en términos psicológicos y ésta percepción suele ser extrema", apostilla.

Llorenç Pou, autor de un artículo titulado ´La Edificación residencial: entre la coyuntura económica y el largo término´, desmonta otra "falacia". La "tontería para niños pequeños" repetida hasta la saciedad dice así: los pisos se encarecen porque Mallorca es un territorio pequeño y sin suelo. Pero la causa no se encuentra en la oferta de inmuebles, el problema radica en la demanda. "Nunca se había construido tanto como ahora y aun así la revalorización ha sido irresistible", rebate.

En otras comunidades autónomas donde hay páramos por edificar, los pisos resultan tan inasequibles como en la isla. De la misma manera, un territorio tan limitado geográficamente como Hong Kong padeció en 1997 un hundimiento de los precios superior al 50 por ciento del que todavía se recupera.

A juicio del profesor de la UIB, la singularidad del momento actual reside en el elevado número de propietarios de segundas viviendas. "El 40 por ciento de las nuevas construcciones se adquieren como inversión", calcula. Si una crisis económica tiene lugar, serán las primeras en salir al mercado, pero no habrá compradores para tanta oferta.

Acto seguido, se resentirá la construcción. En términos de ocupación, 18 de cada 100 nuevos puestos de trabajo se crearon en este sector durante el periodo 1990-2004, puntualiza. El ladrillo ha sido el motor de la economía balear en los últimos años, mientras el turismo daba muestras de flaqueza.

Una burbuja reventada propicia un efecto dominó en todos los ámbitos económicos. Estos años los mallorquines han acelerado su consumo animados por la revalorización de las propiedades. "Se calcula que por cada 100 euros que sube el valor patrimonial, el consumo agregado se incrementa en 5 euros", apunta Llorenç Pou.

Si los propietarios están preocupados por las pompas de ladrillo, los bancos no les van a la zaga. Pasar del cobro de hipotecas a la comercialización de inmuebles no es un plato de gusto. Las entidades financieras prefieren ahuyentar los presagios más pesimistas.

Los noventa no son comparables

El director ejecutivo territorial de La Caixa en Balears, Robert Leporace, descarta "a corto plazo" la formación de una burbuja inmobiliaria y su explosión. Diferencia tres mercados -primera vivienda, vacacional y locales comerciales y naves industriales-, y admite que puede producirse un "frenazo" de precios en los dos últimos si la economía no acompaña. Pero en ningún caso un ajuste drástico en los próximos "dos o tres años".

Leporace no admite comparaciones con los años noventa, cuando los inmuebles experimentaron caídas del 15 por ciento si se suma el efecto de la inflación. "En aquella época no había la disciplina económica que impone ahora la Unión Europea; los tipos de interés rondaban el 15 por ciento; la población no había experimentado un crecimiento como el actual; el sistema financiero carecía de la liquidez de ahora; y había muchos inversionistas de segundas residencias que se desprendieron de ellas inmediatamente", enumera. "Nos adjudicamos muchas viviendas y procedimos a su venta. En una primera época se sufrieron pérdidas aunque luego se recuperó el terreno", rememora de su etapa en Tarragona.

Frente a los que opinan que las entidades financieras conceden hipotecas con ligereza, Leporace asegura que se deniegan "bastantes operaciones". En cualquier caso, reconoce: "En las últimas fechas hemos experimentado un pequeño repunte de la morosidad". Explote o no, lo cierto es que la gente habla de ella aunque nadie la haya visto. El buscador Google recoge más de medio millón de páginas en español referidas a la "burbuja inmobiliaria". Escrito en inglés (housing bubble) aparece en dos millones y medio de ´webs´, muchas de ellas referidas a California y Florida, en Estados Unidos, donde el mercado está al rojo vivo.

En junio de 2005 la revista Time dedicaba su portada al asunto bajo el titular ´Home, sweet Home´ y se preguntaba: ¿Te hará rico tu casa? ¿Es la hora de comprar o vender?

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