BOLETÍN DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006
 
 
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TEXTO COMPLETO
 
España y vivienda
 
EL MOVIMIENTO VIVIENDA DIGNA CONVOCA MANIFESTACIONES EL 23D
20 Minutos - 26 de noviembre de 2006
 
A través de la red. Bajo el lema No podemos volver a casa por Navidad porque todavía no nos hemos marchado de ella. En al menos ocho ciudades, entre ellas Barcelona y Madrid.

El movimiento por una Vivienda Digna ya tiene fecha de protesta: el próximo 23 de diciembre. Y un lema: No podemos volver a casa por Navidad porque todavía no nos hemos marchado de ella.

Aunque todavía ninguna de las asambleas formadas en las diferentes ciudades españolas ha convocado oficialmente el acto, en numerosos blogs y en el propio foro de 20minutos.es sobre el movimiento ya ha aparecido este mensaje de convocatoria.

Según este texto, la protesta consistirá en una manifestación (aclara que no será una sentada como las que originaron en mayo la iniciativa) que incluirá cortes de tráfico, aunque señala que "nunca se abandonará el espíritu pacífico con el que esta iniciativa ha nacido".

Última protesta del año

El pasado 28 de octubre tuvo lugar la última gran manifestación del movimiento por una Vivienda Digna en Madrid, Bilbao y Zaragoza. Fue el último acto masivo después de que el pasado 14 de mayo, tras un intercambio masivo de mensajes en Internet, miles de jóvenes se citaron en capitales de todo el país para protestar por el problema de la vivienda.

A raíz de estas citas se formó la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, un movimiento definido por sus integrantes como "popular, horizontal y democrático" y que desde entonces no ha dejado de manifestars.

¿Dónde se celebrarán las manifestaciones?

Según apunta el mensaje que circula por la red, estos son los lugares en los que se convoca el acto:

Madrid: Puerta del Sol

Barcelona: Plaça Catalunya

A/La Coruña: Plaza de Maria Pita

Albacete: Plaza del Altozano

Badajoz: Plaza de San Francisco

Bilbao: Plaza del Teatro Arriaga

Burgos: Plaza del Cid

Cádiz: Plaza España

Castellón: Plaza Mª Agustina

Collado Villalba (Madrid): Plaza del Ayuntamiento

Córdoba: Plaza de las Tendillas

Elche: Plaça Baix

Gijón: Plaza del Ayuntamiento

Granada: Fuente de las Batallas

Huesca: Plaza Zaragoza

León: Plaza de San Marcelo

Logroño: Plaza del Mercado

Málaga: Plaza de la Constitución

Oviedo: Plaza de Ámerica

Palencia: Plaza Mayor

Pamplona: Plaza del Castillo

Salamanca: Plaza Mayor

San Fernando (Cadiz): Plaza de España

Sevilla: Plaza Nueva

Toledo: Plaza de Zocodover

Valencia: Plaza de San Agustín

Valladolid: Plaza Mayor

Vigo: Puerta del Sol

Zaragoza: Plaza del Pilar

Más información de esta convocatoria y listado actualizado de ciudades en viviendadigna.es

 
EL LADRILLAZO: LOS AYUNTAMIENTOS CON URBANÍSMO POLÉMICO
20 Minutos - 29 de noviembre de 2006
 
 
La lista de ayuntamientos corruptos o sospechosos de cometer alguna irregularidad urbanística crece sin cesar.

Cada día hay nuevos casos de ladrillazo, y ningún color ni formación política se salva del urbanismo desaforado, las recalifcaciones dudosas o las sombras en contratos y adjudicaciones.

A continuación, una lista por comunidades autónomas y provincias de los ayuntamientos que son sospechosos de participar del ya famoso ladrillazo.

Por comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra .

ANDALUCÍA

Almería

Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.

Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar por el Juzgado de Huércal Overa, a petición de la Fiscalía, como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable.

Las irregularidades comenzaron hace ocho años, cuando fueron denunciados tanto por el Seprona como por los técnicos de la Consejería de Obras Públicas. En 2003, la Junta inició 11 expedientes para revisar las licencias concedidas por el Ayuntamiento.

La Fiscalía de Medio Ambiente solicitó al Juzgado de Huércal Overa que los concejales que gobiernan en el Ayuntamiento de Zurgena; 5 del PA, 4 del PSOE y uno del PP, presten declaración en calidad de imputados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Garrucha: El alcalde socialista, Cristóbal Ruiz, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.

Roquetas: El alcalde de Roquetas del Mar y presidente del PP en Almería, Gabriel Amar, recalificó en 1997 como urbanizable un terreno propiedad de una empresa participada por su esposa, un cuñado y dos socios suyos. La venta posterior de los terrenos reportó unos beneficios a esa sociedad de más de dos millones de euros.

Cádiz

Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

Córdoba

Córdoba: Ecologistas en Acción denunció la construcción de dos urbanizaciones en la llamada Carrera del Caballo a cargo de la empresa constructora Arenal 2000. Las edificaciones se llevaron por delante 100 encinas, pero una sentencia judicial obliga al empresario Rafael Gómeza reponerlas.

Gómez, imputado también en el caso Malaya, ha sido denunciado por los Verdes al construir sin licencia varias naves industriales en las proximidades del complejo de Medina Azahara. El Ayuntamiento (IU) ha interpuesto una multa de 30 millones de euros, pero la administración autonómica ha recurrido el acuerdo del pleno municipal y ha llevado el caso a los tribunales.

Además, en el complejo de Medina Azahara, se han edificado 300 viviendas en parcelas ilegales. IU y PP han optado por proponer un plan de saneamiento (agua, alcantarillado), pero la Junta de Andalucía pretende exige la demolición de seis edificios especialmente polémicos.

En los Baños de Popea, una decisión judicial obliga a un promotor a reponer un encinar talado para construir 223 chalés de lujo.

Granada

Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.

Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral.

Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.

El actual alcalde, el independiente Juan Carlos Benavides, está acusado por la Junta de Andalucía de Delito Urbanístico.

Granada: El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes disciplinarios contra construcciones en La Vega. Ambas se realizan sobre suelo no urbanizable.

Huelva

El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.

Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.

Jaén

Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.

Málaga

Benalmádena: El alcalde de independiente de esta localidad, Enrique Bolín, está acusado por dar licencias ilegales.

Cuevas del Becerro: los ciudadanos se hicieron escuchar yendo a la huelga para protestar contra un macroproyecto urbanístico ubicado en el encinar "mejor conservado de la provincia" y perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenid que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas.

Marbella: Hasta 40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Operación Malaya.

Manilva: La Policía detuvo el año pasado al entonces alcalde, Pedro Tirado (independiente), y a su cuñado, Francisco Calle, por presunta corrupción urbanística ligada a operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con el narcotráfico. El precio de un terreno de 1,3 millones de metros cuadrados pasó de 12 millones de euros a 160 tras una recalificación.

Tolox: La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga interpueso en mayo una denuncia contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Partido Andalucista), que ahora ha ampliado. Varias promociones urbanísticas aprobadas por el alcalde podrían estar en suelo no urbanizable. La primera denuncia hacía referencia a 15 promociones (unas 2.000 viviendas), y la segunda amplía la denuncia a otras 9 presuntamente irregulares, por tener licencia de obra "concedida por el alcalde" en suelo no urbanizable.

Sevilla

Castilblanco de los Arroyos: La Fiscalía ha admitido a trámite la querella contra el Ayuntamiento presentada por la asociación de propietarios de la 'urbanización Sierra Norte'. La asociación denuncia parcelación irregular, una construcción carente de toda regulación y licencia, que se autorizó cuando todavía no se contaba con un proyecto de urbanización.

Camas:El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones. El concejal del PP Antonio Enrique Fraile ha sido expulsado del partido tras ser imputado en ese soborno. En este mismo caso también han sido imputados los concejales del Partido Andalucista, José del Castillo, y el empresario Eugenio Gaviño.

Bormujos:El empresario Eusebio Gaviño (imputado en el caso anterior y primo del alcalde actual, Baldomero Gaviño), supuestamente influyó en algunos ediles para que votaran a favor de la moción de censura que en enero de 2005 devolvió la Alcaldía a Baldomero Gaviño (independiente), arrebatándosela al PSOE. El magistrado que investiga el caso es el mismo que el de Camas y ha tomado declaración a testigos e implicados.

Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (su alcalde es José Juan López, del PSOE) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el 2 de noviembre el caso por considerar que no existían indicios que lo probaran.

La Algaba:José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.

Guillena:Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

Espartinas:el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

ARAGÓN

Zaragoza

La Muela: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado.

El sector impugnado forma parte de una inmensa urbanización con campo de golf proyectada por la inmobiliaria Wilcox. El proyecto prevé viviendas para 30.000 habitantes, con un gran centro comercial. Sin embargo, el plan no iba acompañado de dotaciones de servicios (hospitales y colegios). Fue aprobado bajo el amparo de la alcaldesa María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR).

BALEARES

Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo, el director de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, y a un funcionario celador de obras, Jaume Gibert, así como otras tres personas, fueron detenidas entre los días 27 y 28 noviembre por corrupción urbanística. Un juez de la localidad les imputa a los tres primeros delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros.

CANARIAS

Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones. Recientemente, el alcalde y seis concejales han sido detenidos por la misma trama. Han sido expulsados del PP, y el gobierno canario se plantea pedir al Gobierno una gestora para el Ayuntamiento.

En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones. Recientemente, el alcalde y seis concejales han sido detenidos por la misma trama. Han sido expulsados del PP, y el gobierno canario se plantea pedir al Gobierno una gestora para el Ayuntamiento. Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.

CANTABRIA

Arnuero: Una sentencia del Tribunal Superior exige la demolición de la urbanización El Encinar, construida sobre suelo no urbano, según denunció el grupo ecologista Arca (Asoc. para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria). Quien era alcalde cuando se empezó a construir la urbanización, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico. Se rumorea que podría presentarse a las próximas elecciones porque cumple su condena de inhabilitación.

Ribamontán al Monte: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander investiga la construcción de tres casas en un terreno rústico.

Lo más curioso de este caso es que los dueños de las viviendas son la mujer del presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales.

CASTILLA Y LA MANCHA

Albacete

Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.

Ciudad Real

Argamasilla de Alba: IU denunció ayer un Proyecto de Actuación Urbanística que prevé la construcción de 900 chalets de lujo y dos campos de golf que necesitarían de un abastecimiento de agua equivalente al consumo de 220 campos de fútbol.

Esta costrucción aportaría al Ayuntamiento 7 millones de euros por la recalificación del suelo.

Toledo

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde que intentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. El PP suspendió de militancia a sus ediles por su relación con el constructor. También un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles por su relación con el constructor, mientras que Hernando organizó una manifestación de 1.000 trabajadores para pedir al alcalde las licencias necesarias.

CASTILLA Y LEÓN

Ávila

La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.

Hoyos del Espino: La asociación de vecinos de Hoyo del Espino y el PSOE han acusado al alcalde de la localidad, Antonio Veneros, de construir en zonas no urbanizables, junto al Parque de Gredos y sin licencia.

Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.

Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

Burgos

Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe.

Salamanca

Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

Valladolid

Arroyo de la Encomienda: El PSOE denuncia un pelotazo urbanístico , que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.

Además, la Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales, en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas.

El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.

Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).

Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.

Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 k. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante

Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

Alicante: El juez ha imputado al alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, los socialistas acusan al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".

Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

Parcent: el Tribunal Superior de la Comunidad ha paralizado las obras de 1.500 viviendas, sentencia que la alcaldesa (PP) va a recurrir. Parcent tiene 900 habitantes y los propietarios anuncian más protestas por el urbanismo municipal.

Torrevieja. El alcalde Pedró Hernández, del PP, está imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad.

Valencia

Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.

Paiporta: El PP ha interpuesto una querella criminal contra el alcalde de la localidad, Bartolomé Bas Tarazona, del PSPV, por presuntas irregularidades relacionados con la obra del Auditorio Nacional, cuyo presupuesto se ha visto triplicado respecto al aprobado inicialmente. Se le acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.

Valencia: - La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.

-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.

-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia. -Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires. -Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.

GALICIA

A Coruña

Oleiros: La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza ha denunciado a Ángel García Seoane, alcalde por un partido independiente, por la presunta compra de fincas que posteriormente eran recalificadas desde su propio ayuntamiento aumentando así de valor.

El alcalde ha admitido que tiene tres casas y 13 fincas con más de 25.000 metros cuadrados, pero insiste en su inocenciadice que está limpio. Todas estas propiedades, salvo una que heredó, las tiene desde su llegada al Ayuntamiento. La investigación sigue abierta.

Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.

El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.

Pontevedra

Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.

La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.

Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.

Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez (PP), y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.

LA RIOJA

Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio (del PP) es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.

Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.

MADRID

Valdemoro: El ex alcalde de esta ciudad, secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados y el actual regidor de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, vendieron sus contiguos chalés de Marbella a una inmobiliaria de esta población madrileña. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 euros por una vivienda que valía 200.000 y decidieron siubrogarse en el constructor David Marjaliza, según informó El País.

Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).

Bustarviejo: Julio De Mateo, el alcalde indepiende de esta localidad, está acusado de permitir la construcción de 400 chalés en suelo protegido.

Colmenarejo: El Tribunal Supremo ha condenado a Julio García Elvira, ex alcalde por el PP, por adjudicarse una finca municipal en subasta pública mientras ejercía el cargo.

Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa.

Ciempozuelos: El alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE). Un juez ordenó el día 3 de noviembre prisión para ambos, eludible bajo fianza.

Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.

Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos.

Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.

Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.

Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.

Níjar: Según denuncia ABC, el alcalde socialista de Níjar, Joaquín García, permitió a un ex concejal construir cuatro veces más de lo permitido.

MURCIA

Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.

Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de lo Poyo.

Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.

Mazarrón: La Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.

San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.

También en San Javier el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, del PP, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.

NAVARRA

Egüés: El ex alcalde Ignacio Galipienzo, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), dimitió a finales de 2003 por el escándalo de un cobro de comisiones por vender a Construcciones Flores una parcela en Gorraiz que era de uso escolar y en la que la constructora quería erigir un hotel. En noviembre, el juez encargado del caso dio por cerrada la instrucción y atribuyó a Galipienzo un delito de cohecho y seis de revaricacion, e imputó a otras nueve personas.

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100.000 CASAS ILEGALES PUEDEN SER DEMOLIDAS EN ESPAÑA
El Mundo (Su Vivienda) - 10 de noviembre de 2006
 
 
La normativa vigente contempla la posibilidad de derribar viviendas que se hayan construido al margen de la ley. Los expertos piden actuaciones ejemplarizantes

La amenaza de la demolición planea sobre unas 100.000 casas edificadas sin licencia o con un permiso administrativo que no se ciñe a la legislación vigente. Sin necesidad de que medie un cambio normativo, estas viviendas ilegales podrían transformarse en escombros de la noche a la mañana.

Aunque la Justicia no ha desempeñado hasta ahora un papel muy activo en este sentido, desde distintos foros se sugiere ahora la necesidad de aplicar las leyes con más rigidez para frenar las irregularidades en la edificación residencial. El propio fiscal coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha asegurado que«es un tema que hay que replantearse y hay que buscar fórmulas que sirvan para que sea aplicable». Los expertos consultados por SU VIVIENDA coinciden en que deberían llevarse a cabo demoliciones ejemplarizantes que actúen como argumentos disuasorios en futuras construcciones. Fuentes relacionadas con el sector están de acuerdo en endurecer las sanciones para las edificaciones ilegales por suponer que se trata de una competencia desleal con el mismo.

Muchos son los casos de viviendas ilegales en España. Los hay en Málaga, Canarias y Baleares. Uno de los más sonados afecta a unas 2.000 familias en Cantabria, que se han asociado para impedir el derribo de sus casas.

Diecisiete comunidades autónomas, 17 planes regionales de vivienda. Con sus respectivas leyes para la regulación del suelo. A esta cuenta hay que sumar las normativas elaboradas por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que, a falta de competencias urbanísticas, elaboran sus propios reglamentos y ordenanzas en materia residencial.

Así de rica es la legislación española cuando de lo que se trata es de establecer los mimbres para regular la promoción de casas de protección oficial y el régimen de ayudas administrativas para favorecer el acceso a un hogar. Hasta tal punto llega la disparidad que la diferencia entre residir a un lado u otro de la frontera comunitaria puede generar situaciones de lo más variopintas.

En País Vasco, por ejemplo, las viviendas públicas están calificadas de por vida; Cataluña no dispone de ayudas específicas destinadas al comprador de pisos; en Castilla y León se subvenciona, en cambio, a los que instalen su domicilio en localidades con menos de 3.000 habitantes censados, para evitar la despoblación de las mismas; el Gobierno balear, por su parte, avala a los jóvenes para solicitar el 100% de un préstamo hipotecario; y Cantabria, por mencionar sólo otro caso de la abultada disparidad de supuestos, anima económicamente al promotor para que edifique casas asequibles, muy escasas en la región.

El Ministerio de Vivienda tiene competencias para establecer el marco básico sobre el que luego se articulan las distintas políticas autonómicas. Pero esta supervisión general de la Administración central no evita situaciones cuando menos desconcertantes para los ciudadanos, como la sopa de letras que define las tipologías de vivienda protegida y que en cada comunidad tiene un sabor.

Con el Código Civil en la mano, al menos 100.000 viviendas repartidas por distintos puntos de la geografía podrían desaparecer del mapa en cuestión de segundos. Bajo sus techos se cobijan edificaciones construidas con un permiso municipal que no se ajusta a la ley o sin licencia, un delito que según el ordenamiento jurídico español puede ser penado con la demolición.

Pero la teoría pocas veces se ha llevado a la práctica. En primer lugar, por lo peliagudo de la cuestión, ya que con los escombros desaparecería la primera residencia de muchas familias. Y, en segundo, por la lentitud que va de la mano del proceso legal.

Fuentes jurídicas describen los pasos que se deben dar para que una vivienda llegue a ser derruida: «Se presenta la denuncia, que puede ser muy eficaz si el particular es insistente; se tramita el expediente administrativo, lo cual dura alrededor de seis meses; cuando llega al contencioso-administrativo existe la posibilidad de poder pedir la suspesión de las obras, en el caso de que no estén concluidas (en el juzgado suele permanecer al menos un año); y, una vez que se dicte la resolución, cabe la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. En total, pueden transcurrir entre tres y cuatro años».

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Las obras ilegales se resisten

La corrupción urbanística salpica a todas las comunidades autónomas aunque sólo en unos pocos casos se han llevado a cabo demoliciones de las obras ilegales.

Canarias. El volumen de construcciones ilegales es uno de los más elevados y en estos momentos hay ordenados 82 derribos, aunque se habían demorado por la nueva ley del Suelo promovida por el Cabildo Insular ya que, según Pedro Gómez, director de la Agencia de Protección del medio Urbano y Natural, «no podíamos demoler algo que luego fuera a ser legalizado». No obstante, Gómez ha anunciado que los primeros derribos comenzarán en las próximas semanas.

Málaga. Sólo en esta provincia se han construido más de 30.000 viviendas ilegales en los últimos 12 años. Uno de los casos de demolición más sonados ha sido el de la urbanización 'Banana Beach' en Marbella, el caso que supuso la primera sentencia firme contra el ex alcalde Julián Muñoz. Por primera vez, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha reservado seis millones de euros en su presupuesto anual para acelerar los derribos de estas casas.

Mallorca. En el municipio mallorquín de Inca se acaba de llevar a acabo la demolición de un chalé (costeada por su propietario) y actualmente existen diez expedientes de derribo abiertos, todos referentes a construcciones en suelo rústico.

La Rioja. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha ordenado el derribo de dos edificios, uno de 40 viviendas y otro de 33, promovidos ilegalmente por una sociedad participada por el alcalde del municipio riojano de Lardero, Pedro Vallejo.

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Eficacia de las normas Es cada día más acuciante la necesidad de que la legalidad urbanística deje de ser una mera formalidad, brillantemente plasmada en leyes, reglamentos y complejos instrumentos de planeamiento -que ponen de manifiesto la alta sofisticación técnica la que hemos llegado los especialistas en España- para ser una realidad palpable en nuestro paisaje, rural y urbano.

Para ello es preciso que la normativa se cumpla, y que se cumpla con diligencia y celeridad, obligando a los infractores a restaurar la legalidad, sin que las situaciones ilícitas se consoliden, como ocurre en numerosísimos casos. La mera imposición de las sanciones -un coste más en la ejecución de la obra- no disuade de la edificación ilegal, ni repara el perjuicio causado al entorno rural o urbano.

La única posibilidad de que la edificación ilegal no se consolide -y acabe formando parte de un (deteriorado) paisaje- es restaurando la legalidad urbanística o, lo que es lo mismo, demoliendo lo indebidamente construido.

Las legislaciones autonómicas, como ya lo hiciera la estatal en su momento, dotan a los Ayuntamientos de poderosas herramientas legales para llevar a cabo tal restauración: órdenes de ejecución, revisión de licencias ilegales, órdenes de paralización, ejecución forzosa o subsidiaria de los acuerdos administrativos, multas coercitivas y un largo etcétera. Además, dispone el Ayuntamiento de un amplio plazo -cuatro años en la generalidad de las legislaciones autonómicas- para actuar estas medidas. Sin embargo, la más que frecuente inactividad municipal, la transmisión a terceros de buena fe de las viviendas -con la complejidad para la demolición que eso conlleva-, o la legalización posterior de la situación urbanística -para evitar costes económicos y políticos al Ayuntamiento- hacen quimérica en la mayor parte de las ocasiones la protección eficaz de la legalidad urbanística.

Para que esa eficacia llegara a lograrse sería necesario el despliegue de una diligencia municipal para vigilar los actos edificatorios y poner rápidamente coto a las actuaciones ilegales. Esto implica no sólo la voluntad y sensibilización de las Corporaciones, sino también el dotar de medios a las de menor tamaño y aparato administrativo -cuando esta falta de medios es el problema- y obligar a los renuentes a esta diligencia por parte de la comunidad autónoma, llegando incluso a sustituirles en el ejercicio de sus competencias.

En cualquiera de los dos casos mencionados, el papel de la Administración autonómica es decisivo -ya sea apoyando con recursos materiales y humanos al Ayuntamiento con pocos medios, ya compeliendo o sustituyendo a éste- y es precisa la estructuración de unos servicios de inspección urbanística autonómicos dotado y suficientes para cumplir este cometido.

Mariano Ayuso es socio de Cuatrecasas.

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LA VIÑETA: VÍCTIMAS DE LA ESPECULACIÓN
Redacción PVD - 18 de diciembre de 2006
 
Os dejamos con este programa televisivo al estilo Milá en el que salís algunos de vosotros aportando vuestros testimonios fruto de nuestra colaboración con Telecinco. Esperamos que os guste y que no os soliviante demasiado ver una vez más las vergüenzas inmobiliarias (ojo al último video)

Primera parte del video:



Segunda parte del video:



Tercera parte del video:



Cuarta parte del video:



Quinta parte del video:



enlace al programa en Telecinco

 
LA ONU DENUNCIA LA 'ESPECULACIÓN URBANÍSTICA DESENFRENADA'
Telecinco - 01 de diciembre de 2006
 
 
Naciones Unidas ha alertado sobre la "especulación urbanística desenfrenada" del mercado de la vivienda en España. El enviado especial de la ONU en materia de vivienda considera que el Gobierno debería modificar el sistema de deducciones fiscales a la compra de inmuebles porque, en su opinión, se "está subvencionando a los promotores con dinero público".

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari presentó las conclusiones de su visita a España, a partir de las cuales elaborará un informe que será remitido al Consejo de DD.HH. de la ONU. Kothari apostó por el fomento del alquiler. Ensalzó, en paralelo, algunas iniciativas del Gobierno para frenar la especulación, concretamente, la nueva Ley del Suelo.

Crisis nacional

El enviado de la ONU, que ha visitado núcleos urbanos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas, Sevilla y Barcelona y Zaragoza en los últimos doce días, calificó la situación de la vivienda de "crisis nacional" y alertó sobre los problemas de acceso a la misma de una franja poblacional que comprende no sólo a los núcleos más pobres, si no también a las clases medias.

Uno de cada cuatro españoles

En este sentido destacó que muchas familias tienen que destinar el 50 al 60% de su renta al pago de hipoteca o alquiler de su hogar y que el 25% de la población residente en España no tiene acceso a una vivienda digna.

Voluntad política y económica

El representante de Naciones Unidas pidió al Gobierno español "voluntad política y económica" para ejecutar reformas sobre el mercado inmobiliario español y acabar con la "especulación desenfrenada" que existe en el mismo, que sólo beneficia a las promotoras. Sobre la modificación de las deducciones a la vivienda, aseguró que su reducción sería positiva para el mercado en general y aludió a un informe de la OCDE que establece que estas modificaciones fiscales reducirían los precios de los inmuebles de un 15 a un 30%.

Marbella, la ‘punta del iceberg’

Por otro lado, vinculó esta especulación a los escándalos de corrupción urbanística existentes en el país, asegurando que el caso de Marbella "es sólo la punta del iceberg" de toda una serie de prácticas ilegales ligadas a la recalificación de terrenos.

Derecho a una vivienda digna y acoso inmobiliario

Miloon Kothari consideró que el Gobierno español no está cumpliendo con su deber porque tanto en la Constitución española como en diversos tratados sobre derechos humanos internacionales se establece el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, por lo cual está incumpliendo sus obligaciones.

Por otro lado, exigió al Ejecutivo español mayores medios y mecanismos legales para combatir el fenómeno conocido como 'acoso inmobiliario' , que consiste en ejercer presión sobre los inquilinos de rentas antiguas para que abandonen su vivienda a través de todo tipo de procedimientos y requerimientos.

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DE LA VEGA ASUME QUE POLÍTICA DE VIVIENDA NO ES SUFICIENTE
Terra - 05 de diciembre de 2006
 
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció hoy que las medidas adoptadas en materia de vivienda 'no son suficientes' y que es necesario 'seguir trabajando' para facilitar a los ciudadanos el acceso al mercado en esta materia.

En respuesta a los medios de comunicación tras entrevistarse en Santiago de Compostela con el titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, De la Vega admitió la 'preocupación' del Ejecutivo ante las actuales 'dificultades' de la población, puesto que, según un informe de la ONU, entre un 20 y un 25 por ciento está excluida del mercado por el elevado precio.

La vicepresidenta aseguró que el Gobierno es 'consciente' de la 'importancia que la vivienda tiene para la ciudadanía' y recordó que, en consecuencia, una de las primeras medidas adoptadas por José Luis Rodríguez Zapatero tras las elecciones del 14 de marzo de 2004 fue crear un ministerio específico que promoviese el 'acceso a una vivienda digna'.

Con todo, De la Vega precisó que los precios 'no dependen' del Estado, si bien admitió que las políticas públicas 'también influyen' y, en este sentido, subrayó que 'se están moderando ligeramente'. 'Es verdad que no es suficiente, por eso tenemos que seguir trabajando, porque hay problemas para acceder a una vivienda', aseveró.

MEDIDAS

No obstante, incidió en que esta materia consituye 'uno de los ejes' del Gobierno socialista y aludió a las medidas promovidas en los más dos años que lleva en el poder, como los siete millones de metros cuadrados de suelo público habilitados para la construcción de viviendas, de los que dos tercios se destinaron a protección oficial.

De igual modo, puso en valor los más de 8.000 millones de euros destinados al plan aprobado para los próximos años en esta materia, así como la multiplicación de los compromisos, puesto que, si inicialmente el Ejecutivo preveía garantizar una vivienda a 180.000 personas, la cifra ya ha llegado a 365.000.

Además, la vicepresidenta destacó que, paralelamente, el Gobierno ha promovido la 'lucha contra la corrupción urbanística' con medidas que 'ya están dando resultados'. 'Pero es un tema de todos que hay que combatir entre todos', aseveró.

Sin embargo, De la Vega aprovechó para añadir que las tramas recientemente esclarecidas representan casos puntuales y, por ello, reivindicó a los 'muchísimos cargos públicos que hay en este país trabajando de forma honrada y que pueden correr el riesgo' de sospecha por el actual debate sobre la corrupción en el urbanismo.

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Respaldo con matices de la PVD al relator de la ONU
RojoyNegro.info - 04 de diciembre de 2006
 
 
Ante la visita del relator de la ONU, la Plataforma apoya la objetividad con la que se ha acercado al tema de la vivienda en España, aunque matiza alguna de sus valoraciones.

La Plataforma por una Vivienda Digna se reunió hace unos días con el relator de Naciones Unidas, Miloon Kothari, en Madrid y Barcelona, y le hizo llegar su análisis de la problemática y sus reivindicaciones. Las declaraciones del relator muestran que las propuestas de la Plataforma no han caído en saco roto, ya que la ONU ha recogido reivindicaciones ya clásicas, como la supresión de las desgravaciones fiscales por compra de vivienda, la actuación sobre las viviendas vacías y la potenciación real del alquiler.

La Plataforma coincide también en la propuesta del relator de detener temporalmente todas las recalificaciones de suelo y en aplicar el código penal de forma rigurosa a la gestión de la construcción de vivienda.

En cuanto a la apuesta por el alquiler, según la PVD el relator ha sido demasiado suave en sus valoraciones, ya que las iniciativas del Ministerio a este respecto (principalmente el Plan de Alquiler) han demostrado ser ineficaces. No obstante hay que aclarar que algunas Comunidades Autónomas no sólo no han puesto en marcha medidas que fomenten el alquiler, sino que boicotean las que promueve el Ministerio, como es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid.

En opinión de la PVD el relator pone el dedo en la llaga al declarar que es excesiva la capacidad de gestión que tienen Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en materia de vivienda y suelo, sobre todo si se compara con el poco control a que se ven sometidas sus actuaciones. Sin embargo, en lo relativo a la nueva ley del suelo nacional, la Plataforma por una Vivienda Digna no está de acuerdo con la valoración positiva que ha hecho Kothari, ya que esta ley “desregula” algunos aspectos de la gestión del suelo y deja a las CCAA más libertad. Según la PVD “es una contradicción criticar que las CCAA tienen demasiado poder en materia de vivienda y a la vez apoyar la ley del suelo del Ministerio, que no hace nada para limitar ese poder, o incluso lo potencia”.

En cualquier caso, las declaraciones del representante de la ONU dejan claro que muchos presidentes autonómicos son mucho más culpables de lo que parece del terrible problema de acceso a la vivienda que padecemos, algo de lo que ya alertó Rodríguez Ibarra. Nombres como Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Maragall, Chaves, Gallardón, Barberá o incluso Manuel Fraga, a los que habría que añadir otros presidentes y muchos alcaldes, deberían encabezar la lista de responsables de la especulación y la nefasta política de vivienda y suelo. “En el paquete iría la ministra Trujillo, aunque no en primer lugar”.

Para ilustrar la responsabilidad de las diferentes instituciones en materia de vivienda, la PVD utiliza un símil policiaco: “Es como si la vivienda fuese un hombre que ha sido envenenado en su casa durante la comida. A media tarde la ministra Trujillo lo encuentra agonizando en el salón y decide darle un vaso de agua. En ese momento llega la policía y, al ver la escena, piensa que Trujillo es la culpable. En realidad los que pusieron el veneno fueron las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, pero es cierto que con agua no se cura a nadie”.

La PVD también puso de manifiesto ante el relator la escasez de vivienda protegida a pesar del triunfalismo electoralista con el que se utiliza ésta y la escasa actuación sobre el fraude inmobiliario, que es indispensable para entender el problema de la vivienda en España. Asimismo, le alertó del excesivo peso que tiene el urbanismo en la financiación de instituciones y organizaciones, lo que constituye de facto una aberración fiscal que está provocando una transferencia de rentas sin precedentes bajo la excusa de la necesidad de alojamiento de las personas.

En cualquier caso, desde el Banco Central Europeo hasta la ONU, cada vez son más las instituciones internacionales que se declaran alarmadas ante la corrupción y la nefasta política de vivienda de nuestras administraciones. Según el relator de Naciones Unidas, en España hasta un 25% de la población tiene hoy en día dificultades para acceder a una vivienda digna. El hecho de que sea la ONU quien haga esta afirmación coloca al problema una etiqueta nueva: la del incumplimiento en materia de derechos humanos.

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Comunicado PVD: 'Os agradecemos, os necesitamos'
Redacción PVD - 16 de noviembre de 2006
 
 
La Plataforma por una Vivienda Digna agradece su labor a las personalidades que, especialmente desde el ámbito judicial, trabajan para frenar la corrupción y especulación urbanística.

La lucha por una vivienda digna y asequible tiene muchos frentes de trabajo: la reducción del número de viviendas vacías, el fomento real del alquiler, la construcción de VPO real y en plazo, la difusión de datos estadísticos completos sobre el mercado, etc. Pero el que los políticos adquieran el compromiso real de trabajar por ello pasa por un objetivo esencial: reducir la dependencia de ayuntamientos y comunidades autónomas del crecimiento urbanístico como fuente prioritaria de financiación. Y quien dice ayuntamientos y CCAA, dice también partidos políticos.

El Observatorio de la Vivienda lo dijo en el Congreso de los Diputados hace ya más de un año: La financiación de los ayuntamientos no es correcta y el hecho de que se base en buena medida en el crecimiento urbanístico, es una fuente de corrupción. Desde la Plataforma por una Vivienda Digna, que representa a miles de personas en toda España, agradecimos que estas palabras fueran por fin dichas en el principal foro legislativo de nuestra democracia.

No han faltado muestras que consoliden la afirmación. Operación Ballena Blanca, Operación Malaya… El juez Miguel Ángel Torres se atrevió a hacer desfilar a toda una corporación municipal, la de Marbella, hacia los tribunales. Y sólo fue el principio. La operación Ballena Blanca es clave para despertar a la justicia y llamar su atención sobre otras ciudades de nuestro territorio de cuyos ayuntamientos cada vez se habla más y no precisamente con alabanzas: Orihuela, Estepona, Benalmádena, Mijas, Seseña, Calviá, Cienpozuelos y por supuesto, Madrid y Barcelona. Sin olvidar otras localidades con procesos abiertos anteriormente, como Telde en Gran Canaria.

Un joven que busque actualmente su primera residencia se preguntará ¿Y esto, me ayuda a encontrar un piso que pueda pagar? La respuesta es sí, aunque no a corto plazo. El mismo tejido de empresarios y políticos corruptos que especula con grandes operaciones de expansión municipal no se olvida de soplar cada día la burbuja desde dentro. Es parte del juego. La subida de precios es una de las claves del sistema y sin ella todo, o casi todo, se cae. Disminución y retrasos de las VPO, aumentos en sus precios de referencia, difusión de alzas de precios (reales o no) por todos los medios son algunas de sus vías para mantener la burbuja bien inflada. Si los fiscales y jueces van extirpando de nuestra democracia el tumor, la hinchazón de precios debería de ir remitiendo.

Así que la lucha por una Vivienda Digna necesita a Miguel Ángel Torres. Y no sólo eso, necesita a muchos Miguel Ángel Torres que, como él, crean que su profesión es clave para mantener un país habitable.

Otro de los nombres propios que desde el ámbito judicial está siendo clave en la recuperación de la vivienda como bien de primera necesidad es el Fiscal Antonio Vercher. Desde su reciente puesto como Fiscal Coordinador de Medioambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo sus declaraciones han sido contundentes. En los próximos meses su trabajo debería ser clave en materias como el blanqueo de dinero, asignatura en la que los grandes especuladores sacan nota, y en aflorar la corrupción de los ayuntamientos.

Pero si hay un nombre propio que destaque en la lucha contra la corrupción institucional y la situación de financiación errónea de los ayuntamientos éste es el Magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Pallín está tan convencido del uso del urbanismo como vía de financiación irregular de los propios partidos políticos, que ha propuesto la paralización cautelar de todos los planes urbanísticos por considerarlos sospechosos de corrupción. Propone la creación de una agencia central que controle el desarrollo urbanístico, un mejor uso de la jurisdicción contencioso administrativa de cara a poder detener planes urbanos y una mayor aplicación del derecho penal.

Martín Pallín, además, defiende la vivienda como lo que nunca debió dejar de ser, un bien de primera necesidad. Sus declaraciones sacan los colores a los políticos y sacan a la calle, de alguna manera, a cada vez más gente.

La lista de los que, en casos de urbanismo y a través de los tribunales, están contribuyendo que las instituciones recuperen la función para la que nacieron, crece con algunos representantes de organismos como el Seprona y, por supuesto, las diferentes fiscalías anticorrupción repartidas por todo el país.

Sin embargo, no es una lista larga. Si pensamos sólo en jueces, nuestro país tiene más de 4.500. Algunos se merecen un beso pero no precisamente de agradecimiento, sino como el que reciben las princesas dormidas: para despertar del letargo. Despertar y recordar que, independientemente de a qué club social vayan los domingos, su función no admite mirar, ni una sola vez, hacia otro lado.

Las partidas de ajedrez necesitan peones, pero rara vez la victoria llega sin figuras. Por eso a Miguel Ángel Torres, Vercher, Martín Pallín y todos los que están adoptando posiciones similares: Gracias. Gracias por tomaros en serio vuestro trabajo y gracias por contribuir de forma destacada a un país más habitable y más justo. Realmente, os necesitamos. Sobre los políticos, mejor no hablar ahora.

 
 
Manifiesto Ciudadano: A propósito de Seseña.
Cartas a la Plataforma - 18 de diciembre de 2006
 
 
Manifiesto Ciudadano: A propósito de Seseña. Por dignidad, NO A LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

A.A.: "A toda la ciudadanía"

El conflicto desencadenado en Seseña entre el empresario inmobiliario conocido como El Pocero y el Ayuntamiento simboliza una lucha mucho más importante que nos afecta a todas y todos los ciudadanos de este país, una lucha en la que está en juego la dignidad y la propia democracia. Y no creemos exagerar.

En Seseña se desarrolla, ante el estupor y de momento la pasividad generalizada, una campaña de presión absolutamente intolerable e insidiosa de un empresario privado contra representantes de los ciudadanos que desempeñan decentemente la función para la que fueron elegidos –cosa, por desgracia, no demasiado frecuente en los tiempos que corren-, un empresario dispuesto a arrasar sin escrúpulos la riqueza pública, el territorio, a las mismas personas y pisotear cualquier atisbo de justicia con el único fin de acrecentar de forma insultante y desorbitada su lucro particular. No se trata de defender al alcalde de esta población como tal, sino de salvaguardar los bienes que son de todos y todas de la voracidad de esta espiral de locura en que el “enladrillamiento” de España nos ha venido enfangando.

En esta semana, El Pocero ha llegado a la indecencia de lanzar a sus trabajadores y trabajadoras a un enfrentamiento con la Corporación para exigir más negocios para su patrono, más beneficios para su jefe, más pelotazos inmobiliarios para quien con toda seguridad no titubearía en dejarlos a todos en la calle a cambio del más insignificante incremento de sus ganancias. Y los trabajadores, por manipulación, por miedo o por lo que quiera que sea, nos han brindado un espectáculo que, en catadura moral y estética, es equiparable al legendario “¡Vivan las cadenas!” que se dice que gritó una parte del pueblo español para celebrar el regreso del rey Fernando VII, el aplastamiento de la modesta libertad conquistada en las Cortes de Cádiz y la reinstauración del Absolutismo.

Pero, como todos y todas sabemos, el caso de Seseña no es único; ya son públicos más, muchos más, en Marbella, Ciempozuelos, Camas, Alicante, Telde, etc. Con implicaciones de políticos de distintos partidos y connivencia de diferentes administraciones públicas. Ésta es, ya lo sabemos todos también, una enfermedad terrible y generalizada.

Las recientes declaraciones de representantes de los promotores inmobiliarios, justificando la corrupción como una vía para salvar las –según ellos- excesivas trabas burocráticas a la iniciativa empresarial y –de nuevo, según ellos- enriquecedora del país, aparte de alcanzar cimas de hipocresía, desvergüenza y desfachatez difícilmente superables, nos indican muy bien de qué estamos hablando. No son “papelitos” lo que eluden las mastodónticas operaciones urbanísticas ni trabas administrativas más o menos quisquillosas, sino el control ciudadano y democrático de la gestión de la economía y los bienes que a todos nos pertenecen, el entorno natural, el equilibrio territorial, el suelo público y derechos fundamentales proclamados en la mismísima Constitución.

De entre estos últimos, el que de forma más trágica e infame destruyen las recalificaciones desaforadas y las urbanizaciones caóticas es el elemental derecho de todas y todos los ciudadanos a una vivienda digna, teóricamente garantizado por el artículo 47 de la Carta Magna. Mientras centenares de miles de personas no pueden acceder a algo tan básico como un hogar en el que desarrollar su vida en plena libertad, promotores, constructores y banqueros, con la impagable aquiescencia cuando no descarada colaboración de los poderes públicos, obtienen beneficios en cuantías obscenas a costa de arrebatar el suelo público y truncar su gestión a favor del interés general, ambas cosas imprescindibles para garantizar cabalmente el derecho a la vivienda. Construyen más y más viviendas a precios inalcanzables para millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, condenándoles a una existencia azarosa o a la servidumbre de interminables hipotecas. Y ello en un país en el que, no sólo hay cerca de tres millones de viviendas vacías, como con frecuencia se ha dicho, sino que un porcentaje elevadísimo de ellas son de protección oficial, un nido incomprensible de estafa de dinero público, sin que los poderes públicos acometan la elemental acción de expropiarlas.

Hay que decirlo alto y claro. El urbanismo desatado de España ni es motor de la economía ni fuente de riqueza pública, sino todo lo contrario. Los inmensos beneficios de los especuladores se asientan inevitablemente en la miseria de la inmensa mayoría de la población trabajadora, porque obtienen su foco primordial de generación de dinero a manos llenas del suelo que debiera ser público y emplearse en garantizar los derechos de todas y todos.

Es preciso proclamarlo. No asistimos a un repentino y reciente mal. España viene siendo objeto de un monumental saqueo de la riqueza nacional a manos de constructores, promotores y bancos con la complicidad de un amplísimo ejército de gestores públicos tan venales como mediocres desde hace décadas. Convirtiendo además nuestra economía en una maquinaria desquiciada y enferma que en cualquier momento puede estallar y dejar una estela de desempleo, pobreza y desesperación de miles de personas sin que haya habido oportunidad de exigir responsabilidad a los artífices del destrozo.

Por todo lo anterior, las ciudadanas y los ciudadanos firmantes de este escrito hacemos un llamamiento a la rebelión del conjunto de la población contra este estado de cosas, una rebelión masiva, contundente y sin concesiones ni contemporizaciones de ninguna índole con los corruptos.

No confiamos en ningún pacto de Estado de las cúpulas de los principales partidos políticos que carezca del control y participación ciudadana. No podemos confiar en partidos políticos que en uno u otro grado se han beneficiado del expolio y lo han tolerado durante más de treinta años. Partidos políticos que ahora sólo se preocupan de la corrupción para emplearla como arma arrojadiza contra el adversario.

Sólo confiamos en la movilización amplia y decidida de los millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, que carecen del elemental derecho a un hogar, están ahogados por las hipotecas o sencillamente no tienen ningún interés bastardo en los negocios del ladrillo. Somos la inmensa, la abrumadora mayoría, independientemente de nuestra filiación partidaria. Somos nosotros quienes, con nuestra presión democrática, podemos y debemos obligar a los poderes públicos a adoptar las medidas radicales que se precisan para atajar el gran saqueo.

Miles de jóvenes nos vienen enseñando con sus movilizaciones por una vivienda digna, en Madrid, Barcelona y otras ciudades, desde antes del verano, cuál es el camino. Hay que reforzarlo y persistir hasta que no puedan eludirnos de ninguna forma.

No nos basta ningún código ético de ésos que los partidos políticos mayoritarios aprueban con tanto entusiasmo como incumplen, ni siquiera con el endurecimiento de la legislación de incompatibilidades de cargos públicos y funcionarios.

Exigimos que se acabe con la inmensa trama de intereses económicos que hay detrás de la construcción y el urbanismo de España. Mientras esta trama subsista habrá políticos dispuestos a venderse y dinero de sobra para poder comprarlos, y los expulsados del sistema continuarán siendo precisamente los que no se venden. Y seguirá siendo así aunque se aprueben un millón de bienintencionados códigos éticos.

Exigimos que se acabe con la insensatez de que el beneficio de las recalificaciones sea para los propietarios privados y no un beneficio social y público. Exigimos la gestión íntegramente pública del urbanismo, único camino posible para matar la gallina de los huevos de oro de los especuladores.

Gestión pública del urbanismo con el control y participación ciudadana, suprimiendo nefastas figuras como los “agentes urbanizadores” y los “convenios urbanísticos”, que dejan en manos de gestores públicos al margen del control democrático y especuladores privados la negociación de asuntos de interés general tan trascendentales para el bienestar social como la ordenación del territorio.

Exigimos que los Ayuntamiento se garanticen suelo público (Patrimonio Municipal de Suelo) y destinen este suelo y los rendimientos de sus operaciones urbanísticas por completo a vivienda social pública, a hacer efectivos los derechos fundamentales de todas y todos y no al lucro de unos pocos.

Exigimos que, cuando menos, se cumplan las leyes que se aprueban y, junto al procesamiento de todos los corruptos, se adopten las medidas básicas de demolición de viviendas ilegales o expropiación de viviendas de protección oficial con las que se especula, viviendas que pueden perfectamente ser la base inicial de un amplio parque de vivienda pública en alquiler a precios limitados para atender la necesidad esencial de acceso a un techo de miles y miles de personas.

Empecemos con Seseña, porque allí nos jugamos un futuro de dignidad, o bien de empobrecimiento de la mayoría y destrucción del país. Si toleramos que El Pocero cumpla sus fines de lucro particular habrán ganado todos los Poceros que menudean por el territorio nacional a golpe de pelotazo, comisión y recalificación. Si perdemos la dignidad en Seseña, la habremos perdido en todas las Seseñas de España.

Empecemos por Seseña y continuemos por el resto hasta que no les quede más remedio que escucharnos.

Si estás convencido como nosotros de que esta monstruosidad hay que detenerla, suscribe y difunde este manifiesto. No se exige más que ser ciudadano y decente para hacerlo.

Pincha aquí para firmar este manifiesto:

http://www.firmasonline.com/1Firmas/camp1.asp?C=385

 
 
El Gobierno suspende en la lucha contra la corrupción
CincoDías.com - 08 de diciembre de 2006
 
 
La corrupción ha calado en el inconsciente colectivo de los españoles. Los escándalos urbanísticos e inmobiliarios se suceden mientras muchos consideran que hasta el momento sólo ha asomado la punta del iceberg. En concreto, el 60% de los españoles cree que el Gobierno no hace lo suficiente para luchar contra la corrupción, al tiempo que ha empeorado en el último año la percepción que se tiene de la clase política, empresarial y de los medios de comunicación.

Estas son algunas de las conclusiones del Barómetro Global 2006 de la Corrupción, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, y que analiza las impresiones que tienen los ciudadanos de la magnitud con que la corrupción se ha instalado en las sociedades de todo el mundo. Los datos correspondientes a España han sido recabados por la agencia Sigma 2 en una encuesta realizada el pasado mes de agosto entre 1.000 ciudadanos, repartidos por la geografía española y de distinto nivel de renta.

La encuesta refleja que el 36% considera insuficiente la lucha del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra la corrupción, a lo que se añade otro 13% que cree que no se aborda siquiera esa lucha y otro 10% de encuestados que opina que el Gobierno no sólo no combate la corrupción sino que incluso la fomenta. Por el contrario, el 18% califica de muy eficaz la tarea del Gobierno, con diferencia el porcentaje más generoso de los países de Europa Occidental.

De media, apenas el 4% de los europeos occidentales alaba la labor anticorrupción de sus gobiernos como muy eficaz, mientras que el 70% la considera en conjunto ineficiente o muy negativa. El grado de exigencia de los europeos con sus respectivos gobiernos es por tanto mayor que el de los españoles y es paradigmático el caso de Noruega, uno de los países menos corruptos del mundo, donde sólo el 1% de la población cree muy eficiente la lucha de su gobierno contra la corrupción.

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España, advierte que 'debería haber un pacto de Estado contra la corrupción' y recuerda que España es uno de los pocos países europeos, junto con Grecia, Italia, que aún no ha elaborado una ley de acceso a la información que, por ejemplo, haga transparente para cualquier ciudadano la información relativa a los convenios urbanísticos de los ayuntamientos.

Los ciudadanos españoles comparten con sus vecinos europeos la inquietud por el grado de corrupción de sus políticos, el sector que consideran más contaminado. A la pregunta de en qué medida creen que la corrupción afecta a los partidos políticos, la respuesta de los españoles se sitúa en 3,9 puntos, en un baremo que va de 1 a 5. El suspenso es evidente también para el sector privado y de los negocios y para los medios de comunicación. La precepción que tienen los ciudadanos de políticos, empresarios y periodistas incluso ha empeorado respecto al año anterior. Por el contrario, los sectores que los españoles ven más a salvo de la corrupción son la educación, la sanidad y las ONG.

A nivel mundial, la encuesta revela que la corrupción es generalizada en África y América Latina, en especial entre la policía. Además, los sobornos son moneda de cambio común para acceder a servicios elementales. En América Latina se llegan a pagar más de 450 euros por recibir asistencia médica.

El discutido papel de la prensa

Los medios de comunicación comparten con los políticos y con los empresarios el dudoso honor de ser los sectores en que los españoles aprecian mayor grado de corrupción. En un baremo del 1 al 5, el nivel de contaminación de la prensa alcanza los 3,4 puntos, frente a los 3,1 puntos del año pasado. Un nivel parecido a los 3,7 puntos que la encuesta encargada por Transparencia Internacional concede al sector privado y a los 3,9 puntos de la clase política, ambos sectores también con peor imagen entre los españoles que el año anterior.

'Los medios de comunicación están muy sesgados políticamente', reconoce Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional. Y este sesgo es el que en ocasiones permite que la corrupción se expanda entre los principales círculos de poder, el político y el empresarial. Lizcano advierte sin embargo de la importancia que los medios de comunicación tienen también para la denuncia de los escándalos de corrupción y hace hincapié en la necesidad de crear un marco legal que proteja a los denunciantes de tales escándalos y facilite el acceso a las fuentes de información.

El grado de satisfacción del conjunto de los europeos con la prensa es ligeramente mejor al de los españoles, aunque con notables excepciones como la británica, donde la puntuación para los medios de comunicación es idéntica a la de España. En EE UU, los ciudadanos perciben mayor grado de corrupción en los medios, de 3,6 puntos, una décima más que de lo que se concede a la prensa rusa.

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El Gobierno aplaza sin fecha la cumbre europea de vivienda
El Periódico de Catalunya - 04 de diciembre de 2006
 
 
El Gobierno ha decidido aplazar indefinidamente la reunión informal de ministros europeos de Vivienda que debía desarrollarse en Barcelona dentro de este semestre porque las dos fechas alternativas propuestas por España "no han sido suficientes" para organizar la cumbre, según ha manifestado la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.

La cumbre europea de la vivienda debía celebrarse en la capital catalana el pasado 15 de octubre, pero fue suspendida por el Gobierno ante el riesgo de incidentes por parte de colectivos que reivindican una vivienda digna y por la cercanía de las elecciones autonómicas. Las nuevas fechas propuestas por España eran a mediados de noviembre y el 19 de diciembre.

A preguntas de los periodistas, la ministra ha informado de la imposibilidad de organizar la cumbre en el segundo semestre del año --como estaba previsto--, aunque ha asegurado que "si España tiene la oportunidad de celebrar en el futuro una nueva reunión" de estas características, "Barcelona será la ciudad donde se desarrolle".

Difícil coincidencia

Trujillo ha explicado que los ministros no han podido "casar las fechas" planteadas por el Ejecutivo español en sus respectivas agendas, a pesar de que el Gobierno "ha intentado celebrar la cumbre por todos los medios". "Una reunión de estas características requiere mucha preparación", ha afirmado.

Asimismo, ha quitado hierro al asunto ya que se trata de una reunión "informal" que se suele celebrar cada semestre en un país distinto de la UE, sin seguir un orden preestablecido. Trujillo tampoco ha concretado si le volverá a tocar el turno a España en el primer semestre del 2007.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha reiterado la "disponibilidad de Barcelona" a acoger este tipo de eventos internacionales y, en particular, una cumbre europea centrada en el tema de la vivienda.

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Ausbanc denuncia que los ancianos podrían perder su casa
Panorama-actual.es - 05 de diciembre de 2006
 
 
Con la Ley Hipotecaria. Ausbanc Consumo alertó sobre los "riesgos que supone para el consumidor el anteproyecto de Ley de Modernización del Mercado Hipotecario", que entrará en vigor en 2007. Esta asociación consideró que "hasta la fecha el Gobierno no ha mostrado ningún tipo de interés en conocer la opinión independiente de los consumidores en un tema que afecta a millones de familias españolas que cada mes tienen que hacer frente al pago de las cuotas". Según los datos de un estudio que Ausbanc presentó en rueda de prensa, "el importe de la hipoteca media en la Comunitat Valenciana creció un 6,1 por ciento en el último año, situándola en 125.681 euros --20.000 menos que la media española, que creció un 11,7 por ciento en los últimos doce meses--".

El plazo medio de una hipoteca pasó de 12 a 26 años, en una comunidad donde el índice de alquiler es inferior al estatal --por debajo del 10 por ciento--. Así, recordaron que "desde 1995 hasta la actualidad, el precio de la vivienda libre aumentó cerca del 216 por ciento en la Comunitat".

En cuanto a la propuesta de reforma hipotecaria, apuntaron que "se han anunciado grandes rebajas en los costes anexos a la concesión de préstamo aunque realmente algunas de las medidas propuestas ya han sido superadas por el propio juego del mercado".

"Otras, como la reducción de aranceles, suponen una reducción mucho menor de la que se está promocionando, habida cuenta de que el mayor coste viene dado por el pago de los impuestos que no se suprimen aunque estemos hablando de la adquisición de una vivienda habitual, como sería deseable para garantizar el derecho a una vivienda digna reconocido en el artículo 49 de la Constitución", indicaron.

Para Ausbanc, "la novedad principal esta reforma", que afectará comisiones, costes arancelarios o subrogación, "regula la figura de la hipoteca inversa". A juicio de esta organización, "esta regulación deja entrever algunos supuestos de elevado peligro para la estabilidad económica de las personas mayores y supone una posible fuente de abusos --tales como cobro no mediante renta sino mediante capital, posibilidad de venta de la vivienda, posibilidad de reclamar aunque no haya fallecido el titular en caso de incumplimiento contractual o posibilidad de enajenar la vivienda--".

Aspectos negativos

Por otra parte, la entidad destacó "otros aspectos negativos" de la citada reforma en referencia a que "no se aplica a los préstamos ya en vigor" y "no se amplía el limite de aplicación de la orden ministerial de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios y cuyo límite es de 150.000 euros". Al respecto, estimaron que "se deja sin protección a la inmensa mayoría de los consumidores, ya que la vivienda media se sitúa en la actualidad ya en esa cifra".

Asimismo, apuntaron que "se lleva a cabo una modificación esencial de la hipoteca, que pasaría a ser un cajón de sastre para garantizar todo tipo de operaciones presentes y futuras impulsando la esclavitud de los usuarios con una única entidad financiera, que será con la que tengamos la hipoteca, y cuyas deudas de todo tipo pasarán a ser privilegiadas". Por ello, opinaron que "se podría perder la vivienda por la existencia de otras deudas cuya reclamación ahora pasaría a tener una vía privilegiada".

Según Ausbanc, esta reforma "exige que la comunicación de la oferta de subrogación entre entidades se haga por vía notarial, cuando hasta ahora se hacía directamente entre ellas. Lo que es bastante probable que encarezca los costes, ya que aunque nada se dice en el Borrador no parece que vaya a estar incluida esa gestión dentro de los costes derivados de la subrogación".

También destacaron que "se incrementan las garantías exigibles en las operaciones de refinanciación de operaciones hipotecarias en las que se supere el 85 por ciento del valor del inmueble lo que previsiblemente supondrá un encarecimiento para aquellos usuarios, principalmente los jóvenes, que precisen un préstamo hipotecario 100 por cien para acceder a la vivienda --artículo 2.2 del borrador--".

"Se liberalizan y, por tanto, --añadieron-- se abre la posibilidad de que las entidades puedan cobrar comisiones mayores en base a una comisión por penalización por tipo de interés (artículos 7 y 8)". De esta manera, Ausbanc Consumo consideró que esta reforma es "incompleta" e "insuficiente" y anunció que "lanzará una batería de propuestas de mejora".

En éstas incluirán "aspectos positivos para los consumidores como la reducción de la base imponible sobre la que aplicar el impuesto; la ampliación de las posibilidades de modificación del préstamo; la reducción de aranceles notariales y registrales; o la eliminación de la distinción interesada e irreal entre crédito y préstamo utilizada por algunas entidades para impedir su aplicación en los créditos hipotecarios, créditos abiertos coartando ilegítimamente los beneficios de la Ley de subrogación sólo a los préstamos".

Finalmente, recordaron que la Comunitat Valenciana es la "tercera autonomía en cuanto a construcción de nueva vivienda" y que "el parque de viviendas en los últimos cinco años en las tres provincias creció un 12 por ciento". Al respecto, apostillaron que "según el Instituto Valenciano de la Vivienda, durante 2005 se realizaron 17.078 hipotecas al mes".

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Corrupción urbanística y pasividad institucional
Cartas a la Plataforma (A. Marín) - 18 de diciembre de 2006
 
 
España no puede ni debe considerarse un país europeo y civilizado, pues las instituciones no sirven para lograr y favorecer el bienestar y el desarrollo real general de TODOS los ciudadanos.

Hace ya 7 años que el diario EL MUNDO tuvo el valor y la dignidad de publicar las tramas corruptas y los nombres de los implicados que estaban violando la ley y destrozado Marbella.

Nadie hizo caso e incluso hubo periodistas de gran fama y renombre, que tuvieron la osadía de insultar y amenazar a los colegas del diario EL MUNDO por decir la verdad que ahora todos podemos concoer y aceptar como un hecho que pudo haberse evitado si hubieran funcionado las instituciones judiciales, políticas, administrativas correcta, independiente y eficazmente.

La Justicia, eso que siempre llega tarde y mal, tuvo a bien mirar a otro lado, a pesar de la contundencia y rotundidad de las evidencias contrastadas y documentos aportadas por el Diario EL MUNDO. La enorme avalancha de pruebas y los miles de documentos que han aparecido en los últimos años, indican claramente que vivimos en un país profundamente corrupto, con un muy deficiente funcionamiento de los servicios y las instituciones públicas. ¿Por qué todo funcional tan pesimamente y nadie se atreve a denunciar y a solicitar medidas correctoras radicales y efectivas? ¿Por qué los partidos políticos con representación parlamentaria se pasan la vida hablando y discutiendo de chorradas y estupideces?

Pero lo que es peor, a mi juicio, es constatar y padecer la inercia, la pasividad, la complicidad indecente de los poderes judiciales y políticos, ante el enorme maremoto, el vendaval interminable de corrupción urbanística e institucional que todo lo mancha, todo lo impregna...

Las consecuencias de tanta pasividad son enormes e irreparables, pues la mayor parte de los ciudadanos han dejado de confiar en las instituciones públicas, al haber permitido tanta ilegalidad, tantas injusticias y arbitrariedades aquellos que tienen el deber y la obligación de velar por el bienestar general y luchar contra las mafias de cuello blanco...

El peligro sigue vigente y nos afecta a dotos, pues no se toman medidas contra la gran cantidad de grupos mafiosos internacionales que se camuflan en las tramas urbanísticas. La implantación de grupos violentos dedicados a todo tipo de actividades criminales es un hecho gravísimo que se ha tolerado gracias a la incompetencia y complacencia de las diversas administraciones e instituciones judiciales, policiales, políticas y empresariales españolas... ¿Por qué se permite que los grupos delictivos más peligrosos del mundo tengan su sede central en España?

España no puede ni debe considerarse un país europeo y civilizado, pues las instituciones no sirven para lograr y favorecer el bienestar y el desarrollo real general de TODOS los ciudadanos, tal y como estamos comprobando a diario. Los ayuntamientos son meras oficinas administrativas al servicio de mafias y grupos urbanísticos, que camuflan en muchos casos, a grupos criminales internacionales, tal y como afirma la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Los gobiernos autonómicos justifican y respaldan a equipos deportivos y a empresas implicadas en numerosos delitos y actuaciones ilegales, en contra de los ciudadanos, desatendiendo y persiguiendo a los colectivos humanos en situación de emergencia, precariedad, necesidad... Vivimos en un país de locos y repleto de barbaridades.

Las instituciones públicas no funcionan en España, tal y como confirman numerosos informes y estudios, realizados por organizaciones de gran solvencia, prestigio e independencia. ¿Vamos a seguir pasivos ante tanta corrupción y degradación? ¿Vamos a seguir participando en el circo electoral y dar nuestro voto a una legión de impresentables y mentirosos profesionales?

Tampoco funcionan los medios de comunicación, pues han tardado 7 largos años en enterarse de algo que todo el mundo, que todos sabiamos bien que era una vergonzosa y peligrosa realidad...

¿Quién va a mover ficha y a iniciar un proceso público e integral para acabar con tanta corrupción institucional y empresarial?

¿Cuándo va a ser una prioridad la creación de viviendas sociales y el control de los precios en el sector urbanístico?

Antonio Marín Segovia

http://www.quediario.com/blogs/13746/



 
 
El ‘ladrillo’ une lo que la política separa
El Confidencial - 15 de diciembre de 2006
 
 
PSOE, PP, CiU y PA comparten intereses en un macroproyecto de Ronda

Un macroproyecto urbanístico en Ronda (Málaga), de nombre Los Merinos, ha tenido la virtud de unir lo que separa la política. A saber: los intereses de miembros de partidos tan diferentes como PSOE, PP, CiU y Partido Andalucista, tal y como detalla profusamente la revista malagueña El Observador. Miembros de todas de estas formaciones tienen intereses en el citado negocio inmobiliario.

El aglutinante de tantas voluntades es un gran proyecto que incluye dos campos de golf y uno tercero de prácticas, tres hoteles de cinco estrellas, 800 villas de lujo, club hípico, colegio de alto nivel, residencia para la tercera edad, polideportivo y la venta de 442 parcelas con una media de 7.500 metros cuadrados de extensión cada una, cuyo precio oscila entre los 90 y los 130 euros el metro.

Sin embargo, el que ha sido calificado como el mayor complejo urbanístico de la Serranía de Ronda ha puesto en pie de guerra a colectivos de toda la comarca, que denuncian que el proyecto carece de permiso de aguas de Cuenca Mediterránea, que tiene informes contrarios de la misma Junta de Andalucía, con un recurso pendiente en el TSJA, y que pone en serio peligro las reservas acuíferas de la zona.

Promociones Club de Campo & Golf de Ronda es la promotora de Los Merinos. En la presidencia –con un sueldo de 5.000 euros mensuales, según El Observador-, figuraba Luis Solana Madariaga, hermano de Mister PESC (Javier Solana) y ex diputado socialista, ex presidente de Telefónica y ex director general de RTVE, entre otros cargos.

Luis Solana dimitió el pasado mes de noviembre para “evitar mezclar política y negocios urbanísticos”. No es el único socialista vinculado al proyecto: Juan Fraile, candidato a la alcaldía por el PSOE, fue el responsable –era el alcalde de esta localidad en 1991- del PGOU que reclasificó como suelo urbanizable los terrenos antes considerados zona verde. Como arquitecto del proyecto figura el nombre del ex miembro de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner.

Otro político, un histórico de CiU en Amposta (Tarragona), Joan María Roig i Grau, es también consejero de la promotora. Se embarca en esta empresa junto al empresario cercano a la familia Pujol-Ferrusola, Josep Cornadó Mateu, presidente y accionista único de Construcciones Materiales y Pavimentos Inmobiliaria, S.A. Paralelamente, el concejal del PP en Navaluenga, Ávila, Juan Francisco Rueda Orgaz, es consejero y ha actuado como representante y jefe de prensa de ‘Promociones Club de Campo & Golf de Ronda’.

“Un marrón de 1991”

El actual alcalde de Ronda, Antonio María Marín Lara, es secretario provincial del Partido Andalucista en Málaga. Afirma que no le gusta el proyecto pero que lo firma porque no le queda más remedio, que se ciñe a los informes de sus técnicos y “que se está comiendo un marrón de 1991”, siempre según informaciones de El Observador.

Los opositores al polémico macroproyecto urbanístico de Los Merinos en Ronda (Málaga) denuncian el doble rasero de la Junta de Andalucía en la promoción. El próximo viernes, diferentes colectivos de la comarca se concentrarán frente a la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga con el propósito de denunciar una “campaña de acoso y extorsión” de la que son objeto y pedir a la Junta una posición clara sobre un complejo que ha sido calificado por el propio Manuel Chaves de “insostenible”.

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Tráfico urbanístico versus tráfico de drogas
Cartas a la Plataforma (Ángel Monge) - 18 de diciembre de 2006
 
 
La droga, dice el eslogan, mata poco a poco a quien la consume, el tráfico urbanístico contamina y envilece a todo un país. La droga enriquece a los traficantes; el tráfico urbanístico de consumo necesario para la ciudadanía arruina a una sociedad y mueve más dinero en nuestro país que el conjunto de tráfico de drogas que atraviesa la península. Sin embargo, se nos pretende también convencer de que el tráfico urbanístico es residual y no deja de ser más que algún que otro devaneo de gente sin escrúpulos.

El que este país sea en el contexto europeo el que más energías gasta en el ladrillo, se dice que más que Italia, Francia y Alemania juntos, no es por casualidad ni porque no sea posible dedicar los esfuerzos económicos a otras actividades mercantiles. La razón fundamental radica en las escandalosas plusvalías que generan las recalificaciones urbanísticas, sin parangón en el entorno europeo. Plusvalías especulativas que tienen unos pocos beneficiarios y millones de perjudicados.

El urbanismo especulativo dinamita las teorías clásicas de la economía productiva. Es posible obtener grandes beneficios económicos sin generar ni un solo coste de producción. El valor del suelo no dependerá de la suma de los costes de transformación de uso sino únicamente de si ese suelo tiene vocación de ser urbano. A partir de ahí el valor agrícola desaparece y el único parámetro a considerar será el número de viviendas por hectárea que potencialmente puedan construirse. En ese preciso instante se produce el negocio especulativo urbano, en ese momento su valor se multiplica por cien. No van a ser los consumidores finales, ni siquiera las constructoras que trabajan con márgenes de beneficio industrial razonable, quienes se van a beneficiar de las políticas de expansión urbana sino, exclusivamente, los detentadores de ese espacio privilegiado. A partir de este momento se desata una carrera imparable para el reparto de la tarta especulativa.

La decisión de si un suelo es o no urbano corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos. De ahí la enorme responsabilidad que se deriva de la tarea de gobernar. La pregunta que cabe hacerse a continuación es si los Ayuntamientos están cumpliendo con el mandato constitucional según el cual la comunidad debe participar de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47.2 C.E.). La escasez de viviendas sociales, así como los precios desorbitados de las viviendas libres que hipotecan a generaciones enteras contestan sin discusión el interrogante: nuestros Ayuntamientos no han sabido o no han querido defender los intereses de la comunidad. Los cientos de miles de millones de euros que adeudamos año tras año en hipotecas inmobiliarias han provocado que este país ya no pertenezca al conjunto de la ciudadanía sino que sea propiedad del capital financiero que no entiende de fronteras. Propietarios de suelos con vocación urbana y entidades financieras son los grandes beneficiarios de las políticas urbanísticas al uso.

En este laberinto especulativo, los caminos están perfectamente trazados y cada viajero lleva su propia maleta, los consumidores vacías, otros, excesivamente llenas y, en muchos casos, compartidas entre quienes deciden el futuro urbanístico de las ciudades y los que se apresuran a comprar los nuevos territorios urbanos. Estos terratenientes urbanos impondrán el precio final de las viviendas, arruinando las economías familiares.

Ante esta situación, el único pacto político realmente efectivo sería determinar que todo el suelo con vocación urbana fuese suelo público. La legislación actual lo permite y lo aconseja como instrumento de intervención del mercado de suelo, mediante la figura de reservas de terrenos. Esta modalidad de intervención, no aplicada de manera efectiva en ningún Plan General de Ordenación Urbanística, abre la posibilidad a los Ayuntamientos para que adquieran suelo con vocación urbana a precio de valor rústico. Una vez obtenido, éste suelo pasaría a ser propiedad municipal utilizándose para la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, incluso se permite la construcción de viviendas no protegidas. Con esta determinación pública se acabaría de manera fulminante con prácticamente todos los procesos especulativos de recalificación urbanística. Este suelo público puede repercutirse en el destinatario de la vivienda, en cuyo caso no superará el quince por ciento del valor final de aquella, frente a la repercusión actual de mas del cien por cien cuando el suelo es de propiedad privada. También es posible determinar que el suelo adquirido siga siendo propiedad municipal y se otorgue a los compradores de las viviendas el derecho de superficie, de tal manera que el municipio mantendría un patrimonio público de suelo, garantizando su uso no especulativo para las generaciones futuras. El suelo, como el aire o el agua, es un bien escaso y esencial, la vivienda un bien de primera necesidad, y no una mercancía con la que se pueda traficar. Los conceptos de propiedad privada han de ser modulados de acuerdo con la realidad social de cada momento histórico.

Sin embargo, las críticas al tráfico urbanístico afloran únicamente cuando los Juzgados Penales intervienen y aparece algún cargo público implicado en el cobro de comisiones ilegales. Ni siquiera, en estos casos de mordida, las soluciones penales resuelven el problema de fondo. Delinquir en el ámbito urbanístico es rentable, las normas penales que sancionan este tipo de conductas son excesivamente benévolas, en el peor de los casos, apenas unos años de cárcel, en otros, como por ejemplo, en el delito de prevaricación no se contempla ni siquiera la privación de libertad, pero en todos, el delincuente salvará gran parte del patrimonio conseguido. Los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, trafico de influencias o cualquier otro aplicable, no son suficientemente ejemplarizantes porque no atacan el bien mas preciado del infractor: su patrimonio. Por tanto, el delincuente urbanístico lo intentará una y otra vez, sabedor de que en el hipotético caso de ser sorprendido y condenado por alguna acción, su patrimonio acumulado será prácticamente intocable. Es necesario el endurecimiento de las penas privativas de libertad y al igual que se contempla en los delitos de tráfico de drogas, denominados -delitos contra la salud pública- se decomise todos los bienes del infractor porque la lucha contra el tráfico urbanístico también es una cuestión de salud y de higiene pública.

Angel Monge Pérez es Abogado

 
 
La mentira de las viviendas sociales
Cartas a la Plataforma (Haydesantamaria) - 18 de diciembre de 2006
 
 
Cuando se empezó a hablar de Marbella, nos decían que este era un caso excepcional y aislado. La realidad no ha tardado mucho en demostrarnos que de excepcional nada de nada. Ladrillo y políticase han ido entrelazando como si una misma cosa fuese. Quien controla el urbanismo tiene el control del poder. El tema de la vivienda no prima el derecho que los ciudadanos tenemos a vivir bajo techo, sinoel derecho de la propiedad privada y libre empresa. El suelo, como la viviendason una mercancía más y por lo tanto el mercado marca su precio.

Esto es lo que nos dicen. Profundizando un poco enseguida vemos como la acción políticade unos políticos es la que puede hacer ricosa los que el "Libre Mercado" no les daría un duro.

Y ESTA VERDAD LA SABEN LOS POLÍTICOS , LOS PROMOTORES Y LOS CONSTRUCTORES.

Cuando hablan de corrupción, no es ni más ni menos el reparto de la riqueza que genera una decisión política. La recalificación de terrenos, el qué tipo de construcción se permite construir, cuantas alturas, por ejemplo. Por donde meter una carretera, en fin, una serie de decisiones que van a determinar que unas personaspuedan multiplicar el valor de sus propiedades.

En una sociedad democrática, lo lógico seria que una decisión política que alterase el valor de una cosa, tal plusvalía fuese a parar para el bien colectivo de la sociedad y no para un particular.

Porque aquí está la madre del cordero de la corrupción, o de una parte de la corrupción.

Otra parte de la corrupción está en la asignación de parcelas para construir viviendas de protección oficial, es decir, el repartode terrenosa las llamadas gestoras de cooperativas. También nos intentan engañar con los criterios técnicos, pero a poco que te quieras informar, ves como se lo reparten entre las gestoras afines a las diferentes tendencias políticas.

Pero la corrupción sigue cabalgando y en la siguiente fase, después de unos espectaculares sorteos con notario incluido, podemos ver como personas que ya tienen una vivienda, pueden acceder a otra de protección oficial, yver como esos pisos se alquilan o venden a los pocos años por el doble de lo que les costó.

La corrupción atraviesa toda la sociedad, la complicidades la que ha permitido llegar a donde hemos llegado. Los Giles, los Poceros, no son algo casual, son el productode una sociedad enferma en la que la mayoríase mueve esperando su oportunidad.

Porque esta Democracia, que algunos llaman joven, ha heredado lo peor de los 40 años del Franquismo, el caciquismo, el clientelismo, los favores, etc...

Con la democracia municipal , estos nuevos emprendedores, pronto se dieron cuenta que habían encontrado una mina. Porque la corrupciónno solo esta en el ladrillo. Inventaronlas empresas auxiliares o de servicios, privatizando casi todos los servicios del ayuntamiento. ¿A que empresas dan los contratos?Siguiendo los mismos criterios con los que daban los solares para construir, a sus amíguetes.

La política de personalen algunos casoses de verdadero escándalo, familias enteras, cargos directivos sin ninguna formación, por el solo merito de ser de su partido, o pagando favores inconfesables.

No hay administración que pueda soportar este ritmo de saqueo.

Denunciar esto, nosdebe servir para reflexionar,no solode cómo salir de aquí, sino también y creo que es lo más importante, para tomar conciencia de que los derechosnadie nos los va a dar y que solo con nuestra lucha y organización los defenderemos.

Es inmoral que un derecho dependa de un sorteo. El Estado tiene la obligación de cubrir un derecho.

Alguien puede imaginarse un sorteo en la puerta de un hospitalpara ver a quien le tocaser atendido o no.

La vivienda tiene que ser lo mismo, el Estado tiene que garantizar un mínimo de vivienda para cada ciudadano. En el franquismose hicieron miles y miles de viviendas de 40 a 45 metros cuadrados, fueron los años del gran éxodo del campo a la ciudad.

¿Porque hoy,no se pueden hacer ese mismo tipo de viviendas, o hasta los apartamentos de la ministra, sin ningún intermediario?

Centralizar todos los recursos en ese tipo de viviendas, para los realmente necesitados y los jóvenes. Sin gestoras, sin cooperativas ni promotores.

Estas viviendas no se podrían venderen ningún mercado, si a los x años el ciudadano ha prosperado económicamente y decide cambiar a mejor, el dinero que haya pagado mensualmente, el estado se lo devolvería. Y otra persona ocuparía esa vivienda.

Viviendas pequeñas si, pero con servicios colectivos en la planta baja, como en Suecia. Lavadoras colectivas, y otros espacios comunes.

El drama no solo esta en la corrupción, sinoen el secuestro de una sociedad, ¿que sociedad reivindicativa y libre puedeexistir, si cada mestienes que pagar una hipotecade más de 700 euros, por poner un ejemplo.

El crimen de estos ladroneses que nos están matando la libertad y la vida. Y nos están construyendo una sociedad de miedo y de pasividad.

Sus beneficios son nuestra esclavitud. Nuestro silencio es nuestra complicidad.

Estas líneas no pretenden ser otra cosa que unas notas para la reflexión y el debate que tenemos que abrir en nuestro pueblo entre el conjunto de las fuerzas sociales.

Manuel Espinar. Getafe- 24 noviembre 2006

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Ya somos tercermundistas
Diario de Córdoba - 06 de diciembre de 2006
 
Hace tiempo que los españoles se esfuerzan por dejar el segundo puesto. Su integración en la Comunidad Económica Europea no tenía más objetivo que desmarcarse de los países que iban en el vagón de cola del desarrollo y la modernización en el ámbito europeo. España no quería figurar junto con Portugal y Grecia, y aspiraba más bien a integrarse al lado de Francia, Alemania o Inglaterra.

Nadie duda del espectacular crecimiento económico que España ha experimentado en la última década. Cualquiera que viaje por la España de interior verá sin duda la mejora en infraestructuras, servicios, etc. Eso por no hablar del crecimiento en el ámbito de la especialización diversa, señal de una economía dinámica y viva: tenemos biólogos marinos, oceanógrafos, especialistas en biodiversidad, biogenética, trabajadores sociales, logopedas, animadores culturales, actores, etc. O sea, que España puede permitirse tener especializaciones de todo tipo, y trabajos que tienen que ver con el consumo de ocio y la diversión.

Pero hete aquí que, cuando más contentos estábamos de nuestro desarrollo económico, ya a punto de regir los destinos de Europa, llega un comisionado de la ONU para decirnos que, en tema de vivienda, somos un país tercermundista, o sea, que nuestro mercado inmobiliario se parece más bien a una verdadera "merienda de negros", como diría Evelyn Waugh .

Un 25% de la población no puede acceder a una vivienda digna. La gente ha hipotecado incluso a los hijos que no tiene. La especulación en el mundo inmobiliario se ha disparado hasta cuotas inimaginables, por no decir la corrupción inmobiliaria que, visto lo que ocurre en casi todos los ayuntamientos de la Península, no le sigue de lejos, ni es un "tema costero". O sea, que este país crece, en cuanto al ladrillo se refiere, al ritmo de la China, lo cual está permitiendo a muchos hacerse de oro sin tener que ingeniárselas mucho, ni crear ninguna riqueza adicional.

Evidentemente no hablamos de todos los miembros del gremio de la construcción. Las culpas nunca son gremiales sino individuales. Sabemos que hay arquitectos, constructores e inversores que intentan mejorar las condiciones de vivienda, sus prestaciones, el entorno urbanístico, el respeto por el medio ambiente. La vivienda es un bien básico. Aquel que configura el hogar, la casa, que, como decían Heidegger y Lévinas , es el espacio de la humanización, de la protección y del cuidado de los seres. No hay mayor signo de miseria moral y espiritual que hacer del hogar y de la casa humanos el centro de la especulación y la corrupción.

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La vivienda: un cambio social
LaVozDigital.es - 10 de diciembre de 2006
 
 
Las políticas de viviendas han generado un gran cambio social en nuestro país y no precisamente por las viviendas sociales, sino porque se han fomentado unas políticas de liberación del suelo y el alquiler, por lo que estos han llevado a un endeudamiento de las clases más humildes.

Estos cambios han afectado a las familias tradicionales, padres, madres, hijos, y abuelos y también en cierta forma a los comportamientos sociales de muchos trabajadores cuya afiliación a la BBVA superan a los de CC OO y UGT. Y no digamos las ciudades, como se han transformado, creando pequeños barrios y elegantes urbanizaciones privadas ¿Y el entorno paisajístico natural?, aquí las grandes mansiones con sus campos de golf florecen entre las llanuras y montañas como acrópolis.

Hoy vivimos en una sociedad ricamente dividida, unos lo son y otros sólo lo aparentamos, unos en pesetas y otros en euros. Las políticas de las viviendas están marcando un antes y un después en las diferencias sociales y económicas de los trabajadores debido al alza de los precios y, paralelamente, del alquilerlo que ha llevado a que un piso en 9 años se haya triplicado su precio y esto, en las economías mermadas por las políticas laborales económicas y sociales. Todo ello ha llevado a los trabajadores a un mayor endeudamiento a largo plazo.

Las políticas ilusorias de viviendas sociales sólo han contribuido a fomentar este tipo de endeudamiento debido a que nunca llegan y cuando lo hacen, lo hacen a cuentagotas.

En fin, no me extraña que los jóvenes se sientan reacios y se lo piensen dos veces a la hora de casarse y tener hijos, estos ya no son una alegría, más bien un problema.

Hoy el formar una familia sale muy caro -laboralmente, económicamente, socialmente- pero a pesar de todo dicen que el ladrillo genera mucha riqueza; aunque también mucha corrupción y, por supuesto, un desmesurado endeudamiento.

Manuel Jesús Redruello. San Fernando

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Concurso “Un Logotipo para la Campaña Desalojos Cero”
Cartas a la Plataforma (IAI) - 04 de diciembre de 2006
 
 
Pautas del concurso

El Logotipo será juzgado por sus cualidades estéticas así como por su capacidad de expresar el objetivo de la campaña y de nuestra organización de manera sencilla, original y efectiva. En sí, el Logotipo debe representar los principales aspectos de la “AIH - Campaña Desalojos Cero” y transmitir tanto las actividades como la filosofía de nuestra organización:

- La Alianza Internacional de Habitantes es una red mundial de asociaciones y movimientos sociales de habitantes. Su finalidad es la construcción de otro mundo posible, comenzando por conseguir el derecho a una vivienda y una ciudad dignas. >>> El Logotipo debe transmitir la idea de una red solidaria que lucha por el derecho a una vivienda y una ciudad dignas.

- La Alianza Internacional de Habitantes lanzó la Campaña Desalojos Cero para movilizar la solidaridad internacional, comenzando por los habitantes directamente afectados, a fin de que recuperaran la esperanza de obtener una vivienda digna y segura. >>>El Logotipo debe transmitir la idea de movilizarse para garantizar la seguridad de la tenencia.

- La organización está presente en todo el mundo. >>> El Logotipo debe expresar esta dimensión mundial.

- La organización es una federación de organizaciones provenientes de todo el mundo. >>>El Logotipo debe emplear un diseño gráfico multicultural que sea comprensible en cualquier país de la Tierra.

- La organización tiene competencias tanto en los ambientes urbanos, modernos, rurales y tradicionales como en los llamados ambientes "subdesarrollados". >>>El Logotipo debe ser comprensible en cualquiera de los ambientes mencionados.

- La organización colabora con diferentes actores: asociaciones de habitantes, autoridades locales, organizaciones no gubernamentales (ONG), etc. >>> El Logotipo debe ser comprensible para un público verdaderamente amplio, incluso para aquéllos que no conocen la organización.

Si desea más información sobre la “AIH - Campaña Desalojos Cero”, entre aquí.

Diseño gráfico • El Logotipo debe ser claro. • El Logotipo debe estar compuesto por dos elementos diferenciados: • Un símbolo. • Un texto separado donde figure el nombre de la campaña y de la organización.

El símbolo - El símbolo debe combinar la forma y el color a fin de expresar dichas ideas. - Debe ser simple y fácil de entender. - Debe ser impactante y fácil de memorizar. - Debe ser original y fácil de reconocer. - El Logotipo debe transmitir el espíritu de la campaña independientemente de su tamaño, de si está realizado en color, en blanco y negro o en negativo (blanco sobre fondo negro).

El texto - El texto debe incluir el nombre completo de la organización: “Alianza Internacional de Habitantes – Campaña Desalojos Cero”. - El símbolo no debe incluir ningún texto. - El texto debe colocarse junto al símbolo. - El tipo de fuente, el tamaño, el color y la posición del texto es parte de la tarea del diseñador gráfico.

Entrega de propuestas Los participantes pueden enviar hasta un máximo de 3 imágenes. Cada entrega debe consistir en una imagen y una maquetación.

Maquetación Un archivo PDF, tamaño A4, que muestre como mínimo: - El Logotipo original: tamaño pequeño (2cm de alto) y grande (5cm de alto). - Las cuatro versiones diferentes (ver detalle más adelante). La maquetación.es libre y puede incluir imágenes conceptuales y/o un texto explicativo de 300 palabras como máximo. El texto puede estar escrito tanto en inglés como en francés o en español.

La imagen Un Archivo JPG, alto 5 cm, resolución 300dpi. - Logotipo en color sobre fondo blanco. - Logotipo en blanco y negro sobre fondo blanco. - Logotipo en color en negativo sobre fondo negro. - Logotipo en blanco y negro en negativo sobre fondo negro.

Bases del concurso La inscripción es gratuita.

El material debe enviarse por correo electrónico, en el que debe figurar además el nombre del diseñador y su dirección postal. Todas las propuestas admitidas serán publicadas en nuestra página web.

El ganador o la ganadora recibirá una notificación del coordinador de la AIH por correo electrónico, tras lo cual deberá enviar el archivo original, preferiblemente en formato EPS. Los diseños deben ser originales e inéditos. Todas las obras concursantes serán propiedad de la "Alianza Internacional de Habitantes".

Responsabilidades El organizador declina toda responsabilidad por daños o pérdidas de los archivos enviados por Internet y por los daños o cualquier otro acto que puedan afectar a los participantes del concurso. Los participantes deben tener los derechos exclusivos de cada trabajo presentado. El organizador declina toda responsabilidad de las reclamaciones efectuadas por terceros, relacionadas con la violación del derecho de propiedad intelectual o con daños a las obras presentadas. Cada participante asumirá las responsabilidades relacionadas con la presentación de su trabajo, que enviará bajo su propio riesgo y responsabilidad.

Derechos de los participantes Los participantes poseen los derechos de propiedad intelectual.

Derechos del organizador El organizador se reserva el derecho permanente y exclusivo de publicar, reproducir, mostrar, distribuir y exponer en pantalla los diseños recibidos, con el instrumento o soporte que decida o disponga. Asimismo, el organizador se reserva el derecho de usar los diseños en la forma que decida, sin el consentimiento escrito del participante y sin compensación económica de ningún tipo.

Privacidad de los datos personales El organizador está obligado a proteger la privacidad de los participantes, impidiendo el uso inadecuado o la falsificación de sus datos personales. En caso de necesidad, el organizador puede mostrar los datos personales de los participantes a terceras partes involucradas en el desarrollo del concurso.

Jueces / Comité Las propuestas serán examinadas por el Comité de Coordinación de la Alianza Internacional de Habitantes. Los miembros del Comité de Coordinación no responderán solicitudes de información o comentarios relacionados con su trabajo. Las decisiones del Comité de Coordinación serán definitivas e indiscutibles.

Logotipo ganador AIH es una organización voluntaria; por lo tanto, no habrá premios en metálico. Nosotros consideramos la actividad voluntaria de gente talentosa como una contribución pequeña pero importante a la batalla por la solidaridad y el derecho universal a una vivienda. Para destacar esta contribución, todos los trabajos propuestos se exhibirán en una página especial de www.habitants.org, un sitio web que genera mas de 150.000 contactos al mes. El Logotipo ganador será presentado oficialmente, junto con la mención del autor, durante el Foro Social Mundial 2007 que se va a realizar en Nairobi entre el 20 y el 25 de enero de 2007.

Plazos Admisión: Desde el 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2006. Envíe libremente su propuesta por correo electrónico a info@habitants.org!

Cláusulas finales En el momento de la inscripción, se presupone que todos los participantes han leído y comprendido este acuerdo y que aceptan todas sus bases y condiciones. En caso de controversia entre algún participante y el organizador, el caso se resolverá en el juzgado competente de la ciudad de Padua, Italia.

¡¡Gracias a todos en solidaridad!!

 
 
Economía y laboral
 
SEXTA SUBIDA DE TIPOS
El País - 12 de diciembre de 2006
 
 
Con la de ayer ya son seis las subidas en los tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) ha realizado en un año hasta situar el principal tipo de referencia en el 3,5%. La finalidad es controlar la inflación de la eurozona: procurar que la tasa de crecimiento de los precios al consumo no exceda de ese límite que el propio BCE se impuso del 2%. Ésa es la misión fundamental que tiene asignada esa institución; de la habilidad con que se persiga dependerá que la misma sea compatible con la recuperación del crecimiento económico y del empleo en los 12 países bajo su jurisdicción. Anticipar esa posibilidad tenía una mayor significación que en reuniones anteriores, de ahí el interés en la comparecencia del presidente Jean-Claude Trichet.

De la misma no cabe deducir sino la comodidad del BCE con el escenario que anticipan los analistas: gradual recuperación en el crecimiento de la eurozona en los dos próximos años, sin elevaciones inflacionistas importantes. Ello no impide prever una elevación adicional de los tipos equivalente a la inflación, dado el reconocimiento por el propio presidente de que los actuales son todavía bajos. La prudente negativa de Trichet a comentar el impacto de la reciente apreciación del tipo de cambio del euro no significa que no tenga consecuencias sobre esa recuperación prevista. Si el euro sigue encareciéndose frente a las principales monedas (y la presunción de elevaciones adicionales de los tipos por el BCE apoya esa apreciación) dificultará el crecimiento de las exportaciones y, en definitiva, ejercerá un efecto de contracción sobre algunas economías similar al de la subida en los tipos de interés. Ese impacto puede ser particularmente severo en las economías más dependientes de las exportaciones, como Alemania, responsable del 30% del PIB de la zona.

La prudencia sigue siendo por tanto la principal virtud de la que debe hacer gala el BCE a partir de ahora. Sobre la eurozona no pesan amenazas inflacionistas inquietantes: el índice general y la denominada inflación subyacente siguen por debajo del 2%, y no serán cuantiosos los repuntes en los próximos meses. Las tres mayores economías, en las que la recuperación no está consolidada (Alemania, Italia y Francia), enfrentan en el próximo ejercicio ajustes presupuestarios: el equilibrio macroeconómico no está en peligro.

Encarecimiento del dinero, apreciación del tipo de cambio, reducción del gasto público y aumento de los impuestos no son las mejores terapias para sortear con tranquilidad los riesgos de abortar un despegue económico, que tiene en la desaceleración estadounidense una amenaza adicional nada desdeñable. Convendrá, por tanto, que el BCE no olvide que su trabajo principal, neutralizar las tensiones inflacionistas, puede y debe llevarse a cabo sin hipotecar el crecimiento y, en definitiva, el bienestar ciudadano.

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EL EXCESO DE OFERTA OBLIGA A REBAJAR 30.000e PISOS USADOS
Expansión.com - 14 de diciembre de 2006
 
 
El ajuste del sector inmobiliario demora la comercialización de inmuebles de segunda mano. Las agencias tienen problemas para cerrar operaciones en los primeros meses de exposición, lo que obliga a reducir el precio final.

Tras varios años en los que el proceso de venta de un piso era algo relativamente sencillo y rápido de realizar, el ajuste que está viviendo el sector inmobiliario en España –con una sobreoferta de viviendas y una demanda que se contiene como consecuencia del alto endeudamiento y de las subidas de tipos de interés– está dilatando los plazos de venta y reduciendo las pretensiones económicas de los propietarios que desean poner un piso en el mercado.

Y es que al aumento de los plazos de comercialización de los inmuebles –el tiempo desde que una vivienda de segunda mano sale al mercado hasta que es adquirida llega en algunos casos a los tres años, frente a los seis meses que costaba a comienzos de 2005–, se suma el de la rebaja de las pretensiones iniciales de los propietarios, que reducen el precio de salida entre 18.000 y 30.000 euros para poder cerrar la operación. Este importe lo fija el propietario en función de los inmuebles similares que están cercanos al suyo, índice que sirve a consultoras y al Gobierno para determinar la evolución de los precios.

Así lo confirman los datos de la sociedad de tasación Tecnocasa y de las agencias inmobiliarias consultadas por este periódico. Incluso fuentes del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria coinciden en este análisis, aunque descartan hablar de crisis en el sector, al considerar que sólo se está produciendo un reajuste del mercado.

Hasta ahora, el factor precio era el determinante para adquirir un inmueble, junto con la superficie del mismo y su ubicación geográfica. En un momento en el que la demanda supera a la oferta es sencillo vender, incluso productos de dudosa calidad, sobre todo en un bien cuyo uso es indispensable, como la vivienda. Ahora, el ciclo ha cambiado, con una oferta que ha aumentado de forma desproporcionada y se enfrenta a un ciclo económico adverso para el negocio de la primera residencia, según los expertos de la consultora RR de Acuña y Ass.

Efecto negativo

La proporción de variación del precio de venta respecto al de salida disminuye a medida que aumentan los días transcurridos hasta que se cierra el trato. Así, los pisos que tardan más en comercializarse ven cómo su importe final se rebaja respecto a las expectativas iniciales para agilizar la venta.

Según Tecnocasa, durante los dos primeros meses se produce una reducción del precio que posteriormente puede ampliarse si el inmueble no se ha vendido 120 días después de haberse puesto en el mercado. Además, la antigüedad de la vivienda tiene un efecto negativo adicional sobre el tiempo requerido para venderla, es decir, que los inmuebles más viejos tardan más en comercializarse, a igualdad de condiciones, que los nuevos.

Otra variable que influye en el proceso es la superficie del inmueble. Los pisos que presentan una mayor dificultad para venderse son los más grandes porque, además, suelen ser los más caros. En concreto, la superficie media en España de una casa que se venda en un máximo de 30 días es de 69 metros cuadrados, mientras que, si dicha superficie crece hasta más de 74 metros, el piso tarda en venderse más de 120 días.

Los expertos consultados explican que la principal causa de esta rebaja de precios es que buena parte de la demanda está ya satisfecha, mientras el resto se está quedando fuera del mercado debido al espectacular encarecimiento de la vivienda en los últimos años. La política alcista de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2006 y los bajos salarios son otras dos variables que influyen en el proceso.

La impermeabilidad del mercado propicia que los anuncios clasificados salten de las páginas de los periódicos a Internet. Incluso se vuelven a emplear escenarios tan imaginativos como los parabrisas de los coches, los semáforos o las ya tradicionales farolas.

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LAS CAJAS ALERTAN DEL RIESGO DE UN AJUSTE BRUSCO EN COSTE
El País - 14 de diciembre de 2006
 
Las advertencias del Banco de España parecen no haber caído en saco roto. Al menos, para las cajas de ahorros, que suponen la mitad del sistema financiero. Contra todo pronóstico, Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), realizó ayer una clara advertencia al sector -que agrupa el 56% de las hipotecas- al explicar que la oferta de pisos es muy superior a la demanda, por lo que podría haber un fuerte ajuste de precios.

Según sus cálculos, este año se construirán unas 900.000 viviendas, una cifra muy superior a la demanda. Ante esta asimetría, Quintás auguró que "podría llegar un cambio brusco del mercado inmobiliario con las consiguientes repercusiones sobre el empleo y el ritmo de crecimiento español y, muy particularmente, sobre las empresas inmobiliarias". Es la primera vez que, desde un foro de entidades privadas, se advierte de una caída brusca de los precios de la vivienda.

Según explicó Quintás durante la XCIV Asamblea General, (a la que no se permitió el acceso a los medios y tampoco hubo rueda de prensa posterior), "desde la perspectiva de la demanda, los signos de desaceleración son evidentes: las transacciones de vivienda se moderaron en el primer semestre y se han alargado los periodos de venta de las promociones". Esta tendencia se refleja en los precios "que prosiguen la desaceleración iniciada en 2004, con tasas de variación inferiores al 10% en el tercer trimestre de 2006, por primera vez desde 2001". Por el contrario, la oferta "registra una aceleración que sigue batiendo récords".

Por otro lado, la CECA nombró a José María Méndez director general adjunto para el área asociativa y de la secretaría general.

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El BCE advierte de endeudamiento de hogares sin precedentes
BolsaCinco.com - 12 de diciembre de 2006
 
 
El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido de que el endeudamiento de los hogares de la zona euro ha llegado a "alturas sin precedentes", especialmente en países donde la deuda se financia con tipos de interés variables. En la presentación del informe sobre estabilidad financiera de diciembre de 2006, el vicepresidente del BCE, Lucas Papademos, hizo hincapié en la preocupación por "la vulnerabilidad en países donde los ratios de deuda se sitúan por encima de la media de la zona euro".

El informe señala que "desde el punto de vista de la estabilidad financiera, los incrementos ulteriores en el endeudamiento de los hogares desde finales de junio junto con el aumento de los tipos de interés a corto plazo ha incrementado la vulnerabilidad de este sector a alteraciones adversas".

El BCE habla en sus informes de la situación general del área y no cita a países concretos, si bien España es uno de los países donde los precios de la vivienda y el endeudamiento de las familias han subido vertiginosamente en los últimos años. El Banco de España ha advertido reiteradamente de que el nivel de endeudamiento de los hogares españoles se encuentra a niveles históricamente altos.

En el informe sobre estabilidad financiera de diciembre, el banco europeo observa que los precios de la vivienda del área euro han crecido en los últimos meses aunque a un ritmo más lento que antes. "La vulnerabilidad de los hogares será mayor en los países en los que los precios de la vivienda han subido por encima de su valor intrínseco, donde el endeudamiento es alto y donde las hipotecas se fijan a tipos variables", según el BCE.

Añade que "en caso de que se produzcan una alteración macroeconómica adversa, los bancos de esos países podrían estar expuestos al deterioro de la calidad del crédito". El BCE subió el pasado jueves el tipo de interés oficial de la zona euro en 25 puntos básicos hasta el 3,5%.

El banco europeo ha acometido seis aumentos moderados del precio del dinero, de un total de 150 puntos básicos, desde diciembre del pasado año, cuando ya advirtió en su informe de estabilidad financiera, tras la primera alza de los tipos, de que una inesperada subida de las tasas crearía dificultades para pagar las hipotecas en algunos países de la zona euro.

Hasta entonces, los tipos se habían mantenido en niveles históricamente bajos, en el 2%, durante casi dos años y medio en los países que comparten el euro. No obstante, en el conjunto de la zona euro, la proporción de créditos garantizados a tipos de interés variables es baja, según el BCE, por lo que una subida de los tipos a corto plazo afecta los límites de la devolución de la deuda muy gradualmente.

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Las deudas para la compra de vivienda crecen un 21,9%
El País - 11 de diciembre de 2006
 
 
Hasta septiembre. Los préstamos hipotecarios aumentaron 97.842 millones con respecto a septiembre del año pasado

Las deudas contraídas por las familias españolas en forma de hipotecas para la adquisición de viviendas ascendían a 545.392 millones de euros a cierre de septiembre, lo que representa un incremento del 21,9% con respecto al mismo mes de 2005, según datos del Banco de España. Este incremento porcentual, pese a ser elevado, no ha dejado de disminuir ni un solo mes desde diciembre de 2005, hace justo un año, coincidiendo con la subida del precio del dinero en la zona euro decidida por el Banco Central Europeo (BCE), la primera en cinco años, que colocó los tipos de interés en el 2,25%, un punto y cuarto menos que su nivel actual, fijado el jueves pasado.

Y este reciente encarecimiento del precio del dinero no tiene visos de ser el último, ya que, según dijo ese mismo día el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, los tipos de interés en la zona euro continúan en "niveles bajos" -están en el 3,50%-. Al cierre de septiembre, los préstamos hipotecarios que las familias residentes en España tenían concedidos con el fin de comprar una vivienda habían aumentado en 97.842 millones con respecto al mismo mes de 2005, cifra inferior al incremento interanual registrado en agosto, que a su vez era menor que el de julio, lo que indica una cierta desaceleración en estas deudas.

Mayor esfuerzo para adquirir una vivienda

Pese a estos descensos, el esfuerzo financiero que deben realizar las familias españolas para adquirir una vivienda es cada vez mayor, y a finales de septiembre ascendía ya al 42,1% de su renta bruta anual disponible, la tasa más alta desde marzo de 1996.

El precio de la vivienda, por su parte, seguía subiendo pero menos, hasta el punto de que a finales de octubre el precio medio de la vivienda había crecido el 9,7%, primera subida inferior a dos dígitos en cinco años, según datos ofrecidos por el Ministerio de la Vivienda.

El importe medio de las hipotecas destinadas a la compra de vivienda que se firmaron en septiembre superó por primera vez los 145.000 euros al situarse concretamente en 145.313 euros, el 11,7% más que las constituidas en el mismo mes de 2005, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las familias que formalizaron un préstamo hipotecario en el noveno mes del año para adquirir una vivienda tendrán que abonar 178,7 euros más de cuota mensual que las que lo constituyeron un año antes, cuando el importe medio de la hipoteca ascendía a 130.139 euros, según cálculos realizados por EFE para una hipoteca con un plazo de amortización de 25 años.

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Uno de cada dos parados tiene pocas probabilidades de salir
ElEconomista.es - 06 de diciembre de 2006
 
 
Casi 942.000 personas, el equivalente al 46,55% de los más de dos millones de desempleados que estaban registrados en el Inem a finales del pasado mes de noviembre, tenían pocas o muy pocas probabilidades estadísticas de encontrar un empleo, según el índice de ocupabilidad de los parados registrados que elabora el Ministerio de Trabajo.

Este índice refleja que el 15,71% de los desempleados inscritos en el Inem (317.836) tenían muy pocas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, mientras que para el 30,84% (623.940 parados) las probabilidades eran bajas.

Las posibilidades de salir del paro son menores para las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores de mayor edad, los que tienen menor nivel de estudios, los demandantes de más antigüedad, y los perceptores de prestaciones, especialmente los que cobran ayudas asistenciales, subsidios para mayores de 52 años y la Renta Activa de Inserción (RAI).

Cuanto más amplio es el ámbito territorial de búsqueda de empleo, más probabilidades hay de encontrar un puesto de trabajo. Así, el ámbito geográfico de búsqueda, y la antigüedad de la demanda son factores fundamentales para determinar la ocupabilidad de los desempleados.

El perfil de los parados con menos probabilidades de encontrar un puesto de trabajo coincide con aquellos demandantes que presentan una antigüedad de un año o más, que circunscriben su ámbito de búsqueda a su término municipal, que demandan menos de tres ocupaciones, y que pertenecen al colectivo específico de perceptores del subsidio de mayores de 52 años y de beneficiarios de la RAI.

Sólo el 17% son ocupables

Analizando la confluencia de estos factores sobre los desempleados registrados en noviembre, se obtiene que el 46,55% tenían un grado de ocupabilidad bajo o muy bajo, en tanto que el 35,8% (724.333 desempleados) presentaban un nivel de ocupabilidad medio, y sólo el 17,65% (357.055) tenían un grado de ocupabilidad alto.

Por sexos, el 45,8% de los 777.062 parados varones registrados en noviembre en las oficinas del Inem tenían pocas o muy pocas posibilidades de encontrar un empleo, porcentaje que repunta hasta el 47% en el caso de las mujeres, colectivo que concentra al 61,6% de los desempleados a nivel nacional.

Por edades, el grado de ocupabilidad es bajo o muy bajo entre el 65% de los desempleados mayores de 45 años, cifra que desciende hasta el 36,6% en la franja de 25 a 45 años y hasta el 34,9% en el caso de los menores de 25 años.

Si se estudian los datos por sectores, se obtiene que más de la mitad de los parados de la construcción tienen pocas o muy pocas probabilidades de abandonar el desempleo, situación que también se da entre el colectivo sin empleo anterior. En el resto de sectores, no se llega a la mitad, aunque los porcentajes de ocupabilidad baja o muy baja rondan el 44%.

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Periodo de recesión en la venta de viviendas
Levante - EMV (Comunidad valenciana) - 15 de noviembre de 2006
 
 
La caída de la demanda hace que de 800.000 casas construidas en 2005 se pase a 450.000 en 2008.

El presidente de la feria inmobiliaria del mediterráneo (Urbe Desarrollo), José Luis Miguel Belenguer, confirmó ayer la existencia de un «cambio de ciclo» que obliga a los promotores a buscar «nuevas fórmulas» en el desarrollo inmobiliario y para dar salida a los activos acumulados en los últimos años de «boom» expansionista.

José Luis Miguel, que ayer presentó la VI edición de Urbe Desarrollo junto al director de este evento, Guillermo Dasí, admitió sin dudarlo un «cambio de ciclo» provocado por una subida del tipo de interés y menos disponibilidad de recursos económicos.

Además el promotor urbanístico y presidente de la feria admitió que se ha producido una caída de la demanda en el extranjero, especialmente en el mercado británico- un 20%-, aunque la desvinculó del hecho de que el urbanismo forme parte del debate político y de supuestas campañas antivalencianas en el parlamento y la comisión europea. Según José Luis Miguel, cuando un británico lee un periodo de gran tirada en ese país «no sabe ni del PSOE ni del PP; lo único que conoce y le interesa es que un compatriota suyo ha tenido problemas en algún lugar de España o de la Comunitat Valenciana y entonces se piensa la inversión». No obstante si admitió la posibilidad de que se hayan desarrollado campañas ayudados por otros países competidores, aunque dijo no tener datos que lo confirmen.

Final del ciclo expansivo

Según explicó, la subida de los tipos de interés y una menor disponibilidad de recursos para destinarlos a vivienda va a generar que muchas empresas del sector se encuentren con problemas derivados de activos mal gestionados o de un «exceso de optimismo» a la hora de ofrecer vivienda o demandar financiación. Los datos que maneja el sector son contundentes. En 2004 la demanda de nueva vivienda se situó en torno a las 250.000 unidades mientras que en 2005 se disparó hasta las 800.000 para el conjunto de España. José Luis Miguel estima que en los próximo dos años la demanda irá cayendo progresivamente hasta niveles «estructurales» que situó en torno a 450.000 viviendas - «las que se necesitan cada año para que la gente pueda vivir en su casa, no como inversión»- de las que «setenta u ochenta mil» seguirán siendo para extranjeros no emigrantes. El presidente de Urbe negó errores de cálculo en los promotores o afán especulador. «De pronto toda la demanda generada por el boom de los 60, que había estado reprimida, estalló auspiciada por el aumento del empleo y el abaratamiento de las hipotecas, un fenómeno al que se sumó la llegada masiva de emigrantes con empleo y capacidad para acceder a un determinado segmento de vivienda y una menor rentabilidad en bolsa que derivó mucha inversión al sector». Como consecuencia del escenario actual, al incremento de precios ha pasado del 17 al 10% y la previsión es que acabe situándose en torno al IPC en unos años. Ante la crisis previsible, Urbe intenta ofrecer nuevas soluciones. Para el director del certamen no existe contradicción entre el descenso de las ventas y el auge de la feria. «Si tienes algo que ofertar y dificultades para venderlo lo llevas a donde lo puedes sacar al mercado y venderlo y eso es lo que vamos a hacer en esta edición de Urbe», sentenció.

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¿Quién dijo que el precio de la vivienda nunca baja?
El Confidencial - 28 de octubre de 2006
 
 
Memoria histórica de la buena es la que ha sacudido el tardío despertar de los norteamericanos la mañana del jueves 26 de octubre. Había que remontarse a 1970 para encontrar una caída de los precios de la vivienda nueva cercana al 10% año sobre año. Menos mal que el ladrillo nunca baja. El panorama de las casas usadas no es mucho mejor, aunque obviamente se beneficia de la capacidad de espera del vendedor particular frente al promotor. Precios menores un 2,2% año sobre año pero, amigo, con la oferta creciendo un 35% interanual y situándose en niveles no vistos desde 1991, ultimo año en el que, como en este 2006 que se consume, los precios cayeron durante dos meses consecutivos. ¿1991? Efectivamente: el año de la última recesión americana coincidiendo con la primera Guerra de Iraq, que no hay nada como una contienda para incrementar el gasto público y salvar económicamente al país. ¿Les suena? Casualidad de casualidades que la bolsa empezara a subir con el inicio de Iraq II, ¿no? Harina de otro costal.

Vivienda. Bien de primera necesidad sujeto a transacción económica. Cuatro factores determinantes: oferta, demanda, precio y financiación. Lección americana: oferta alta, precios elevados, tipos de interés al alza igual a elasticidad de demanda negativa. Conclusión, los precios caen. Cualquier parecido con nuestro país es real. También al otro lado del Atlántico han vivido un estallido de la bolsa que ha canalizado, gracias a los bajos tipos de interés, la liquidez al sector inmobiliario. Se ha establecido, similarmente, una cultura de pelotazo basado en el viejo principio del tendero, rotación por margen, que ha encarecido adicionalmente las viviendas al crearse una demanda artificial. Al igual que en España, la inmigración ha sido compradora neta de pisos. La oferta ha crecido exponencialmente en zonas de segunda residencia como California y Florida al calor del boom del sector. Sube que sube, sube al desván... al desván de la fantasía.

Cierto. En nuestro país los menores tipos de interés impuestos por el paraguas euro otorgan una ventaja al comprador español sobre el comprador americano. Sí, pero con dos matices: su renta per cápita es mayor y la flexibilidad financiera del sistema bancario local, muy superior, lo cual no deja de ser importante en un momento en el que la tasa de ahorro de los españoles se aproxima a niveles bajos y no muy alejados de los estadounidenses. Verdad también: el mercado del suelo en España ha estado condicionado por las necesidades de financiación de unas corporaciones locales –¿o habría que decir que de los miembros que las integran, a la luz de las últimas noticias?- que carecen de otras fuentes suficientes de obtención de ingresos. Precisamente, cuanto más regulado y opaco es un mercado, menor capacidad de reacción ante situaciones de dificultad y mayor probabilidad de colapso, especialmente si llegan desde Malasia operaciones judiciales.

De la fantasía a la realidad media sólo un despertar. España se despereza. El país de las 10.000, cifra mágica de viviendas de todos los planes de expansión urbanística, sean éstos en Mijas, Navalcarnero o cualquier otro lugar de España, está a punto de enfrentarse al espejo de la verdad. Miles y miles de casas en fase embrionaria esperando comprador. Precios disparados por el alto coste del suelo (y accesorios pertinentes anejos a él). Demanda dependiente del comprador circunstancial (nuevo modelo familiar, segunda residencia). Financiación al alza. Unos, los listos, contemplarán la nueva fase del ciclo desde la distancia y con muchos millones en el bolsillo, que es lo que toca. Desgraciadamente, otros muchos, enganchados como promotores, financiadores o compradores, cantarán con Sinatra las primeras estrofas de su My Way: “And now, the end is near and so I face the final curtain. My friends, I´ll say it clear, I´ll state my case of which I´m certain”. Y verán claro que, sí, es verdad, ya ocurrió en Estados Unidos, los pisos también caen… arrastrándoles a ellos. Buen fin de semana a todos.

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La burbuja se aproxima al clavo
ARGENPRESS.info (Opinión) - 21 de noviembre de 2006
 
Mientras la economía española sigue dando muestras de relativo vigor, se están advirtiendo densos nubarrones en su horizonte. La construcción ha sido el gran motor de la expansión, pero se está cargando de indicios alarmantes: los principales operadores aconsejan no invertir en España, todos los días se desata un nuevo escándalo de corrupción vinculado al manejo de la tierra pública o preservada, crece el endeudamiento familiar, la morosidad crediticia y el lavado de dinero.

La economía española continúa demostrando índices de crecimiento superiores al promedio de la Unión Europea. En efecto, la tasa interanual durante el tercer trimestre del año indicó que la expansión económica creció en el 3,8 por ciento del producto interior bruto y en un 0,9% con respecto al trimestre precedente.

Pero, numerosos empresarios comienzan a vislumbrar que el ciclo de apogeo inmobiliario está llegando a su fin. Así se expresaron en el transcurso del Simposio de Barcelona Meeting Point, celebrado en los primeros días de éste mes. Exponentes de ese sector consideraron que difícilmente se salga bien del boom de la vivienda por el sobreendeudamiento y aconsejaron evitar España en sus inversiones futuras.

Otro síntoma del agotamiento del sector se percibe en que los precios de los inmuebles se incrementan a un ritmo menor. En cinco años, los precios de la vivienda residencial se han duplicado, pero en los últimos meses se ha producido una brusca desaceleración. No obstante se mantienen algunas situaciones absurdas como que en el costo de vivienda la incidencia del valor de la tierra es de más del sesenta por ciento y que el departamento más barato de Madrid cuesta 96.162 euros, a pesar de medir tan sólo catorce metros cuadrados.

Esa ralentización de la evolución de los precios ha limitado las posibilidades de obtener rentabilidades interesantes para los fondos de inversión inmobiliaria y otros productos financieros que buscan rendimientos en las propiedades. Como consecuencia de ello, los empresarios acostumbrados a altos réditos comienzan a buscar otros horizontes para sus inversiones. Los primeros destinos se encuentran en París, Roma y Alemania, también observan con interés a los países del Este que están en proceso de incorporación a la Unión Europea.

Algo huele a podrido

Otro de los elementos que explican el auge de la economía española se encuentra en las cifras siderales de dinero negro que circula dentro de sus fronteras y que tiene estrechas vinculaciones con el mercado inmobiliario y con la corrupción institucional. Un indicio de ello es el volumen que representan los billetes de quinientos euros, ya que suponen el 61,58 por ciento del total del dinero circulante y un tercio de todos los billetes de ese valor existentes en la UE. Mientras la inmensa mayoría de los españoles no ha visto en su vida un papel moneda de esa cifra, existe un aumento constante de la demanda de billetes de 500 euros, que refleja el auge que la economía sumergida tiene en España y que se la ubica en el orden del 20 por ciento del PBI.

Hubo demasiados indicios de la presencia de mafias de diversos orígenes (italianas, rusas, árabes, etc.) que actuaban sin mayores impedimentos ante la vista gorda de las autoridades.

El volumen que fueron adquiriendo estas transacciones non sanctas provocó algunas reacciones desde el poder para contrarrestarlas. Durante los doce meses siguientes a junio de 2005 las autoridades policiales decomisaron bienes por cuatro mil millones de euros, cien veces más que lo incautado en 2000.

Casi simultáneamente comenzaron a destaparse los negociados existentes en torno al mercado inmobiliario. Desde que se explotó el escándalo en el Ayuntamiento de Marbella, en marzo pasado, prácticamente todos los días se suman nuevos indicios de que la red de corrupción que vincula políticos, constructores y propietarios de tierras está extendida a toda la geografía española sin excluir a partidos ni a poderes.

En tierra marbellí se gestó la más gigantesca maquinaria de corrupción, instituida por el polémico alcalde Jesús Gil. Desde 1991, el fallecido presidente del Atlético de Madrid dio riendas sueltas a la habilitación de tierras para urbanizaciones, a la lucrativa connivencia entre funcionarios, magistrados, constructores y escribanos, y todo tipo de operaciones de lavado de dinero. Se estima que de las cerca de sesenta mil viviendas construidas, al menos la mitad son ilegales.

Era tan desembozada y generalizada la corrupción que desbordó los contornos institucionales que la contenía e hizo saltar por los aires toda la escandalosa trama de negociados e inusitados enriquecimientos. Comenzaron a confirmarse las sospechas y decenas de personajes fueron involucrados en el proceso judicial, veintisiete ex ediles quedaron procesados y tres alcaldes encarcelados.

En estos meses, cada vez que el tema fue tratado en algún programa radial, al instante comenzaron a ponerse al rojo vivo los teléfonos con las denuncias de los oyentes sobre similares operaciones efectuadas por todos los rincones de España, desde pequeñas aldeas hasta grandes ciudades.

Todo el territorio español está cruzado de denuncias de negociados y entre los señalados por el dedo de las sospechas y procedimientos judiciales se encuentran dirigentes de Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida y de otros partidos.

Deuda grande y bolsillo estrecho

Por otro lado, a pesar de la desaceleración de los últimos meses, el valor de la vivienda no ha dejado de crecer, alcanzando una suba del 150 por ciento de los precios que ostentaba en 1998, mientras los salarios apenas lograron la quinta parte de esa revalorización.

De esta manera, no es de extrañar que el endeudamiento de las familias españolas alcance ya al 115 por ciento de su renta bruta disponible. El aumento de los tipos de interés hacen más gravosa aún la carga y el esfuerzo financiero que tienen que hacer los individuos para adquirir una vivienda.

En este sentido, la creciente morosidad de los saldos de las tarjetas estaría dando el primer toque de atención. Un análisis realizado por el BBVA parte de la información suministrada por más de 270 entidades que tienen registradas 2,5 millones de operaciones morosas por importe de 7.175 millones de euros en el periodo de enero del 2005 a junio del 2006. En igual periodo, el índice de tarjetas en mora creció el 12 por ciento y el número de créditos de consumo en mora subió el 10 por ciento.

Por la vía de la disminución de la plusvalía empresaria que reorienta las inversiones, por el límite alcanzado por la tolerancia oficial a la gigantesca corrupción inmobiliaria y lavado de dinero, y por el exceso de endeudamiento popular, la burbuja económica que potenció la España posfranquista está acercándose peligrosamente a un clavo amenazante.

 
Ladrillos de oro
MadridPress.com - 27 de noviembre de 2006
 
Aunque me lo expliquen, no lo entiendo y eso les pasa a muchos ciudadanos. España es el primer país europeo por número de viviendas en relación con la población. Quinientas diez por cada mil habitantes. Más que Alemania, más que Italia, más que Francia... La cifra de segundas residencias duplica la media de los principales países de la Unión Europea.

El pronóstico de los expertos es que la demanda de viviendas principales seguirá aumentando. Este año se van a vender en España unas 700.000, aunque el precio se haya multiplicado por tres en los últimos años, y se calcula que el ritmo de construcción será de unas 600.000 nuevas por año hasta 2010. Con sueldos mileuristas en muchos casos... Con precios que equivalen a diez o veinte veces el sueldo anual de una persona... Con hipotecas, eso también, a cuarenta y hasta a cincuenta años... Con un endeudamiento creciente que pasa barreras peligrosas... Pero no hay quien lo detenga. Ese es un lado del problema. El otro está en el precio del suelo, la corrupción, la especulación, a la que no son ajenas las autoridades y, muy especialmente, las municipales, los ayuntamientos. Lo de Marbella es, simplemente, el escándalo mayor. Pero hay otros muchos. ¿Nadie se daba cuenta de lo que pasaba en Marbella durante tantos años? ¿Nadie ha visto cómo el tren de vida de algunos alcaldes y concejales sin fortuna se acercaba al de Beckham? Un tercio de los ingresos de las comunidades autónomas proceden del sector inmobiliario, así que uno tiene la sospecha de que hacer la vista gorda es una manera de no perjudicar el presupuesto. El hecho cierto es que ni con reformas legales ni sin ellas, el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han sido capaces de ofrecer suelo barato, reducir el precio de las viviendas o dar una alternativa razonable a quienes no pueden ejercer el derecho a tener una vivienda digna y adecuada, un derecho reconocido en nuestra Constitución.

Y en el tercer lado del triángulo, están los constructores. Los hay honestos y lo contrario. No todos deben entrar en el mismo saco. Pero en apenas unos pocos años, algunas constructoras, muchas, han pasado de pequeñas ganancias a comprar, prácticamente, el sector eléctrico español. O de tener veinte millones de euros de beneficios en 2005 a comprar otras constructoras por más de mil millones en 2006. Para ello, se han endeudado de tal manera que algunas empresas deben 1,5 veces su valor bursátil. Y los bancos, detrás. Estamos hablando de una deuda de más de 30.000 millones de euros, a la que tendrán que hacer frente no sólo con los beneficios de las empresas en que han entrado -Repsol, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa etc.- sino con recortes en sus gastos o aumento en sus beneficios. Es decir, que descarten ustedes cualquier posibilidad de que bajen los precios de la vivienda, porque lo que no van a bajar son los beneficios de las constructoras. Y alguien tendrá que pagarlos.

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Ladrillo, S.A.
LaCartadelaBolsa.com - 28 de diciembre de 2006
 
 
Se está diciendo todo lo que se sabe sobre la evolución futura de Ladrillo, S.A.?

Entre el 7 y el 9 de Noviembre se celebró en Barcelona la décima edición de Barcelona Meeting Point, el que, según sus organizadores, es el evento más importante que en Europa tiene lugar en relación al mundo de ‘lo inmobiliario', del ladrillo para uso privado, vamos. La importancia del evento cobra verdadera significación teniendo en cuenta que en los foros que a lo largo de estos tres días en el evento han tenido lugar han participado auténticos pesos pesados del mundo del Real Estate. Lo suculento han sido algunas de las conclusiones a las que se ha llegado y que justifican la pregunta del principio.

Alto y claro ha sido dicho que el actual ciclo inmobiliario, se acabó. Durante unos meses quedarán los flecos, pero nada más. La evolución durante los próximos años se espera de una atonía exasperante.

Más. Un punto a no olvidar: actualmente hay en el reino 300.000 viviendas dormidas, es decir, vacías. Unas lo están porque se han comprado para una hija o un hijo; otras como pura inversión; otras para eso que hacen algunas/os con el dinero que no es blanco: lavarlo. ¿Se imaginan que parte de esas viviendas saliesen, de golpe, al mercado?.

Más, aún. El mundillo del esquí lleva años en auge; según parece, a las/los europeas/os, en general, y muy en particular a las/los españolas/es, les ha dado por lanzarse exultantes por las nevadas colinas (a mi, no: ¿soy un bicho raro?). En el Pirineo catalán el precio del metro cuadrado de vivienda ya ha alcanzado los 6.000 euros, y el 90% de las viviendas que en él se construyen son segundas residencias.

Ahora metamos todo esto en el mismo saco.

Hoy en día, el mercado inmobiliario es muy diferente al de, por ejemplo, el de los años 60, y lo es porque la realidad económica y social lo es. En aquellos años 60, la tendencia de la realidad económica apuntaba hacia arriba, hoy lo sabemos, pero entonces también lo sabían porque nadie se planteaba que pudiese ir hacia abajo. Hoy, independientemente de los alegatos y de los cantos de políticos y de ciertos expertos, SI existen gentes que se plantean un cambio en la situación económica, un cambio a peor (ayer hablamos de eso).

Pues bien, ¿se imaginan que pasaría si en la realidad inmobiliaria-hipotecaria-constructora actual se introdujese el elemento ‘crisis económica'?. El Sr. Pedro Solbes, cuando al día siguiente de que el Sr. Joaquín Almunia dijese lo que dijo, le replicó, uno de los argumentos que utilizó el ministro español fue el de que nunca, en España, se había producido un descenso en los precios nominales de la vivienda. Dejando al margen la inexactitud del argumento, en el mundo hay ejemplos de que este fenómeno, el pasado, sí se ha producido: en el Reino Unido, en Argentina, en USA, y descensos muy pronunciados.

Porque, ¿qué impacto tendría sobre el mundillo inmobiliario un parón económico, un aumento espectacular en el desempleo del factor trabajo, una ralentización en la oferta y en la demanda de créditos, un apretarse el cinturón generalizado?.

De ahí la pregunta con que se iniciaban estas líneas: los que del tema, de verdad, saben, ¿están diciendo todo lo que indudablemente se sabe en relación a lo que se espera vaya a pasar en el mundillo inmobiliario?.

Santiago Niño Becerra. Catedrático de Estructura Económica. Facultad de Economía IQS. Universidad Ramon Llull.

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Vivienda y demografía
Kaosenlared.net - 16 de noviembre de 2006
 
 
Será necesario impulsar las acciones de los movimientos sociales de jóvenes en pro de una vivienda digna y asequible, y ahora como estamos a las puertas de Elecciones Municipales, ya veréis como todos los candidatos van a tomar ese asunto como cabecera de su programa electoral cualquiera que sean las siglas de los partidos que representen.

Hola amigas y amigos: Quiero hacer unas reflexiones sobre la incidencia que ha tenido o tiene la demografía actual de la población españolaen el precio actual de las viviendas.

En primer lugar en los últimos diez años han llegado a nuestro país varios millones de inmigrantes que se han instalado a vivir principalmente en las grandes ciudades o sus áreas metropolitanas. Estos inmigrantes se han instalado a vivir básicamente en las viviendas más precarias y en régimen de alquiler donde a veces viven muchas personas muy hacinadas para poder pagar el alquiler tan alto que les piden los propietarios de estas viviendas.

Este fenómeno ha incidido en al escasez de viviendas antiguas y baratas que podrían ser alquiladas a precios asequibles.

En segundo lugar nos encontramos que la generación de jóvenes actuales de 25 a 35 años es el sector de población más numeroso que hay en España, y que es a esta edad cuando estos jóvenes se proponen emanciparsee irse a vivir formando pareja y constituir una nueva familia.La mayoría de estos jóvenes son hijos de familias de clase media donde sus padres ya son propietarios de viviendas y disponen de cierto confort. Pues bien estos jóvenes son grandes demandantes de nuevas vivienda con cierto confort y equipamientos, pero el precio de estas nuevas viviendascon confort y equipamiento se ha disparado hacia arriba de forma impresionante especialmente en las grandes ciudades. Con lo cual no les queda a estos jóvenes otra solución que irse a vivir a otras poblaciones lejos del entorno donde se han criado y crecidocon el consiguiente desarraigo y malestar que esa situación origina.

Y en tercer y último lugar, en estos años han sido muchas las parejas o familias que se han separado o divorciado, con lo cual se ha creado una demanda extra de vivienda ya que donde antes había una familia ahora hay dos, porque un miembro de esas familias separadas ha tenido que dejar su vivienda habitual y tener que buscarse un nuevo aposento.

Desde el punto de vista económico también se ha dado el caso que como consecuencia de la bajada brutal de intereses que se produjo y de la caída de la bolsa los ahorradores dirigieron sus inversiones hacia la compra de viviendas que les reportaban unas rentabilidades próximas al 20% aunque las tuviesen vacías. Los poderes públicos han incentivado el sector de la construcción porque he representado una fuente extraordinariade ingresos fiscales y un motor de creación de empleo. Por otra parte el sistema financiero consiguió que se pudiesen otorgar hipotecas a 30, 40 ó incluso 50 años.Todos estos elementos han sido claramente inflacionistas, y el mercado por si solo no ha corregido esta clara anomalía.

Las cosas pueden empezar a ir cambiando en el futuro, porque la presión demográfica ya no va a ser tan grande ya que la pirámide de la población juvenil es claramente decreciente y por tanto disminuirá la demanda de viviendas. Por otra parte el flujo de inmigrantes quizás se estabilice, porque aunque van a seguir llegando inmigrantes nuevosotros van a ir empezando a marchar a sus países de origen o a otros países que les reporten mejores condiciones de trabajo.

Por otra parte ya van muriendo muchas personas mayores que viven solas e irán quedando libres las viviendas que actualmente ocupan, viviendas que generalmente pondrán en venta sus herederos.

Por otra parte también, como ya han subido los intereses y la cotización de la bolsa, los ahorradores empezarán a llevar de nuevo sus ahorrosa los bancos ymedios financieros, porque ofrecen mayor rentabilidad, por lo que se espera que muchos de estos ahorradores e inversores saquen a la venta parte del parque de viviendas que hay actualmente deshabitadas, con lo cual al aumentar la oferta de venta de viviendas bajarán los precios, especialmente en las viviendas de segunda mano.

Finalmente será necesario impulsar las acciones de los movimientos sociales de jóvenes en pro de una vivienda digna y asequible, y ahora como estamos a las puertas de Elecciones Municipales, ya veréis como todos los candidatos van a tomar ese asunto como cabecera de su programa electoral cualquiera que sean las siglas de los partidos y así será posible tomar en serio la construcción de viviendas de VPO, donde el precio del suelo no tenga el impacto que tiene actualmente en el precio de las viviendas nuevas.

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Claridad ante todo
Cartas a la Plataforma - 18 de diciembre de 2006
 
 
El Viceconsejero de Inserción Social y Familia Manuel Vigo, declaraba a la Prensa del día 11: Aunque haya buenas ayudas, si no tienes trabajo ni vivienda es difícil tener hijos. Añade: No se pueden tener los servicios sociales mas avanzados de Europa con una presión fiscal africana. Concluye: Si queremos una red de servicios tendrá que elevarse la presión impositiva.

No se si es ignorancia, mala fe, torpeza o nos toma por ignorantes o desinformados a los ciudadanos... para que un cargo público que ocupa ese puesto de responsabilidad en el Gobierno Vasco y que a buen seguro pertenece a un partido de izquierdas, haga semejantes afirmaciones, cuando la evidencia es todo lo contrario, como vemos a continuación Lo mas fresco en el Diario Vasco del día 17 de octubre: El consejero del Banco de España y profesor de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas, aseguró: que el fuerte incremento que se ha producido en la presión fiscal en España puede condicionar nuestra competitividad futura. Añadiendo que estamos a niveles de presión fiscal similares a los de Alemania, con lo que empieza a ser procedente interrogarse si los servicios que recibimos son parangonables a los que obtiene otros países.

El informe SESPAS 2.004 (ver www.acceso.com) elaborado entre otros por los catedráticos de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña Vicenc Navarro y Águeda Quiroga: dice que España gasta en protección social un 20,1% del PIB, un 35,82 % menos que la media de la UE-15. Y que este gasto ha ido bajando desde 1.993. este gasto medido en poder de compra (UPC) es el mas bajo de Europa (3.713 UPC), siendo la media de la UE-15 igual a 6.115 UPC. El déficit en gasto social por habitante con relación al promedio de la EU15 aumentó en la década de los 90, pasando de ser 1.521 UPC a ser 2.442 UPC

El periódico de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros: Consumidores, titula: España debe mejorar su estado de bienestar. Manuel Pardos, presidente de ADICAE, escribe: Según Eurostat, mientras el PIB per cápita es el 86% del promedio de la UE-15, nuestro gasto en protección social es sólo el 62,5%. Deberíamos gastar 60.000 millones de euros mas de lo que gastamos en protección social, para alcanzar el nivel de gasto acorde a nuestro desarrollo.

. El diario Expansión del 31 de julio anuncia que, según la Intervención General del Estado: Los españoles dedican mas de cuatro meses de trabajo al pago de impuestos. Según IGAE la presión soportada es un 35,57% del salario, siendo el promedio de la UE-15 un 41%.

Estas dos son las razones por la que cada vez mas ciudadanos se hallan en el umbral de la pobreza, cobrando el SMI (540,90 euros brutos al mes) o el salario social, ambos un 40% de la renta media del país. El semanario económico Cinco Días, de mediados de octubre, publica la estadística de la Agencia Tributaria, según la cual: mas de la mitad de los nuevos asalariados de 2.005 recibieron retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional fijado en 513 euros brutos mensuales. De ese mas de un millón de nuevos asalariados, la retribución media no paso de dos veces el SMI; el 36,6% recibió menos de la mitad del SMI; el 24,7% entre la mitad y el SMI..... decrecimiento salarial sostenido, como pauta para el crecimiento del PIB nacional.

Un PIB que crece y crece ....y que en el transcurso de cuatro años, rebasará la renta per cápita de Italia, el tercer PIB del espacio monetario.. –como asegura Zapatero- pero que su incremento no se debe al aumento de las rentas de trabajo y si del capital. Crecimiento debido a los excedentes en la recaudación fiscal del estado y beneficios empresariales, que como contrapartida conlleva una merma en la calidad de vida, por falta de progreso y bienestar social. Ni aún siendo primer PIB comunitario, rozaríamos la calidad de vida media europea, por causa de un SMI que es el 50% del promedio UE-15. Aunque Zapatero haya prometido que lo elevará a 600 euros antes del final de su legislatura, por la pérdida de poder adquisitivo con respecto a la UE-15, el año 2.008 se mantendrá ese 50%. ¿Cuál es la razón por la que si el salario medio en el estado español es sólo un 15% inferior a la media de la UE15, el SMI sea un 50% menor y en consecuencia las pensiones y prestaciones?. Comparado con Francia el salario medio es un 27% inferior, mientras el SMI es un 125%. ¿Qué nos niegan con éstas diferencias?

En la distancia con el promedio europeo, si lo que pagamos de menos en impuestos es una parte, lo que dejan de darnos en pensiones y prestaciones son tres. Apelación al Defensor del Pueblo, ante la indefensión de ciudadanos sin voz, que pagando servicios sociales en euros, a diferencia de la UE15 seguimos recibiéndolos en pesetas.

A esto, Zapatero dice: Prometo alcanzar la plena convergencia europea en este mandato...... Sería creíble si reconociesen con sinceridad el punto en el que nos hallamos; no sólo en cuanto la “africanidad” de nuestra presión fiscal, sino en cuanto a la “españolidad” de los servicios y prestaciones sociales que recibimos, relativo a la “europeidad” de lo que reciben y disfrutan los miembros de la UE-15.

El problema es grave y exige mas claridad; no nos podemos pasar la vida, anteponiendo otras cuestiones en el primer plano mediático y parlamentario, porque al final induce a la sospecha de que se tratan de señuelos o rellenos para entretener a los ciudadanos desviando su atención hacia temas secundarios.

Somos conscientes de que les va mucho dinero en ello; no les debería importar porque es nuestro dinero y nuestro bienestar.... ¿entonces?. Una razón es que ese dinero destinado a gasto social genera poco IVA, comparado con lo que generan las facturas de las constructoras cuando se destina a las macroobras públicas.

El asunto tiene mucha trascendencia y repercusiones sociales, como en su día lo tuvo en Argentina, ya que perturba la convivencia de parejas y familias con niños, y ello responsabiliza de lleno a la Administración. Sociólogos, jueces y medios de comunicación, en sus análisis y atenuantes de casos de violencia doméstica, no deberían subestimarlo, reconociéndolo en parte como un daño colateral.

 
 
Atrapados por el ladrillo
WordPress.com (La Vanguardia) - 11 de noviembre de 2006
 
 
Muchas familias planifican la compra de un piso como en el cuento de la lechera, asumiendo un final feliz. “Nos darán las llaves del piso nuevo en mayo. En enero pondremos a la venta nuestro piso y con lo que nos den pagaremos la hipoteca, nos quedará para dar una buena entrada y podremos dejar la hipoteca del piso nuevo en unos 1.200 euros, que podemos pagar justitos con los dos sueldos”. Ahora estas cuentas no se están cumpliendo. Los pisos tardan más en venderse y los intereses de la hipoteca que se previeron al comprar el nuevo piso se han incrementado hasta en un 20%.

Gonzalo Bernardos, director de asesoría y consultoría inmobiliaria de la u.b, explica que “en barcelona se están alargando los plazos y ya cuesta seis o nueve meses vender un piso. La gente que ha comprado otro ese retraso le está poniendo en aprietos”. Bernardos recuerda también que el valor de los pisos de segunda mano a veces no se fija según una valoración objetiva, sino “pensando en el crédito que pueden asumir para pagar la cuota”. Antes esa sobrevaloración era absorbida en pocos meses por la subida del mercado. Ahora esto no se produce y el piso no se vende.

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Comunidad de Madrid
 
GALLARDÓN DIFUNDE A LOS CUATRO VIENTOS SUS INCUMPLIMIENTOS
Redacción PVD (Comunidad de Madrid) - 12 de diciembre de 2006
 
GALLARDÓN DIFUNDE A LOS CUATRO VIENTOS SUS INCUMPLIMIENTOS ELECTORALES CON LA FIESTA DE LA EMV

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón ha decidido gastar fondos públicos en mostrar al mundo, noria incluida, su nefasta política de vivienda.


A partir de cierta edad el cerebro de algunos hombres comienza a perder coherencia a marchas forzadas, llegando hasta la demencia en algunos casos. El emperador Nerón, borracho de locura, decidió prender fuego a Roma. Elvis Presley pasó de ser un exitoso cantante a bailar al son del sobrepeso, la brillantina y las drogas. Y ahora el alcalde de Madrid, Ruíz Gallardón, ha decidido montar una fiesta para que el mundo conozca uno de sus mayores fracasos: la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS).

La Plataforma por una Vivienda Digna, en relación a los fastos organizados para celebrar el 25 aniversario de la EMVS, quiere comunicar su rechazo al triunfalismo y electoralismo que rodea esta celebración y denunciar públicamente las carencias de la política de vivienda y urbanismo del equipo de gobierno dirigido por Alberto Ruiz Gallardón. Hagamos un repaso a sus “logros”.

En promesas electorales nos encontramos con una primera dificultad: ni el propio alcalde sabe ya lo que prometió. En algunas declaraciones de su anterior campaña habló de 75.000 viviendas sociales en Madrid. Más adelante la cifra prometida se redujo a 20.500, en otras ocasiones ha sido de 30.000 y en otras de 40.000. Mal principio.

Quedémonos con la cifra más repetida, 20.500 en cuatro años de mandato. Una cantidad mucho menor a las que se construían en los años 80, cuando el problema de acceso a la vivienda hoy día es mucho mayor. De éstas se han ofertado (que no construido) cifras irrisorias: 1.125 en 2003, 774 en 2004, 2.903 en 2005 y 751 en una primera convocatoria en 2006, a las que se sumarán otras 423 en una segunda convocatoria.

Según la cuenta anterior, a 6 meses del fin de la legislatura se han ofertado (que no construido) unas 5.900 viviendas, sólo un cuarto de las prometidas. Eso sí, la EMVS ha conseguido un importante logro. Gracias al Registro Permanente de Solicitantes no se forman las incómodas colas cada año. Y gracias a dividir en dos las convocatorias, como va a ocurrir en 2006, el alcalde sale más veces al año anunciando viviendas sociales. Un “logro” al servicio de las tres claves de la política del alcalde: imagen, imagen e imagen. Mientras, sólo en 2005 hubo 47.000 solicitantes rechazados. 47.000 madrileños que optaban a una vivienda protegida y que recibieron como respuesta: No. Qué pasa, ¿es porque no hay dinero? ¿O es que es más importante soterrar la M-30?

Dinero hay, pero las prioridades son otras. Sólo la celebración del 25 aniversario de la EMVS, que incluye la contratación de una noria en la plaza de Colón, ha costado a todos los madrileños 2 millones de euros. Con esta cantidad más de 1.000 jóvenes podrían haberse emancipado durante varios años con un alquiler bonificado al 50%.

Sin embargo en la EMVS se trabaja. El Ayuntamiento de Madrid se dedica a utilizar indiscriminadamente la fórmula de cambios de uso del suelo y la construcción de vivienda libre para financiar otras operaciones y servicios. En otras palabras, se vende suelo, incluso del destinado a vivienda protegida, para que otros construyan vivienda libre y con los ingresos se pagan las enormes facturas de la M30 entre otras cosas. En la EMVS se trabaja pero, ¿para quién?

En cuanto a los presupuestos para vivienda, en una ciudad en que los jóvenes se están emancipando a los 32 años, dedicando 15 años íntegros de salario a su vivienda cuando la media europea no supera los 4, las partidas destinadas a política de vivienda son absolutamente insuficientes. En 2005 se ha gastado en vivienda la mitad del dinero destinado a la fallida intentona olímpica, por poner un ejemplo.

Además los planes de vivienda contienen incongruencias y errores graves como por ejemplo que en los pisos ofertados en modo alquiler no contienen la opción a compra en sus contratos como se publicitó. La EMVS se reserva el derecho de vender las viviendas pasados diez años de alquiler pero no garantiza que vaya a ser así. A los diez años el Ayuntamiento puede dejar a todos los “inquilinos” en la calle. Suma y sigue: En las viviendas de la EMVS, las rentas de los alquileres no tienen nada que ver con las que figuraban en la convocatoria: un piso de 1 dormitorio cuesta 410 € al mes cuando según la publicidad de la propia EMV esa misma vivienda debería costar 278 € mes, es decir la renta es un 47,5% superior a lo prometido. Por si esto fuera poco, la EMVS obliga a pagar al arrendatario los gastos de comunidad, cuya cuantía es fijada por la propia EMVS, todos los tributos que graven tanto la vivienda como el edificio, los arreglos que haya que hacer en vivienda y edificio, y cuando la EMVS lo decida puede exigir derramas extraordinarias. O sea, con la EMVS se es arrendatario pero se paga como si se fuera propietario.

Mientras la EMVS añade estas innovadoras cláusulas a sus contratos, a fecha de hoy no se han solucionado las problemáticas de muchos nuevos desarrollos de Madrid, en los que la falta de equipamientos, los sobreprecios y los retrasos están a la orden del día. En otras palabras, aunque a una pareja de madrileños le toque la lotería de una vivienda protegida, sea de promoción pública o privada, tiene una elevada probabilidad de tener que esperar varios años (entre 5 y 15) a que ésta se construya. Cuando llega el momento, muy probablemente no habrá colegios, ni centros de salud, ni servicios públicos esenciales. ¿Es ésta una gestión para estar orgulloso?

¿Se imagina que le tocase la lotería esta navidad y la administración tardara 7 años en pagarle porque deja que manos privadas especulen con su dinero? Algo parecido es lo que ha hecho la EMVS con el suelo de los PAUS de Carabanchel y Vallecas.

En realidad la amistad de Gallardón y la especulación viene de largo. El actual alcalde ya promovió, siendo presidente de la Comunidad de Madrid, la ley del suelo regional, una de las más especulativas de todos los tiempos, que ha contribuido a incrementos de precio récord en el mundo. Y la lista de acciones nefastas por parte del Ayuntamiento de Madrid parece no querer terminar: A fecha de hoy no se están cumpliendo los planes de rehabilitación comprometidos y no se ha tomado ni una sola medida para movilizar el inmenso parque de viviendas vacías que hay en Madrid. En otras palabras, de todas las teclas que pueden tocarse para solucionar el acceso de los jóvenes a una vivienda, la EMVS no toca prácticamente ninguna. Mientras, en el evento de la plaza de Colón firman como patrocinadores las principales empresas promotoras y constructoras del país. En la EMVS se trabaja pero, ¿para quién?

Por todo ello queremos transmitir lo que es una evidencia: dentro de las prioridades del equipo de Alberto Ruiz Gallardón y de él mismo no está el resolver el acuciante problema de acceso a la vivienda que sufren los jóvenes y no tan jóvenes madrileños. Invitamos a la corporación municipal a modificar radicalmente su política de vivienda y urbanismo para ponerla al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, en vez de al servicio de aquellos que fomentan la especulación.

También invitamos al alcalde a que, como se dice coloquialmente: “se lo haga mirar”. Esto de gastar millones de euros en celebrar los fracasos no es algo muy habitual y puede ser el primer síntoma de algo peor. Aunque una cosa está clara, entre las patologías de madurez de Gallardón, Nerón o Elvis hay una diferencia. A los dos últimos no los manejaba nadie.

 
¿De dónde sacó el alcalde de Ciempozuelos los 900.000 euros?
ElSemanalDigital.com (Comunidad de Madrid) - 14 de diciembre de 2006
 
El ex alcalde de la madrileña localidad de Ciempozuelos abandonó este jueves la prisión tras abonar una importante suma que su antecesor no pudo reunir. Ambos están acusados de corrupción.

La fianza que puso el juez al alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid) era una cifra que parecía imposible de reunir, acusado como está de corrupción urbanística. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Pedro Torrejón ha conseguido reunir los 900.000 euros (150 millones de pesetas) después de un mes en la cárcel de Valdemoro.

El que no ha conseguido reunir tan importante como llamativa suma de dinero ha sido su antecesor en el cargo Joaquín Tejeiro, que por este motivo permanecerá en prisión. Pedro Torrejón sigue negando que esté involucrado en ningún caso de corrupción urbanística y ha declarado que se siente "en medio de una lucha política". Según el ex alcalde "manipular la verdad y poner la cabeza de unas personas debe ser secundario a los intereses de algunos. Es un tema político y nos ha tocado a nosotros".

¿De dónde ha salido el dinero?

El abogado de Torrejón, Marino Turiel, señaló que la fianza solicitada por el juez instructor del caso, Agustín Carretero, fue presentada en el Juzgado de Valdemoro a través de once propiedades inmobiliarias. La aportación necesaria para que el ex alcalde saliera de la cárcel era de 900.000 euros, pero como en este caso se trata de fianzas hipotecarias, la fianza debía de llegar a 1,8 millones de euros.

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Catalunya
 
La Generalitat expropiará los pisos vacíos
20 Minutos (Catalunya) - 12 de diciembre de 2006
 
 
Que lleven vacíos y en mal estado dos años para alquilarlos.

El Govern ha aprobado la Ley de la Vivienda que se espera que entre en vigor antes del mes de junio.

Se perseguirá a los propietarios que practiquen el mobbing, a los que tengan 'pisos patera' y a los que especulen con sus pisos vacíos.

Se regulara todo lo relacionado con la construcción de vivienda desde que se ponga la primera piedra.


El Gobierno de la Generalitat ha aprobado la Ley de la Vivienda catalana que será implacable contra los propietarios de inmuebles que acosen a sus inquilinos, lo que se conoce como mobbing, para que los abandonen y a los que tengan pisos vacíos y en mal estado durante años en zonas donde haya necesidad de vivienda. (la ley , en pdf)

A los primeros se les podrá sancionar administrativamente "en casos muy graves" con multas de hasta 200.000 euros, según ha afirmado el conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.

En el caso de los propietarios de pisos que lleven vacíos "dos años" y presenten deficiencias, la Generalitat se reserva la posibilidad de expropiarlos "temporalmente" y destinarlos al alquiler si el dueño del piso no acepta una ayuda de la Generalitat para rehabilitarlo ni el aval de la administración para su cesión para el mercado de alquiler.

El nuevo texto que se espera sea aprobado en las primeras sesiones parlamentarias del 2007 y entre en vigor "antes de junio de 2007" ha respetado el que se presento al Parlament el pasado mes de abril, conocido como 'Ley Milà',y sólo se ha cambiado la referencia que hacía al Estatut de 1979.

Pisos patera

La nueva ley también perseguirá los 'pisos patera' que albergan un gran número de personas en un espacio reducido. La ley establece un "espacio mínimo vital" y los que exploten estas viviendas para lucrarse económicamente serán persuadidos por la Generalitat, que aplicará "medidas coercitivas" si no hacen caso.

La Ley de la Vivienda regulará todas las actividades relacionadas con la construcción de la vivienda desde que se ponga la primera piedra.

La creación de vivienda pública es otro de los objetivos del texto. Baltasar ha dicho que el gobierno se plantea hacer "como mínimo" 50.000 viviendas de protección oficial en los próximos años aunque el conseller ha avisado que los frutos "tardarán en llegar" ya que los trámites para crear este tipo de vivienda tardan "cuatro o cinco años".

La Generalitat espera la colaboración de los ayuntamientos a los que se les permitirá hacer su plan local de vivienda con el objetivo de que todos los municipios con más de 3.000 habitantes tengan en 20 años un 15% de vivienda pública.

Para que no se provoquen irregularidades en el desarrollo de la vivienda pública se creará un único registro de solicitudes de vivienda social o protegida.

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Los okupas de La Makabra se manifiestan contra especulación
ElPeriódico.com (Catalunya) - 09 de diciembre de 2006
 
 
Y reivindican el uso de Can Ricart

Unos 40 okupas de La Makabra han celebrado un pasacalle "contra la especulación y a favor de la memoria histórica" y han anunciado las "jornadas de apertura" en Can Ricart, donde desarrollarán actividades artísticas a partir del próximo sábado.

La portavoz de La Makabra, Gadi Romero, ha subrayado momentos antes del inicio de la marcha que el colectivo "no piensa en que el juez pueda desalojarlos del edificio", aunque ha reconocido que ese riesgo existe.

"Estamos haciendo una propuesta activa al ayuntamiento y a la población", ha apuntado Romero, quien ha explicado que desde la ocupación de Can Ricart los jóvenes han llevado a cabo tareas de limpieza y rehabilitación del edificio.

De Marbella al 22@

El pasacalle, bajo el lema "De Marbella al 22@", ha empezado en la playa de Mar Bella y ha continuado por la Rambla de Poblenou en un ambiente festivo. Entre el sonido de acordeones, flautas y timbales, la variopinta marcha ha reunido 40 artistas de La Makabra en una actuación en movimiento que ha incluido juegos malabares y números de circo.

Los okupas han protestado contra los precios de la vivienda con pancartas con frases como "Resistencia contra la especulación" y "Salvemos Can Ricart. Defendamos Poblenou".

Los jóvenes también han repartido flyers entre los vecinos para que asistan a las jornadas de apertura en Can Ricart que incluirá talleres de pintura, exposiciones fotográficas, música, danza africana, proyecciones y conciertos.

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Comunidad Valenciana
 
PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA: MANIFESTACIÓN EL 23
Union-web.com (Comunidad Valenciana) - 11 de diciembre de 2006
 
 
La Plataforma por una Vivienda Digna de la Comunidad Valenciana (PVDCV) ha convocado oficialmente la manifestación “por una Vivienda Digna” del próximo día 23 de diciembre, que se celebrará a las 17:00 h simultáneamente en la Plaza de San Agustín de Valencia y en la Plaza de Maria Agustina de Castellón. El lema de la manifestación es “Yo no vuelvo a casa por Navidad porque aún no me he ido”.

La PVDCV decidió en su última asamblea del 18 de noviembre hacerse eco de la convocatoria de manifestación de origen desconocido que llevaba varios meses circulando por internet y está llevando a cabo los preparativos de difusión y organización de la misma tanto en Valencia como en Castellón. La Plataforma Alicantina por una Vivienda Digna ha convocado una cacerolada delante del Ayuntamiento de Alicante el próximo jueves 14 a las 19:00 h.

Desde de la PVDCV se está contactando con asociaciones, partidos políticos, sindicatos y otras entidades para recibir el mayor número de apoyos posible. La Coordinadota de Acción y Reflexión por la Ciudadanía de Valencia, que engloba a las principales plataformas y asociaciones que defienden los derechos de los ciudadanos en Valencia emitirá un comunicado oficial de apoyo a la manifestación del 23 de diciembre.

Otras ciudades como Logroño, Madrid, Barcelona o Málaga también están preparando la manifestación por una vivienda digna, organizada por la Plataforma por una Vivienda Digna, La Asamblea por una Vivienda Digna o V de Vivienda.

Estas plataformas reivindican el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, que defiende el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, además de exhortar a los poderes públicos a establecer las normas y a regular la utilización del suelo para impedir la especulación.





 
 
La Inspección de Vivienda detecta 592 infracciones en VPO
ABC (Comunidad Valenciana) - 11 de diciembre de 2006
 
 
En siete meses

Siete meses después de la puesta en marcha de la Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, que entró en vigor el pasado 21 de abril, la Inspección de la Conselleria que cuida el buen cumplimiento de la normativa ha detectado, en cuanto a Vivienda de Protección Oficial (VPO) se refiere, 592 infracciones, de las que la mayoría de ellas, 407, han ocurrido en la provincia de Valencia, 154 en la de Alicante y 31 en la de Castellón.

Cabe recordar que, con carácter previo a la calificación definitiva de las promociones de viviendas protegidas, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, se efectúa una inspección por parte de los Servicios Territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable para la posterior concesión de dicha calificación definitiva.

Una vez concedida ésta y ocupados los pisos, se atienden por parte de dichos Servicios Territoriales las reclamaciones que formulan los usuarios, incoando, cuando procede, el oportuno expediente sancionador. En este sentido, cabe recordar que la nueva Ley fija multas desde los 150 euros hasta los 30.000, dependiendo si las infracciones son leves, graves o muy graves. Por ejemplo, en este último apartado se encuentra la compraventa de VPO. Humedades, grietas...

La inspección de la Conselleria ha constatado que el objeto más frecuente de los expedientes sancionadores son los vicios y defectos de la construcción -humedades, grietas, malos acabados...- que concentran el 60 por ciento de todas las multas. Le sigue en orden de porcentaje las obras indebidas -ampliaciones, cerrar balcones sin permiso...- con un 30 por ciento y, por último, pero no menos importante, el sobreprecio de las viviendas, problema que supone el 10 por ciento de las infracciones.

En este apartado hay que matizar que sólo se puede actuar si existe una denuncia del comprador, ya que si no la Administración no puede actuar por desconocimiento del caso. De todas formas, el sobreprecio es un asunto muy espinoso, ya que, normalmente, el vendedor reclama un dinero negro y muchas personas prefiere pagarlo a enfrentarse a una hipoteca derivada de una vivienda de renta libre. Es decir, aunque pague más dinero de lo estipulado, le sigue siendo más rentable que acudir al mercado puro y duro.

La escritura

A pesar de estos inconvenientes, la legislación ha avanzado para disminuir al máximo cualquier tipo de dificultad o fraude. La Ley de la Vivienda rebaja a tres meses el periodo máximo para escriturar una VPO, reduciendo el margen de tiempo empleado por algunos compradores para revender la casa y beneficiarse de la especulación del inmueble.

Otro ejemplo sería la calificación de sobreprecio que recibe en la actualidad la enajenación de un local a una vivienda protegida, ya que algunos promotores cobraban al precio permitido el piso oficial, pero luego obligaban a los vecinos de la finca a ser propietarios proporcionales de locales ubicados en los bajos del edificio a precio de renta libre.

Por supuesto, otras medidas recogidas en la nueva normativa, tanto para las viviendas protegidas como las de renta libre, favorecen la compra de inmueble, como la erradicación de la práctica habitual de tener que subrogarse obligatoriamente al préstamo de la entidad financiera fijada por el promotor, ya que, antes de la aprobación de la Ley, si intentabas cambiar de banco o caja se tenía que sufragar los gastos de cancelación.

VPO en la legislatura

Los accesos a la vivienda protegida garantizados desde el principio de legislatura alcanzan las 120.079 pisos, sumando la nueva construcción -el 40%-, la rehabilitación, la segunda mano y el alquiler.

Los precios máximos por metro cuadrado de vivienda protegida tienen en los municipios singulares -21 poblaciones divididas en tres categorías-, los niveles adquisitivos más altos. Así, el primer grupo lo constituye Valencia en solitario, que, con 1.557,23 euros por metro cuadrado, es la población de la Comunidad que puede cobrar más alto por una VPO. El segundo lo componen Alicante, con 1.446 euros por metro cuadrado, y Castellón, con el mismo precio por metro cuadrado. El tercer grupo, con 1.279,15 euros por metro cuadrado, aglutina a 18 localidades de las tres provincias, como Elche, Torrente o Villarreal.

El resto de municipios, hasta los 541 existentes, están a su vez divididos en otros tres grupos, de 1.120,30 euros el m2 el primero; 1077,54 el segundo y 1.042,79 el tercero.

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Grupo 90 espera que la inmigración sostenga la demanda
Las Provincias (Comunidad valenciana) - 10 de noviembre de 2006
 
 
La firma valenciana prevé crecer con la comercialización de su marca. Grupo 90 afronta el futuro del sector con optimismo. Prevé crecer con la comercialización de su marca y confía en que la inmigración continúe manteniendo la demanda inmobiliaria.

La firma valenciana Grupo 90 prepara su relanzamiento para este año próximo. La inmobiliaria que fundara hace 17 años Carlos García Zaragoza ya ha conseguido una posición preminente en la Comunitat y ahora espera crecer en Cataluña. Antonio Cánovas, director gerente de Millenium 90090, la franquiciadora de la marca, anunció ayer el inminente cierre de un acuerdo con una cadena catalana que permitirá que la marca Grupo 90 esté presente en unas sesenta oficinas de la vecina comunidad.

En la actualidad el grupo dispone de once tiendas propias y 100 franquiciadas. Para el próximo ejercicio prevén abrir otras 26 tiendas, con lo que esperan alcanzar el liderazgo en densidad de red en el arco mediterráneo. Cánovas asegura que el volumen de negocio para este año rondará los 24 millones de euros, fruto de su intervención en más de 4.000 transacciones.

En cumplimiento del plan estratégico de la empresa, la firma espera inaugurar a finales de año nuevas instalaciones. Junto a la actual sede, están preparando un nuevo edificio en el que dispondrán de más de mil metros cuadrados para instalar las oficinas centrales. El presupuesto invertido para acometer la adecuación de las “instalaciones logísticas” asciende a 700.000 euros.

Estas inversiones se acometen para afrontar la nueva situación que va a vivir el sector y con la confianza de que la fuerte demanda que está registrando la compañía permite prever un fuerte crecimiento.

Cánovas no cree que el aumento de tipos o el “supuesto fin de ciclo” pueda frenar al sector. “No estoy de acuerdo con la afirmación de Felipe González de que quedan dos o tres años de bonanza económica”, señala. A su juicio los flujos migratorios van a continuar a fuerte ritmo y van a sostener el mercado. “Se espera la llegada de ocho millones de inmigrantes en unos años, cinco de ellos en el litoral mediterráneo”, calcula, y está convencido de que muchos recalarán en la Comunitat.

A partir de la experiencia de su permanente toma de pulso al mercado, Cánovas cree que esa población ya está empezando a apoyar la demanda, ya sea porque alquilan, ya porque compran vivienda usada y permiten a los vendedores comprar otra nueva. “Hasta ahora sólo un 10% de nuestros clientes son inmigrantes, tenemos una previsión de que lleguen a ser el 25%”, asegura.

Cánovas detaca también el importante papel promocional que está jugando la Copa América para Valencia, aunque advierte que tampoco va a ser la salvación para todos. Vaticina una selección natural en el sector en el que sólo quedarán las empresas más preparadas.

La estimación de Grupo 90 es que la zona de Campanar representa el 26% de la obra nueva que se está construyendo en Valencia, aunque el futuro Bulevar de las Moreras, como el foco de mayor potencial.

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El 57% de los jóvenes de hasta 35 años viven con sus padres
Las Provincias (Comunidad valenciana) - 15 de noviembre de 2006
 
 
El 57% de los jóvenes de entre 18 y 35 años viven todavía con sus padres porque no consiguen encontrar una vivienda acesible a sus posibilidades.

“Un estudio encargado por la concejalía de Juventud refleja estos datos y demuestra la política sin opciones que hay para que los jóvenes puedan enmanciparse”, explicó ayer el concejal socialista Vicente Inglada.

Los socialistas también advierten de que las únicas propuestas que se incluyen en el programa son las aportadas por el propio grupo de la oposición. “Pedimos la creación de 1.000 apartamentos con alquileres de entre 160 y 200 euros para que los jóvenes puedan acceder. También solicitamos 12.000 VPO y todo se ha insertado en este estudio. Lo que nos demuestra que nos dan la razón”, dijo Inglada.

La concejala de Juventud, Beatriz Simón, matizó que el propio el Ayuntamiento lleva trabajando en el plan aprobóado por unanimidad hace seis meses”, puntualizó.

Simón señaló que hay en estos momentos 97 viviendas en régimen de alquiler, 40 viviendas más pendientes de adjudicación, y en trámite más de 160. El precio de estas viviendas es de 169 euros al mes.

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El TSJ suspende cautelarmente la construcción de 1.500 casas
Las Provincias (Comunidad valenciana) - 12 de noviembre de 2006
 
Los vecinos aplauden la decisión del tribunal y confían en que la Generalitat no apruebe los otros dos PAI que multiplicarían por diez la población del municipio. La decisión judicial de paralizar de forma cautelar la construcción de casi 1.500 casas en la zona del Replà ha recibido los aplausos de los vecinos de Parcent, quienes esperan que suceda lo mismo con los otros dos PAI que aprobó el equipo de gobierno del PP. Territorio desconocía ayer el auto pero acatará la decisión.

La presunta corrupción urbanística vuelve a ponerse sobre la mesa tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de paralizar uno de los tres PAI de Parcent.

En concreto, se trata del programa de actuación integrada del Replà, donde se prevé la construcción de 1.496 nuevas casas en un millón de metros cuadrados de suelo urbanizable.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tomado esta decisión sin precedentes contra el acuerdo plenario del pasado 30 de enero en donde se daba el visto bueno a este proyecto y se adjudicaban las obras a la empresa Terra de l’Horta SL.

Según el auto del juez este PAI “es excesivo, ya que una actuación de tal naturaleza exigiría una instrumentalización de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio y su desarrollo sostenible”.

La resolución judicial obedece al recurso interpuesto por un grupo de residentes extranjeros quienes aseguraban que se vulneraban sus derechos. La Conselleria de Territorio aseguró ayer que desconocía el auto, pero ‘‘si es así, lo acataremos’’

Las reacciones de los vecinos de esta localidad de apenas 1.000 habitantes se sucedieron a lo largo de la jornada de ayer. Desde la plataforma Veïns de Parcent su portavoz, Joan Carles Poquet, aseguró sentirse “satisfecho y emocionado con esta noticia ya que son los primeros frutos que hemos conseguido tras duros meses de sacrificio y lucha”.

Sostenibilidad Poquet definió el PAI del Replà como “un atentado a la sostenibilidad” y añadió que “estamos deseando que se resuelvan los otros contenciosos abiertos para que de una vez por todas se retiren las iniciativas urbanísticas que pretende llevar a cabo el PP de Parcent”.

“Siempre hemos sido un pueblo tranquilo y queremos seguir siéndolo, la alcaldesa ha intentado buscar los vacíos legales para dar apariencia de legalidad. Afortunadamente la lucha constante que hemos llevado a cabo en el pueblo contra el poder mal utilizado, nos demuestra que ha valido la pena”, concluyó.

Periodo de reflexión El líder de la oposición, Pere Far, indicó que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat “ha venido a reforzar la postura que siempre hemos tenido desde Coalició Democràtica de Parcent sobre este asunto”.

Para Far, “lo ideal es que se redacte primero un PGOU y así se lo hemos dicho a la alcaldesa y su equipo en reiteradas ocasiones, pero nunca nos han hecho caso. Ahora, un tribunal le ha sacado los colores al Ayuntamiento por esta actuación”.

El edil dijo que “Parcent tiene una forma de vida que si se ejecutarán los PAI sería destruida, sería una agresión inaceptable”. Ahora, según Pere Far, “lo que se va a abrir es un tiempo de reflexión para devolver a los ciudadanos de Parcent lo que se les prometió en las elecciones, que sean ellos los que decidan el futuro de la localidad”.

Los tres proyectos urbanísticos previstos enel municipio están en fase de estudio por parte de la Conselleria de Territorio y Vivienda, sin que exista un concierto previo definitvo y con la previsión de multiplicar por diez la actual población. La Síndica de Greuges recomendó tanto a la Generalitt como al Ayuntamiento la paralización de estos proyectos porque carecen del informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que garantice el suministro de agua potable para las 1. 800 nuevas casas.

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Canarias
 
GRABACIONES CONFIRMAN CORRUPCIÓN POLÍTICA EN CANARIAS
PrensaLatina.com.mx (Canarias) - 04 de diciembre de 2006
 
 
El Partido Popular (PP) de Canarias está metido hasta el cuello en la corrupción detectada en el municipio de Teldes, según confirman hoy grabaciones policiales realizadas en la Operación Faycán.

En la corrupción del gobierno municipal de Telde, controlado por el PP, las grabaciones constituyen una de las mejores pruebas de la investigación que se inició en julio de 2005, tras la denuncia de extorsión de un empresario para pagar comisiones.

La investigación reveló que Enrique Orts -interventor casado con la presunta jefa de la trama, la edil de Obras Toñi Torres y presidenta del PP-, detallaba sus pagos por adjudicación de contratos a Francisco Gordillo, para que éste pasase a cobrar a las empresas extorsionadas.

A partir de conocer que una empresa ya había cobrado de las arcas municipales, Gordillo pasaba "el cepillo" de las comisiones que debía entregar a Toñi Torres, la jefa.

Según El País, las grabaciones también muestran cómo la trama corrupta municipal del PP forzó ilegalmente la "generosidad" de los contratistas para construir la nueva sede popular en Telde a cambio de favores.

En una de las múltiples grabaciones con un empresario la trama queda nítidamente clara cuando éste le dice a Gordillo que solamente le cobrará al PP los materiales "pero si tú quieres que te regale el material, también te lo regalo. Yo soy así de espléndido".

Gordillo le responde que había pensado en que hiciera ese tipo de esfuerzo y el hombre contesta que sí, pero que el PP tiene que ayudar para que el ayuntamiento lo trate como un proveedor especial.

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Detenido el nuevo presidente del PP en Telde
El País (Canarias) - 18 de diciembre de 2006
 
 
Por presunta corrupción. José Luis Sánchez llevaba en el cargo dos semanas y sustituyó a otra responsable también arrestada por el mismo caso

La policía ha detenido hoy al presidente del Partido Popular en la localidad canaria de Telde, José Luis Sánchez, por su presunta implicación en la trama de corrupción municipal conocida como caso Faycán. Sánchez fue nombrado el pasado 24 de noviembre en sustitución de María del Carmen Castellano, ex concejala del Ayuntamiento y arrestada también por su presunta implicación en este caso.

Aquel día dimitió también el alcalde de la localidad, Francisco Valido (PP) y cinco concejales de su partido por la presunta recaudación de comisiones a cambio de la contratación de obras y servicios en el municipio grancanario. Francisco Santana, único concejal del esa formación no imputado por esta trama, fue proclamado días despues como nuevo regidor con los votos de dos ex concejalas imputadas, cuatro de Ciudadanos por el Cambio (CIUCA) y los seis de los nuevos ediles del PP.

La investigación se inició en julio de 2005, cuando un empresario denunció las extorsiones sufridas para pagar comisiones al contratar con dicho Ayuntamiento grancanario. El Juzgado número 3 de Telde, la Fiscalía Anticorrupción y la Brigada Provincial de Información de la Policía mantuvieron bajo un estricto control a los presuntos implicados en esta trama político-empresarial para acreditar el trasiego de comisiones.

Los pinchazos telefónicos a lo largo de siete meses (en marzo de 2006 se produjo la primera redada) revelaron cómo Enrique Orts (el interventor municipal casado con la presunta jefa de la trama, la edil de Obras, Toñi Torres) detallaba todos sus pagos por adjudicaciones de contratos al recaudador de las comisiones, Francisco Gordillo, para que éste pasase a cobrarlas a las empresas extorsionadas. Gordillo sugería a Orts que acelerase o dilatase los abonos municipales a los contratistas según convenía a su presión recaudatoria.

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Asamblea por Tenerife se manifiesta contra la corrupción
CanariasAhora.com (Canarias) - 09 de diciembre de 2006
 
 
Y convocará nuevas movilizaciones

José Pérez, representante de Asamblea por Tenerife manifestó durante el transcurso del acto público organizado por esta plataforma con motivo del ‘Día Internacional contra la corrupción’, que la organización estudia la posibilidad de convocar un calendario de movilizaciones. La organización ciudadana Asamblea por Tenerife celebrará el próximo sábado una asamblea en la que decidirá si convoca un calendario de movilizaciones en protesta contra la corrupción urbanística y reclamó hoy una investigación "independiente, rigurosa y sin cortapisas" que permita depurar responsabilidades tras auto del juez Baltasar Garzón. La manifestación transcurrió sin incidentes. Los asistentes desplegaron una pancarta con el lema ‘No a la corrupción urbanística’, frente a la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En un comunicado, la organización reclama una investigación “independiente, rigurosa y sin cortapisas” sobre los hechos que aparecen reflejados en el auto del juez Baltasar Garzón, en el que se implica en un supuesto delito de cohecho al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y al presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor.

La organización ciudadana también reitera su petición de dimisión por parte del alcalde y de destitución de Suárez Trenor, ya que considera "grave" que ambos permanezcan en sus cargos mientras se desarrolle una investigación judicial en la que estas instituciones tendrán que participar y colaborar.

Al respecto, Jose Pérez advirtió de que "no es bueno que estas personas sigan ocupando estos cargos, porque se podrían dar conductas que interfieran en el curso de la investigación".

También criticó el “doble rasero” aplicado por Coalición Canaria (CC), que ha cesado de militancia al concejal de San Miguel de Abona, Juan Sabino Oval, en prisión por un presunto delito de trata de blancas, mientras que apoya a Zerolo y Suárez Trenor, que afirmó “se encuentran en la misma situación procesal porque están imputados judicialmente”.

“Están imputados, otra cosa es que se tenga que activar la investigación judicial y serán citados a declarar”, afirmó el representante de Asamblea por Tenerife, quien criticó la "ceremonia de confusión y manipulación" desarrollada por Coalición Canaria (CC) sobre la información judicial.

Pérez, en declaraciones a los periodistas, también calificó de "gravísimo que se estén imputado a la justicia conductas delictivas” y advirtió a de que CC “tiene que tener cuidado si sigue en esa línea” porque se podría estar imputado a la adminitración judicial un "presunto de delito de prevaricación".

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Andalucía
 
CASI 1/4 DE LAS VIVIENDAS DE SEVILLA ESTÁN DESHABITADAS
Diario de Sevilla (Andalucía) - 15 de noviembre de 2006
 
 
Unos lo llaman inversión en bienes inmuebles. Otros especulación. Pero lo cierto es que el mercado residencial de Sevilla, en el que los precios medios de los pisos se han encarecido de forma espectacular a lo largo de los últimos ocho años –al igual que ha ocurrido en otros muchos puntos del país–, está marcado por un factor que ha dejado de ser llamativo para convertirse en esencial: el creciente número de pisos y casas vacías. Sin uso cierto. Retenidas. Los datos estadísticos no dejan lugar a dudas: en apenas una década las viviendas que no tienen un destino asignado por sus legítimos propietarios aumentaron un 88,5 por ciento en la capital andaluza. Hasta el punto de que en esta situación, que en teoría debería ser excepcional, se encuentran en estos momentos casi una de cada cuatro residencias incluidas en los censos oficiales.

Este factor es precisamente uno de los que, entre otras muchas causas, vendrían a explicar por qué la norma básica del mercado libre en el que vivimos –a mayor oferta de un producto en teoría debería corresponder menor precio– no se cumple justo en el sector residencial, cuya actividad principal se ha ido escorando en los últimos tiempos hacia los procesos masivos de adquisición de viviendas para su posterior venta a precios muy superiores, tras el correspondiente periodo táctico de espera. Éste es mayor o menor en el tiempo, en cada caso concreto, dependiendo del margen de maniobra financiero del comprador. O lo que es lo mismo: sus ingresos, las deudas a las que tiene que hacer frente y, sobre todo, los costes financieros que implican en su economía tener algunas de las casas de su titularidad sin utilizar.

El censo oficial de población y vivienda que elabora el Estado –a través del Instituto Nacional de Estadística– señala que en Sevilla, entre los años 1991 y 2001, la cuota de casas fuera de mercado –vacías– ha pasado ya del 15 por ciento al 22 por ciento. Siete puntos porcentuales de diferencia en una década. En términos reales –y sólo hasta hace apenas poco más de un lustro (no hay datos posteriores que sean fiables)– estos números implican que existen en la ciudad un total de 65.129 pisos sin ocupar por nadie. Hace diez años éstos no llegaban a los 35.000.

Esta pronunciada evolución al alza resulta ilustrativa si se tiene en cuenta que, al mismo tiempo, la demanda de vivienda nunca ha dejado de aumentar en este mismo tiempo. Un ejemplo: en las listas de Emvisesa están registrados en estos momentos 53.000 sevillanos que reclaman el acceso a una vivienda de protección oficial. Las promociones públicas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento durante los últimos años apenas reducen el problema. Los responsables municipales se ven en la obligación de sortear los pisos protegidos porque este tipo de oferta a precio tasado es muy inferior a la demanda existente en la ciudad. Para valorar realmente la magnitud del elevado número viviendas vacías que hay en la ciudad hispalense basta saber que éstas son ahora mismo equivalentes, precisamente, al número de nuevas residencias que tiene previsto autorizar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) durante los próximos 15 ó 20 años. Hasta 2021 ó 2026. Dicho de otra forma: en Sevilla, donde a lo largo de la última década se han construido 55.639 nuevas viviendas, este parque de pisos sin utilizar supone todo el crecimiento estimado de la ciudad para, como mínimo, una década y media. Si todas estas viviendas salieran al mercado inmobiliario municipal de forma progresiva, probablemente se invertiría sustancialmente la sostenida tendencia al alza que sufren periódicamente, desde hace ya casi diez años, los precios medios de la vivienda.

Sin embargo, nada hace pronosticar que esto vaya a ocurrir. Más bien, al contrario. Muchos de estos pisos seguirán vacíos. Pese a que la oferta residencial global no deja de crecer desde hace tiempo –especialmente en el sector de la vivienda libre, que supone el 80 por ciento del mercado local; incluso más–, los precios oficiales –de tasación bancaria– no dejan de subir.

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Se manifiestan en Málaga contra la especulación y corrupción
DiarioSur.es (Andalucía) - 19 de noviembre de 2006
 
La coordinadora 'La Provincia de Málaga no se vende' reunió a grupos ecologistas

Activistas de una veintena de colectivos ecologistas y sociales de la provincia protagonizaron ayer una manifestación por las principales calles del Centro de la capital para protestar en contra de la especulación del territorio, la corrupción urbanística y la precariedad de quienes no tienen acceso a la vivienda. Los organizadores estimaron que unas 2.000 personas participaron en la marcha, mientras que la Policía Local redujo la cifra a menos de la mitad.

El acto fue organizado por la coordinadora 'La Provincia de Málaga No Se Vende', que agrupa a colectivos ecologistas y de defensa del territorio de la provincia, entre otras, las plataformas de Cuevas del Becerro, de Coín y del Valle de Abdalajís, que protestaban contra los proyectos de desarrollo urbanístico y los planes de gestión del agua en sus respectivas comarcas. Los manifestantes se reunieron en el Palacio de Justicia y terminaron su recorrido en la plaza de la Constitución, donde se leyó un manifiesto. Al término, un grupo de participantes ocuparon el edificio de la Equitativa en la plaza de la Marina para denunciar el difícil acceso a la vivienda. Los organizadores mostraron su satisfacción por reunir a colectivos con temas candentes pendientes de resolver.

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Mil vecinos Cuevas del Becerro protestan contra especulación
20 Minutos (Andalucía) - 28 de octubre de 2006
 
 
La Plataforma Cueveña del Agua convocó ayer una marcha ciudadana y una huelga general. El presidente de la Junta, Manuel Chávez, apoya la medida.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha expresado su respaldo a la protesta ciudadana organizada ayer en la localidad de Cuevas del Becerro (Málaga) contra la especulación urbanística.

Además, ha mostrado su deseo de que este tipo de iniciativas también "pudieran ocurrir en otras muchas localidades de Andalucía y España" como "manera democrática de defender la fisonomía e identidad de sus pueblos".

Golf, chalés y lujo

Alrededor de mil vecinos de la localidad se concentraron ayer para protestar contra la construcción del complejo residencial Merinos Norte que incluye dos campos de golf, 800 chalés de lujo y dos hoteles, informó la alcaldesa, Isabel Teresa Rosado (IU).

La Plataforma Cueveña del Agua, integrada por una decena de colectivos sociales, convocó ayer una marcha ciudadana y una huelga general, "que fue secundada por todo el municipio".

El objetivo no era otro que solicitar a la Junta de Andalucía que paralice este proyecto por "poner en peligro el abastecimiento de ésta y otras tres localidades al estar situado sobre el principal acuífero de la zona".

Atropello urbanístico

La alcaldesa aseguró que la manifestación, en la que también han participado dirigentes políticos como el diputado provincial de Medio Ambiente, Antonio Blanco (IU), o el parlamentario nacional Francisco Garrido (Los Verdes), "ha sido un éxito y ha discurrido de manera pacífica".

El complejo Merinos Norte, al que el colectivo considera un "atropello urbanístico y medioambiental", está proyectado a unos doce kilómetros de Ronda en el entorno de la Sierra de las Nieves, calificada como Reserva de la Biosfera, y supuestamente sobre un acuífero que abastece a los 10.000 habitantes de Cuevas del Becerro, Arriate, la Cimada y los Prados.

La Consejería de Obras Públicas ya presentó una alegación contra este convenio urbanístico en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque pasaba del 25% de edificabilidad permitido a un 60%.

Sin embargo, vecinos y ecologistas advirtieron de que "las perforaciones en el acuífero continúan".

Otros proyectos previstos

La Plataforma criticó también otros proyectos previstos en la Serranía de Ronda que, en su opinión, afectarán a "quince millones de metros cuadrados de zona forestal de encinas, algunas de ellas bicentenarias", y que son la creación de un circuito de Fórmula 1 en la finca Merinos Sur, la urbanización de 500 chalés en La Parchite y la carretera "Variante de Arriate".

Por otra parte, la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos ha convocado una nueva marcha para el 5 de noviembre contra Los Merinos, pero en esta ocasión para denunciar el corte de un sendero, incluido en la red europea de caminos, que pasa por la finca.

La asociación protestará contra el corte de una vía que supuestamente une Atenas con Tarifa en un acto que se será secundado por la Federación Andaluza de Montaña.

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El juez Torres investiga recalificaciones de campos fútbol
Levante-EMV.com (Andalucía) - 16 de noviembre de 2006
 
 
«No se puede hablar con propiedad de una Malaya 3, sino más bien de la segunda parte de la segunda Operación Malaya», señalan algunas fuentes que conocen muy bien los entresijos de los desmanes urbanísticos vividos en Marbella desde que comenzara la era Gil, asegura a El Confidencial. Sólo así puede entenderse que el juez Miguel Ángel Torres, dicen las fuentes, insista, por el momento, en atacar los círculos de corrupción más cercanos a la alcaldía, pero sin elevar el tiro hacia el complejo entramado institucional y político que han amparado durante años los poderes públicos, «y no solamente la Junta de Andalucía», dicen esas fuentes.

A partir de este análisis, los detenidos el martes por el juez Torres son de «segundo nivel», excepto el ex presidente del Sevilla, José María González de Caldas, que habría actuado como una especie de testaferro de Jesús Gil en los tiempos en los que el club hispalense era una especie de segunda marca del Atlético de Madrid, cuando, incluso, se llegó a provocar que el Sevilla FC descendiera de categoría para que el club saliera a la venta a un precio extraordinariamente bajo.

Y es que si en la segunda fase el juez Torres atacó directamente las relaciones, a veces oscuras, entre el mundo del toro y el del ladrillo, en esta ocasión ha apuntado hacia las tramas opacas que rodean la recalificación de los campos de fútbol. Uno de los detenidos es, precisamente, el constructor Manuel Lores, presidente del Racing Club Portuense, del Puerto de Santa María, que en su día ofreció la construcción de un campo de fútbol a cambio de una recalificación de una parcela de 50.000 metros cuadrados. El propio González de Caldas, según los ecologistas, también tendría intereses en la reclasificación urbanística de los terrenos adyacentes al campo del Recreativo de Huelva. El ex presidente sevillista, según algunas fuentes, ha tenido también relaciones societarias con el actual inquilino de la presidencia del club hispalense, el abogado José María del Nido.

De Caldas, principal beneficiado

González de Caldas aparece como principal beneficiado de un convenio urbanístico formado en su día por Jesús Gil con la familia Martínez-Higuero, a la que se le cedió un terreno que ni era del ayuntamiento de Marbella y que, además, estaba situado en zona verde. El asunto llegó a los tribunales, quien dio finalmente la razón a la familia Higuero, socia del ex ministro Arias Salgado, pero la falta de fondo del consistorio (se pedía una indemnización de 24 millones de euros) ha impedido ejecutar la sentencia. El ayuntamiento de Gil lo que hizo fue entregar el nuevo suelo urbanizable a una sociedad representada por González de Caldas.

Entre los detenidos el martes también está el constructor Francisco Zambrana, un peculiar personaje que en su casa habría instalado una especie de cueva con sus estalactitas y estalagmitas.

Zambrana es el clásico emprendedor que empezó prácticamente de la nada alquilando bicicletas a medio Málaga, pero que al calor del boom inmobiliario colgó el pedal y se dedicó en cuerpo y alma al mundo del ladrillo. Está acusado de cohecho, es decir es sospechoso de haber comprado a autoridades municipales con el fin de beneficiarse de determinadas decisiones administrativas.

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Galicia
 
Non pedimos que nos regalen pisos, só que os poidamos pagar
galicia-hoxe.com (Galicia) - 14 de noviembre de 2006
 
 
Quere concienciar os mozos de que hipotecarse de por vida "non é o mellor porque catro ladrillos non o merecen", e confésase "orgulloso" por achegar o seu gran de area no "destape" dos escándalos urbanísticos

Desde Madrid estendeuse unha corrente de loita cívica a prol de garantir o acceso á vivenda para todos. Detrás deste movemento xurdido de internet está José Luis Carretero, que chama á participación estable en Galicia.

¿Como se xestou esta plataforma pola vivenda?

Leva xa constituída case tres anos, e saíu dos foros de internet, porque se comezou a falar sobre o tema da burbulla inmobiliaria, un problema de preocupación cidadá bastante palpable porque a xente non podía nin mercar nin alugar. Dentro deses foros a xente aliñábase con dúas posturas: unhas miraban o tema como algo meramente económico, como un problema de mercado internacional; pero outro grupo de xente, entre os que me atopo eu, pensamos que aquí pasaba algo máis, un problema coa clase política que fomentou esta situación dantesca no mercado inmobiliario. Así comezamos a charlar, montamos a primeira páxina web con asembleas periódicas en Madrid e naceu o primeiro marco reivindicativo coas manifestacións. O primeiro "hit" gordo foi en xuño do 2004, cando 10.000 persoas saíron á rúa polo dereito ó teito e contra a especulación. Como vimos que aquí as cousas funcionaban, decidimos exportar o modelo e plantar a semente noutras comunidades. Agora temos comité en Euscadi, en Valencia, en Cataluña e en A Rioxa.

¿Para cando en Galicia?

Caerá tamén pronto, pero isto depdende do voluntariado porque somos apartidistas e sen ánimo de lucro. Con Galicia tivemos varios contactos, pero estamos agardando para ver se se dá o paso definitivo da primeira xuntanza, o primeiro empurrón, que é a clave para que todo funcione ben.

Reivindicades moitas cousas, pero ¿cal é a vosa principal bandeira: que a vivenda sexa un dereito para todos?

Temos un documento de traballo interno onde nos centramos en cinco reivindicacións, pero basicamente o que queremos é sacar a vivenda da lóxica do mercado porque é un ben de primeira necesidade. Non entendo por que nun país con tantas vivendas baleiras hai un sector importante da poboación ó que se lle nega este dereito. Non pedimos que nos agasallen con pisos, só que a xente os poida pagar e non tiren a vida nunha hipoteca. Tamén como imos ó fondo do problema tocamos outras problemáticas vencelladas como os temas ambientais e a precariedade laboral. O fin é abandonar esta loucura, que a vivenda se vexa como o que é, unha necesidade desde o home das cavernas, polo que teñen que cambiar moitas cousas desde a Administración chegando ás comunidades e ós concellos, que basean o seu financiamento no solo.

Tras a manifestación da vosa plataforma do pasado 28 de outubro a ministra Trujillo declarou que está de acordo con todo o que pedides. ¿É unha tomadura de pelo ou realmente pénsao?

Parécenos ben que a señora ministra diga o que queira. Nós xa tivemos algún contacto co PSOE para preguntarnos aquí en Madrid a nosa opinión en varios temas, non sabemos moi ben por que, pero seguimos sen medidas. De todas as maneiras, é un tema complicado porque todos os partidos se financian con isto. Cando toda esa cadea provoca esta espiral de corrupción, a solución pasa polo pacto de Estado, que suxire o informe do Instituto da Vivenda, algo bo que si fixo este goberno, que chama a cambiar o sistema de financiamento.

Falas das pelotadas urbanísticas. ¿Que sentes cando les nos xornais todos os días esas noticias sobre corrupción e urbanizacións en medio da nada con campos de golf?

Sinto alegría, porque o levamos denunciando de sempre. Síntome ademais orgulloso porque contribuímos co noso gran de area a que isto saia á luz pública. Aquí todos están levando cartos a mancheas sen que se soubese nada, polo que é lamentable este escándalo nun Estado de dereito. O outro día, por exemplo, fomos portada do Washington Post e no Times un artigo denomínanos "os piratas do Mediterráneo". Vergoñento.

Entón, que lles queda ós mozos: ¿hipotecarse ata as cellas ou pagar un alugueiro de vertixe?

É complicado, porque moitas veces me preguntan que é unha vivenda digna, e eu creo que responde á adecuación familiar ou persoal, inflúen as circunstancias de cadaquén. O que se lle poida recomendar a mozos que cobren un diñeiral non é o mesmo que o da inmensa maioría, é dicir, os mileuristas. Tamén todo é responsabilidade de cada un, porque se asumimos unha hipoteca ata a vellez estamos aceptando un status das cousas que leva a situación ata os extremos, polo que queremos concienciar a xente de que non é o mellor para a vida dun, porque catro ladrillos non o merecen.

¿Que che parecen as hipotecas a máis de cincuenta anos?

Hainas xa a 55 anos, é unha burrada. A xente engánana con dogmas que son falsos, como que a vivenda nunca baixa, venden que é o mellor investimento da túa vida e aseguran que noutros países hai hipotecas a cen anos, pero o que non contan é que están feitas para a xente que non as pode pagar.

A xente está tirando a súa vida, e non nos decatamos, incluso isto afecta á educación dos fillos, que é máis deficiente porque os pais pasan o día traballando para pagar as facturas. Só por poñer un exemplo: un piar fundamental da economía de España é o pequeno negocio, e se os mozos teñen estas débedas, ¿quen vai levantar unha peme? Por iso dicimos que o programa da vivenda é moi grave, porque engloba case todos os aspectos da vida.

Moitos críticos co voso movemento queren vencellarvos cos okupas. ¿Que opinas desta asociación?

O movemento okupa ten unha carga ideolóxica moi importante, e loita co tema da vivenda á súa maneira, pero a nós que non nos vinculen con iso, porque un dos nosos piares é o cumprimento da legalidade vixente. Os que nos critiquen, que o fagan desde o coñecemento. Nós somos reformistas e buscamos un pacto de Estado, pero hai xente que busca unha revolución desta problemática.

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Castilla y León
 
HIJO DE UN ALTO CARGO DEL PP BENEFICIADO CON VPO
CadenaSER.com (Castilla y León) - 13 de diciembre de 2006
 
Compró también un chalé en Canarias, en las mismas fechas de la entrega de llaves del piso de protección oficial. La Cadena SER desvela hoy novedades sobre el escándalo de la adjudicación de pisos protegidos en Valladolid a familiares de altos cargos del PP. Según ha sabido la Cadena SER, uno de los tres beneficiarios del piso VPO, el hijo del ex delegado del Gobierno de Castilla y León con el Gobierno de José María Aznar, adquirió en las mismas fechas un chalé adosado en Canarias, donde trabaja.

La entrega de llaves de los pisos protegidos de Valladolid se realizó a primeros de octubre, prácticamente en la misma fecha –según consta el registro de la propiedad de La Laguna- que Luis Ignacio García Esteban y su esposa adquirieron un chalé unifamiliar en la localidad de El Rosario, en las cercanías de la capital tinerfeña. El adosado tiene una superficie construida de 180 metros cuadrados y está rodeado de un terreno de 300 metros cuadrados. En la compra, el matrimonio suscribió una hipoteca de 313.000 euros –más de 52 millones de pesetas-.

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Ciudadanos en Defensa de la Vivienda Pública
El Norte de Castilla (Castilla y León) - 10 de diciembre de 2006
 
 
Con apenas 10 días de su constitución, la asociación Ciudadanos en Defensa de la Vivienda Pública ha comenzado a recibir quejas y reclamaciones de muchos de vecinos de Valladolid que han formalizado durante los últimos años una solicitud para poder tener una vivienda de protección de la comunidad. Entre los fines del colectivo figuran el promover la defensa del acceso a una vivienda digna y defender la transparencia, concurrencia y publicidad en los procesos de adjudicación de VPO en sus diversas modalidades.

Esta asociación, que preside Eduardo Villarramiel, han anunciado que reclamará al Ayuntamiento de Valladolid información sobre las VPO de Villa de Prado y Santos Pilarica.

Para contactar asociacion_defensa_vivienda_protegida@hotmail.com 660 969 137

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País Vasco
 
LA PVD DENUNCIA LA TIRANÍA DE LOS SORTEOS VPO
Redacción PVD (País Vasco) - 14 de noviembre de 2006
 
 
La Plataforma por una Vivienda Digna de Euskadi, ante la celebración mañana (15 de noviembre) del sorteo de 385 VPO en Bilbao, critica que la Administración convierta un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna en una lotería en la que tan sólo dos de cada cien personas resultan agraciadas.

La Plataforma por una Vivienda Digna de Euskadi ha denunciado de nuevo la política en materia de Vivienda de las administraciones públicas ante el sorteo de VPO que tendrá lugar mañana en Bilbao y en el que se adjudicarán 375 pisos. De ellos, 149 se entregarán bajo la modalidad de compra, una categoría en la concurren 8.481 personas, según datos facilitados por Etxebide. En cuanto al alquiler, se han presentado 5.600 aspirantes y otros 4.600 concurren a las 33 viviendas sociales de la promoción del barrio de Txurdinaga.

Los números saltan a la vista. Cerca de 9.000 personas para 149 pisos “supone que un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna se convierta una vez más en una lotería”. Estos datos encajan en la estadística de que tan sólo dos de cada cien personas son agraciadas en los sorteos de VPO. Además, 11.000 personas llevan cuatro años formando parte de las listas de Etxebide sin haber encontrado la fortuna del bombo, mientras que de los 74.814 aspirantes apuntados el pasado año, tan sólo 2.000 se llevaron el “premio gordo”.

La PVD de Euskadi apoya la puesta en mercado de un parque de vivienda protegida y la construcción de más VPO, sin embargo, asegura que “el grave problema del acceso a la vivienda no se puede limitar a la tiranía de un sorteo. Los derechos no se sortean”. “El panorama que se nos presenta en Euskadi es demoledor, con el metro cuadrado por las nubes y 76.193 personas apuntadas en la actualidad a Etxebide, cuya única esperanza es pasar a formar parte de ese escaso 2,5 % de afortunados cuyo número se decide en un sorteo”.

Por ello, desde la PVD solicitan de nuevo medidas para atajar este problema, que ya se ha convertido en el principal para el 71 % de los jóvenes vascos, según datos del Observatorio Vasco de la Juventud. Entre las posibles vías de actuación, la PVD de Euskadi propone el fomento del alquiler, acciones fiscales contra las viviendas vacías, medidas legales para limitar la duración de las hipotecas y el control del fraude inmobiliario y la especulación.

 
 
EL GOBIERNO VASCO EXPROPIA LAS PRIMERAS VPO
Terra (País Vasco) - 12 de diciembre de 2006
 
 
El Gobierno vasco ha dado una vuelta de tuerca en su lucha contra el fraude en el uso de los pisos protegidos. Ha puesto en marcha el castigo más duro que prevé la Ley del Suelo: la expropiación.

El Departamento de Vivienda ha iniciado esa vía con ocho pisos, 5 en Álava, 2 en Guipúzcoa y uno en Vizcaya. Siete de los propietarios decidieron vender sus casas al Gobierno vasco al verse en un callejón sin salida. 'La ley contempla esa posibilidad de expropiar si los pisos están más de un año vacíos de forma ininterrumpida o son utilizados por personas no autorizadas', comentó el consejero, Javier Madrazo.

El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco ha inspeccionado 17.235 pisos de protección oficial desde febrero de 2005, fecha en la que puso en marcha el programa de detección del fraude. Buscaba viviendas vacías, alquiladas o vendidas de forma irregular. En 1.972 casos se detectaron irregularidades y se iniciaron diligencias previas. 'El porcentaje de indicios de fraude en el uso de viviendas protegidas es de un 9 por ciento', detalló Madrazo, que presentó en Bilbao los resultados de la labor de inspección en la comunidad autónoma.

De los casi 2.000 procesos iniciados, un total de 138 han acabado ya en una sanción a los titulares de las viviendas investigadas, multas por un importe medio de 2.200 euros. Las mas elevadas alcanzan los 6.000 euros. 'Estas sanciones se imponen de forma reiterada hasta que se corrige la irregularidad detectada. Puede ocurrir que sea una multa de 6.000 euros al mes hasta que el importe total alcance el valor del piso y quede embargado', explicaron responsables del área. El Gobierno vasco ha recaudado de esa forma más de 300.000 euros.

Cientos de expedientes continúan abiertos y avanzan con lentitud. 'Hay que tener en cuenta que es un proceso garantista', justificó Madrazo. Los responsables de Vivienda argumentan que la cifra de sanciones no es más alta y los procesos tampoco son rápidos porque los pasos que hay que dar desde la detección de los indicios de fraude hasta demostrar la infracción son complicados. 'Que se tome la decisión de quitar una vivienda a una persona es muy difícil', señaló Madrazo.

La mitad de las irregularidades quedan sin castigo. En unos casos el 'delito' ya ha prescrito, y en otros, no se logra probar las irregularidades. Las infracciones más habituales son no habitar la vivienda y llevar a cabo operaciones de compraventa o alquiler no autorizadas. 'Nos hemos encontrado con pisos que habían sido realquilados por habitaciones', recordó Madrazo.

El Gobierno vasco tiene previsto inspeccionar para 2009 las 50.000 viviendas protegidas que hay en el País Vasco. Para ello cuenta con un equipo de 18 inspectores: once se encargan de las tareas administrativas y siete realizan las visitas a los pisos. El programa de lucha contra el fraude forma parte del Plan Director de Vivienda 2006-2009. La normativa que rige en la comunidad utiliza otras dos herramientas para evitar que los pisos protegidos se conviertan en instrumento de especulación. Por una parte, todos se adjudican por sorteo, con lo que se impide 'el enchufismo' y, por otra, no se pueden vender en el mercado libre y obtener plusvalías. Sólo las puede adquirir el Gobierno vasco.

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Castilla-La Mancha
 
Más de un millar de personas apoyan al alcalde de Seseña
El Mundo (Castilla-La Mancha) - 25 de noviembre de 2006
 
 
Más de un millar de personas se han manifestado este sábado en Seseña (Toledo) en apoyo al alcalde del municipio toledano, Manuel Fuentes, ante las presiones procedentes del constructor Francisco Hernando 'El Pocero'.

Bajo una intensa lluvia, vecinos de Seseña, al igual que otros procedentes de localidades cercanas e incluso de Madrid y otras provincias, protestaron contra la especulación, el urbanismo salvaje y la corrupción urbanística, en referencia a la intención de 'El Pocero' de construir 13.500 viviendas en la localidad.

El acto central de la manifestación fue la lectura del manifiesto 'La defensa de la dignidad democrática, en apoyo al alcalde de Seseña y contra el urbanismo salvaje', que leyó el propio Fuentes junto al coordinador general de su formación, Gaspar Llamazares.

En él, se se solicitó a los gobiernos regional y central que den amparo institucional y legal a los representantes de la soberanía popular de este municipio y que se adoptaran con urgencia las medidas oportunas para evitar la especulación urbanística.

Apoyo de los trabajadores de Onde 2000 Según explicó el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, la manifestación le supone "un respaldo muy grande" y destacó la presencia de los trabajadores de la empresa de 'El Pocero' Onde 2000, "que no están de acuerdo" con su promotor.

Así, agradeció la asistencia a todos los presentes y aseguró que esto le da "mucho más valor e ímpetu para seguir trabajando". "En algunos momentos te planteas si merece la pena todo este esfuerzo y este trabajo y claro que merece la pena, porque lo que no podemos hacer es dejar un espacio libre dentro de la función pública para que la ocupen personajes para lucrarse personalmente", recalcó.

Seseña, un símbolo

Por su parte, Llamazares consideró que con este acto, Seseña se convierte en "un símbolo de la defensa de la democracia y de un urbanismo sostenible", y afirmó que "lo que tienen que hacer las Comunidades Autónomas y el Gobierno central es conseguir que los Ayuntamientos no se encuentren indefensos ante la presión de los especuladores", en alusión a 'El Pocero'.

Según indicó, el problema fundamental que tiene la lucha contra la especulación y la corrupción urbanística es "que la ley es muy laxa frente a los especuladores y hay una falta de compromiso político por parte de algunas fuerzas políticas". Así, concretó que por parte del PSOE existe "una falta de compromiso político con el urbanismo sostenible.

Finalmente, Emilio Alvarado, uno de los vecinos de Seseña que quiso mostrar su apoyo al regidor, afirmó que había "muchísimas razones para estar" en la manifestación, entre las que destacó el impedir "que la democracia sea arrollada por especuladores sin escrúpulos".

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Una promotora ‘compra’ voluntades a cambio de recalificación
El Confidencial (Castilla-La Mancha) - 28 de octubre de 2006
 
 
Hellín, el segundo municipio de Albacete en población (30.000 habitantes) tras la capital, tampoco se libra de irregularidades en su proceso de crecimiento urbanístico. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, acordó con la empresa promotora Cleyton-Ges S.L. un convenio de colaboración por el que se levantaría el complejo de carácter residencial ‘Las Higuericas’, 816 viviendas unifamiliares. En un acto promocional, en el que estuvo presente el alcalde, Cleyton-Ges donó varios cheques a asociaciones culturales del pueblo para obtener los ‘apoyos’ necesarios al citado convenio.

Para desarrollar la promoción de ‘Las Higuericas’, el Consistorio inició la tramitación de una modificación puntual en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objeto de recalificar terrenos antaño rústicos en suelo urbanizable. Como contraprestación, Cleyton-Ges se comprometió a aportar a la localidad 18.666.831 euros en concepto de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, compensación sustitutiva del 50% de vivienda protegida para “impulsar y favorecer el desarrollo económico, social y cultural del municipio”, según documentación aportada por el Partido Popular de Hellín.

Fue el pasado 16 de abril de 2004, cuando Cleyton-Ges repartió, en un acto conjunto con el alcalde Diego García Caro, 150.000 euros: 39.000 para el Ayuntamiento y 111.000 en talones nominativos para asociaciones en virtud del ‘tercer concepto’ de contraprestaciones citadas en el párrafo anterior. Pero esos 111.000 euros no quedaron fiscalizados por los servicios económicos municipales en ningún momento, con lo que no pueden vincularse a la contraprestación acordada con el Consistorio y, además, carecen de sentido teniendo en cuenta que el convenio ni siquiera se había aprobado en pleno, denuncian los populares. El acuerdo entre Ayuntamiento y promotora fue respaldado casi un año más tarde, el 28 de marzo de 2005.

En opinión de los populares, todo apunta a que el intercambio de cheques era un modo de ganar apoyos. Así lo entienden después de que en el pleno extraordinario del 6 de mayo del pasado año, y a petición de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha para dar el visto bueno al PGOU aún en trámites, se solicitara un certificado acreditativo de que el proyecto de ‘Las Higuericas’ cumplía con la ley de accesibilidad de la comunidad. Da la casualidad de que este documento lo emitió el presidente de una asociación beneficiaria de uno de los famosos cheques, 5.000 euros en concepto de subvención. Esta persona “carece de titulación técnica alguna”, apostillan en el partido de la oposición.

Por delante del PGOU

Aún sin aprobar el PGOU y, por tanto, sin estar recalificados los terrenos, la empresa Finca Parcs comenzó a promocionar el complejo de ‘Las Higuericas’ en su página web, ofertando viviendas a un determinado precio y condiciones de venta, “práctica impropia dado que no existía un suelo reclasificado para tal fin”, apunta el candidato del PP a la alcaldía, Antonio Callejas.

Para completar el desaguisado, Cleyton Ges comenzó a edificar viviendas ‘piloto’ en los terrenos de la discordia. Callejas se presentó ante el registro del Ayuntamiento para instar al alcalde a tomar medidas cautelares por esta presunta construcción ilegal. El edil García Caro no se pudo negar y tuvo que paralizar a la promotora.

Según el PP, el PGOU debería aprobarse de inmediato, pero el gobierno socialista de la localidad “lleva tres años y medio ralentizándolo para introducir en éste todas las urbanizaciones que están aterrizando en Hellín”. Prueba de ello es que el periodo de alegaciones al nuevo plan de urbanismo de Hellín concluyó el pasado mes de julio y Cleyton Ges solicitó la inclusión en el PGOU de otra promoción residencial con campo de golf de nueve hoyos denominada ‘El Romeral’ y que albergaría 4.650 viviendas. Suma y sigue, el alcalde de la localidad se apresuró en anunciar que se iba a autorizar el desarrollo, aunque “sólo con 900 viviendas”.

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Aragón
 
La especulación urbanística en Huesca, tema de debate
Diario del Alto Aragón (Aragón) - 16 de noviembre de 2006
 
Organiza la Plataforma por la Vivienda Digna

“¿Quién se hincha con la burbuja?” es una de las preguntas que se formularán los participantes en el debate que este viernes, 17 de noviembre, se celebrará en el salón de actos Genaro Poza, un acto público de presentación de la Plataforma por la Vivienda Digna, que organiza esta actividad en la que se abordará la especulación urbanística en Huesca.

Entre quienes se han sumado a esta iniciativa, destacan la Coordinadora de Vecinos Afectados por Harinas Porta; Ecologistas en Acción; Vecinos Afectados por el Área 3; Ateneo Libertario; Juventudes Católicas Obreras y Jóvenes Comunistas.

Algunos de los asuntos que sacarán a la luz son los datos de: “¿Por qué en Huesca hay 3.331 viviendas vacías, 2.796 casas como segunda residencia, y 6.554 viviendas proyectadas en la periferia de la ciudad en suelo recalificado como urbanizable?”. Entre sus propuestas para que el Ayuntamiento de la ciudad ralentice esta situación, destacan “aplicar el recargo de un 50% en el IBI a viviendas desocupadas, dejar de financiarse con la recalificación del terreno y cumplir con su compromiso de construir y reconstruir las zonas urbanas de la ciudad antes de desarrollar el suelo urbanizable y subvencionar la rehabilitación del patrimonio construido ya en la ciudad”.

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Principado de Asturias
 
MANIFESTACIÓN EN OVIEDO CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
AsturiasVerde.com (Principado de Asturias) - 02 de diciembre de 2006
 
 
Unas 6.000 personas se manifiestan en Oviedo contra la corrupción y la especulación urbanística, convocadas por ACA, Agrupación de Colectivos de Asturias

Miles de personas -según la organización- convocadas por la Asociación de Colectivos de Asturias (ACA) recorrieron hoy el centro de Oviedo para exigir que "se ponga freno a la especulación urbanística en la región" y para mostrar su rechazo a algunos proyectos previstos para el Principado.



La movilización partió a la una de la tarde de la estación del Norte y recorrió las calles de Uría, Melquiades Álvarez y Pelayo para acabar en el Paseo de Los Alamos del Parque San Francisco, donde leyeron un comunicado en el que se mencionaron algunos proyectos previstos para la región, entre ellos las líneas de alta tensión de Lada-Velilla o las urbanizaciones previstas para los municipios de Valdés y Caravia.

Durante el recorrido, los manifestantes --miles según fuentes de la organización--, ataviados con pancartas, cabezudos e incluso recreaciones de torres de alta tensión, lanzaron gritos contra el gobierno de Areces por las "barbaridades urbanísticas que se quieren permitir en la región" y por los "proyectos energéticos previstos".

El presidente de ACA, Domingo Goñi, denunció, en declaraciones a Europa Press, que toda la costa asturiana está "en peligro" por los diferentes planes urbanísticos que se están realizando en los distintos concejos. "No se entiende que si la población asturiana no crece se siga construyendo, y menos en la costa", comentó.

A juicio de Goñi "ahora es el momento de que la ciudadanía tiene que abandone la actitud pasiva ante las planes urbanísticos". Asimismo anunció que ACA se personará contra otras actuaciones urbanísticas proyectadas en Valdés y Caravia, entre otros concejos costeros.

En ese sentido, señaló que desde su colectivo se ofrece asistencia legal gratuita para denunciar este tipo de casos. Además Goñi planteó la necesidad de acudir a vía penal para denunciar la corrupción urbanística. "Es la única manera de que funcionarios y políticos no estén tan tranquilos con lo que están haciendo", comentó.

Domingo Goñi resaltó que en la movilización, "más concurrida incluso de lo que esperaban", participaron colectivos de todos los puntos de la región, lo que a su juicio indica que "la especulación urbanística afecta a todos por igual, sean del centro, de oriente o de occidente".

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Islas Baleares
 
DETENIDOS POR CORRUPCIÓN UN ALCALDE Y MIEMBRO GOBIERNO
El País (Islas Baleares) - 27 de noviembre de 2006
 
 
La Guardia Civil ha arrestado al director general de Ordenación del Territorio y al primer edil de Andratx

La Guardia Civil ha puesto en marcha esta mañana una operación contra la corrupción urbanística en la que han sido detenidos el director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Jaume Massot, y el alcalde de la localidad mallorquina de Andratx, Eugenio Hidalgo ambos del PP. A este último se le acusa de prevaricación y blanqueo de capitales, entre otras cosas.

Fuentes próximas a la operación, iniciada por orden del Juzgado de Instrucción número 12 de Mallorca, han informado de que, además de Hidalgo y Massot -que fue concejal popular en Andratx-, ha sido detenida también una tercera persona, funcionario de ese ayuntamiento mallorquín. La Cadena SER, por su parte, cifra en siete los detenidos. Una veintena de agentes de la Guardia Civil se han presentado esta mañana en la sede del Ayuntamiento de Andratx y, además de proceder a la detención del alcalde, han registrado su despacho y otras dependencias. Eugenio Hidalgo está acusado de los delitos de prevaricación, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y por haber cometido supuestamente actos prohibidos a cargos públicos. Ha sido trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Palma. El alcalde, que tiene varias causas abiertas, tenía que comparecer mañana ante el juzgado número 1, que investiga supuestas irregularidades en relación a un aparcamiento construido en el núcleo urbano de San Telmo, perteneciente a Andratx, una localidad de cerca de 10.000 habitantes, con un 15% de extranjeros y que cuya fuente principal de ingresos es el turismo.

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La Rioja
 
LA 'PVD DE LA RIOJA' MUESTRA SU APOYO AL ALCALDE DE SESEÑA
LaRepublica.es (La Rioja) - 30 de noviembre de 2006
 
 
"Desde la Plataforma por una Vivienda Digna de La Rioja, queremos mostrar nuestro más absoluto apoyo a Manuel Fuentes Revuelta, Alcalde de Seseña, por su ejemplo de dignidad política y de honestidad por desgracia tan poco corriente en la vida pública de nuestro país".

Asi comienza el Manifiesto hecho público por la Plataforma riojana, según la cual "es fundamental defender y apoyar al Alcalde de Seseña, como símbolo actual del control, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión urbanística, la defensa del entorno natural de nuestros municipios, el equilibrio territorial y medioambiental de nuestros pueblos y regiones".

La plataforma declara que los "representantes políticos deben ser firmes en la gestión del suelo como un bien público para destinarlo a la construcción de viviendas dignas, baratas y accesibles, y, por supuesto, en la defensa de los derechos fundamentales proclamados por la Constitución Española de 1978 en favor del derecho a la vivienda, de gozar de una calidad de vida digna y a disfrutar del medio ambiente en condiciones saludables y sostenibles".

Señalan a Seseña como un caso significativo en los que los intereses económicos ligados al urbanismo se quieren imponer sobre la voluntad popular y a las más elementales reglas del desarrollo sostenible.

La plataforma agradece el ejemplo de Manuel Fuentes y le transmite "el apoyo de un grupo de ciudadanos/as que toman parte activa en La Rioja para cambiar un sistema que enriquece mucho a unos pocos y destina al endeudamiento eterno y la precariedad continua a la inmensa mayoría".

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Ceuta y Melilla
 
Ceuta y los índices de sostenibilidad
El Faro de Ceuta y Melilla (Ceuta y Melilla) - 09 de diciembre de 2006
 
 
Recientemente ha sido publicado el informe de sostenibilidad en España para 2006. Según el OSE (Observatorio de la Sostenibilidad en España) este informe resume las principales consideraciones relacionadas con el desarrollo sostenible en nuestro país.

El principal objetivo del OSE es el de suministrar información relevante para el seguimiento y evaluación de los procesos más críticos de insostenibilidad del desarrollo. Es un poco decepcionante observar que, a lo largo del informe de la OSE, no se reflejan datos importantes que afectan de manera decisiva al diagnóstico sobre la sostenibilidad. Así, Ceuta está ausente de datos tan relevantes para analizar la dimensión social de la sostenibilidad como son la tasa de ocupados en riesgo de pobreza o los porcentajes de abandono temprano educativo por Comunidades Autónomas. En una esfera más relacionada con la sostenibilidad ambiental, los datos sobre el crecimiento de la superficie artificializada brillan por su ausencia y en especial lo relacionado con las costas y la afección a sus hábitats que tanto han sufrido en los últimos años en nuestra ciudad con la “regeneración” de playas o la construcción de infraestructuras portuarias. En lo que se refiere a la depuración de aguas, es algo todavía escaso en la España peninsular pero en Ceuta es simplemente inexistente y ya estamos empezando a estar algo cansados de los balones fuera de la empresa ACEMSA sobre este particular. Después de los escandalosos retrasos y de las meteduras de pata de hondo calado, solo esperamos que pronto se nos convoque para explicar el proyecto modificado de una EDAR sin olores. La cuenta energética o el nivel de dependencia energética es enorme a nivel español, y particularmente muy costoso para nuestra ciudad. Sin embargo, mientras en el resto del estado se crece enormemente en cuestión de energías alternativas, en Ceuta se está al margen de todo este sector emergente, en especial de la energía solar, donde por cierto Andalucía lidera a nivel español. Aquí no solo se vive de espaldas al mar sino también al sol. El tráfico rodado esta mal en la UE en general pero en Ceuta, por simple aritmética de número de vehículos y la malsana costumbre de coger el coche para todo, se colapsará en pocos años si no se toman medidas y no creemos que políticamente éstas se vayan a adoptar en un corto plazo.

La ocupación del territorio y el acceso a la vivienda son otros indicadores que de alguna manera unen los aspectos más ambientales con los sociales. En este sentido, conviene indicar que España, según la OSE, es el país de la UE con más viviendas por habitante, tiene también el record europeo de construcción de viviendas y donde más difícil es acceder a una vivienda. Además, España es el país con más viviendas vacías y poco ocupadas. Lo más grave de todo es, desde nuestro punto de vista, no solo el deterioro ambiental y social que muchas veces lleva aparejado la construcción del territorio sino que cada vez haya menos personas que tienen acceso a una vivienda digna.

En Ceuta, el descontrol constructivo llega a cotas elevadas; basta con dar una vuelta por las calles de la ciudad (en especial el centro) y contar el número de grúas que se yerguen como bestias metálicas por todos los rincones de la ciudad y que están amenazando a nuestro querido Monte Hacho. Lo paradójico es que es la propia administración, a través de la empresa ENVICESA, la que está amenazando una parte importante del citado promontorio. En Ceuta, como en el resto de España, se construye en exceso y existen casas y edificios que se podrían rehabilitar sin necesidad de derribarlos.

Todavía existe una baja participación de las ciudades autónomas a la hora de aportar datos que permitan evaluar los procesos relacionados con la evolución de la sosteniblidad en nuestras ciudades. Parece que debemos realizar mayores esfuerzos en la recogida de información y también en la inversión presupuestaria para conseguir alcanzar niveles de sostenibilidad adecuados para nuestro frágil territorio. La Ciudad Autónoma debe estar mejor representada en los datos del OSE, no podemos continuar siendo ese extraño tipo de ente autonómico que no termina de ser aceptado por los estamentos oficiales del estado central.

Durante el periodo electoral la nave del medioambiente no puede estar a la deriva política. Una vez concluida la Agenda 21 local, que tampoco se menciona en el informe de la OSE como elaborado en Ceuta, es el momento para dar pasos presupuestarios importantes para la mejora de los índices de sostenibilidad que acordó la sociedad ceutí. Aun reconociendo ciertos logros políticos en beneficio de las políticas ambientales y en el entendimiento con la ciudadanía, debemos ser objetivos y reconocer que en la cuestión ambiental está básicamente todo por hacer y para ello se requiere una fuerte inversión y una transformación del estamento ambiental a todos los niveles.

Según el OSE continuamos siendo un país con poca productividad en el trabajo y por tanto uno de lo puntos débiles del proceso de convergencia con la UE. En una ciudad como la nuestra la escasa productividad en el trabajo es algo que flota en el ambiente.

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