BOLETÍN DEL 11 DE OCTUBRE DE 2007
 
 
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España y vivienda
 
LA PVD CONSIDERA MUY INSUFICIENTES Y MAL ORIENTADAS MEDIDAS
Redacción PVD - 26 de septiembre de 2007
 
A juicio de la PVD, se constata la política económica y fiscal errática que ha ejecutado el gobierno durante la legislatura en relación al problema de la vivienda y su falta de valentía para afrontar los problemas de base.

Tras el anuncio por parte del gobierno de un “gran salto en políticas de vivienda”, recientemente se han presentado una serie de medidas destinadas a favorecer la emancipación y el alquiler. Al respecto de ellas queremos hacer constar lo siguiente:

- Consideramos un error la limitación de edad para acceder a una parte del grueso de las ayudas. El derecho a la vivienda está reconocido en nuestra Constitución y para hacer efectivo un derecho las medidas deben alcanzar al conjunto de la ciudadanía. Si la ayuda de 2.000 euros por hijo nacido se le negara a una madre por tener más de 30 años sería un escándalo. En la vivienda es igual. O se hace para todos, o no sirve.

- Las ayudas anunciadas podrían traducirse en una subida del precio de los alquileres. Desde la Plataforma por una Vivienda Digna lamentamos profundamente que no se haya aprendido nada del error de las desgravaciones fiscales a la compra que, según la mayoría de estudios, han contribuido a inflar el precio de la vivienda entre un 10 y un 20% y se trasladan a terceros frente a los beneficiarios directos. No entendemos por qué se somete a este riesgo al mercado del alquiler, lo que podría empeorar aún más la situación. En no pocas ocasiones hemos denunciado que este tipo de ayudas horizontales que se ofrecen con escaso control por parte de la administración y sin tener en cuenta las rentas de los beneficiarios de manera escalonada, suelen causar el efecto inverso al pretendido.

- Nos parece paradójico que se aprueben ayudas directas cuando no se ha trabajado en la creación de un parque público de viviendas en alquiler –que no ha de venir necesariamente por medio de nueva construcción- acorde al existente en otros países europeos. En Francia, por ejemplo, el 18% (más de 3 millones de viviendas) del total de viviendas son propiedad del Estado y las alquila a precios económicos a las familias más necesitadas. En España este porcentaje no llega ni al 1% y es, en muchos casos, remanente de décadas anteriores.

- Es incoherente que se retomen las medidas fiscales para favorecer el alquiler, cuando fueron condenadas a la aplicación voluntaria de las CCAA en el tramo autonómico del IRPF en la reciente reforma fiscal del señor Solbes aprobada hace menos de un año. El Ministerio de la Vivienda ya aprobó hace dos años subvenciones directas al inquilino de hasta 2.000 euros anuales que prácticamente no ha cobrado nadie en algunas CCAA, como la de Madrid, debido a que la administración autonómica pone trabas a su información y gestión. Si la gestión de las ayudas directas van a seguir en manos de las CCAA, podemos seguir enfrentándonos con el mismo problema. En el caso de las deducciones y ya que se retoman en el tramo estatal, por ejemplo se debería haber facilitado que las cantidades en cuentas ahorro vivienda puedan destinarse al alquiler además de a la compra. El no haberlo hecho demuestra la timidez de las medidas.

- Llama poderosamente la atención que el presupuesto asignado a las ayudas a la compra de vivienda, seguirá suponiendo más de 5 veces la cuantía de las deducciones al alquiler en los Presupuestos Generales del Estado.

- Por otra parte echamos en falta medidas concretas para asegurar que se efectúa un mayor control público en el mercado del alquiler. El altísimo fraude y la falta de garantías provoca que haya mucha inseguridad tanto para propietarios –problema real que se tiende a magnificar- como para inquilinos. Recientemente los técnicos de hacienda recordaban la existencia de 1 millón de alquileres no declarados. Nos preocupa que esa falta de control introduzca la picaresca también para el cobro de estas ayudas a los inquilinos. Un mayor control y garantías evitaría también la necesidad de subvencionar a los propietarios para que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler, permitiendo destinar esos recursos a quienes realmente los necesitan.

- Por último, nos parece una provocación que se insinúe que parte de los fondos se van a destinar a incentivar a los promotores de viviendas para que destinen al alquiler las que no venden (las que no venden al precio que piden…). Si la salida natural de estos promotores para vender sería bajar los precios y esto haría la vivienda más accesible (el objetivo del Ministerio, creíamos), ¿no es un fraude que el Estado gaste en algo que evita que el mercado ofrezca una mejora por sí solo? ¿qué lleva al Estado a no intervenir cuando los precios suben, pero sí cuando van a bajar evitando que lo hagan?

En opinión de la PVD estas medidas están incorrectamente orientadas. La lucha por el acceso a la vivienda se debe librar en otros frentes, varios de los cuales apuntan al Congreso de los Diputados y a otros ministerios al margen del de la Vivienda (a nivel nacional). Se trata de medidas como reformar el marco competencial en materia de vivienda y urbanismo, garantizar la financiación de las administraciones por vías alternativas al planeamiento urbanístico, penalizar el uso especulativo del suelo y la vivienda, limitar la cuantía y plazos de los créditos hipotecarios, rediseñar la oferta de las viviendas protegidas, ejercitar un mayor control público del mercado inmobiliario en su conjunto para evitar el fraude y aumentar las garantías de los consumidores y, como ya hemos dicho, suprimir los incentivos a la compra de vivienda.

En otras palabras, se trataría de deshacer, el marco regulatorio que ha impulsado la flagrante pérdida de este derecho en los últimos diez años, con una subida del coste de la vivienda del 270%, mientras los salarios apenas han subido un 30%. Para la PVD, la lucha por el acceso a la vivienda debe venir fundamentalmente por la reforma de leyes, y los fondos económicos deben destinarse principalmente a hacerlas cumplir. De esta forma la vivienda volvería a ser un bien accesible a todas las economías con actividad laboral, como en épocas pasadas de nuestra democracia, y se haría realidad que este derecho estuviera garantizado de forma universal, y no sólo para algunos afortunados. Los poderes públicos no pueden eludir la responsabilidad de solventar el gravísimo problema de vivienda existente en España y ese desequilibrio no se va a resolver a base de ayudas directas bajo el marco de una escasa e incorrecta intervención pública, con unos presupuestos para políticas de vivienda muy alejados de la media europea y sin un enfoque orientado a impedir la especulación y una verdadera política de alojamiento.

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna, animamos a los distintos partidos políticos con voluntad de hacerlo, a trabajar por el consenso en esta materia y a elaborar sus programas electorales de acuerdo a estas reformas tan profundas, como necesarias.

 
IMPUTADOS POR PREVARICACIÓN 6 EDILES Y DUEÑO DE MARINA D'OR
El País - 10 de septiembre de 2007
 
El Juzgado número 2 de Castellón ha imputado a los cinco miembros del anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Oropesa (Castellón), a un edil independiente, al arquitecto, la secretaria municipal y al presidente de Marina d'Or, Jesús Ger, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación urbanística. La investigación parte de una querella de afectados por un plan aprobado por el ayuntamiento en una zona de expansión del complejo residencial ya existente. La Generalitat se ha negado a tramitar el PAI "por concurrir en manifiestas causas de ilegalidad".

El plan arranca en 2005, cuando el ayuntamiento aprobó provisionalmente la urbanización de unos 350.000 metros cuadrados. Hasta mayo de 2006, cuando se aprobó definitivamente, la tramitación estuvo plagada de irregularidades. La necesaria cédula de urbanización fue firmada por el director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, después de que la comisión técnica dictaminara en contra. Un informe del técnico de vías pecuarias reconoce haber recibido instrucciones del director provincial de Territorio, Jorge Traver, para que realizara su dictamen de forma poco exhaustiva. El programa precisaba del informe favorable de la dirección general de Costas, que fue negativo.

Aún así, el PAI fue aprobado con los votos a favor de los concejales del PP, incluidos el alcalde, Rafael Albert, el responsable de Urbanismo, Tomás Fabregat, y del edil expulsado del PSPV, Juan Manuel Ribes.

La acusación sobre Jesús Ger, al que se señala como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, hace referencia a que, según los querellantes, "aprovechó su relación personal y económica con ediles y familiares para, prevaliéndose de ésta, solicitar de éstos la aprobación de un Plan Urbanístico injusto para la causa pública, hechos que en su caso integran el delito". Así, incluyen en la denuncia documentos sobre la supuesta relación mercantil del empresario con al menos dos de los ediles que participaron en la votación, entre los que se encuentra el concejal de Urbanismo, que sigue en el cargo.

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LA VIÑETA: VENDE AHORA QUE PUEDES
Burbuja.info (peterpan2006) - 15 de septiembre de 2007
 
 


 
 
3 ÁTICOS DE PROTECCIÓN PARA LOS HIJOS DE CALDERÓN
PeriodistaDigital.com - 17 de septiembre de 2007
 
La familia del actual presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, es una familia con suerte. Sus tres hijos tuvieron la fortuna de ser agraciados con tres áticos de nueva construcción subvencionados por la Comunidad de Madrid.

Viviendas protegidas que les salieron a los hijos del mandatario blanco por poco más de 100.000 euros, cuatro veces menos que su precio en el mercado, y que, curiosamente, fueron asignadas en una promoción de la promotora Martinsa, propiedad de Fernando Martín, otro hombre que fue, durante unos meses, presidente del Real Madrid.

Desde Martinsa aseguran que el sistema de adjudicación de las VPO de sus promociones fue "completamente legal".

"El primero que se entera, se apunta y si cumple los requisitos, se la queda", aseguran desde la empresa al semanario 'Inteviú'.

Pero en todo caso sorprende que mientras más de 200.000 jóvenes esperan en Madrid ayudas para la vivienda, tres de los hijos de Calderón hayan tenido la suerte de poder acceder a una vivienda de precio tasado.

Pero no solo a la suerte hay que acudir para explicar la fortuna de la que gozan los descendientes de Calderón. Durante las fechas en las que se realizó la adjudicación, el verano del 2002, el actual presidente del Real Madrid era uno de los abogados mercantiles que representaban los intereses de Martinsa. Los hijos de Calderón tenían una fuente dentro de la empresa más que fiable, su padre.

Una fuente que hizo que además de comprar los tres áticos de VPO, ubicados en dos de las zonas en expansión más cotizadas de Madrid: Montecarmelo y Las Tablas, los tres hijos de Calderón también adquirieran nueve plazas de garaje y un local comercial.

Según la documentación del Registro de la Propiedad, este local que fue pagado a precio de mercado y sin necesitad de hipoteca por una de las hijas de Calderón.

LEGAL O MORAL

Desde la Comunidad de Madrid aseguran también que la adjudicación es legal y que "si los hijos de Calderón tiene una concesión, es porque cumplían todos los requisitos y todo está en orden". Pero para la Plataforma para una Vivienda Digna, una cosa es que sea legal y "y otra muy distinta es que sea moral". "Las viviendas de protección pública nacen para garantizar el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos, y no para la gente que no tiene una necesidad real de ellas", denuncian.

Y es que Calderón, además de presidir el club de fútbol más laureado de la historia, preside una decena de empresas y atesora un patrimonio millonario entre el que se encuentra --como muestra un botón-- una vivienda en la lujosa urbanización de La Moraleja valorada en cinco millones de euros y en la que están empadronados dos de los hijos de Calderón, incumpliendo así, al menos formalmente, uno de los requisitos legales para acceder a una VPO, que es residir en la vivienda que se adjudica.

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LOS AYUNTAMIENTOS CON DIFICULTADES DE FINANCIACIÓN
Elpais - 06 de octubre de 2007
 
 
La venta de solares se estanca y amenaza la financiación de algunos ayuntamientos

El retraimiento que se viene registrando en el sector inmobiliario español y andaluz no se limita a la venta de casas y pisos. Las agencias especializadas en el comercio de suelo, verdadera materia prima del sector y que representa alrededor del 60% del precio final de una vivienda, se han encontrado con que cada vez cuesta más vender las parcelas. "Los precios del metro cuadrado de los terrenos puestos a la venta están bajando una media de entre el 5% y el 10%, aunque en algunos casos extremos hay parcelas que han bajado un 30%", asegura un vendedor de Málaga.

Las dificultades para la venta de suelo pueden representar un problema para la financiación de los ayuntamientos. Muchos municipios, especialmente las capitales y las localidades costeras, han obtenido grandes ingresos por la venta de su patrimonio público de suelo. En 2004, según la Cámara de Cuentas, los municipios de más de 100.000 habitantes, y los cinco municipios de más de 20.000 habitantes con mayor crecimiento poblacional recaudaron un total de 178,2 millones de euros por la gestión de suelo.

En Málaga, un 40% de los suelos calificados urbanizables según el plan general vigente, de 1997, no han llegado a edificarse. Según el viceportavoz socialista, Enrique Salvo, esto supondrá que el municipio no ingresará el 10% del aprovechamiento de cada parcela que le corresponde.

Fuentes del sector inmobiliario malagueño aseguran que "antes se vendía lo bueno y lo malo.y ahora cuesta mucho vender lo bueno". Los inversores se están refugiando en "suelos finalistas", esto es, que están catalogados como urbanizables, pero no forzosamente para vivienda. "Se vende algo mejor el suelo hotelero e incluso el industrial, para huertos solares y proyectos así".

En la costa granadina, el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), firmó hasta 40 convenios urbanísticos en los que vendía el aprovechamiento que correspondía al municipio a los mismos promotores con los que convenió. Ahora el consistorio debe cambiar sus previsiones debido a que muchas de estas promociones no saldrán, explica la edil socialista Rocío Palacios.

"En Ayamonte (Huelva) los precios de los suelos han bajado en torno a un 15% con respecto a hace dos años", afirman fuentes del sector. "Se están dando casos en puntos como La Redondela (Isla Cristina) en que grandes empresas constructoras están vendiendo extensiones de suelo considerables al mismo precio que las compraron, porque no saben cómo quitárselas de las manos", continúan. En Islantilla se llegó a pagar 150 euros el metro cuadrado de suelo y "los mismos que compraron suelos a ese precio, lo están vendiendo ahora a 90 euros". En puntos de la localidad como la Torre del Catalán se está comprando ahora el metro cuadrado a unos 30 euros y hace año y medio por menos de 70 era casi imposible encontrar nada.

En Jaén, en los últimos tres meses las operaciones de compra-venta en suelo residencial privado han sido prácticamente nulas, admite el presidente de la Federación de la Construcción, Leonardo Cruz.

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Caída del consumo y viviendas provocan un agujero en CCAA
Cotizalia.com - 11 de septiembre de 2007
 
 
La desaceleración de la actividad económica y, en particular, del consumo de las familias comienza a pasar factura en términos presupuestarios. Tanto es así que los ingresos por IVA -el principal tributo que grava el consumo- crecieron entre enero y julio únicamente un 5,1% en términos homogéneos, prácticamente la mitad de lo que aumentó la recaudación en los últimos ejercicios (un 12% en 2005 y un 9,6% en 2006).

No se detiene ahí la sangría, en este caso y de manera especial para las comunidades autónomas. Los ingresos derivados de dos tributos cedidos totalmente a las regiones, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, también se han visto afectados negativamente por la ralentización de la actividad económica, en concreto por la caída en el número de transacciones inmobiliarias.

Según datos de los registradores, el número de compraventas ha caído un 12% entre el primer trimestre de este año y el mismo periodo de tiempo del año anterior, hasta las 893.310 unidades (entre viviendas nuevas y usadas), lo que sin duda ha afectado a los recursos de las comunidades autónomas. Sobre todo teniendo en cuenta que la caída en el número de transacciones se ha acelerado en los últimos meses. Y hay que tener en cuenta que, según un reciente estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), realizado por el economista Miguel Ángel García Díaz, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos se han convertido en la segunda fuente de ingresos en los impuestos indirectos (tras el IVA).

El negocio inmobiliario

En concreto, el 11,6% del total de los recursos autonómicos procede en estos momentos de ambas figuras impositivas, por lo que su evolución es una variable relevante a la hora conocer la cuantía de los recursos públicos. Fundamentalmente en algunas comunidades que han hecho de las actividades inmobiliaria la parte del león de sus ingresos. Este es el caso de Madrid, donde Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos aportan, según el citado estudio, cerca de la cuarta parte de sus ingresos (un 21,9%). Murcia (17%), Cataluña (16%) y la Comunidad Valenciana (15,9%) se sitúan a continuación, mientras que en Extremadura y Galicia es donde tienen menor peso ambos tributos. Según el autor del informe, “el intenso incremento en las transacciones inmobiliarias y el desmesurado aumento en los precios de la vivienda son, sin duda, causas determinantes que explican ese comportamiento”.

La desaceleración de los ingresos por IVA también afectará de forma negativa a las comunidades autónomas, ya que el vigente modelo de financiación ancla una parte de los recursos en la evolución del principal tributo que grava al consumo. En concreto, el 35% de la cuota líquida asignada, ya que se trata más de una transferencia del Estado que de una verdadera cesión del tributo. Y, según los últimos datos de la Intervención General del Estado, lo que se observa es un radical cambio de tendencia, en línea con lo que sugieren las encuestas sobre clima económico y confianza del consumidor.

Las CCAA, más afectadas que el Estado

Mientras que el conjunto de los ingresos no financieros (durante los siete primeros meses del año) crece un 11,5% -cinco puntos más que el PIB nominal-, la recaudación por IVA aumenta menos de la mitad (un 5,1%), algo que no sucedía desde hace al menos un quinquenio. Por el contrario, tanto el impuesto sobre la renta como el de sociedades mantienen un buen tono al calor de los buenos datos desde el punto de vista del empleo y de los beneficios empresariales, en ambos casos con crecimientos superiores a los dos dígitos.

La contracción del consumo y de la actividad inmobiliaria afecta más a las regiones que a la Administración General del Estado, toda vez que el Ministerio de Economía tiene mayor margen para actuar. Según el objetivo de estabilidad presupuestaria pactado en mayo, el conjunto de las administraciones públicas deberá cerrar el año 2006 con un superávit presupuestario equivalente al 1,15% del PIB. Pero mientras que la Administración Central será responsable de 0,9 puntos porcentuales (incluyendo la Seguridad Social), las regiones sólo tendrán un excedente de 0,25 puntos del Producto Interior Bruto, lo que en un contexto de desaceleración de la actividad económica hace que su margen de maniobra sea sensiblemente menor.

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ADECES pide que se eliminen las ayudas para adquirir VPO
Finanzas.com - 25 de septiembre de 2007
 
 
La Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) afirmó hoy que el Plan de Vivienda del Gobierno para promover el alquiler es "un paso en la buena dirección aunque presenta lagunas", y solicitó que desaparezcan las ayudas para adquirir viviendas de Protección Oficial (VPO) y esos recursos se destinen a promover el arrendamiento

A su juicio, ha llegado el momento de promover "un gran cambio" en las políticas públicas de vivienda de las diferentes administraciones, que hasta ahora se han basado en las ayudas a la adquisición a través de la VPO como modo de dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución.

Según ADECES, la satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada no equivale a ser propietario de un inmueble, por lo que reclama que los recursos públicos destinados a subvencionar la adquisición de VPO se destinen a promover el alquiler, incluso a través de la construcción de VPO destinadas a este fin.

ADECES entiende que este cambio radical en la orientación de las políticas públicas conseguiría al menos garantizar el acceso a la vivienda digna de los ciudadanos y evitar agravios comparativos entre ciudadanos incluidos en los baremos de adquisición de VPO y aquellos otros excluidos por muy poco.

Asimismo, estimó que este cambio permitiría la rotación de quienes estando en alquiler en VPO pueden, por haber mejorado sus condiciones de vida, acudir a comprar vivienda en el mercado libre en igualdad de condiciones, así como evitar enriquecimientos patrimoniales basados en las subvenciones de todos los ciudadanos.

Por otro lado, la asociación consideró que con esta medida se evitarían los "espectáculos electorales que las administraciones autonómicas y locales ponen en marcha con motivo de los sorteos de VPO".

ADECES indicó que la promoción del alquiler exige un gran Pacto de Estado entre todas las administraciones, que a su parecer debe de hacerse extensivo a todas las fuerzas políticas, ya que el suelo para construir VPO destinada al alquiler y los planes urbanísticos son competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas.

PLAN DE VIVIENDA DEL GOBIERNO.

Tras indicar que el Plan de Vivienda del Gobierno es un paso en la buena dirección, la asociación dijo que su primera carencia es la apuesta por las ayudas a los demandantes de vivienda. Aunque ADECES afirmó compartir esta iniciativa, explicó que el fomento del alquiler requiere incentivar la oferta aumentando la seguridad jurídica de los propietarios mediante un procedimiento judicial de desahucio muy ágil, casi automático, que no perpetúe la presencia de un inquilino moroso o que atente contra la propiedad.

A su juicio, este sistema debe acompañarse de exigencias de transparencia para la verificación de los pagos, como por ejemplo, la transferencia bancaria.

Por otra parte, la asociación afirmó que debe contemplarse un tratamiento fiscal más favorable para las rentas del alquiler en atención al valor social que se le atribuye a la propiedad y que el arrendador pone a disposición de la misma.

De igual modo, ADECES, solicitó que los inquilinos puedan acceder a procedimientos ágiles para reclamar el cumplimiento de los compromisos contractuales por parte de los propietarios.

Por último, la asociación solicitó al Ministerio que no permita el uso de las ayudas para el alquiler de viviendas que no reúnan unas mínimas condiciones para ser consideradas dignas, en función del espacio o unas condiciones de habitabilidad básicas.

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Informe de CCOO sobre la situación de la vivienda
LaInsignia.org - 26 de septiembre de 2007
 
 
Y el plan del Gobierno

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad española, ya sea por la imposibilidad de un amplio número de personas de alcanzar este bien básico o por el excesivo porcentaje de renta que se debe dedicar a tal fin que limita la calidad de vida de quienes debe asumir cuotas mensuales altas. El elevado endeudamiento de las economías domésticas (roza el 100% del PIB y el 140% de su renta disponible anual) implica también consecuencias negativas para la capacidad de crecimiento de la economía española en el medio y largo plazo al limitar la capacidad agregada de consumo e inversión.

A falta de una estadística oficial fiable que permita realizar un seguimiento detallado de la evolución de los precios en toda España, hay coincidencia general en considerar muy elevado el actual precio de la compra y alquiler de vivienda, después de asistir a un desmesurado proceso de incremento dividido en dos etapas: 1985- 1989 y 1999-2006. Los datos más prudentes recogen la triplicación del precio del metro cuadrado medido en euros constantes como media en España, que aumenta hasta cuatro veces el valor inicial cuando la vivienda está situada en las grandes ciudades, lugar donde vive más de la mitad de la población española. Como resultado del proceso, el esfuerzo exigido para la compra y alquiler se ha distanciado significativamente de la renta salarial como prueba la necesidad de destinar 9,2 anualidades de media en el estado y 15,9 en las grandes ciudades para la compra o, entre 400 y 900 euros cuando la opción es el alquiler.

Las actuales ayudas públicas a la vivienda (alrededor de 14.000 millones de euros en 2007) son de distinto tipo y se distribuyen entre las distintas Administraciones, si bien, por coste y número de afectados, las principales se corresponden con compra (como mínimo del 93% del total) y la Administración General del Estado es el principal origen del pago (setenta por ciento del gasto público total).

La principal partida de gasto es la deducción en el IRPF -compartida por la AGE y las Comunidades Autónomas en un 66% y 33% respectivamente- con un coste que puede superar los 6.000 millones de euros en 2007 (5.253,30 millones en 2004 el último ejercicio con liquidación definitiva). El coste de los tipos reducidos en el IVA por compra de vivienda, le sigue en importancia (3.761,39 millones presupuestados). El gasto público directo de la Administración General del Estado (1.234,35 millones) se dirige también en su práctica totalidad a la compra de vivienda y, desgraciadamente se desconoce el destino de la partida presupuestaria de las Comunidades Autónomas denominada vivienda y urbanismo (presupuesto de 2.800,00 millones).

También se desconoce el coste de la deducción en la base imponible del IRPF de los rendimientos obtenidos por alquiler de vivienda que oscilan entre el cincuenta y el cien por ciento de los ingresos obtenidos mediante esa fuente de renta (artículo 23.b.2 del IRPF: Un cincuenta por ciento de los ingresos con carácter general y un cien por cien cuando el arrendatario tenga en 18 y 35 años y unos ingresos superiores al IPREM). Tampoco se conoce el coste para el erario público de las operaciones de suelo relacionadas con los programas de Viviendas de Protección Oficial, habitualmente a cargo de las corporaciones locales.

La aplicación desde hace décadas de políticas públicas de apoyo a la compra de vivienda -ayuda a la piedra- ha estado acompañada de un continuo crecimiento en el precio final de la vivienda y de importantes deseconomías provocadas por una innecesaria expansión casi indefinida de los núcleos urbanos. Los expertos en la materia coinciden en apuntar hacia una relación directa entre las deducciones por compra en el IRPF y los incrementos en el precio de las viviendas en propiedad que de ser así, mostrarían una clara ineficiencia de este tipo de políticas. De igual forma, la experiencia de las políticas de Vivienda de Protección Oficial sin establecer límites muy severos en la descalificación de las viviendas, implican un privilegio para las personas que en el momento de la enajenación no cumplen con las condiciones iniciales establecidas para ser beneficiarios de una política con un coste elevado para el conjunto de los ciudadanos.

La evolución en los precios y las dificultades para acceder a una vivienda junto a los importantes beneficios obtenidos por una minoría gracias a las promociones y revaloración de terrenos observados en las tres últimas décadas, reflejan poco éxito de las políticas desarrolladas en esta materia por las sucesivas administraciones para defender los intereses de la mayoría de la población. La experiencia acumulada durante tantos años permite reflexionar sobre la necesidad de introducir cambios en las políticas públicas que equilibren las ayudas entre alquiler y propiedad. La ampliación de la oferta de viviendas en alquiler y a la vez, de la demanda solvente para acceder a este tipo de viviendas mediante programas de ayuda directa a los inquilinos según su nivel de renta, permitiría no solo mejorar el acceso a un bien básico como es la vivienda mediante una disminución del esfuerzo requerido, sino también moderar la evolución de sus desorbitados precios del mercado inmobiliario gracias al uso de viviendas ahora no utilizadas. Por otra parte, una iniciativa de estas características implicaría una reactivación de la rehabilitación con efectos positivos sobre la actividad económica y el empleo.

El plan presentado da la impresión de apresuramiento, y más allá de las dos propuestas estelares, el resto de las medidas se encuentra sin concretar -ni su alcance ni su coste- y se remite a un posterior desarrollo.

En líneas generales, las medidas apuntan hacia un cambio de estrategia al fomentar el alquiler frente al actual predomino de la compra en propiedad. No hay certeza, sin embargo que los instrumentos elegidos sean los adecuados para reducir el coste de acceso a la vivienda sin trasladar a precios los recursos públicos utilizados. Las políticas de vivienda, por otra parte, deben vincularse a la situación socioeconomica de las personas y el factor edad aislado del resto, no puede ser un elemento prioritario en el destino de los recursos.

Las políticas públicas realizadas mediante deducciones en el IRPF tienen la desventaja de trasladar a precios una parte o la totalidad de las ayudas, y además, excluir a una parte de los potenciales beneficiarios, salvo que se utilice la técnica del impuesto negativo (pagar al contribuyente sin que haya realizado aportación alguna) pervirtiendo la finalidad de un tributo girado sobre la capacidad económica de las personas. Las actuaciones directas, sin embargo permiten seleccionar los objetivos y mejoran la eficiencia de las políticas públicas al aumentar el control en su aplicación.

Renta para la emancipación de los jóvenes

Ayuda lineal (210 euros durante un máximo de 48 meses) para jóvenes (22-30 años) ocupados con ingresos máximos de 22.000 euros anuales + 600 euros de préstamo para la fianza.

Problemas:

Acota la ayuda solamente a los jóvenes excluyendo a los menores de 22 y mayores de 30 años aunque su nivel de renta sea muy inferior a los 22.000 euros.

Al no ser una ayuda condicionada a un alquiler máximo puede generar una inflación en el precio del alquiler igual a la cantidad establecida como ayuda, que además repercutirá negativamente en todos los inquilinos.

En el vigente Plan de vivienda 2005-2008 ya está recogida una subvención a los inquilinos para el pago del alquiler, cuya situación no queda clara con la nueva medida aprobada. La ayuda al alquiler en el Plan de vivienda vigente es más farragosa pero cubre a colectivos de población más amplios, pero fija un nivel de renta de acceso a la misma inferior al que fija la nueva medida anunciada.

Según el Plan de vivienda 2005-2008, para obtener las subvenciones al alquiler tendrán preferencia las personas que formalicen un contrato de arrendamiento de vivienda y en quienes concurra además alguna de las siguientes circunstancias: menor de 35 años, víctima de violencia de género o terrorismo, familias numerosas, personas con discapacidad, colectivo con riesgo de exclusión social o pertenecer a otros grupos de protección preferente que fijen las CCAA. [Ahora el único requisito a este respecto es de edad, tener entre 22 y 30 años, es decir, mucho más restrictivo]

En los supuestos anteriores los eventuales beneficiarios habrán de tener unos ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y la renta anual que satisfagan ha de oscilar entre el 2-9% del precio máximo para las viviendas protegidas para arrendamiento de renta básica. Los ingresos familiares anuales se referirán, en este caso, a los de todos los ocupantes de la vivienda con independencia de que exista entre los mismos relación de parentesco.[El IPREM anual para 2007 está fijado en 5.990,40 euros, por lo que el tope para el acceso a las ayudas se fija en 14.976 euros, frente a los 22.000 euros brutos fijados en la nueva propuesta].

La cuantía máxima anual de la subvención no excederá del 40 por 100 de la renta anual que se vaya a satisfacer, ni de un máximo absoluto de 2.880 euros, y podrá ser hecha efectiva al inquilino, o al arrendador. [La nueva ayuda es una ayuda al inquilino, lineal, por un importe de 210 euros mensuales, 2.520 euros al año].

La duración máxima de esta subvención será de veinticuatro meses, condicionada a que se mantengan las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda. [La nueva ayuda tiene un periodo máximo de 48 meses]

No se podrán obtener nuevamente estas subvenciones hasta transcurridos, al menos, cinco años desde la fecha de su reconocimiento. [La nueva ayuda al alquiler no es renovable].

Deducción fiscal para el inquilino

Deducción en cuota del 10,05% en el IRPF (en el tramo estatal) con un máximo de 9.015 euros para todos los inquilinos con ingresos máximo anuales de 28.000 euros brutos (24.000 netos) y sin límite de edad. Compatible con la renta para el alquiler joven. Problemas:

Al no ser una ayuda condicionada a un alquiler máximo generará una inflación en el precio del alquiler (similar a la que sucede con la deducción por compra), que repercutirá sobre todos los inquilinos.

Las medidas anunciadas unidas a la exención de tributación en el IRPF por rentas inmobiliarias de alquiler (parcial o total según la edad) se suman a la política de conceder bonificaciones a los arrendadores (no a los inquilinos como se anuncia).

Las personas con menores ingresos, probablemente aquellas con mayor necesidad, no tendrán acceso a la deducción al no soportar retención en el IRPF, salvo que se incurra en el efecto perverso del impuesto negativo (devolución sin aportar).

Las modificaciones en política de vivienda deben dirigirse a equilibrar los beneficios entre alquiler y compra, pero con la suficiente dimensión de las primeras para que tenga un impacto en las decisiones de las personas al hacer atractivo el alquiler como opción de acceso a la vivienda. Para lo cual es imprescindible disminuir el coste real del alquiler y convertir en solventes a la mayor parte de los ciudadanos. Los programas deben afectar a todas las Administraciones Públicas, de acuerdo a la actual distribución de competencias en la materia, si bien el Gobierno de la nación debe asumir el liderazgo en su definición y en la coordinación necesaria para su posterior aplicación.

La solución al grave problema de vivienda debe ser suma de una amplia gama de políticas, no obstante la C. S. de Comisiones Obreras recuerda la importancia de aplicar un programa de subvención de alquileres, ya sugerido desde 1999, que permita lanzar este tipo de acceso a la vivienda, a la vez que aprovechar los recursos disponibles, es decir, el parque actual desocupado. El programa se dirige a un amplio universo: todas las personas que alquilen una vivienda por debajo de un precio -podría ser 900 euros- y, el porcentaje de subvención público oscilaría según el nivel de renta y las circunstancias familiares de los beneficiarios; de manera que el esfuerzo final exigido a los inquilinos -alrededor del 30% de los ingresos- convierta en atractiva esta fórmula hasta ahora rechazada por sus desventajas sobre la opción alternativa de compra aunque ésta última implique un elevado endeudamiento. La habitualmente mencionada preferencia por la propiedad de los españoles puede modificarse si se ofrecen alternativas reales que combinen el acceso a una vivienda digna con un esfuerzo razonable.

Una política de estas características requiere de una aportación asumible de recursos públicos, sobre todo a la vista del volumen y resultados del gasto actual, de manera que podría alcanzar a medio millón de ciudadanos con un coste de mil millones de euros anuales; cantidad que conviene recordar es el dieciséis por ciento del actual coste de la deducción por compra de vivienda.

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La especulación: una pesadilla para la democracia
El País - 12 de septiembre de 2007
 
 
En el marco de una Europa que quiere ser líder tanto en el desarrollo económico como en el bienestar de las personas, fomentando la innovación, la transparencia de los mercados y la preservación medioambiental, y que propugna la habitabilidad y la sostenibilidad del hábitat, no cabe el mercado inmobiliario español. La Eurocámara ha condenado de forma reiterada el urbanismo salvaje llevado a cabo en España.

Puede parecer una pesadilla, pero sabemos que no lo es. Protagonistas (personas y gobiernos locales) de algunos de los mayores escándalos urbanísticos aflorados en los últimos años y meses fueron elegidos o reelegidos en las últimas elecciones democráticas municipales, y continúan formando parte del poder público local. Los ejemplos más sorprendentes son, quizá, los de Andratx (Baleares), Castellón de la Plana y Marbella.

Un análisis de estos hechos sugiere alternativas. Desvela su relación con el carácter altamente especulativo del mercado inmobiliario español, que atrae al capital, permite el blanqueo de dinero y ha ocasionado escasez de viviendas asequibles, derroche de patrimonio físico, cultural y ambiental, fraudes inmobiliarios y debilitamiento de la democracia.

Y ¿por qué este mercado es especulativo? Porque la propia naturaleza de los bienes urbanos -escasos y duraderos- ofrece al capital la posibilidad de comprar, acumular y retener terrenos y edificaciones, aumentando su escasez y su precio, en mercados como el español, con una demanda creciente de viviendas en las concentraciones urbanas, en áreas de segundas residencias y en zonas turísticas. Los especuladores tratan, además, de obtener rentabilidades extraordinarias de sus inversiones influyendo en los gobiernos que dictan o aplican las normativas respecto al uso del suelo, a la construcción de viviendas y a los planes de urbanismo. Pretenden que adapten dichas normativas a sus intereses o que simplemente toleren su no cumplimiento. Y lo han conseguido en demasiadas ocasiones, dado que la construcción supone ingresos para los ayuntamientos y que la avaricia de algunos alcaldes, ediles o funcionarios ha originado comportamientos corruptos.

Así, las viviendas de alquiler o de compra asequibles han ido desapareciendo del mercado. Proliferan, en cambio, las promociones inmobiliarias de tipo especulativo que no tienen en cuenta que la calidad y la preservación del patrimonio físico y ambiental tiene efectos positivos tanto sobre el bienestar de las personas como sobre el futuro de la economía; la calidad del entorno influye, por ejemplo, cada vez más en las decisiones personales y también corporativas respecto a viajes turísticos y localizaciones de empresas, en especial de las compañías más innovadoras y competitivas.

Pero ¿por qué una parte demasiado importante de la sociedad española tolera aún la especulación urbana? Primero: La escasez de viviendas asequibles ha motivado un continuo aumento de la compra de viviendas, tendencia favorecida por los bajos tipos de interés habidos en los últimos años. Estos propietarios-usuarios estiman positiva la revalorización de sus casas, aunque muchos sean, también, conscientes de que vender significaría quedarse sin techo y tener que migrar. Segundo: El pequeño ahorrador ha invertido a menudo en el mercado inmobiliario buscando seguridad y rentabilidad; para él ha sido también positivo el aumento de precios. Tercero: El sector de la construcción ha sido uno de los puntales del elevado y continuado crecimiento económico; ha creado riqueza y empleo. Casi todos, ciudadanos y administraciones públicas, temen que este sector entre en recesión, hecho muy visible en municipios pequeños donde la construcción y rehabilitación de viviendas es la principal actividad económica. Y vemos que el caciquismo, personificado en forma de promotores inmobiliarios, vuelve a imponerse en varios de estos municipios.

La mayor sensibilidad de los actuales gobiernos español y catalán respecto a los problemas de la vivienda, urbanísticos, medioambientales, de fraudes y comportamientos antidemocráticos, ha motivado la adopción de nuevas medidas legislativas. Pero la complejidad de la situación a la que se ha llegado, dejando funcionar libremente durante años el mercado inmobiliario de tipo oligopolístico, dificulta la eficacia de dichas medidas.

Quizá la vía del diálogo, la negociación y el pacto es la que puede obtener mejores resultados. Esta vía ha sido emprendida por el Gobierno catalán, no sin dificultades, con el Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016, en el que participan administraciones públicas, economía privada y agentes sociales. Este pacto propone, por ejemplo, la construcción de viviendas nuevas, protegidas y de alquiler de acuerdo con las necesidades existentes y previstas; esta propuesta no parece desdeñable ni para los consumidores ni para la economía privada cuando los aumentos de los tipos de interés hacen temer una reducción sensible de la demanda.

Hay que ofrecer, también, a los municipios más recursos financieros así como asesoramiento sobre sus potencialidades económicas y de cómo desarrollarlas. De esta forma podrán diversificar sus economías y evitar que el negocio inmobiliario prevalezca, o que se produzcan emigraciones masivas que suponen, en ocasiones, la desaparición de pueblos. Los planes estratégicos tendrían que cubrir todo el territorio y aplicarse con eficacia.

Hay que actuar sin demora para garantizar un hábitat digno para todos los ciudadanos, cumpliendo tanto con el derecho constitucional refrendado en nuestro país hace casi 30 años como con el Estatuto de Cataluña.

Carme Massana es profesora de Política Económica en la Universidad de Barcelona.

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Papá Gobierno y los despropósitos en vivienda del talante
El Confidencial - 16 de septiembre de 2007
 
 
“Miles de excursionistas de todas las edades han quedado atrapados en las cumbres de las distintas cordilleras españolas ante un repentino cambio en las condiciones climáticas que ha pillado desprevenidos a la mayoría de ellos. Pese a las continuas advertencias por parte de Protección Civil de la dureza de la travesía y de los vaivenes atmosféricos que el cambio climático prodiga en estos días finales de estío, muchos de ellos desatendieron los consejos de los expertos y se lanzaron a lo que parecía una agradable excursión campestre -incitados por algunos guías interesados que minimizaron las consecuencias de su decisión-, mal equipados y sin apenas víveres. El Gobierno, no obstante, ha decidido liberarlos de toda responsabilidad y poner todos los medios a su alcance para acudir a su rescate. Los que buenamente puedan, si alguno finalmente puede, se verán obligados, en su día, a sufragar los costes derivados de su vuelta al hogar dulce hogar”. Sábado 15 de septiembre de 2007. El País. Portada.

¿Qué opinarían Uds. si la noticia arriba relatada fuera real? Probablemente se quedarían estupefactos. Anonadados ante la estulticia de unos padres de familia –o no, meros ciudadanos de a pie- que ponen en riesgo el futuro de su progenie y el suyo propio al calcular mal los riesgos del camino emprendido. Alucinados por la irresponsabilidad de unos guías que, persiguiendo su propio negocio, les embaucaron en una empresa cuyo éxito final parecía, de inicio, cuando menos dudoso. Indignados ante la actitud de unas autoridades que priman salvar al imprudente, con el dinero de todos, antes que dejarle asumir las consecuencias de sus actos conscientes y meditados, eximiéndole de cualquier castigo económico o legal. Y, sin embargo, es así.

Publicó el diario independiente de la mañana que “el gobierno sopesa incorporar a su ambicioso plan de vivienda la creación de un fondo especial de ayuda a los españoles que no puedan asumir el pago de la hipoteca como consecuencia de la subida ininterrumpida de los tipos de interés en los últimos doce meses. Ese fondo especial, todavía en estudio, permitiría conceder anticipos a cuenta –con obligación de devolución cuando la situación mejore- a todos aquellos que han recibido ya avisos de sus bancos por el impago de las letras mensuales de su hipoteca y que pueden ser desahuciados”. Reproducción literal, con todos los derechos reservados. Casi nada. Un globo sonda más que ya se ha pinchado antes de ver la luz con los desmentidos de Economía y Vivienda.

Uno, que no es tan liberal como Rodríguez-Braun, espera una pieza de éste analizando la posible medida. Porque es digna de su pluma, literaria por supuesto. Increíble. Papá Bienestar alterando los mecanismos naturales del mercado y consolando a aquellos que han asumidos riesgos por encima de sus posibilidades. Producto de Importación. La famosa put de Greenspan traída al mercado inmobiliario patrio. Gobierno Salvador en los comienzos del siglo XXI. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y, mientras, los que calcularon sus pasos y han perdido la carrera de la revalorización de la vivienda en estos últimos años, a contentarse con lo que tienen. A quién le importa su lucro cesante, víctimas como son de su propia actitud responsable.

La clave, como siempre, se encuentra en el riesgo real, que no aparente, que incorpora cualquier inversión, incluida la inmobiliaria. Administración, banca y construcción estaban demasiado interesados en que la rueda siguiera girando. Y de tanto repetir sus mensajes de optimismo, muchos terminaron por creérselos. Virtualidad frente a certeza.

Sin embargo, un acto tan meditado como la compra de una vivienda que exige, por un puro principio de seguridad jurídica, intervención de fedatario público e inscripción registral; cuyo pago requiere financiación ajena a largo plazo, tasación y aprobación de condiciones aparte; en el que la simulación está a la orden del día, con objeto de calcular las cuotas, ante variaciones en los tipos de interés; y, por encima de todo, resultado de una decisión libre y voluntaria, no puede ser objeto de la actitud paternalista del Estado. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus acciones. El fútbol es así, para bien o para mal. Y muchos miles de euros de hipoteca me contemplan. Buena semana a todos.

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La piedra escondida de Carme Chacón
Insurgente.org - 02 de octubre de 2007
 
 
Hay algo que ha pasado desapercibido o que directamente se ha dado por bueno, entre el paquete de medidas anunciado la semana pasada por el Ministerio de Vivienda. La «agilización» de los procesos de desahucio por impago del alquiler, se ha colado, sin provocar ninguna controversia, como si fuera un relleno cualquiera del pastel. Pero este detalle de la ley, tan poco llamativo en comparación con la propagandística ayuda de 210 euros, puede ser el golpe de gracia jurídico a la figura del inquilino.

Para entendernos, en el mercado inmobiliario acelerar el desahucio significa lo mismo que abaratar el despido en el mercado laboral: estrechar los derechos y los medios de defensa de la parte más débil, y ampliar la libertad y el margen de actuación, en este caso, del propietario. Eso, en el sector privado, se aprecia incluso más que una determinada bonificación fiscal o que una ayuda económica directa o indirecta. No por casualidad, ésta es exigencia habitual de promotores, propietarios y agencias inmobiliarias. Por ejemplo, para el Observatorio de la Vivienda del Consejo General del Notariado, aunque la LAU garantiza suficientemente los derechos del titular, «la pega es la lentitud de la justicia, que podría solventarse con tribunales especializados y animaría más el mercado» (Lluís Pellicer, El País, 4/02/2007)

La necesidad de una medida como ésta, se apoya en la leyenda del inquilino feroz, que además de mal pagador es un poco vándalo y tiene cierta tendencia al desperfecto allí por donde pasa. Este descrédito, es a la vez la causa y la coartada de un tratamiento político y legal que, antes que un sujeto de derecho, considera al arrendatario un factor de riesgo. De hecho, a parte de unas ayudas en las que el inquilino es prácticamente un intermediario entre administración y propietario, el Plan de Vivienda 2008-2011, abunda en la tónica general de sus antecesores: proteger y dar garantías al arrendador frente a la amenaza del arrendatario, que es, de facto y casi de iure, sospechoso.

En esta línea, el lugar común empleado con frecuencia aduce que, el miedo a procesos judiciales que pueden alargarse hasta año y medio, inhibe al propietario a la hora de arrendar su piso; pero si éste sabe que podrá expulsar con prontitud al moroso, no pondrá reparos para sacar el inmueble al mercado de alquiler. Más o menos el mismo pretexto se empleó, en su momento, para justificar la liberalización de precios: si el dueño tiene libertad para fijar el importe y aumentar el beneficio fruto del arrendamiento, el alquiler crecerá porque será rentable. Desde otro punto de vista pero con el mismo objetivo, en los últimos años se ha aplicado una política de tolerancia fiscal gracias a la que «la mayoría de los propietarios arrendadores han disfrutado de hecho de una generosa exención fiscal del 100% de los beneficios del arrendamiento» (Cinco Días 4/09/2007).

Ese paternalismo extremo aplicado a la figura del propietario, ha surtido el efecto contrario al que se pretendía de palabra. Si recogemos la experiencia de los últimos veinte años, la protección y ampliación de los derechos de propiedad ha contribuido de manera considerable al incremento de los precios y, en realidad, ha desarticulado lo que quedaba de mercado de alquiler. Desde la aprobación del Decreto Boyer en 1985, los arrendamientos, que en 1981 eran el 18,1% del total de viviendas, se redujeron hasta un 14,4% en 1991, según datos de MUFACE. Hoy, según el Ministerio de Vivienda, los alquileres son tan solo el 7.5% del parque de viviendas.

Por otro lado, cabe preguntarse si está realmente justificado el tópico del inquilino feroz, y si la medida del gobierno es necesaria, a la luz de la realidad y los datos. Según la noticia que recogemos de Lluís Pellicer, en la que se dan opiniones de organismos como la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) y la Asociación Española de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA), «el sector admite que la morosidad se mantiene baja, entre el 1% y el 2% de los contratos». Los últimos datos del Ministerio de Vivienda hablan de 1.800.000 viviendas de alquiler; por tanto hablamos de 36.000 contratos afectados de impago, 610 por cada municipio de más de 100.000 habitantes, que en una ciudad como Barcelona representa 1 caso de impago por cada 3.000 habitantes. Un nivel de morosidad testimonial, que difícilmente justifica la necesidad de acelerar este tipo de procedimientos judiciales. En el lado contrario, y continuando con el ejemplo de Barcelona, se llevan a cabo 3.650 desahucios cada año, 10 diarios, y no son difíciles de prever las consecuencias derivadas de aligerarse el ritmo procesal.

Existe, además, otro factor a tener en cuenta, y es el uso fraudulento que se hace de esta vía, para conseguir la expulsión de inquilinos con contrato vigente. Rechazar los recibos mensuales de manera deliberada, y a posteriori abrir una causa por impago, es una de las formas reconocidas de lo que se ha denominado mobbing o acoso inmobiliario. Ni que decir tiene que lo que se busca por este camino es la expulsión de vecinos que, bien por su contrato bien por la revalorización económica de una determinada zona, resultan deficitarios o de menor rentabilidad que otros con mayor poder adquisitivo.

Si pensamos que, de por sí, es difícil que el alquilado conozca la ley y tenga los medios económicos a su alcance para acceder a una defensa decente, de convertir la instrucción judicial en una contrarreloj, sus posibilidades de defensa ante el fraude se limitan a una de las leyes no escritas del mercado: «que la suerte te acompañe». De esta manera, además de no poner coto a delitos de la propiedad que son de sobra conocidos, se da alas a un uso criminal de la ley asociado a la especulación inmobiliaria.

Así, el «desahucio exprés» -como se le denominó hace dos años, cuando el Ministerio de Justicia propuso crear las «oficinas de señalamiento inmediato»- no sólo es innecesario, sino además peligroso. Con esta medida, los pocos derechos a los que aún podía atenerse el inquilino, quedan prácticamente reducidos al cero, y determinadas formas de violencia inmobiliaria salen reforzadas.

Es la piedra en la mochila de los 210 euros, una puñalada escondida entre el ruido y la fiesta del carnaval.

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Navidad política
Cartas a la Plataforma (J. Lisazu) - 21 de septiembre de 2007
 
 
..........a tenor de los anuncios de júbilo, que nos viene haciendo en las últimas semanas el presidente del gobierno a golpe de talón y zambombazo mediático.

Ayudas sociales para paliar la calidad de vida de sólo una parte de los mas desfavorecidos, (no abarca a afectados consumados, por especulación y subidas del euribor, ni a mayores de 30 años).Fórmulas expréss de despacho y rueda de prensa: pago directo (cheque universal natalidad cheque vivienda...) y desgravación fiscal (para quien declara); sin gestión con agentes sociales, sindicales, empresariales, etc. No generan empleo como lo haría el crear estructuras sociales serias, sólidas, y permanentes (jardines de infancia 0 a 3 años, ludotecas y haurtxokos, parque de vivienda de alquiler social, etc) como cultura social básica de entrada a la sociedad.

No aplicarnos en ésta tendencia europea, es lo que nos distingue del resto de países. Ellos con otra trayectoria social mas conciliadora, mantienen servicios sociales estructurales en décadas, con incuestionable orgullo y motivación de los ciudadanos para atender a sus obligaciones fiscales con conciencia de deber y no con el ánimo defraudador que también nos distingue.

El Plan de vivienda de alquiler, no frena la especulación y subida de precios. Favorece el incremento de la brecha social entre los que poseen mas vivienda de la necesaria y los que no disponen ni la necesaria para emanciparse. La medida reparadora, es la implantada en Europa: vivienda pública propiedad del estado o privada tasada con intermediación pública y no la de alquiler privado a precio libre de mercado y subvencionada con dinero de todos.

Para la convergencia europea dos oportunidades perdidas; exceso de precipitación y originalidad; falta de talante social y generosidad del gobierno socialista. No hay dos sin tres; queda el zambombazo del SMI; goteo de un 5%, para situarlo en 600 euros......casi la mitad del promedio de la UE15.

Las medidas de Zapatero recuerdan un árbol de navidad al que se van poniendo adornos; impactan, seducen, ilusionan.... a sus incondicionales y votantes bisoños. Sirve sólo para unas fechas, pues no enraíza; no ayuda a crear el bosque social y cohesionado que necesita el país, para converger con Europa (educación, sanidad, vivienda, familia, pensiones, SMI.) ni a salir de la cola y comenzar a ocupar el puesto que nos corresponde como tercer PIB europeo.... es el reto

 
 
Economía y laboral
 
CAIDA GENERALIZADA DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN TODA ESPAÑA
El Confidencial - 01 de octubre de 2007
 
 
En Valencia hasta un 10% en sólo tres meses

La ‘cosa’ está peor de lo previsto. La ralentización del mercado de la vivienda en España y el estallido de la burbuja inmobiliaria han provocado la primera caída de precios generalizada en toda España en el segmento de la vivienda usada. De media, el descenso se ha situado en el 1,6% desde julio, aunque algunas provincias han registrado caídas por encima de los dos dígitos, según el Índice Inmobiliario fotocasa.es, el indicador del precio medio de la vivienda de segunda mano en España.

Es el caso de Valencia, donde los precios han caído un 9,7% durante el tercer trimestre y un 12,5% anual. Entre las más castigadas por el ‘frenazo’ inmobiliario se encuentra también Jaén. En la provincia andaluza, los precios de las viviendas usadas se han desplomado un 13% entre julio y septiembre. Por encima de los dos dígitos figura también Asturias. Los precios registraron allí un descenso del 10% durante el tercer trimestre.

El resto de provincias españolas no ha quedado al margen de las caídas, si bien, no han sido tan abultadas. En el caso de Madrid, los precios se han dejado un 1,3% en el último mes y acumulan un descenso del 2% anual, si bien, en el tercer trimestre han permanecido estables. En Barcelona, por el contrario, los precios se han resentido un 0,5% en el último mes, si bien, tanto trimestral como anualmente, el balance es positivo.

Entre las caídas más significativas entre julio y septiembre destaca el caso de Segovia (-7,8%); Cádiz (-3,4%), Huelva (-3,9%), Zamora (-4,4%), Baleares (-3,9%) o Girona (-6,5%).

Por el contrario, el mercado inmobiliario de segunda mano sigue mostrando signos de fortaleza en Cuenca, Álava y Palencia, donde los precios en el último trimestre han subido un 4,6%, un 3,6% y un 2,7%, respectivamente.

La ralentización de precios comienza a consolidarse como una tendencia en este tercer trimestre del año ya que 13 comunidades autónomas (5 más que en el trimestre anterior), 36 provincias (12 más que en segundo trimestre) y 125 municipios (25 más que de abril a junio) ven reducidos sus precios.

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ESTO SE CAE
El Confidencial - 15 de septiembre de 2007
 
 
Antes apenas recibía llamadas de las oficinas inmobiliarias, y cuando se ponían en contacto con él, era para ofrecerle pisos muy caros que no se podía permitir. Durante el verano, sin embargo, su móvil no ha parado de sonar. Tres, cuatro e incluso cinco veces al día. Los agentes de la propiedad inmobiliaria le ofrecían un sinfín de pisos y casas como el que vende melones en un mercado de abastos. Pero ahora Juan Español no está interesado en comprar. Sabe que el sector está mal y va a esperar a que los precios estén a precios más asequibles. “Cuesta 450.000 euros, pero si hablamos con el comprador nos los deja por 300.000”, le dice el API. “No estoy interesado”, dice Juan Español. “Incluso es posible llegar a 275.000”, insiste. Pero Juan Español le vuelve a decir que no. Ahora, prefiere esperar.

Pintan bastos para las inmobiliarias. Los datos hablan por sí solos. En el primer semestre del año en curso, los ingresos por actividad residencial han descendido un 30,9% en el caso de Fadesa, un 53% en el de Realia, un 31,1% en el de Colonial, y un 12,6% en el de Sacyr. Todas ellas han vendido menos viviendas que en el mismo periodo del año anterior. Concretamente, un 26% menos Fadesa, un 42% menos Colonial y un 52,3% menos Realia. Esta última incluso ha rebajado su objetivo de ventas anual “en vista de la ralentización del mercado residencial, que ha afectado a las preventas del primer semestre”. Son datos que las propias compañías han enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por si fuera poco, el servicio de estudios del BBVA anunció ayer que prevé una rebaja de 125.000 viviendas iniciadas en 2008 y que el precio subirá menos que el IPC, un 1,4%.

“Todo el mundo sabe que aquí hay una burbuja que tiene que explotar. Y no va a ser suave”. En estos términos se expresaba a la vuelta del verano un experto del sector, que confiesa que ha vendido todas sus acciones en bancos e inmobiliarias. La pérdida de capitalización bursátil de 10.000 millones de euros de promotoras y constructoras expuestas al ladrillo en sólo dos meses avalan sus temores.

Colonial anunció a finales del turbulento mes de agosto que no tiene previsto en la actualidad distribuir dividendo alguno con cargo a los resultados del presente ejercicio y no repartirá cantidad alguna entre sus accionistas mientras su endeudamiento sobre el valor bruto de los activos supere el 65%. Se trata de una condición impuesta por Calyon, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland y Eurohypo, entidades que financiaron con 7.177 millones de euros buena parte de sus últimas compras. Por si fuera poco, la inmobiliaria indicó que cabe la posibilidad de que, previo acuerdo de las partes, “las condiciones de financiación actualmente establecidas así como los compromisos financieros resulten modificados y puedan resultar más gravosos para Colonial”, lo que empeoraría su situación.

“El principal riesgo es el temido credit crunch: que la banca retire el crédito bruscamente y acabe de ahorcar a más de uno. Y luego está el efecto contagio. Estamos esperando más casos como el de Astroc. Concretamente, se baraja la suspensión de pagos en breve de más de media docena de promotoras. Las más activas en el segmento de la segunda residencia, especialmente en costa y muy endeudadas son las que más papeletas tienen”, reconocen los expertos.

La propia Metrovacesa, cuyos datos reflejan un aumento del 38,8% en sus ingresos por actividad residencial, confirma la tendencia: “La demanda y el ritmo de ventas se están desacelerando en todo el territorio nacional, de forma más acusada en el segmento de la segunda vivienda en costa”, aseguran.

La situación de las no cotizadas, no necesariamente pequeñas, es alarmante, a tenor de sus declaraciones: “No es que el mercado se está enfriando, es que está congelado. No se vende nada. Pero además hay mucha incertidumbre. Hay empresas que operan en la Costa del Sol que no han vendido ninguna unidad en julio y agosto”, aseguran. Y lo que es peor, ven cómo el parón se está contagiando a la primera residencia: “sólo se venden viviendas pequeñas en los centros de las ciudades”, observan.

Cierre masivo de oficinas inmobiliarias

Sólo en Andalucía, han cerrado unas 4.000 oficinas inmobiliarias en los últimos meses, expulsando a unos 12.000 empleados, ha declarado el presidente de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) en esta comunidad, especialmente castigada por la crisis.

En el resto del país, no pinta mucho mejor. “Promotores que hace un año se peleaban por una parcela en un PAU nuevo, ahora ni reciben a los vendedores”, afirma un empresario del sector afincado en Madrid. También reconoce la difícil coyuntura de las compañías e intentar explicar los porqués: “El ciclo expansivo ha terminado y les ha pillado muy endeudadas. El ajuste se produce porque el comprador ha cambiado. Ya no hay inversores sino particulares que vivirán en las residencias que compran”. Para él, las más perjudicadas son “las promotoras recién llegadas que han comprado suelo caro endeudándose mucho con la caja de ahorros local”.

¿Y qué pasa con las grandes y medianas? “Afortunadamente, algunas tienen pulmón gracias a sus reservas de suelo, han reorientado el negocio, están ajustando precios para liquidar o entran en el segmento de la vivienda protegida”, aclara el empresario. “Lo que está claro es que los departamentos de marketing echan humo para intentar colocar producto”, añade.

Así pues, las promotoras se han aprestado a tirar la casa por la ventana: Metrovacesa ofrece 1.000 euros a los compradores de piso que se casan (Ayuda a las parejas), 500 euros por hijo (Baby Boom) y otros 500 euros a los inmigrantes (Ayuda al Pasaporte). Acciona regala el garaje y el trastero, Nozar rebaja el precio de la entrada, y la inmobiliaria de Carrefour entrega 1.500 euros a gastar en sus supermercados. Y lo que te rondaré morena.

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LA DEUDA DEL LADRILLO SUPERA EL BILLÓN DE EUROS
El País - 07 de octubre de 2007
 
 
La suma de lo que deben familias, inmobiliarias y constructoras iguala al PIB - El cierre de Llanera desata la preocupación - Un tercio del crédito a las empresas va a las inmobiliarias

La deuda acumulada de todo lo relacionado con el ladrillo supera por primera vez la barrera del billón de euros. La suma de lo que deben, por una parte, las familias por la compra y rehabilitación de su casa, y, por otra, las inmobiliarias y constructoras es similar al producto interior bruto (PIB) español de este año. Un sector sobreendeudado se enfrenta a una situación de incertidumbre ante la caída de la venta de viviendas y la creciente dificultad de los promotores para obtener financiación. La reciente crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos ha terminado de rematar las alegrías con las que bancos y cajas han concedido préstamos en los años del boom inmobiliario. Fuentes del sector financiero apuntan que los préstamos se van a encarecer en los próximos meses. Pero el alza en los precios no afectará tanto a las hipotecas concedidas a las familias -que se encuentran al límite tras la escalada del Euríbor de los dos últimos años-, sino a los préstamos al consumo y a los de las empresas.

Los más pesimistas han visto en la caída de la inmobiliaria valenciana Llanera del pasado lunes la prueba de que el fin del boom del ladrillo se llevará por delante a un buen número de empresas. Los afectados, sin embargo, prefieren quitarle hierro al asunto. El presidente de la asociación de promotores Asprima asegura que el parón en la venta de pisos traerá un efecto positivo: el cierre de las promotoras "oportunistas" nacidas al calor de los años de crecimiento alocado, con un carácter poco profesional y fuertemente especulativo.

Esto es verdad. Pero también lo es que en los últimos ocho años la deuda de las inmobiliarias ha pasado de representar menos del 10% de los créditos concedidos a todas las actividades productivas, a superar en el primer semestre de este año los 282.000 millones de euros. Este dato significa que uno de cada tres euros que bancos y cajas prestan a las empresas va a parar a la construcción de casas.

El catedrático de la Pompeu Fabra José García Montalvo considera "disparatado" este ritmo de crecimiento. "Un país en el que el crédito al ladrillo dobla al que se concede a la industria es un país un poco raro", asegura. Pero no son sólo las empresas las que se han endeudado durante la fiebre constructora. El dinero prestado a las familias para la vivienda y el recibido por inmobiliarias y constructoras supera el billón de euros, más o menos lo mismo que la riqueza que este año generará España.

Lo malo es que el dinero que se destina a la construcción deja de ir a usos más productivos. "Es un desastre para la economía que un sector con una productividad tan baja absorba tantos recursos", concluye el catedrático de Economía Aplicada. Desde el otro lado de la trinchera, Mariano Miguel, consejero delegado de Colonial, una de las grandes inmobiliarias, responde que estas cifras, muy superiores a las europeas, se explican por el esfuerzo tan importante realizado en los últimos años por crear en España un parque de viviendas de calidad. La política de fusiones y adquisiciones llevada a cabo en los últimos tiempos por las inmobiliarias es la responsable del crecimiento desaforado de la deuda.

El problema grave llegará, según el responsable de Colonial, si los bancos y cajas toman medidas drásticas y no conceden más crédito para las entidades que deseen comprar suelo. Miguel asegura que a raíz de la crisis hipotecaria de EE UU las entidades financieras están siendo más restrictivas. Y que esta decisión, en lugar de solucionar el problema, puede agravarlo. "Si los créditos hubieran sido accesibles, quizás alguna empresa habría comprado terrenos a Llanera; y ésta no habría tenido que cerrar. Si continúan estas restricciones, en lugar de facilitar la digestión del cambio de ciclo, no se realizarán transacciones y más gente tendrá que cerrar", remacha.

Todos reconocen que las ventas de pisos se han reducido este año significativamente. Pero los expertos en un sector en el que hace meses que reina el nerviosismo quieren transmitir tranquilidad a toda costa. "Las grandes no van a caer. Verán cómo se reducen sus beneficios, pero resistirán el tirón", opinan en Analistas Financieros. "Las empresas más importantes han hecho sus deberes. Han diversificado su actividad para no centrarse sólo en la construcción de viviendas; y han comprado suelo fuera de España cuando los precios aquí se ponían por los cielos", dice el analista Pablo Mañueco.

En un sector muy atomizado, en el que unas 80.000 empresas se reparten el pastel, los promotores se ven abocados a un proceso de concentración, en el que muchos pequeños desaparecerán o serán fagocitados por los más grandes. En la consultora Aguirre Newman confirman que algunas subastas de suelo están quedando desiertas. "Los precios de salida ya no son tan alegres como solían. O el suelo es muy bueno y el precio atractivo o la propia subasta no tiene sentido, porque no va a concurrir nadie", aseguran en la consultora.

Los bancos han dejado de apoyar la compra de suelos calificados como rurales, a los que todavía les queda una larga tramitación urbanística para que se pueda construir en ellos. Los analistas creen que de iniciar unas 850.000 viviendas al año -más de lo que construyen Alemania y Francia juntas-, se pasará al medio millón. De creer la estimación de que cada piso que se deja de construir destruye dos empleos, es evidente quiénes van a ser los primeros en pagar la caída en las ventas: los trabajadores, principalmente los menos cualificados. A pesar de que no quieren sonar alarmistas, en Aguirre Newman advierten de que la situación no ha llegado al punto más bajo. Y que el caso de Llanera ha sido el primero, pero no el último. "Habrá más", auguran.

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MÁS DE 16 MILLONES DE ESPAÑOLES DEBEN 9 VECES SU SALARIO
Cotizalia - 07 de octubre de 2007
 
Más de 16 millones de españoles deben a la banca una media de 190.000 euros, nueve veces su salario anual

No hay ninguna duda de que la economía española está endeudada hasta las cejas. Lo curioso es observarlo a través de la Central de Riesgos del Banco de España (Cirbe), un instrumento oficial que refleja con toda nitidez hasta qué punto las familias han acudido a los bancos y cajas de ahorro para financiar sus inversiones. Los datos son esclarecedores.

En estos momentos, cifras a 19 de marzo de 2007, el riesgo crediticio del sistema financiero con sus clientes (incluyendo también las cooperativas de crédito) afecta a 30.014.293 de préstamos y avales por un importe total que roza los 3,2 billones de euros. Es decir, prácticamente el triple del valor que se asigna al Producto Interior Bruto (PIB) de un año a precios de mercado.

Mucho dinero si se tiene en cuenta que esos tres billones de largos de euros los adeudan o los han avalado únicamente 16,7 millones de usuarios bancarios, lo que refleja un compromiso de pago medio de 189.948 euros. O, lo que es lo mismo, algo más de nueve veces el salario medio anual de un trabajador, situado, según el Instituto Nacional de Estadística, en 20.232 euros brutos (antes de pagar impuestos y cotizaciones sociales).

La carga financiera que deben soportar las familias es, incluso, mayor si se tiene en cuenta que la Central de Riesgos del Banco de España obliga a bancos y cajas a declarar únicamente los créditos contratados con sus clientes por una cifra superior a los 6.000 euros, por lo que si se incluyera la inmensa mayoría de los préstamos destinados a financiar el consumo, cuya cuantía es normalmente inferior a esa cifra, el resultado sería todavía más llamativo.

Los datos del Banco de España revelan hasta qué punto ha avanzado en este país lo que en la jerga financiera se conoce como grado de ‘bancarización’ de un país. Si en 2003, había únicamente 12,5 millones de personas físicas -no jurídicas- con un crédito superior a los 6.000 euros, en estos momentos hay algo más de 14,9 millones de endeudados clientes bancarios, lo que significa que en apenas cuatro años cerca de 2,5 millones de personas se han puesto en situación de deudores o avalistas.

Créditos y quiebras bancarias

La Central de Riesgo es una vieja herramienta del Banco de España -fue creada hace casi 45 años- que se considera clave en la supervisión prudencial de las entidades de crédito, pues se encarga de vigilar los riesgos en que incurre el sistema financiero con sus clientes.

Algo verdaderamente relevante teniendo en cuenta que el riesgo de crédito, como dice la propia autoridad monetaria, “es la causa principal de las quiebras de entidades bancarias, siendo la concentración de las carteras crediticias un catalizador de los problemas de solvencia de dichas entidades”.

Y hay que tener en cuenta que si hace cuatro años los riesgos contraídos por la banca con sus clientes ascendían a 1,7 billones de euros, ahora el volumen de préstamos roza los 3,2 billones, por lo que cualquier frenazo brusco de la actividad económica puede afectar a la cuenta de resultados de bancos y cajas de una manera dramática. De ahí que cada crédito se considere un riesgo potencial para cualquier entidad financiera.

Otro dato ilustra ese grado de ‘bancarización’ de la economía española. En 2006, se dieron de baja 5,47 millones de créditos tras haber vencido los plazos de amortización, pero es que ese mismo año se dieron de alta 7,08 millones de préstamos, lo que da idea del ‘boom’ crediticio que vive este país desde hace al menos una decena de años.

Una explosión que, al menos por el momento, no parece estar afectando de forma significativa en los ratios de morosidad, que se sitúan en el 0,7%, cuando en 1996 se alcanzaba el 3,93%. De la misma manera, las probabilidades de impago de un crédito han descendido (datos de 2005) hasta el 1.32%, la tercera parte del nivel de hace una decena de años.

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HIPOTECAS: 100.000 FAMILIAS PUEDEN PERDER SUS CASAS
Interviu - 10 de septiembre de 2007
 
 
El pago de las hipotecas trae de cabeza a gran parte de los españoles. La subida desbocada del euríbor alcanzó su máximo valor desde 2000 y ha superado el 4,8% en septiembre. ADICAE calcula que el aumento de las cuotas pone a alrededor de 100.000 familias al límite de sus posibilidades.

Las familias españolas no pueden más. Con el euríbor subiendo cada mes desde hace casi dos años y el precio de la vivienda por las nubes, son muchos los que están hasta el cuello. Las famosas revisiones hipotecarias vienen traduciéndose en aumentos de 80 a 90 euros al mes de media. Gregorio Oyaga, analista económico y director de Renta Fija y Warren, reconoce que la crisis inmobiliaria en Estados Unidos hace que sea un mal momento para predicciones, a la espera de los movimientos del Banco Central Europeo (BCE). El organismo, por su parte, ha descartado la posibilidad de aplazar la subida del euríbor en septiembre y al menos a corto plazo no parece que su valor vaya a bajar. Asociaciones como Plataforma por una vivienda digna o V de Vivienda empiezan a alzar la voz y proponen alternativas.

La magnitud del problema se debe en parte a que no afecta a un perfil social determinado. Jóvenes y menos jóvenes, personas con y sin estudios universitarios, gente con diferente nivel adquisitivo… Prácticamente cualquiera que pretenda comprarse una casa va a estrellarse con la realidad con la que se han topado las personas que nos han contado su experiencia en este reportaje.

Rocío y Borja (Moralzarzal) Apartamento con vistas a Navacerrada, paraíso forzado “Cuando cuento que vivo en la sierra me preguntan si tengo un chalé. Pues no, vivo en un piso antiguo de 60 metros”. Rocío acaba de cumplir 26 años y vive con Borja, de 30, en una urbanización en Moralzarzal, Madrid. Sus sueldos de auxiliar administrativa y de jardinero suman algo más de 2.000 euros mensuales que les ha dado para comprar una vivienda de treinta años a 50 kilómetros de Madrid. Les ha costado 168.888 euros. Pagaban 700 euros al mes, ya van por 860 y temen rozar los 1.000 antes de final de año. Contrataron una hipoteca de 170.000 euros con el BBVA a 30 años con un interés del 2,95+0,65%; Año y medio después, las cuentas no les cuadran: “Este mes Borja tiene que ir al dentista y no podemos pagarlo”, lamenta Rocío. Esta madrileña complementa su salario limpiando la oficina. Borja prepara oposiciones a policía municipal, aunque lo tiene difícil porque se presentan 2.000 personas para nueve plazas. “En un país donde todo el mundo quiere ser funcionario, algo anda mal”, sentencia. Rocío regaña a sus amigos por conformistas: “La gente se queja, pero desde los sofás de su casa”. Además, no se plantea tener hijos a medio plazo: “No voy a traer un niño al mundo para no poder darle ni la más mínima comodidad”.

Sergio y Vicky (Alcalá de Henares) “Si no fuera por nuestros padres no comeríamos” Por su forma de vestir los conocen en Alcalá de Henares por los chicos mod. Sergio y Vicky, de 26 y 27 años, llevan nueve juntos. La pareja veía subir los precios de las viviendas mientras esperaba los prometidos pisos de protección oficial. “El mismo piso costaba cuatro mil euros más de una semana para otra”, cuentan. “Nos hace gracia escuchar que la gente se mete en gastos a los que no puede enfrentarse. ¿Nos vamos a vivir debajo de un puente?”, sentencian.

Residen desde mayo en un bajo de 50 metros cuadrados por el que pagaron 198.000 euros más gastos de escrituras y demás. Contrataron la hipoteca joven de la Comunidad –con Caja Madrid–, con un interés del 2,75 por ciento los seis primeros meses. Después, el euríbor+0,39 por ciento. Además la pareja asegura que firmó una hipoteca creciente porque no les concedieron otra. Pagaban 680 euros mensuales y ya van por los mil.

Y a esos mil euros se enfrentan con dos sueldos de menos de 900 euros por trabajar en una cadena de supermercados. Vicky asegura que otros años había más trabajo. Ahora, sus jefes dicen que no hay ventas. “La gente no tiene dinero, estamos todos igual. Si no fuera por nuestros padres, no comeríamos”, se queja. En año y medio apenas han amortizado 2.600 euros sobre el precio de su piso. “El resto ha volado con los intereses”.

En el salón, presidido por un cuadro de Scooby-Doo, Sergio monta la maqueta de su grupo, Blow Up, mientras cuenta lo duro que fue conseguir el dinero para grabarla. La pareja suele reunir a sus amigos en casa, “a los que no tienen piso los tenemos adoptados aquí”, dicen con humor.

Jaime y Nuria (Sabadell) “La hipoteca es una prueba impuesta para cualquier pareja” Nuria y Jaime firmaron la hipoteca en marzo. Por fin, con 29 años cada uno y varios intentos frustrados por lograr un piso de protección oficial, decidieron dar el paso. Solicitaron un préstamo de 246.000 euros a pagar en treinta años. Él, informático, cobra casi 1.300 euros al mes, ella, auxiliar administrativa, algo menos de mil. Contrataron el préstamo con La Caixa a un interés variable del 4,6 por ciento que suponía 1.060 euros mensuales. Calculan que con la primera revisión pagarán en torno a 1.200 euros.

“Llevamos cuatro años juntos y necesitamos intimidad. Hicimos muchos números para ver si podíamos comprar”, cuenta Jaime. Están contentos con su casa, un dúplex de 60 metros cuadrados a estrenar cerca del centro de Sabadell y con plaza de garaje, pero se lamentan de la limitación de espacio a la hora de tener niños y aseguran que no les queda dinero para comprar los muebles.

No podían pagar un piso donde vivían –en la zona de Castelldefels– y lo buscaron en Sabadell. “Yo trabajo en Barcelona, y Nuria, a diez kilómetros de aquí; tenemos gastos de coches, seguros, teléfono… Acaban surgiendo discusiones por el agobio económico. La hipoteca es una prueba impuesta para cualquier pareja”. Jaime va más allá: “Los partidos políticos no ofrecen soluciones. Invito al presidente del Gobierno a vivir en nuestro piso con estas condiciones y que me explique si puede sobrevivir sin problemas”.

Alban Hernández (L’Hospitalet de Llobregat) “Para la próxima revisión del tipo de interés me temo lo peor” Tiene 50 años, está divorciado y se siente contra las cuerdas. En 2005, tras su separación, compró un piso de 50 metros cuadrados en L’Hospitalet de Llobregat que le costó 205.000 euros, a pagar en 30 años. Solicitó una hipoteca a Caja Madrid con un interés variable del 2,95 por ciento por la que empezó a pagar 613 euros al mes. Ya va por los 850. “Este mes tengo la próxima revisión del tipo de interés y temo lo peor” , vaticina.

Alban ha pedido alargar el plazo para reducir la cantidad a pagar. Sin embargo, afirma que Caja Madrid le pidió aguantar así otros seis meses mínimo porque su hipoteca es muy reciente. Alban está buscando un trabajo de fin de semana, ya que su empleo como jefe de almacén, por el que cobra más de 1.500 euros al mes, no basta para asumir los gastos de la vivienda y la pensión de su hija.

Ismael y Ana (Dos Hermanas) “Nos vemos obligados a vender el piso” Con 33 y 36 años, aseguran disponer de menos dinero para sus gastos que cuando eran adolescentes. “Ahora toca rezar para que no surja ningún imprevisto porque vivimos al día” , afirma Ismael, que ha tomado la decisión de vender su casa ante el temor de encontrarse en una situación sin salida. En 2005 pidieron una hipoteca de 160.000 euros con el euríbor al 2,51+1 por ciento de diferencial para comprar un piso de 90 metros cuadrados en Dos Hermanas (Sevilla). Pagaban algo más de 700 euros al mes. Tras la última revisión pagan 880.

En su búsqueda de soluciones, Ismael acaba de conseguir un trabajo como contable en Córdoba por el que va a cobrar 1.400 euros al mes. “Mi última subida salarial fue de 19 euros y pago casi 100 más de hipoteca, ¿cómo compenso eso?” , se lamenta. Ana María, por su parte, no llega a los 850 euros por su trabajo en una empresa de limpieza. Reconocen que la situación les supera: “No hay alternativa, o vendemos el piso o, si no nos lo quitan, lo vamos a pasar muy mal los próximos treinta años” .

Ismael se muestra indignado: “Me siento insultado por los políticos. No entiendo quién ha permitido que se llegue a esta situación. Hemos crecido en una sociedad de consumo, estamos acostumbrados a tener coche, a salir los fines de semana… Que no nos digan ahora que vamos a tener que vivir con lo puesto. Si trabajamos duro, ¿por qué tengo yo que vender mi piso?” .

Blanca y Nacho (Madrid) “Queríamos quedarnos a vivir en nuestro barrio” Empezaron pagando 840 euros al mes y ya van por los 1.060. Blanca y Nacho, madrileños de Vallecas, rondan los 27 años y tras seis juntos el año pasado compraron su propia casa. Aseguran que cuando le decían a la gente los precios que veían, les respondían que no estaba mal para como está el mercado. “Esa no debería ser la referencia, sino las características de la vivienda. Durante tres años vimos auténticos zulos porque entonces ganábamos menos dinero” , asegura Blanca. A pesar de las dificultades, la pareja no quería abandonar el barrio donde creció.

Para afrontar los 206.000 euros que les ha costado el piso, de 45 metros cuadrados, Blanca y Nacho solicitaron una hipoteca joven a Caja Madrid. Los primeros seis meses pagaban un interés del 2,75+0,36 de diferencial –ventajas de este tipo de hipoteca–, pero pronto aterrizaron en la realidad. Sin embargo, Blanca y Nacho saben salir adelante, ella es diseñadora gráfica en una empresa de publicidad, pronto ganará 1.400 euros al mes. Nacho es electricista y cobra 1.100.

Aun así, no pueden permitirse muchos caprichos. Nacho va al trabajo en transporte público y Blanca en su vehículo, que terminó de pagar hace un tiempo. Respecto a tener hijos, lo ven muy lejano y se lamentan de los problemas que conlleva vivir en un espacio tan reducido. “Espero no quedarme toda la vida en este piso” , comenta Blanca.

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MEDIO MILLÓN DE ESPAÑOLES INTENTA VENDER EL PISO
Público - 07 de octubre de 2006
 
Crece el número de familias atrapadas en la venta de vivienda por el parón de la demanda.

Más de medio millón de españoles busca comprador para su piso, algunos desesperadamente. Lo normal es que cada doce meses se cierre la compraventa de unas 500.000 viviendas. Pero las agencias inmobiliarias están detectando un aumento considerable del número de carteles de "Se vende" que, además, permanece más tiempo colgado.

¿Cuánto han crecido los pisos en venta? No hay un registro oficial de casas de segunda mano en venta; pero, según cálculos de los expertos, en el último cuatrimestre la cantidad de pisos en venta se ha incrementado un 19,2% en términos interanuales. Es la estimación que ha realizado Red Expertos Inmobiliarios.

Otra muestra del aumento de pisos en el mercado la da Fotocasa, uno de los principales intermediarios en internet, que cerró septiembre con 282.721 anuncios colgados, un 46% más que en el mismo mes del año pasado.

La explicación de este escenario hay que buscarla en dos circunstancias: el parón de la demanda y la subida de tipos.

Por un lado, los potenciales compradores de casa han parado de buscar ante el goteo de malas noticias sobre el mercado inmobiliario. La principal culpable de ello ha sido la crisis de escasez de dinero en el mercado provocada por las hipotecas basura de EE UU, que está generando problemas en algunas empresas. La promotora Llanera ha sido la primera víctima, aunque, como apuntan diversos directivos del sector, es un caso "puntual" por su estrategia de comprar suelo rústico pendiente de recalificar.

Esperar que baje el precio

En este momento, muchos compradores están posponiendo la búsqueda de casa a la espera de que bajen los precios. Así lo constató ayer a Efe el decano del Colegio de Registradores de España, Eugenio Rodríguez, quien avanzó que esta "contracción artificial de la demanda" se podrá ver en datos en los últimos meses de este año.

La última cifra de operaciones cerradas que presentó el Colegio de Registradores avala que cada vez cuesta más vender una casa: en el primer semestre del año las ventas bajaron un 10%, hasta 438.356. En cuanto a la subida de tipos, el incremento registrado sólo en el último año y medio está haciendo mella en la economía de muchas familias. En este periodo, el euribor, la principal referencia para contratar hipotecas, ha encarecido los préstamos una media de 136 euros al mes, es decir, 1.632 euros anuales.

Ante esta situación, los mileuristas son los más afectados. Además, sin distinción de ingresos, los dueños de pisos que venden por necesidad (separación o cambio de destino profesional) se topan con que cada vez requiere más tiempo vender un piso, más de un año.

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Las cajas está expuestas al negocio inmobiliario
Eleconomista - 05 de octubre de 2007
 
 
Alerta del Banco de España: un 70% de los créditos de las cajas está expuesto al negocio inmobiliario

¿Cuántas cajas de ahorro están atrapadas en el negocio inmobiliario? ¿Cuál es el alcance verdadero de la alerta roja lanzada por Moody's al advertir de una posible rebaja de la puntuación a cinco entidades? ¿Por qué no desveló sus identidades? ¿Están a salvo de la crisis financiera? Demasiadas preguntas, tal vez una sola respuesta: su elevada exposición a la maquinaria del negocio inmobiliario.

Las cajas de ahorro españolas han duplicado sus créditos al negocio inmobiliario y constructor en los últimos años, hasta suponer alrededor del 70,47 por ciento de su cartera crediticia al sector privado (554.290 millones de euros), un peso que parece excesivo (en los bancos, sus grandes rivales, el peso apenas llega al 55 por ciento, con datos homogéneos).

No se incluye el préstamo a las Administraciones porque no implican riesgos. Sobre todo ahora que ha estallado la crisis inmobiliaria, y que se ha llevado por delante a su primera víctima en la inmobiliaria Llanera -dejando pilladas a Bancaja, CAM, Lehman Brothers y otras entidades-. Si a esto le sumamos la caída del precio y de la venta de viviendas, el resultado es un cóctel explosivo imposible de desactivar. Incluso para el Banco de España, que en los últimos meses ha arreciado sus advertencias para salir de los riesgos del ladrillo, sobre todo con las hipotecas.

Datos demoledores

Sin embargo, los datos manejados por el organismo gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez son demoledores. En los últimos cinco años, las cajas han más que duplicado sus riesgos con los hogares en forma de hipotecas, hasta los 332.125 millones de euros. Fernández Ordóñez aprovechó su última visita a las cajas -Asamblea de la CECA en abril- para darles un serio tirón de orejas y exigirles que dejaran de financiar "el sector inmobiliario en beneficio de otras líneas de financiación", ante la crisis.

En las últimas semanas o meses, la banca ha reducido espectacularmente sus créditos destinados a vivienda, que ya crecen a ritmos más cercanos al 20 por ciento que al 30 por ciento del pasado. Las cajas prevén que lo hagan sólo al 12 por ciento en 2008, admitiendo un endurecimiento del crédito y la reducción de beneficios por la crisis.

De momento, la morosidad en España está en mínimos históricos, aunque ya comienza a repuntar. La mora hipotecaria se elevó hasta el 0,506 por ciento en el segundo trimestre, frente al 0,38 por ciento de un año antes, según datos oficiales.

Desde una caja quisieron lanzar el jueves un mensaje tranquilizador destacando la "solidez y solvencia de las entidades", y unas "coberturas de más del 250 por ciento", junto a unas provisiones en máximos.

El peligro de los promotores

Al Banco de España no sólo le preocupan las hipotecas. El crédito de las cajas al sector inmobiliario (cuyo grueso está formado por promotores) se ha multiplicado por cinco en los últimos años (hasta los 151.673 millones), al calor del boom inmobiliario, atizado por un desarrollo urbanístico incontrolado, en la que los políticos -que mandan en las cajas- han tenido algo que ver. Y ya está teniendo sus efectos, ya que los créditos morosos y con retrasos en las cajas más que triplican a los bancos (626 millones frente a 200 millones). Así, los riesgos de las cajas ya tienen una exposición del 20 por ciento. Con los constructores sólo una minoría (4.313 millones) es obra pública.

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El BdE insta a las cajas de ahorros a vender suelo
El Confidencial - 01 de octubre de 2007
 
 
Para ganar en liquidez y solvencia

El mensaje del Banco de España ya se ha escuchado con nitidez en las altas instancias de todas las cajas de ahorros. Es la hora de vender suelo y de reducir el riesgo inmobiliario. Así de tajante se ha mostrado en las últimas semanas la autoridad monetaria con algunas cajas de ahorros y, en particular, con aquellas cuyo grado de exposición al negocio inmobiliario es mayor.

Las últimas turbulencias financieras no han hecho más que echar leña al fuego a partir de un dato incontestable, y que afecta más a las cajas que a los bancos. Los depósitos captados del sector privado (que sirven posteriormente para prestárselos a los clientes) están creciendo en términos interanuales un 13,6%, muy por debajo del ritmo al que se concede financiación a empresas y familias.

En concreto, un 20,9% en junio, lo que obliga a las entidades a acudir a los mercados internacionales para financiar su expansión crediticia (principalmente mediante la emisión de valores negociables y pasivos subordinados). “El problema es que estas fuentes de financiación son más costosas y probablemente más volátiles”, como dice el último Informe de Estabilidad Financiera.

El tiempo ha terminado dando la razón a aquellas advertencias del informe, publicado en mayo pasado. La financiación ahora es más difícil y costosa, lo que explica el llamamiento del Banco de España a las entidades de depósito. Sobre todo teniendo en cuenta que casi la mitad de la cartera de créditos a empresas (el 49% del total de los préstamos concedidos) va destinada a constructoras (17%) y promotoras (32%).

Una doble recomendación

Aunque fuentes solventes del Banco de España se niegan, por razones obvias, a desvelar qué entidades están más expuesta a una intensa desaceleración del ‘ladrillo’, lo cierto es que la recomendación existe, y eso explica que desde antes del verano la autoridad monetaria haya hecho a ciertas cajas una doble recomendación: deshacer sus posiciones en el mercado inmobiliario de forma ordenada y, al mismo tiempo, no entrar en nuevas operaciones urbanísticas salvo que el proyecto esté en su último fase. Es decir, que esté simplemente a expensas de la licencia de obras, dice una fuente consultada.

¿Cuál es el problema? Pues ni más ni menos que muchas cajas han creado sus propias empresas -en solitario o con promotores locales- con el objetivo de optimizar el negocio inmobiliario y aprovecharse de toda la cadena de valor. Caixa Galicia, por ejemplo, decidió crear en 2004 una división específica para participar de forma directa en sociedades promotoras, como también han hecho la Kutxa de San Sebastián, las cajas valencianas o la de Murcia.

Según fuentes solventes, la orden del Banco de España es cortar el grifo de la financiación, aunque de forma selectiva. Fundamentalmente en desarrollos urbanísticos pendientes de aprobación por parte de las autoridades municipales o autonómicas. Las consecuencias de esta recomendación son evidentes. Muchos promotores locales -asociados a las cajas- van a tener serias dificultades para encontrar financiación, lo que hará peligrar la viabilidad del proyecto.

El argumento que da el Banco de España es el siguiente. La ralentización en el precio de la vivienda, junto con el progresivo aumento de los tipos de interés “contrasta” con la pujanza en la financiación al sector inmobiliario empresarial, por los que “si dicha disociación persistiera en el tiempo y se viera acompañada de una ralentización marcada del crecimiento económico, sería un factor de riesgo para el sistema financiero español. Históricamente”, continúa la autoridad monetaria, “la morosidad del crédito a construcción y promoción inmobiliaria ha sido la más alta de toda la financiación empresarial”.

Esto explica el mensaje del Banco de España. Y hay que tener en cuenta que en junio, último mes publicado, y en términos interanuales, el crédito a empresas continuaba creciendo nada menos que un 24,5%, mientras que el concedido a las familias lo hacía a un ritmo del 16,4%. Es decir, en ambos casos por encima de su capacidad de captar recursos en el sector privado, lo que explica la activa posición que tiene el sistema financiero español en el mercado interbancario.

Los recientes episodios de turbulencias financieras han secado ese mercado para operaciones a más de un día, por lo que el Banco de España ha optado por exigir la máxima prudencia a la hora de conceder préstamos vinculados al ladrillo. Aunque los niveles de solvencia de las cajas y los bancos son extremadamente elevados -el sistema financiero español está entre los mejores del mundo- lo cierto es que, como dice la autoridad monetaria, es la financiación a la adquisición de vivienda la que presenta un mayor aumento interanual de la morosidad (34,1%), seguida del resto de financiación a hogares (17,2%) y del crédito a promotores (16,3%). Por el contrario, la morosidad en empresas, y, en particular, cuando se excluyen constructores y promotores, crecía a tasas muy reducidas (4,6% y 1,6%, respectivamente), en diciembre de 2006.

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3 bancos españoles han acudido al BCE como Northern Rock
El Confidencial - 17 de septiembre de 2007
 
La crisis crediticia que asola al sistema financiero no es exclusiva de EEUU. Ni siquiera de Reino Unido, donde la semana pasada el Banco de Inglaterra tuvo que conceder un préstamo de urgencia al banco hipotecario Northern Rock por problemas de liquidez. También en España, donde la burbuja inmobiliaria ha llegado a ser pieza fundamental del crecimiento económico durante los últimos años y donde el interbancario está "congelado", hay entidades con problemas de liquidez, aunque todavía no ha trascendido ningún nombre.

Así lo asegura, al menos, el presidente del rescatado Northern Rock, en declaraciones recogidas este fin de semana en el diario británico The Independent: “Tres bancos españoles se han aprovechado de una facilidad similar con el Banco Central Europeo (BCE) en torno a la semana pasada y nadie se ha inmutado”, afirma Adam Applegarth, que tuvo que recurrir al Banco de Inglaterra para que le extendiera un crédito de urgencia ante la imposibilidad de financiar un “problema temporal de liquidez”.

En España, por el momento, los mensajes públicos respecto a la salud del sistema financiero frente a la crisis son todos positivos. Sin embargo, la semana pasada este periódico se hizo ya eco de la dificultad que están teniendo algunas entidades de ahorro, fundamentalmente cajas de ahorro, para obtener financiación en el mercado interbancario. Y aunque nadie ha quedado todavía al descubierto, los bancos han reducido el número de líneas de financiación a las cajas, que siguen teniendo importantes necesidades de liquidez.

Desde Londres, el ministro de finanzas británico, Alistair Darling, ha reconocido que autorizó al Banco de Inglaterra a proporcionar un importe sin especificar para apoyar a Northern Rock, principal banco hipotecario del país con una cuota de cerca del 20% del mercado. Aun sin tener exposición a los préstamos subprime, la entidad ha padecido las dificultades de liquidez provocadas por la crisis estadounidense y no ha sido capaz de obtener financiación en los mercados monetarios debido a su pequeña base de depósitos.

¿Puede pasar en España?

¿Puede producirse una situación similar en el sistema financiero español? Ésta es, sin duda, la pregunta más repetida en los últimos días. De acuerdo con los propios protagonistas, tanto bancos como cajas tienen buenos ratios de capital en sus balances y buena parte de su exposición crediticia en hipotecas está titulizada, es decir, colocada a terceros, generalmente inversores extranjeros. Mañana martes, el propio gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, comparecerá en el Congreso para ofrecer explicaciones sobre la crisis hipotecaria.

El Banco de España se ha pronunciado hoy sobre las declaraciones de Applegarth y ha dicho que ningún banco español ha solicitado financiación de urgencia al BCE. Asimismo, afirma que los bancos españoles están realizando operaciones habituales de liquidez con el Banco Central Europeo.

La intención es despejar cualquier incertidumbre sobre la solvencia del sistema financiero español. Mientras tanto, en otros países vecinos la acción política ha sido asumida por el propio presidente, como ha ocurrido en Francia. Nicolas Sarkozy ha abierto un frente contra el BCE, al que acusa de beneficiar a los especuladores con su política de subir los tipos de interés mientras dota de liquidez al sistema, lo que ha permitido a los bancos acceder a dinero fresco.

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Diez ideas para entender la crisis financiera
Rebelion.org - 17 de septiembre de 2007
 
 
Sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones

Tengo la impresión de que la mayoría de los ciudadanos se sienten confusos ante la crisis que se ha desatado en las últimas semanas. A la vista del esfuerzo financiero desplegado por los bancos centrales deben intuir que se trata de una crisis muy seria. Y a tenor del efecto que tiene sobre sus bolsillos la subida de los tipos de interés, pueden percibir que va a hacerles más daño de lo que las autoridades quieren reconocer.

En cualquier caso, aunque todo el mundo habla de la crisis, hay muy pocas ideas claras que permitan a los ciudadanos corrientes y molientes saber a ciencia cierta lo que está pasando.

Habitualmente, los economistas ortodoxos y la mayoría de los dirigentes políticos nos quieren hacer creer que las medidas económicas que toman son siempre las más acertadas y que responden a criterios “científicos” y “técnicos” indiscutibles que no hay que poner en cuestión. Pero cuando las cosas no salen bien, como ahora, cuando todos los datos se descuadran, cuando las economías casi saltan por los aires , callan como si nada ocurriera.

Su silencio está dirigido a que nos creamos que lo que sucede es algo normal, que no pasa nada de relieve y que todo deber seguir, por tanto, exactamente igual que estaba. Evitan plantearlo como un problema “político” (que es lo que en realidad es) para los ciudadanos no nos pronunciemos sobre sus causas, responsabiolidades y soluciones.

En mi opinión, la crisis de este verano es grave, mucho más profunda de lo que están reconociendo las autoridades económicas y, sobre todo, nada más que un anticipo de situaciones peores que están por llegar. Tiendo a creer que lo que está ocurriendo ahora es solo un aviso.

Conviene, pues, entender bien lo que ha ocurrido y lo que puede ir sucediendo en los próximos meses. Y para tratar de ayudar a entenderlo voy a apuntar algunas ideas explicativas básicas de la forma más sencilla e intuitiva posible, sin perjuicio de abundar más en ellas en otros trabajos posteriores más detallados.

Para facilitar su lectura omitiré datos y números así como referencias bibliográficas que, en todo caso, aún no son muy definitivos para saber con todo rigor lo que está sucediendo.

Las cuestiones que principalmente me parece que hay que conocer pare entender la actual crisis son las siguientes.

1. Es una crisis hipotecaria.

El origen inmediato de la crisis radica en el mercado hipotecario estadounidense.

Como es sabido, al calor de la enorme expansión del sector inmobiliario se generó una masiva oferta de hipotecas, de las cuales casi una quinta parte se concedieron a familias que apenas si tenían las rentas justas para pagarlas cuando los tipos de interés estaban muy bajos.

Cuanto se fueron produciendo subidas en los tipos y las hipotecas se fueron encareciendo comenzaron a darse impagados. Esto afecta inmediatamente a los bancos que había concedido estas hipotecas pero dado lo que normalmente hacen con los títulos, la crisis se extendió.

Lo que sucede es que los bancos que conceden estas hipotecas venden, a su vez, los títulos hipotecarios en los mercados financieros. Esta es la forma en que los bancos convierten el endeudamiento familiar en un impresionante negocio porque no sólo van a recibir el dinero que prestaron más los intereses sino que, además, obtienen beneficios negociando los títulos de crédito.

El inconveniente es que, como ha pasado este verano, cuando comienzan a producirse impagos porque suban los intereses o porque disminuya la renta familiar, se genera un efecto en cadena que es el que provoca que la crisis se extienda.

2. Pero la crisis no es solamente hipotecaria: es una crisis financiera.

Cuando se firma una hipoteca se crea un título financiero. Un “pasivo” u obligación para el que debe el dinero y un “activo” o derecho para el que lo presta. que es el banco. Y lo que puede y suele hacer el banco, como acabo de señalar, es comerciar con ese activo. Por ejemplo, asegurarlo o venderlo.

La paradoja que lógicamente se produce entonces es que cuanto más riesgo lleve consigo un título será menos seguro y en principio menos atractivo, pero por eso se pagará más por él y resultará más rentable.

Esa es la razón de que los títulos “basura” (técnicamente llamados “sub prime”), es decir, los que tienen bastante riesgo porque se han dado a familias con poca renta, sean precisamente los más rentables y, en consecuencia, los más apetitosos para los inversores que, en principio, busquen preferentemente rentabilidad, que son aquellos más poderosos y que, por tanto, pueden asumir más riesgo.

Los bancos norteamericanos colocaron en el mercado millones de estos títulos que adquirieron bancos e inversores de todos los países.

Es por esa causa que cuando se desata la crisis hipotecaria se desencadena al mismo tiempo una crisis financiera, puesto que el impago creciente inicial afecta enseguida a la seguridad y rentabilidad de los grandes bancos y fondos de inversión internacionales. Cuando se ven afectados, no sólo pierden dinero sino que retiran sus fondos de los mercados hasta el punto de frenar o incluso paralizar los flujos financieros internacionales, en mayor o menor medida en función de la magnitud del “latigazo” original o de su participación en el montante de los fondos afectados.

Se produce así una crisis de liquidez, no porque “falten” medios de pago, sino porque se retiran y esto ocurre porque hoy día la inmensa mayoría de los medios de pago son “ficticios”, es decir, papeles financieros más o menos como los títulos hiptecarios que comenté arriba que están vinculados principalmente a operaciones financieras de carácter especulativo.

3. Y además es una crisis que afecta a la economía real.

Aunque la crisis se desencadene inicialmente en el ámbito hipotecario, bancario o financiero, enseguida tiene efectos sobre la economía real (es decir, la que tiene que ver con la producción efectiva de bienes y servicios y no con “papeles” financieros).

El impacto sobre la economía real de esta última crisis se produce por tres razones principales.

En primer lugar, porque la crisis hipotecaria afecta lógicamente de modo muy directo al sector de la construcción que, como es bien sabido, ha sido una de las bases principales, cuando no la que más, de la expansión económica de los últimos años.

La inicial crisis hipotecaria producirá sin lugar a dudas desempleo no sólo en la construcción sino en las actividades que están relacionadas con el sector inmobiliario. Y eso permite aventurar que, sin lugar a dudas, nos encontramos desde que la crisis se empezara a manifestar incluso de manera latente, ante una nueva fase de recesión económica.

En segundo lugar, porque cuando se desata la crisis los bancos y los inversores reaccionan, como he dicho, retirando fondos del mercado y generando falta de liquidez. Los bancos ya no se prestan tan fácilmente entre ellos y, lógicamente, también reducen su oferta de créditos a los consumidores y empresas que necesitan recursos para gastar o invertir en actividades productivas.

Por lo tanto, la disminución de la liquidez en los circuitos financieros afecta a la financiación de la economía. El gasto total se resiente y, a su socaire, el conjunto de la actividad económica “real”.

En tercer lugar, y como corolario de lo anterior, los bancos centrales se enfrentan a una dilema perverso: por un lado lo que hacen (como han hecho) es poner a disposición de los bancos cientos de miles de millones de dólares (con una generosidad de la que carecen cuando los afectados por las crisis son los más desfavorecidos del planeta). Pero, por otro, para favorecer la movilización del capital, suben los tipos de interés.

Esto último lo hacen porque el tipo de interés es, al fin y al cabo, la retribución que recibirán los propietarios del dinero cuando lo ponen en disposición de otros. Y al subirlos, lo que hacen los bancos centrales es a incentivar a los poseedores de recursos financieros para que vuelvan a colocar en los mercados los recursos que han retirado.

Pero la subida de los tipos de interés tiene un doble efecto. Por un lado, favorecen la movilización del capital gracias a su mayor rentabilidad. Pero, por otro, encarecen el casi siempre imprescindible endeudamiento de las empresas y de las familias. Lo primero enriquece a los propietarios del capital que actúan preferentemente en la economía financiera y lo segundo coadyuva de nuevo a que baje su inversión y su consumo, deteriorando como he dicho el conjunto de la actividad económica.

4. Es una crisis global.

Los flujos financieros son prácticamente los únicos que se puede decir que estén completamente globalizados hoy día. Todas las operaciones financieras se realizan a escala internacional y la inmensa mayoría de ellas pasando por los paraísos fiscales que se encuentran estratégicamente situados en todos los husos horarios del planeta con el fin de que no quede ni un segundo del día sin posibilidad de ser utilizado para realizar las transacciones.

Por eso, aunque la crisis se inicie en el mercado hipotecario de un país, en este caso de Estados Unidos, es completamente seguro que se extenderá por todo el globo terráqueo, puesto que los mercados financieros son globales y los bancos e inversores que adquirieron los títulos a partir de los cuales se desencadena el latigazo inicial de la crisis están y operan en todas las esquinas de la Tierra.

De hecho, lo más probable que esté ocurriendo es que mucho de esos bancos ni siquiera sepan todavía a ciencia cierta en qué grado están siendo afectados por la crisis. Las inversiones que realizan en los mercados financieros son cruzadas, muy opacas, de papel sobre papel y de estructura piramidal, de modo que el tenedor final de un título no sabe bien a qué operación financiera original responde lo que está comprando o tratando de vender en operaciones que las nuevas tecnologías permiten realizar e modo vertiginoso y anónimo.

Pero poco a poco se va a ir descubriendo que en la crisis están implicadas muchas más entidades bancarias (por ejemplo en España) de las que en un principio han reconocido estarlo.

5. Y quizá sea algo más que una crisis hipotecaria, financiera y global.

Lo que no sabemos aún de la presente crisis es hasta qué punto todo lo anterior ha generado una crisis de solvencia bancaria, algo que no hay que descartar ni mucho menos, al menos en algunos países como España.

Los bancos (y en general los grandes poseedores de recursos financieros) se han convertido en el eje torno al cual gira la vida económica. Vienen obteniendo ingentes beneficios y han realizado inversiones gigantescas alimentando la concentración bancaria y empresarial y la especulación financiera. Bien directa o indirectamente (gracias a su financiación) son los verdaderos protagonistas de las burbujas especulativas inmobiliarias de los últimos años, de las adquisiciones especulativas de empresas y de los vaivenes de las bolsas.

Pero ahora, la cuestión estriba en saber si, después de haber colocado sus reservas en tantas inversiones especulativas, en estos momentos estarían en condiciones de soportar una crisis de liquidez financiera, una drástica disminución de la capacidad de endeudamiento de las familias y las empresas, impagos más o menos generalizados, o una explosión de la burbuja inmobiliaria que redujera el valor contable de sus activos. Es decir, si ahora dispondrían de recursos suficientes para hacer frente a las demandas de efectivo o para proporcionar los recursos financieros que requiere la vida económica.

No es aventurado sospechar que esto puede estar ocurriendo y que la ingente aportación de liquidez que han realizado los bancos centrales haya tenido como fin tratar de paliar la irresponsabilidad bancaria de los últimos años.

De hecho, es sorprendente la falta de información, la opacidad y falta de transparencia con la que las autoridades económicas manejan la crisis. Sólo están preocupadas por quitarle importancia y porque no se publiciten sus peligros, que es justamente lo que conviene hacer para pasar de puntillas cuando lo que hay sobre la mesa es una crisis de solvencia bancaria.

Puede ser, por tanto, que lo que esté ocurriendo sea algo más que una crisis producida por una mala gestión puntual de cartera de los grandes inversores derivada de los problemas hipotecarios de las familias que genera, a su vez, una crisis de liquidez. Es decir, que nos encontremos con que, además de ello, se estuviera dando una crisis que afectara a la propia estructura patrimonial de los bancos, en cuyo caso la situación actual tendría, lógicamente, consecuencias más graves y a largo plazo.

En ese caso, nos encontraríamos ante una crisis gravísima que obligaría (para salvaguardar la rentabilidad y el status quo bancarios) a establecer una especie de “corralito global” o localizado según se diera, es decir, una inmovilización del dinero depositado en los bancos para favorecer (como se hizo en Argentina) la recuperación de la solvencia bancaria.

En mi modesta opinión, ésta última circunstancia no es del todo imposible ni descartable hoy día. Hay indicios de ello: las ampliaciones de capital de algunos bancos, la intensidad con que tratan de atraer fondos (por cierto, con activos de alto riesgo que podrían agravar en el medio plazo los problemas) y las demandas de algunos dirigentes políticos más sensatos para realizar algunos cambios en las reglas del juego que imponen los reguladores (los bancos centrales, principalmente) y que actualmente consisten en dar “barra libre” a los fondos de inversión más arriesgados y volátiles detrás de los cuales están los propios bancos.

Como se sabe, el funcionamiento del negocio bancario se basa en un principio muy simple: se recogen fondos ahorrados, se “reserva” una parte de ellos para hacer frente a la demanda de pagos y con el resto se hacen inversiones rentables.

Tradicionalmente, esas inversiones consistían en prestar el dinero a los inversores reales, es decir, a las empresas que crean bienes y servicios o a los consumidores. Pero en los últimos decenios el negocio bancario ha cambiado y se dedica a colocar el ahorro, principalmente, en operaciones financieras especulativas.

Gracias al apoyo de los bancos centrales (que salen enseguida en su apoyo cuando lo necesitan) y al grado general de aceptación que tiene este estado de cosas, los bancos han podido aumentar sus negocios manteniendo una porción de reservas cada vez más pequeña, lo que lógicamente incrementa su rentabilidad, como viene sucediendo, pero aumenta agigantadamente el riesgo y disminuye su solvencia.

La consecuencia de todo ello es el extraordinario aumento de la inestabilidad del sistema y del riesgo que se asume y la pregunta que hoy día es inevitable hacerse es si en esa loca carrera hacia el beneficio no habrán llegado los bancos al paroxismo y al riesgo excesivo en los momentos actuales.

Este es un asunto que reconocen hasta los propios economistas liberales más sensatos y coherentes cuando critican el actual régimen del negocio bancario y proponen un sistema de reservas bancarias al 100% para evitar lo que podría llevar a un verdadero colapso económico.

Quizá sea demasiado atrevido afirmar que nos encontremos en esta situación, aunque yo no me atrevería tampoco a desestimarla.

En los próximos meses, o quien sabe si en pocas semanas, podremos ir descubriendo lo que efectivamente está pasando en el negocio bancario.

6. Es una crisis que tiene perjudicados.

Las autoridades económicas suelen hablar de estas crisis como si fueran algo parecido a la avería de un mecanismo de fontanería o de un automóvil, sin hacer referencia a los millones de individuos que en realidad pagan con sus rentas, con su trabajo y con su seguridad y bienestar la irracionalidad del sistema financiero en que se soportan nuestras economías.

Como cualquier otra, esta crisis tiene unos claros perjudicados.

En primer lugar, los millones de personas que en Estados Unidos y en otros países han perdido o van a perder sus viviendas y sus ahorros. O sus rentas, puesto que no se puede olvidar que cada vez que los bancos centrales suben los tipos de interés lo que directamente se produce es un trasvase de rentas desde los bolsillo de las familias o empresas endeudadas al de los banqueros. Así de fácil.

En segundo lugar, las economías más débiles (como las de las periferias en África, Latinoamérica o las de los países asiáticos más empobrecidos) puesto que cuando se desata la crisis los capitales escasean y su falta se nota especialmente en los territorios que están más necesitados de inversiones y recursos. Y que son, además, los que hacen frente con más dificultad a intereses más elevados.

En tercer lugar, la actividad económica real, las empresas y empresarios dedicados a la producción efectiva de bienes y servicios que conforman, a su vez, un anillo marginal respecto a la inversión financiera. Lo cual es lo mismo que decir, que la crisis se paga en términos de empleo, actividad económica y creación de riqueza.

7. Pero la crisis tiene también unos claros beneficiarios.

No todo el mundo pierde con la crisis. Al revés, de ella saldrán fortalecidos los bancos y los grandes poseedores de capital.

Por un lado, hay que tener en cuenta que los bancos solo tienen en títulos arriesgados una parte pequeña de su negocio, de modo que la subida en los tipos de interés repercutirá favorablemente en su rentabilidad global.

Otro efecto de la crisis será que se concentrará mucho más la propiedad de los recursos financieros y económicos.

De hecho, ya ha pasado así con los activos inmobiliarios.

Los grandes promotores y constructoras y los bancos han acumulado cientos de miles de viviendas y terrenos que en gran parte han financiado gratis gracias a la burbuja que ellos mismos han contribuido a crear. Se calcula, por ejemplo, que los bancos han adquirido alrededor de la mitad del suelo urbanizable puesto a la venta en España en los últimos quince años.

Ahora que la crisis hipotecaria se desata volverán a acumular activos inmobiliarios puesto que serán los que cuenten con información privilegiada para comprar barato a familias en apuros o a los pequeños constructores con el agua al cuello. O, simplemente, los que no tengan el más mínimo apuro a la hora de ejecutar sus créditos frente a familias que no puedan pagarlos, quedándose con sus viviendas. Y si el Estado (como incluso se ha apuntado en Estados Unidos) da ayudas a las familias para que paguen las hipotecas, lo único que se estará haciendo será garantizar que los bancos sigan cobrando sus anualidades aunque con intereses más elevados.

Además de todo ello, cuando se produce la crisis financiera los poseedores de títulos que tienen menos cobertura (los pequeños o medianos ahorradores, los fondos de inversión con menos liquidez o los que hayan calculado peor el riesgo que debían o podían asumir) tratarán de vender a toda prisa los títulos “infectados”, que serán adquiridos por los grandes bancos y fondos de inversión a precios de saldo, puesto que ellos pueden acumular títulos con rentabilidad más baja gracias a su cartera mucho más grande y a sus beneficios mucho más elevados.

Finalmente, el efecto de la crisis hipotecaria, de la crisis financiera y de la crisis real se traduce, como es lógico que así sea, en la rentabilidad empresarial y en las cotizaciones en bolsa de sus acciones. Y también en este mercado se producirán movimientos masivos de venta que serán aprovechados por los grandes inversores para acumular propiedades empresariales, concentrándose así el poder de los grandes bancos y grandes corporaciones sobre el conjunto de la economía.

La existencia de perjuidcados y beneficiados de estas crisis es lo que demuestra claramente que no son meras cuestiones “técnicas” sino auténticos asuntos políticos: son las autoridades políticas y económicas haciendo, no haciendo o dejando hacer son las que hacen que unos u otros sea perjudicados o beneficiados.

8. Es una es una crisis que quizá no sea fácilmente pasajera.

Como es fácil deducir de lo que vengo diciendo, una de las causas de la crisis actual (como de otras semejantes que se han producido en los últimos decenios) es que la economía mundial se ha volcado cada vez más hacia los intercambios financieros. En lugar de servir de instrumento para los intercambios de bienes y servicios, el dinero se ha convertido en un objeto del intercambio. Lo que se compra y se vende privilegiadamente son medios de pago, títulos financieros, papel por papel... Es lo que se ha llamado la economía financiarizada que es intrínsecamente inestable y propensa a las crisis (Un análisis más detallado en mi libro “Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal del dinero y las finanzas”. Editorial Icaria, Barcelona 2006).

A este tipo de economía se la ha calificado como “de casino” precisamente porque se basa en la especulación, porque en ella predomina el riesgo desmedido y la incertidumbre (a cambio, eso sí, de una extraordinaria rentabilidad) y eso lleva lógicamente a que las crisis se produzcan con inusitada frecuencia.

La generalización de la especulación financiera obliga a que los sujetos económicos estén continuamente caminando sobre la cuerda floja, sin una base real efectiva, como de puntillas. Pero, como dice un viejo refrán chino, ninguna persona puede mantenerse de puntillas mucho tiempo.

Por eso se sabía que la crisis hipotecaria iba a desencadenarse antes o después. Llegaría un momento en que las familias con rentas más bajas pero con hipotecas abusivas iban a no poder pagarlas. El nivel de endeudamiento que hoy día existe en la economía estadounidense, en la española o en muchas otras es sencilla y materialmente insostenible. Ha terminado saltando allí y saltará en los demás países.

La razón de por qué se ha consentido una situación abocada a la crisis es doble.

Por un lado, ya ha quedado dicho que la crisis no sólo tiene paganos, sino grandes y privilegiados beneficiarios. Y estos tienen el poder suficiente como para hacer que las cosas transcurran a favor de sus intereses aunque sea a costa de crisis y problemas económicos para los demás.

Por otro, resulta que es imposible evitar este tipo de crisis en el contexto financiarizado y global del capitalismo neoliberal de nuestros días. Cuando salta la chispa se puede tratar de paliar, como han querido hacer los bancos centrales, se pueden poner remedios pasajeros, pero es inevitable que la llama se extienda por todas las economías y por todos los sectores de la actividad económica.

Todo eso quiere decir que el caldo de cultivo de la crisis actual no es una mera incidencia hipotecaria, que sería más o menos fácil de atajar, sino el modo de funcionar de la economía capitalista de nuestros días en su conjunto. Algo que es mucho más difícil de controlar, sobre todo, cuando no hay intención ninguna de hacerlo.

En consecuencia, si hubiera que apostar, yo más bien lo haría por unos meses largos de inestabilidad profunda, de sobresaltos y de pérdida de vigor económico. El sector inmobiliario, en primer lugar, saltará próximamente por los aires en los países, como España, en donde ha generado burbujas especulativas; y detrás de él, quizá algunos ámbitos del sector bancario y financiero. Tras de lo cual es inevitable que venga una nueva fase recesiva que puede ser duradera si no se adoptan medidas de choque rápidas y contundentes en forma, principalmente, de incremento del gasto.

Desgraciadamente, esto último no suele tener hoy día otra lectura que no sea la militar como factor antirecesivo, lo que me permite augurar que, si la crisis va a más, volverán a hacerse fuertes los tambores de guerra.

Ojalá me equivoque.

9. Es una crisis avivada y consentida por los bancos centrales.

Es de gran importancia y muy relevante destacar que los bancos centrales han sido uno de los principales factores responsables de la crisis hipotecaria y financiera que estamos viviendo.

Podemos decir que los bancos centrales son responsables de la crisis, al menos, por tres razones fundamentales.

En primer lugar porque a ellos corresponde la labor de vigilar la situación del negocio bancario, la de advertir del riesgo y prevenir sus consecuencias. Y tienen medios y poder suficiente para llevarla a cabo ... si quisieran hacerlo.

Su vista gorda ante el verdaderamente aberrante e irracional comportamiento del mercado hipotecario, su indiferencia ante el sufrimiento económico que los bancos imponen a millones de familias, su mano abierta para consentir que la banca actúe con plena libertad para imponer condiciones draconianas en créditos y préstamos, o su ceguera cómplice ante el deterioro de la solvencia han favorecido la génesis de la crisis hipotecaria como primer e inmediato detonante del problema económico y financiero que hoy día se está viviendo.

Incluso algunos gobiernos o líderes mundiales estaban advirtiendo desde hace meses del riesgo que se estaba acumulando en los fondos de inversión especulativos, del peligro global que eso llevaba consigo y de la necesidad de regularlos de otra forma para tratar de darle más seguridad a la economía mundial. Pero los bancos centrales, que son quienes disponen de la mejor información sobre esa realidad y quienes sabían bien el problema real que se estaba generando, han venido callando y consintiendo que durante todo este tiempo se acumule la volatilidad y un peligro cierto de recesión mundial provocado por la llamarada originada en los flujos financieros.

En segundo lugar, porque los bancos centrales son los garantes del régimen de hipertrofia financiera y de privilegio de los flujos financieros sobre la economía real hoy día existente. Estas instituciones y la política que llevan a cabo constituyen el sostén principal de la especulación financiera y del privilegio que éstas actuaciones tienen en comparación con la actividad económica real orientada a la creación de riqueza.

Es obvio que la política monetaria es un instrumento esencial de la política económica general para conducir la actividad económica. Pero, en manos de los bancos centrales, se limita a aplicarse para controlar los precios (algo que beneficia sobre todo a los ricos y al capital, porque gracias a ello se garantizan salarios reducidos y retribución más alta al capital financiero), olvidándose de cualquier otro objetivo, como el crecimiento de la actividad o el empleo. Y ya he señalado que esa financiarización es el verdadero caldo de cultivo de estas crisis.

Finalmente, porque los bancos centrales no sólo se limitan a actuar de esta forma sino que, para colmo, atan de pies y manos a los gobiernos, que no tienen capacidad de maniobra para adoptar medidas que pudieran llevar a las economías por otros senderos.

Los bancos centrales, esclavos de una ortodoxia sin base científica alguna (puesto que ni uno solo de los postulados en los que se basa la política monetaria y económica que defienden ha quedado demostrado como más conveniente o adecuado que cualquier otro) ni comen ni dejan comer en la economía de nuestros días: como la crisis de estas últimas semanas está demostrando, vienen a ser unos meros instrumentos al servicio del mantenimiento del status quo bancario y del poder monetario y financiero global.

Su papel perverso es ya tan estrepitosamente claro que incluso algunos gobernantes de derechas más lúcidos, como Sarkozy, empiezan a denunciarlo. Y es que es muy difícil que un pirómano pase desapercibido cuando quiere actuar como apagafuegos.

10. Y es una crisis de las que podrían evitarse con otras políticas y con otros objetivos sociales.

Para terminar, hay que preguntarse si crisis como las que estamos viviendo son inevitables o si, por el contrario, hay medios para evitarlas.

En mi opinión, será muy difícil que dejen de existir en el contexto del capitalismo financiarizado de nuestros días. Como he dicho antes, son consustanciales a la lógica compulsiva del beneficio y a la hipertrofia de unos flujos financieros y actividades especulativas que son intrínsecamente inestables y volátiles.

Pero eso no quiere decir que no tengan remedio. Hay fórmulas e instrumentos suficientes para que la sociedad no tenga que soportar sus tremendos costes y para que las economías no se vean sometidas a la quiebra constante, al despilfarro, a la ineficiencia y al bloqueo permanentes.

En el marco breve de estas líneas no puedo desarrollar extensamente un planteamiento alternativo, del que hoy día ya empezamos a disponer en la literatura económica no neoliberal. Me limitaré a presentar, casi a manera de ejemplo y sin pretensión alguna de ser exhaustivo, los que considero más importantes y significativos.

- Para evitar las crisis hipotecarias es preciso evitar que la vivienda se convierta en un activo creado para generar beneficio a través de la acumulación y la especulación. Y, por supuesto, que sus instrumentos de financiación se transformen en la fuente que nutre la actividad de los mercados financieros secundarios intrínsecamente inestables y generadores de crisis. Los gobiernos tienen medios para asegurar que las viviendas sean lo que deben ser, soluciones al problema social de la habitabilidad, y no activos para canalizar el ahorro de los ricos y para labrar ganancias especulativas.

Para ello pueden establecerse reservas de suelo, controles de precios y políticas impositivas que desincentiven la especulación con bienes sociales básicos. Puede y debe romperse la vinculación entre el mercado de la vivienda y los flujos financieros garantizando fuentes estables y asequibles de financiación no vinculadas a los mercados secundarios que, como hemos visto, son la fuente de las crisis financieras.

- Para evitar las crisis financieras ni siquiera sería necesaria, aunque fuese deseable, una auténtica regulación financiera internacional que hiciera saltar por los aires los mecanismos que transmiten la especulación y la volatilidad a todas las actividades económicas. Quizá baste con incorporar, como dijera hace años James Tobin, algo de arena en las ruedas de las finanzas internaciones para desincentivar ese tipo de lógica financiera. Una arena que deberían tener la forma de impuestos y tasas internacionales, erradicación de los paraísos fiscales, transparencia y control y, sobre todo, de la creación de fuentes de crédito públicas que garanticen el funcionamiento de la actividad económica con independencia de los desequilibrios y la volatilidad de los mercados.

- Para evitar las crisis de solvencia bancaria y para limitar el irracional y excesivo poder bancario que provoca crisis y desequilibrios constantes es preciso establecer un sistema basado en la plena cobertura de las reservas bancarias.

- Para evitar que crisis localizadas se conviertan peligrosamente en crisis globales es preciso, sobre todo, acabar con el régimen de plena libertad de movimientos de capital. un régimen que solo es necesario y está justificado para garantizar mayores beneficios a los propietarios de capital, puesto que no hay razón científica alguna que permita asegurar que de esa forma se logran mejores resultados en la producción de bienes y servicios y en la actividad económica en general.

- Para evitar los efectos de las crisis financieras sobre la economía real lo necesario es, lógicamente, evitarlas aplicando los mecanismos que vengo señalando y, sobre todo, controlar la hipertrofia de los flujos financieros, y garantizar fuentes de financiación en la vida económica que no estén al albur de la lógica del beneficio sino en función de las demandas sociales.

- Para evitar que estas crisis aumenten las desigualdades produciendo millones de afectados y muy pocos beneficiarios es preciso restablecer el valor social de los impuestos, crear un auténtico sistema fiscal internacional y mecanismos internacionales de redistribución de la renta.

- Para evitar que lo bancos centrales sigan estando al servicio exclusivo de los más poderosos y esclavos de una retórica económica equivocada que coadyuva a la aparición de recesión y crisis económicas, es preciso modificar su naturaleza, someterlos al control público y de las instituciones representativas y garantizar que la política monetaria se comprometa efectivamente con objetivos económicos como el pleno empleo, la equidad y el bienestar social efectivo.

Naturalmente, todo ello, que es plenamente posible, no puede llevarse a la práctica si los ciudadanos no son capaces de negar el estado de cosas actual, de imponer su voluntad sobre la de los mercados en donde gobiernan los poderosos y para ello es preciso no solo que sean conscientes de la naturaleza real de estos problemas económicos sino que tengan el poder suficientes para convertir sus intereses en voluntades sociales y éstas en decisiones políticas. Es decir, que las mayorías ciudadanas pueden hacer justo lo que desde tiempos inmemoriales vienen haciendo solamente los más ricos y poderosos.



Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Su web personal: www.juantorreslopez.com

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Las grandes inmobiliarias se ponen serias
La Vanguardia - 12 de septiembre de 2007
 
 
Las firmas cotizadas venden hasta un 70% menos de viviendas por el parón del mercado

Los pisos ya no se venden tan deprisa como antes y esta ralentización afecta tanto a las pymes como a las grandes inmobiliarias cotizadas, que han presentado sus cuentas semestrales con un significativo descenso de sus ingresos por venta de viviendas. En este contexto, las grandes firmas promueven una patronal para estabilizar el sector.

Si es cierto que cuando la marea está subiendo eleva a todos los barcos, como decía el presidente Kennedy, lo contrario es igualmente cierto cuando llega la bajamar. Y las grandes inmobiliarias de la bolsa española lo están notando en sus propias carnes: el parón que sufre el mercado inmobiliario ha provocado caídas en las ventas de viviendas en las firmas cotizadas que llegan a superar el 50%, según los datos de cierre del primer semestre remitidos por las entidades a la CNMV.

"La demanda y el ritmo de ventas de vivienda se están desacelerando en todo el territorio nacional, de forma más acusada en el segmento de segunda vivienda en costa. Las recientes subidas del Euribor han retraído la demanda", señala la principal inmobiliaria del país, Metrovacesa, en la información remitida a los inversores. Metrovacesa, sin embargo, ha sido precisamente la firma que mejor se ha comportado: pese al estancamiento del sector ha vendido 1.223 viviendas en el primer semestre, un 39,4% más que en el mismo periodo del año anterior, y ha aumentado sus ingresos por venta de viviendas en un porcentaje similar, del 38,8%, hasta los 336,6 millones.

El panorama del resto de las grandes, sin embargo, no es tan favorable. Sólo Reyal Urbis ha conseguido cerrar el semestre con un aumento de ingresos por su actividad de promoción residencial, del 5%, aunque sus 1.337 viviendas vendidas no alcanzan las que vendieron Reyal y Urbis por separado en el mismo periodo del año pasado. Para Sacyr Vallehermoso los ingresos por venta de viviendas se situaron en 518 millones, un 12,6% menos que en el mismo periodo del 2006.

Colonial vendió 186 viviendas, un 42% menos que las 321 del año pasado, y sufrió un descenso de sus ingresos por promoción residencial del 31%. Las 2.885 viviendas vendidas por Fadesa suponen un descenso del 26% frente a las 3.904 del año pasado, mientras que sus ingresos cayeron un 30,9%. El descenso es aún mayor en Realia (257 viviendas vendidas, un 52,3% menos que en el 2006, con un descenso similar de los ingresos).

Otras dos firmas que no facilitan las viviendas vendidas registran igualmente descensos en sus ingresos procedentes del sector residencial: Renta Corporación, que ingresó 98 millones, un 44,9% menos, e Inbesòs, que ingresó 3,67 millones, un 77,9% menos que en el primer semestre del año anterior.

Las cuentas de las entidades no sólo reflejan un descenso de las ventas, sino también un deterioro de los márgenes, derivado de los mayores costes financieros y de comercialización y de la propia dinámica del mercado, que impide aumentar el precio de los pisos para absorberlos. Las mayores rebajas de márgenes se dan en Colonial (que queda en el 7%) y Reyal Urbis (un 15%), pero esconden el efecto contable de las revalorizaciones de activos llevadas a cabo para su fusión. Sin embargo, otras empresas exentas de este impacto registran también caídas, como Metrovacesa, Realia o Fadesa.

Algunas entidades están reconociendo abiertamente que el nuevo escenario del mercado influirá en sus cuentas. Es el caso de Realia, que asegura que "en vista de la ralentización del mercado residencial que ha afectado a las preventas del primer semestre", rebaja su objetivo de ventas anual, que prevé situar entre las 1.300 y 1.500 viviendas. Colonial, Fadesa y Metrovacesa, por el contrario, advierten un ligero repunte de las ventas en el segundo trimestre que justifica la estabilidad en sus previsiones.

La preocupación por el sector ha llevado a catorce grandes inmobiliarias a crear una patronal para defender el buen hacer de sus empresas y fomentar la confianza de los inversores: tanto de los que se plantean comprar una vivienda y que en el último año han optado por otros países o por otros activos como la renta fija, como de las bolsas, donde en lo que llevamos de año las empresas del sector han perdido cerca de un tercio de su valor.

La nueva patronal estará participada, entre otras, por Colonial, Metrovacesa, Sacyr Vallehermoso, Fadesa, Nozar, Reyal Urbis, Rayet, Restaura y Realia. Fernando Martín, presidente de Fadesa, será su presidente y la secretaría general será asumida por el que fue secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez. Las empresas quieren que se reconozca la contribución del sector inmobiliario a la economía española como "responsables de la generación de riqueza y de la estabilidad" y como motor del empleo. Las firmas defenderán además que comparten una misma filosofía de trabajo que incluye la "calidad de sus promociones, la profesionalidad de sus equipos y la absoluta transparencia en su gestión".

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La inmobiliaria Llanera suspende pagos
Expansión - 02 de octubre de 2007
 
 
Y deja en el aire 700 millones

La falta de liquidez de la compañía para hacer frente a los pagarés que vencieron el pasado domingo ha precipitado la vía judicial, que también ha sido instada por algunas empresas con las que mantiene deudas.

Ni la venta de suelo contrarreloj ni las negociaciones in extremis con sus proveedores y entidades financieras han permitido a Llanera esquivar el proceso concursal, la antigua suspensión de pagos.

Una situación tan irreversible que, finalmente, los juzgados de Valencia fueron testigos ayer de la presentación de dos solicitudes de concurso de acreedores, uno “voluntario”, de la propia Llanera, y otro “necesario”, a instancias de varios proveedores. La diferencia entre uno y otro estriba en que con el necesario se podrían suspender las funciones de los actuales administradores, una posibilidad que Llanera puede haber evitado al adelantarse en el último momento.

El concurso voluntario afecta a seis sociedades: Llanera; Llanera Construcciones, Obras y Proyectos; Llanera Urbanismo e Inmobiliaria; Aldalondo; Descans Les Marines y Patrimonial Arenall. El pasivo total de estas empresas se sitúa en torno a 700 millones de euros, según fuentes internas, ligeramente inferior a los 748 millones que cifraba la auditoría al cierre de 2006, tras haberse materializado algunas operaciones de venta de suelo.

El detonante final ha sido el vencimiento el pasado domingo de pagarés que no han sido hechos efectivos y que se suman a los devueltos hace dos semanas. Los impagos a proveedores superan ya los diez millones, según fuentes conocedoras del grupo. Con todo, las cajas valencianas son los principales acreedores del grupo.

En el caso de Bancaja, cifra su deuda entorno a 92 millones y estima que el 97% cuenta “con garantías adecuadas”, por lo que considera que no debería suponer “ninguna contigencia patrimonial”. Precisamente, la inmobiliaria emitió ayer un comunicado en que considera que el concurso ha sido motivado por la actitud de las entidades financieras, con “el progresivo recorte del crédito con los proveedores” y la “negativa” a renegociar su deuda o aceptar como contraprestación la cesión de proyectos.

Llanera, que reconoce que arrastraba “gravísimas dificultades de tesorería” en los últimos nueve meses pero que, pese a ello, había conseguido mantener los pagos, también responsabiliza de su situación “a la evolución del mercado inmobiliario en España y al incremento continuado del euribor”. Además, considera que desde comienzos de año “viene sufriendo un continuado deterioro en la imagen de su solvencia por las repetidas noticias aparecidas en los medios”. El único aspecto en el que reconoce algún error es en que la crisis general ha tenido especial incidencia en su caso por su estructura de negocio y de financiación: “Nuestra actividad inmobiliaria tiene proyectos de maduración a largo plazo que han sido financiados a corto plazo”.

Reestructuración

La solicitud del concurso de acreedores, en principio asignado al juzgado de lo Mercantil Número 2 de Valencia, podría ir acompañada de un expediente de regulación que afecte a más del centenar de empleos manejados inicialmente. La propia Llanera propone como fórmula para superar la crisis “reducir sus costes fijos”. En los últimos meses ha recortado la plantilla en 200 personas, hasta rondar las 600.

Unión

Hoy la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI) ha recomendado a los clientes de Llanera que se junten como colectivos de afectados y creen una asociación para concurrir con más fuerza a la suspensión de pagos de la constructora.

La presidenta de esta federación, Agustina Laguna, ha tranquilizado a los consumidores y ha pedido calma a los afectados por la situación de la empresa. "La suspensión de pagos no significa en ningún caso la quiebra, sino que se va a llevar a cabo un plan de viabilidad para reflotar la compañía", ha señalado en un comunicado.

La presidenta de FUCI indicó a los consumidores que todas las cantidades entregadas a cuenta para la construcción de una vivienda tienen que estar garantizadas mediante un aval bancario, por lo que si algún consumidor no lo tuviera en su poder debe solicitarlo a la empresa constructora.

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El euribor cierra septiembre en el 4,728%
cotizalia - 30 de septiembre de 2007
 
 
El euribor cierra septiembre en el 4,728% tras 24 meses de subidas consecutivas

Cierre de mes en el mercado interbancario. Y es hora de rehacer las cuentas. El promedio en septiembre del euribor a doce meses, el índice que actúa de referencia para la mayoría de hipotecas españolas, se situó en el 4,728%, 1,01 puntos más que el año pasado y tan sólo 0,062 puntos más que en en agosto. Se trata del nivel más alto desde diciembre de 2000.

Las turbulencias han azotado el mercado interbancario en los dos últimos días han recalentado de nuevo al euribor, que mide a qué precio se compra y vende el dinero entre los grandes bancos. Para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años la cuota mensual subirá unos 85 euros o 1.000 euros más al año.

El Banco de España oficializará este dato de 4,731% a mediados del mes próximo y entrará en vigor tras su publicación en el BOE. Así, quienes tengan que revisar ahora su hipoteca volverán a vivir el mal trago del año pasado. Los préstamos abiertos en septiembre subirán como en 2006. Precisamente, este marca el segundo aniversario de alza en el precio del dinero en Europa.

En estos dos últimos años, los españoles han pasado a pagar el doble de intereses por sus préstamos hipotecarios. Con los tipos al 2,1%, el hipotecado devolvería al final del crédito 43.000 euros, es decir, un 28% del capital.

Sin embargo, con el actual nivel del euribor la carga de intereses total –en la vida de la hipoteca- sobre el mismo crédito se dispara hasta los 86.000 euros: más del 50% del crédito. Es el juego bancario por el cual durante los primeros años de vida del préstamo hipotecario se van devolviendo la mayor parte de los intereses del crédito y, después, del capital prestado.

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España e Irlanda serán los que más vayan a sufrir
El Confidencial - 28 de septiembre de 2007
 
 
España e Irlanda serán los dos países europeos que más vayan a sufrir con el reajuste inmobiliario

España es, junto a Irlanda, el país de la Unión Europea más vulnerable a un reajuste inmobiliario y a la desaceleración económica, según el informe semanal del banco de inversión Goldman Sachs (GS) que lleva por título Riesgos crecientes en el mercado inmobiliario global.

GS asegura que, en la última década, las mayores economías de la OCDE –salvo la notable excepción de Japón y Alemania- y muchos países emergentes han vivido un boom en los precios inmobiliarios y de la construcción. Y añade que, ciertamente, para lo bueno y para lo malo, la evolución del housing de EEUU ha lastrado a muchos otros países, entre ellos, al nuestro. “El hecho es que el estadounidense es a menudo un indicador líder de lo que pasa en el resto del mundo”, dice literalmente el informa.

Los fundamentales que han sostenido estos booms han sido un crecimiento económico robusto, unos bajos tipos de interés reales, innovación financiera y, en algunas economías, caso de la nuestra, por un fuerte crecimiento de la población. “Ahora, con unas condiciones financieras ajustadas y unas valoraciones más infladas que en el pasado, ha aumentado el riesgo de caídas en los precios de las viviendas”, advierte.

“Aparte de la situación de EEUU, los últimos datos sugieren que los mercados inmobiliarios en España, Reino Unido e Irlanda han empezado a enfriarse. Aún es demasiado pronto para hablar de un turning point global, pero si la tendencia de la desaceleración que estamos viendo en algunos mercados se intensifica, habrá un impacto adverso sobre el crecimiento económico”, prosigue.

Los precios en España suben un 300% desde 1990

Los últimos datos del Case-Shiller indican una variación sustancial en la evolución en distintos países: desde 1990, Alemania, Suiza, Japón y Corea han experimentado disminuciones en los precios reales de las casas, mientras que los precios reales en España, Reino Unido e Irlanda se han incrementado más de un 300%. “Tal extensión de un boom inmobiliario tiene pocos precedentes en la historia moderna”, asegura el equipo de analistas de Goldman Sachs comandado por Jim O’Neill.

Los factores que explican el boom son el crecimiento de la renta; unos tipos de interés bajos; innovación financiera y un fuerte crecimiento demográfico. Nuestro país encabeza los rankings en todos los casos.

“En aquellos países donde los precios han ascendido más y cuya rentabilidad del alquiler ha caído dramáticamente, los riesgos de una corrección inmobiliaria se han incrementado materialmente”, afirma el estudio. Y continúa: “Dados los booms de la construcción en España e Irlanda, no es sorprendente que sus mercados inmobiliarios presenten síntomas de fatiga. Con rental yields menores del 3%-por debajo de cualquier otra gran economía- el ladrillo español parece estar fuertemente sobrevalorado”.

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España: economía del ladrillo, ¿motor o bomba de tiempo?
Lajornada México - 29 de septiembre de 2007
 
 
El notable crecimiento económico que experimentó España en el último decenio se ha asentado sobre dos pilares básicos: la construcción (fundamentalmente de viviendas) y el consumo privado interno. Ha sido de tal envergadura el papel desempeñado por la construcción en este proceso expansivo que se llegó a bautizar todo el ciclo como “la economía del ladrillo”. En estos 10 años el producto interno bruto (PIB) español ha aumentado 3.8 por ciento de media anual –1.6 puntos porcentuales por encima de los países de la eurozona–, de los cuales 0.5 puntos porcentuales se han debido a la construcción.

Si bien nadie duda del carácter dinamizador que ejerce la construcción sobre el conjunto de la economía, tampoco se le escapa a ningún observador atento la índole bifronte de esa actividad, puesto que su excesivo protagonismo encierra también un inquietante potencial de vulnerabilidad para todo el sistema económico. A esto debe agregarse, por otra parte, las derivas de especulación inmobiliaria y corrupción urbanística que generó el proceso en toda España y que, lejos de hacer bajar el precio de la vivienda como consecuencia de la extraordinaria cantidad de unidades producidas, lo situaron entre los más caros del mundo en relación con el poder adquisitivo de los habitantes, gran número de los cuales ha visto tornarse imposible el acceso a una casa propia.

En 2006 se terminaron 585 mil viviendas, 11.5 por ciento más que en 2005, y el número de éstas certificadas como de nueva construcción ascendió al récord de 864 mil, 18 por ciento más que durante el ejercicio anterior.

Una eventual –y ya comprobada– caída de la construcción produciría un efecto devastador sobre el empleo, ya que, se conjetura, por cada 100 mil viviendas menos que se produjeran se perderían más de 200 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Ocurre que la incidencia de este sector en el mercado de trabajo se ha incrementado de manera espectacular: en 1995 daba empleo a poco menos de un millón 200 mil personas –cerca de 9 por ciento sobre el total de ocupados–, mientras que en 2006 lo hacía a 2 millones 542 mil 900 personas, que equivalían a casi 14 por ciento de los puestos disponibles.

Durante bastante tiempo, el tipo de interés en la eurozona se mantuvo en 2 por ciento, un mínimo histórico, o experimentó pequeños incrementos, y el Euribor, que es la principal referencia para los préstamos hipotecarios a interés variable, alrededor de medio punto porcentual por encima. Muchas entidades financieras concedían préstamos con un interés levemente superior a este último indicador y a plazos cada vez más largos (hasta 50 años), sembrando la ilusión de que cualquiera podía tener acceso a un piso. Claro que la inmensa mayoría de créditos hipotecarios otorgados lo fueron a interés variable, por lo que cualquier subida de los tipos incidiría en el costo de la hipoteca. Y eso es lo que está ocurriendo.

El auge de la construcción produjo una especulación desenfrenada y una elevación extraordinaria del precio de la vivienda. En el periodo 1998-2006 se construyeron 5.5 millones de viviendas, una cantidad muy superior a la de creación de hogares (algunos analistas evalúan que hay 3 millones de departamentos desocupados), y su precio aumentó 183.2 por ciento; cabe señalar que en esa misma etapa los costos de la edificación (salarios, materiales) sólo se incrementaron en 30 por ciento. Entre 1998 y 2006 el precio de la vivienda creció a una media anual de 12.3 por ciento, el triple que los salarios; este simple dato da idea de la dimensión del problema en España. Un estudio de una consultora privada de marzo de 2007 estimaba que una persona con un sueldo medio necesitaría 47 años para pagar una vivienda de cien metros cuadrados.

A finales de agosto de 2007, cuando tras numerosos aumentos paulatinos el Euribor se situaba en 4.8 por ciento, los expertos coincidían, en general, en que el boom inmobiliario había tocado techo. El llamado “aterrizaje suave” había comenzado en 2006, cuando el millón de transacciones inmobiliarias (compras y ventas) de media de los años anteriores descendió a poco más de 900 mil y el aumento del precio de la vivienda disminuyó a 9.1 por ciento desde el 12.8 por ciento registrado en 2005. En 2006 se iniciaron más de 800 mil viviendas, pero sólo se vendieron menos de 400 mil nuevas; en cuanto a las nuevas hipotecas suscritas, cayeron, por primera vez en un lustro, 10.6 por ciento con respecto al año anterior.

Estas tendencias se acentuaban con vigor en agosto de este año, mientras la crisis hipotecaria en Estados Unidos extendía su sombra amenazante sobre todo el mundo. No faltan pronósticos agoreros (por ejemplo, de algún columnista del Financial Times) que hablan de la inminente explosión de la burbuja inmobiliaria en España, con el consiguiente crash económico general, aunque la mayoría de los analistas descartan que se pueda producir un final abrupto. En tanto, el endeudamiento de las familias españolas creció 20 por ciento durante 2006, hasta unos 800 mil millones de euros (de los cuales 600 mil millones lo son de deuda hipotecaria), lo que supone 125 por ciento de la renta bruta disponible. enlace a la noticia

 
 
Comunidad de Madrid
 
ANTICORRUPCIÓN SE QUERELLA CONTRA EX-JEFE DE URB. DE AGUIRRE
El País (Comunidad de Madrid) - 01 de octubre de 2007
 
El alcalde de Villanueva de la Cañada, del PP, implicado también en la trama corrupta de la Comunidad de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Enrique Porto Rey, ex jefe de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, por el supuesto enriquecimiento ilícito que obtuvo con el desbloqueo de terrenos de los que era en parte propietario. De esa trama corrupta, según la investigación de la Fiscalía, también participó el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, del PP, cuya mujer, Juana Manrique, arquitecta municipal, participó de los negocios de Porto. El ex jefe de Urbanismo dimitió el 3 de octubre de 2006, para "defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", horas después de preguntarle EL PAÍS por este pelotazo urbanístico de 4.3 millones en Villanueva.

Los juzgados de Móstoles (Madrid) ha admitido hoy a trámite esta querella presentada contra Porto y otras cinco personas. La Fiscalía pidió, el pasado 20 de septiembre, la imputación de Porto, junto con José María Fernandez del Río, Juana María Manrique Larraza, Luis Manuel Partida Brunete, José Gil Granizo y Luis Francisco Arrabal Villalobos, como autores de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

Al parecer, el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid autorizó en 2004 un plan parcial para la localidad de Villanueva de la Cañada que incluía más de 20.000 metros cuadrados, parte de los cuales eran de su propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado del alcalde). Tras desbloquear las trabas urbanísticas que tenían sus terrenos, los vendió obteniendo plusvalías multimillonarias. También lograron grandes ganancias unos tíos de la presidenta regional, que habían comprado terrenos en la zona y que los vendieron una vez fueron eliminados los obstáculos urbanísticos que ponían algunos funcionarios de la Comunidad.

15.000 habitantes en 2005

Antes de ejercer como director general de Urbanismo, Porto había estado asesorando como arquitecto privado al alcalde Luis Partida. Porto lo reconoció en una respuesta parlamentaria: "Un pueblo pequeño que ha pasado de 1.000 habitantes en el año 79, cuando yo aparecí por allí, a 15.000 habitantes en 2005. El plan general lo hice yo y algunos planes parciales".

Tras ser nombrado Porto director general de Urbanismo, en diciembre de 2003, se encargó su socio José María Fernández del Río del desarrollo de dicho plan general a través de la elaboración de distintos planes (parciales, proyectos de compensación y urbanización) que iría aprobando Porto como alto cargo de la Comunidad de Madrid. Esta colisión entre la gestión de Porto como cargo público y sus intereses privados tiene su mayor exponente en el sector de Villanueva de la Cañada denominado Los Pocillos.

Dicho sector fue bloqueado en mayo de 2003 por su antecesor en la dirección de Urbanismo al detectarse serias deficiencias en su planeamiento. El 12 de agosto de 2004, con el expediente ya caducado, Villanueva de la Cañada presentó en dicho departamento, con ligeras correcciones, el mismo documento rechazado un año antes. A partir de ahí, Porto propuso en septiembre de 2004, para su aprobación en comisión de Urbanismo, y obviando los informes técnicos desfavorables, la subsanación de deficiencias. Porto participaba en tres parcelas incluidas en dicho sector que el mismo había desbloqueado. Compartía terrenos con un concuñado del alcalde, Ricardo Ortega, y con su socio, José María Fernández del Río, autor del plan parcial.

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LA POLICÍA DESALOJA A LOS JÓVENES QUE ACAMPABAN
El Mundo (Comunidad de Madrid) - 25 de septiembre de 2007
 
30 personas, entre estudiantes, activistas y 'sin techo', acampaban contra la precariedad. La acampada comenzó hace cinco meses por el acceso a una vivienda digna. El desalojo se ha producido de forma violenta y sin aviso previo, según los acampados.

Alrededor de 30 personas entre estudiantes, activistas y personas "sin techo" que acampaban "contra la precariedad" en los jardines de la facultad de Medicina de la Universidad Complutense fueron desalojados hoy "de forma violenta" por unidades antidisturbios.

Así lo denunció el portavoz de la plataforma por los derechos humanos Queda la Palabra quien aseguró que agentes de la Policía Nacional irrumpieron sin previo aviso en el campamento, en el que incluso había un enfermo terminal de cáncer, y "comenzaron a dar patadas a las tiendas", además de "algún intento de agresión".

Fuentes de la Delegación Gobierno confirmaron el desalojo y puntualizaron que se llevó a cabo a instancia de las autoridades universitarias, en concreto, a petición del rector, Carlos Berzosa, y "sin ningún tipo de incidente destacable".

Según estas fuentes, los desalojados, que no llegaban la veintena, habían sido informados con anterioridad del desalojo e incluso habían participado en reuniones con responsables universitarios y de la Delegación del Gobierno para establecer el mecanismo del desalojo.

Asimismo explicaron que el desalojo debía producirse porque estas personas "estaban ocupando un espacio que no les pertenece" y restaron importancia a las acusaciones de violencia contra las unidades que intervinieron, sobre todo porque "confían en la profesionalidad de los cuerpos de seguridad".

El portavoz de la Plataforma que representa a los desalojados difiere de esta versión y asegura que "es muy probable que el colectivo emprenda acciones legales" ya que se pidió a "los agentes que se identificaran y no lo hicieron".

Este colectivo lleva casi cinco meses afincado en esa zona del campus universitario "con la exigencia de que se ponga en práctica el derecho a una vivienda digna que se contempla en la Constitución", afirmó el representante de la plataforma.

Según esta fuente, el hecho de que "les hayan quitado la infraestructura" no pondrá fin a su lucha puesto que "tienen previsto dormir en pequeños grupos en las puertas de las instituciones, si es necesario".

El colectivo consideró "impresentable" la actitud de Carlos Berzosa, rector de la Universidad Complutense de Madrid puesto que, según ellos, fue él quien ordenó el "desahucio" a pesar de que en agosto recibiese una carta remitida por Queda la Palabra rogándole que les permitiese quedarse allí puesto que muchos de los activistas "no tienen donde dormir".

Del 'derecho a techo' a la lucha contra la precariedad

La protesta de este grupo va dirigida, según especificaron, al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al que critican las últimas medidas anunciadas para ayudar a los jóvenes a alquilar un piso porque las consideran "electoralistas", creen que "no valen para nada" y "son discriminatorias".

"Cuando en España hay cerca de nueve millones de personas en el umbral de la pobreza, la medida del presidente del Gobierno favorece a un grupo muy pequeño y que lo necesita mucho menos", indicó el portavoz.

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El Mirador de San Chinarro: De vanguardia a chapuza
El Mundo (Comunidad de Madrid) - 02 de octubre de 2007
 
 
"Aquí cuando corre el viento, el aire se cuela por los enchufes, por los falsos techos... No hay manera de impedir que se escape el calor". Hace tan sólo dos años, el 4 de octubre de 2005, eran, con toda probabilidad, los 155 propietarios de vivienda más envidiados de Madrid.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, les acababa de entregar las llaves de sus pisos protegidos de 62, 74 y 99 metros cuadrados por los que pagaban entre 101.386 y 148.600 euros. Todo ello, en uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, el conocido como El mirador del PAU de Sanchinarro.

Se trata de ese edificio cuadrangular visible desde la A-1, al que parece que le han quitado un gran bloque en su corazón.

"Hemos pasado de una construcción de vanguardia a la chapuza", comenta un vecino. Y es que, los inquilinos de este edificio, al que se le ha concedido premio homologable al Nobel de arquitectura, no aguantan más.

"Las viviendas están mál aisladas, se han desprendido placas de pizarra de la fachada, las calderas trabajan con sobrepresión, ya que si no a los de los edificios más altos no les llega el calor, los olores de las salidas de humos se filtran, hay innumerables humedades... Esto es sólo en lo referido al espacio común, si se adentra a preguntar vecino por vecino no terminaría nunca", comenta un inquilino que se ofrece a hacer de Cicerone y que no quiere dar su nombre, al igual que el resto.

El edificio tiene cuatro portales y fue construido por el gabinete de arquitectura holandés MVRDV en colaboración con Blanca Lleó.

"El primer año que llegamos tuvimos que contratar a un guardia de seguridad para controlar al gran número de personas que acudían al mirador. Aquí venían las parejas, hacían botellón... Esto es una propiedad privada y la luz de la escalera y del ascensor la pagamos nosotros. Ahora, la terraza está cerrada", comenta. Hace tan sólo dos semanas, después de mandar múltiples escritos a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) -promotora de la obra- y tras reunirse con ellos antes del verano sin que hayan recibido respuesta, decidieron denunciar su situación y tomar medidas judiciales.

"Acordamos la contratación de un arquitecto para que haga un peritaje del edificio que acompañará al escrito de denuncia que se ponga", aclaran. Este paso les va a costar 5.000 euros.

"No es que la EMVS no repare los desperfectos, es que acuden sin avisar. Arreglan una cosilla y se van". Los vecinos entregaron a los responsables municipales de la vivienda una agenda de desperfectos de bulto.

En el escrito se describen desprendimientos, el mal funcionamiento de los ascensores, humedades, deficiencias en el aislamiento de los pisos, desconchones, grietas y fallos de la calefacción. Las dos piezas de pizarra que se han caído son de la planta 20. Además, los Bomberos tuvieron que acudir a retirar otra. En agosto, se desprendió una chapa de tres metros por 30 centímetros. "Cada día que hace viento es un riesgo".

"Para poder mantener una temperatura de 20 grados en invierno tengo que gastarme 300 euros al mes en calefacción. En el momento en el que se apaga, la temperatura cae", precisa otro vecino. La falta de aislamiento de los pisos es tal que, incluso, los inquilinos cuentan con un bote de silicona para tapar las aperturas y en muchos casos han rellenado la cámara de aire con espuma aislante.

"Cada portal cuenta con dos ascensores y, generalmente, uno de ellos siempre está averiado. Hay veces que hay que esperar hasta 25 minutos. Por supuesto, nadie se queda. Uno se descolgó una vez y una señora interpuso una denuncia que está admitida a trámite. A todo esto se suma que hay un problema enorme por el ruido de la maquinaria". Pero es que, incluso, aseguran que se les entregaron los pisos sin el sistema antiincendios

El edificio tiene un patio delantero y otro trasero y la finca no está cerrada. El suelo está hundido, ya que "las bocas de desagüe no están canalizadas, van directamente al suelo y se forman piscinas". La humedad ha hecho que se levanten las baldosas y son los vecinos los que se han dedicado a ponerlas. Además, los jardines están echados a perder y todo el mundo los utiliza de zona de paso. Las puertas de las escaleras exteriores las tienen que atrancar con tacos de madera para evitar que el viento las abra y las cierre. "Los Bomberos nos dijeron que el diseño del edificio lo convierte una ratonera", aclara un vecino.

Los inquilinos que más sufren las humedades son los de las plantas 19 y 20, que están pegados a la cubierta, ya que, denuncian, que no están bien realizados los desagües de las arquetas. Cuando llueve, han de poner toallas en las puertas de sus casas para impedir que entre el agua. Los desconchones por las humedades están a la orden del día y en el garaje no es difícil toparse con alguna grieta.

En 2006 este proyecto viajó con otros 52 de la región al Moma de Nueva York. En su inauguración, Gallardón sacó pecho y lo puso como ejemplo de la nueva arquitectura civil. Este periódico se puso en contacto con el Consistorio para conocer su opinión al respecto pero no hubo contestación. "Este edificio está hecho para mirarlo no para vivir", sentencia un vecino.

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Un juez precinta durante un mes un piso-patera en Usera
La Razón (Comunidad de Madrid) - 28 de septiembre de 2007
 
 
Los vecinos habían presentado más de 30 denuncias por el ruido y las molestías

Hacinados. Hasta quince personas, habitualmente extranjeros, llegaron a juntarse en apenas 68 metros cuadrados en los que vivir, o más bien, sobrevivir, en el distrito de Usera. Todo esto sucedía en un piso en el número 6 de la calle Radio, que ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado precintar durante un mes. Ante la elevada afluencia de gente que registraba el piso y las consecuentes molestias que provocaban en el inmueble, la comunidad de vecinos del bloque, integrado por diez familias, interpuso una demanda contra el dueño y al arrendatario del inmueble. Según los vecinos, los demandados, Pablo B.G. y Antonio G.M., alquilaban camas que se agrupaban en habitaciones con tres filas de literas cada una de ellas de tres alturas.

El abogado Ricardo Ayala, que defiende a los vecinos, señaló a Ep que las diferentes denuncias por ruidos interpuestas desde 1999 se basan en que el dueño y los inquilinos de la casa vulneraron con su actuación los derechos fundamentales de sus vecinos, como el derecho a su integridad física o el de una vivienda digna. Además de las molestias para los habitantes del bloque, también se han denunciado las condiciones infrahumanas de los inquilinos.

En concreto, la Sección Veinte de la Audiencia madrileña acuerda ahora privar por un mes a los denunciados del disfrute del inmueble y anula p la sentencia del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid que desestimó la demanda formulada por los vecinos del bloque. Sobre esta cuestión, el letrado reseñó que la medida acordada ha sido «una tarjeta amarilla» para el dueño y los inquilinos, ya que se podría ordenar el cierre del piso durante dos años si continúan con su actividad ilícita.

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'Sueño de casa propia' de La Casa Encendida
EuropaPress.es (Comunidad de Madrid) - 27 de septiembre de 2007
 
 
Ofrece "fórmulas estéticas" para afrontar la falta de vivienda

La exposición 'Sueño de casa propia' muestra "fórmulas estéticas para solucionar el problema de la vivienda", según comentó hoy la comisaria María Inés Rodríguez. La colección de innovaciones podrá verse en La Casa Encendida de Madrid desde hoy hasta el 11 de noviembre.

La muestra propone una reflexión a partir de una serie de propuestas de artistas, diseñadores y arquitectos, quienes han intentado dar respuesta a la problemática del acceso a la vivienda. En concreto, la idea de esta exposición surgió de un viaje del artista Pablo León de la Barra a Brasilia, dónde un mendigo, José Ivanildo, solicitaba, en la vía pública, limosna para poder crear su 'sueño de casa propia'. El sueño se hizo realidad e Ivanildo pudo llevar a cabo su casa.

'Sueño de casa propia' es "una exposición que no lo es", declaró De la Barra al referirse a que, aunque se muestran obras arquitectónicas, en su mayoría son soluciones físicas a la escasez de viviendas. En la muestra se pueden ver las obras de artistas como Raúl Cárdenas, Santiago Cirugeda, Yona Friedman y Hans-Walter Muller, entre otros.

SOLUCIÓN Y ESTÉTICA

El arquitecto sevillano Santiago Cirugeda propone "un proyecto que toca con la realidad de la vivienda", apuntó Rodríguez. El aporte de Cirugeda a la exposición son las 'recetas urbanas', unas soluciones arquitectónicas que otorga a cuantos solicitan su ayuda. En concreto, el arquitecto realiza una serie de edificios para los que no tienen recursos económicos.

El arquitecto Hans-Walter Muller "trabaja con las posibilidades de los fluidos", resaltó la comisaria, quien además explicó que "por medio de elementos hinchables, crea espacios habitables". El humanista Yona Friedman, reconocido como uno de los arquitectos más visionarios de la década de los cincuenta intenta manifestar con su obra que "se pueden hacer cosas sin tener mucho dinero", dijo Rodríguez.

Lo más curioso de la muestra lo aporta el colectivo 'Tercer un quinto', quienes cubrieron una zona descampada de Monterrey con una plancha de cemento. "Aquel lugar fue un hogar, una tienda y un centro de vacunación", resaltó la comisaria quien confirmó que la obra quiere resaltar que "hace falta delimitar algo para que tenga utilidad".

PROYECCIONES Y SEMINARIOS

En 'Sueño de casa propia' pueden verse algunos videos que plasman el proceso de construcción de algunas de las obras de la exposición, como la que da origen a su título. Asimismo, se proyectan algunos documentales que transmiten la dificultad de acceder a una vivienda digna en lugares como Venezuela.

Además, al tiempo que nace esta exposición, y coincidiendo con la semana de la arquitectura en Madrid, La Casa Encendida alberga el seminario 'Vivienda y espacio doméstico en el siglo XXI', que tendrá lugar desde el 1 hasta el 3 de octubre, y que tratará sobre tres temas: 'El espacio doméstico', 'Cabaña y utilidad' y 'Utopías necesarias'.

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Catalunya
 
Cataluña tomará el control de pisos vacíos para alquilarlos
ABC (Catalunya) - 09 de octubre de 2007
 
 
El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha vuelto a sucumbir a los designios de ICV. La formación ecosocialista catalana ha demostrado sobradamente su ascendente sobre el PSC en cuestiones como la Línea de Muy Alta Tensión (MAT), el trazado del IV Cinturón o el túnel de Bracons. Ahora, le toca el turno a la vivienda.

El jefe del Ejecutivo catalán bendijo ayer junto a más de una treintena de entidades sociales un gran Pacto para la Vivienda que recoge la esencia de la futura Ley del Derecho a la Vivienda que prepara la Generalitat y que prevé, entre otras medidas, el alquiler forzoso de los pisos desocupados. Sindicatos, constructores, promotores, colegios profesionales y entidades sociales, orquestados por la Generalitat, dieron ayer el «sí quiero» a la nueva «hoja de ruta» que marcará la política de vivienda en Cataluña en los próximos nueve años. El acuerdo, que contará con una inversión pública de 8.220 millones de euros -de los que el gobierno catalán se ha comprometido a aportar el 81%- se cerró en un acto masivo celebrado en el Palacio de la Generalitat con la anunciada ausencia de los dos partidos de la oposición, CiU y PP.

Convergentes y populares, que ayer no posaron en la foto de familia, suscriben parte de estas consideraciones, aunque ya dejaron claro hace meses que no están dispuestos a apoyar un pacto que vinculan a una ley que «da cabida a medidas como el alquiler forzoso de pisos vacíos». Su ausencia fue comentada y criticada por todos los firmantes, quienes acusaron a las citadas formaciones de mantener una actitud «partidista» y «difícil de justificar». «Una cosa es el Pacto y otra la Ley, que veremos cómo queda al final», indicaron a ABC portavoces de algunas de las entidades firmantes. Durante su intervención, el presidente de la Generalitat hizo también alusión a CiU y PP, sin mencionarlos, y afirmó que «estoy convencido de que en este pacto cabe todo el mundo, los que están y los que no están». El consejero de Vivienda, Francesc Baltasar, de IC, se mostró confiado en que CiU y PP «se sumen pronto».

Montilla, «rehén de ICV» Por su parte, convergentes y populares están convencidos de que al celebrado bautizo de masas del pacto le han precedido duros meses de «tira y afloja» en el seno del tripartito. CiU criticó ayer la «radicalización de ICV», que, a su entender, ha conducido al PSC a «perder la centralidad política». En este sentido, el grupo convergente califico a Montilla de «rehén de la radicalidad ideológica de ICV». El PP, por su parte, cuestionó la viabilidad del Pacto y lamentó que «esté repleto de medidas utópicas». Las dos formaciones anunciaron que llevarán la futura Ley del Vivienda catalana al Consejo Consultivo. Ciutadans (C´s) dio un «sí crítico» al pacto, aunque mantiene el rechazo a la Ley. Apoyo de «última hora» El gobierno catalán ha tenido que hacer «una obra de ingeniería» para que el texto definitivo del pacto sea asumible para todos los firmantes. De hecho, Comisiones Obreras y UGT se sumaron tarde y con reticencias al redactado. El secretario general en Cataluña de este último sindicato, José María Álvarez, recordaba ayer tras la rúbrica que siguen abiertos algunos puntos que la central no suscribe y a los que no ha renunciado, como la duración del tiempo de protección de las viviendas, que la futura ley fija en 90 años y que entiende «excesivo». El presidente de la Federación Catalanes de Promotores y Constructores, Enric Reyna, lamentó la ausencia de CiU y PP en el pacto, aunque dijo comprender sus razones. «No es lógico que se llegue al límite de alquileres forzosos», dijo. «Incluso podría ser inconstitucional», apostilló Reyna.

El Pacto por la Vivienda que ha impulsado la Administración autonómica (2007-2016) supondrá la ejecución de unas 835.000 actuaciones, de las que aproximadamente la mitad, un total de 393.000, se ejecturán en la presente legislatura.

Entre otras medidas, el acuerdo prevé la movilización de suelo para construir 250.000 viviendas de protección oficial, la construcción de 160.000 viviendas más del mismo régimen destinadas a jóvenes y movilizar y poner en el mercado 32.000 viviendas del parque desocupado. El pacto incide también en la rehabilitación. En este sentido, prevé obras de recuparación y mejora en 300.000 viviendas. Políticos, agentes sociales y sociedad civil consideran el acuerdo como un «importante avance» que ayudará a resolver la actual problemática de acceso a la vivienda.

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Unas 1.800 personas reclaman el derecho a la vivienda en Bcn
LaVanguardia.es (Catalunya) - 06 de octubre de 2007
 
 
Unas 1.800 personas, según datos de la Guardia Urbana, se han manifestado hoy en el centro de Barcelona en defensa del derecho a la vivienda, secundando la convocatoria que ha realizado la plataforma 'V de vivienda' en varias ciudades españolas.

La manifestación, que se ha celebrado sin incidentes, ha tenido un tono festivo y ha comenzado con el desfile de jóvenes que tocaban tambores por las calles del centro de la ciudad, a la vez que portaban camisetas y globos amarillo, así como pancartas con lemas en contra de la especulación y del Pacto Nacional de la Vivienda, promovido por la Generalitat que se firmará el próximo lunes.

Uno de los portavoces de la Asamblea por la vivienda de Barcelona, Albert Sancho, ha explicado que han decidido promover la convocatoria tras un año y medio de movilizaciones y porque "con este pacto y esta ley no tendremos una casa en la puta vida".

Según el manifiesto elaborado por los miembros de la plataforma, las medidas anunciadas en el Pacto sólo son "márketing preelectoral" y además esconden la filosofía de "destinar dinero público para favorecer aún más a aquellos que hasta ahora se han enriquecido especulando con el derecho fundamental a la vivienda".

"Se utilizará dinero público para perpetuar los beneficios millonarios que han obtenido los mismos que ahora firman el Pacto, a costa del sufrimiento y del endeudamiento de la población", subraya el manifiesto.

En opinión de los representantes de 'V de Vivienda', el Pacto prevé destinar los pisos de nueva construcción mayoritariamente a la compra, apuesta por la nueva construcción y la devastación del territorio, permite que los pisos de protección oficial pasen al libre mercado tras treinta años y faculta a los promotores a vender el 30% de los pisos de protección oficial que construyan.

"Gracias a este Pacto, acceder a una vivienda seguirá siendo imposible y, lo que es peor, pretenden hacer creer a la población que resolverá un problema que ellos mismos han creado", subraya el manifiesto.

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Comunidad Valenciana
 
LA PVD APUESTA POR REDUCIR LAS HIPOTECAS A 15 AÑOS
El Mundo / Castellón al Día (Comunidad Valenciana) - 12 de septiembre de 2007
 
 
Considera que los créditos ‘jóvenes’ a 50 años sólo respaldan el encarecimiento de los pisos

La Plataforma por una Vivienda Digna en Castellón ha mostrado su rechazo a las políticas impulsadas desde las entidades bancarias y los poderes públicos para que los jóvenes accedan a una vivienda en propiedad. El colectivo considera que los créditos a 50 años dirigidos a personas de entre 18 y 35 años «favorecen el acceso a una hipoteca, no a una vivienda». «Alargar los plazos sólo favorece que al final el cliente paga una cantidad desmesurada por el préstamo y no es la solución para la burbuja inmobiliaria», manifestó ayer Carlos Guerrero, portavoz de la plataforma en Castellón.

De esta forma, el colectivo ve serios inconvenientes en las hipotecas ‘jóvenes’ que ofrecen ya algunas entidades y que facilitan un plazo de amortización de hasta 50 años. Tampoco aprueban el convenio de colaboración entre la Caja Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Castellón para que los jóvenes de hasta 35 años compren su primera casa a un plazo máximo de 40 años y con un tipo de interés del 0,20 por ciento durante los seis primeros meses y del 0,35 por ciento hasta el vencimiento del préstamo.

«Éstas no son soluciones para moderar los precios de los pisos, sino para hace que los pisos caros se puedan seguir comprando», señaló Carlos Guerrero.

En esta línea, la Plataforma por una Vivienda Digna en el ámbito nacional ha iniciado los trámites para proponer una Ley de Hipotecas que limite los créditos hipotecarios a un máximo de 15 años. «Se trataría de pisos de hasta 180.000 euros y 90 metros, un precio suficiente y razonable», explicó Guerrero.

El suelo y las calidades Según el colectivo, los valores «desorbitados» de los pisos no sólo se deben al precio del suelo, sino a que muchos promotores «hinchan su precio» aludiendo a la calidad de los materiales. «Las buenas calidades son una excusa para hinchar los pisos cuando de una calidad media a una alta no hay más que 18.000 euros», añadió el portavoz de la asociación en la provincia de Castellón.

Por este motivo, la Plataforma por una Vivienda Digna considera que con un crédito hipotecario a 15 años sería suficiente para comprar pisos de hasta 180.000 euros, la cifra máxima por la que se deberían vender, a su juicio. El colectivo tiene pendiente reunirse con el Ayuntamiento de Castellón para reclamar al equipo de gobierno las 4.000 viviendas protegidas que prometió el Partido Popular en la pasada campaña electoral.

Por otra parte, los agentes de la propiedad inmobiliaria de Castellón (API) aseguran que, pese a las facilidades que algunas entidades están dando a los jóvenes para acceder a una vivienda a través de hipotecas ‘jóvenes’, la demanda de este colectivo no es la predominante. «Hay gente de todas las edades, aunque los jóvenes no son los que más viviendas solicitan para comprar en propiedad», precisó la presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) en Castellón, Antonia Expósito.

Es en el alquiler donde la demanda de jóvenes gana peso respecto a otros colectivos. «Los pisos para alquilar sí que son más solicitados por los jóvenes, sobre todo estudiantes y personas que consiguen su primer trabajo y que se decantan por compartir un piso hasta que su capacidad adquisitiva sea más elevada», precisó Expósito.

Junto a éstos, también apuestan más por el alquiler los trabajadores que vienen a Castellón desde otras zonas de España para trabajar y el colectivo de inmigrantes extranjeros.

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Una de cada cinco viviendas deshabitadas
Periodico Mediterraneo (Comunidad valenciana) - 20 de septiembre de 2007
 
 
Una de cada cinco viviendas de la provincia está deshabitada Solo un 2,5% de inmuebles se encuentra en régimen de arrendamiento a causa "del miedo del dueño". Unos 75.000 jóvenes de Castellón menores de 30 años siguen en casa pese a trabajar, según UGT.

20/09/2007 INMA CASTELL


Encontrar un piso para vivir en régimen de alquiler no es tarea fácil en Castellón. De hecho, según recogen los últimos datos del Ministerio de la Vivienda, en la provincia solo existen 9.995 pisos que se destinen al arrendamiento, es decir, únicamente el 2,5% del parque de inmuebles castellonense, que alcanza los 391.988. Pero las evidencias van más allá. Tal y como se desprende de las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), los castellonenses tenemos una de cada cinco casas deshabitadas, prácticamente 74.500. Una situación ante la que la aplicación con éxito de las ayudas propuestas por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, "es limitada".

Así lo aseguran los sindicatos, la patronal, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) y la Asociación por una Vivienda Digna en la provincia. En concreto, la presidenta de los API, Antonia Expósito, remarca que "la medida no tendría que limitarse a un margen de edad y se podría ampliar a otros sectores". Además, destaca que "ampliar la oferta de viviendas en alquiler resultará muy difícil porque son muchos los propietarios que tienen los pisos cerrados por el miedo". Por este motivo, señala que harían falta actuaciones para ofrecer todas las garantías al dueño y fomentar que estos inmuebles ahora deshabitados se pusieran en el mercado.

FALTAN MEDIDAS El representante de la Plataforma por una Vivienda Digna, Carlos Guerrero, indica que dar 210 euros a los jóvenes entre 22 y 30 años "limita el acceso a una casa a muchas personas de 35 años que siguen viviendo con sus padres". Guerrero también critica que "hasta ahora, todas las medidas que se han tomado han ido encaminadas a la compra" y la falta de actuaciones para acabar con las casas que están vacías.

Por su parte, desde el sindicato UGT estiman que, en estos momentos, cerca de 75.000 castellonenses menores de 30 años, a pesar de estar trabajando, siguen viviendo en el hogar familiar "en la mayoría de los casos, por el elevado precio de las viviendas, junto a los bajos salarios y la precariedad laboral".

Por este motivo, animan a las diferentes administraciones "a abandonar actitudes competitivas en esta materia y cooperar entre ellas para ampliar las posibilidades de emancipación de la juventud valenciana". Entre las acciones a tomar se refieren a "establecer cupos de viviendas protegidas que alcanzaran el 60% del total de las construidas en la Comunitat Valenciana".

La secretaria general de CCOO, Encarna Barragán, remarca la necesidad de "equilibrar las ayudas entre los alquileres y las compras de casas". Barragán considera "imprescindible aflorar esos pisos vacíos y que la actuación pueda alcanzar a colectivos con una mayor edad".

Aun así, Antonia Expósito subraya que "resultará difícil que haya un cambio de actitud y que la gente apuesta por alquilar antes que por comprar". De hecho, desde el Insituto Valenciano de la Vivienda aseguraron ayer que cuentan con 122 pisos a precios asequibles "para ser habitados ya".

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Las viviendas de protección oficial
Mediterraneo (Comunidad valenciana) - 01 de octubre de 2007
 
 
Cartas al director

Las viviendas de protección oficial

Señor director de Mediterráneo, me remito a usted casi ya en la desesperación de que a través de su periódico puedan ayudar a acelerar el tema de las viviendas de protección oficial en Castellon. Soy uno de los propietarios, y como tantos otros propietarios anónimos, seguimos esperando a que desde el IVVSA, se nos comunique que ha llegado el gran día en el que poder acceder a nuestra tan ansiada vivienda. Los días pasan, las quincenas pasan, los meses pasan y entre unos y otros la casa por barrer y las llaves por entregar.

Estoy hablando de la promoción de Riu Sec de 111 viviendas, que hace más de dos años nos tocaron en sorteo a unos cuantos afortunados, sin ninguna duda. Las viviendas están terminadas desde hace un año, pero, por alguna razón, la entrega se va demorando con el consiguiente gasto que para algunos de nosotros supone tener que volver a tasar los pisos para las solicitudes de préstamos hipotecarios. Sin hablar del tipo de interés, que continúa subiendo etc, etc, etc. Lo más triste de esto es no saber el motivo y no tener a quién preguntarle. Espero pueda publicar este escrito que, a nivel particular, le escribo, aunque estoy seguro de que más de unos del resto de propietarios también.

Roberto Carlos Giner.

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El 43% de pisos de segunda mano de Valencia baja el precio
ELpais.com (Comunidad Valenciana) - 30 de septiembre de 2007
 
 
El 43% de pisos de segunda mano de Valencia baja el precio un 8,63%

Un 43% de los propietarios de viviendas de segunda mano que no han podido vender su vivienda ha decidido flexibilizar a la baja su precio inicial de venta en un 8,63% en Valencia capital, y en un 9,37% en la provincia, según los datos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (COAPIV). En un comunicado emitido ayer, el portavoz de la entidad, Moisés Paulo Sansaloni, explicó que este nuevo ciclo de reajuste gradual entre la oferta y la demanda "incentiva progresivamente el mayor acuerdo de voluntades entre compradores y vendedores". En el mismo comunicado, el colegio reconoce que "definitivamente se confirma que el ciclo alcista de los precios de vivienda de segunda mano ha llegado a su fin", y que la tendencia de moderación progresiva de estos últimos tres meses "aconseja aparcar los miedos y recuperar la confianza en el mercado".

Según datos del COAPIV, la mayor rotación de venta de las viviendas se produce en edificios cuya franja varía entre los 100.000 a 200.000 euros, mientras que de 200.000 a 350.000 euros la rotación es más sosegada y a partir de 350.000 es más lenta. Este hecho refleja la realidad socioeconómica, ya que el porcentaje de consumidores que puede acceder a las franjas más bajas es superior a los que tienen mayor disponibilidad económica, de ahí que la estrategia constructiva para mantenerse en niveles de sostenibilidad deberá adaptarse a formatos más asequibles, según indica.

En este sentido, frente a los tres meses de media que se necesitaba para vender una vivienda en años anteriores, hoy se tarda en la provincia de Valencia 5,57 meses y en Valencia capital 12 meses de media, penalizando los tiempos medios las viviendas menos accesibles y de nueva construcción frente a las de segunda mano. En la provincia de Valencia, el decrecimiento medio de los precios del tercer trimestre con respecto a los precios del segundo trimestre del año 2007 ha sido de un 2,25%, con un precio medio de la provincia de 2.173 euros por metro cuadrado, frente a los 2.223 del trimestre anterior. Bajadas

Como datos más significativos destacan bajadas trimestrales en Alzira (-3,20%) y en Xàtiva (-2,76%), mientras que en otras poblaciones han experimentado subidas moderadas como Massamagrell (1,62%) y Paterna (1,12%).

Durante ese período de tiempo, en Valencia ciudad el parámetro medio de precios ha crecido de forma inapreciable el 0,10%, con un precio medio en la ciudad de 2.960 euros el metro cuadrado frente a los 2.957 del segundo trimestre del año 2007.

Por zonas se observa una ligera bajada de precios en el Ensanche de la Gran Vía (-1,28%), avenida del Puerto (-1,16%) y en Poblados Marítimos (-0,56%), mientras que se ha experimentado un ligero crecimiento en el Ensanche de Fernando el Católico (1,98%) y Tránsitos Norte (1,45%).

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La crisis inmobiliaria satura el mercado en Alicante
cotizalia.com (Comunidad Valenciana) - 19 de septiembre de 2007
 
 
La costa del Sureste español se hunde y no precisamente porque suba el nivel del mar debido al cambio climático. La construcción de viviendas se paralizará pronto en Alicante, al igual que en Murcia. Los datos de viviendas visadas en la provincia sureña de la Comunidad Valenciana así lo indican, como lo indicaron antes en Murcia. Esas cifras adquieren mayor relevancia si se tiene en cuenta que ambas provincias han encabezado, con Madrid, la actividad constructora de viviendas privadas en España en los últimos cinco años.

La estadística que indica la caída de la construcción inmobiliaria en Alicante la ha facilitado el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (COAAT) de esa provincia. En los seis primeros meses de 2007, se visaron en Alicante un total de 20.627 viviendas, unas cuatro mil menos que en el mismo periodo de 2006, que fueron 24.528, según los datos del COAAT alicantino.

La tendencia es claramente a la baja, como muestra el hecho de que el número de viviendas visadas (es decir, listas para ser construidas) fue en junio de 2007 sólo la mitad que el registrado en junio de 2006. Y el dato semestral es el más bajo desde hace seis años, desde 2001 exactamente, según los datos del COAAT a los que El Confidencial ha tenido acceso.

Los datos relativos a Murcia publicados por este diario en junio son, si cabe, más alarmistas. El Colegio de Arquitectos murciano (COAMU) visó en el primer semestre de 2007 10.000 viviendas menos (30.000) que en el mismo mes de 2006 (40.000). Si se compara el número de casas visadas en junio del año pasado (8.334) en Murcia con las visadas en junio de éste (1.415), la tendencia a la baja es espectacular.

En ambas provincias, líderes en los últimos cinco años en el inmobiliario privado, hubo una fuerte aceleración del ritmo de visados y construcción durante 2006 debido a que los promotores querían evitar tener que aplicar el nuevo código técnico de edificación y la nueva ley del Suelo cuya entrada en vigor estaba prevista para 2007, como así sucedió, según aseguran fuentes del sector.

Incertidumbre económica

Ahora, el problema que se plantea es la subida de tipos de interés y la sensación de incertidumbre económica han provocado un parón de las ventas de viviendas, con lo que la fiebre constructora para evitar las nuevas normas estatales puede convertirse en una trampa. Así, los promotores dispondrán a corto plazo, para final de 2007 o mediados de 2008, de centenares de viviendas construidas y sin salida en el mercado de compra-venta.

Los indicios sobre saturación del mercado se multiplican. Si ya en junio el holding murciano Polaris World -líder en residencial/vacacional con campo de golf - ya llevaba varios meses con una campaña publicitaria a nivel estatal intentando colocar sus excedentes como "primera vivienda" para la clientela local, ya se le han unido, a la vuelta del verano, otras dos promotoras murcianas de resorts con campo de golf planeados y construidos inicialmente pensando en la clientela extranjera.

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Las promotoras incentivan por falta de demanda
Las provincias (Comunidad valenciana) - 08 de octubre de 2007
 
 
Las promotoras multiplican las ofertas para incentivar la venta de viviendas ante la caída de la demanda Las inmobiliarias tardan ahora el doble de tiempo en vender un piso y la patronal augura un reajuste de la oferta en 2008

Las inmobiliarias tardan ahora el doble de tiempo en vender un piso y la patronal augura un reajuste de la oferta en 2008 LORENA ORTEGA/ CASTELLÓN


Muchos pisos y pocos compradores. La desaceleración de las ventas en la provincia de Castellón ya es una realidad “tan evidente” que las empresas del sector se están viendo obligadas a lanzar ofertas y promociones para incentivar la venta de nuevas viviendas. Un ejemplo. Lubasa ha lanzado una promoción pionera en España por la que aplicará descuentos de hasta 6.000 euros en la compra de una vivienda cuando el adquiriente acredite haber residido en ese mismo barrio. Y no es una acción aislada. Tal como indicó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Castellón (Apecc), Rafael Doménech, ante esta situación las empresas se han lanzado a ofrecer descuentos, aumento de servicios, incremento de equipamientos y medidas para hacer más cómoda la financiación.

“Todas estas medidas se instrumentan ante una situación de desaceleración de las ventas, -sostuvo Doménech-. Desde hace unos meses la demanda se ha reducido de manera significativa y la oferta, que no puede tener una velocidad de reacción tan inmediata, está aumentando como consecuencia de los proyectos que se decidieron hace dos o tres años”. Es ante esta situación cuando las empresas tienen que poner en marcha medidas para acercar la oferta a la demanda.

Uno de los factores indicativos de esta desaceleración es el tiempo medio en el que se cierra una venta. Lejos quedan ya los años en que los pisos se vendían todos sobre plano y vuelven a colgarse los carteles que invitan a visitar el piso piloto.

“En este momento tardamos, como mínimo, el doble de tiempo que hace un año en vender un piso nuevo”, constató Doménech, que apuntó, además, que los pisos de precio medio alto “cuestan más de vender que los de precio bajo”.

De la misma forma se pronunció la presidenta de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Antonia Expósito. Según explicó, estas medidas son “estrategias de marketing” ante una desaceleración de las ventas, “que no hay que tapar porque es algo evidente”. “Las ventas han bajado en un porcentaje importante y esto es la ley de la oferta y la demanda”, subrayó.

Las previsiones de futuro parecen ser buenas, eso sí, para los futuros compradores. Expósito anunció que, además de la bajada de los precios en la vivienda de segunda mano, las nuevas promociones también serán más baratas. “Las nuevas viviendas bajarán de precio, pero siempre que sea en suelo nuevo porque ya no hay tanta facilidad como antes”, auguró la presidenta de la API.

Reducción de la oferta en 2008 Por su parte, el presidente de los constructores aseguró que durante el próximo año se notará un ajuste de la oferta. “Los proyectos para poner en el mercado nuevas viviendas no se pueden ejecutar de inmediato, ya que desde que se decide hasta su finalización o entrega pasan tres años”, dijo Doménech. “Como consecuencia de este proceso, todavía no se está notando la reducción de la oferta que, en buena lógica, se empezará a manifestar a mitad del próximo año”, afirmó.

Lo que parece claro es que los próximos meses van a ser claves para el sector. Y las empresas están a la espera de ver qué ocurre. El presidente de la Apecc apuntó que en estos meses “se va a producir una reducción de la actividad de la que no me atrevo a predecir ni su duración temporal ni su importancia en volumen, en todo caso y por prudencia, las empresas nos estamos enfocando hacia los productos que tienen demanda y nos estamos diversificando bien hacia actividades relacionadas con otros sectores o hacia áreas geográficas y países que tienen un ciclo económico diferente al nuestro”. “Los próximos meses van a marcar de manera importante el devenir de los próximos años”, sentenció Doménech.

De momento, y a la espera de ver cómo evoluciona el sector, las promociones de alquiler y la vivienda protegida parecen abrirse camino ante esta situación de desaceleración del mercado inmobiliario.

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Andalucía
 
Sevilla gravará las viviendas vacías con un 50% más de IBI
PeriodistaDigital.com (Andalucía) - 11 de septiembre de 2007
 
 
El Ayuntamiento de Sevilla gravará con el 50% más en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) los pisos que la inspección municipal compruebe que están vacíos, según informó hoy el concejal de Hacienda y Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Gómez de Celis explicó que la Ley de Haciendas Locales permite aplicar ese tope en el IBI para sancionar las viviendas desocupadas y destacó que se convertirá en el "primer consistorio español" en aplicar ese tipo de medida. Indicó que en Sevilla hay casi 40.000 viviendas dadas de alta en el registro del IBI en las que no hay nadie empadronado.

La junta de gobierno municipal acordará el próximo jueves comenzar a trabajar sobre esta iniciativa y dar prioridad a la inspección municipal para que investigue si una vivienda está o no desocupada, de acuerdo con unos criterios, para aplicar o no el recargo en el IBI.

El concejal confió en llegar en 2008 a "un número importante" de viviendas desocupadas y resaltó que el objetivo de esta medida es favorecer el mercado del alquiler.

También pretende el ayuntamiento hispalense colaborar en la aplicación de medidas que luchen contra la especulación de la vivienda, de forma que "no sea un negocio, sino un derecho fundamental".

En este sentido, aplaudió la iniciativa de la Junta de Andalucía de garantizar el derecho a una vivienda digna a las unidades familiares con ingresos inferiores a 3.000 euros mensuales, según recoge el anteproyecto de ley de la vivienda.

En un comunicado, la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA consideró que el gravamen del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las viviendas vacías de Sevilla es una "medida positiva siempre que se aplique de forma justificada y sin generar indefensión en los propietarios".

Precisó que, aunque muchas viviendas están vacías porque se destinan a la especulación, hay casos en que muchos usuarios pueden estar residiendo fuera del municipio de forma coyuntural.

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La crisis de la segunda residencia hace caer la construcción
Elpais (Andalucía) - 05 de octubre de 2007
 
 
La crisis de la segunda residencia hace caer la construcción de viviendas un 64%

El sector inmobiliario huye por sistema de términos como "crisis" o "burbuja", pero lo cierto es que la construcción en Andalucía sufrió un frenazo brusco en el segundo trimestre de este año que lo situó en su nivel más bajo desde 1997. Entre abril y junio de 2007 los arquitectos andaluces visaron un total de 16.783 proyectos de obras de viviendas, un 64,25% menos que en el mismo periodo del año anterior, según la estadística de la edificación del Consejo de Colegios de Arquitectos de España. El descenso registrado en Andalucía fue el segundo mayor de toda España, sólo por detrás de Navarra. En la comunidad foral, los visados cayeron un 82,76%. Sin embargo, el peso relativo de la construcción en Andalucía es mucho mayor. Mientras que en Navarra la construcción supone un 8,7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, en Andalucía representa el 14,86% de los empleos de la región y aporta un 17% de la riqueza regional.

Los datos del segundo trimestre de este año son los primeros de la última década en los que se produce un descenso de más de dos dígitos. Desde 1997, los visados de construcción en este periodo habían ido creciendo año tras año, excepto en 2001, cuando se bajó de 33.101 viviendas a 31.321. Los mayores descensos relativos se dieron en la provincia de Almería, con una caída del 79,1%, seguida de Sevilla y Córdoba, con un 78,3% y un 71,62% respectivamente. En términos absolutos, los descensos más bruscos se dieron en las provincias con mayor actividad de segunda residencia veraniega, donde el sector coincide en focalizar la crisis. Así, en Málaga se bajó de 13.630 viviendas a 6.479 y en Almería se pasó de 7.491 a 1.565.

En la Costa del Sol, el Colegio de Arquitectos de Málaga ha publicado las cifras de viviendas visadas desde enero a septiembre de 2007, en las que los visados en la provincia cayeron un 40% de media, con respecto al mismo periodo de 2006. En este tiempo se acentúa la crisis observada en las cifras de enero a junio, cuando los visados se redujeron un 37%.

En el conjunto de España, los proyectos certificados por los colegios de arquitectos cayeron una media del 37,9%, y la comunidad autónoma de Baleares fue la única que experimento una subida, concretamente del 20,7%, en el segundo trimestre.

El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, José Prado, rechaza que exista actualmente una crisis en el sector y prefiere hablar de un "cambio de ciclo". Prado asegura que los indicadores muestran "que se mantiene un alto ritmo de actividad", aunque la ralentización en ritmo de venta le hace pensar que "en 2008 asistiremos a una depuración del sector" en la que "los primeros en abandonarlo serán los que han aprovechado la bonanza y han querido entrar en un mercado que no era el suyo". El presidente de los constructores malagueños constata que "la vivienda residencial es la que más se está resistiendo" a la hora de colocarse en el mercado y cree que en los próximos tres años se producirá "una progresiva reducción de la actividad constructora".

Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, considera que el hecho de que se haya interrumpido el ciclo de crisis periódicas cada siete años en el sector inmobiliario con una década de crecimiento sostenido en la que han aumentado tanto la oferta como la demanda y el precio de las viviendas, "ha hecho pensar que se trataba de un fenómeno indefinido". Pezzi cree que se está produciendo una "desaceleración muy fuerte, después de haber crecido mucho, durante mucho tiempo y con precios muy elevados". Para este arquitecto, el mayor ciclo de bonanza desde 1973 comenzó a cambiar en el segundo semestre de 2006, pero los síntomas se vislumbraban antes. "Hubo un repunte engañoso a principios de 2006 de promotores que aceleraron las obras para evitar que les pillara el Código Técnico de la Edificación", asegura.

Pezzi propone aprovechar este periodo en el que augura un aumento del paro en el sector y dificultades para sacar al mercado una enorme bolsa de viviendas para "racionalizar el sector con crecimiento sostenible". "La desaceleración debería ir acompañada de un aumento del mercado de viviendas protegidas y del alquiler. Es un mercado que no da tanto beneficio como la vivienda libre, pero que también es muy rentable para el promotor".

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Los promotores admiten que la venta de pisos ha caído un 16%
diariomalagahoy.com (Andalucía) - 30 de septiembre de 2007
 
 
MÁLAGA. La cuarta edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed) arranca el próximo miércoles con un dato inquietante: la venta de pisos nuevos ha caído este año un 16 por ciento en Málaga.

El presidente de los promotores de la provincia, José Prado Seseña, reconoció ayer este descenso que es sensiblemente más severo que en el resto del país, donde la comercialización de viviendas se ha retraído un diez por ciento frente al año anterior.

Se venden menos casas y la culpa, en opinión de Prado, no es exclusiva de los tipos de interés. En su opinión también contribuyen a esta situación el retroceso del turismo residencial y la retirada de inversores que habían llegado al mercado inmobiliario buscando alternativas a la bolsa y que ahora han regresado al mercado de renta variable. A estos hechos se suman los fenómenos de corrupción urbanística que "han dañado sobre todo a la provincia de Málaga".

Los tiempos de comercialización se han ralentizado. En este momento vender una vivienda de nueva construcción se prolonga entre 14 y 18 meses. No obstante, el director de Sando Inmobiliaria, José Luis Miró, matizó ayer durante el acto de presentación del Simed que la dificultad para vender casas nuevas no es homogénea en toda la provincia. "La primera vivienda en las grandes ciudades funciona bien. Donde hay problemas es en los desarrollos deslocalizados, que no están integrados en la ciudad o sufren falta de servicios".

Miró indicó que el mercado inmobiliario estaba sobredimensionado: "Tenía un tamaño insoportable. Se estaban construyendo 800.000 viviendas anuales en España, cuando nuestro mercado sólo tiene capacidad para 400.000".

También ha caído el visado de viviendas. De acuerdo con el sector, si se analizan los últimos cuatro años "ahora nos encontramos al mismo nivel que en 2002 y 2003".

Pese a todo, los promotores no están tan preocupados por la coyuntura inmobiliaria como por las consecuencias que puede tener que en este momento el 95 por ciento de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los 100 municipios de Málaga no estén aprobados.

Los empresarios hicieron ayer sonar la alarma por las consecuencias que se pueden derivar del retraso de los PGOU que, desde su punto de vista, les conducirá irremediablemente a la "crisis".

José Prado indicó que desde que se aprueba con carácter definitivo un plan urbano hasta que se empieza a construir transcurren "al menos un par de años, por lo que nuestra máxima preocupación es qué va a ocurrir el próximo año" con el sector inmobiliario en toda la provincia de Málaga.

Finalmente, el presidente de los promotores llamó también ayer la atención sobre la necesidad de impulsar la obra civil para que pueda absorber a los trabajadores que pierdan su empleo en la construcción de casas.

Según los promotores, por cada diez casas que se dejan de hacer se pierde un empleo, al tiempo que por cada millón de euros invertido en obra pública se crea un puesto de trabajo.

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Una familia ocupa una casa de Emvisesa tirando la puerta
ABC (Andalucía) - 28 de septiembre de 2007
 
 
Con una machota

las cuatro de la tarde del miércoles, la tranquilidad reinante en las viviendas que Emvisesa entregó hace un año junto al polígono El Pino se vio alterada por los golpes de una machota en uno de los adosados, situado en el número 56 de la calle Cabrera. Tirando abajo la puerta, una familia de vendedores ambulantes con cuatro hijos de entre 9 y un año ocuparon ilegalmente la vivienda vacía, de unos 110 metros cuadrados y cambiaron las cerraduras y estacionaron su furgoneta en la puerta.

Los vecinos, entre estupefactos y temerosos, llamaron a la Policía Nacional, que acudió al lugar sin lograr que la familia abandonara la vivienda. Emvisesa envió rápidamente a un guardia de seguridad al número 20 de la calle Arosa, donde tiene otra vivienda vacía, para evitar otra ocupación. Emvisesa negó ayer que haya viviendas adjudicadas y sin ocupar en esta barriada de Hacienda San Antonio. Según las mismas fuentes, los adosados vacíos corresponden al 5% del parque social de viviendas para colectivos de mujeres maltratadas, excluidos, etcétera. La sorpresa llegó cuando a una de esas reuniones acudió el padre de la familia «okupa», Antonio Peña Navarro, quien se presentó como el nuevo «vecino» y les entregó una tarjeta con su nombre y la dirección de la nave de textiles que tiene en Sevilla Este, ofreciéndoles un descuento del 20% en sus compras. Los vecinos no daban crédito a lo que oían y veían.

Matilde Navarro Navarro, la pareja de Antonio Peña y madre de los cuatro niños, explicó a ABC que no son agresivos y que la necesidad les había llevado a ocupar la casa por la fuerza. «Estoy en la calle porque mi casa la ha ocupado otra familia ilegalmente. En mayo de este ño, Emvisesa nos ha adjudicado una casa en el Polígono Aeropuerto, pero no me la entregarán hasta 2008, ¿Dónde viviremos hasta entonces? Antes de meterme en esta casa he comprobado que estaba vacía desde hace casi dos años. Estoy en la calle con cuatro hijos y la Constitución Española dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna», añadió. «Durante ocho años -asegura Matilde- hemos vivido en una casa de La Candelaria, en la calle Doctora Viera Fuentes, en el bloque 8, 1º E. Después de estar un mes haciendo la ruta de Cádiz como vendedora ambulante, llegué a mi casa y no pude entrar porque habían cambiado la cerradura. No pude sacar mis muebles, mi ropa, mis objetos personales, ni mi DNI ni el libro de familia, de los que he tenido que sacar un duplicado».

La madre de los cuatro niños asegura que denunció la ocupación de su casa y aún no ha podido entrar en ella porque el asunto está en manos del Juzgado de Instrucción número 1. «Dicen que vendí la vivienda y para ello la familia okupa presentó un documento de compra con fotocopia de mi DNI y mi firma falsificada», agregó esta vendedora ambulante, quien manifiesta que desde entonces ha vivido en el piso de su suegra, en el mismo edificio donde estaba su antigua casa. «Llevo un año amenazada por la familia que ha ocupado mi casa. Ya no aguantábamos más», relató Matilde. Antonio Peña, el padre de sus hijos, subraya que están separados y que no puede llevárselos a un piso que tiene en Torreblanca porque están amenazados por una familia gitana.

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Un joven en Huelva tendría que duplicar su sueldo
HuelvaInformacion.es (Andalucía) - 23 de septiembre de 2007
 
 
Para poder comprarse un piso

La diferencia entre los ingresos brutos anuales de un joven onubense y los que tendría que tener para poder adquirir una vivienda sin endeudarse más allá de lo que se entiende como riesgo asumible (para que la cuota mensual de una hipoteca típica no exceda el 30 por ciento de su nómina) es de un 88 por ciento, lo que pone de relieve que la compra de una vivienda es prácticamente imposible para la mayor parte de este colectivo, que ha recibido con escepticismo el anuncio por parte del Presidente del Gobierno del nuevo paquete de medidas para fomentar el alquiler .

En términos generales, un joven de entre 18 y 34 años tiene una renta bruta anual en la provincia de 15.230 euros, lo que implica que si accede a la compra de un piso (el precio medio en Huelva se sitúa en los 163.070 euros) deberá destinar el 56,4 por ciento de esos ingresos al pago de la vivienda, casi el doble de lo que se considera apropiado para no exceder el umbral máximo de endeudamiento, asumiendo los parámetros medios de tipos de interés, importe financiado y plazo de amortización, según el Observatorio Joven de la Vivienda en España. Es decir, que para entrar dentro de los parámetros de riesgo normales, esos ingresos deberían llegar hasta los 28.630 euros, un 88 por ciento más. Una situación prácticamente imposible.

El panorama sigue siendo poco alentador si la compra se plantea contando con más de una nómina. Así, en un hogar joven de Huelva entran anualmente 21.500 euros (lejos también de los 28.630 euros mínimos que se marcan para adquirir una vivienda libre), de los que habría que destinar el 39,9 por ciento para adquirir un piso (se sigue superando el 30 por ciento).

Con estas cifras resulta lógico que el 60 por ciento de jóvenes de la provincia no esté emancipado, sobre todo porque los pisos a los que podrían acceder no están en el mercado: con una superficie máxima construida de 65 metros y con precios que no superasen los 80.000 euros, en el caso de que la compra se realizase de forma individual, o de 115.000 euros, si se hiciese con más de una fuente de ingresos, cuando la cantidad media por la que se hipotecan los onubenses es de 114.659 euros, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística .

Esta situación lleva a que el colectivo de jóvenes onubenses se muestre más que pesimista cuando piensa en poder independizarse, sobre todo porque la emancipación la identifican con la compra de una vivienda y nunca con el alquiler. “Para alquilar, prefiero seguir viviendo con mi familiar y ahorrar durante ese tiempo para que algún día pueda comprarme una casa”, explica Aitor Mojarro, un joven que tiene muy claro que para ser independiente es mejor montar una empresa. Su opinión es compartida por el 34 por ciento de los onubenses (no sólo jóvenes) que han adquirido una vivienda y que apuntan a la emancipación como la principal causa para haber entrado en el mundo de las hipotecas. Porque parece claro que la cultura del alquiler no ha calado aún en nuestra sociedad. De ahí, que se muestren desconfiados con el Plan de Acceso a la Vivienda anunciado esta semana por parte del Gobierno, porque entienden que el problema de los jóvenes no se soluciona con ayudas para el alquiler, sino con la promoción de más viviendas protegidas o el impulso de la contratación “digna” al colectivo.

Desde la Unión de Consumidores (UCE) tampoco han tardado en reaccionar y aunque han acogido con satisfacción el plan de ayudas al alquiler, consideran que aún deben aclararse algunos aspectos, como por ejemplo si las ayudas que se concedan generarán obligaciones tributarias o no, ya que de ser así la cuantía de las ayudas se podría disminuir notablemente.

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Galicia
 
2300 OFICINAS INMOBILIARIAS GALLEGAS CERRARON YA POR VENTAS
El Faro de Vigo (Galicia) - 13 de septiembre de 2007
 
 
La desaceleración del mercado inmobiliario comienza a cobrarse sus primeras víctimas en Galicia. La drástica caída de las ventas experimentada durante el primer semestre del año, cuando se desplomaron un 18% -según los registradores de la propiedad-, ha abocado al cierre a un buen número de agencias inmobiliarias en la comunidad. Lejos del periodo 2002-2005, cuando se abrieron en Galicia 2.357 nuevos locales, hasta alcanzar las 7.870 oficinas, desde el año 2006 su número se ha reducido un 30%, según los datos que maneja la Asociación Gallega de Gestores Inmobiliarios (AGGI). En concreto, cerraron unos 2.300 establecimientos, dejando sin trabajo a más de 4.000 personas en Galicia.

El año récord para este negocio fue 2005, cuando estaban activas 7.870 oficinas, que empleaban a 15.905 personas y manejaban un volumen de negocio de 2.896 millones de euros, conforme revelan las estadísticas oficiales del INE. Según la AGGI, el cierre de locales en los últimos meses no se debe exclusivamente a la caída de las ventas, sino a la "saturación" del mercado. El secretario general de esta asociación, Carlos Pérez Mosteiro, confirma que un tercio de las oficinas gallegas "cerraron o van a cerrar", y las que perviven han reducido plantilla.

"Si se han abierto oficinas de más esos años, es lógico que ahora cierren", añade. La liberalización de este sector en el año 2000 disparó la apertura de este tipo de negocios, ya que el Gobierno no exige ahora un título específico para ejercer de agente inmobiliario. Esto llegó a generar críticas por parte de los Colegios de la Propiedad Inmobiliaria, respecto a las comisiones que perciben estas nuevas agencias en la compraventa de viviendas -superiores a las que cobran los colegiados-, y la escasa formación de sus empleados. En algunos casos, incluso, estos negocios están regidos por una única persona que se autoemplea. Ahora el tiempo ha reequilibrado la balanza, y según la AGGI, las agencias tradicionales "resisten como pueden", al contrario que muchas de las nuevas oficinas. En el caso de Vigo, apunta Pérez Mosteiro, el número de cierres supera el medio millar, impulsado, además, por las "circunstancias especiales" del mercado inmobiliario de la ciudad. "Me refiero a la ausencia de Plan General, claro", añade. Fuentes del sector revelan, además, que existen casos de agencias que han reducido sus plantillas de diez comerciales a dos. En apenas año y medio, esta actividad pasó de emplear 15.905 personas a poco más de 10.000.

Ralentización

Este portavoz de la AGGI reconoce que el plazo para vender una vivienda hoy en día está por encima de los dos meses. "Es lógico que se vean tantos carteles de `se vende´, porque tardamos más en cerrar las operaciones y el cartel está visible más tiempo", argumenta. No obstante, Pérez Mosteiro matiza que hay que diferenciar el mercado en Galicia por zonas y tipos de inmuebles. "Las viviendas que están en su precio, se venden. Las que están sobrevaloradas, no", observa.

Precisamente achaca a la sobrevaloración de la vivienda la situación que atraviesa ahora el sector y el cierre de oficinas. A la pregunta de si cree que el precio bajará en los próximos meses, éste asegura que "el valor de los inmuebles y su precio tenderán a coincidir". "No digo que vayan a bajar o subir los precios, sólo que ambos conceptos tendrán que coincidir para que la propiedad pueda venderse", añade.

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SEGUNDO CASO DE COBRO DE SOBREPRECIOS EN LA VENTA VPA VIGO
La Voz de Galicia (Galicia) - 09 de octubre de 2007
 
 
El popular Telmo Martín, socio de la promotora, dice estar tranquilo y achaca la denuncia a causas políticas

Un grupo de 22 propietarios vigueses que adquirieron una vivienda social en el número 25 de la calle Teixugueiras presentarán un escrito en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo para sumarse a la segunda causa abierta a constructores en el polígono de San Paio de Navia por cobro de sobreprecios. Las dos primeras denuncias ya están en trámite desde diciembre y cuentan con dos grabaciones realizadas por la policía con autorización del juez.

Los denunciantes declararán como testigos de las supuestas coacciones por parte de la promotora Construcuatro para pagar, a través de intermediarios, cantidades adicionales a cambio de ser admitidos en la lista de acceso a la vivienda social. Los sobreprecios oscilaban entre los 12.000 y los 42.000 euros.

También estudian exigir responsabilidades a la Consellería de Vivenda por la supuesta tardanza en abrir un expediente sancionador a una promotora pese a que la delegación provincial conocía las quejas con anterioridad al 23 de agosto. «Nos decían que lo que contábamos les parecía rarísimo; que esa promotora siempre cumplía», indican los afectados.

La Xunta cree que la multa a la empresa podría situarse en el millón de euros y la inhabilitación para construir vivienda protegida en seis años. Los denunciantes esperan que vaya a testificar Telmo Martín, representante de la promotora investigada y dirigente del PPdeG, y otros dos accionistas. Los afectados reclaman la devolución de 600.000 euros, aunque el montante total defraudado podría situarse entre los 3 y 4 millones.

Telmo Martín: «No hay nada

El recién elegido presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, propietario del 33% de Construcuatro, indicó ayer con relación al expediente abierto por Vivenda: «Yo estoy muy tranquilo y no hay nada, pero la consellería tendrá que hacer su trabajo».

Tanto con respecto a las informaciones referidas al expediente como a la investigación del juzgado de Vigo por el cobro de dinero negro, Telmo Martín lamentó: «Es el precio que tengo que pagar por estar en política, porque estoy seguro de que si yo no fuera socio de Construcuatro no saldría nada de esto publicado».

En esta misma línea añadió: «Estamos en un país democrático y es cierto que hay unas investigaciones, pero parece ser que se está haciendo por otro lado un juicio paralelo en el que se dice qué es lo que va a ocurrir [...] En su momento, cuando tenga que hablar, hablaré, pero estoy preparado para cualquier cosa, y en este caso estoy muy tranquilo y muy seguro de que no hay nada de nada. Pero, bueno, ¡qué le vamos a hacer! Tengo que pasar este trance!».

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En A Coruña existen más de 10.500 alquileres en negro
20 Minutos (Galicia) - 10 de octubre de 2007
 
 
Más de la mitad de los arrendamientos escapan al fisco, según un informe de técnicos de Hacienda. Denuncian falta de medios para llevar un control.

¿Vives en un piso de alquiler y tu dueño se niega a hacerte un contrato? Pues entonces tu piso forma parte de la red de arrendamientos irregulares que los técnicos de Hacienda han descubierto en la ciudad. Según un informe del sindicato Gestha, que agrupa a estos profesionales, en A Coruña existen más de 10.500 pisos que se escapan al control del fisco, es decir, el 54% del total de arrendamientos.

Estos datos chocan directamente con las buenas intenciones del Gobierno, que se ha marcado como meta potenciar el mercado de alquiler en todo el país con la oferta de más pisos. Pero ¿quién controla esos alquileres? Según explican desde Hacienda, en estos momentos en todo el país sólo hay 8.000 inspectores de vivienda, y en el caso de la ciudad de A Coruña aseguran que no se realizan inspecciones para saber la verdadera situación de los arrendamientos. «Faltan medios personales, materiales y económicos», dicen.

El casa a casa, difícil

Los profesionales de Hacienda aseguran que las revisiones casa por casa «son imposibles» por ese déficit de medios. Y desde la Xunta afirman que carecen de competencias para poner en marcha campañas de control. «Lo que sí se hace es comparar los datos catastrales, que desde hace un año hay que incluir en la declaración», dicen en la Consellería de Economía. Pero para todo hay picaresca. «No todo el mundo declara si alquila un piso», aseguran. Lo ideal, dicen los expertos, sería comprobar recibos de luz o agua, pero no se hace. En España, el número de alquileres sumergidos roza el millón.

Así debe ser un contrato

Todo por escrito: En el documento debe aparecer la identidad del propietario e inquilino, descripción del piso, duración y renta. Si hay algo en mal estado, pide que se especifique en papel.

Fianza: Será de un mes y nunca de más de dos. Deben devolverla íntegra al finalizar el contrato (si no hay desperfectos) y si no, se podrá cobrar intereses.

Renta: Aumentará anualmente según el IPC.

Gastos: La comunidad (si no se especifica en el contrato) la paga el dueño.

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Los procesos por impago de hipotecas aumentan un 30%
La Voz de Galicia (Galicia) - 14 de septiembre de 2007
 
 
El Colegio de Procuradores detecta un incremento del número de procedimientos de ejecución y desahucios

Los jueces de Vigo deben examinar este año entre un 30% y un 50% más de demandas que presentan los bancos y las financieras de créditos rápidos contra los clientes que no pagan las cuotas de su hipoteca. Estas denuncias se denominan procedimientos de ejecución de hipotecas y son estudiadas por diez tribunales de Primera Instancia. Estas cifras las aporta el decano del Colegio de Procuradores de Vigo, Jesús González-Puelles, quien solicitó recientemente una estadística comparativa del primer semestre del 2006 y del 2007 de dichos procedimientos civiles0.

Cada juzgado recibe una media de uno o dos procedimientos de este tipo cada trimestre pero, en algunas oficinas, ya supera los tres asuntos. En algunos tribunales, los seis primeros semestres del año 2006 registraron tres casos y en el 2007 ya están en cinco. «Se trata de un leve aumento; nada que ver con lo que ocurría antes de 1992 donde se notaba la crisis», confirma un secretario consultado. Otros juristas no se atreven a decir que aumentan estos movimientos y aseguran que «todo sigue igual». Otros juzgados prevén que la subida del euríbor empezará a notarse «en dos meses», a finales de año.

Jesús González-Puelles considera que el aumento de procedimientos para reclamar el pago de las cuotas de la hipoteca «llega al 50% y superará los cien casos este año. Esto demuestra que hay una crisis económica». El jurista teme que «si en una época de bonanza como la actual hay pleitos, ¿qué pasará si llega la crisis?». Posiblemente, habrá insuficiencia de jueces para atender las demandas. Los procesos de ejecución de hipotecas duran cuatro meses como máximo. Los bancos esperan a que el hipotecado deje sin pagar tres cuotas seguidas y entonces envían la documentación al juez. Si se trata de un particular que reside en una vivienda habitual, el juzgado le concede la oportunidad de ponerse al día con los pagos y abonar las costas por el retraso. «Casi todos pagan para no perder la casa», dice González-Puelles. «Las financieras reclaman con mayor frecuencia y más de prisa que los bancos; a veces, al primer impago», añade.

Quienes no pueden hacer frente a las facturas se ven abocados a entregar sus viviendas al juez, que son subastadas para resarcir al acreedor. «De momento, no apreciamos ningún aumento de las subastas», confirman todos los juristas consultados.

González-Puelles también ha detectado otro incremento de procesos judiciales paralelos que tienen relación con la vivienda. Se trata del aumento de pleitos por desahucio: cada vez hay más inquilinos que deben la renta del alquiler. El casero tiene que esperar casi un año para desalojar al moroso de su piso porque, según los juristas, la tramitación es lenta.

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El derribo de la casa de San Paio no será inminente
La Voz de Galicia (Galicia) - 03 de octubre de 2007
 
 
El acalde del Concello de Vigo reiteró que tienen que acometer por obligación la sentencia.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró hoy que la orden judicial de demolición de una vivienda en la parroquia de Sampaio «no va a ser inminente», aunque reiteró que el Concello de Vigo tiene que acometer por obligación esa exigencia. En conferencia de prensa, Caballero quiso mandar un «mensaje de tranquilidad» a la familia afectada y a sus vecinos que, el pasado lunes, impidieron el primer intento de derribo de la vivienda y que ya han advertido de que seguirán haciéndolo.

El regidor socialista recordó que en este caso el consistorio tiene que aplicar la sentencia judicial y que, previsiblemente hoy, se mandaría al Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra el informe municipal sobre la imposibilidad de ejecutar el derribo por la barrera humana de unos 300 vecinos en Sampaio. «Mandaremos ese informe y después veremos los tiempos», explicó el alcalde vigués, al tiempo que insistió en que la familia esté tranquila porque la demolición «ni va a ser mañana ni pasado».

La casa afectada por esa orden de demolición fue remodelada hace hace años con la licencia municipal correspondiente, pero un largo litigio con una vecina del inmueble llevó a la justicia a determinar que la vivienda de Manuel Dasilva y Charo Amorín es ilegal.

El pasado lunes, cuando la concejala y la gerente de Urbanismo, Carmela Silva y Julia Chamosa, respectivamente, intentaron ejecutar la orden judicial de echar abajo la casa, los 300 vecinos lo impidieron.

La vivienda de esta pareja en situación irregular se legalizaría, previsiblemente, si el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) estuviera ya aprobado. Precisamente, más de 2.000 viviendas viguesas en situación similar a la casa de Sampaio serán legalizadas con el documento urbanístico, incluido el centro comercial Gran Vía, declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG).

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Catalina González: la nueva Jesús Gil de la política
elplural.com (Galicia) - 02 de octubre de 2007
 
 
La alcaldesa popular es conocida como “Catalina la Grande”

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Dicen de ella que es la nueva Jesús Gil de la política. Nada más ser elegida alcaldesa se puso un sueldo de casi 80.000 euros brutos anuales. En la actualidad está en inmersa en un juicio por la construcción de más de 300 viviendas en la costa. Se llama Catalina González Bea y es alcaldesa por el Partido Popular de la localidad gallega de Sanxenxo.

Según publica el semanario Interviú esta semana, la edil del Partido Popular es conocida, aparte de por sus más que dudosas decisiones en materia de Urbanismo, por ser comparada por los vecinos de la localidad gallega de Sanxenxo con la zarina rusa “Catalina la grande”.

78.400 euros Catalina González apenas lleva un año en el cargo. Fue designada sucesora por el anterior alcalde de la localidad gallega, Telmo Martín. En las pasadas elecciones autonómicas y municipales consiguió obtener mayoría absoluta en las urnas. Poco tiempo después se produjo el escándalo: Catalina se puso un sueldo de 78.400 euros brutos anuales.

Urbanizaciones Aún así, y gracias a las presiones del Partido Popular regional, González se vio obligada a bajarse el sueldo a 64.000. Pero el verdadero problema no son los modos despóticos de los que González hace uso para gobernar, y ni siquiera su elevado salario; sino, que tal y como afirma el líder local del BNG, el verdadero problema es que la alcaldesa popular quiere llenar “Sanxenxo de urbanizaciones que lleguen hasta el mar”.

Sentido común “Quieren llenar Sanxenxo de urbanizaciones hasta el mar, sin sostenibilidad ni sentido común. Se ha aprobado la construcción de casi 3.000 viviendas en la línea de costa. Aquí están posicionadas todas las grandes constructoras” afirma para la revista Interviú el líder del BNG en Sanxenxo, Roberto Fernández Flores.

Impacto Ambienal Hace poco más de un mes, la Xunta de Galicia, a través de Medio Ambiente, ha llevado al Ayuntamiento de Sanxenxo a los tribunales por no parar la construcción de 199 chalés en las playas de Montalvo y Major y 134 en la zona de Telleiro-Noalla. Aún así, y pese a que ninguno de estos proyectos contaban con ningún estudio previo de impacto ambiental, la alcaldesa ha decidido seguir adelante con la construcción de estas chalés.

Marbella En definitiva, y lamentablemente, con actuaciones como estas, (y como la de construir un complejo de campos de golf en medio de 200.000 metros cuadrados de pinares y ríos), la alcaldesa del Partido Popular parece seguir trabajando para que su localidad sea comparada con Marbella y ella misma, con el ya fallecido Jesús Gil y Gil.

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Un tercio de las viviendas gallegas carece de calefacción
El Faro de Vigo (Galicia) - 09 de octubre de 2007
 
 
Según datos del INE.

Uno de cada tres hogares gallegos carece de calefacción. Así lo revela la última encuesta continua de presupuestos familiares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. El número de viviendas sin calefacción existente en Galicia no es el más alto de España, pero sí lo es con respecto a las autonomías del norte peninsular, territorios donde el clima es similar al gallego y por tanto donde la comparativa es más real.

Según los datos del INE, el 37,4% de los hogares de la comunidad gallega no dispone de ningún sistema de calefacción, lo que en términos absolutos supone 330.00 viviendas. Este porcentaje resulta alto en comparación con los registros del resto de autonomías con un clima similar en cuanto a las temperaturas. De esta forma, no disponen de calefacción el 16,4% de las viviendas de Aragón, el 27,3% de Asturias, el 32,2% de Cantabria, el 23,1% del País Vasco, el 29,6% de Cataluña o el 16,42% de Castilla y León.

Con respecto a la media española, Galicia está casi diez puntos por debajo. Pero la razón son los altos índices de hogares sin calefacción que abundan en el sur de la península, donde las temperaturas son mucho más suaves durante el invierno. Así se explica que el 85% de las viviendas de Andalucía carezcan de calefacción, el 80,4% de Valencia o el 80,7% de Murcia.

Otro dato importante sobre la calidad de vida lo refleja la disposición de agua sanitaria caliente. En este apartado Galicia es la comunidad peor parada del Estado, ya que el 2,40% de los hogares -unos 21.300- no tiene agua caliente. Le sigue en el ránking Canarias, con un 2,10% de viviendas sin agua caliente, pero donde la climatología nada tiene que ver con la gallega, Cantabria, con un 1,94%, y Castilla y León, con un 1,25%. La encuesta también deja a Galicia en un mal lugar en cuanto a la disposición de ordenadores personales, sólo por delante de Extremadura y Castilla y León. La encuesta del INE recoge que cuatro de cada diez hogares gallegos cuentan con un ordenador, cifra ligeramente superior a los registros de Extremadura, con un 31,4%, y de Castilla y León, con un 38,83%.

Las televisiones en color, la lavadora y el frigorífico están instalados en la práctica totalidad de los hogares gallegos, pero no así los electrodomésticos de última generación o considerados más de lujo, como el lavavajillas o el microondas, que sólo los hay en el 28% y el 52% de los viviendas, respectivamente.

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Castilla y León
 
EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA PERDONA UNA DEUDA A CONSTRUCTOR
Cadena SER (Castilla y León) - 26 de septiembre de 2007
 
 
Amigo del alcalde. El empresario cedió un apartamento de lujo en Marbella para las vacaciones del regidor y su familia

Un constructor salmantino ha dejado de pagar al ayuntamiento una deuda de más de un millón de euros gracias a que los responsables municipales dejaron prescribir los plazos para reclamar. Se da la circunstancia de que este empresario es amigo del alcalde de Salamanca y que, incluso, le ha cedido un apartamento de lujo en Marbella para las vacaciones del regidor y su familia.

El constructor salmantino Mario Curto se excedió en 2.000 metros cuadrados en una promoción de viviendas en la capital charra en 1996. Los técnicos municipales le concedieron la licencia a cambio de una compensación que nunca se produjo.

Desde el ayuntamiento, gobernado por el popular Julián Lanzarote, sólo se inició un expediente de sanción nueve años después, con los plazos legales ampliamente rebasados. Por si fuera poco, el expediente sancionador estuvo seis meses parado y llegó al empresario un día después del plazo. Un juzgado acaba de sentenciar que el consistorio ya no puede cobrar la multa, un 1.160.000 euros, casi 200 millones de las antiguas pesetas.

Se da la circunstancia de que este constructor le ha cedido varios años al alcalde salmantino un apartamento de lujo en Marbella en primera línea de playa, de más de 300 metros cuadrados, donde Julián Lanzarote ha pasado varios períodos de vacaciones junto a su familia.

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Un hombre se encierra siete horas en un ayuntamiento
Diario de León (Castilla y León) - 21 de septiembre de 2007
 
 
Y amenaza con quemarlo. Néstor se encerró en el Ayuntamiento amenazando con quemarlo tras rociar varias zonas con gasolina.

El GRS de León organizó un dispositivo de asalto que finalmente no resultó necesario Mantenía un litigio en Cigales con una constructora por un problema de límites en una bodega


Un hombre de 69 años de edad, Néstor C.V., se encerró ayer durante casi ocho horas en el Ayuntamiento de Cigales (Valladolid), localidad en la que reside, y amenazó con quemar el consistorio tras rociar varias zonas del edificio con gasolina si al lugar no acudía una autoridad judicial que pudiera hablar con él, algo que según aseguraron fuentes municipales, «era imposible». En un primer momento, también aseguró portar dos bombonas de butano.

Finalmente, tras mantener en vilo toda la mañana a la población, Néstor salió por su propio pie sobre las 16.30 horas, tras negociar con el teniente coronel de la Guardia Civil, Javier Galache.

El hombre, que entró sobre las 9.00 obligando a todos los funcionarios a dejar el consistorio, justificó su acción porque nadie le había hecho caso sobre un conflicto con una constructora que realiza unas viviendas en una linde con su propiedad, y a la que denunció por haber invadido una bodega a las afueras del municipio.

La primeras palabras de Néstor en el momento de entrar fueron para pedir a los trabajadores y al alcalde, Francisco Javier Gallego, que en ese momento se encontraba dentro, que se marcharan porque iba a quemar el lugar. A juicio de responsables del Ayuntamiento, el hombre pudo tomar esta decisión debido a que mantiene un enfrentamiento con la empresa constructora, si bien aseguraron que el problema «no es con el Ayuntamiento, sino un conflicto entre particulares».

Sin éxito

El teniente de alcalde del Ayuntamiento y concejal de Urbanismo, Jesús San Antolín, habló con él en varias ocasiones por teléfono «pero sin éxito para convencerle». Sobre el problema urbanístico que Néstor denuncia, el concejal señaló que en su día se llevó a cabo una unidad de ejecución de edificación, a partir del cambio del plan de las bodegas que él también aprobó por ser un propietario colindantes.

Efectivos del GRS de León organizaron un dispositivo de asalto que finalmente no tuvo necesidad de intervenir.

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País Vasco
 
Javier Burón, viceconsejero de vivienda del Gobierno Vasco
El Mundo (País Vasco) - 21 de septiembre de 2007
 
 
'Me parece sanísima una actitud crítica en relación al problema de la vivienda'. El nuevo viceconsejero vasco aboga por la vivienda como derecho constitucional Político del siglo XXI, se acerca a los ciudadanos a través de su blog El derecho a una vivienda tendrá garantía judicial en el País Vasco a partir de 2012 El Gobierno vasco quiere superar las 19.000 casas en alquiler a finales de 2009

El Artículo 47 de la Constitución garantiza el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna a un precio razonable; "pero el acceso, no la propiedad". La puntualización es de Javier Burón, que desde el pasado 7 de septiembre se ha convertido en segundo de a bordo en el departamento de Vivienda del Gobierno vasco.

Cuando el lunes pasado le preguntaron su opinión sobre el 'Plan Chacón' de ayudas al alquiler para jóvenes, no dudó en aducir que se trata de "medidas electoralistas, aunque nbienintencionadas, pero de dudosa eficacia social, ya que van a incrementar el precio de los alquileres".

En su anterior puesto como director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda Burón ya abogaba por que ese derecho constitucional a tener una casa sea reconocido en la práctica. "Y como viceconsejero opino lo mismo". Sus pensamientos los defiende desde todos los foros y entre ellos su propio blog, un espacio de debate, actualidad, reflexiones personales y, cómo no, de vivienda.

Y es que cuando se habla de protestar para exigir una casa Burón es partidario de que los ciudadanos reclamen a sus comunidades autónomas hacer más pisos protegidos. De hecho, el Gobierno vasco dispone en estos momentos de 8.000 viviendas públicas en régimen de alquiler y esperan terminar el año 2009 superando las 19.000. ¿Son muchas o pocas? La Sociedad Pública de Alquiler ha gestionado menos de 5.000. Cuenten y comparen. "En Euskadi, dos de cada tres viviendas en alquiler son VPO y el 66% del mercado nuevo de alquiler es público", señala.

Con un toque reivindicativo, el apoyo de Javier Burón a la Plataforma por la Vivienda Digna a través de Léolo, su blog, ya le ha causado algún problema. "Me parece sanísima una actitud crítica en relación al problema de la vivienda porque eso puede permitir cambios. La protesta cívica y razonada puede llevar a cambiar la forma de hacer políticas públicas".

Y siguiendo con esa idea clave de la vivienda como derecho —comparable a la sanidad o la educación—, la futura Ley de Vivienda del Gobierno vasco ya contempla que ésta pueda ser un derecho reclamable ante los tribunales a partir del año 2012. "No es una quimera. Si todos hacemos nuestros deberes llegaremos a esa fecha con un parque de alquiler suficiente para atender a todas las personas que quieran vivir en una VPO".

¿Cuántas? En el departamento tienen el dato de partida de la gente inscrita en Etxebide (servicio público de vivienda del País Vasco) que solicita vivienda en alquiler: unas 35.000 personas.

Otro de los puntos controvertidos de ese anteproyecto —que todavía debe superar la tramitación parlamentaria— es que la norma obligaría a los dueños de una VPO a abandonarla si compran otro inmueble. Según algunos sondeos, la medida no complace a algunos ciudadanos vascos. Sin embargo, desde el departamento de Vivienda la reflexión se hace "desde el lado contrario". ¿Es razonable que con fondos públicos se sufrague la primera residencia de alguien que después adquiere una segunda?

"No es ninguna despatrimonización", afirma Burón. A esas personas que compran una vivienda libre se les pedirá que pongan a disposición de lo público la vivienda protegida y se les pagará su precio actualizado. "No es de recibo que mantengan ese bien en su entorno si ya no lo necesitan", explica el viceconsejero.

Político del siglo XXI

Directo y sin censuras, 'Léolo' es el blog del titular de Vivienda del Gobierno Vasco. Javier Burón es una de esas personas que ha sabido sacarle partido a eso de las nuevas tecnologías. Desde su blog, 'Léolo', refleja sus opiniones, reflexiones, pensamientos... ¿Atípico? ¿Original? "No sé cómo soy en relación al resto de los políticos y tampoco me preocupa", afirma con modestia. "Yo estoy aquí para servir, para cambiar las cosas en la sociedad y llevarlas hacia un lugar mejor. Ya sé que es un tópico pero es realidad, porque si quisiera vivir mejor estaría en el sector privado".

Nacido en Basauri (Vizcaya) y "vitoriano de adopción", Burón es de los que piensa que el político tiene que estar en contacto con la ciudadanía. «El blog es un instrumento privilegiado para emitir nuestras opiniones de manera menos formal y, sobre todo, para recibir el retorno", explica. 'Léolo', su espacio interactivo, acaba de cumplir un año y ya ha superado las 50.000 visitas. Además, de los 'posts' que ha ido publicando se han hecho debates que sobrepasan las 1.100 intervenciones. "He obtenido mucho más de lo que he puesto".

El nombre de su blog procede del título de una película de Jean-Claude Lauzon (director franco-canadiense) que le marcó especialmente. Léolo era el protagonista, un niño que vivía en un entorno desestructurado con muchos problemas sociales y personales donde soñar era su única salida. "Todos tenemos que soñar para no volvernos locos, para tratar de cambiar las cosas y hacer un mundo mejor". Pero un político, ¿puede soñar? "Debe soñar; si no, no es un político".

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También prefieren comprar
20 Minutos (País Vasco) - 13 de octubre de 2006
 
 
La demanda de vivienda en España se sostiene gracias a la tendencia de los extranjeros a comprar casa tras unos años de alquiler.

La demanda de vivienda en España se sostiene gracias a la tendencia de los extranjeros a comprar casa tras unos años de alquiler.

"Mi marido y yo llevábamos cuatro años alquilando un piso de una habitación con otras dos personas, pero ahora ya hemos podido ahorrar y nos hemos comprando uno para nosotros solos", explica Consuelo, una joven trabajadora peruana.

Como ella, cada vez más inmigrantes se lanzan a la adquisición de una vivienda cuando consiguen mejorar sus condiciones económicas y laborales. Una tendencia que está consiguiendo mantener la demanda de compra en nuestro país.

Los datos muestran que el mercado inmobiliario español se ha abierto definitivamente a los inmigrantes, un colectivo que ya protagoniza un tercio de las operaciones de compraventa de vivienda de segunda mano y que apuesta fuertemente por la propiedad. De hecho, más del 30% de los 3,9 millones de extranjeros empadronados en España son propietarios de una casa, según datos del Ministerio de Vivienda.

Productos específicos

El perfil del comprador inmigrante es el de un residente legal que ha pasado un periodo de estabilización de entre 5 y 10 años en el país. Además de las dificultades a las que tiene que hacer frente cualquier español, su situación es más desfavorable en el mercado inmobiliario, ya que se puede sumar, en algunos casos, la inestabilidad de su situación legal y la necesidad de enviar dinero a sus países de origen.

Para dar respuesta a esta demanda con características propias, las entidades bancarias ya ofrecen productos específicos, como hipotecas que cubren el 100% del valor de tasación del inmueble y que no exigen grandes avales. También han surgido algunas voces de alarma: "Nos preocupa que muchos inmigrantes no estén bien informados de sus derechos y sean objeto de engaño", dice Álvaro Zuleta, presidente de la asociación de latinoamericanos Aculco.

De los cinco continentes

El colectivo de ecuatorianos es, con un 10,33% del total, el que más hipotecas firmó durante el año pasado, según el último informe sobre el mercado de la vivienda elaborado por Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra. Le siguen, de lejos, los marroquíes, con un 3,68% del total, los colombianos (2,91%) y los rumanos (2,68%).

El primer país subsahariano en salir en esta clasificación es Nigeria, con un 0,81% del total de hipotecas firmadas en 2006. Llama la atención el dato de la comunidad china, muy asentada en nuestro país, pero que sólo protagoniza el 0,5% de las operaciones de compra.

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Castilla-La Mancha
 
Venta de pisos a contrarreloj en Seseña
El Mundo (Castilla-La Mancha) - 03 de octubre de 2007
 
 
El plazo para escriturar se acaba en octubre y después vendrán las pesadas hipotecas. Muchos vendedores admiten abiertamente que realizaron la compra como una inversión. Los anuncios de venta de pisos de esta urbanización inundan los portales de Internet

"Vendo", "Residencial Francisco Hernando" y "Seseña". Si usted escribe estás términos clave en cualquier buscador de Internet podrá encontrar cientos de pisos en venta casi a precio de saldo. Sus dueños, en la mayoría de los casos inversores, quieren quitárselos de encima cuanto antes ya que el plazo para escriturar se agota y tras él llegará una pesada hipoteca que no todos podrán pagar.

Apenas dos meses después de entregarse las primeras viviendas en la polémica macrourbanización (13.508 viviendas) de Paco 'El Pocero' en Seseña, los inmuebles a la venta del "Residencial Francisco Hernando" inundan los portales de Internet especializados en traspasos de pisos. ¿La causa? "Finaliza el plazo para escriturar, que se expira el último día del presente mes de octubre, y después sus compradores deberán hacer frente a altas cuotas hipotecarias", señalan varias inmobiliarias consultadas por suvivienda.es y que gestionan cientos de casas en la zona.

"Estamos desbordados de trabajo porque la gente lo que no quiere es escriturar y le urge vender ya. Hasta ahora sólo han pagado unos 3.000 euros de entrada y pequeñas letras, pero en un mes todo esto cambiará. Tendrán que firmar hipotecas mucho más caras de la que ellos habían pensado hace dos o tres años. Por no hablar de los inversores, que vieron en este residencial una gran oportunidad de hacer dinero y ahora quieren quitárselos de encima como sea y con escasos beneficios", afirman desde las agencias inmobiliarias.

suvivienda.es ha hablado con varios de estos 'propietarios-inversores', que en muchos casos no han escondido cuál era su intención inicial cuando adquirieron estas propiedades: puro negocio. "Realicé esta compra como una inversión", afirman María Ángeles y Mercedes, aún con sus apartamentos a la venta. En la misma línea se muestra Ángel. "Mi familia compró varios pisos en el 'Residencial Francisco Hernando' a muy buen precio y con la única intención de sacar una gran rentabilidad. Y así ha sido. Hemos visto que el auge del ciclo inmobiliario se acaba y hemos decidido deshacernos de ellos. Yo me he deshecho de tres viviendas que me costaron 128.000 euros por 180.000", indica orgulloso Ángel.

La subida del Euribor y el cambio de lugar de trabajo son otros de los motivos que esgrimen sus actuales propietarios para colgarles el cartel de 'Se vende'. "Me ha encantado como ha quedado todo, pero ahora me he mudado a trabajar a Madrid y Seseña está algo lejos", apunta Verónica. "Por necesidades de trabajo me he tenido que trasladar a Illescas", dice Juan Carlos, que traspasa un apartamento al mismo precio que le costó a él (25 millones de las antiguas pesetas) buscando una operación lo más rápida posible para no juntarse con dos letras.

'Mi historia es la de cualquier particular que compra un piso y luego quiere venderlo. No hay más que decir"

-------------------------------------------------------------------------------- Pero aún se aprecia cierto miedo en algunos dueños a la hora de hablar con los medios de comunicación. David, por ejemplo, ha preferido no hacer más declaración que afirmar que "su historia es la de cualquier particular que compra un piso y luego quiere venderlo. No hay más que decir". Está claro que la polémica que ha envuelto a esta macrourbanización no ha ayudado nada a los inversores que desembarcaron en este residencial, cuyas ventas se han vuelto a reactivar en los últimos meses. "Una vivienda de dos dormitorios y 84 metros cuadrados comenzó costando 190.000 euros, después bajó el precio hasta 155.000 y ahora ha vuelto a escalar al mismo valor de salida", dice la responsable de una empresa inmobiliaria.

En lo que también coinciden todos es en el magnífico acabado de toda la urbanización. "Las casas cuentan con unas calidades excelentes y el entorno es lo más parecido que un paraíso", declara Verónica. Ángel, que estuvo presente en la macrofiesta de 'Pocerolandia', compara el complejo residencial de Seseña con Miami. "Francisco Hernando tuvo que pagar cuatro duros por el suelo, pero luego no ha escatimado a la hora de invertir en lujo", dice Ángel, que tiene claro quién está haciendo el agosto después del verano: las inmobiliarias.

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Región de Murcia
 
LORCA, EN BANCARROTA
El País (Región de Murcia) - 02 de octubre de 2007
 
Por convenios firmados por un ex alcalde socialista. El Ayuntamiento murciano recalificó suelo a cambio de 23 millones, que ahora debe devolver. Corrupción y especulación en las administraciones públicas

Si el Ayuntamiento de Lorca (Murcia) fuera una empresa, estaría en bancarrota. Por eso su nuevo alcalde, Francisco Jódar, del PP, ha pedido por escrito al Gobierno murciano que acuda en su ayuda: la falta de dinero líquido en el Consistorio amenaza con impedir el pago de las nóminas. El origen del problema está en la recalificación masiva de suelo aprobada por el anterior alcalde, del PSOE, el año pasado: el municipio (80.000 habitantes) autorizó la construcción de 140.000 viviendas en varias fases y recibió de las inmobiliarias, en concepto de adelanto, 23 millones de euros. Pero el desarrollo de los convenios está paralizado, y las empresas reclaman ahora la devolución del dinero.

El 27 de febrero de 2006 el entonces alcalde de Lorca, el socialista Miguel Navarro, se las prometía muy felices: el pleno municipal aprobó ese día los tres primeros convenios urbanísticos de una tanda de 17 firmada por Navarro con empresas constructoras. Se daba así el pistoletazo de salida a 35.000 de las 140.000 nuevas viviendas previstas en el municipio, que tiene 80.000 habitantes y mucho suelo todavía libre. Navarro llegó a enfrentarse con su propio partido, el PSOE murciano, que se oponía a las reclasificaciones masivas de terrenos.

Un año antes de la recalificación, el Ayuntamiento recibió de los constructores y promotores urbanísticos 23 millones de euros (el 40% del total a percibir por permitir la edificación). Pero para levantar todos esos pisos no bastaba con la autorización del pleno municipal: ésta debía ser ratificada por el Gobierno regional de Murcia. Y ahí es donde se torció todo: los escándalos protagonizados en la pasada legislatura por el Ejecutivo murciano de Ramón Luis Valcárcel (PP) -con sucesivas crisis de Gobierno, consejeros y directores generales pasándose a la empresa privada y hasta cinco altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente imputados por presunta corrupción urbanística- han terminado por paralizar los planes de crecimiento de Lorca.

La crisis la ha heredado el nuevo alcalde, Francisco Jódar, que teme no disponer del dinero suficiente para afrontar su mandato de cuatro años si se ve obligado a devolver los 23 millones adelantados por los constructores.

La situación se ha vuelto tan insostenible que Jódar presentó el pasado viernes al Gobierno murciano un informe sobre la situación financiera de Lorca, para apoyar su petición de que, ante la falta de liquidez del Ayuntamiento, le sea adelantada una parte de su asignación de los presupuestos autonómicos para 2008. El alcalde afirma que el informe le fue solicitado por las consejerías de Presidencia y Hacienda después de mantener con los responsables de ambos departamentos varias reuniones.

Jódar pretende así "paliar la difícil situación económica por la que atraviesan las arcas municipales" mediante la firma de una adenda al convenio singular que la Comunidad Autónoma tiene suscrito con el Ayuntamiento de Lorca. Esa adenda, dice el alcalde, servirá para obtener "una colaboración económica del Gobierno regional". "Lo necesitamos para finalizar el presente ejercicio", subraya.

Jódar también departió con los consejeros sobre la situación administrativa de los 17 convenios urbanísticos a cuyos expedientes tiene que dar luz verde el Gobierno regional en el primer trimestre de 2008. "Necesitamos sacarlos adelante, la situación financiera del Ayuntamiento depende en gran parte de ellos", dice. Si la tramitación no culmina en ese plazo, el Consistorio se verá obligado a devolver los 23 millones de euros que recibió.

El problema es que la paralización es casi absoluta en la actual Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, cuyos miembros han accedido al departamento tras la salida de varios altos cargos que en la pasada legislatura fueron imputados por la polémica reclasificación de la finca La Zerrichera. Con ese precedente, ningún funcionario firma nada, sobre todo si hay cerca una zona protegida.

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Aragón
 
Aramón vende por 120 millones terrenos valorados en 240.000e
El Periódico de Aragón (Aragón) - 11 de septiembre de 2007
 
 
En 4 años multiplica por 465 el precio del suelo en Cerler, controlado por la DGA desde el 2003. La propiedad de las fincas es cuestionada en un pleito que dirime ahora el Juzgado de Boltaña.

Aramón, el hólding semipúblico del esquí aragonés, ha multiplicado por 465 el precio de unos terrenos que acaba de vender en Cerler en relación con la valoración que tenían hace cuatro años, cuando los puso bajo su control al alcanzar la mayoría del capital social de Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, la empresa que gestiona el complejo invernal.

La operación, cerrada hace unos meses, consiste en la venta de 18,3 hectáreas a un grupo de empresas zaragozanas y vascas que han pagado 120 millones de euros por ellas. Algo más de dos terceras partes del suelo, 128.000 metros cuadrados, están calificadas para albergar viviendas, hoteles, aparcamientos y comercios. Mientras, 4,2 hectáreas quedan reservadas para viales y zonas verdes y 1,3, para equipamientos.

Sin embargo, los compradores no pueden inscribir las transacciones en el Registro de la Propiedad, ya que la titularidad del suelo se encuentra en tela de juicio en el Juzgado de Boltaña y el registrador ha anotado en sus fichas, a instancias del Ayuntamiento de Benasque, que se encuentran en una situación de litigiosidad. Los antiguos propietarios reclaman la devolución de las tierras que aportaron a Cerler en los años 60 al entender que la empresa, que lleva cuatro años bajo el control de Aramón, no ha cumplido los compromisos que había adquirido con ellos.

CESIÓN DE PARTICIPACIONES

Los terrenos aportados por los vecinos del valle seguían valorados en el año 2002 en 241.361 euros --43,4 millones de pesetas-- en la contabilidad de Fomento del Valle de Benasque. En ese ejercicio era una de las empresas públicas de la DGA, ya que esta controlaba más del 50% de las acciones. Tras la ampliación de capital de febrero del 2003, el Instituto Aragonés de Fomento y el Gobierno de Aragón sumaban el 66,99% del accionariado. Ambas instituciones, no obstante, habían cedido esas participaciones a Aramón "a título oneroso", es decir, que el hólding --controlado al 50% por la DGA e Ibercaja-- debía entregar a cambio de ellas a la administración autonómica equivalente, como mínimo, al valor teórico de las acciones que aporta según el balance del 2002.

Sin embargo, el informe de la Intervención General de la DGA sobre el ejercicio del 2002 alertaba de varias circunstancias relacionadas con esos suelos. Una era "la falta de información relativa a la adquisición de terrenos contabilizada en ejercicios anteriores". Otra, que "el valor catastral del año 2002 correspondiente a esos terrenos es de 7.488.204 euros" y "no consta que se haya realizado ningún estudio sobre la posible valoración" de los mismos. Y, una más, que "algunos de los terrenos fueron adquiridos mediante el pago parcial en dinero y el compromiso de entrega posterior de terrenos ya urbanizados", por lo que "la total superficie pendiente de entrega sería de 23.522 metros cuadrados".

Una auditoría elaborada en 1996 por Arthur Andersen ya alertaba de esa carencia documental, lo que impedía tanto "verificar el coste contable" de la adquisición de los terrenos como "evaluar los compromisos que pudieran existir asociados a los mismos".

La Intervención de la DGA incluía en su informe una anotación en la que dejaba claro que las cuentas de Fomento del Valle de Benasque no reflejaban de forma correcta el valor de los suelos. "La sociedad tiene contabilizado en su balance terrenos por un valor muy inferior al valor catastral y por tanto previsiblemente también al real", indicaba. Y, paralelamente, recomendaba actualizar la valoración y tener en cuenta la influencia que podría tener en ella "la definitiva aprobación del plan parcial que se está tramitando y el resto de decisiones urbanísticas que sobre esta materia puedan tomarse".

Los balances depositados en el Registro Mercantil por Fomento del Valle de Benasque incluyen en el apartado del inmovilizado inmaterial del activo reservado para terrenos y construcciones una partida que asciende a 5.474.978 euros en su consignación más elevada. Se sitúa prácticamente dos millones por debajo del valor catastral que tenían hace cinco años los terrenos ahora vendidos y en litigio.

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Islas Baleares
 
Fiscalía Anticorrupción pide 6 años para ex-alcalde Andratx
La Vanguardia (Islas Baleares) - 25 de septiembre de 2007
 
 
El fiscal solicita también la demolición del chalé que Hidalgo se habría construido en una zona protegida

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha solicitado la apertura de juicio oral, una pena de 6 años de cárcel, 6 años de inhabilitación para desempeñar cargo público y una multa de 60.000 euros al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo por construirse una vivienda unifamiliar aislada en una zona rústica protegida. El ministerio público solicita también la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma contra Jaume Massot, jefe del área de Urbanismo de Andratx; José Ignacio Mir, letrado asesor de la Corporación municipal, y Jaume Gibert, inspector municipal de obras, por "idear, planificar y ejecutar" las acciones que permitieron la construcción de la referida vivienda en el municipio de Andratx.

Esta causa es una de las piezas del "caso Andratx", donde se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en este municipio mallorquín, lo que motivó la detención y posterior dimisión del alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo en noviembre de 2006.

El fiscal Juan Carrau solicita sendas fianzas de 90.000 euros para Hidalgo y Gibert, así como la demolición del chalé que construido por el ex alcalde y la recuperación original de esta parcela.

En el escrito de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción se explica que los hechos sucedieron entre finales de 2002 y principios de 2003. La situación de la parcela de 3.035 metros cuadrados de extensión en un área de especial protección "hacía inviable legalmente la obtención de licencia municipal para la ejecución de tales obras", asegura el fiscal.

Carrau asegura que Hidalgo solicitó el 14 de febrero de 2003 al Ayuntamiento de Andratx una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente, así como para la construcción de una nave agrícola en esta parcela de su propiedad. "Todo ello -señala la Fiscalía- con la finalidad de dar una cobertura y apariencia de legalidad para la construcción de la vivienda unifamiliar prohibida por disposición legal".

El 5 de Mayo de 2003, el celador municipal Jaume Gibert, "aleccionado y convencido" por Hidalgo, emitió una certificación donde afirmaba "falsamente" que existía un almacén agrícola y que tenía una antigüedad superior a los 50 años. "Siguiendo con el plan preestablecido", el 6 de mayo de 2003 Jaume Massot, como jefe del área de Urbanismo, emitió un informe favorable a la licencia de ampliación solicitada.

Ese mismo día, el letrado asesor José Ignacio Mir emitió el correspondiente y preceptivo informe jurídico favorable, si bien "conocía sobradamente" la falta de supuestos legales para poder informar favorablemente la licencia.

Los delitos descritos incluyen falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística e infracción contra la ordenación del territorio. La Fiscalía considera que Hidalgo incurrió en los tres, Jaume Massot y José Ignacio Mir en prevaricación urbanística, y a Jaume Gibert le imputa sendos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio.

El fiscal pide las siguientes penas: Jaume Massot, 2 años de prisión e inhabilitación de cargo público por un tiempo de 10 años; José Ignacio Mir, 1 año de prisión e inhabilitación de cargo público durante 10 años, y Jaume Gibert, 6 años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargo público durante 6 años.

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El Govern de Baleares prepara un innovador Plan Estratégico
El Mundo (Islas Baleares) - 14 de septiembre de 2007
 
 
El plan tendrá tres ejes y este mes se constituirá la Mesa de la Vivienda. 'Que el precio de la vivienda no supere un tercio de los ingresos de la unidad familiar'

El Govern balear empieza a dar sus primeros pasos en materia de vivienda y prepara un Plan Estratégico que verá la luz en los próximos meses. El consejero de Vivienda, Jaume Carbonero, ha articulado un plan basado en tres ejes que persigue garantizar el derecho reconocido en la Constitución a tener una vivienda digna.

Hasta el momento, se desconocen las cifras económicas que manejará este proyecto y todo se reduce a una declaración de intenciones que tiene como objetivo poner solución al problema del acceso a la vivienda.

En este mes de septiembre, se espera la constitución de la Mesa de la Vivienda, que reunirá a Govern balear, promotores y demás agentes implicados en este Plan.

El Plan Estratégico de la Vivienda en el que trabaja el Ejecutivo Autonómico se articula en torno a tres ejes. El primero de ellos es dar forma a la Ley de Barrios, con la que se busca rehabilitar los distintos barrios de la Comunidad, tanto urbanística y socialmente.

La escasez de suelo que padecen las Islas hace prioritario este eje, que incentivará el lavado de cara de inmuebles que no tienen las condiciones óptimas para vivir en ellos. Las ayudas que dará la Consejería de Vivienda se sumarán a las que ya existen de los ayuntamientos y Estado.

El segundo eje se fundamenta en torno a la creación de la Mesa de la Vivienda, que está previsto que se constituya este mismo mes de septiembre. Esta Mesa reunirá a Govern, promotores y demás agentes implicados y se buscará un Pacto por la Vivienda. Desde el Ejecutivo balear, se espera conseguir un entendimiento que permita ofrecer viviendas a precio tasado para los sectores de la población que tengan problemas para acceder a un inmueble.

Además, también se quiere garantizar que el 30 % del suelo urbanizable se destine a VPO. Según Carbonero, "lo razonable es que el precio de la vivienda no supere una tercera parte de los ingresos de la unidad familiar".

El tercer eje tiene al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) como gran protagonista. Esta institución tendrá un gran reto dentro del Plan Estratégico de la Vivienda: dar prioridad al alquiler sobre la modalidad de compraventa. De este modo, ofrecerán ayudas económicas para la rehabilitación de inmuebles y su posterior alquiler.

Más allá de una fórmula alternativa a la compra, desde el Govern balear se quiere incentivar el alquiler para combatir la falta de suelo que hay en las Islas Baleares. Además, el IBAVI invertirá en suelo para poder construir viviendas públicas y alquilarlas posteriormente.

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Comunidad foral de Navarra
 
LA PVD DE NAVARRA CREE INSUFICIENTES LAS MEDIDAS
DiariodeNavarra.es (Comunidad Foral de Navarra) - 22 de septiembre de 2007
 
 
Aplauden el esfuerzo del Ejecutivo foral en el fomento del alquiler pero denuncian el alto precio en la Comunidad foral

La «Plataforma por una vivienda digna de Navarra» ve «positivo» el fomento del alquiler de las medidas anunciadas por el Gobierno central, que sin embargo considera «insuficientes y mal orientadas para su aplicación en la Comunidad foral».

En una nota, la Plataforma valora el «interesante debate» abierto en Navarra a partir del anuncio del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de incentivar el alquiler para los jóvenes, si bien recuerda que, dado que «sufrimos en Navarra los alquileres más caros de España», la ayuda planteada «resultaría claramente insuficiente». Opinan por ello que antes de aplicar medidas basadas en las subvenciones en Navarra, «debiéramos conseguir que los precios de los alquileres bajaran de forma importante» y para ello plantean «conseguir que muchas de las 20.000 viviendas vacías que se estiman en Pamplona y comarca salgan al alquiler».

Entre las medidas que lo favorecerían está la «interesante» propuesta realizada recientemente desde el Gobierno de Navarra de gravar los pisos vacíos vía IRPF, aunque alientan como «totalmente necesario dar más publicidad a la fórmula del alquiler protegido por medio de Vinsa».

Para la plataforma «son muy interesantes también las medidas para corregir la escasa oferta de alquiler social que desde el Gobierno de Navarra se han comunicado, hasta triplicar la oferta actual».

Por todo ello, aclaran que «no se trata de elegir entre unas y otras propuestas, sean las del gobierno central o las del gobierno foral», sino por «integrar ambas».

«Si potenciamos el alquiler en Navarra consiguiendo una bajada significativa del precio, podrían también después estudiarse las medidas del gobierno central de forma que sean efectivas en Navarra y ayuden a los jóvenes a emanciparse cuanto antes», opiniones que dicen trasladarán al consejero de Vivienda, Carlos Esparza, en una reunión prevista para el próximo mes.

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La Rioja
 
LA PVD DE LA RIOJA SE OPONE AL DEARROLLO DE 3 SECTORES
Redacción PVD (La Rioja) - 28 de septiembre de 2007
 
 
La Plataforma por una Vivienda Digna de La Rioja (PVD) quiere mostrar su disconformidad con la propuesta lanzada por el Alcalde de Logroño, Tomás Santos, y el Concejal de Desarrollo urbano, Miguel Gómez.

Desde la PVD consideramos que las medidas anunciadas suponen una continuidad en la política urbanística ya marcada por el Partido Popular, que en su día modificó el PGOU para incrementar en número de viviendas a construir.

Esta argumentación liberal, más propia de políticos como Rajoy o Revuelta, defiende más construcción como solución al problema ciudadano de acceso a la vivienda. No tienen en cuenta que en los últimos 10 años se han construido casi tantas viviendas en Logroño como en los 200 años anteriores, que se ha creado un modelo de ciudad basado en un desarrollo urbano insostenible, donde se ha esquilmado suelo, donde prima la dispersión demográfica, la despoblación del centro de la ciudad, el uso del vehículo privado y el consumo en grandes superficies comerciales.

Según el último planeamiento urbanístico en Logroño va a existir aproximadamente una casa por casa dos personas. En contraposición, el centro, y sobretodo el Casco Antiguo de la ciudad, sufren cada vez más la dejación y el abandono.

Esta construcción desmesurada no han supuesto en ningún caso el descenso en los precios de la vivienda, sino más bien todo los contrario.

Ante esto creemos que la solución al problema de vivienda en nuestra ciudad no puede pasar en ningún caso por la construcción de más viviendas, por mucho que la mitad de ellas sean protegidas.

Consideramos además que el anuncio de que la mitad serán protegidas es un caramelo envenenado. Esta claro que cuando la venta de viviendas libres baja la única salida que queda a los constructores para seguir manteniendo sus escandalosos beneficios es la VPO. Además, la construcción de viviendas protegidas en si misma ya no es la solución al problema. En primer lugar porque no se especifica el tipo de protección del que disfrutarán las viviendas. En los últimos años no solo se ha incrementado el precio de la vivienda libre, también de la protegida, lo que supone que cada vez sectores más amplios de la población no pueden acceder a ella, más teniendo en cuenta que modalidades de protección como el libre tasado rozan los precios de la vivienda libre.

Más peligroso nos parece aún las declaraciones del Concejal de desarrollo urbano, Miguel Gómez, y su interés por hacer la construcción de vivienda protegida “más atractiva a los constructores”, porque esa propuesta puede terminar por convertir la VPO más atractiva a los constructores que a los propios ciudadanos.

Para la PVD la solución al problema de la vivienda no pasa por la construcción de nuevos sectores, sino por la rehabilitación, el fomento del alquiler y de medidas que hagan sacar al mercado los más de 15.000 pisos vacíos que hay en nuestra ciudad. En este sentido saludamos propuestas como la del Ayuntamiento de Sevilla, que ha anunciado el incremento del IBI para la viviendas desocupadas. Consideramos que el gran reto del Ayuntamiento de Logroño no es la construcción de más viviendas, por muy protegidas que sean, sino por la rehabilitación de zonas consolidadas y el fomento del alquiler. En este sentido creemos que existe una gran oportunidad en el Casco Antiguo, donde la mayoría de las viviendas desocupadas son propiedad municipal. Es la oportunidad de volver a llevar a esta zona población joven, y la mejor forma de rehabilitar el Casco Antiguo tanto urbanística como socialmente.

 
 
 
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