BOLETÍN DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007
 
 
España y vivienda
 
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España y vivienda
 
LA PVD PIDE LA DIMISIÓN DE PEDRO SOLBES
Redacción PVD - 12 de diciembre de 2007
 
Para la PVD, mientras Zapatero propone medidas sociales, las leyes que salen del Ministerio de Economía son las más antisociales de la última década, y agravan las dificultades de acceso a la vivienda de los ciudadanos.

En España, las principales competencias en materia de vivienda recaen sobre la Administración Autonómica y los ayuntamientos. Sin embargo, la Administración Central, concretamente el Ministerio de Economía, cuenta con dos herramientas poderosas que afectan directamente a la capacidad de los ciudadanos de acceder a una vivienda: la política fiscal y la regulación hipotecaria. Ambas han sido modificadas en esta legislatura.

Con estas herramientas, el Ministerio de Economía, cuenta con más capacidad de influencia que el propio Ministerio de la Vivienda.

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna, organización ciudadana creada en 2003 para defender el derecho a la vivienda, hemos analizado la gestión desarrollada por el Ministerio de Economía y Hacienda desde el principio de la legislatura. Las conclusiones no pueden ser más desalentadoras: todas las medidas y actuaciones del ministerio que más puede hacer por el objetivo de una vivienda digna, el de Economía, dan la espalda a la que es ya la segunda preocupación de los ciudadanos. Recordando las aparentes preocupaciones del ejecutivo en esta materia, las actuaciones del Ministerio de Economía han resultado ser un engaño.

Por ello solicitamos la dimisión inmediata de Pedro Solbes. Solicitud que se argumenta en las siguientes causas:

- Por haber incumplido la promesa electoral de eliminar las deducciones fiscales para la compra de nuevas viviendas. La PVD quiere recordar que el deber del Estado es garantizar el derecho a la vivienda, no el derecho a la propiedad de la vivienda. El ministro Solbes, que hipócritamente presume de no intervencionista, ha mantenido esta intervención en el mercado que eleva los precios hasta un 20% según los expertos, propiciando la adquisición de vivienda frente a otras formas de acceso. Las deducciones fiscales a la compra consumen además dos tercios de los presupuestos dedicados a políticas de vivienda.

- Por empeñarse, al mismo tiempo, en limitar las deducciones fiscales por alquiler propuestas tanto por Trujillo como por Chacón. Por alguna razón, desde el Ministerio de Economía se ha seguido apoyando en esta legislatura la adquisición de vivienda en propiedad, cuando la gran mayoría de expertos apuntan al alquiler como una de las soluciones del problema y así se ha venido trabajando en la mayoría de países europeos.

- Por redactar una ley hipotecaria que es como una patada al derecho a la vivienda de forma sostenible. Una ley que se ha elaborado al dictado de los grandes bancos y ha despreciado enmiendas de corte social y vías para favorecer el acceso a la vivienda a medio y largo plazo. Esta ley, recientemente aprobada, debería haber incluido como mínimo un límite en la duración y cuantía de los créditos hipotecarios, como ocurrió con la ley Niertz de 1989 en Francia. Esto hubiera ayudado a contener los precios y por lo tanto a facilitar el acceso a la vivienda, sin coste alguno para la Administración. Una muestra de la sumisión de Solbes en esta ley a los bancos y grandes empresas urbanísticas es que su socio para la aprobación en el Congreso ha sido precisamente el Partido Popular.

- Por haber cambiado en la práctica la frase “Hacienda somos todos” por “Hacienda somos todos, menos los constructores y promotores inmobiliarios”. Según la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), el fraude fiscal en el sector inmobiliario asciende a 8.600 millones de euros en el último año. La misma asociación afirma que se persigue de forma masiva la fiscalidad de las rentas del trabajo, mientras esta bolsa de fraude se mantiene.

- Y por negarse en redondo a fiscalizar los 3 millones de pisos vacíos que hay en España, como ya se hace en otros países europeos desde hace años. La salida al mercado de estas viviendas bajaría los precios y supondría una solución para millones de ciudadanos.

Todos estos puntos tienen como resumen que las decisiones y actuaciones del Ministerio de Economía relacionadas con la vivienda han ido encaminadas a: 1. Proteger la burbuja inmobiliaria, que ya se habría desinflado hace años de no ser por el intervencionismo que mantiene Solbes, entre otras razones. 2. Mantener el alquiler en tasas ridículas comparadas con nuestro entorno. 3. Proteger los intereses de las grandes empresas inmobiliarias y financieras y fomentar sus beneficios.

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna estamos atónitos por el hecho de que el ministro Solbes siga perteneciendo al equipo creado por el presidente Zapatero, ya que, mientras éste anuncia medidas sociales, el ministro de economía pone en marcha leyes o iniciativas profundamente antisociales que, aunque menos tangibles, suponen un mayor perjuicio en el día a día de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes.

Por todo ello, desde la Plataforma insistimos en nuestra solicitud de dimisión del ministro Solbes, invitando al ejecutivo a tomar de una vez por todas medidas que solucionen el cáncer de la vivienda en España desde su raíz. Medidas que pasan por la financiación de los ayuntamientos, las filtraciones de dinero del urbanismo a las instituciones, el control del dinero negro en la VPO, la salida al mercado de los pisos vacíos, una regulación de las hipotecas que piense en el derecho a una vivienda de forma sostenible, la eliminación de las deducciones fiscales por compra y la creación de un parque público de viviendas en alquiler extenso, como ya existe en muchos países de la UE.

Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
info[arroba]viviendadigna.org
http://www.viviendadigna.org


ECOS DE LA CONCENTRACIÓN EN PRENSA

 
LA EVASIÓN FISCAL EN EL INMOBILIARIO RONDA LOS 8.600 MILL.
BolsaCinco.com - 15 de noviembre de 2007
 
La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales, de los que más de la mitad se concentran sólo en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, según datos facilitados por los técnicos de Hacienda (Gestha). Este es el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se han investigado 6.516 empresas del sector inmobiliario, un 2,1% del total. Estas y otras conclusiones serán presentadas por los técnicos de Hacienda entre hoy y mañana en el marco de su VII Congreso Nacional, que se celebra en Málaga.

Así, según Gestha la nueva legislación para la lucha contra el fraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo y, por tanto, su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo.

Concretamente, este impacto se produce, especialmente, a través del mecanismo denominado "dar el paso", que consiste en efectuar sucesivas transmisiones no formalizadas en un documento público, u obligando al adquiriente a firmar en la escritura de la vivienda un precio inferior al realmente pagado.

Cuatro comunidades concentran la mitad

El análisis de Gestha revela también que el fraude inmobiliario se encuentra concentrado, principalmente en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (1.836,2 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.479 millones), Andalucía (1.392,4 millones) y Comunidad Valenciana (1.088,1 millones).

A estas comunidades autónomas les siguieron Galicia (476,7 millones), Castilla y León (392 millones), Canarias (358 millones), Castilla-La Mancha (341,5 millones), Baleares (290,5 millones), Aragón (225,3 millones), Asturias (136,1 millones) y Extremadura (114,6 millones).

Por debajo de los 100 millones de euros se situaron Cantabria (94,4 millones), La Rioja (49,3 millones), Ceuta (7,3 millones), Melilla (5,5 millones), País Vasco (4 millones) y Navarra (1,3 millones).

Con el fin de evitar estas prácticas, los técnicos proponen considerar transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio del vendedor menos de tres años, siempre que no ocurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio.

Además, apuestan por calificar las plusvalías obtenidas como renta general a declarar dentro de la base imponible general al tipo correspondiente en la escala el IRPF y no al actual 18%, al que tributan las rentas de ahorro.

Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, y obligar a los promotores inmobiliarios a validar estos contratos en el registro para poder detectar así los "pases".

Este registro administrativo, continúan, podría centralizarse en los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores.

Asimismo, los técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas, y por tanto, sin escritura, la obligación de notificar al promotor esta operación, de forma que este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.

En cuanto al fraude que puede derivarse por la declaración de precios inferiores a los reales de la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado" para liquidar todos los impuestos, no sólo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Así, se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos podría estar elaborado en 2008, ya que se está ajustando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado, en colaboración con la Dirección General del Catastro.

Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.

Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone una "inversión del sujeto pasivo", lo que supone que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda.

También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del comprador, para asegurarse de que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.

No cumple su cometido

Desde una perspectiva general, los técnicos de Hacienda consideran que la Ley Antifraude "no ha servido para atajar las grandes bolsas de fraude existentes en España". Así, estiman que en lugar de concentrar las investigaciones en estos focos de economía sumergida, se ha seguido ejerciendo "de forma masiva" una mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.

Asimismo, desde Gestha se echa en falta un mayor control de las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. Denuncia que, en ocasiones, estos profesionales defraudan al fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.

Además, entienden que un total de 57.700 sociedades escapan al plan de lucha contra el fraude, ya que la Ley ha destinado la mayor parte de las acciones de inspección a la comprobación de empresas que facturan más de 6 millones de euros, cuando en realidad el tejido empresarial español está integrado en su gran mayoría por pymes que, por su dimensión y resultados, no tienen obligación de ser auditadas.

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LOS INSPECTORES PROPONEN FISCALIZAR A ALCALDES Y CONCEJALES
Expansion.com - 16 de noviembre de 2007
 
Los inspectores de Hacienda del Estado proponen inspeccionar a los alcaldes y a los concejales de urbanismo de los ayuntamientos con una población superior a los 50.000 habitantes, un total de 141 municipios, y a aquellos otros representantes públicos que hayan adoptado importantes medidas urbanísticas, con el fin de evitar casos de corrupción.

Ésta es una de las principales medidas de un total de 49 que propone la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado en un documento sobre 'Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España', que su presidente, José María Peláez, ha presentado hoy en Córdoba con motivo del Congreso Nacional de la organización, que se clausura hoy. Los inspectores proponen actuar de incógnito para luchar contra el fraude en el IVA y que se cree una Oficina Nacional Antifraude.

Peláez indicó que es necesario incluir en el plan de inspección que cada año elabora la Agencia Tributaria a todos estos representantes públicos, incluso llegando a las posibles ramificaciones familiares, así como llevar a cabo medidas complementarias de investigación necesarias para descubrir la posible utilización de testaferros o sociedades pantalla.

La inclusión de alcaldes y concejales en dicho plan se realizaría al finalizar cada mandato electoral de cuatro años o, en su caso, en el momento del cese. Además, los inspectores precisan que los criterios del plan han de ser públicos para evitar "suspicacias" de utilización política de la medida.

"El fraude y la corrupción no alcanza sólo al área fiscal. Es una lacra general, como últimamente han puesto de manifiesto casos de todos conocidos relacionados con el mundo financiero y político", reza el texto de los inspectores.

Prevención del fraude en la Ley del Suelo En la misma línea, apuestan por desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo para evitar los casos de corrupción, así como por la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos contra la ordenación del territorio.

Junto con esta medida, abogan por establecer la obligatoriedad de remitir a la Agencia Tributaria la información obrante en los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como de cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones.

Los inspectores de Hacienda proponen también la atribución a la Agencia Tributaria de la competencia legal para el seguimiento patrimonial de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción y que no hayan reintegrado sus bienes y dinero procedentes de los mismos. La aprobación de una Ley Anticorrupción es otra de las propuestas de este colectivo para evitar el fraude, especialmente la relacionada con el sector inmobiliario.

También en materia de paraísos fiscales apuestan por un gravamen del 24% para todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal, así como por la prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios, salvo que suministren a Hacienda toda la información concerniente a las mismas.

Actuaciones de incógnito

En cuanto al fraude en el IVA, los inspectores de Hacienda quieren que se les permita la posibilidad de realizar actuaciones inspectoras sin necesidad de identificarse y por incógnito, y poder reflejar así en las diligencias los hechos que resulten de la constancia personal de los inspectores, dado el ofrecimiento tan alto que existe actualmente de servicios sin factura o sin IVA.

En materia de deslocalización dentro del territorio nacional, los inspectores de Hacienda proponen modificar la normativa de cesión de tributos a las comunidades autónomas para garantizar que, en el supuesto de cesión de los tributos estatales, la normativa reguladora sea de aplicación homogénea en todo el territorio nacional.

El presidente de los inspectores destacó que se trata de evitar casos como el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, prácticamente suprimido en algunas comunidades, lo que está motivando que haya contribuyentes que cambien de forma ficticia de residencia para eludir el pago de este tributo.

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LA VIÑETA: NOS ESTÁN ENGAÑANDO
Redacción PVD (PeterPan2006) - 25 de noviembre de 2007
 


 
CHACÓN ELEVARÁ LOS PRECIOS DE VENTA Y ALQUILER DE LA VPO
Expansión.com - 26 de noviembre de 2007
 
El Ministerio de Vivienda pretende promover y extender socialmente la vivienda protegida en España. Para ello, flexibilizará las condiciones para acceder a las ayudas públicas y elevará la rentabilidad de construir estos inmuebles.

El Ministerio de Vivienda está dispuesto a flexibilizar las condiciones y requerimientos de la vivienda de protección oficial (VPO), tanto para los particulares como para los promotores. Entre otras medidas, estudia la posibilidad de elevar el precio de venta y las rentas de alquiler para este tipo de inmuebles. El objetivo consiste en facilitar la viabilidad económica de la vivienda pública, así como extender el uso de la VPO a capas más amplias de la sociedad.

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, propone diversas medidas de financiación para mejorar el acceso de los ciudadanos a las viviendas protegidas, tanto en arrendamiento como en propiedad, según el borrador de reforma del Real Decreto 801/2005, por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Así, en materia de VPO destinada al alquiler, Vivienda prevé aumentar los precios de venta de estos inmuebles con el fin de estimular su promoción. Para ello, el Ministerio quiere unificar “los precios máximos de venta de las viviendas protegidas”, una vez que hayan transcurrido diez años desde su calificación definitiva.

De este modo, el 50% de una promoción de VPO destinada a arrendamiento, y que haya sido calificada como tal a 25 años, podrá entrar en el mercado de compraventa en las mismas condiciones que una calificación a 10 años –al doble de su precio inicial de salida más el IPC correspondiente–. Es decir, a mayor precio que el actualmente vigente. Asimismo, pretende ampliar de tres a cuatro años el periodo de carencia de los préstamos concedidos a este tipo de promociones.

De hecho, podrá ser “ampliable hasta 10 años para las viviendas a ese plazo, o incluso para las de 25 años, en la proporción del 50% de las mismas”, tal y como reza dicho documento, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. De igual modo, las viviendas de segunda mano que sean adquiridas para arrendar bajo régimen de protección, podrán asimilar sus rentas máximas a las de las viviendas protegidas de renta concertada. “Más elevadas que las correspondientes a las de renta básica (VPO), que son la actual referencia”, aclara. Y ello, “sin perjuicio de que los incentivos continúen siendo los establecidos actualmente”.

Por otra parte, el Gobierno mejorará las ayudas a los propietarios de viviendas libres para arrendar. En la actualidad, se trata de subvenciones destinadas a los propietarios de pisos vacíos, cuya superficie no exceda de 120 metros cuadrados útiles, que pueden percibir una renta máxima anual del 5,5% superior del precio máximo legal de referencia del inmueble en cuestión. Sin embargo, esta reforma elimina la limitación de superficie máxima y eleva el importa de la renta a cobrar por el propietario. Asimismo, se adoptan medidas para flexibilizar el precio de las viviendas usadas, con el fin de que más inmuebles sean susceptibles de recibir ayudas públicas. Es decir, se aumenta el precio máximo de las viviendas libres de segunda mano (grupos A, B y C) a los que los compradores pueden optar mediante subvención.

Además, se reduce a un año, en vez de los dos actuales, el periodo tras el cual, al no haberse vendido una vivienda libre, podría ser objeto de adquisición protegida en el marco del plan estatal. Así, se fomentaría la venta de aquellas viviendas de nueva construcción que, debido a “la nueva situación inmobiliaria”, tardan en venderse.

Precio tasado

Por último, contempla la extensión de la vivienda de precio tasado (VPT) y crea la modalidad de “áreas de renovación urbana”, que facilita la financiación pública de nuevas viviendas. Sobre todo, si una parte de las promociones “se dedica al alquiler”, según el texto. Los promotores ven con buenos ojos la implantación de estas medidas. Así, según la APCE (Asociación de Promotores Constructores de España), es una reforma “positiva”, ya que hará viable la promoción y adquisición de VPO.

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LAS REGIONES DEL PP BOICOTEAN EL PLAN ESTATAL DE ALQUILER
El País - 29 de noviembre de 2007
 
 
Los populares aducen falta de tiempo para los trámites

No a todo. Las cinco comunidades donde gobierna el Partido Popular han planteado un frente común para echar abajo el plan de ayuda a los jóvenes que viven de alquiler lanzado por el Gobierno central. Por una parte, los responsables de Vivienda de Madrid, Valencia, La Rioja, Castilla y León y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla consideran "imposible" que la ayuda de 210 euros para cada menor de 30 años con unos ingresos inferiores a 22.000 euros se ponga en marcha el 1 de enero, tal y como se ha comprometido el Ministerio de Vivienda.

Pero no sólo creen que va a ser imposible poner en marcha esta medida en tan poco tiempo. Además, los populares quieren ampliar el número de beneficiarios y el volumen de las transferencias. Así, a menos de cuatro meses de las elecciones, el partido que lidera Mariano Rajoy propone aumentar la denominada renta de emancipación a 240 euros y que de ésta se beneficien también los que tienen entre 30 y 35 años y los mayores de 65.

El portavoz de Economía del PP, Miguel Ángel Arias Cañete, explicó que el Gobierno interfiere de "muy mala manera" en las comunidades, ya que les transfiere una obligación pero no les dota de herramientas para cumplirlas.

Por esto, según confirma un portavoz de la consejería de Vivienda de Madrid, el PP presentará en breve una proposición no de ley en el Congreso. Los responsables madrileños aseguran que cuando, a partir del próximo 1 de enero, comiencen a recibir las solicitudes de jóvenes inquilinos se limitarán a enviárselas al ministerio pero que no las tramitarán. Aseguran que toman esta decisión por la imposibilidad de cumplir los plazos marcados por el Gobierno.

"Así, si el ministerio es más rápido que nosotros será capaz de pagarlas en tiempo y forma", dijo la consejera madrileña, Ana Isabel Mariño. Esta responsable también señaló que el plan aprobado por Chacón supone un "recorte" en las ayudas que ha afectado a 800.000 jóvenes, ya que la anterior ministra había diseñado un plan de apoyo al alquiler para los que tienen menos de 35 años.

En el ministerio dicen estar asombrados por la "ignorancia o voluntad de engañar" de los que hablan de recorte de derechos. Ya que la nueva ayuda, señalan, no supone ninguna merma, sino la ampliación de beneficiarios. "Las ayudas existentes hasta ahora tenían un máximo de 240 euros, y la media de las que se estaban concediendo estaba en torno a los 100 o 150 euros. El nuevo plan no perjudica a nadie. Sorprende que sea justamente la Comunidad de Madrid, que no ha dado ni una sola de estas ayudas, la que ahora diga que estamos recortando derechos", señala el portavoz del departamento que dirige Chacón.

"Es perfectamente posible poner en marcha las ayudas en el plazo previsto. Simplemente se trata de una cuestión de voluntad política", aseguran en el ministerio, donde confían en que las demás comunidades autónomas tramiten las ayudas desde enero próximo.

Rifirrafe político

- Las comunidades del PP aseguran que es "imposible" conceder las ayudas a partir del 1 de enero

- El ministerio responden que sólo hace falta voluntad política, y que a las comunidades donde gobierna el PSOE sí les dará tiempo

- Los populares quieren además ampliar la franja de edad de los beneficiarios y subir la cuantía de la ayuda

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EL DERECHO A LA VIVIENDA GOLPEA LA PUERTA DE EUROPA
Habitants.org - 22 de noviembre de 2007
 
 
En Bruselas, los primeros Estados Generales Europeos, hacen un alarmante llamamiento por el derecho a la vivienda.

Lo que Bernard Birsinger, difunto alcalde comunista de Bobigny, había soñado, lo han hecho realidad sus amigos. Durante los días 5 y 6 de noviembre de 2007, más de 130 representantes de organizaciones dedicadas a la defensa de los mal alojados y de los sin techo, las ONGs, las asociaciones de habitantes y arrendatarios, así como los electos locales, diputados europeos, o incluso la CECODHAS –encargada de coordinar a nivel europeo los gestores de viviendas sociales- se encontraron en el seno del Parlamento Europeo en Bruselas para celebrar los primeros Estados Generales Europeos sobre el Derecho a la Vivienda (EGEDAV). Coordinado por la Alianza Internacional de Habitantes (AIH), la Asociación Nacional de los electos comunistas y republicamos (ANECR), la Plataforma por una Vivienda Digna (España) y la Red de electos y de autoridades locales progresistas de Europa (REALPE); dicho acontecimiento es la consecuencia lógica de los Estados generales por el derecho a la vivienda iniciados en Francia. Pero las raíces más antiguas podrán ser localizadas en la Carta Europea para el derecho a la Vivienda y la Lucha contra la Exclusión Social, nacida a inicios de los años 90 tras los primeros encuentros informales de los ministros europeos de la vivienda. Se trata de un hilo conductor, recogido durante un seminario organizado en el FSE en Atenas en el 2006, lo que reactivó la dinámica a nivel continental.

Los numerosos testimonios desgranados durante estos dos días han permitido redactar las condiciones de los lugares inquietantes del mal o del no alojamiento en una docena de países del viejo continente. Las situaciones difieren enormemente según los países, todos los participantes denunciaron enérgicamente el abandono por parte de los Estados del sector de la vivienda. Eva-Britt Stevenson, diputada europea sueca (GUE/NGL), explicó cómo, bajo la presión de la Unión Europea y las decisiones políticas tomadas por un gobierno de mayoría de centro derecha, su país -que consideraba hasta entonces la vivienda como un derecho, cualquiera que sean sus ingresos domésticos- se dirigían actualmente hacia una "privatización servil", reduciendo las dotaciones para las ayudas a la vivienda y preparándose a poner en venta 860.000 alojamientos públicos. Análisis compartido también por la eurodiputada socialista Marie-Noëlle Lienemann, antigua ministra francesa de la vivienda. En Rusia, son las reformas ultra liberales del Gobierno de Vladimir Putin las que debilitan el acceso a la vivienda. Según Carine Clément, quien fue obligada a enviar un mensaje escrito ya que las autoridades rusas le impidieron salir de Moscú, estas reformas tuvieron como consecuencia la de lanzar a la calle a millares de familias en favor de promotores deshonestos, bajo la bendición de poderes públicos locales corruptos. Los participantes mencionaron en numerosas ocasiones el caso de los Rumanos, estigmatizados y discriminados. Según Miroslav Prokes, concejal de Praga (República Checa), éstos representan un 90% de las personas que viven en los cerca de 300 barrios de chabolas que cuenta el país. En Italia, es el nuevo decreto relativo a los Rumanos que viene a añadirse a la política de destrucción de los barrios de chabolas sin ningún realojamiento, o incluso a la no aprobación de un decreto de protección de los arrendatarios expulsados, que son denunciados junto por Cesare Ottolini, coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes, y Paolo Gangemi de Rifondazione comunista.

Heinrich Niemann, comprometido con la LHASA, asociación de reestructuración urbana en Berlín considera “necesario que la Unión Europea se tome en serio el problema del derecho a la vivienda". No obstante, previno a Pedro Mansat, adjunto al alcalde de París, "los mercados financieros son los que deciden hoy en día cómo se erige la ciudad". Gracias a sus fuerzas de asalto, los fondos de inversión están en capacidad de desestabilizar las políticas públicas. "Fue el caso en Berlín donde, en diez años, los fondos de inversión pudieron entregar 1,8 millón de viviendas públicas", precisó Barbara Litke, representante, en Bruselas, de la Unión Internacional de los Inquilinos.

¿No habrán sido estos EGEDAV una constatación de impotencia? “No - responde Cesare Ottolini -Estos Estados generales son una etapa fundadora hacia la constitución de un movimiento europeo de resistencia y alternativa". En efecto, decenas de participantes, desde Jean-Pierre Giacomo de la CNL francesa a Paul Trigalet de Solidaridades Nuevas (Bélgica), desde Joseph Jones, de la asociación Thames Valley Gypsy (Reino Unido) a Daniele Porretta de la Plataforma por una Vivienda Digna, desde Knut Unger de la Unión de los Inquilinos de Witten (Alemania) a Annie Pourre del No-Vox; todos ellos han presentado una gran riqueza no sólo de análisis, sino también de propuestas y luchas.

En la declaración final, los participantes se comprometieron a organizar los Estados Generales en sus países y a actuar para pedir "el desarrollo de un verdadero servicio público de la vivienda y de la ciudad", para que el derecho a la vivienda sea reconocido a nivel nacional de cada país y a nivel europeo. Mientras esto no ocurre, los miembros de las EGEDAV estarán presentes en el Foro Social Europeo (que se celebrará en Malmö, del 18 al 27 de septiembre de 2008) y también en el encuentro europeo de los ministros de la vivienda, programada en París para el próximo mes de octubre de 2008 bajo la presidencia francesa de la UE.

Cyrille Poy, periodista de l´Humanité

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INVERSIONES DE LA CAM, KUTXA Y CAJA MURCIA SALTAN A BRUSELAS
ElEconomista.es - 04 de diciembre de 2007
 
 
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Kutxa y Caja Murcia se han visto afectadas por la investigación abierta por la Comisión Europea (CE) por el urbanismo incontrolado en las costas de Murcia, tal y como adelantó elEconomista el sábado. La denuncia admitida a trámite no sólo alerta sobre la edificación salvaje, sino que analiza los nexos entre planes urbanísticos, políticos y cajas.

Bruselas estudiará estas cajas como "instrumento de esta corrupción", según la denuncia del abogado murciano Diego de Ramón a la que ha tenido acceso este periódico. También les acusa de actuar como un "monopolio" financiero.

Esta presunta trama consistiría en la presencia de los políticos dentro de los órganos de gobierno de las entidades. Estos políticos, a su vez, son los mismos que, en el seno de la Administración Pública, "modifican planes existentes que protegen el Medio Ambiente y aprueban desarrollos urbanísticos que suponen cantidades millonarias". Estas recalificaciones y aprobaciones se traducen en "rápidos beneficios" para las cajas que acaban "sin repercutir en proporciones iguales en la Obra Social", alerta.

Expediente de infracción para España

Por ello, la denuncia exige "la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico del Levante murciano, por cuanto de forma indirecta afectaría a la contaminación del Mar Nostrum con si fuese una mancha de aceite". Bruselas podría abrir expediente de infracción a España por ir en contra de directivas de Medio Ambiente. Sin embargo, la CE no tiene competencias ni "poder" sobre las cajas -supervisadas por el Banco de España y bajo tutela de las autonomías-. Por ello, su resolución no tendría consecuencias para las entidades españolas, según las fuentes europeas consultadas.

Otra cosa muy distinta es que se demuestre la posible corrupción entre urbanismo, políticos y cajas. En este caso, podría adoptar una serie de medidas, sin clarificar.

La presunta corrupción de los políticos españoles -Totana, en Murcia, ha escrito un nuevo capítulo- ya no sorprende en Bruselas. El pasado viernes fueron detenidas dos personas más por delitos urbanísticos, en el marco de la operación Tótem. Una de las ellas es Juan Francisco Casanova, ex concejal del PP de Agricultura, Ganadería y Caminos del Ayuntamiento de Totana entre 1994 y 1999. El otro es Diego C., empresario de Puerto Lumbreras.

Las inversiones millonarias

Las cifras hablan por sí solas. En la Zerrichera (Águilas-Murcia), la Kutxa tiene compromisos por más de 100 millones en la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 2,4 millones de metros cuadrados. De momento, los beneficios de esta inversión tendrán que esperar ya que el proyecto está paralizado en los juzgados. Además, la entidad que preside Carlos Etxepare tuvo que desembolsar 23 millones de adelanto al promotor, con lo cual es dinero perdido, a la espera de que los juzgados le den vía libre. La caja seguirá adelante con algo que hoy es poco más que un patatal.

Pero los escarceos de Kutxa en la costa murciana no acaban aquí. El plan urbanístico proyectado en Lo Poyo (Mar Menor) -también paralizado por el Ayuntamiento de Cartagena- participa con una financiación de 110 millones de euros. En un principio Kutxa y 3 empresarios vascos decidieron aliarse para invertir 220 millones, al 50 por ciento, en el proyecto. Sin embargo, la implicación de uno de estos empresarios, Javier Arteche, en la Operación Malaya, propició que la caja vasca rompiera la alianza. Construiría unas 5.000 viviendas.

Mientras, la CAM aparece vinculada al proyecto en Nueva Cartago-Cartagena. La caja fue el mayor accionista y tenía el poder en la constructora Hansa Urbana, aunque la entidad decidió rebajar drásticamente su capital hasta el 15 por ciento. El abogado Diego Ramón cifra en 900 millones las inversiones totales en este proyecto, de los cuales una buena parte serían concedidos por CAM. La caja declinó revelar a este medio el importe concreto de financiación a la promotora. Hansa Urbana construirá una zona residencial en la que hay proyectadas 5.000 viviendas, zonas hoteleras de lujo y dos campos de golf de 18 hoyos. Kutxa también tuvo aquí unos terrenos, pero los vendió.

La presencia de CAM en Murcia no se limita aquí, ya que también financia parte del proyecto de Polares en el Mar Menor, que prevé inversiones de 1.018 millones. La caja valenciana lidera un préstamo sindicado de 328 millones, junto a EBN Banco, concedido en 2005. En diciembre de 2004, Caja Murcia y Ahorro Corporación -el brazo financiero de las cajas españolas- lideraron otro préstamo de 500 millones, donde participan 18 entidades, según han confirmado a este medio fuentes de la caja que dirige Carlos Egea.

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Gobierno no logra regular el recargo del IBI en las vacías
El Confidencial - 26 de noviembre de 2007
 
 
Al no poder tipificarlas

El Gobierno agota la legislatura sin haber podido desarrollar el reglamento necesario para poder aplicar un recargo del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías, como prevé la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al no haber podido concretar hasta la fecha una definición de vivienda desocupada permanentemente.

Según lo establecido en la Ley, promulgada por el PP en 2002, "tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto".

Ante este problema técnico, no ha sido posible aprobar desde entonces norma alguna, ni de rango reglamentario ni, como se planteó en segunda instancia, de modificación del precepto legal para incorporar los requisitos necesarios para la aplicación del recargo.

El Ejecutivo asegura que la Dirección General del Catastro ha trabajado en el estudio de fórmulas basadas en consumos medios de agua y, especialmente de electricidad, que permitiesen, sin acudir a la inspección directa, establecer unas "presunciones" a partir de las cuales pudiera determinarse la desocupación del inmueble.

Sin embargo, estas modalidades no han acabado de ofrecer las "garantías necesarias". En primer lugar, porque las estadísticas de consumos energéticos se llevan a cabo a partir de cuestionarios rellenados por las empresas suministradoras y que, por ello, no suponen estadísticas con un nivel de desagregación suficiente.

En segundo lugar, y a efectos de establecimiento de un umbral mínimo de consumos, el Gobierno se encontró con que éstos no son homogéneos en todo el territorio nacional, debido a variables como el número de habitantes por abonado, la climatología, etc.

Por todo ello, el Ejecutivo considera que la traslación de estos datos a una presunción de desocupación de la vivienda "no es clara", por lo que habría que acudir a otras fuentes de información, o limitarse a un censo construido a partir de las declaraciones de los propietarios, que, por un lado contaría con escasa posibilidad de comprobación posterior, y tendría, además, un rigor técnico, al menos, "cuestionable".

Otros intentos

Con todo, hasta llegar a considerar los consumos medios de agua o electricidad, el Gobierno ha barajado otras alternativas para definir el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente. Así, se tanteó el criterio utilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la elaboración del padrón de viviendas, cuya última actualización, correspondiente a 2001, estimó que este parque de viviendas rondaba los tres millones de inmuebles.

Según el glosario de esta encuesta, el concepto de vivienda vacía se refería al inmueble familiar que no es residencia habitual de ninguna persona ni es utilizado de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Sin embargo, el Gobierno considera que esta definición no puede ser utilizada con fines tributarios, puesto que no fija un plazo temporal ni otras condiciones específicas para la desocupación.

Por otro lado, la mera oferta en alquiler o venta de vivienda tampoco sería técnicamente un buen criterio delimitativo a efectos tributarios, ya que esta oferta, "para ser efectiva, y por lo tanto entrar en el supuesto de desocupación que se pretende gravar con el recargo, debería serlo a precios y condiciones habituales de mercado que habría que delimitar previamente", matiza el Gobierno.

Por último, el Ejecutivo señala que habría que 'sacar del saco' a los apartamentos turísticos vacacionales, a las viviendas arrendadas por empresas en virtud de relación laboral, las dedicadas a multipropiedad o los inmuebles militares desocupados.

Las Comunidades se adelantan

Sin embargo, ante los problemas observados por el Gobierno, algunas comunidades autónomas han mostrado menos escrúpulos a la hora de descongestionar sus respectivos parques de viviendas vacías.

Es el caso del País Vasco, cuyo proyecto de Ley de Vivienda, aún en tramitación, incluye un gravamen de 9 euros diarios, durante el primer año de desocupación, y de 12 en el segundo, en el caso de las viviendas declaradas desocupadas por procedimiento administrativo, entendiendo por ello aquellas a las que no se ha dado uso a lo largo de un año, al margen de los supuestos de segunda vivienda u otras causas justificadas como enfermedad o motivos de trabajo.

Por su parte, el proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, actualmente en trámite en el Parlament, prevé la expropiación temporal de pisos cuando sus propietarios lo mantengan desocupado de forma permanente y hayan rechazado todas las posibilidades para ayudarles a sacarlo al mercado de alquiler.

En este caso, se entiende por vivienda vacía aquella que ha estado desocupada de forma permanente, sin causa justificada, por un periodo de dos años.

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Los promotores «colocan» los pisos que no venden a la SPA
ABC - 19 de noviembre de 2007
 
 
El frenazo del mercado inmobiliario está teniendo un efecto positivo sobre la actividad de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA). Son muchos los promotores que ante la evidencia de que no venden las casas que han puesto en el mercado y que tienen que pagar las hipotecas contratadas para su construcción, sin poder subrogar las mismas a los nuevos propietarios, acuden a la SPA para que ésta ponga en alquiler esas viviendas que no logran vender.

El presidente de la Sociedad Pública del Alquiler, Alejandro Inurrieta, confirmó a ABC que este fenómeno se viene produciendo de forma creciente en los últimos meses y subrayó que las comunidades en las que más se ha notado son Andalucía, Levante y Cantabria, aunque se mostró convencido de que «poco a poco se va a generalizar en el resto de las autonomías porque la SPA es una buena herramienta para quienes se encuentran que no han vendido la casa y tienen que empezar a pagar la hipoteca».

La práctica habitual para la promoción de viviendas es que el promotor acceda a un crédito a la construcción que, bien se cancela, bien se subroga al nuevo propietario cuando se vende la vivienda. Si no se vende, el propio promotor tiene que hacer frente a los pagos pasado el tiempo de carencia estipulado en el préstamo y ahí se encuentra el momento crítico.

«Nos llegan viviendas de promociones nuevas cuyos promotores deciden alquilarlas durante cinco años y, pasado este periodo, testear cómo está el mercado y volver a ponerlas a la venta», admite Inurrieta.

Añade que el promotor que se encuentra en estas circunstancias sabe que durante cinco años tiene garantizado el cobro de una cantidad establecida, que le puede servir para pagar por completo la letra al banco o para minimizar la pérdida, al tiempo que tiene la certeza de que en cinco años va a recibir de nuevo la casa en las mismas condiciones en las que la cedió a la SPA, así que es natural que acudan a nosotros».

Del profesional al particular

Y no es que la Sociedad Pública haya sido especialmente activa en la captación de este tipo de casas. Bien al contrario, desde la llegada de Inurrieta a la Sociedad Pública de Alquiler el sesgo ha cambiado desde el profesional al particular y se ha empezado a captar vivienda en los lugares más comunes: las páginas de los periódicos y de sus suplementos del sector inmobiliario. Tras una primera fase en la que la SPA dedicó gran parte de sus esfuerzos a la «venta» del producto novedoso que ponía en el mercado entre los profesionales, ahora ha dado un giro en su estrategia «comercial», sin descuidar las relaciones con los agentes profesionales del mercado. Fruto de esta doble estrategia, la SPA ha entregado ya más pisos en alquiler este año que en todo 2006 y la progresiva afluencia de los promotores a las oficinas de la SPA va a dinamizar aún más la mejora de los resultados de viviendas entregadas por la agencia pública.

Fuentes del sector indican que, además, la entrada de más vivienda nueva en el mercado de alquiler supondrá un aumento de la confianza de los consumidores en esta fórmula, al tiempo que para el SPA supondrá un menor porcentaje de rechazo en la admisión de viviendas tras su evaluación.

Según datos de la propia SPA, se han evaludado más de 23.000 viviendas en sus dos años de existencia, pero se han rechazado casi 4.500 por no cumplir los requisitos de habitabilidad que exige la SPA.

«Indudablemente, con una vivienda nueva no hay peligro de rechazo por ser inhabitable», señalaron a ABC fuentes del sector familiarizadas con el proceso de admisión de viviendas por parte de la agencia pública.

Los expertos creen que la tendencia de entrada de vivienda nueva en la SPA irá en aumento en los próximos meses, pues pese a la caída en las nuevas construcciones, el mercado sigue sin absorber el volumen que hay a la venta. Y para los próximos trimestres estiman que muchos promotores «se verán forzados» a comenzar obras que van a tener dificultades para vender. «Hay promociones con crédito concecido y con visado para las que la única salida es comenzar las obras a pesar de la crisis y muchas de estas viviendas, si no cambian radicalmente las condiciones del mercado, van a tener plazos de venta dilatados, por lo que la opción del alquiler puede ser válida».

Ayuntamientos

Otro factor que, según la propia SPA, está contribuyendo notablemente a la mejora de los resultados de la agencia es la labor de los ayuntamientos. La primera etapa de puesta en marcha de la sociedad pública también puso especial énfasis en la colaboración con los ayuntamientos y comunidades mediante la firma de convenios.

«Muchos ayuntamientos nos están entregando las viviendas que ellos mismos promueven para alquilar para que se las gestionemos», subraya Inurrieta. Ente los más destacados en este apartado cabe citar a los consistorios de Barcelona, Sevilla y León.

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El derecho a una vivienda digna y adecuada:no sirven parches
La Nueva España - 25 de noviembre de 2007
 
 
La vivienda se ha convertido en asunto de debate, en tema de conversación cotidiano, y se presta por ello a declaraciones de intenciones grandilocuentes por parte de nuestros políticos, que ofrecen, cual panacea universal a pocos meses de unas elecciones, planes eficaces y proyectos definitivos, planes y proyectos que van a tener, me temo, el mismo destino que han tenido casi todos los anteriores: el olvido por parte de quienes los habían propuesto.

El último de estos intentos hasta ahora conocido es el plan estatal 2005-2008, «para favorecer el acceso a la vivienda», aprobado el 1 de julio de 2005, un plan de largo alcance, aún en vigor, que pasó bastante desapercibido (quizás porque las elecciones estaban entonces muy lejos), que se está cumpliendo sólo en parte y que ahora han devuelto a la más rabiosa actualidad, aunque me parece que contra su voluntad, el presidente Zapatero y la ministra Chacón.

El plan 2005-2008, que basa su eficacia en la «concertación y cooperación institucional», pretende, entre otras cosas, el fomento del alquiler, ya que éste, según se expone en el preámbulo de la ley, «favorece a los colectivos con menos rentas y a aquéllos con necesidades especiales». Así, se pueden ver beneficiados por las ayudas al alquiler que se contemplan en el plan «los menores de 35 años, las víctimas de violencia de género, las personas con alguna discapacidad y los incluidos en colectivos en situación de riesgo de exclusión social», siempre con un límite de ingresos por debajo de 2,5 veces del indicador público de renta de efectos múltiples (15.000 euros al año, aproximadamente).

Ahora el Presidente y la ministra de la Vivienda anuncian, desde la escalinata del palacio de la Moncloa, unas medidas destinadas al «fomento del alquiler y de la emancipación»; y lo han hecho sin citar, ni siquiera de pasada, el plan 2005-2008.

El anuncio ha provocado críticas generalizadas en todos los sectores, tanto por lo que de puro electoralismo parece tener como por el hecho de que las anunciadas medidas, de una u otra manera, ya estaban en vigor desde la aprobación del citado plan 2005-2008 sin que se hubiesen hecho demasiados esfuerzos para su aplicación efectiva. Pero sólo desde sectores muy minoritarios se ha insistido en que aquéllas son meras soluciones coyunturales que no abordan con la profundidad que merece la solución definitiva del problema que para muchos constituye el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada.

Y ésa es la clave, en mi opinión: porque el problema de la vivienda es tan grave y afecta a tantas personas (para las que la sociedad de consumo sólo empieza cuando lo ven resuelto) que su solución debe abordarse con la colaboración entre todas las administraciones (no olvidemos que las competencias en esta materia están transferidas en casi su totalidad a las comunidades autónomas), adoptando medidas estructurales y pluridireccionales de las que no cabe esperar, por tanto, resultados inmediatos.

En primer lugar, y puesto que el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» está recogido en la Constitución, deberíamos sacar del mercado esa vivienda, porque un derecho constitucional no puede ser objeto de mercadería (como no lo son la enseñanza ni la salud). Dejaríamos, así, de considerar un problema social, porque no lo es, el precio de esa otra vivienda que está en el mercado y que es objeto deseado de quien, ya resuelto su problema básico, quiere y puede legítimamente acceder a una vivienda mejor, mayor o mejor situada, o a una segunda vivienda, o de quien, simplemente, realiza una inversión.

Después deberían estudiarse los factores que intervienen en todo el proceso de la vivienda, establecer claramente qué administraciones tienen las competencias sobre cada uno de ellos y tomar coordinadamente las medidas que se consideren oportunas en los campos que a cada una correspondan, y algunos de éstos son, según mi opinión, los que expongo a continuación.

Papel de los ayuntamientos: el suelo. El suelo resulta imprescindible, porque sin él, obviamente, resulta imposible construir. Sin suelo no hay viviendas, y sin suelo apropiado, adecuado e incluido en el desarrollo racional de las ciudades, no hay vivienda digna. El suelo, por ello, no debe ser elemento sujeto a especulación, porque no tiene ningún valor en sí y en principio toda su plusvalía le ha sido dada por la colectividad, a través de los documentos urbanísticos, sin que, generalmente, sus propietarios hayan hecho nada para aumentar aquel valor. Esa plusvalía debe, por tanto, revertir a la colectividad, por lo que la política de suelo, tan relacionada con el desarrollo urbano y con la vivienda, ha de ser proyectada y dirigida por las administraciones públicas, y para conseguirlo deberíamos acercarnos lo más posible a lo que sería una «nacionalización» del suelo. Yo sé que la palabra puede asustar, pero conviene decir pronto que cerca de esa situación estaríamos si los ayuntamientos españoles que son capitales de provincia y los que tienen más de 50.000 habitantes hubiesen cumplido las sucesivas leyes del suelo (1956, 1975, 1992 y 1998), que los obligaban a constituir patrimonios municipales de suelo y a destinar para ello el 5% de sus presupuestos municipales a su adquisición y otro 5% a su urbanización (incumplimiento que merece una profunda reflexión por la magnitud de las cifras -27.383 millones de pesetas tendría que haber invertido el Ayuntamiento de Oviedo, y es sólo un ejemplo, entre 1980 y 1998- y por las positivas consecuencias que lo contrario habría tenido en la política sobre el urbanismo y la vivienda). Así de sencillo. Ahora pueden rectificar y constituir de verdad sus patrimonios municipales de suelo para ponerlo a disposición de una racional y justa política de vivienda, bien por iniciativa propia bien cediéndolo a la comunidad autónoma correspondiente.

Papel de las comunidades autónomas: la construcción de viviendas. Tras la actuación de los ayuntamientos, y sobre el suelo inmerso en un proyecto racional de ciudad, urbanizado y cedido por ellos, correspondería a las comunidades autónomas la promoción de viviendas, la regulación de su uso y las condiciones que hayan de reunir quienes vayan a ocuparlas en función de sus circunstancias personales y familiares. Concesiones temporales de suelo para la construcción de viviendas para alquilar (medida muy acertada, en mi opinión, que se ha tomado en Asturias recientemente) y promoción propia con el mismo fin, son las dos actuaciones en las que las comunidades autónomas deberían tener todo el protagonismo.

Papel de la Administración central: la financiación a través de medidas fiscales. Ya quedó dicho que el Estado central no tiene competencias en materia de urbanismo y vivienda; pero sí las conserva en lo que concierne a la fiscal, por lo que es ahí en donde puede intervenir. ¿Cómo? Pues de una manera bien directa: suprimiendo la deducción fiscal por la adquisición de vivienda habitual (nunca con carácter retroactivo, por supuesto) y destinando lo que esa deducción iba a suponer de merma en los ingresos del Estado a la financiación de esa «vivienda digna y adecuada»que las comunidades autónomas van a construir sobre el suelo que los ayuntamientos habrán adquirido, urbanizado y cedido para ese fin.

Yo sé que debo explicarme; comenzaré diciendo que, por su carácter general (todos tienen derecho a beneficiarse de ella, con independencia de su nivel de renta) esta deducción fiscal resulta una medida altamente antisocial, cuando parece pretender todo lo contrario. Ha servido, eso sí, para incentivar el mercado de la vivienda, aumentar la demanda y, como consecuencia, los precios. Pero ¿a quién ha beneficiado? ¿A quienes han comprado, o a quienes han vendido? Porque sabido es que en un mercado vivo y «caliente» esas supuestas minoraciones en el precio no son tales, en general, pues es quien vende el beneficiario de ellas por el simple sistema de incrementar el precio final en la cuantía de las citadas deducciones a que el comprador tiene derecho. Pero, y sobre todo, han supuesto una merma muy considerable en los ingresos del erario público, ingresos que podrían haber sido destinados a otros fines, entre los que no es el menos importante el de velar por el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna.

Las cifras de los últimos años son las siguientes.

Las cantidades, como puede comprobarse en el cuadro superior (en el que las correspondientes a 2005 y 2006 son estimadas, al no haber publicado aún las definitivas la Administración Tributaria), son realmente espectaculares, sobre todo en los últimos años, como es lógico. Y más espectacular resulta aún su carácter antisocial, que queda de manifiesto en el desglose correspondiente al ejercicio 2004 (cuadro inferior).

Como se ve, del total de las deducciones (es decir, del dinero que el Estado dejó de percibir), el 12,67% (665.594.000 euros) correspondió a contribuyentes que declararon ingresos anuales superiores a 42.000 euros, y el 5,47% (287.356.000 euros), a quienes estaban por encima de los 60.000.

En definitiva: las deducciones fiscales por compra de vivienda habitual en los siete años que van desde el 2000 a 2006 han supuesto una merma en los ingresos del Estado superior a los 34.000 millones de euros (casi 6 billones de pesetas), con los que se habría podido promover sobre el suelo cedido para ese fin la construcción de 600.000 viviendas de promoción pública. Y si hubiese sido así, ¿estaríamos hablando ahora del problema en los términos en que lo estamos haciendo?

El papel de todos: adopción de medidas estructurales a medio y largo plazo. Las medidas que se proponen sólo son algunas de las posibles, y con ellas no se va a conseguir la solución inmediata del problema; pero cuanto más tiempo pase sin que se adopten, más lejos estaremos de ella. Un ejemplo: la supresión de las deducciones fiscales por adquisición de vivienda habitual debería reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 (en trámite de aprobación) y afectaría a quienes la adquiriesen durante dicho año, con lo que sus efectos cuantitativos no se producirían hasta el año 2009. Y no digamos nada de los trámites necesarios para la adquisición de suelo, programación urbanística, urbanización y cesión del mismo para que sean construidas sobre él las correspondientes viviendas. Trámites largos, es cierto; pero más cierto es que no hay final que no requiera un principio.

Francisco Javier Calzadilla Pérez es arquitecto.

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Hacienda endurece la fiscalidad de los intercambios de suelo
La Voz de Galicia - 21 de noviembre de 2007
 
 
por pisos. En el 2008 implantará un nuevo sistema de valoración de inmuebles que detecta operaciones realizadas con dinero B. Favorece la reinversión de las plusvalías que obtengan las sociedades inmobiliarias para evitar casos de opacidad

Hacienda está «preocupada» por la incidencia del dinero negro del sector inmobiliario en la bolsa nacional de fraude y ha comenzado a introducir medidas correctoras para incrementar el control sobre la compraventa de viviendas y solares. También actuará sobre las empresas inmobiliarias, animándolas a que afloren sus plusvalías reales, y prepara un nuevo sistema de cálculo para valorar los inmuebles, que podría estar operativo en el 2008.

Los técnicos de la Agencia Tributaria valoraron hace un año el fraude inmobiliario en toda España en 8.600 millones de euros. Pero solo aquél del que existe un rastro objetivo en Hacienda. La cifra real podría rondar los 18.000 millones. Solo en Galicia, el sindicato Gestha cree que se podrían estar utilizando mil millones de euros en negro al año, cerca de un 5% de la cifra de negocio del sector, situada en los 20.000 millones de euros.

El subdirector general del IRPF, Bernardo Vidal, adelantó que ya se aplica un endurecimiento fiscal para la entregas de solares a cambio de futuras viviendas, operaciones conocidas como permutas. Estas transacciones tributan en el momento de la entrega del suelo. Hacienda ya está recalculando las ganancias patrimoniales cuando se entreguen finalmente las viviendas, porque los precios de mercado habrán variado sustancialmente y, en general, al alza. Las ganancias tributan ahora al 18%. En caso de propietarios de suelo sin actividad económica o empresarial, la fiscalidad se aplica mediante el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. A partir de ahora, con la entrega de los futuros pisos, la promotora deberá realizar una tributación adicional tomando como base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los inmuebles y el precio del solar.

Hacienda también ha tendido la mano a las inmobiliarias permitiéndoles deducir las plusvalías generadas por la reinversión de ganancias en otras compañías. Esta práctica, frecuentada por grandes grupos, tributaba al 32,5% en el impuesto de sociedades. Ahora cotiza al 18% para evitar coberturas financieras opacas ante el fisco. La deducción por reinversión de plusvalías era una de las operaciones más vigiladas desde la inspección fiscal, que fundamentalmente trataba de supervisar las inversiones realizadas en las denominadas Sicav (sociedades de inversión de capital variable), un instrumento de frecuente uso entre los grandes patrimonios para canalizar estas plusvalías. Para completar su lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria ultima nuevos programas de cálculo informático para la valoración de los inmuebles, que estarán en vigor en el 2008. El sistema permitirá que afloren las operaciones de compraventa de viviendas escrituradas por un valor sensiblemente inferior al del mercado. También hará posible cotejar los datos provinientes de las notarías con los que obran en propiedad del Gobierno y los que atesoran las agencias inmobiliarias. Estos mecanismos completarán las recientes obligaciones de incluir en el IRPF las referencias.

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S&P:frenazo inmobiliario causará pérdidas de 4.200mill€ CCAA
Americaeconomia.com - 19 de noviembre de 2007
 
 
S&P prevé que el frenazo inmobiliario causará pérdidas de 4.200 millones

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) estima que la recaudación relacionada con el mercado de la vivienda en España caerá un 39% a cierre de 2009, respecto al año pasado, el equivalente a 4.200 millones de euros.

Según estos expertos, cerca del 9% de los ingresos de las CCAA proceden de las transacciones inmobiliarias, por lo que la desaceleración en el mercado “representa el mayor riesgo en las finanzas de los gobiernos regionales”. Cataluña, Valencia, Baleares, Andalucía y Madrid serán las zonas más afectadas.

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De «Guateque» en media España
ABC - 19 de noviembre de 2007
 
 
«Unos funcionarios municipales me dijeron: «Tú me pagas 500.000 pesetas al trimestre y no tendrás problemas con el local»». Con estas declaraciones a ABC, Francisco Herrero, un pequeño empresario propietario de la «Sauna Paraíso», destapaba hace once años en Madrid una trama de corrupción en el Ayuntamiento de la capital similar a la descubierta por la «Operación Guateque». Y es que ni la prevaricación, ni el cohecho, ni el tráfico de influencias son lacras nuevas para las administraciones públicas y tampoco son exclusivas de grandes consistorios en los que estas «manzanas podridas» puedan camuflarse entre miles de funcionarios y montañas de expedientes por tramitar.

Supuestos sobornos

Para muestra, el caso de Orihuela, en la provincia de Alicante, donde otro consistorio gobernado por el PP está sometido a una investigación idéntica a la que se desarrolla en Madrid. De hecho, el caso se destapó el mismo día. Según explicó el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez, tras filtrarse la investigación, la Guardia Civil ha detenido a los dos propietarios de una consultora que, supuestamente, estafaba a sus clientes al sugerirles que -comisión mediante- podían agilizar la obtención de licencias de apertura.

Hasta el momento, han prestado declaración «como testigos», según Rodríguez, una quincena de funcionarios -principalmente del área de Urbanismo-, que «en ningún caso» se han visto implicados en los supuestos sobornos que prometían los detenidos. Según la Guardia Civil, se han contabilizado unos cincuenta afectados, de los que los presuntos estafadores habrían podido obtener más de 300.000 euros.

Mientras Rodríguez insiste en que el Ayuntamiento no está implicado en el caso -en cuya investigación colabora desde el pasado mes de abril, según dijo-, la oposición ha tratado de vincular la investigación a la corrupción urbanística. «En ningún caso los trámites tenían que ver con recalificaciones», replicó el edil.

Otra administración bajo sospecha en la provincia alicantina es la oficina de Extranjería. Hace unos meses, un funcionario fue detenido acusado de «amañar» permisos de residencia. Asimismo, otras tres personas relacionadas con gestorías que tramitaban los permisos están también acusadas. El Gobierno detectó «irregularidades» en una decena de expedientes.

Delitos de Hacienda

Uno de los caso de corrupción en la Administración catalana se remonta a marzo de 2001, cuando fue confirmada la prisión para el ex jefe de la Inspección de Hacienda para el sector Inmobiliario de Cataluña, Álvaro Pernas, presuntamente implicado en una trama de corrupción detectada en la Agencia Tributaria de la capital catalana. Pernas había sido encarcelado dos meses antes por su implicación en un caso cuyos principales implicados eran dos ex altos cargos de la Hacienda catalana, Ernesto Aguiar y Josep Maria Huguet.

La juez instructora encarceló a Pernas después de descubrir que supuestamente había manejado bienes embargados, que poseía gran cantidad de dinero en el extranjero y que había ocultado pruebas relativas a la investigación. El caso «Aguiar-Huguet» fue uno de los detonantes para que José Borrell renunciara a su condición de candidato en 1999, al haber sido los dos altos cargos de Hacienda sus colaboradores.

Agencias en tiempo récord

Canarias, que en 2006 vivió su particular «annus horribilis» en materia de corrupción -trama eólica, Faycán, ICV, Amorós, etc...-tampoco se libró de las redes de funcionarios que, al igual que en Madrid, se encargaban de agilizar licencias previo pago. Cobraban entre 12.000 y 18.000 euros por tramitar licencias de apertura de agencias de viajes. La investigación comenzó a mediados de 2005, a raíz de una denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas en la que se denunciaba a varios funcionarios, precisamente por incumplir lo pactado con los estafados.

El trato era el siguiente: a cambio de las citadas cantidades de dinero, los funcionarios tramitaban en tiempo récord varios requisitos imprescindibles para poner en marcha una agencia de viajes.

Los estafados eran pequeños empresarios que ponían en marcha el negocio como un modo de generar su propio empleo, lo que les llevaba a querer evitar el coste de demora en la apertura. A la aceleración del trámite, que por la vía ordinaria es lento, pero gratuito, los tres imputados en este caso añadían la promesa de gestión de otros, como la póliza de responsabilidad civil, el título de IATA y otros requisitos. Muchas de las víctimas no denunciaban por temor a que les paralizaran sus expedientes.

Rebajas al Fisco

Otro caso sonado es el que se produjo en el País Vasco, mientras el senador del PNV por Guipúzcoa Víctor Bravo conducía coches deportivos, pilotaba avionetas y se casaba en las Vegas, su hermano, José María Bravo, responsable de la oficina de Hacienda de Irún, recibía en su despacho a empresas y autónomos que debían dinero al Fisco y les prometía importantes rebajas a cambio de pagar rápidamente. Él mismo recibía el dinero, a veces en metálico, y se lo ingresaba en sus propias cuentas. Bravo acabó en la cárcel por un delito de fraude por el que se calcula que la hacienda pública dejó se ingresar cerca de un millón de euros.

Las haciendas forales, organismos que siempre han generado un elevado sentimiento de orgullo en el seno del nacionalismo, han protagonizado en los últimos años varias casos de corrupción. Hace cinco años se supo, por ejemplo, que el inspector jefe de la Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, había creado una trama que le permitía, a través del sistema informático, paralizar las investigaciones por posibles fraudes a determinadas empresas, entre las que figuraban algunas de conocidos fontaneros del PNV y también de simpatizantes del PP.

En este ámbito de los tributos e impuestos, merece la pena recordar el «consejo» de un funcionario de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid que hace un año proponía a una conocida que se archivara el expediente de liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de sus padres a cambio de que le diese 30.000 euros. Por este impuesto, su amiga tenía que pagar 67.500 euros. Tramas que evidencian que en la mayor parte de las provincias, de alguna u otra manera, y en asuntos de corrupción entre funcionarios las habas se cuecen a fuego lento. Y eso sin entrar en asuntos relacionados con cuestiones inmobiliarias, porque en ese caso el «guateque» se convierte en una verdadera orgía.

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A sus 115 años pide una vivienda digna
Ideal.es - 15 de noviembre de 2007
 
 
40 años en una chabola

María Díaz Cortés es una gitana nacida en Granada que ha conseguido llegar a los 115 años y que desde hace 40 vive en el asentamiento chabolista del Vacie, en Sevilla, sin agua caliente ni las condiciones sanitarias necesarias para alguien de su edad, atendida por sus hijas y nietas. La historia de esta longeva mujer, que apenas puede hablar y oye con dificultad, comenzó en 1892, cuando nació en Granada , ciudad que tardó poco en abandonar para trasladarse a Sevilla, donde se casó y formó una numerosa familia asentada siempre en chabolas y a la que sustentaba con la venta ambulante.

Hace cuarenta años, María se trasladó con los suyos al Vacie, donde inicialmente vivió en una chabola de la calle Polvero, la única calle que había aquí, según ha comentado una de sus hijas, pero más tarde la llevaron a una de las casas prefabricadas en la que hasta ahora habita.

El deseo de María, que pese a su avanzada edad se encuentra en un estado de salud bastante bueno, es tener una vivienda digna, lo mismo que quieren sus familiares, que la cuidan en una casa sin calefacción ni agua caliente.

Dolores Martín, una de las hijas que la cuida, ha dichoque lo único que toma es una 'pastillita' para la tensión y que tras los últimos análisis de sangre los médicos dijeron que está 'sana como una pera'.

Su hija atribuye esta buena salud a que ha vivido en el campo siempre y en parte a un milagro de Dios. Rafaela Zaragoza Martín, una de sus nietas, afirma que "la abuela" ha llegado a esta edad gracias a la buena alimentación que ha tenido siempre y a las ganas de vivir tan grandes que tiene.

Su mayor deseo

Su hija Dolores sostiene que a su madre lo único que la mantiene con vida es su deseo de tener una vivienda digna y que hasta que no la tenga no se irá tranquila.

En la casa prefabricada donde vive la anciana, que apenas si puede moverse y necesita un cuidado continuo debido a su avanzada edad, viven seis personas más con tan sólo una 'paguita' de 300 euros que recibe la matriarca. En su cama, sus familiares le cambian los pañales, la dan de comer y la lavan.

Dolores Zaragoza Martín, otra de sus nietas, ha dicho que cuidar a su abuela es "un calvario" puesto que hay que cogerla en brazos para levantarla de la cama, sentarla en un sillón o acostarla, pero ha mantenido que la abuela tiene hijas y nietas jóvenes y que no piensan llevarla a un asilo.

Dolores, la hija de la anciana, ha recalcado que antes de eso, es capaz de irse a vivir debajo de un puente con ella, porque "los gitanos no tenemos esa costumbre".

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Vivir en la puñetera calle
ABC - 26 de noviembre de 2007
 
 
Agustín vaga por la plaza de Tirso de Molina pasadas las dos de la tarde. Cerveza en mano, busca las zonas de mayor sol. «Está haciendo mucho frío esta semana», se excusa. «Llevo despierto desde las seis, y me acosté pasadas las dos de la madrugada», explica. A las siete y media terminó de «hacer la cama», esto es: guardar el viejo colchón y los cartones «en un lugar secreto», y seco, para que nadie se los arrebate, y fue caminando, «sin prisas, que tengo todo el día», hacia el comedor de una congregación religiosa en la plaza de Jacinto Benavente. «Dan bien de desayunar y, si tienes suerte, puedes lavarte un poco», explica. «No siempre he estado así». Su historia se remonta a quince años atrás, con 27, cuando su empresa quebró y Agustín se vio «en la puñetera calle». A su lado, borracho y sin apenas dientes, un compañero de fatigas se burla del protagonista de esta historia. «Yo tengo casa», dice, mientras hace tintinear un desgajado llavero.

Al margen de los albergues

«En Madrid vivimos miles de gente sin hogar», afirma Agustín. De hecho, el 45,6%, según Cáritas, se aloja al margen de la red asistencial, en pisos ocupados, parques, jardines o «alojamientos de fortuna». Esto es, el caso de Agustín: en lugares a resguardo del frío, con cartones y, si hay suerte, un raído colchón.

Treinta mil personas, según cifras de Cáritas, viven en la calle en España. Son los «sin techo», las personas sin hogar, «los cartoneros», como les llaman algunos vecinos y empresarios de la zona del Rastro de Madrid. Desde hace algunos años, el perfil de estas personas ha cambiado. Ya no son españoles de mediana edad, mayoritariamente varones que se encuentran en la calle tras perder el trabajo o la pareja.

Los últimos informes señalan que el 29,9% de las personas que viven en la calle tienen entre 18 y 30 años, y muchos de ellos son mujeres. Además, el 48,2%, casi la mitad, son extranjeros que, demasiado a menudo, sufren conatos de violencia por parte de los «sin techo» españoles. «Hay pocas camas, pocos albergues, y encima vienen de fuera a quitarnos la miseria que nos da el Estado», se queja Joaquín, que lleva diez años en la calle y que luce en la solapa, «con orgullo», una insignia neonazi.

Porque Joaquín, cuando era joven «y una persona normal», salía por las noches con un grupo de amigos para «asustar a los inmigrantes que dormían en la calle». En grupos de 15, iban «de caza» por las calles del centro de Madrid. «Sólo pegaba uno, el resto mirábamos». Ahora, cuando es él quien se encuentra sin hogar, reconoce haber vivido situaciones de riesgo «por dormir a la intemperie». Según denuncian las ONG, durante 2006 murieron 85 «sin techo», 20 de ellos por agresiones y palizas.

La gran mayoría de los «sin techo» han perdido todo contacto con su familia, que en el 72% de los casos fue el último punto de unión con la sociedad antes de lanzarse a la calle. La falta de dinero y la muerte de algún miembro de la familia son causas fundamentales que han dado origen a su situación.

Sanidad para todos

Con motivo del Día de los Sin Techo, Cáritas denunció las dificultades que estas personas tienen para acceder al Sistema Nacional de Salud. Más de la mitad de ellas reciben una cobertura sanitaria deficiente, y eso que padecen hasta 50 veces más enfermedades que el resto de la población. Además, su esperanza media de vida es hasta 20 años menor que la del resto.

Cuando se hace de noche, Agustín se retira hacia su rincón secreto. Es viernes, y las luces de Navidad ya están encendidas. «Pero debo portarme muy mal, porque hace años que no veo a los Reyes Magos», se despide, entre risas, mientras se pierde entre las calles del Rastro de Madrid. A dormir, o a intentarlo. En la puñetera calle.

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A Pedro Solbes
Cartas a la Plataforma (A. Moreno) - 12 de diciembre de 2007
 
 
Quiero manifestar mi total rechazo a las declaraciones del Ministro Solbes sobre los estudios que del precio de la vivienda ha realizado la OCDE, en el que señala que el precio de la vivienda esta sobre valorado en un 30%.

El ministro responde que los pisos se están vendiendo sin ninguna dificultad. Cabria preguntarse cual diferencia existe entre este ministro de la “izquierda” y aquel que fuera de la derecha cuando dijo también a unas preguntas que los pisos se vendían por que la gente tenía dinero. Lo que no dijeron ninguno de los dos, y en particular Don Pedro, es que cuando los jóvenes compran un piso el que puede, significa una hipoteca de más de 50 años. Esto para un ministro de la “Izquierda” es humillante hacía los jóvenes, más le valdría, controlar a los bancos en los abusos que están cometiendo con las subidas de los prestamos.

Se atreve a decir que en economía hay que distinguir entre el valor y el precio, y el valor es aquel que la gente esta dispuesta a pagar. Los jóvenes, las personas con necesidad de un cobijo, no se merecen tener como Ministro e este señor, no se puede ser tan irresponsable haciendo estas afirmaciones y más sabiendo que aquel que ya no puede aguantar más en casa de sus padres y decide comprar, haciéndolo al mejor precio del mercado, este es como ya hemos dicho supervalorado, por lo tanto, no es el que la gente esta dispuesta a pagar, es el precio que impone y su señoría no hace nada para remediarlo por lo tanto ¿quiere alguien puede explicar la diferencia entre uno y otro, de los ministros de los diferentes partidos?

 
 
Economía y laboral
 
MÁS DE UN MILLÓN DE VIVIENDAS NUEVAS SIN COMPRADOR
Expansión.com - 12 de diciembre de 2007
 
 
La venta de pisos se desploma por debajo de las 300.000 unidades, medio millón menos que en los últimos años, y provoca una grave situación que se prolongará más allá de 2009.

Las inmobiliarias españolas tendrán que hacer frente, durante los dos próximos años, a un peligroso escenario de sobredimensionamiento en la oferta de vivienda residencial, que, a día de hoy, asciende a 1,5 millones de pisos acabados o en construcción.

Esta sobreoferta, que comenzará a reajustarse a partir de 2009, según los expertos reunidos ayer en la jornada Financiación de Proyectos Inmobiliarios, organizadas por Expansión Conferencias, no puede ser absorbida por una demanda en estado de ralentización, que adquirirá algo menos de 300.000 viviendas anuales hasta, por lo menos, el año 2009, medio millón por debajo que el promedio de los últimos ejercicios.

“Desde el primer trimestre de 2007, está teniendo lugar un gran desajuste entre la oferta y la demanda de viviendas. En estos momentos, existen más de un millón y medio de viviendas acabadas o en construcción para ser vendidas, pero no se van a vender ni 300.000 viviendas anuales, al menos hasta 2009”, explicó ayer Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña, presidente de RR Acuña y Asociados.

Desequilibrio

Desde las empresas, reconocen esta situación “de desequilibrio”, si bien confían en que la demanda se estabilice en torno a las 400.000-450.000 viviendas anuales. “Es cierto que, actualmente, existe una demanda embalsamada, pero la capacidad normal de absorción en un país como España se sitúa entre ocho y diez viviendas por cada 1.000 habitantes; eso nos da cifras en el entorno de las 400.000”, explica, por su parte, un alto ejecutivo de una inmobiliaria cotizada.

A pesar de que las cifras de facturación y beneficio de las inmobiliarias que cotizan en el parqué han mantenido el tipo durante los nueve primeros meses del año, los niveles de preventas, el termómetro del estado actual del sector inmobiliario residencial, han descendido alrededor de un 40%.

“Desde 2004, el sector inmobiliario ha estrangulado fuertemente la demanda por parte de unas empresas que han mirado más a la subida de precios que al comprador. Un volumen de 500.000 viviendas no se vende desde 2002”, señaló Rodríguez Acuña. Esta situación de desajuste va a tener un efecto demoledor en buena parte de los 94.000 promotoras que funcionan actualmente en España (los expertos calculan que pueden desparecer hasta el 80% de ellas), de las cuales, acerca de un 55% está sobreendeudado.

El endeudamiento de las inmobiliarias con los bancos asciende a cerca de 282.000 millones de euros, lo que supone alrededor del 28% del Producto Interior Bruto español y representa el 32% de la financiación total en la cartera de las entidades financieras. Los expertos calculan que más de un 40% de esta deuda financiera (125.000 millones de euros), “es sobreendeudamiento”.

Crédito

De acuerdo con esta teoría, expuesta también ayer en las jornadas organizadas por Expansión Conferencias, este sobreendeudamiento se va a ir incrementando como consecuencia de las nuevas viviendas en promoción, hasta el punto de que, en 2009, alcanzará el 60% del crédito total concedido a las inmobiliarias. Los analistas consultados consideran que los niveles de endeudamiento del sector inmobiliario aumentarán más de un 40% en 2007, en línea con los crecimientos sostenidos de 2006 (50%) y 2005 (44,5%.).

No obstante, según Angel Santos, director de la unidad de negocio inmobiliario del Banco Sabadell, los criterios de concesión de la financiación han cambiado sustancialmente, debido al nuevo escenario crediticio, a la ralentización del mercado inmobiliario y a las nuevas normas de valoración de los activos inmobiliarios contenidos en la controvertida nueva ley del suelo. “Hemos cambiado los criterios para el suelo, también porque ha cambiado el criterio del promotor. Sólo nos interesa finalista. Lo suelos urbanizables, sólo con garantía personal”, explicó.

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PRECIO DE LA VIVIENDA USADA BAJA EN OCTUBRE POR CUARTO MES
ExpoCasa.com - 02 de diciembre de 2007
 
 
El precio de la vivienda de segunda mano baja en octubre por cuarto mes consecutivo y se generaliza en diez comunidades autónomas. Según El Preciómetro, el índice de precios del portal inmobiliario y del hogar Facilisimo.com, el precio de la vivienda ha bajado un 0,48% en el mes de octubre hasta los 2.491 €/m². En lo que va de año la subida de precios se sitúa en el 0,73%.

A pie de calle se impone la opinión de estabilidad en el mercado inmobiliario

En una encuesta realizada a pie de calle por Facilisimo.com se impone la opinión de estabilidad en el mercado inmobiliario para los próximos meses. Los encuestados han percibido la desaceleración de los precios en sus zonas de residencia, pero siguen valorándolos como elevados y dudan de que se produzcan bajadas importantes en el medio plazo. (Ver vídeo)

Las comunidades autónomas que más han bajado en septiembre son: Navarra (3,51%) hasta los 2.609 €/m², Aragón (2%) con un precio de 2.546 €/m², Andalucía (1,06%) y 2.141 €/m², Cataluña (0,91%) hasta los 3.387 €/m² y Castilla La Mancha (0,9%) y 1.644 €/m². Las que más han subido son: Extremadura (5,06%), La Rioja (2,09%) y Ceuta y Melilla (1,45%)

Las provincias que más han bajado en lo que va de 2007 son: La Rioja (7,37%) hasta los 2.249 €/m², Palencia (6,88%) y 1.462 €/m², Cuenca (5,43%) donde el precio se sitúa 1.672 €/m², Segovia (4,28%) hasta los 2.013 €/m² y Navarra (4,15%) con un precio de 2.609 €/m². Las que más han subido son: Salamanca (17,79%), Ceuta (14,44%), Córdoba (12,27%) y Huesca (11,96%).

Las poblaciones en las que más ha bajado el precio en 2007 son: A Coruña, Esplugues de Llobregat (Barcelona), San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Badalona (Barcelona), Orihuela (Alicante), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Viladecans (Barcelona), y Xirivella (Valencia). Las diez poblaciones donde más ha subido el precio en lo que va de año son: Narón (36,82%), Cáceres (32,96%), Córdoba (31,15%), Salamanca (22,98%), Ibiza (18,81%), Calviá (17,37%), Badajoz (16,67%), Ávila (15,63%) Cádiz (14,55%) y Ceuta (14,44%).

Madrid y Barcelona

En Madrid capital los precios registran una bajada del 2,14% durante 2007, y del 0,22% en los últimos 30 días hasta los 4.156 €/m². Princesa es el distrito de la capital que registra una mayor bajada de precios en octubre con un descenso del 2,78% hasta los 4.759 €/m². Cibeles es el que más sube en el último mes, un 3,04% hasta los 3.820 €/m². En toda la Comunidad de Madrid se ha producido una subida del 0,73% en lo que va de año y una bajada de 0,48% en los últimos 30 días hasta los 2.491 €/m². Boadilla del Monte es la población donde más ha bajado el precio en octubre, un 2,14% hasta los 2.970 €/m², y Pozuelo de Alarcón la que registra mayores subidas, un 1,93% hasta los 3.690 €/m².

En Barcelona capital los precios han caido un 2,67% en 2007 y un 0,57% en los últimos 30 días para situar el precio en 4.894 €/m². Monjüic es el barrio de la capital que registra una mayor bajada de precios en octubre con un descenso del 2,39% hasta los 4.215 €/m². Por su parte, La Vall D´Hebrón es el que más sube en el último mes, un 1,97% hasta los 4.701 €/m² En la provincia de Barcelona la bajada ha sido del 1,95% en los primeros diez meses del año y del 0,8% en el último mes hasta los 3.820 €/m². Terrassa es la población donde más ha descendido el precio en el último mes en la provincia de Barcelona, un 5,65% hasta los 3.309 €/m², y Montcada y Reixac donde más ha subido, un 0,71% hasta los 3.382 €/m².

El Preciómetro ha analizado una muestra de más 116.000 inmuebles de toda España durante el mes de octubre incluyendo segmentación por comunidades autónomas, provincias, poblaciones y zonas de las ciudades para estudiar las fluctuaciones del precio de la vivienda a tiempo real. Además ha estudiado esta muestra en lo que va de año, durante 2006 y durante los últimos 12 meses.

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SU PISO VA A PERDER VALOR
Elpais - 25 de noviembre de 2007
 
 
Ya lo reconocen hasta los más conservadores. Servicios de estudios tan poco sospechosos de catastrofistas como los del BBVA, el Deutsche Bank o Standard & Poor's hablan abiertamente de que en los próximos años caerá el precio de la vivienda por primera vez en 15 años. Eso sí, por el momento, todos anticipan bajadas moderadas, siempre y cuando la crisis crediticia que llegó de EE UU el pasado verano no pegue coletazos de última hora. El banco que preside Francisco González estima para 2009 una caída del 1,9%, que llegará tras un ligero aumento en 2008. El alemán va más allá y considera "muy probable" que el año que viene ya se vean precios a la baja. "Esto podría provocar ansiedad y acelerar el proceso de ajuste, sobre todo teniendo en cuenta el endurecimiento en las condiciones de crédito", añade el estudio elaborado por el Deutsche. Standard & Poor's, por su parte, más cauto, considera que 2008 se cerrará con un crecimiento próximo a cero, y que a mediados de 2009 los pisos serán un 1,1% más baratos que un año antes.

Hasta aquí lo que profetizan los estudios. Pero, ¿qué está ocurriendo en la calle, en un momento en el que las inmobiliarias reconocen en privado que las ventas llevan meses estancadas y en el que los propietarios particulares se ven obligados a rebajar sus expectativas de ganancia para retirar el cartel de Se Vende?

El experto inmobiliario José Barta dice que, tras varios años en los que el sector promotor ha sido el más rentable de la economía española, nadie está interesado ahora en reconocer la realidad. Las inmobiliarias se esfuerzan en negar la posible bajada de precios porque si sus clientes piensan que ésta es inminente, pospondrán sus decisiones de compra. Y además, la temida deflación supondría una pérdida de valor para su stock de viviendas. "Hacia fuera dicen que aquí no pasa nada, pero a puerta cerrada reconocen una honda preocupación", dice.

El Gobierno, por su parte, sigue aferrado al discurso del "aterrizaje suave", que implica un acompasamiento entre el incremento de los precios y las tasas de inflación. "Casi todas las familias tienen invertida la mayor parte de su riqueza en el piso. Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, los políticos no pueden decir a los españoles que su patrimonio se va a devaluar", dice Barta.

Las estimaciones oficiosas del Ministerio de Vivienda apuntan a que 2007 cerrará con una subida de entre el 4% y el 5%, ligeramente por encima del IPC. Una previsión cercana al 5% de la Asociación de Promotores Constructores. Pero, hasta los analistas más optimistas, aseguran que 2008 y 2009 serán años en los que el precio de la vivienda descenderá en términos reales (descontando la inflación) y tal vez nominales. Otro problema que señalan las fuentes consultadas es la deficiente calidad de las estadísticas, que impide conocer la situación actual. Según Barta, que estima en unos 18 meses el retraso que llevan las estadísticas para reflejar la realidad, es muy probable que los precios ya estén cayendo en términos nominales. "En los próximos meses habrá magníficas oportunidades para los que quieran invertir. Si quieren cuadrar sus cuentas anuales, las inmobiliarias cotizadas tendrán que sacar producto a precios muy ventajosos antes del 31 de diciembre", añade.

Varios analistas consideran que la decisión de bajar los precios podría dinamizar el mercado. Y esto es lo que sugirió esta semana Carlos Vela, consejero delegado de Fadesa, inmobiliaria que cuando formalice su fusión con Martinsa se convertirá en la primera de España por activos. En una actitud opuesta a la del presidente de la empresa, Fernando Martín, que niega categóricamente cualquier posibilidad de bajada de precios, Vela puso buena cara al mal tiempo y aseguró que Fadesa es una de las inmobiliarias con mayor margen para hacer rebajas. Evidentemente, sólo adoptarán esa medida dramática si la coyuntura les ahoga.

¿Hasta dónde podrían llegar las rebajas en Fadesa? "Gracias a que hemos comprado suelo muy barato, sacamos un margen bruto del 40% por cada piso. Así que hasta ese 40% tenemos un amplio abanico de posibilidades", respondió Vela. En el mismo encuentro, el número dos de Fadesa reconoció que las reducciones de precios pueden estar afectando ya a la segunda residencia y a las viviendas usadas.

El informe del Deutsche Bank señala a Murcia, Andalucía y Madrid como las comunidades donde la vivienda puede estar más sobrevalorada y, por lo tanto, donde sería más posible un ajuste a la baja. Navarra y otras 12 provincias ya experimentaron caídas en los precios en el tercer trimestre del año.

Pero en lo que todos los economistas consultados están de acuerdo es en que la economía española está ahora mejor preparada para afrontar una crisis. Y aquí las buenas cifras de empleo son decisivas. "La renta disponible es la variable clave. En la medida en que no se destruya empleo en los próximos años, la crisis no será tan grave; y la UE prevé la creación de unos 400.000 puestos para 2009", asegura Josep Oliver, catedrático de la Autónoma de Barcelona, que compara el millón de empleos que se destruyeron en seis trimestres de 1992, 1993 y 1994 con la buena marcha actual del mercado del trabajo.

Lorenzo Pareja, autor del informe de Standard & Poor's, destaca el consenso entre los analistas de que el ajuste será gradual. Y asegura que las pérdidas en la construcción se podrán reasignar a otros sectores. Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Universidad de Granada, ve muy difícil que en España se dé el proceso parecido al que experimentaron EE UU y el Reino Unido en los noventa. Tras la caída de precios, un número importante de familias se habían hipotecado por más dinero de lo que valía su piso.

Y es que, además de otras diferencias, Carbó apunta factores sociológicos -como la menor flexibilidad laboral y geográfica española- que dificultan un cambio brusco en el sector. Pero para que el ajuste no sea violento es necesario recobrar la confianza. Porque la creencia de que los precios van a bajar puede acabar convirtiéndose en la profecía que se cumple por el mero hecho de haber sido profetizada.

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Financiar la casa es más caro en España que en Europa
Invertia.com - 16 de noviembre de 2007
 
 
El tipo de interés medio de las hipotecas en España alcanzó el pasado mes de septiembre el 5,49%, frente al 5,36% que pagaron los europeos por los préstamos para la compra de viviendas, según datos del BCE. Pero esta tendencia se observa ya desde enero de este año cuando, por vez primera, endeudarse en España para la compra de una vivienda resulta más caro que en la eurozona. Novedosa situación ya que en enero de 2004 las hipotecas en España (3,53%) eran casi un punto más bajas que en la Europa del euro (4,47%). Este año España se ha despedido como paraíso de las hipotecas más baratas de la eurozona. Desde enero, resulta más caro endeudarse en España que hacerlo en el conjunto de países que forman el euro, teniendo en cuenta que es el mismo banco central (BCE) el que marca los tipos de interés. Comparando estas cifras con las de enero del pasado año, este dato rondaba el 3,67 para España, mientras que en Europa oscilaba el 4,09. La diferencia se hace más visible si nos remontamos a los porcentajes de 2004, cuando estaban en el 3,53% frente al 4,47 europeo. Resultaba, pues, un punto más barato la financiación hipotecaria en España.

Son varias las explicaciones que encuentran los expertos para este encarecimiento comparativo en la financiación de las familias españolas. Si los bancos ya han mostrado, sobre todo a partir de la crisis de los bonos hipotecarios basura (subprime) una mayor dureza en la concesión de créditos, también se han mostrado menos atractivos con sus hipotecas. Desde una entidad financiera apuntan que con una expectativa de aumento de la morosidad, tiene sentido aumentar el margen financiero con el fin de tener un mayor colchón para los impagados.

También la presión competitiva ha dismunído, y el crédito hipotecario crece a niveles del 18% interanual, frente a tasas del 25% de hace sólo un año. Así, aunque todavía son niveles muy elevados de aumento, hay una ralentización que también supone, a decir de los expertos, un entorno menos competitivo que en el pasado más reciente.

Existen además aspectos técnicos por la idiosincrasia de los créditos en España al predominar los de tipo variable, frente a los fijos. La mayor parte de las hipotecas se conceden a tipo variable y eso da una mayor volatilidad a los datos medios de las hipotecas en España, mientras que en el resto de países de la eurozona hay más costumbre de hipotecas a tipos fijos. Por ello, las hipotecas españolas se aprovechan más de las bajadas del euribor y se resienten más con las alzas, en tanto que en Europa se partían de niveles más altos, al ser los tipos fijos más frecuentes.

Endurecer las condiciones

La consultora Oliver Wyman recomienda a las entidades financieras que endurezcan los estándares de aprobación de créditos para hacer frente a la crisis de liquidez de los mercados. Según un estudio hecho público ayer por la consultora, y recogido por la agencia EFE el sector bancario español se ha habituado a trabajar en un entorno con niveles de morosidad muy bajos, y puede "no estar preparado" para el "deterioro" de las condiciones crediticias.

Para evitar sorpresas desagradables, esta consultora recomienda a las entidades involucrar a la alta dirección en procesos de gestión destinados a vigilar la cartera de créditos, el balance y la posición de capital en los que esté involucrada la alta dirección.< p> También recomienda endurecer los requisitos para la concesión de créditos, y aumentar los sistemas de detección de irregularidades mediante un seguimiento que permita prever posibles retrasos en los pagos.

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Renegociación ya no permite abaratar las hipotecas variables
LaRioja.com - 02 de diciembre de 2007
 
 
Hace un año, la 'pelea' con bancos y cajas permitía lograr ahorros considerables, pero ahora sólo se consiguen rebajas en los contratos a tipo fijo

Miles de españoles acuden cada día a su entidad financiera para intentar revisar las condiciones de su préstamo hipotecario. El objetivo es abaratar en la medida de lo posible unos créditos que en el último año se han complicado sobremanera por el repunte incontrolado del Euribor. No todos lo consiguen y, quienes cierran un acuerdo se ven en numerosas ocasiones obligados a 'pasar por el aro' y a contratar nuevos servicios. Hasta ahora, y a pesar de las nuevas obligaciones que se firmaran, la 'pelea' era rentable. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los contratos a tipo variable la renegociación ya no supone ninguna mejora en los costes de los intereses.

Los últimos datos del INE revelan que durante el pasado mes septiembre 29.215 hipotecas cambiaron sus condiciones, lo que supone un incremento del 25,2% respecto al mismo mes del 2006. La inmensa mayoría, más de 21.000, eran contratos vinculados a la compra de una casa. Se produjeron 22.635 novaciones o, lo que es lo mismo, nuevos préstamos en sustitución del primero con la misma entidad crediticia frente a algo más de 4.500 subrogaciones del deudor (cambios de entidad).

La mitad de las modificaciones se debieron a cambios en los tipos de interés. Un movimiento en el que nadie quiere tipos fijos, a pesar de los llamamientos del sistema financiero y del propio Gobierno para que los 'sufridores' de hipotecas apuesten ellos. De hecho, tras las renegociaciones, el porcentaje de éstos cae del 6,8% al 2,4% del total de los revisados. No es de extrañar, pues aunque el Euribor no deja de subir los tipos fijos que imponen bancos y cajas son de órdago. Aún así, el tira y afloja en estos contratos a tipo fijo aún permite de media una pequeña rebaja de 0,3 puntos porcentuales en el coste de los intereses. No sirve de consuelo, pues hace un año esa mejora era de casi un punto (0,98).

Donde ya no hay nada que 'rascar' es en las hipotecas a tipo variable, en las que el promedio de las nuevas condiciones no sólo no presenta abaratamientos sino que supone un encarecimiento de 0,89 puntos. La dureza del contexto es más evidente si se piensa que en septiembre del 2006, esa misma negociación generaba un recorte del 0,29% en el tipo de interés. La marcha del Euribor y la crisis de las 'hipotecas basura' de Estados Unidos pesan como una losa sobre los 'españolitos de a pie' e, incluso, sobre las grandes compañías.

Ya lo han advertido los financiadores. Las condiciones para conceder una hipoteca en España se van a estrechar a pasos agigantados, según se desprende de la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España correspondiente a octubre. El informe señala también que, por primera vez en cuatro años, las familias piden menos préstamos en términos interanuales. Bancos y cajas ya reconocen que hay menos negocio y que los que se atreven a financiar imponen más trabas y exigencias.

Más vigilancia

Además, las entidades se han puesto más duras en todo lo que no sean plazos de vencimiento, como por ejemplo en los tipos y las comisiones. Ahora piden más garantías, vigilan más de cerca la capacidad de pago de los clientes y reducen la relación valor de la casa-dinero prestado. Y advierten: serán mucho más estrictos en los meses venideros.

Las empresas no lo tienen mejor. Muchas han pasado 'por taquilla' en los últimos meses para refinanciar sus préstamos y han tenido que aceptar condiciones durísimas. Las numerosas fusiones y adquisiciones protagonizadas por compañías españolas en el pasado más reciente pueden complicarles el futuro. Los más expuestos, es evidente, las constructoras y las inmobiliarias, que acumulan unos niveles de deuda que comienzan a ser preocupantes.

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Más de la mitad de hipotecados soporta tres o más créditos
Cotizalia - 21 de noviembre de 2007
 
 
Más de la mitad de los hipotecados soporta tres o más créditos, advierten los reunificadores de deudas

Más de la mitad [concretamente el 52%] de los hipotecados soporta tres o más créditos”, advierte Luis Javaloyes, director ejecutivo de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, a El Confidencial. Este es uno de los datos más reveladores que se desprenden de la II Oleada de 2007 del Estudio sobre el Mercado Hipotecario que el broker financiero elabora a través de la empresa demoscópica Creed España. “De esa mitad de hipotecados entrevistados, el 35% declara estar pagando compras financiadas con su tarjeta de crédito, pero desconoce que el tipo de interés por esta financiación supera el 20%”, añade.

Según este barómetro, al 11% de los encuestados su entidad les ha denegado un crédito en los últimos doce meses y el 63% dedica más del 40% de sus ingresos mensuales al pago de compromisos financieros. Este último dato se ha estabilizado de enero a septiembre, después de haberse triplicado en los 24 meses anteriores. Además, la oleada refleja que por cada medio punto de subida de tipos, se incrementa un 7,5% la demanda de productos financieros relacionados con la reunificación de deudas.

“Es cierto que reunificar conlleva aumentar los plazos de los préstamos, con las consecuencias que eso tiene en caso de subidas de tipos, pero también se puede pagar un tipo de interés cinco veces más bajo y eso la gente no lo sabe”, defiende Javaloyes. Es en estos casos en los que tiene sentido acudir a un intermediario financiero, que aporta un conocimiento exhaustivo del mercado y ofrece soluciones de financiación alternativas, siempre valorando los pros y los contras de cada caso. “Por ejemplo, es fundamental a la hora de endeudarse establecer mecanismos de control de riesgos, como coberturas de tipos de interés, de desempleo, de incapacidad o de vida”, recomienda.

Los clientes estándar de una reunificadora como la Agencia Negociadora, según su director, son personas de entre 30 y 55 años, con vivienda en propiedad, con un nivel económico medio al que la subida de tipos le ha afectado. “Entre nuestros clientes se encuentran desde el que empieza a tener problemas y su entidad le falla hasta gente de perfil medio-alto que aprovecha la reunificación para mejorar sus condiciones”, informa.

Luis Javaloyes insiste en que, pese a la demonización de los intermediarios financieros, quienes realmente conceden los préstamos son las entidades. “Se habla mucho de las reunificadoras de deuda pero nosotros somos meros comercializadores de productos de banca, sólo aportamos un plus de asesoramiento al cliente”.

"Los 'subprime' se han moderado últimamente"

Respecto a los préstamos subprime, los de más alto riesgo, que también existen en nuestro país, este agente del sector asegura que “hay ciertas entidades que han concedido hipotecas basura con mucha alegría y que últimamente se han moderado. Pero que nadie se lleve a engaño: bancos y cajas siguen necesitando firmar hipotecas”, asegura.

Acerca del doble temor de que una familia sea incapaz de afrontar su cuota hipotecaria al tiempo que se rebajan las tasaciones de la vivienda, este ejecutivo de la ANPB considera que “es una situación indeseable para todos: para los particulares porque podrían deber más al banco que el valor real de su casa y para las entidades porque se encontrarían sin garantías para responder al préstamo que han concedido”.

Sobre las turbulencias financieras, este broker financiero comenta: “Está claro que las entidades han cerrado el grifo. Pero el pánico de agosto y septiembre está pasando y parece que se están tranquilizando las aguas, lo que demuestra que el sistema financiero es solvente”. Para él, el endurecimiento crediticio dispara la necesidad de realizar operaciones de refinanciación, aunque no niega que el enfriamiento ha afectado de lleno a determinados brokers que no tienen suficiente volumen de negociación. “Hay muchas intermediarias que están desapareciendo”, afirma.

Otro de los resultados que arroja la Encuesta de la ANPB es que el 70% de los españoles hipotecados culpa al Gobierno del encarecimiento de las hipotecas. A este respecto, desde este broker se muestran críticos con la nueva Ley Hipotecaria, en trámite parlamentario: “se ha ‘vendido’ que con la aplicación de esta norma se reducirán los gastos en alrededor de un 85% en aranceles notariales y registrales y que se pretende abaratar el cambio de hipoteca. Esto, llevado a números, significa que cambiar de una hipoteca media de 180.000 € antes de la nueva Ley, suponía unos gastos totales de aproximadamente 6.200 euros (Hacienda, Notaría, Registro y Gestoría). Aplicando la reducción del 85% en la parte de aranceles notariales y registrales, los gastos serían de aproximadamente 6.020 euros. El ahorro real es de unos 180 euros, o lo que es lo mismo un 2,9% del total de gastos. Es claramente insuficiente para el fin perseguido", consideran.

Entre sus propuestas para abaratar el cambio de hipoteca se incluye la reducción en la base de la liquidación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (la responsablidad hipotecaria), así como en el propio impuesto. "Y ello por no hablar del IVA, que es del 7% sobre bases que se han triplicado en quince años. ¿Por qué no bajar el tipo al 4% que se aplica a otros productos?", se preguntan.

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Las cuentas pendientes de las inmobiliarias
El País - 09 de diciembre de 2007
 
 
La caída de ventas de las viviendas es ya una realidad y el sector afronta 2008 con temor a una crisis severa

La crisis se ha instalado en el negocio de la edificación residencial. En 2007 el mercado de la vivienda ha marcado un punto de inflexión, tras registrar crecimientos de vértigo desde finales de la década de los noventa del pasado siglo, que han llevado a las inmobiliarias españolas a marcar récords de ventas y beneficios durante los últimos siete ejercicios. Este año ya no será así, de hecho, los resultados que han obtenido en el tercer trimestre las empresas que cotizan en Bolsa reflejan que los tiempos del boom se han terminado. Astroc, Reyal Urbis e Inbesós son las tres compañías que han cerrado septiembre con números rojos; mientras que Fadesa, Parquesol y Riofisa han sufrido un descenso importante en sus beneficios.

Las cosas están cambiando, como sucedió en 2006 en el tablero inmobiliario, en el que tres empresarios que lideraban compañías de tamaño medio se hicieron con los peces gordos del sector, creando Grupo Colonial, Martinsa Fadesa y Reyal Urbis, unos conglomerados a los que el peso de la deuda -la mayor del negocio, junto la acumulada por Metrovacesa-, les está poniendo actualmente contra las cuerdas. El coste de estas macrooperaciones y las nuevas normas contables, que en casos como el de Colonial arrojan unos resultados no comparables con los de 2006, unido a la caída en los ingresos por las ventas de viviendas, que oscila entre el 22% y el 60% en comparación con el tercer trimestre del año anterior, han provocado que los beneficios del conjunto de las inmobiliarias que fluctúan en el mercado bursátil bajen un 10%, descontando a la empresa presidida por Luis Portillo al no ser sus cifras equiparables.

Pérdidas en la Bolsa

Y se trata de un gran cambio para un sector acostumbrado a ganar dinero a espuertas. Ya lo ha ido anticipando la Bolsa durante estos últimos meses. Tras la crisis protagonizada por Astroc en el pasado mes de abril, las inmobiliarias han perdido más de 14.000 millones de euros en el parqué. Y las previsiones para lo que resta de año y para 2008 no son precisamente optimistas.

Entre el brusco descenso de las ventas de viviendas que están registrando estas empresas y la falta de liquidez que se acusa en el mercado financiero desde que este verano estallase la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, un halo de desconfianza se cierne sobre el sector. El comprador de pisos espera que los precios bajen para adquirirlos y los bancos, cargados con una deuda de 282.000 millones de euros por parte de las compañías inmobiliarias, les han cerrado el grifo de la financiación. En consecuencia, las promotoras han paralizado el desarrollo de nuevos proyectos hasta que no vendan un stock de viviendas que el director de Negocio de Caixa Catalunya, Andreu Plaza, cifra entre 350.000 y 500.000 unidades en España.

Así, 2007 y 2008 se convertirán en ejercicios en los que la estrategia del crecimiento del negocio y la internacionalización pasen a segundo plano entre las inmobiliarias. Ahora lo importante es la gestión de la deuda, señala Jordi Boza, director de Centros Comerciales de Metrovacesa. Si no que se lo digan a empresas como Grupo Hábitat, que está siendo incapaz de digerir la adquisición de Ferrovial Inmobiliaria sin problemas. Tenía que devolver este año 445 millones de euros del préstamo de 1.745 millones que le otorgaron 38 entidades financieras, pero, por ahora, sólo devolverá 375 millones.

También, Colonial ha renegociado su crédito y Martinsa Fadesa y Reyal Urbis están llegando por los pelos a pagar sus cuotas, según se dice en el mercado. Además, las grandes empresas endeudadas están tirando de la venta de activos (fundamentalmente suelo y, en menor medida, edificios) para ir pagando sus cuentas pendientes y, a la vez, para maquillar sus resultados en la medida de lo posible.

"La caída de las ventas de viviendas y el aumento de los costes financieros ya están pesando y caracterizará los resultados de 2007", asegura el director general de una empresa patrimonialista. No hay que olvidar que, por ejemplo, Fadesa paga 250 millones de euros de costes financieros, y Vallehermoso, 120 millones. Ambas tienen en marcha un plan de ventas de activos que, en el caso de la primera, incluye suelo y hoteles por valor superior a 1.000 millones de euros y, en el de la segunda, suelo por 300 millones en 2007. "El año que viene tendrán un efecto más grave en las cuentas de las inmobiliarias", añade el directivo. A su juicio, con tanto producto en venta, los precios de los edificios de oficinas, comerciales e industriales han bajado, "todavía menos del 5%, aunque pueden descender un poco más porque hay muchas compañías interesadas en vender para atender sus compromisos financieros".

Cae el precio del suelo

El suelo, mucho más abundante, ha recortado aún más sus precios, según el consejero delegado de la consultora Irea, Mikel Echavarren, que mantiene que el listón para construir pisos cotiza un 20% por debajo del valor en que fue tasado en 2006 y, si se encuentra en la costa española, un mercado notablemente más afectado por la crisis, el descenso puede superar el 30%.

Aunque no sólo hay activos en el mercado, también "hay montones de inmobiliarias en venta", añade Echavarren, quien vaticina para el próximo año que "muchos de los terrenos que no van a conseguir colocarse a otras inmobiliarias porque no los quiere nadie, pasarán a ser propiedad de los bancos. Estas situaciones de iliquidez de múltiples suelos llevarán a muchos procesos de suspensión de pagos entre las empresas, como ha ocurrido ya con la valenciana Llanera. Y también a que el sector terciario se contagie de la crisis del residencial", pronostica. En consecuencia, 2008 será un peor ejercicio para las inmobiliarias que el año que ahora se cierra.

Unos últimos datos para ilustrar la que se avecina. Según la firma de servicios por Internet Axesor, si en 2006 se crearon 36.765 sociedades inmobiliarias (promotoras, arrendadoras, intermediarias...), en los once primeros meses del ejercicio en curso se han constituido el 24% menos: 28.114, y si entonces se disolvieron 2.092, hoy han sido 5.188 las que han cesado su actividad, con un aumento del 148%.

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Telarañas en las inmobiliarias
Elpais - 22 de noviembre de 2007
 
 
Un mal año para el sector de la vivienda. Las inmobiliarias, encargadas de vender el producto, son un pétalo más de una margarita a la que ya no le queda ningún 'sí'. En las agencias ya no hay que guardar cola para conocer alguna oferta porque los clientes apenas entran. No compran al mismo ritmo que hace años y contribuyen a desinflar cada vez más la burbuja. Sólo entre finales de este año y durante el 2008 unas 18.000 agencias (un 30%) podrían cerrar por falta de clientes, según ha informado hoy Toñi Fernández en Cadena SER. Las agencias inmobiliarias ya no venden pisos, los jefes de estos negocios deciden cerrarlos y sus empleados se quedan sin trabajos. La "Oferta del mes" que anuncian un piso de 75 metros cuadrados a 255.000 euros ya no resulta un cebo efectivo. Miguel Ángel, dueño de un negocio con siete empleados, ha claudicado a la burbuja y echará el cierre.

Sus cuentas no han dejado de mermar en los últimos meses, según ha relatado hoy el empresario a Toñi Fernández. "Estamos en el 10% que hace nueve años de demanda". Mientras que hace diez años entraban en la agencia unas 50 personas por día, hoy entra una o ninguna. "Hay días que no suena ni el teléfono ni entra nadie", ha explicado Randa, una de las empleadas, a Cadena SER.

El otoño trajo más sequía al sector. El cartel de cerrado por "cese de actividad", que colgaron la agencia de la calle de atrás a la de Miguel Ángel o la que el mismo grupo, Patio Inmobiliario, tenía en el barrio más selecto de Madrid, está más cerca de pender un día de su propia puerta. "Muchas inmobiliarias han esperado a ver si después del verano se notaba una reactivación del negocio", ha señalado este emprendedor, para el que "gran parte de las inmobiliarias que no han cerrado, lo harán de aquí a finales de año".

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Cada vez más agencias inmobiliarias echan el cierre
CadenaSer - 22 de noviembre de 2007
 
 
Desde finales de este año y durante 2008 cesarán su actividad unos 18.000 centros de venta de pisos. Ya no tienen clientes y las cuentas, que en su día fueron boyantes, no salen. La famosa burbuja inmobiliaria ha estallado y eso afecta, y de qué manera, a las agencias de venta de pisos. El futuro se ve negro para aquellos que se habían colocado durante años sobre la cresta de la prosperidad económica: entre finales de este año y durante el 2008 unas 18.000 agencias (cerca del 30 por ciento de las existentes) podrían echar el cierre por falta de clientes.

"Oferta del mes" se lee en un cartel que anuncia un piso de 75 metros cuadrados a 255.000 euros ó 630.000 si valora las vistas y, por lo visto, las de éste son excelentes. Hace tiempo que nadie pregunta por esas viviendas, ni por sus vecinas de escaparate. En el interior de la agencia inmobiliaria siete empleados esperan tras las mesas a que un cliente potencial les haga olvidar que su puesto de trabajo tiene fecha de caducidad. Su jefe les comunicó ayer que lo siente, pero que el negocio cierra.

Y es que como cuenta Miguel Ángel, -jefe de esta inmobiliaria-, las cuentas del negocio no han dejado de mermar en los últimos meses. "Estamos en el 10 por ciento que hace nueve años en la demanda". Es decir, de gente que cruza la puerta para informarse: hace diez años eran 50 al día, hoy una o ninguna. De manera que si tuviéramos que poner cifras al número de pisos que se logran vender hay que echar mano de los decimales, de muchos decimales. "Hay día que no suena ni el teléfono, ni entra nadie", explica la joven Randa, empleada de la agencia.

Así que todos miran y ven venir el cierre por 'cese de actividad', como ya lo hizo la agencia de la calle de atrás o la que el mismo grupo, Patio Inmobiliario, tenía en el barrio más selecto de Madrid. "Muchas inmobiliarias han esperado a ver si después del verano se notaba una reactivación del negocio", señala el jefe de la agencia, que pronostica que "gran parte de las inmobiliarias que no han cerrado, lo harán de aquí a finales de año".

Después del verano fue peor. Septiembre trajo más sequía al sector y los pocos clientes que se aventuran ahora a entrar en una agencia llegan confundidos: están los que buscan el sueño de su vida, que ya "no existe", y también está quien tiene que dejar de conjugar el verbo "comprar" y cambiarlo por "alquilar" a la vista de su cuenta corriente. Moraleja: no hay venta con la que mantener esta oficina abierta.

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Crisis inmobiliaria pone a Habitat al borde de la suspensión
El País - 25 de noviembre de 2007
 
 
El grupo negocia con la banca y con su accionista Ferrovial convertir parte de la deuda en préstamos participativos a cambio de hasta un 60% del beneficio

La promotora catalana Habitat, de tamaño mediano, quintuplicó su dimensión el año pasado al comprar el negocio inmobiliario de Ferrovial. Pero el peaje de una operación de 2.200 millones de euros financiada con un crédito sindicado de 1.745 millones que implicó a 38 bancos y cajas, cerrada a las puertas de la crisis inmobiliaria y financiera, ha puesto en riesgo de entrar en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) a la empresa, controlada en un 55% por las familias Figueras y Suñol.

La compañía, que tiene a Ferrovial como segundo gran accionista con un 20%, reconoció ayer sus problemas en un comunicado en el que afirma que está analizando "diferentes opciones para conseguir el equilibrio patrimonial de la sociedad".

La revisión a la baja de sus activos en función de las nuevas normas contables -hasta ahora se valoraban según una tasación acorde con el valor de mercado y las nuevas normas adecúan dicho valor a las expectativas "razonables" de resultados de esos activos- afectará a sus recursos propios, que a 30 de septiembre eran de 130 millones.

El consejo de administración de la promotora ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 27 de diciembre en la que, además de reducir el número de consejeros de 16 a seis personas, deberá aprobar una solución para capitalizar la empresa y "conseguir el equilibrio patrimonial de la sociedad". A final de año, Habitat tiene pendiente la devolución a las entidades financieras de 295 millones, que se suman a los 150 millones que la promotora ya les ha devuelto. Si pagara la cantidad prevista, fuentes próximas a la compañía admiten que las pérdidas generadas superarían ampliamente los 50 millones de euros.

Varias de las entidades financieras contactadas ayer coincidieron en señalar la "voluntad de llegar a una solución". Fuentes próximas a Habitat rechazaron que se vaya a llegar a plantear concurso de acreedores.

Habitat ha informado internamente a la plantilla de sus opciones: una ampliación de capital en que pongan dinero los actuales accionistas -que completan los inversores y empresarios Dolores Ortega (9%), José Antonio Castro (5%), Leopoldo Rodés (1%), Isak Andic (5%) y Emilio Cuatrecasas (1%)-, o bien convertir parte de la deuda pendiente con los bancos a préstamos participativos. Ambas no son incompatibles. Habitat intenta que la parte de la deuda a convertir sea baja (menos de 400 millones) porque, a cambio, los bancos tienen derecho a participar en el beneficio. Y las entidades financieras, lideradas por La Caixa, exigen una prima por el esfuerzo de conversión, de modo que su participación en beneficios alcance el 60%. Además, la banca pide que, si da este paso, Ferrovial también lo dé.

Habitat tiene pendiente con el grupo de los Del Pino una deuda de 250 millones que contrajo cuando le compró la inmobiliaria. Ferrovial cobró una parte vía reparto de dividendo a cuenta. Pero, del resto, le permitió aplazar el pago de 250 millones.

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El mercado de cédulas hipotecarias cierra
Cotizalia - 23 de noviembre de 2007
 
 
El mercado de cédulas hipotecarias cierra por primera vez en la historia por falta de demanda

Lejos de mejorar, los mercados de renta fija han vuelto a deteriorarse en los últimos días hasta extremos que no se alcanzaron ni siquiera en medio del pánico de agosto. Así, el mercado europeo de cédulas hipotecarias ha cerrado sus puertas durante tres días, en una decisión sin precedentes, porque se habían disparado los diferenciales de estos títulos frente a los bonos estatales. Del mismo modo, BBVA, Abbey (Santander) y Ahorro y Titulización (CECA) han tenido que cancelar emisiones en los últimos días.

La semana pasada ya llegaron señales preocupantes: Intermoney consiguió colocar una emisión de cédulas de 1.050 millones de euros, aunque a cambio de ofrecer un diferencial muy alto sobre el euribor (0,10 puntos porcentuales) y de emitir estos instrumentos al plazo más corto de la historia, dos años. Ahora, la liquidez se ha secado completamente, a cualquier plazo y a cualquier precio.

Según la agencia Bloomberg, la decisión de cerrar el mercado hasta el próximo lunes fue adoptada el miércoles por el Consejo Europeo de 'Covered Bonds' (concepto que incluye las cédulas hipotecarias y titulizaciones de créditos concedidos al sector público), Consejo que agrupa a los principales emisores e intermediarios de estos activos. Este mercado, valorado en 1,9 billones (españoles) de euros, nunca había adoptado una medida tan drástica en sus tres años de existencia; en lo más duro de la crisis de agosto, sólo tuvo que suspender la negociación durante medio día. El mercado local alemán Pfandbrief también ha cerrado hasta el lunes.

El motivo es el espectacular aumento de los diferenciales respecto a los bonos del Estado, o lo que es lo mismo, el desplome del precio de las cédulas por la falta de demanda. Este diferencial se ha disparado hasta 0,38 puntos porcentuales, el nivel más alto en cinco años, según Merrill Lynch. Según el presidente del Consejo, el francés Patrick Amat, "una sola venta en el mercado se ha convertido en una patata caliente que nadie quiere. Cuando se juntan varias, los diferenciales se disparan hasta alcanzar niveles absurdos".

Detrás de esta falta de demanda está el temor de los inversores a que las pérdidas de los bancos en activos hipotecarios y de crédito sean superiores a los 50.000 millones de dólares anunciados hasta la fecha. La situación es especialmente preocupante porque las cédulas hipotecarias son los bonos más seguros después de los del Estado, puesto que el propio banco que las emite es responsable de los pagos, a diferencia de las titulizaciones de crédito. Por ello, suelen tener las más altas calificaciones crediticias.

"Hay una crisis de confianza que afecta a todos los activos menos a los bonos gubernamentales. Las cédulas se meten en el mismo saco que los demás activos de crédito aunque sean mucho más seguras", advierte Arnd Stricker, de la firma hipotecaria alemana Corealcredit. Es decir, estamos ante un paso más en el efecto dominó que inició la crisis subprime y cuyo impacto cada día parece más grave.

Imposible cualquier colocación

En estas circunstancias, es inviable cualquier colocación. La unidad británica del Santander, Abbey National, ha justificado la suspensión de la suya por la "pobre demanda". También han tenido que cancelar colocaciones el irlandés Allied Irish Banks y la entidad especializada de las cajas de ahorros Ahorro y Titulización. La última de las titulizaciones españolas en 'no salir' al mercado, para quedarse en la despensa del banco, es la realizada por BBVA con su cuarto Fondo de Titulización de Activos RMBS 4 por valor de 4.900 millones de euros.

Se trata de la conversión en bonos respaldados por 35.503 préstamos hipotecarios de alta calidad. De hecho, Moody’s le ha asignado un rating de respaldo de AAA -el más alto posible- a la práctica totalidad, el 95%, de estos bonos. Esta agrupación de hipotecas, captadas por el banco entre el año 2000 y el pasado mes de abril, es de larga duración. La edad media de los préstamos es de 1,8 años y el tiempo de amortización supera los 28 años de media. BBVA realizó otra titulización a principios de mes, aunque, en ese caso, en lugar de hipotecas se convirtieron en bonos un conjunto de créditos a pequeñas y medianas empresas (pymes). El importe de la operación ascendió a 1.400 millones.

Y no parece que pueda haber nuevas emisiones a corto plazo: "Sin un mercado en el que los bancos den liquidez, los inversores van a rechazar cualquier venta de nuevas cédulas", prevé Santiago Rubio, jefe de renta fija de Invercaixa.

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Dos grandes promotoras entran en pérdidas
Cotizalia - 21 de noviembre de 2007
 
 
Dos grandes promotoras entran en pérdidas ante el aterrizaje brusco del mercado en España

Erase un sector, el inmobiliario, que parecía invencible. Su cuenta de resultados engordaba día tras día, su valor se disparaba en los mercados y su ascenso hacia el infinito parecía irrefrenable. "El ladrillo no baja de precio, sólo se mantiene", era la máxima del sector. Hasta que la fase de burbuja en que se habían embarcado terminó. A toro pasado, el giro en el sector parece acercarse al significado de brusco frente al suave.

Dos de las grandes compañías han cerrado el tercer trimestre con fuertes pérdidas en su cuenta de resultados. Astroc, con 96 millones, encabeza la cuenta de pérdidas del sector, seguida muy de cerca por Reyal Urbis, con 67,5 millones. Ambas están expuestas al negocio promocional, que es el que está sufriendo especialmente las restricciones de crédito de bancos y cajas, así como la caída de precios de la vivienda. Al otro lado, continúa impasible Metrovacesa, que superó los 1.000 millones de beneficio hasta septiembre.

De la bonanza a la desdicha

Las empresas inmobiliarias viven su peor momento en años, cuando hace tan sólo doce meses caminaban como colosos, no sólo por el mercado, sino por el mundo real. Las compañías del sector en España se lanzaron OPAs en los últimos doce meses por valor superior a los 14.000 millones de euros y su valor en bolsa llegó a los 52.000 millones.

"No queremos perdernos la fiesta", reconocía en febrero un operador de un hedge fund que acababa de entrar en Fadesa, en la cresta de la ola del sector, que junto a otros fondos especulativos han ganado dinero con la caída de las acciones inmobiliarias.

Las cifras de preventas -pisos vendidos con señal del comprador, pero cuya venta no está cerrado- han caído casi un 19% en los nueve primeros meses de 2007 respecto a 2006, hasta 4.900 millones, entre las grandes empresas del sector, entre las que se incluyen Fadesa, Metrovacesa, Reyal, Colonial, Realia, Parquesol o Vallehermoso.

La banca fuerza el cambio de ciclo

En mayo comenzaron a darse los primeros síntomas de este cambio de sesgo. La banca comenzó a cerrar el grifo del crédito a las promotoras ante las señales de aterrizaje en el sector, después de revisar sus balances y ver con horror como el ladrillo se convertía en una amenaza con una deuda acumulada de 250.000 millones. Una losa demasiado pesada como para ignorarla y seguir alimentando sus necesidades. La bolsa ha cortado en 30.000 millones el valor de las inmobiliarias desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó la crisis bursátil en España a raíz del derrumbe de Astroc.

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La crisis llama a la puerta
El País - 23 de noviembre de 2007
 
 
La caída en la venta de viviendas del 40% se notará en los resultados de las empresas durante los dos próximos años

Crisis, la palabra proscrita, ha empezado a correr de boca en boca entre quienes trabajan en el sector inmobiliario. Pero cuando se les pregunta por ella descartan salir retratados en los papeles y vuelven a referirse a la ralentización de la que hablan en público desde hace cerca de dos años. "Estamos en crisis de forma clarísima. Tras unos años de desaceleración del mercado residencial ha habido un antes y un después este verano, con un aterrizaje forzoso motivado por la postura de las entidades financieras, que han endurecido de forma drástica la concesión de créditos a empresas y a particulares", asegura el directivo de una consultora inmobiliaria que rechaza dar su nombre.

Otro directivo, en este caso de una de las mayores inmobiliarias cotizadas en Bolsa, declara desde el anonimato: "Es una crisis inmobiliaria generalizada, que llevará a una crisis económica a España". Más valiente, Sigfrido Herráez, vicepresidente de Rayet Grupo, es tajante: "Lo peor que puede haber es un enfermo que no sabe que está enfermo. Asistimos a dos tipos de crisis: una objetiva de falta de liquidez, que es la más importante, y otra subjetiva que responde a los mensajes que dan los políticos de que nadie compre casa porque se la van a regalar. Esta crisis es pasajera".

Pues sí; 2007 ha traído la crisis al sector de la vivienda, que no al resto de los que conforman el negocio inmobiliario. Oficinas, comercial, industrial y hotelero hasta ahora evolucionan de forma más que favorable, si bien están afectados por el cierre del grifo bancario a la financiación de proyectos, por lo que todavía es prematuro medir el calado que las hipotecas basura de EE UU han tenido en el mercado inmobiliario español.

Después del verano

Hasta antes del verano se detectaba un agotamiento del mercado de viviendas, con mucho stock en venta y ralentización en la subida de los precios. Si no hubiera habido crisis financiera global por las subprime, seguiríamos con una ralentización residencial. Tras las hipotecas basura, que a España le van a afectar más en el crecimiento económico que en las cuentas de resultados de los bancos, ha subido mucho el coste de la financiación, y más todavía en el sector inmobiliario, donde se ha recortado.

"Conclusión: se ha creado un clima de incertidumbre, que es lo peor que le puede pasar a la economía", explica Xabier Barrondo, consejero delegado de General Electric Real Estate Iberia. A su juicio, la situación quedará resuelta la próxima primavera, una vez que los bancos presenten sus cuentas de resultados y se vea cómo de afectados están por las subprime y cuándo empiezan a prestar dinero otra vez sin grandes obstáculos, pero con mayor cautela que antes, al sector inmobiliario, que entonces volverá a cerrar transacciones, también una vez conocidas sus cifras. Pero este año y el que viene España va a vender muchas menos casas. Hay que controlar los precios a base de reducir la oferta. Por ello, veremos 12 o 18 meses de caída de ventas y luego el sector se normalizará, en la medida en que se construya menos, añade.

"Hemos crecido tanto que en cuanto falla el círculo virtuoso se pierde empuje y nos damos de bruces con el cambio de ciclo", asegura el director general de Tasaciones Hipotecarias (Tinsa), Luis Leirado. En su opinión, lo que ha pasado es "un pararse a respirar, una falta de confianza encadenada" que no retrotraerá al mercado a la crisis de los años noventa porque ha mejorado tanto la economía española como la estructura de las entidades financieras y las inmobiliarias, que ahora es mucho más sólida. Pero que sí hace más difícil cerrar las compraventas. "Las rebajas de precios que espera el comprador no llegan y, por tanto, no se cierran acuerdos. También está pasando factura la subida de los tipos de interés, que exige un 20% más de ingresos que hace un año al comprador".

Falta confianza

Se trata de una crisis de confianza en toda regla, ante la cual nadie mueve ficha, ni comprador ni vendedor, y, entre todos, la casa sin barrer. En el mercado de vivienda de segunda mano ya se lleva detectando una demanda inferior desde 2006, pero este año los expertos aseguraban que se cerraban un 40% menos de operaciones que el pasado. Y eso ocurría antes del verano. Después, según el presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, Santiago Baena, "las ventas se producen con cuentagotas, cuando antes el chorrillo era constante. Es una situación delicada que repuntará a partir de enero, con los ajustes que tienen que darse".

Mientras, no son pocas las oficinas de intermediación inmobiliaria que han echado el cierre. Sobre todo aquellas que pertenecen a redes de franquicias cuya expansión ha sido ilimitada al calor del boom inmobiliario y lo que en el sector se denominan "chiringuitos". Y, después, ha llegado a las promotoras inmobiliarias, es decir, a la vivienda de nueva construcción.

También ellas han visto recortadas sus ventas drásticamente desde el pasado verano. Así lo reconoce el director general de Inmobiliaria Espacio, José Antonio Fernández Gallar, quien prevé que en 2007 el sector venderá un 40%de viviendas menos. Fernando Martín, presidente de la nueva Martinsa Fadesa, lo hacía asegurando en público, en la presentación del G-14 -grupo de presión que las principales inmobiliarias han constituido este año para defender el sector y corregir su mala imagen-, que las ventas de su compañía habían caído un 35%.

Nadie más ha salido a la palestra a reconocerlo, pero las cuentas de resultados de las empresas cotizadas en Bolsa, las mayores del sector y por tanto las más representativas, así lo han puesto de manifiesto, con descensos en la venta de viviendas de entre el 30% y el 60% en el tercer trimestre del año. Pero no lo han reflejado en sus beneficios, maquillados por las ventas de suelo y de edificios y la nueva contabilidad derivada de las fusiones. De todas formas, son peores de los que esperaban.

Estadísticas tardías

Lo malo de los datos es que siempre llegan tarde. De hecho, por ahora, las últimas estadísticas no servirían para reconocer la crisis, sí el deterioro del mercado residencial. Primero, los precios. Las cifras oficiales, del Ministerio de Vivienda, hablan de encarecimientos del 5,8% para la vivienda nueva y del 5,1% para la usada entre septiembre del año pasado y de 2007. Y, aunque ya hay localidades que registran descensos, las medias siguen reflejando subidas, eso sí, muy inferiores a las de 2006 (por encima del 9%).

Después las transacciones, según el Colegio de Registradores de España, las compraventas de viviendas se han reducido un 11,34% en el segundo trimestre de 2007 en comparación con los tres meses anteriores y un 5,4% en la primera parte del ejercicio. Por último, los visados de construcción, que son los proyectos que el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de España presentan ante la Administración para que sean aprobados. No todos estos proyectos de viviendas llegan a desarrollarse, se calcula que entre el10% y el 15% no lo hace, pero es la mejor estadística existente para medir la evolución de la construcción de viviendas.

Pues bien, en los ocho primeros meses de 2007 recoge un total de 508.000 pisos visados, lo que significa un 13% menos que en el mismo periodo de 2006, bajada que en Cataluña llega al 22% y en Madrid al 23%. El problema es que el comprador ha llegado a su tope, y aunque quiera hacerse con una vivienda no puede pagarla a los precios actuales. La subida de los precios y de los tipos de interés son insostenibles.

En España el metro cuadrado cuesta 2.061 euros, esto es, una casa de 90 metros de superficie vale 185.000 euros, media que sube a 330.000 euros en Barcelona (3.666 euros por metro) y a 345.000 en Madrid (3.842 euros). Para el director general corporativo de Restaura, Albert Casajuana, "lo que la gente puede pagar, que se mide con el índice de accesibilidad, se ha colocado en 2007 a niveles de 1995".

En espera de rebajas

El adquirente espera que bajen los precios como consecuencia de las repetidas promesas por parte de las administraciones de ayudas y regalos a la compra de casa, eso sí, en periodo preelectoral, según los promotores. Y, aunque ya empieza a ocurrir en los pisos de segunda mano y en algunas promociones -en las que las inmobiliarias no pueden aguantar el peso de la deuda- no es seguro que los precios desciendan de forma generalizada en España, al menos los de la vivienda nueva, se empeñan en decir las inmobiliarias.

Y mientras tanto, el stock residencial crece y crece, como no podía ser de otra manera, tras haberse levantado entre 560.000 y 900.000 viviendas anuales desde 2000. Y los ritmos de ventas de las nuevas pasan de las seis o siete casas por promoción y mes de 2006 a las 2,5 del primer semestre de este año, que hoy han bajado más todavía, según Carlos Ferrer-Bonsoms, director de Urbanismo de la consultora Jones Lang Lasalle.

"La situación no es demasiado mala, aunque lo parezca. Sigue habiendo empleo y, si se quedan así, los tipos de interés ayudarán. Pero los precios están muy altos, hay cansancio en los compradores y también elecciones, que afectan mucho a la venta de viviendas. Hasta marzo estaremos en una situación de bastante atonía, como la actual. La gente quiere estabilidad y las elecciones son posibilidades de cambio. Después, si la economía va bien, el mercado se reactivará". Ésta es la esperanza que tiene el presidente de Larcovi, Jesús Martín de Prado, pese a que las ventas de viviendas hayan caído un 40% en su empresa en lo que va de año. Pero las opiniones están encontradas.

Para el notario Ignacio Navas, la crisis real va a llegar de aquí a unos meses, en 2008, año que, en opinión del socio propietario y director general de Knight Frank, Frédéric Mangeant, traerá "una rebaja en los tipos de interés. Además, las elecciones generales calmarán el ambiente general, y el mercado residencial se reactivará durante el primer semestre". Enric Venancio, director general de Operaciones de Renta Corporación, espera que se digiera la desconfianza y la situación actual de atonía y prevé un ejercicio más que complicado para 2008.

Eso sí, hay consenso en que a partir de ahora se iniciarán entre 400.000 y 500.000 viviendas anuales, en vez de 700.000, con la consiguiente pérdida de empleo en la construcción, que supondrá, en boca de Fernando Martín, más de dos personas por cada vivienda que no se construya.

Beneficios a la baja

También existe consenso en que la crisis pasará factura a los beneficios de las promotoras inmobiliarias en 2008 y 2009. Entonces ya no podrán valerse de las ventas de suelo y edificios para maquillarlos, enajenaciones que, según un director de una empresa patrimonialista, "van a rebajar los precios de terrenos e inmuebles en los próximos seis meses".

El suelo ya nota estas ansias de venta, con descensos de hasta el 20% en su precio, según Ferrer-Bonsoms, al menos en Madrid. Las empresas tendrán que sanear, además, su elevada deuda. "Durante el próximo año y medio veremos muchas soluciones de insolvencia como las de Llanera", señala el responsable de un grupo inversor extranjero en España.

Hasta entonces, la estrategia está clara: Inversión cero, vender suelo y edificios y reajustar la producción de viviendas, coinciden los directivos de varias promotoras que no quieren ser citados.

Las inmobiliarias empiezan a apelar al cliente para vender

Tenemos que hacer las casas que el cliente pueda comprar, decían recientemente empresarios como Fernando Martín o Rafael Santamaría, presidentes de Martinsa Fadesa y Reyal Urbis, respectivamente, en las jornadas donde se presentaba el nuevo lobby del sector, el llamado G-14.

Y lo decían como si nunca hubiera estado en sus manos construir pisos acordes a las necesidades de los compradores, tanto en precios como en calidades, en distribuciones, tamaños o diseños.

El caso es que ahora, como las ventas flojean y aprietan sus cuentas de resultados, los empresarios han decidido apelar al cliente, responder a sus necesidades. Y está claro que la primera es que la vivienda sea accesible.

Como respuesta a ello, los promotores van a desarrollar más pisos protegidos que nunca en los próximos años y también en alquiler. Así lo afirma el director general de Inmobiliaria Espacio, José Antonio Fernández Gallar, quien añade: "Como todos los promotores, llevamos cinco o seis meses comprando suelo para desarrollar viviendas protegidas".

Otra alternativa es la que se está planteando Martinsa Fadesa, además de negociar acuerdos con las autonomías para el desarrollo de sectores enteros de vivienda protegida: un préstamo variable pero con una cuota fija de cinco años por la que responderá la empresa de que así sea si suben los tipos de interés. "Si compras el suelo barato, se puede hacer", dicen en la compañía. Todo sea para que la máquina no deje de trabajar...

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El batacazo empezó en la costa
Elpais - 23 de noviembre de 2007
 
 
La costa española fue la primera en sufrir los daños. Las ventas están de capa caída desde hace tres años, pero las cosas se han puesto más difíciles y en 2007 las ventas han caído entre el 30% y el 40%. La oferta supera dos veces la demanda y los precios se desaceleran.

Todo empezó en la costa española. La vivienda vacacional de playa ha sido la primera en darse de bruces contra el parón inmobiliario. No este año. "El declive empezó hace tres años", señala Carlos Smerdou, consejero delegado de Foro Consultores. Pero este escenario "se intensificó a partir del mes de agosto", puntualiza Miguel Pinto, director de la División de Investigación de Grupo i. La situación en la costa española se ha ido poniendo difícil a lo largo de 2007, tanto que las ventas han caído entre un 30% y un 40% con respecto al año anterior, según Smerdou. El litoral está salpicado de miles de promociones en marcha que no han vendido ni una sola vivienda en lo que llevamos de año y hay algunas zonas donde ni siquiera hay visitas, como Castellón o Marbella, según algunos promotores.

Éstos ahora se enfrentan a una demanda inactiva y, lo que es peor, a un inversor que trata de deshacerse casi a "cualquier precio" de las viviendas compradas tiempo atrás. En la vivienda de costa ha habido siempre mucha inversión especulativa, entre un 20% y un 25% del total, indica Pinto.

El inversor, que ahora está compitiendo con el promotor, está bajando los precios, entre un 10% y un 20%, dependiendo de la oferta de la zona, señala el representante de Grupo i. Muchos son británicos, que buscan nuevos destinos con mayores rentabilidades, como Marruecos o Turquía. Por eso, la costa se mide ahora en función de la sobreoferta. "Actualmente, la oferta supera en dos veces la demanda, que este año no alcanzará las 90.000 viviendas", añade. No hay que olvidar que el 54% de la nueva construcción se concentra en zonas de costa, algo que confiere al sector un carácter desequilibrado, según BBVA. Aunque, Grupo i avisa: "Si no se compra suelo ahora, en el plazo de dos años la oferta se habrá absorbido, habrá demanda y no habrá nuevos proyectos".

El problema es que el promotor no lo tiene fácil. Los bancos han cerrado el grifo de la financiación para este tipo de proyectos. Su viabilidad está en tela de juicio.

El mercado ha caído en todas las costas, aunque hay promotores que lo niegan. "Nuestras ventas no han bajado, ni en el caso de clientes españoles ni en el de extranjeros. Lo que ocurre es que tenemos que hacer un mayor esfuerzo de comunicación", dice José Luis Hernández, presidente de Polaris World, la empresa con más viviendas vacacionales en Murcia.

Las playas peor paradas han sido las de la Costa del Sol oriental, con ritmos de venta inferiores al 2% mensual. En el lado opuesto están Girona, Cádiz, Huelva, y Baleares, con un ritmo de ventas próximo al 5% mensual. En el litoral valenciano los ritmos de venta han pasado del 5,8% al mes al 4,2%, o lo que es lo mismo de 17 meses a casi 24. Se trata de destinos muy densificados de la Costa Blanca y del Azahar, con una gran oferta que genera menor poder vendedor. Murcia se ha convertido en un mercado muy castigado, con algún interrogante sobre la viabilidad de su modelo (resorts de golf).

En la Costa del Sol la oferta de vivienda turística se ha frenado y ha habido un retroceso en los precios. Marbella, Mijas y Estepona son las zonas en las que más se está notando el cambio de tendencia, según Aguirre Newman. La costa norte parecía que se iba a librar de la crisis inmobiliaria, pero no ha sido así, porque son mercados que sufrenmás el recorte en las ventas que destinos turísticos más asentados, explica Pinto. La desaceleración se ha notado más en las plazas clásicas y menos en costas emergentes como la lucense. En Asturias, los incrementos de precios han sido bajos, un 2%, pero han sufrido más en la disminución de ventas.

Precios a la baja

Ante esta situación el sector ha empezado a aflojar, aunque no del todo. El precio medio de un piso nuevo en la playa es de 243.132 euros, 443.551 si se trata de una vivienda unifamiliar. La buena noticia es que a lo largo de este año negociar con el promotor el precio de venta ha sido más fácil que nunca. "Los promotores bajan los precios de forma encubierta, mediante regalos o facilidades, como plaza de garaje gratis. O descuentos, que van del 5% al 10%. Si bajas los precios directamente la gente se espera y no compra", señala Smerdou. Si en 2006 los precios de la vivienda vacacional en costa subieron un 7,5%, para este año se espera que se mantengan alrededor del 3%, calculan en Grupo i. Y con bajadas en algunos litorales.

Algunos promotores han visto las orejas al lobo y no quieren arriesgar. "Cada vez es más frecuente que, una vez edificada, la promoción la coloquen a los fondos de inversión, que suelen destinarlo a alquileres de tiempo compartido", señala Grupo i. Otra salida es la de vender el terreno con proyecto incluido, "algo que está ocurriendo en toda la costa", dicen los expertos, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas promotoras. Son éstas las grandes perjudicadas del batacazo de la segunda residencia en la costa. "Las promotoras locales están cerrando porque el mercado ya no justifica su presencia", indica Pinto. En las grandes hay más cautela.

Sin embargo, las perspectivas ante el año que viene parecen ser mejores. De momento, la inversión extranjera en inmuebles ha crecido un 19,2% hasta mayo. Y los promotores empiezan a comprender que España ya no es un mercado competitivo con respecto a los precios y que deben aportar al cliente un valor añadido que justifique la compra.

El demandante ya no compra si no se tienen en cuenta sus preferencias, sólo entonces el promotor debe elaborar el proyecto y elegir la ubicación, señala Grupo i. Esto es lo que explica que un promotor haya vendido en una feria en Málaga 12 casas en un fin de semana.

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El PIB se ve afectado por la caida del sector residencial
ElEconomista.es - 19 de noviembre de 2007
 
 
La aportación del sector residencial al crecimiento del PIB español cae siete puntos

La desaceleración de la construcción residencial ya se deja notar en la economía española, ya que la contribución del sector al crecimiento agregado del PIB ha sido del 9,3% durante el primer semestre de 2007, lo que supone un retroceso de más de siete puntos respecto al 16,5% que representaba de media en el período comprendido entre los años 2000 y 2006.

Ésta es una de las principales conclusiones que se desprende del último Informe sobre la coyuntura económica elaborado por Caixa Catalunya, que prevé que el número de nuevas viviendas iniciadas durante este año en España caerá un 8%, hasta las 610.000.

El estudio de la entidad de ahorro catalana prevé que esta desaceleración en la vivienda nueva se mantenga también para el año 2008, en el que calcula el inicio de 570.000 inmuebles, un 7% menos que durante este año.

Esta disminución en la obra nueva tendrá un impacto negativo en el crecimiento del PIB y la creación de empleo, aunque Caixa Catalunya confía que "la magnitud de estos efectos se verá atenuada por el dinamismo en otros componentes de la inversión".

Así, por ejemplo, la inversión en bienes de equipo ha crecido a una tasa media anual del 12,2% desde finales de 2005, mientras que el segmento no residencial de la construcción -que supone el 45% del sector- ha aumentado un 5,7% en la tasa interanual en el segundo trimestre de este año, frente al 4,9% del año anterior.

La rehabilitación de edificios, que representa un 30% del sector, y la vivienda protegida, que ha subido más de un 16% en el último bienio, son otros factores que moderarán el efecto negativo.

Crecimiento

La menor contribución del sector de la construcción al crecimiento de la economía española comienza a notarse. En el primer trimestre del año el PIB se incrementó un 4,1%, en el segundo un 4% y en el tercero un 3,8%. Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos detallados de la contabilidad nacinal del tercer trimestre.

Los economistas apuntan a dos factores principales para explicar la descaceleración económica del país: la ralentización de los sectores del consumo y de la construcción. Pero en pleno debate sobre la intensidad de la caída del ritmo de actividad en la construcción tras varios años de boom inmobiliario en España, algunos economistas todavía no se atreven a pronosticar un desenlace convincente.

La previsión de crecimiento del Gobierno para este año apunta al 3,8%, pero el grueso del debate se centra en la escasa probabilidad otorgada por distintas instituciones de que 2008 alcance el crecimiento previsto por el Ejecutivo del 3,3%.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional y rebajó su previsión de crecimiento para España en 2008 en siete décimas hasta el 2,7% y la semana pasada la Comisión Europea la recortó en siete décimas hasta el 3%.

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'Crisis subprime in Spain'
Cotizalia - 19 de noviembre de 2007
 
 
Gaesco provisiona 40 millones de euros y se querella contra clientes

Spanish subprime. El bróker español Gaesco se ha convertido en la primera víctima de la crisis de las hipotecas basura en España. En un comunicado remitido a la CNMV, la sociedad reconoce unas provisiones de 40,6 millones de euros para cubrir las pérdidas "mayoritariamente ya materializadas, en cuentas de clientes, derivadas de operaciones en productos financieros estructurados como consecuencia de la alta volatilidad en los mercados en los últimos meses".

Gaesco realizará desinversiones para afrontar estas pérdidas, con la venta de activos por importe de 37,1 millones de euros y unos beneficios acumulados, antes de impuestos, hasta el 31 de octubre de 8,2 millones de euros. "La Dirección de la Sociedad considera que dichas pérdidas serán parcialmente recuperables a través de la interposición de las oportunas acciones contra los correspondientes clientes", señaló.

El agujero SIV

Los SIV (Special Investments Vehicles) son fondos estructurados que han venido inviertiendo en los últimos años con deuda y de forma apalancada en distintos activos, entre ellos, las ya tristemente famosas hipotecas basura o subprime. El alto índice de impagos con que se inició la crisis ha derivado en una turbulencia global en los mercados de crédito. Son numerosas las entidades que han visto atrapadas sus inversiones en estos activos y han tenido que provisionar cuantiosas cantidades para equilibrar sus balances.

Las pérdidas de Gaesco son las últimas en llegar y las primeras que afectan de forma directa a la cuenta de resultados de una empresa española. Existen precedentes en forma de fondos de inversión de gestoras locales que tenían participaciones en alguno de los grandes vehículos de Wall Street. Esto fue lo que les ocurrió a un fondo de Banca March y otro con sede en Mallorca, así como una decena de entidades expuestas a la crisis, como informó Cotizalia.com el pasado mes de agosto.

Pasado de 'insider trading'

Asimismo, en dicho comunicado Gaesco anuncia que ha aceptado la renuncia y dimisión de Joan-Francesc Gelonch Viladegut como consejero delegado del hólding y de otras cargos dentro de la compañía. Asimismo, Gelonch Viladegut deja su cargo como presidente y consejero delegado de Estubroker, Agencia de Valores.

Según adelantó El Confidencial el pasado mes de marzo, Gelonch Viladegut fue sancionado por el organismo regulador por el uso de información privilegiada. La CNMV multó a Gaesco Bolsa con 100.000 euros por "infracción muy grave" al vender valores sobre los que había expedido "certificado de legitimación". El supervisor ha suspendido de forma cautelar la negociación en la Bolsa de Valores de Barcelona, de las acciones u otros valores que den derecho a su suscripción, adquisición o venta, de la entidad Gaesco Holding.

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'Tongo'
Cartas a la Plataforma (J. Lisazo) - 19 de noviembre de 2007
 
 
El gobierno saca a la venta el patrimonio requisado a un clan de narcotraficantes gallegos: los ingresos obtenidos, se destinarán en planes de prevención de drogodependencias.

Miles de familias en nuestro país, son dependientes forzosos de quienes se dedican con pasión al tráfico de capitales; esclavizados a causa de la especulación en productos de primera necesidad como vivienda y alimentación. Enriquecimiento rápido; una droga que también causa estragos, pero en los mas empobrecidos, merced al libre mercado, consentido por el gobierno.

Sr. Zapatero los cereales y el petróleo afectan por igual al resto de países europeos y la inflación, la contienen. No sirve que diga: “Hacemos lo que podemos”, cuando las diferencias de precio entre origen y destino de los productos alimenticios superan en media el 400%; y en vivienda los márgenes comerciales son mayores...es la llaga provocada por esa brecha social.

Este sobreprecio y el sobregasto en infraestructuras, provoca una sobrerecaudación de IVA, (sólo por el plan de alta velocidad van a recaudar 40.000 millones), sumados los ingresos de la SS e IRPF por la sobrexplotada inmigración, le permite agitar sin rubor agitar su única bandera: “La riqueza de España ha aumentado 265.000 millones”. Así no se mide la riqueza. Riqueza es crear Capital Social, sanando esa llaga en sanidad, educación, vivienda, SMI, pensiones y prestaciones sociales. De todo esto saben mucho los dos sindicatos mayoritarios, enmudecidos en claro tongo social; amancebados con la patronal a cambio de su “libertad” laboral.

Si no es por la inmigración el PIB anual del 4%, hubiese sido un –0,6%....¿dónde está el mérito? Si no es porque mantienen un SMI casi la mitad del promedio europeo; porque hay madres que han criado hijos y sobreviven con 312 al mes; por el trabajo doméstico no cuantificado, por personas dependientes a cargo de sus familias; porque a falta de centros de preescolar, somos los abuelos los que les ahorramos esa inversión etc. Si toda esta recarga a las familias, por falta de inversión en crear estructuras sociales, nos la evitaran, hoy nuestra calidad de vida y Capital Social sería equiparable al europeo.... el estado no estaría tan enriquecido, pero el país si.

A la cola de Europa en gasto social; en competitividad, investigación e innovación en las empresas. A la cabeza en accidentes laborales, consumo de drogas, cilindrada por vehículo y los mas desviados de Kioto, gastando el doble energía para generar el mismo producto. A la cola en gasto por alumno y familiar y en cabeza en fracaso escolar; siendo la precariedad laboral y abandono escolar doble del promedio europeo. Un sistema educativo con alumnos incapaces de transformar información en conocimiento, como base de crecimiento económico a través de la innovación....

La causa: falta de inversión. El motivo: estas inversiones apenas generan IVA. Las consecuencias: un país inculto. El filósofo Eugenio Trías lo reafirma: Ahora España es un país enriquecido, pero los niveles culturales son muy bajos. ¿Somos ricos? .....somos únicos.

 
 
Comunidad de Madrid
 
130.000 CASAS AL MARGEN DE LA LEY
Publico.es (Comunidad de Madrid) - 18 de noviembre de 2007
 
 
Un juez paraliza la urbanización en los Ahijones (Vicálvaro) edificada en suelo protegido que Gallardón reclasificó irregularmente en 1997

“Me han dicho que han parado las obras en los Ahijones. ¿Va en serio? Debe ser por la dichosa sentencia del Supremo del Plan General de Urbanismo de 1997. ¿Qué pasará con nuestras casas? ¿Cuánto se van a retrasar ahora?”. Los foros de los vecinos de los nuevos barrios de Madrid (www.nuevosvecinos.org ) echan humo desde hace días.

Un auto del juzgado 18 de lo contencioso-administrativo ha parado las obras en Vicálvaro de los Ahijones (15.400 viviendas previstas) y hay otra suspensión por aplicar en los juzgados que afecta a los Berrocales (22.235 pisos previstos), según confirmó Beatriz Lobón, gerente de urbanismo a Público. Además, insinuó que tras ésas suspensiones cautelares de los Ahijones o los Berrocales hay una especie de conjura: “Las está pidiendo un grupo de abogados en ámbitos concretos. Saque sus conclusiones”.

La ejecución de la sentencia

Las obras estarán paradas hasta que el Ayuntamiento ejecute una sentencia del Tribunal Supremo de julio de este año. En ella se anulan 24 reclasificaciones de terrenos protegidos. Los Ahijones es uno de ellos. Las había aprobado Alberto Ruiz-Gallardón cuando era presidente de la Comunidad en 1997 pero, según la sentencia, no justificó que hubieran perdido el valor ambiental por el que estaban protegidas.

El contencioso ha tardado 10 años en resolverse y en este tiempo no se ha parado el proceso administrativo en los nuevos desarrollos. “Cuando la justicia tarda diez años en llegar acaba siendo inaplicable. Se ha demostrado que llevábamos razón y que se trata de urbanismo depredador que piensa más en las plusvalías que en la calidad de vida. ¿Y ahora para qué sirve? La aplicación de esta sentencia afectaría negativamente a terceros que esperan sus casas desde hace años”, señala el senador socialista Juan Barranco, que planteó el recurso cuando estaba en la oposición municipal.

El Ayuntamiento tiene apenas dos meses para ejecutar la sentencia pero en cinco de las 24 urbanizaciones ya se han concedido licencias: Portillo de El Pardo, Manzanares Norte, el Salobral-Nacional IV, ciudad aeroportuaria-Parque de Valdebebas y el sistema aeroportuario de Barajas.

El 43% del suelo afectado

El Ayuntamiento insiste en que la sentencia no atañe íntegramente a las 24 urbanizaciones, pero, según su propio informe, afectaría al 43,8% de la superficie en m2 del plan de 1997. Hay desarrollos con más del 70% de superficie mal clasificada: el Ensanche de San Fernando, el Salobral Nacional IV, Aravaca-Monte del Pilar, Ciudad Aeroportuaria y Valdebebas, Campamento y Villaverde-Vereda del Salobral.

Fuentes jurídicas explicaron a Público que la sentencia del Supremo demuestra que las reclasificaciones de suelo “se hicieron sin respetar los requisitos legales y que la única forma de ejecutarla sería demostrando que esos suelos ya no tienen valor ecológico y que no podría recuperarse”.

En Campamento, por ejemplo, se desclasificó una zona de ribera con fresnos, aves migratorias y una avifauna importante. “Es imposible que el Ayuntamiento pueda justificar que ha perdido el valor ecológico”, señalan.Acaba de nacer la Plataforma de Afectados Por el Urbanismo Salvaje (PAUS) : “Queremos alertar de la dimensión que puede tener una colosal estafa en la que se venden pisos en zonas no urbanizables. Hay que corregir el desaguisado descomunal y exigir responsabilidades”.

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12-D: EL SEÑOR GALLARDÓN NOS INVITA A SU GUATEQUE PARTICULAR
Cartas a la Plataforma (Vecinos Sureste) (Comunidad de Madrid) - 10 de diciembre de 2007
 
 
Manifestación en Cibeles Miércoles 12 a las 19 horas



La AAVV del Sureste de Madrid se suma a la protesta que diferentes colectivos madrileños organizan contra la política del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid regida desde hace ya muchos años por el PP bajo el sugerente título de “el señor Gallardón nos invita a su guateque particular” (19 horas, Plaza de Cibeles). Se denunciarán los abusos urbanísticos y la "supuesta" especulación, "posible" prevaricación del consistorio, con menciones a la Operación Guateque, la situación de la Cañada Real y La Sentencia del Tribunal Supremo ganada no sabemos todavía para que por el PSOE y perdida por el PP que paraliza solo los nuestros Desarrollos del Sureste y no ningún otro de Madrid de los 28 que se citan en dicha sentencia y que supuestamente son tan o más ilegales como los nuestros.

¿Por qué esa doble vara de medir del PP? - Hay una sentencia del Tribunal Supremo. - Se ha cometido un delito y habrá unos delincuentes... - Entonces hay unos responsables detrás de dicho delito. - También hay unas victimas que somos nosotros después de 11 años de espera muchos de nosotros. - Pedimos que se nos trate por lo que somos por su culpa, como afectados, que se nos damnifique por ello y que los delincuentes estén donde tienen que estar.

Esto es una toma de contacto para posteriores actuaciones reivindicativas, Campañas de presión. No dejes el peso de esto para otros, llévalo tú que antes llegaremos a ese destino y proyecto común que son nuestras viviendas, quien mejor que tú mismo para luchar por lo que es tuyo, tus derechos y por lo que has pagado o estás pagando muy, muy caro y sin obtener ninguna contraprestación excepto engaños, mentiras, retrasos, gastos en alquileres por muchos años, dijese dinero que tiramos mes a mes a la basura por culpa de Gestores y Administración. Se os seguirá informando de todo lo que conlleva esto.

No más retrasos, mentiras y argucias en contra de nuestros intereses.

Atentamente AAVV del SURESTE DE MADRID www.vecinosdelsureste.com 677.630.810 ASOCIACION DE VECINOS DEL SURESTE

 
 
Ayto. de Madrid pretende seguir incumpliendo una sentencia
Cartas a la Plataforma (PAUS) (Comunidad de Madrid) - 20 de noviembre de 2007
 
 
Del tribunal supremo, perjudicando grávemente a miles de vecinos que pueden perder sus viviendas. El ejecutivo de Ruiz-Gallardón pretende aprobar un Documento Complementario a la Memoria del PGOUM-97 con el fin de eludir la justicia, cuyo Tribunal Supremo ha declarado ilegal la urbanización de más de 3 millones de Ha. Esta actitud, además de ILEGAL y destructora del medio ambiente especialmente protegido, puede ocasionar un daño irreparable a los aproximadamente 150.000 vecinos que están afectados por esta irregular tramitación urbanística, y cuyas viviendas se encuentran fuera de la legalidad

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, atendiendo a un recurso contencioso administrativo presentado contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid de 17 de abril de 1997, por la que se hicieron públicos los Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid relativos a la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, emitió un fallo el 27-2-2003, que estimaba dicho recurso, ANULANDO el referido acuerdo en aquellas determinaciones que suponen la desclasificación de terrenos clasificados en el Plan General de 1985 como Suelo No Urbanizable de Especial Protección en 28 ámbitos.

En aquel año 2003, en lugar de cumplir con la sentencia y arreglar el desaguisado urbanístico provocado, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid cumplieron aquella sentencia, y presentaron recursos de casación contra la misma.

Cuatro años más tarde, el 3 de julio de 2007, la sala 3ª y sección 5ª del Tribunal Supremo emitía un nuevo fallo, por el que aceptaba el recurso en lo referido a 5 ámbitos, y “confirmamos en lo restante los pronunciamientos de aquella sentencia”.

Estamos refiriéndonos a 24 ámbitos que abarcan casi 90 millones de metros cuadrados, que el PGOUM-97 declaraba urbanizables, y en los que se pretendían levantar un total de unas 135.000 viviendas; pero en ellos hay suelo no urbanizable de especial protección, y que por lo tanto hay que respetar, abarcando una superficie de casi 35 millones de metros cuadrados, es decir un 38% de la superficie total.

En uno de esos ámbitos, Los Ahijones, se ha producido un auto judicial, de fecha 27-09-2007 en el que SE ACUERDA LA SUSPENSIÓN del Acuerdo Segundo de la Junta de Gobierno del AYUNTAMIENTO DE MADRID de fecha 4 de Enero de 2007, por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización del ámbito de suelo urbanizable programado UZP 2.03 "Desarrollo del Este-Los Ahijones", porque el plan a ejecutar ha sido anulado por la sentencia de la Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 27 de Febrero de 2003, … por tratarse de suelo calificado como no urbanizable de protección por el Plan General. A su vez dicha sentencia ha sido confirmada en casación por la del Tribunal Supremo de fecha 3 de Julio de 2007

Parece no haber duda de la nulidad del PGOUM de 1997 en los ámbitos afectados por dichas sentencias, pero ni el equipo de gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón, ni el autonómico de Esperanza Aguirre, parecen querer enterarse. Al retraso de cuatro años desde la primera sentencia, se están sumando los meses transcurridos desde la del Tribunal Supremo, lo que está agravando aún más la situación de los vecinos afectados.

Es claro que lo único que se puede hacer a partir de ahora es la elaboración de un nuevo Plan General que respete la legalidad vigente. Sin embargo, y de manera irresponsable, el gobierno municipal sólo contempla la elaboración y aprobación de un anexo con la intención de subsanar “un defecto de forma, no de contenido”, según ha declarado recientemente Pilar Martínez, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Esta inútil e ilegal operación se pretende realizar en dos fases: La primera el miércoles 21 de noviembre en la Comisión de Urbanismo, que tiene como Punto 8. la Propuesta para ejecutar la sentencia nº 216, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de julio de 2007, mediante la aprobación de la Documentación Complementaria a la Memoria del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa a la subsanación de las determinaciones de clasificación de suelos no urbanizables protegidos, anulados por las referidas sentencias. Y la segunda parte consistiría en la aprobación de esta “Documentación Complementaria” en el próximo Pleno Municipal del 28 de noviembre.

Esta medida es inútil, ya que en la actualidad el PGOUM-97 es NULO en los ámbitos referidos, y por lo tanto no admiten subsanaciones ni reformas, sino una nueva aprobación, con todos sus trámites. Todo el tiempo que demoren esta medida, será más tiempo a añadir al padecimiento de los vecinos afectados, y quienes contribuyan a prolongar este padecimiento tendrán que responder ante la ciudadanía y los tribunales.

En estos momentos todas las disposiciones y acuerdos adoptados en estos ámbitos son nulos de pleno derecho, y se irán produciendo en cascada nuevas paralizaciones de los proyectos de urbanización, obras, etc., como ha empezado en el caso de los Ahijones. Por ese mismo motivo todas las posibles comercializaciones de suelo y viviendas que se hayan producido o se sigan produciendo sobre estos suelos, carecen de la cobertura legal, con lo que podemos estar asistiendo a una estafa de colosales dimensiones, con el beneplácito de unas administraciones que se niegan a cumplir una sentencia judicial firme. Las viviendas levantadas en suelo fuera de la legalidad, siempre estarán amenazadas de posible demolición, algo que nos recuerdan casi todos los días los medios de comunicación.

Estas actitudes obstruccionistas de los responsables municipales y autonómicos están tipificadas en el código penal, y no es descartable que en Madrid se produzcan situaciones como las vividas últimamente en Marbella y otros municipios españoles. Incluso hay que preguntarse si las recientes detenciones y procesos abiertos en las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid no tendrán algo que ver también con las sentencias a que nos estamos refiriendo.

- Por un urbanismo que respete la legalidad y el medio ambiente

- Por la aceleración de los procesos burocráticos y legales

- Garantía a los vecinos afectados de todas las cantidades aportadas.

- Por el derecho a techo en condiciones dignas, justas y saludables.



20 de noviembre de 2007

Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje

http://webpaus.blogspot.com/

 
 
'La corrupción campaba a sus anchas'
El País (Comunidad de Madrid) - 23 de noviembre de 2007
 
 
Los investigadores destapan "la impunidad" con la que operó durante "muchos años" la trama de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid

La Guardia Civil lo define así: "Desde hace algunos años, muchos años, la trama de corrupción viene campando a sus anchas y con toda la impunidad de que es capaz entre los distintos escalones funcionariales del Ayuntamiento de Madrid, arrastrando en su indiscutible ánimo de enriquecerse a personas que a lo único que aspiran es a aperturar sus negocios y trabajar en paz,..." [VER EL MAPA DE LA CORRUPCIÓN AMPLIADO]

Ninguno de los Gobiernos municipales que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid -el PP manda desde 1989- puede mirar hacia otro lado ante la trama de corrupción destapada con la Operación Guateque, donde han participado funcionarios cualificados. El análisis del equipo investigador de la Guardia Civil profundiza en la mayor trama de corrupción descubierta en la capital: "Si la investigación continuara durante muchos meses más, es obvio que saldrían a relucir otros nombres y otras caras de funcionarios e industriales y profesionales de los ramos de la ingeniería y de la arquitectura implicados en esta presunta trama de corrupción".

El juez Santiago Torres, que investiga el caso desde hace meses, destaca en uno de sus escritos tanto "la gravedad de los hechos que se imputan como la alarma social que normalmente provocan en la ciudadanía, al suponer una quiebra de la confianza ciudadana depositada en quienes democráticamente han de gestionar intereses públicos".

Medio Ambiente

La impunidad con la que han actuado estos funcionarios coexiste con un hecho de signo contrario: la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente ha sido plena desde que se iniciaron las pesquisas judiciales cinco meses atrás, según la Guardia Civil. Y su ayuda ha sido decisiva para aportar 193 expedientes que habían sido tramitados supuestamente en un tiempo récord. De esos expedientes, los investigadores se centraron en 187 cuya agilidad en la tramitación resultaba clamorosa. Si el tiempo habitual para conseguir la licencia es de dos años, dichas peticiones de autorizaciones para abrir nuevos locales habían consumido menos de un mes. Y no afecta a uno o dos distritos. Los expedientes sospechosos salpican todo Madrid (al menos 17 de los 21 distritos, según la investigación).

La trama, asentada en diversas dependencias del Ayuntamiento, había logrado uno de los más ambicionados retos de la Administración pública para agilizar la atención burocrática: habían establecido una ventanilla única, ilegal, pero única.

Los propios funcionarios, según han confesado al juez, recomendaban las gestorías más eficaces para tramitar sus asuntos. Y tales empresas conchabadas pagaban a los funcionarios por remitirles clientes. En ocasiones, los empresarios también pagaban directamente a los funcionarios, según la investigación.

A medio camino entre los funcionarios y peticionarios de licencias se constituyó una red de conseguidores -"buscavidas", según la definición de los investigadores- que actuaban de enlaces, o empresarios del gremio de la arquitectura y de la ingeniería. Todo quedaba en manos de la trama: uno realizaba la obra, otro le daba licencia y el intermediario gestionaba los pagos y los encargos.

Tan segura se sentía la trama que el funcionario Victoriano Ceballos razonaba así a un socio de AC93, empresa implicada: "Entiendo que tú y yo somos de los que opinamos que es preferible tener diez migajas que no pegar un golpe". No obstante, aseguraba que no era el criterio de su jefe en Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, quien le decía: "Mira, Victoriano, prefiero hacer una cosa al año". Una trama tan estable que si uno de los funcionarios conchabados estaba de vacaciones se exigía comisión para su sustituto. Incluso, en ocasiones se infiere que existía cierta competencia entre los funcionarios para cobrar la mordida. No en vano, se quejan "de que otros funcionarios se les han adelantado en la llevanza de determinados expedientes por cuya marcha se han interesado para intentar cobrar una comisión".

Del osado juego del despacho de ingeniería de Antonio Sanz Escribano, considerado uno de los principales recaudadores, dan cuenta las numerosas llamadas con teléfonos del Ayuntamiento que ha descubierto la investigación. El tono de las conversaciones entre miembros de la trama es indisimulado:

-Oye, bueno, que ya sabes les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 para cada uno, porque los otros 1.000 son para hacerle un regalito a la chica que está en la Junta de Distrito.

-Muy bien.

-¿Te parece correcto?

-Me parece correcto.

La trama de corrupción fue investigada durante cinco meses a través de grabaciones de teléfono y de seguimiento a los distintos implicados.

Tras considerar madura ya la investigación, el juez ordenó el pasado 14 de noviembre las primeras 16 detenciones y numerosos registros en los lugares de trabajo y los domicilios particulares de los implicados.

El juez ha dictado hasta ahora autos de prisión para tres funcionarios, un ex funcionario y dos miembros de una empresa de ingeniería a los que atribuye la intermediación para el pago de comisiones ilegales. Otros tres funcionarios y un trabajador autónomo han sido puestos en libertad bajo fianza. Entre los delitos que se imputa a la trama figuran los de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

"Es preferible tener 10 migajas"

Victoriano Ceballos, jefe de División de Análisis Ambiental, encarcelado por decisión del juez en relación con la trama corrupta, habla con un socio de AC93, la empresa intermediaria que lograba licencias a cambio del pago de comisiones ilegales: "Entiendo que tú y yo somos de los que opinamos que es preferible tener diez migajas que no pegar un golpe". El jefe de Victoriano le decía: "Mira Victoriano, prefiero hacer una cosa al año".

"Ya sabes, les pedí un kilito"

Habla un intermediario con el jefe de División de Análisis Ambiental del Ayuntamiento de Madrid.Intermediario. "Oye, que bueno, que ya sabes, les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir. 2.500 cada uno, porque los otros 1.000 son para hacerle un regalito a la chica que está en la Junta de Distrito".Victoriano Ceballos. "Muy bien".Intermediario. "¿Te parece correcto?".

"¿Y mi comisión por la licencia?"

Una funcionaria de la Junta de Distrito de San Blas habla por teléfono con Antonio Sanz Escribano, uno de los principales intermediarios, propietario de una empresa de ingeniería, que está en prisión por orden del juez.Funcionaria. "¿Y mi comisión por la licencia [concedida a la Fundación Tejerina]?".Antonio Sanz Escribano. "No te preocupes. Te daré de 2.500 a 3.000 euros".

"Hay que repartir con la jefa"

Un intermediario que gestiona la licencia para un local privado, habla con el jefe de División de Análisis Ambiental. Se trata de agilizar la tramitación de una licencia municipal.Victoriano Ceballos. "Me tienes que dar 3.000 euros para repartir con mi jefa si quieres que adelante el expediente".Por este sistema, algunos trámites tardaban 40 días cuando lo normal eran dos años.

"Ya tiene su comisión lista"

En el despacho profesional de AB Sanz Escribano, Ingenieros Consultores, se tramitan licencias del Ayuntamiento de Madrid. El dueño del despacho, Antonio Sanz Escribano, habla con una de las empleadas respecto a la tramitación de una licencia:Sanz Escribano. "Dile al funcionario de Chamberí que ya está preparada su comisión por lo de Alfonso Romea", en relación con una licencia sobre un bar de copas.

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5 imputados por cobrar dinero negro en la venta de VPOs
El País (Comunidad de Madrid) - 26 de noviembre de 2007
 
 
La trama operaba en Arganda e implica al mayor constructor de la localidad

El mayor constructor de Arganda del Rey, J.S.P., está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda del Rey por el supuesto cobro de dinero negro en la venta de decenas de viviendas protegidas en la localidad. Junto a S.P. han sido imputados por los delitos de estafa y fraude fiscal el dueño de la inmobiliaria Vilsa, F.J.V.A., su yerno, M.T.R., y dos trabajadoras de Vilsa. El juez también investiga un posible delito de coacciones al que T.R. habría incurrido al presionar a una denunciante para que retirara una denuncia presentada contra la trama.

Los imputados, que también están siendo investigados por el Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades fiscales, exigían a los compradores una cantidad de entre 40.000 y 69.000 euros en dinero B o negro. El caso se refiere a dos promociones con un total de 136 viviendas situadas en la confluencia de la avenida de la Tolerancia y la calle de la Comprensión, en las zonas de nuevo desarrollo del municipio. Las casas fueron vendidas a lo largo de 2005 y hasta el momento se desconoce cuántas habrían sido vendidas con el sobreprecio ilegal.

Hasta el momento, una veintena de compradores, algunos denunciantes y otros como testigos, han acudido a declarar ante la juez que instruye el caso. Todos ellos han confirmado el pago del dinero negro, que les era exigido con el argumento de que "era para otras personas que habían comprado antes el piso sobre plano y que se habían arrepentido", según la declaración de uno de los testigos llevada a cabo el pasado 22 de octubre.

Un informe de la Guardia Civil, incluido en las diligencias y fechado el pasado 13 de junio, corrobora los pagos irregulares. Tras investigar decenas de contratos de compraventa y la documentación aportada por los compradores denunciantes, la Guarda Civil concluyó que "la promotora a algunos de los compradores, sobre todo de las últimas fases, les exigía el pago de cierta cantidad de dinero en B".

La Guardia Civil también concluye que la promotora de S.P. "ha cobrado de más a los propietarios que lo que la Comunidad de Madrid estipuló" en la Calificación Definitiva de Viviendas con Protección Pública. Una tercera irregularidad sería la venta de trasteros, que en la Calificación constan como "vinculados a los pisos" y que fueron cobrados por separado.

Una última irregularidad comprobada por la Guardia Civil raya la usura. Se trata del caso de una compradora a la que la hipoteca obtenida en el banco se le quedaba 9.000 euros corta para llegar al precio de venta del piso. "La promotora prestó a la manifestante 9.000 euros que le faltaban mediante la firma de 60 letras de cambio de 210 euros". Es decir, le cobró un total de 12.600 euros a cinco años.

Este caso, además, pone de manifiesto cierta connivencia entre la promotora y la entidad financiera, que no es citada por su nombre en el informe: "La cantidad de 9.000 euros pedida a S.P. la solicitó a éste por recomendación del banco donde había pedido el préstamo hipotecario", concluye el informe de la Guardia Civil.

La juez instructora investiga si es cierto, como intentan demostrar los abogados de los afectados, que la trama exigía y cobraba el dinero en las oficinas de Vilsa y éste era posteriormente entregado a S.P. En todas las ocasiones, según los denunciantes y testigos, las empleadas de Vilsa cogían el dinero, lo contaban y lo introducían en una bolsa. Poco después, les acompañaban a las oficinas de S.P. a firmar el contrato de compraventa.

Hasta el momento, sólo han declarado ante el juez V. y T. S.P. y las dos empleadas de Vilsa lo harán en las próximas semanas. El promotor ya ha avanzado a varias personas relacionadas con el caso que él no se ha llevado "ni un euro en dinero negro" y que no se hace responsable de lo que haya podido hacer Vilsa.

V., dueño de la inmobiliaria, compareció ante el juez el pasado 23 de octubre. Allí fue interrogado sobre varios casos y negó que, en uno de ellos, exigiera 56.750 euros a unos clientes "si querían firmar escrituras". En su declaración también eludió cualquier responsabilidad, aunque en este caso no salió en defensa de sus empleadas al afirmar desconocer si "éstas han acompañado a clientes de Vilsa a las oficinas de S.P., supuestamente para entregar al promotor el dinero que los clientes pagaban en negro.

T.R., por su parte, también negó ante el juez haber exigido a una cliente 40.200 euros ni haberla amenazado para que retirara la denuncia presentada contra la trama.

¿Dónde están los billetes?

La trama organizada en Arganda para el cobro de cantidades millonarias en dinero negro en la venta de viviendas protegidas esconde un gran interrogante que será clave en el proceso judicial en marcha. La pregunta a responder es adónde ha ido a parar el dinero negro, casi todo en billetes de 100, 200 y 500 euros, pagado por los compradores.

Las declaraciones de la veintena de compradores que han comparecido delante del juez se parecen como gotas de agua al describir el proceso de compra de la vivienda protegida y el pago de dinero negro. Los clientes acudían a Vilsa para informarse de la posibilidad de comprar un piso protegido. Allí se les decía que un requisito imprescindible era no tener ninguna vivienda en propiedad, por lo que Vilsa se ofrecía para vender primero la que tuvieran.

Tras la venta, Vilsa informaba de la necesidad de pagar entre 40.000 y 69.000 euros a una supuesta familia que había renunciado a quedársela. La ruptura de un matrimonio era la razón utilizada para justificar que alguien renunciara a comprar un piso protegido cuyo precio era más de un 30% inferior al de mercado.

Varios compradores han afirmado ante el juez la sorpresa que se llevaron en la firma del contrato de compraventa al ver que el vendedor era el propio S.P. y no la supuesta familia.

Para proceder a la compra de la vivienda protegida, Vilsa se reunía con los compradores en sus oficinas. Allí, una empleada les hacía subir al primer piso, donde contaba el dinero con una máquina antes de introducirlo en una bolsa. Posteriormente, la misma empleada acompañaba a los compradores a las oficinas de S.P. para firmar el contrato de compraventa.

La clave, que hasta el momento no ha podido ser desvelada, es si el dinero se quedaba en Vilsa o era llevado hasta las oficinas de S.P. por la misma empleada cuando acompañaba al cliente.



 
 
Guerra abierta entre la familia San Román y Bitango
El Confidencial (Comunidad de Madrid) - 26 de noviembre de 2007
 
 
Por impagos en una promoción de viviendas protegidas en Arroyomolinos

Guerra abierta entre la familia San Román y Bitango por impagos en las polémicas viviendas protegidas de la promotora en la Comunidad de Madrid. Sucede que a la constructora Edisan, que preside José Antonio, el sobrino de Fidel San Román, le faltan cerca de 800.000 euros en concepto de facturas por la construcción de la promoción Residencial Xanadú I de Arroyomolinos. Y ni corta ni perezosa, le ha enviado una carta a la treintena de vecinos exigiéndoles el pago inmediato. Da la casualidad de que el propio Fidel San Román vendió a Bitango los terrenos, que pertenecieron a la familia Franco, sobre los que hoy se asientan dichas viviendas protegidas.

“No entendemos por qué no se ha pagado ese dinero”, se asombra uno de los propietarios, que ha asegurado que la carta ya está en manos de sus abogados. Este vecino asegura que su casa, catalogada como VPPB –vivienda de protección pública básica- no podía costar más de 150.000 euros, pero ha desembolsado a Bitango 80.000 euros de más en concepto de gestión y mejoras.

Portavoces de la promotora que administra Jesús Rey han declarado a El Confidencial que asumen el pago que pide Edisan a los vecinos, montante que reclamará a la constructora. Por su parte, desde la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid afirman no tener constancia de la existencia ni del impago ni de las cartas, pero que las facturas las ha de pagar la promotora. Hasta 53 expedientes sancionadores, que afectan a un millar de viviendas, ha registrado el Defensor del Pueblo contra Bitango por denuncias de irregularidades cometidas por esta empresa.

Xanadú I no es la única promoción de vivienda protegida de Bitango en la que la constructora de José Antonio San Román ha chocado con la promotora. De hecho, Edisan ha sido sustituida recientemente por FCC y Pedralbes en la construcción de Villa de Zarzalejos IV, también en Arroyomolinos. Este diario ha preguntado tanto a Edisan, como a FCC y a Pedralbes por los motivos de esta sustitución pero ninguna de las constructoras ha respondido. “No hay ninguna promoción paralizada”, sostienen portavoces de Bitango.

El pasado mes de julio, este diario dio cuenta de la paralización temporal de la promoción de vivienda protegida de Bitango Campus de Fuenlabrada III, por impagos a la constructora, en aquel caso Conait, a la que le debía más de 1,5 millones de euros. Diferencias que fueron posteriormente salvadas.

Fidel San Román, imputado en el Caso Malaya de corrupción urbanística en Marbella, es un constructor conocido en la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre. En su faceta de empresario taurino posee ganadería propia y gestionó la Plaza de Toros de Las Ventas, junto con Ramón Calderón, presidente del Real Madrid y José Antonio Martínez Uranga, Choperita, actual gestor, no sin polémica, de la plaza más importante del mundo. De casta le viene al galgo. Edisan se dedica también a la construcción de plazas de toros en la Comunidad de Madrid, como la de Valdemorillo y Navalcarnero. Asimismo, Antonio San Román, es dueño del hierro Torrestrella.

Los vínculos con la ‘casa blanca’

De Las Ventas, al Bernabéu. Son muchos los vínculos entre la casa blanca y Bitango. Comenzando por el origen mismo de la promotora, en el pasado llamada Bimarán, sociedad limitada constituida en 1998 y dedicada al alquiler de bienes inmuebles que estaba participada al cien por cien por Inversiones Mendoza Solano, SL, presidida por el ex presidente del Real Madrid, el fallecido Ramón Mendoza. De las paredes del despacho de Lubillo, abogado de Bitango, cuelga la fotografía del madridista Raúl.

Destacadas glorias madridistas de ayer, como Fernando Hierro y de hoy, como Iker Casillas, han dispuesto como inversión de viviendas protegidas de Bitango en la Comunidad de Madrid, tal y como ha detallado profusamente este diario. El mercadeo por parte de empresas, futbolistas y abogados con viviendas protegidas es una de las razones que ha encarecido los precios de las mismas hasta llegar a anunciarse por el doble de su precio protegido, obligando a los compradores finales a pagar altas sumas en dinero B.

A todo esto, en un contexto de endurecimiento crediticio internacional y de aterrizaje brusco del sector inmobiliario español, el apartado de evaluación de crédito en el registro mercantil refleja que Bitango tiene una rentabilidad media, una tesorería degradada, un equilibrio deteriorado y un endeudamiento pesado. A fecha del mes de octubre del presente año, su calificación de solvencia era de siete puntos sobre 20.

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El derecho a la vivienda en Getafe
DiarioSigloXXI.com (Comunidad de Madrid) - 16 de noviembre de 2007
 
 
Getafe anda revuelto. Desde hace algún un tiempo sus calles se llenan periódicamente de concentraciones, manifestaciones y contramanifestaciones con sus consiguientes pitadas, puesta de pegatinas y pegada de carteles. Y todo esto no sería más que una anécdota si lo que estuviera en peligro no fuera uno de los derechos básicos de los ciudadanos: la vivienda. Al frente de este conflicto las cada vez más conocidas siglas de PSG (propietarios del suelo de Getafe), empresa que gestiona a dos cooperativas: Cuna de la aviación Española y Getafe Capital del Sur, nacidas en el 2003 con el objetivo de conseguir para sus socios vivienda pública (VPPB y VPPL).

Y de fondo la Administración: Ayuntamiento de Getafe y Comunidad de Madrid que, a través de un Consorcio Urbanístico creado al efecto, intentan gestionar el desarrollo de unas 12.000 viviendas en unos terrenos que eran (son aún) de propiedad privada en los sectores denominados Los Molinos y Buenavista de esta localidad.

Y el porqué de esto es fácil de entender.

1. La administración promueve un sistema de expropiación forzosa para llevarlo a cabo amparándose en el supuesto de utilidad pública. Expropiar terrenos para su posterior adjudicación a gestoras, inmobiliarias y empresas para que éstos lleven a cabo la promoción de las viviendas.

2. Los cerca de 2000 socios de las cooperativas ya mencionadas, que son propietarios de unos 500.000 metros cuadrados de esos mismos terrenos, se resisten a la expropiación con la convicción de que el objeto de estas nuevas adjudicatarias es, en su mayoría, el ánimo de lucro con la operación, mientras que estos cooperativistas pretenden conseguir vivienda pública, compartiendo así el mismo fin que persigue el Plan General de Ordenación Urbana que el consistorio redactó en su día para estos sectores.

Antes de las elecciones municipales de mayo de este año, se reunieron las dos partes para intentar llegar a un acuerdo con el fin de desbloquear la situación, y nueve días antes de su celebración se firma un acuerdo en el que los representantes de los grupos políticos del PSOE y del PP reconocen a los cooperativistas la propiedad de los terrenos en cuestión y se comprometen a la firma de lo que denominan por escrito: “un convenio urbanístico de ejecución del planeamiento por mutuo acuerdo mediante permuta”, eso sí, condicionado a que, una vez ratificado y plenamente ejecutivo, sean retiradas las acciones judiciales que las cooperativas tienen interpuestas y que recurren el plan parcial y el proyecto de expropiación y delimitación. Se abstiene de firmar este acuerdo el grupo de IU dejando claramente de manifiesto su oposición, así como la intención de impedir en la medida de lo posible que llegue a buen puerto el convenio firmado.

En los resultados de las elecciones el PSOE consigue 13 concejales, pero le falta uno para poder gobernar en mayoría y Pedro Castro negocia la alcaldía con IU, al igual que en las últimas legislaturas, para poder mantenerse como edil de Getafe una legislatura más. Pero su conocido socio exige que se reconsidere el convenio recién firmado con las cooperativas, y al que claramente no se había sumado, a lo que Pedro Castro accede y por tanto da marcha atrás ante su promesa de la semana anterior.

Los socios de las dos cooperativas afectadas, con David Moreno al frente (David Moreno es el gestor de PSG, al que algunos medios empiezan a calificar como el nuevo “Pocero de Getafe”) comienzan su particular batalla para no quedarse fuera del plan y poder obtener sus viviendas, echándose a la calle y entrando en los terrenos de los que siguen siendo propietarios. Los medios de comunicación que se hacen eco de la noticia los califican de OKUPAS, y el Alcalde arremete contra ellos involucrando a la policía nacional en este turbio asunto y de manera ilegal, cuando consigue que la delegada de gobierno en Madrid envíe a la zona a los antidisturbios para que procedan al desalojo de los terrenos sin orden judicial que lo justifique.

Mientras tanto, el consorcio retira a las cooperativas las dos parcelas que les había adjudicado para construir 348 viviendas de las 1800 demandadas por ellas, y que éstas se niegan pagar por segunda vez, dado que son suyas. El Consorcio decide adjudicar estas parcelas a otras empresas o cooperativas afianzando los que muchos opinan sobre que se está intentando repartir todo el terreno lo antes posible (aún cuando se está haciendo de manera ilegal, ya que ni siquiera han conseguido expropiarlo todavía) para que el juez en el momento de tener que dictar sentencia, se vea en la disyuntiva de tener que fallar a favor de las tesis del Consorcio dado el enorme perjuicio que se ocasionaría a terceros.

El ayuntamiento de Getafe a través de una lista de demandantes de vivienda realiza un sorteo para que a todos aquellos que estando en cooperativas y que no han sido adjudicatarias en el concurso, sean derivados hacia otras cooperativas que no tienen socios y sí que han obtenido terreno para edificar haciendo de todo una autentica paradoja. Pero el sorteo ha sido recurrido, existen demandantes que han desaparecido de esta lista, otros están repetidos, y entre otras irregularidades más, no se está respetando el número de orden conseguido en el sorteo. En un sorteo son los agraciados los que eligen, conociendo toda la oferta, y respetando el orden de dicho sorteo, siendo en este caso como en el mundo del revés, que son los vendedores quienes seleccionan y eligen a los agraciados.

Todas las partes tienen el derecho a defender su interés, pero no nos engañemos, lo que se cuece detrás de todo este tinglado es el beneficio económico de los promotores, constructores, o como les llamamos en Getafe, los ladrilleros. Bajo el amparo del ayuntamiento y con la excusa de ofrecer a los ciudadanos una vivienda digna, cuando el resultado es un confinamiento en minipisos a maxiprecios que lo único que consigue es que vaya en detrimento el derecho a la vivienda.

Y, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia, ha habido que salir a la calle a exigir y defender los derechos. Almudena Del Pozo (Getafe)

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El Álamo no llega a fin de mes
El País (Comunidad de Madrid) - 19 de noviembre de 2007
 
 
Los 148 empleados municipales tienen problemas para cobrar su nómina

Un cartel situado a pocos metros del Ayuntamiento de El Álamo anuncia la próxima construcción de un centro para mayores en un solar adquirido por el Consistorio. No será este año. Con toda probabilidad tampoco el que viene. No hay dinero para acometer ese proyecto en el municipio. No hay dinero casi para nada.

Lo reconoce el propio alcalde de la pequeña localidad de menos de 7.000 habitantes, Jesús Arribas, del PP, quien hace unos días se reunió con los representantes de los trabajadores municipales para decirles que a duras penas podrán pagarles la nómina de octubre y que, a partir de ahí, nada. El Ayuntamiento no sabe si podrá pagar la de noviembre, diciembre... Son unos 200.000 euros mensuales sólo en sueldos de los 148 trabajadores que tiene el consistorio.

"Si se llega a la situación de que no se puede pagar a un trabajador, entonces es que no habrá dinero ni para la luz", dice un trabajador del centro cultural. Los trabajadores aseguran que seguirán trabajando porque es su obligación, pero harán paros de media hora de protesta.

La explicación a esta situación la tiene, en parte, una de las personas más buscadas en el Ayuntamiento, el interventor municipal: en los últimos años se presupuestaron ingresos en conceptos urbanísticos provenientes del Plan General de Ordenación Urbana que no llegaron a materializarse, ya que el planeamiento aún no se ha aprobado. Eso generó un descuadre entre ingresos y gastos que ha provocado la situación actual. El alcalde de la ciudad señala directamente a los diferentes gobiernos centrales, que "no han solucionado la financiación de los ayuntamientos", que acaban dependiendo del urbanismo para sobrevivir.

El Ayuntamiento de El Álamo tiene ahora un agujero de 6 millones de euros. Eso sin contar con la Empresa Urbanizadora de El Álamo, en quiebra y en manos de un juez. Eso, según el interventor, "obliga a un plan de saneamiento para que en tres años desaparezca ese agujero". "Ahora mismo todo nuestro trabajo es buscar financiación, en el día a día para mantener un Ayuntamiento", reconocen fuentes municipales. Según los socialistas, el ayuntamiento va a privatizar el servicio de basuras.

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Catalunya
 
SOBRE LA FIRMA DEL PACTO NACIONAL POR LA VIVIENDA
Redacción PVD Catalunya (Catalunya) - 08 de octubre de 2007
 
 
Hoy varias entidades están convocadas por el Gobierno catalán a la firma del Pacto Nacional por la Vivienda, instrumento que guiará el sector de la vivienda en los próximos 10 años en el territorio de Cataluña. El pacto prevé la construcción de 160.000 pisos protegidos (17.000 anuales en los próximos 9 años), la movilización de suelo para levantar 400.000 de todo tipo, y una inversión total de 8.221 millones de euros.

La firma del pacto coincide con unas recientes, desastrosas, noticias. Si hasta hace poco se nos recordaba que “los precios de la vivienda nunca han bajado ni bajarán”, los agentes de la propiedad inmobiliaria de Barcelona en cambio reconocen que en diciembre habrá una caída de precios del 10% respecto al año anterior y una reducción del 75% en las ventas. ¡Estimaciones cuanto menos optimistas! Después de 10 vergonzosos años en los que el precio medio del metro cuadrado subió del 245%, mientras los salarios solo del 30%, el Gobierno catalán nos parece advertir de quienes fueron las reales victimas del fin de la era del ladrillo: los constructores, los promotores, las agencias inmobiliarias y los bancos. Los mismos que hicieron que la vivienda se convirtiera en mercancía y la ciudad en negocio.

La Plataforma considera que cualquier política que quiera afrontar el tema del acceso a la vivienda no pueda basarse solo en la promesa de construir nuevas VPO (en el 2006 fueron solo 3.803 las viviendas protegidas que se terminaron en Cataluña). En el 2001, en el territorio catalán, existían 414.234 casas deshabitadas, 93.717 solo en la ciudad de Barcelona, datos en los que no se computan las 600.000 segundas residencias. No obstante este dato, desde el 1999 hemos ido construyendo 90.000 viviendas más de media cada año. El horizonte de grúas con el que nos habéis acostumbrado a vivir lo dice todo sobre vuestra idea de sostenibilidad, de respecto del territorio y de gestión eficaz de recursos.

Tras las manifestaciones del 6 de octubre, desde la Plataforma queremos reafirmar nuestro apoyo a los movimientos sociales que en estos momentos reivindican el derecho a la vivienda como el derecho a la ciudad.

La Plataforma por una vivienda digna propone, entre otras medidas:

- Que se priorice el uso de las viviendas ya construidas, haciendo aflorar las viviendas deshabitadas a través de la presión fiscal.

- Que se cree un parque de viviendas a precio accesible, priorizando el alquiler en lugar de la compra.

- Que se establezcan medidas de control y lucha contra los numerosos fraudes inmobiliarios.

- Que las listas de adjudicatarios de las VPO sean de gestión publica y transparente.

 
 
Can Ricart
Accionistes de Can Ricart (Catalunya) - 16 de noviembre de 2007
 
 
L'Associació de Veïns del Poblenou interposa un recurs contenciós contra el Departament de Cultura de la Generalitat.

vegeu el video de la destrossa que s'està practicant a Can Ricart amb el vist i plau del Departament de Cultura de la Generalitat

http://www.vilaweb.tv/?video=5008

L'Associació de Veïns del Poblenou interposa un recurs contenciós contra el Departament de Cultura de la Generalitat per tal de deixar sense efecte les resolucions que estan propiciant l'enderroc d'algunes parts del recinte fabril de Can Ricart.

Mentre les excavadores estan enderrocant diversos edificis del conjunt històric fabril de Can Ricart amb el permís de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, el mateix departament de qui depenen la protecció del patrimoni està retardant expressament l'expedient per declarar Can Ricart Bé Cultural d'Interès Nacional, màxima qualificació del patrimoni català.

La increïble i contradictòria actitud del departament de Cultura, que autoritza enderrocs mentre tramita l'expedient de declaració patrimonial va ser denunciada la setmana passada per representants d'entitats ciutadanes davant del Conseller de Cultura JM Tresserras. Davant del deixament de responsabilitats de la Generalitat, que no està evitant la destrucció del patrimoni de Can Ricart, i veient les entitats ciutadanes una actitud prevaricadora de l'administració, aquestes han interposat un recurs contenciós, esperant que sigui el jutge qui aturi les obres d'enderroc amb les quals Cultura perseguiria presumiblement una situació de fets consumats.

El passat dia 5 de novembre una delegació es va reunir amb el director general de patrimoni Josep Mª Carreté, el Secretari de Cultura, Eduard Voltas i altres tècnics del departament. Aquests, a qui els ciutadans van acusar d'estar propiciant una situació de fet a Can Ricart d'efectes irreversibles,que condiciona la resolució encara pendent per declarar el conjunt històric patrimoni nacional, no van acceptar la petició d'aturar enderrocs mentre no es resol l'expedient patrimonial. La delegació va anunciar accions judicials perquè considera que els fets no només atempten contra el patrimoni sinó que constitueixen un escàndol de conseqències encara imprevisibles.

Demanem a totes les persones que estimeu el patrimoni fabril de Can Ricart que feu efectiva la vostra queixa a través dels mitjans que creieu més adients per aquesta actuació tant equivocada de la Generalitat de Catalunya.

 
 
Comunidad Valenciana
 
POR UNA VIVIENDA DIGNA ACUSA CONSELL FAVORECER A PROMOTORES
Panorama-Actual.es (Comunidad Valenciana) - 29 de noviembre de 2007
 
 
El comité territorial de la Comunitat Valenciana de la Plataforma por una Vivienda Digna criticó que la Generalitat señalaron que han pactado los precios de la Vivienda de Protección Pública (VPP) para "favorecer" a los promotores. En este sentido, consideraron que "tras el parón sufrido en el mercado inmobiliario, los promotores inmobiliarios intentan refugiarse en la construcción de viviendas protegidas para poder seguir con su ritmo de ventas".

Para la plataforma, los promotores han empezado a pactar con los diferentes gobiernos "para encarecer el precio de la vivienda protegida y así mantener los grandes beneficios que consiguen con un bien indispensable como es la vivienda".

En el caso de la Comunitat Valenciana, según señalaron, estas negociaciones "han dado sus frutos", ya que la Generalitat ha anunciado "una subida del precio máximo de la vivienda protegida".

La Conselleria de Vivienda y la Federación de Promotores "han pactado el incremento" del precio máximo de la vivienda de protección oficial, que en la mayoría de municipios de la Comunitat será de 1.164 euros el metro cuadrado. En las capitales y en las principales ciudades de cada provincia, este precio se eleva hasta los 1.800 euros por metro cuadrado.

Según el Ministerio de Vivienda, el precio medio de la vivienda nueva de renta libre en la Comunitat Valenciana se sitúa en 1.641 euros por metro cuadrado. Esto supone que "en muchos casos, el precio de la vivienda protegida será superior que el de la vivienda de renta libre", sostuvieron.

Además, esto motiva "situaciones alarmantes". Según expusieron, el caso de la población de Ontinyent que el Ministerio de Vivienda citaba en enero como la ciudad más barata de España ya que el metro cuadrado de la vivienda de renta libre valía 836 euros el metro cuadrado en 2006 y donde ahora la VPP podría ser hasta un 70 por ciento más cara que la vivienda de renta libre.

Estas medidas, unidas a cifras "alarmantes" como que el IVVSA "sólo ha construido 4.364 VPO en la última década de las 26.461 previstas", reflejan la situación en la que se encuentra la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana.

Según señalaron, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, "ha admitido" que a fecha del 28 de septiembre de 2007, sólo 4.364 VPP están acabadas o en ejecución, 651 han sido licitadas o adjudicadas para iniciar en breve y otras 21.446 están pendientes de aprobación de instrumentos urbanísticos o de la formalización de la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos.

Con estas acciones, a juicio de la organización, se incumple una de las reglas básicas de la vivienda protegida, que es "favorecer el acceso a las viviendas a los más necesitados y no un medio para promover la construcción".

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna aseguraron que la Generalitat "mientras dice que piensa en los ciudadanos, les da la espalda con sus hechos y promueve que las esperanzas de acceso a la vivienda se vean menguadas a costa del beneficio de unos pocos, incumpliendo al artículo 47 de la Constitución", añadieron.

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LOS AYUNTAMIENTOS NO DESTINAN SUELO PÚBLICO PARA VPO
levante-emt (Comunidad valenciana) - 30 de noviembre de 2007
 
 
Los ayuntamientos ignoran la obligación legal de destinar el suelo público a construir VPO

La mayoría de los ayuntamientos han incumplido la obligación legal de declarar el patrimonio municipal de suelo al registro autonómico creado por la Generalitat en 2004.

Esta desidia municipal se ha extendido a la obligación legal de construir vivienda de protección oficial (VPO) en este mismo suelo público o, si el consistorio no tiene liquidez suficiente para construir, vender este suelo a los promotores para que sea la iniciativa privada la que construya las VPO. Los últimos datos oficiales facilitados sobre el registro dan buena muestra del fracaso de esta medida: en marzo de 2006 sólo 57 municipios habían declarado al registro 447.606 metros cuadrados (m2) de suelo público disponible para construir viviendas de protección oficial. Otros 18 aún debían aportar más documentación. Y 195 consistorios directamente habían ignorado la obligación legal de declarar su patrimonio público de suelo ante el registro.

Ante este incumplimiento de la normativa legal [el registro ya aparecía en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y se perfeccionó en la Ley Urbanística Valencia (LUV)] la Conselleria de Vivienda va a reunir a los alcaldes afectados para «facilitarles las herramientas necesarias para sacar al mercado este suelo», según explicó ayer Maria Jesús Rodríguez, directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos. Rodríguez participó ayer en las jornadas organizadas por la Asociación Valenciana de Empresas de Producción Inmobiliaria y de Construcció (Aveic) que preside Adolfo Cámara.

La próxima semana se celebrará la primera reunión de la conselleria con los regidores de Alicante (la cita afecta a los municipios con más de 5.000 habitantes). Posteriormente se organizará una reunión similar en Valencia y en Castelló. Se trata de buscar el consenso y el acuerdo con los ayuntamientos porque «somos conscientes que algunos ayuntamientos carecen de medios y tienen voluntad pero no posibilidades de cumplir con esta obligación legal, por eso vamos a celebrar estas reuniones para impulsar la creación de suelo», explicaron ayer fuentes oficiales de la Conselleria de Vivienda.

El Consell persigue así agilizar la creación de suelo para la construcción de VPO e incentivar el interés de los promotores por este tipo de viviendas que no suele atraer excesivamente su atención. De hecho, la directora general de Vivienda también confirmó que el próximo mes de enero podría entrar en vigor la orden que aumentará el precio mínimo de VPO y que eliminará las zonas en las que se dividía la Comunitat Valenciana para fijar el valor del metro cuadrado.

Promotores «desentrenados»

Sobre este asunto, el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción(Fevec), Juan Eloy Durà, (a la que pertenece Aveic) pidió a la conselleria que incluya ciudades como Sagunt, Alzira, Ontinyent y Dénia en los ámbitos territoriales de precio máximo superior de VPO, para que les sea más rentable la construcción de este tipo de vivienda. «Es que estamos desentrenados en hacer VPO», admitió un promotor asistente durante el debate.

Con todo, la conselleria afronta el futuro con optimismo. Según la directora general de Vivienda actualmente existen reserva de suelo para construir 140.000 VPO en los próximos años: unas 33.924 previstas en planes aprobados desde 2004, otras 68.000 incluidas en los planes en tramitación y otras 40.000 en los conciertos previos presentados ante la conselleria.

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La Generalitat subirá el precio de las VPO
20minutos (Comunidad Valenciana) - 22 de noviembre de 2007
 
 
La Generalitat subirá el precio de las VPO por segundo año consecutivo

Los pisos de VPO serán más caros.

* El precio mínimo del metro cuadrado será de 1.164 euros, y de hasta 1.800 en grandes ciudades.

* La Generalitat dice que era necesario para que salgan más viviendas al mercado.

La Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda ha pactado una subida del precio mínimo del metro cuadrado de los pisos protegidos para que éstos «saquen más viviendas al mercado», según explicó ayer el titular de este departamento, José Ramón García Antón.

La medida, que ha acordado la Generalitat con los promotores, cuenta con apoyo de «algunos sindicatos», indican fuentes de la Conselleria. El precio del metro cuadrado se fijaría en 1.164 euros para todas las localidades que no sean capitales de provincia y su área metropolitana, donde podría llegar a los 1.800 euros. La subida ronda el 10%, aunque el sistema actual diferencia cuatro zonas. Se trata del segundo aumento en dos años, tras el llevado a cabo en tiempos de Rafael Blasco (en 2006).

160 planes de casas en el cajón

El departamento autonómico de Vivienda tiene 160 planes urbanísticos pendientes, tras haber sido aprobados por los ayuntamientos, a falta de recibir la luz verde definitiva del Consell. Este cuello de botella equivale a una superficie aproximada de 200 millones de metros cuadrados (más o menos como 25.000 campos de fútbol repartidos por toda la Comunitat).

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Los afectados del IVAM se concentran por una vivienda digna
Levante-EMV.com (Comunidad Valenciana) - 21 de noviembre de 2007
 
 
Los afectados por la ampliación del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) se concentraron hoy desde las 11.00 horas ante el Palau de la Generalitat con el fin de "continuar presionando" para que la Administración "solucione el problema de realojo de los vecinos en nuestro barrio de El Carmen y en una vivienda digna", según señaló hoy la portavoz del colectivo ciudadano, Isabel Vidal.

Representantes de las 23 familias que han bloqueado la negociación con el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) se concentraron hoy ante la sede del Gobierno valenciano ante la "falta de noticias" por parte de la Generalitat, "de la que no sabemos nada desde que el pasado martes entregamos las cartas de suspensión de las actas previas", paso previo para poder ocupar las viviendas, explicó Vidal a Europa Press.

Los vecinos portaron pancartas en las que se podían leer lemas como 'Ocho años de espera' y recogieron firmas que, posteriormente, serán remitidas en la sede del Ivvsa, "para demostrar que hay mucha gente que está a nuestro lado", subrayó la portavoz de la plataforma.

Asimismo, aprovecharon este acto de protesta para repartir entre los viandantes información sobre su situación "porque, aunque parezca mentira, después de ocho años de conflicto, aún hay gente que desconoce lo que está pasando con la ampliación del IVAM", reconoció Vidal.

La portavoz del colectivo lamentó que ningún representante de la Administración se ha dirigido a la entidad para poder avanzar en la negociación. En este sentido, Vidal mostró la disposición de los vecinos a continuar el diálogo y agregó que "nuestra ilusión sería llegar a un acuerdo antes de Navidad". "Pero no a cualquier precio", advirtió Vidal, que exigió que se proporcione a los afectados "viviendas dignas y no de aspecto infame".

Por ello, recalcó que hasta que se solucione el problema, los vecinos continuarán manifestándose cada domingo frente al IVAM para "seguir presionando", remató.

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Sant Joan: Indignación entre los aspirantes a VPO
DiarioInformacion.com (Comunidad Valenciana) - 21 de noviembre de 2007
 
 
Por la gestión de CC OO y Ayuntamiento. El caos en la adjudicación de las viviendas protegidas de l'Alquería provoca que varios solicitantes paguen 2.000 e por la reserva de las casas cuando no tienen que abonar nada

L os aspirantes a las viviendas - cooperativa de Comisiones Obreras - , están indignados con la gestión del proceso de adjudicación de los pisos que están llevando a cabo tanto la sociedad dependiente del sindicato como el Ayuntamiento de Sant Joan.

El caos organizativo ha llevado a que varios aspirantes a estas viviendas - la promoción es fruto de un convenio de colaboración entre Comisiones y el Ayuntamiento de Sant Joan - hayan tenido que pagar 2.000 euros en concepto de inscripción para el sorteo de las viviendas que se realizará la semana que viene. No obstante, el abono de esta cantidad, que también implica una reserva del derecho de adjudicación de la vivienda, sólo es exigible a los afiliados a CC OO, según confirmó ayer a este diario el secretario de Comunicación del sindicato, Salvador Roig. Sin embargo, los 2.000 euros - establecidos por CC OO para garantizar que se inscriban sólo los realmente - fueron cobrados a gente sin relación alguna con el sindicato. «Es injusto que nos cobren únicamente para poder optar a una vivienda digna», comentó ayer unos de los afectados. Roig afirmó que la inscripción para el sorteo y adjudicación de los pisos, que se abrió el pasado 12 de noviembre y concluirá el próximo viernes, «sólo iba dirigida a personas afiliadas a CC OO». «Es posible que haya habido errores en el proceso de inscripción - añadió - , pero Vitra ahora sólo está comercializando las viviendas para sus afiliados».

De este modo, la cooperativa del sindicato es la encargada de adjudicar 48 viviendas entre sus afiliados, mientras que las 12 restantes serán gestionadas por el Ayuntamiento. Un elevado número de solicitantes que se dirigió a Vitra para formalizar su petición procedía de la bolsa de demandantes de vivienda pública que tiene el Ayuntamiento de Sant Joan, y que está gestionada a través de la empresa municipal de Urbanismo, Personas y Ciudad SA. (Pycsa) El gerente de esta mercantil, Manuel Marín, declaró ayer a este diario que Vitra «nunca dejó claro que las viviendas fuesen únicamente para los afiliados al sindicato». «Entendemos que si la promoción se desarrolla en Sant Joan - continuó - , los ciudadanos.

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La Guardia Civil investiga sobornos en Orihuela
Levante-emv (Comunidad valenciana) - 15 de noviembre de 2007
 
 
La Guardia Civil investiga posibles sobornos a altos cargos de Orihuela para reclasificar suelo

La Guardia Civil de Torrevieja investiga la posible conexión de dos detenidos por 45 presuntos delitos de estafa, coacciones e intrusismo profesional con una trama de sobornos a altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela. Al parecer, los dos sospechosos, que han sido puestos en libertad con cargos, podrían haber intentado pagar a funcionarios de Urbanismo de la localidad de la Vega Baja para obtener licencias y favores en la reclasificación de suelo rústico.

Los dos detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de al menos 45 delitos de estafa, coacciones e intrusismo profesional y cuya conexión con funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela se está investigando, intentaron, supuestamente, sobornar a altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela, no sólo para obtener licencias para empresas de diverso tipo, sino que pretendían

Hasta la fecha han declarado en calidad de testigos 14 funcionarios del área de Urbanismo, incluido el jefe de Servicio, según fuentes municipales. La mitad de los testigos desarrollan su trabajo en las dependencias del Ayuntamiento en la costa de Orihuela, e incluye a personal funcionarial de todas las categorías.

La investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja se centra en funcionarios destinados en la sede del Ayuntamiento de Orihuela en la costa. Teléfonos móviles intervenidos Buena parte de los investigados han tenido intervenidos los teléfonos móviles por orden judicial durante meses, incluido algún concejal del equipo de gobierno del que se ha descartado su implicación en el asunto.

Las mismas fuentes atribuyen a los dos detenidos por la estafa en la tramitación fraudulenta de distintos tipos de licencias municipales «una recaudación» superior a los 300.000 euros, ya que habrían intervenido con sus métodos en unos sesenta locales comerciales y hosteleros de la costa durante los últimos meses, según los primeros indicios.

Las investigaciones de la Guardia Civil se pusieron en marcha hace más de 8 meses tras la presentación de varias denuncias de particulares sobre esta situación.

La alcaldía y miembros del equipo municipal del PP de Orihuela cuentan con información puntual por parte de las fuerzas de Seguridad sobre las investigaciones judiciales desde hace días, según las citadas fuentes municipales. Los dos sospechosos, uno de ellos de nacionalidad sueca y con dominio de varios idiomas, fueron arrestados el martes día 6. Al parecer, ambos se hacían pasar por arquitectos del Ayuntamiento de Orihuela y acudían a locales de la zona de ocio de Orihuela-Costa que estaban en obras o cuyos promotores querían pedir una licencia de apertura para iniciar sus actividades.

Un especial modus operandi

Los protagonistas de la presunta estafa en Orihuela Costa aprovecharon para urdir su trama la lentitud de las tramitaciones de licencias de obra y apertura municipal y las dificultades que muchos extranjeros propietarios de establecimientos encuentran para conseguir esas autorizaciones.

Los acusados detectaban establecimientos en obras o nuevos de hostelería y se dedicaban a quejarse a la Policía Local de Orihuela de algún tipo de actividad no permitida o por ruidos haciéndose pasar por vecinos molestos, según fuentes municipales. Cuando los agentes lograban atender el aviso comprobaban que, en la mayoría de los casos, efectivamente, las actividades, adolecían de algunas de las autorizaciones pertinentes. No tardaban estos personajes en aparecer por el local en cuestión al día siguiente para asegurar a sus responsables que conocían esa situación alegal, «expresar su solidaridad» y ofrecerse a prestar sus servicios para agilizar al máximo cualquier trámite por un precio «un poco más alto» del habitual. Para llevar a cabo la operación alardeaban de sus supuestos contactos en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela o se hacía pasar directamente por técnicos municipales. Un enlace con funcionarios que se desconoce si la investigación ha podido demostrar o si era un simple señuelo.

Mediante este procedimiento, entre el favor personal, la empresa de asesoramiento y la gestión municipal quisieron acelerar el papeleo de 60 establecimientos de Orihuela Costa a una media de cuatro mil euros por local, aunque en algunos casos llegaron a cobrar seis mil euros. Las primeras denuncias llegaron con la ausencia. enlace a la noticia

 
 
El ayuntamiento de valencia en “suspensión de pagos”
ElPlural.com (Comunidad Valenciana) - 23 de noviembre de 2007
 
 
El consistorio arrastra 832 millones de euros de deuda viva

La alcaldesa popular de Valencia, Rita Barberá, sabe ganarse al electorado para que le voten en las urnas. Se rumorea como posible rival de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en las generales de marzo. Pero la primera munícipe conservadora no tendría tantos votantes –dicen- si estos conocieran mínimamente cuál es la situación financiera del consistorio valenciano, “Cap i Casal”.

Según denunció la oposición municipal socialista en vísperas del debate que está teniendo ahora lugar sobre los presupuestos de año que viene, el ayuntamiento “está en suspensión de pagos”. El régimen especial financiero y contable de las entidades públicas, con un tratamiento distinto de la ley mercantil que se aplica a las empresas privadas, hace que el consistorio se mantenga en pie, aunque sus cuentas de explotación se hayan ido a pique.

Millonarias deudas El concejal del Pspv-Psoe, Juan Ferrer, ha estado rastreando minuciosamente el balance de situación municipal hasta descubrir un buen paquete de las llamadas “facturas en el fondo del cajón”, pendientes de pago, desde 2006 o desde antes, por más de 21 millones de euros. Esta millonaria deuda, insiste la oposición, no está reflejada con la claridad que exige la ley, siguiendo la Instrucción de Contabilidad local. Por este posible “maquillaje contable”, el edil Ferrer ha tramitado una pregunta reglamentaria en toda regla para conocer de la gestión del PP el saldo actualizado de la “cuenta 413”, la que sirve para consignar reconocimientos de deuda de “gastos extraordinarios”.

65 millones de euros en obligaciones de pago En cuatro ocasiones este año, Silvestre Senent -uno de los hombres de confianza de Barberá-, responsable de las finanzas en el consistorio, ha llevado expedientes al pleno de reconocimientos de obligaciones (“facturas en el cajón”), por 44 millones de euros. Esta cantidad no refleja la totalidad de la deuda de los servicios pendientes de pago que, a 31 de diciembre del año pasado, era de algo más de 65 millones de euros. La diferencia de 21 millones ha puesto en guardia al grupo socialista que sospecha, además, que no va a ser posible satisfacer el pago por falta de recursos y líneas presupuestarias subsidiarias.

Agotada la capacidad de endeudamiento Con los 832 millones de euros de deuda viva que arrastra el ayuntamiento de Valencia, está agotada su capacidad de endeudamiento. El límite estipulado por ley del 110% del presupuesto es ahora del 114% en la contabilidad consistorial, con el último balance de explotación delante de los ojos. Cerrada, pues, la vía para incrementar el crédito y sin posibilidad material de modificar los presupuestos de este año -porque el gasto está ejecutado al 85% y el resto comprometido- el balance del municipio arroja un “agujero contable” sin precedentes, comenta el socialista Ferrer, apoyándose en balances comparados desde el año 2003.

Estrangulamiento contable

La situación de estrangulamiento contable municipal de Valencia podría paliarse –propone la oposición– con un reconocimiento formal de todas, o parte, de las deudas que mantiene la Generalitat Valenciana. El Consell (gobierno regional), que preside Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, “son de la misma cuerda del PP”, apunta el munícipe Ferrer para descartar que esta sea una solución “realista y viable” para solucionar el déficit.

El gobierno regional también La Generalitat Valenciana de Camps acumula hasta ahora unos 154 millones de euros al “debe” para la contabilidad del consistorio de su correligionaria, Barberá, ahora en apuros para salir adelante con sus cuentas públicas. La mayoría de esta deuda la generan facturas impagas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la Generalitat, hasta 65,5 millones de euros, o del Impuesto de Construcciones y Obras (ICOs) por un total de 44 millones.

Acuerdos de favor por ser gobiernos del PP

Hay, además, acuerdos de favor entre los gobiernos regional y el consistorio, encubiertos por sintonía política, en clave PP. El caso más descarado, según el PSOE, es que la Generalitat de Camps paga todavía impuestos municipales de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias a al ayuntamiento de Rita Barberá como “solar sin construir”, cuando hace años que está concluida y en explotación la faraónica obra del arquitecto Santiago Calatrava.

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Desaparecen 1.600 empresas constructoras de Alicante
Terra (Comunidad Valenciana) - 25 de noviembre de 2007
 
 
En los últimos nueve meses. La Federación de Empresas de la Construcción e Industrias Afines de la Provincia de Alicante (Fecia) reconoce que en los últimos nueve meses han desaparecido un total de 1.609 mercantiles debido a la crisis inmobiliaria y al consiguiente proceso de adelgazamiento del sector. La estabilización de la actividad urbanística, debido a la importante caída de la demanda de vivienda y unido a las nuevas exigencias que conlleva la futura Ley de Subcontratación, han incidido de forma decisiva en esta evolución negativa

Los datos oficiales, a fecha del pasado 14 de noviembre, reflejan la existencia de 11.352 empresas de la construcción en Alicante, frente a las 12.961 que se contabilizaban a finales de febrero de este año. En el resto de la Comunitat, la provincia de Valencia contabiliza un total de 11.887 firmas, mientras que en la de Castellón se queda sólo con 4.088 sociedades.

El presidente de Fecia, Ramón Jerez, señala que 'estas números no provocan ninguna alarma, puesto que es el sector en que se regula a sí mismo ante la desproporción que existía'. En este sentido, lo que acontece es una ordenación de la actividad, en la que se produce una integración de las micropymes en firmas mercantiles de un mayor tamaño. Según Jerez, 'la estructura mínima de las empresas actuales está compuesta por aproximadamente un veintena de trabajadores'.

De hecho, la disminución de mercantiles no conlleva todavía una pérdida de empleo, tal como se prevé que suceda a medio plazo. Al contrario, las estadísticas reflejan que en el cómputo de este mes la cifra de puestos de trabajo directo en la construcción ascendía en Alicante a 74.557, lo que supone 1.076 empleados más que los registrados en el segundo mes del año, que se elevaban a 73.481. Otro cómputo es el del empleo indirecto que se estima en una media de dos por uno

Jerez sostiene que 'la normativa que entre en vigor para regular la subcontratación contribuye a impulsar más la profesionalización del sector, clarificando el campo de actuación de cada empresa'. Al respecto, señala que 'aunque en un principio provoque un choque, sus ventajas son evidentes'.

Los empresarios son conscientes del nuevo reto, tal como evidenciaron esta misma semana con la participación de más de 400 en la jornada sobre la nueva Ley de Subcontratación en el sector de la construcción que se celebró en Alicante, organizada por la mutua Fremap.

Desde la propia patronal ya reconocían a principios de año que había llegado el momento de estabilización del sector tras años de crecimientos espectaculares. Las previsiones apuntaban a que la actividad constructora regresaría a las dimensiones del ejercicio 2003, cuando se contabilizaban 9.700 empresas y unos 55.000 trabajadores. Para alcanzar estos números se calcula que, en los próximos tres años, desaparecerían más de 2.000 empresas y 8.000 operarios, lo que favorecería el equilibrio antes los nuevos niveles de demanda del mercado.

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Andalucía
 
Unidos en la lucha contra los 'asustaviejas'
Diario Malaga Hoy (Andalucía) - 22 de noviembre de 2007
 
 
Unidos pretenden acabar con el fenómeno del acoso inmobiliario. El Ayuntamiento de Málaga, a través de su concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado y la Diputación de Málaga, a través del Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, han aunado sus fuerzas para luchar contra el fenómeno de los asustaviejas. En una reunión mantenida por ambas partes, han acordado hacer un seguimiento de las denuncias realizadas por diversos vecinos y agilizar "al máximo" los procedimientos para defender a los inquilinos que están sufriendo el acoso.

"Estamos de acuerdo en que son dos o tres personas concretas las que se dedican a estas cosas", explicó Díaz Guirado, que aseguró que sus técnicos están estudiando todas las opciones que tiene el Ayuntamiento para desarrollar medidas "ejemplarizantes" con la intención de llevar "hasta el final" los casos. Entre sus posibilidades, se encuentra la inclusión de los inmuebles en los que viven los denunciantes en el registro de solares porque los propietarios incumplen su deber de mantenimiento del edificio. Al año de dicho registro, si la situación es la misma, se procederá a la expropiación forzosa y a la subasta del inmueble.

"Urbanismo tiene poder para eso y debe hacerlo", añadió Francisco Gutiérrez, que destacó que la reunión mantenida por ambas partes sirvió para "unificar criterios y salvaguardar siempre los intereses de los inquilinos".

Para el Defensor del Ciudadano, es "inaceptable" que la Gerencia de Urbanismo no haya actuado en casos como el del número 9 de Casas de Campos, publicado por este periódico hace unas semanas, en el que han pasado seis años desde la primera denuncia de los inquilinos por abandono del edificio y que, aunque cuenta con sentencias firmes del Ayuntamiento y de los tribunales, continúan con los mismos problemas seis años después. En Málaga hay, al menos, otra decena de casos de denuncias por mobbing inmobiliario.

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Sueldos por los suelos+vivienda por las nubes
GranadaDigital.info (Andalucía) - 21 de noviembre de 2007
 
 
Seguir en casa de los padres a los 30

La preocupación de los jóvenes por encontrar un trabajo estable ya tiene compañera de batalla, la vivienda, que se ha convertido en la segunda causa de inquietud entre el colectivo, que no ven ni la forma ni el momento de irse de casa de sus padres.

Rocío León, electricista de 28 años, vive con sus padres porque independizarse, considera, que como están los precios de los pisos, es algo muy difícil hoy en día; por eso, decidió presentar una solicitud a una vivienda de protección oficial (VPO); con la esperanza de poder tener su casa. Sueño que se vio cumplido cuando le comunicaron que le había tocado un piso. “He tenido mucha suerte, porque de no haber sido así, con mi sueldo era imposible planteármelo. La vivienda está por las nubes”, dice.

La realidad es bien distinta, ya que son muchos los jóvenes que no han tenido la suerte de Rocío y luchan por una vivienda digna día tras día. A pesar de esto, al reverso de las demás provincias andaluzas, Granada en la que las viviendas que empezaron a construirse pasaron de 11.501 en 2006 a 18.356 en 2007. Un crecimiento económico de un 59,6%, según datos de la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción (FADECO Promotores).

Y en la calle, ¿qué opinan los jóvenes granadinos de la vivienda? ¿Cuál creen que es el mayor obstáculo a la hora de adquirirla? Todos coinciden en que la relación aritmética que existe entre los salarios y los precios de la vivienda no es proporcional. José Jurado, de 29 años, comenta que “la vivienda es un lujo difícil de permitirse hoy en día porque en las letras de la hipoteca tienes que emplear más de la mitad del sueldo”.

Una de las alternativas que plantea el Gobierno para poder disponer de un techo es el alquiler de la vivienda y la creación de diversas ayudas para ello como la creación de microcréditos por parte de las entidades bancarias, aunque la mayoría de los jóvenes parecen no estar interesados en alquilar. ¿Por qué? Por la deficiente calidad de los pisos en el mercado de alquiler, las escasas garantías jurídicas para asegurar la continuidad como inquilino y las imposiciones de altas fianzas para la firma de un contrato de alquiler.

Poder disfrutar de una vivienda no debería ser una meta inalcanzable, sino un derecho de todos los individuos a poder disponer de un techo donde vivir en condiciones dignas, por esta razón, el Consejo de Gobierno el pasado 4 de septiembre aprobó el Anteproyecto andaluz de Ley del Derecho a una Vivienda Digna, con el objetivo regular la demanda existente.

En los últimos años la vivienda ha alcanzado unos precios desorbitados. Así, lo que en la sociedad se considera una de necesidad básica para el individuo se ha convertido en un lujo al alcance sólo de unos pocos, en lo que a compra se refiere.

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Cuenta atrás para el desalojo
El País (Andalucía) - 16 de noviembre de 2007
 
 
42 rumanos acamparán ante el Ayuntamiento de Granada si les desalojan

Tiberu Rostas cuenta las horas hasta el próximo miércoles, cuando será desalojado junto a su mujer embarazada y su hijo, y otros 38 rumanos. Pero no se arredra: "Plantaremos las tiendas frente al Ayuntamiento, porque si nos echan de aquí necesitamos una vivienda digna". Rostas convive con otras diez familias rumanas en el cortijo de las Angustias del barrio del Zaidín, en Granada. El Ayuntamiento prevé desalojarlos el próximo miércoles tras obtener una orden judicial, pero ellos avisan de que plantarán batalla.

El cortijo, construido en 1835, fue cedido por el consistorio al Parque Tecnológico de la Salud para ubicar sus nuevas oficinas centrales. Pero hace un año que diversas familias rumanas adecentaron su interior y se instalaron. El pasado domingo un incendio arrasó varias habitaciones de la primera planta, sin que hubiera heridos. Nadie lanza acusaciones, pero sospechan que se trató de un brote racista y que el fuego fue provocado desde la calle, porque nadie dormía en dichas habitaciones.

En el patio del bello y vetusto cortijo cuelga un cartel con los turnos de limpieza: Mercuri (miércoles), Florin; Vineri (viernes) Slipi... En las habitaciones se acumulan cortinas y mantas para intentar paliar la humedad. Cuentan con electricidad pero el ayuntamiento cortó el agua corriente el pasado verano. "Si hueles mal la gente no te respeta", recuerda Rostas. La decena de hombres se gana la vida con la chatarra y tiene claro que no regresarán a Rumanía. Algunos menores están escolarizados y otros no. Pese a sus esfuerzos por mantener la higiene, el patio trasero acumula basura que no ha sido retirada.

"No sé aún qué haremos, pero sin la Policía Nacional y los servicios para menores de la Junta allí, será muy complicado el desalojo", duda el concejal de Seguridad, Eduardo Moral.

La patata caliente para reubicar a estas familias en pisos no ha logrado poner de acuerdo al ayuntamiento y la Junta. La delegada de Bienestar Social, Elvira Ramón, asegura que se trata de un caso sin menores en situación de riesgo. "Algunas familias ya fueron realojadas, pero han llegado otras y esto podría no parar nunca", afirma. El defensor del Ciudadano, Melchor Sáiz-Pardo, confía en que el consistorio no lleve a cabo su amenaza: "El Ayuntamiento no puede echar por las malas a estas familias", opina. Los abogados de la plataforma integrada por 14 asociaciones de derechos humanos y anti racismo preparan un recurso contra el desalojo.

"Las administraciones no lo arreglan porque no se coordinan. La voluntad de estas familias es integrarse", resume Ana Bustos, de SOS Racismo. Si la amenaza se cumpliera, sería un desalojo espinoso. "Aquí no hablamos de dos indigentes, sino de once niños", recuerda Moral.

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Galicia
 
Operación policial contra unha trama urbanística en Mugardos
Vieiros.com (Galicia) - 03 de diciembre de 2007
 
 
En total catro persoas foron detidas, tres relacionadas co departamento técnico-urbanístico e outra, policía local da localidade ferrolá.

Axentes da Unidade de Delitos Urbanísticos adscritos á Policía Xudicial da Garda Civil da Coruña detiveron este luns catro persoas relacionadas cunha suposta trama urbanística que afecta ao Concello de Mugardos.

Segundo confirmou a Garda Civil, os detidos son tres persoas que estiveron relacionadas -algunha aínda o está- co departamento técnico-urbanístico do citado concello e o cuarto arrestado é un policía local da localidade mugardesa, marido da propietaria dunha inmobiliaria.

Todos eles prestan declaración nas distintas dependencias do corpo armado na comarca e mais na Coruña, na tarde do luns.

A denominada 'Operación Virgin' comezouse a xestar no mes de maio deste mesmo ano. As dilixencias da mesma -instruídas polo Xulgado de Instrución Número 4 de Ferrol- están baixo segredo de sumario. Ademais, leváronse a cabo diversos rexistros en estudos de arquitectura, nunha inmobiliaria e nun domicilio particular, de Fene, Mugardos e Ferrol.

Os catro detidos están imputados en supostos delitos de tráfico de influencias e negociacións prohibidas a funcionarios. Outras tres persoas, dous promotores e unha arquitecta, deberán declarar tamén por feitos similares. Segundo indicaron fontes próximas á investigación, as detencións comezaron a partir das 9.00 horas e se prolongaron deica ás 14.30 horas.

Reaccións (Concello): O alcalde de Mugardos ofrece a súa "plena colaboración" coa investigación

Reaccións (Goberno): Anxo Quintana pídelle á Xustiza que actúe con "contundencia"

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2 detenidos en Pontevedra por delito urbanístico en Murcia
La Voz de Galicia (Galicia) - 26 de noviembre de 2007
 
 
Esta mañana agentes de la Guardia Civil registraron la vivienda de un conocido abogado en Nigrán y su despacho de Vigo.

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Pontevedra a dos personas presuntamente implicadas en la recalificación de unos terrenos en los que iba a desarrollarse un proyecto urbanístico en la localidad murciana de Totana a cargo de una empresa con sede en Galicia. Los detenidos son un abogado y empresario vigués, M.N.A., propietario del Grupo Nuaria y uno de sus socios en la empresa.

A primera hora de esta mañana agentes de la Guardia Civil han registrado la vivienda de uno de los detenidos, un conocido abogado vigués que vive en A Ramallosa, en el municipio pontevedrés de Nigrán. También han investigado su despacho en el centro de la ciudad.

Su vivienda situada en un alto de A Ramallosa en Nigrán fue registrada antes de que amaneciese y los agentes entraron en la casa armados, con iluminación artificial y con perros, al mismo tiempo que otro equipo de agentes controlaba los accesos a la autopista para evitar que se escapase.

La operación está relacionada con la recalificación de unos terrenos que superan los dos millones de hectáreas en el municipio de Tortona, donde la empresa Nuaria proyectab a construir unas 4.000 viviendas.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que la operación policial continúa abierta y ha aclarado que se trata de un delito relacionado con el urbanismo en la zona del Levante, que está dirigida por un juzgado de Murcia. El operativo fue establecido por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil e integrada por funcionarios especialistas en persecución del crimen organizado. La intervención policial también continúa abierta en otras poblaciones españolas y, en el caso de Galicia, las fuentes consultadas por la agencia Efe señalaron que en esta comunidad se persigue a imputados.

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Trescientas inmobiliarias gallegas cerraron este año debido
La Voz de Galicia (Galicia) - 23 de noviembre de 2007
 
 
Vigo, Ourense y Santiago son las ciudades más afectadas por el enfriamiento de precios de la vivienda

La crisis del ladrillo ya tiene rostro en Galicia. El de las cerca de 300 agencias inmobiliarias que han cerrado sus puertas durante el último año en las cuatro provincias. El bajón experimentado en las ventas de pisos (más de un 50% según las estimaciones de los profesionales) ha centrifugado a centenares de sociedades nacidas al amparo de los años dorados del sector. El censo de los negocios dedicados a exprimir los precios de las viviendas supera ligeramente la cifra de 5.000 en toda la comunidad autónoma. Hace solo doce meses rondaba las 5.400. Y en pleno bum de la venta de pisos (entre el 2001 y el 2002) llegaron a superar las 7.800.

Las cifras corresponden a la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Su presidente nacional, Óscar Martínez, reveló ayer otro dato esclarecedor. En toda España, la facturación de las agencias se ha desplomado un 80% por término medio entre junio y noviembre, respecto a los mismos meses del año 2006. El dato para Galicia oscila entre el 50 y el 70%. Francisco Javier Hermida, de Afincoruña, sostiene que «al sector gallego todavía le queda una larga depuración». En su opinión, «solo sobrevivirán las agencias más solventes».

Más contención en Galicia

El ocaso de los centenares de chiringuitos inmobiliarios creados en Galicia circula parejo al del resto de España. El sector admite que la crisis de precios está más contenida en Galicia. Pero no así la de las ventas. Portavoces de la inmobiliaria viguesa Posada aseguraron que se están cerrando hasta un 60% menos de operaciones este año que en el 2006.

«Los sueldos no han crecido tanto como para hacerle frente a los precios de la vivienda -señala José Gregorio, de la agencia San José de Vigo-, y la incertidumbre que rodea al sector está provocando que mucha gente espere más tiempo para ver cómo evoluciona el mercado».

Los precios de la vivienda nueva siguen creciendo por encima del IPC. Pero no así los pisos de segunda mano, que están comenzando a caer en las principales ciudades de Galicia. Estudios realizados por operadores privados, no obstante, prueban que el sector no ha perdido dinamismo en grandes urbes como A Coruña, Lugo o Pontevedra, mientras la moderación de precios se ha cebado más con Vigo, Ourense o Santiago.

La Asociación de Expertos Inmobiliarios anima a las agencias a que diversifiquen sus líneas de negocio para «subsistir a la crisis». En Galicia, las principales firmas lo están haciendo ya desde hace meses, a diferencia de las pequeñas sociedades, menos profesionalizadas y más amenazadas por la quiebra.

La gestión de comunidades, el mercado del alquiler o la gestión de patrimonios son algunas de las vías paralelas que las agencias están utilizando para inflar sus facturaciones y absorber la caída inmobiliaria. «Las firmas más asentadas y más profesionales serán las que subsistan», asegura Merche, de la viguesa Posada. Por ahora, el mayor número de cierres afectan a franquicias y negocios unipersonales abiertos en los últimos tres años.

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El 30% de pisos nuevos en Galicia se pagan en parte en B
La Voz de Galicia (Galicia) - 19 de noviembre de 2007
 
 
Apenas treinta personas de la Agencia Tributaria persiguen estas estafas en la comunidad autónoma

A Coruña, doce y media de la mañana. En la zona de Orillamar, un piso de 85 metros cuadrados vuela por encima de los 340.000 euros. El comprador indaga: ¿Se puede pagar una parte en B? La agencia responde afirmativamente. Vigo, cuatro y media de la tarde. En la calle Torrecedeira, 150 metros de piso con vistas al mar se cotizan más allá de los 450.000 euros. «Una parte podemos arreglarla en negro, claro», se adelantan desde la agencia ante el posible comprador.

El mismo día, La Voz verificó hasta seis operaciones en distintas zonas de Galicia con posibilidad de pagar una parte del piso mediante dinero opaco a la luz de Hacienda. La práctica, negada sistemáticamente por las promotoras inmobiliarias, es más habitual de lo que parece. No obstante, una de cada tres operaciones de venta se cierra con dinero negro, según calcula el sindicato Gestha de técnicos fiscales. Hacienda, claro está, lo sabe, pero, como en la canción de Serrat, los profesionales del fisco no hacen más que repetir que «lo que no tiene esta verdad es remedio».

Las competencias en cuanto al control de estas transacciones fraudulentas se reparten entre la Xunta y el Gobierno central. Desde la comunidad autónoma se vigilan las ventas de las viviendas usadas. La jefatura de Facenda explica que esta labor se realiza a través del impuesto de transmisiones, y es en el momento del pago cuando la Xunta coteja lo declarado con las valoraciones del mercado. De este modo, el margen del que disponen comprador y vendedor para que las alarmas fiscales no salten es un 20% por debajo de la tasación oficial. El problema, según admiten funcionarios de la hacienda gallega, es que los valores de mercado «están obsoletos, en buena media porque se realizan con valores declarados que ya fueron falseados antes con pagos en B ».

Mayores problemas se viven en las transacciones de viviendas nuevas, cuya inspección corresponde a la Agencia Tributaria del Estado. En los pisos recién construidos solo se liquida el IVA y no hay mecanismos que hagan saltar alarmas, como en el caso de los pisos usados. Portavoces del cuerpo de técnicos de Hacienda admiten que ya existen «serias dificultades» para destapar el dinero ocultado al fisco.

Nueve mil millones opacos

El problema no es menor. Un 23% del producto interior bruto (PIB) nacional, casi 200.000 millones de euros, forman parte de la denominada economía sumergida española, que se mueve a espaldas de Hacienda. Uno de cada cinco euros en esta bolsa de fraude corresponde al sector inmobiliario, lo que supone en total cerca de 40.000 millones de euros, de acuerdo con el cálculo de Gestha, colectivo que agrupa al cuerpo de técnicos del fisco. De esta cantidad, aproximadamente unos 9.000 millones están directamente relacionados con la compraventa de pisos mediante este tipo de dinero depositado «en B».

José María Mollinedo, portavoz de Gestha, es pesimista respecto a las posibles soluciones: «Actualmente, en toda España, Hacienda dispone de 28.000 técnicos para combatir el fraude fiscal -comenta-, pero menos de 800 son investigadores en la práctica. Con la categoría de inspectores apenas hay 800. Otros 8.000 somos técnicos y no estamos habilitados para perseguir estos fraudes inmobiliarios. Hace más de un año que ya pedimos autorización para poder realizar estas tareas y seguimos sin respuesta del Gobierno. Solo se nos permite inspeccionar a empresas que facturen menos de 1,8 millones de euros. Esta situación se lleva produciendo desde 1992, y en aquella época, estas empresas eran medianas, pero hoy son casi microempresas».

En Galicia, la situación es todavía más ajustada que en el resto de España. Con apenas 325 técnicos trabajando en las cinco delegaciones tributarias -situadas en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo-, la plantilla real de personas dedicadas al fraude inmobiliario apenas llega a la treintena. «Cualquier facultad universitaria tiene más profesores», bromean desde Gestha.

Hace tres años, diversas publicaciones especializadas en consumo realizaron un informe en todas las provincias de España y concluyeron que el 90% de las inmobiliarias pedían dinero negro, mientras que un 60% lo exigían como requisito. En la actualidad, la tendencia general en Galicia es que un tercio de las operaciones se cierre con una parte del dinero oculto a Hacienda, pero no precisamente porque se haya aumentado el control fiscal. Portavoces de Gestha en la comunidad explican esta cadencia por la crisis económica y la menor disponibilidad familiar del dinero en metálico. «En muchas ocasiones, la hipoteca cubre el 100% del valor del piso», indican desde la delegación de Hacienda en Vigo.

Nuevos modelos de fraude

Desde hace un año se ha desarrollado un mayor control notarial en las operaciones que se realizan de compraventa de inmuebles. Por esta razón, el manejo de dinero negro que con anterioridad se realizaba a través de contratos privados circula ahora camuflado como «señales de reserva de compra» que volatilizan de esta manera las pruebas documentales que puedan implicar fraude en la transacción.

Otro recurso de Hacienda para localizar fraude es la circulación de billetes de 500 euros. Por España deambulan en la actualidad un total de 113 millones de billetes de 500 euros. Hacienda localizó 15 millones de fraude el último año, la mayoría relacionado con el sector inmobiliario. Pero la falta de personal limita estas investigaciones.

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O prezo do alugueiro galego medra un 4,2% en doce meses
GZnacion.com (Galicia) - 15 de noviembre de 2007
 
 
A vivenda en alugueiro en Galiza medra por debaixo da media do Estado pero aumenta un 4,2% en doce meses

O encarecemento da vivenda en alugueiro no noso país acadou un crecemento do 4,2%, tres décimas menos que a media estatal. No conxunto total do Estado Español, o prezo por estes contratos de vivenda elévase nove décimas sobre o Índice Xeral de Prezos do Consumo (IPC), segundo os datos correspondentes ao mes de outubro publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O mesmo informe da conta sobre o encarecemento dos prezos dos materiais para a conservación da vivenda, que se viron incrementados nun 5,4% no último ano, seguindo por inercia a tendencia ao alza que tamén afectou aos servizos relacionados coa vivenda, un 4,6% máis caros que o pasado outubro.

As comunidades do Estado que máis sufriron o alza de prezos foron Cataluña (6%), Aragón (5,3) e Madrid (5).

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Explota un artefacto en el municipio pontevedrés de Cangas
ElCorreoDigital.com (Galicia) - 15 de noviembre de 2007
 
 
El estallido se ha producido en un edificio que se encuentra a unos 100 metros del Ayuntamiento y ha destruido totalmente el local de una empresa inmobiliaria y cristales de las casas colindantes

Un artefacto ha hecho explosión esta madrugada en el barrio de O Forte, en el municipio pontevedrés de Cangas, y ha destrozado las oficinas de una inmobiliaria sin que se hayan producido daños personales. La Policía Local de Cangas ha confirmado que la detonación se registró en torno a las 2.30 horas en frente de una inmobiliaria ubicada en el barrio de O Forte, en una zona céntrica, a unos 100 metros del Ayuntamiento y ha destruido totalmente el local de la empresa inmobiliaria y cristales de las casas colindantes.

El estallido se ha producido a las 2,30 horas en un edificio que se encuentra a unos 100 metros del Ayuntamiento y ha destruido totalmente el local de la empresa inmobiliaria y cristales de las casas colindantes. Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil han desalojado a dos parejas, una de personas mayores y otra de jóvenes, que vivían en el edificio. A pesar de la presencia de los equipos de desactivación en el lugar, no se ha podido determinar la naturaleza y cantidad del explosivo utilizado, ni de indicios sobre la autoría, mientras continúan las investigaciones.

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Castilla y León
 
El problema de la vivienda en Salamanca
La Voz de Salamanca (Castilla y León) - 28 de noviembre de 2007
 
 
Dentro de la CAMPAÑA MOVIMIENTOS SOCIALES organizada por la Universidad Popular de Salamanca Nicolás M. Sosa, el 19 de noviembre se llevó a cabo en el auditórium de la sede de la CGT la segunda reunión dentro del plan de reuniones mensuales acordado como parte de la Campaña Movimientos Sociales para el período Octubre 2007- Mayo 2008. En esta ocasión, el tema tratado fue la problemática de la vivienda en la ciudad de Salamanca

Hasta el momento participan veintinueve asociaciones y personalidades vinculadas a los movimientos sociales locales y regionales que permiten dar continuidad, con mucho entusiasmo, a la campaña iniciada el 23 de octubre.

Luego de la apertura a cargo de Emiliano Tapia, se analizó un vídeo preparado por el equipo de técnicos de la Universidad Popular. A continuación brindaron una charla – reflexión : Francisco Alvarado por Vivienda Digna y José María Regueiro por UNISOSA.

La próxima reunión será el día 19 de diciembre, para tratar “Trabajar con dignidad: El trabajo, un derecho”. Será la tercera y se realizará también en la sede de CGT de Avenida de Mirat a las 20 horas

La Universidad Popular de Salamanca Nicolás M. Sosa ofrece un resumen de las reflexiones desarrolladas durante la charla sobre vivienda:

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE SALAMANCA

¿Alguien puede entender que Salamanca se encuentre entre las diez ciudades más caras del país en cuanto al precio de la vivienda? ¿Puede haber alguna explicación a la aparente paradoja de unos precios cada vez más altos y una demanda que no sólo no se reduce, sino que sigue en aumento y genera, a su vez, un mayor incremento de esos precios, ya de por sí prohibitivos para una gran mayoría de ciudadanos?

Vamos a tratar de dar respuesta en este artículo a estas cuestiones, reconociendo la complejidad del tema y la enorme dificultad de encontrar soluciones.

Salamanca, situada en esa pobre y subdesarrollada zona oeste de España que limita con Portugal, es una provincia con evidentes retrasos en cuanto a desarrollo, infraestructuras, tejido industrial y nivel de vida. Las estadísticas indican que el nivel de renta de los salmantinos es un 20% menor que la media nacional y que Salamanca se encuentra entre las 10 provincias con menor nivel de renta de todo el país, tan solo por encima de las provincias extremeñas y algunas andaluzas.

La ciudad de Salamanca (al igual que ocurre en la provincia) va perdiendo población de una manera lenta pero inexorable. Es, además, una población envejecida, como se puede comprobar al observar las estadísticas. Nuestros pueblos están mayoritariamente habitados por jubilados y la población infanto-juvenil es casi inexistente en muchos de ellos. El fuerte flujo de inmigrantes que está llegando a España apenas se nota en Salamanca, por razones más que evidentes: la falta de puestos de trabajo.

Los precios de la vivienda son, como hemos señalado anteriormente, de los más altos de la comunidad autónoma y del país. Esto ocurre en una zona sin dificultades geográficas, sin presión demográfica, sin limitaciones de ningún tipo. ¿Por qué? Desde el sector de la construcción se repite machaconamente que hay razones para ello: los altos costes de urbanización, las cesiones obligatorias de suelo (rebajadas por el gobierno de Aznar del 15 al 10%, sin que ello haya contribuido a la reducción del precio). También se apunta como justificante el alto precio del suelo, que puede suponer hasta un 40% del coste final, y hasta se recurre al argumento de la subida del precio de los materiales para intentarnos convencer de la constante subida de los precios.

Todo ello no es más que una gran mentira. Construir un piso de calidad media no cuesta más allá de 66,000 € (11 millones de pesetas). Por muy caro que sea el suelo, no se justifica de ninguna manera el que tengamos que pagar entre 200,000 y 300,000 € (entre 35 y 50 millones de pesetas) por una vivienda normal y corriente en un barrio de la ciudad. El asunto, como es obvio, va por otro lado. Constructores y financieros hace tiempo que se dieron cuenta de que, ante una fuerte demanda, el precio de cualquier cosa es el que marca el mercado, independientemente de su coste. Porque, no nos engañemos, el precio de la vivienda no tiene nada que ver con los costes de su construcción, sino con el poder adquisitivo de los ciudadanos y su capacidad de endeudamiento.

Los constructores suben continuamente los precios porque hay mucha demanda y la gente parece dispuesta a pagar lo que le pidan. Los financieros (bancos, cajas de ahorros, todos por igual) conceden créditos hipotecarios para sufragar esas viviendas. Créditos hipotecarios que se alargan cada vez más en el tiempo, pues es el único modo de afrontar cantidades tan elevadas. Lejos quedan ya las hipotecas a 12, 15 ó 20 años. Ahora son necesarios más de 30 años para poder abonar esa hipoteca que nos permite comprar un piso. Se ofrecen ya hipotecas a 40 y 50 años. Toda una vida para pagar, el sueño de los financieros, que tienen garantizados clientes durante todos esos años.

Mientras tanto, el esfuerzo económico de las familias continúa aumentando. Cada vez dedican una mayor parte de su poder adquisitivo a pagar la hipoteca. El porcentaje de ingresos dedicados a abonar la hipoteca sigue subiendo constantemente y se encuentra ahora cerca del 40 %. Ello implica retraer significativas cantidades de dinero que se podrían dedicar a otros conceptos: educación, alimentación, ocio.

Peor situación sufren las familias con pocos recursos, o los jóvenes que tratan de acceder por primera vez a una vivienda: se ven literalmente expulsados de la ciudad y tienen que buscar vivienda en los pueblos cercarnos. Este desplazamiento trae consigo otros gastos y problemas: el transporte hasta el puesto de trabajo para los padres, el transporte hasta el centro de estudios o de ocio para los hijos. Una movilidad no buscada que resulta gravosa, además de contribuir a empeorar la situación del tráfico rodado.

¿Por qué esta demanda tan grande de vivienda? Fundamentalmente por la búsqueda de inversiones rentables y seguras. Tras el fiasco de la Bolsa, que se muestra tan voluble y ofrece tan pocas garantías, se ha vuelto al refugio tradicional: las propiedades. Comprar fincas rústicas es un mal negocio, a la vista del futuro del campo, tan negro como previsible. Por ello, la vivienda urbana se convierte en la salida más fácil al ahorro de los ciudadanos. El mercado de las viviendas de alquiler en Salamanca, con miles de estudiantes universitarios demandando un hogar en el que alojarse durante los meses del curso académico, ha sido un boyante negocio para muchas personas, que han pasado a vivir de rentistas sin grandes complicaciones. El dinero de Europa, destinado a consolidar las estructuras agropecuarias de la provincia (la famosa P.A.C.), no se ha invertido en mejorar las explotaciones agrarias, sino que ha sido ampliamente utilizado para adquirir vivienda en la capital, un refugio que se ha considerado seguro y rentable.

Desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en el año 1984 se han construido en la ciudad unas 30.000 viviendas. Un dato que contrasta llamativamente con el descenso de la población en la ciudad, que ha pasado de unos 180.000 habitantes a menos de 160.000.

Esta dinámica ha provocado (y sigue provocando) situaciones de desestructuración urbana. Basta observar ciertas zonas próximas al Campus Universitario, como puede ser el caso del Barrio San Bernardo, mayoritariamente ocupadas por estudiantes que no se identifican ni se integran en el barrio. Ahí se puede apreciar el efecto perverso de esta política de alquileres masivos de viviendas.

Ante este panorama, ¿qué hacen las administraciones competentes? La respuesta más clara y directa es la que cabe imaginar: nada de nada. Es más, en algunos casos, que vamos a detallar a continuación, se suman a la corriente especuladora para obtener injustificables beneficios o para favorecer los intereses de sus supuestos aliados y protectores.

El Ayuntamiento de Salamanca (gobernado por el Partido Popular), incumpliendo de manera flagrante la ley, subasta parcelas de suelo público al mejor postor para obtener fondos con los que cubrir sus gastos y cuadrar sus presupuestos.

El Plan General de Urbanismo debería haber sido revisado a los 10 años, pero no se ha hecho hasta el año pasado. ¿Por qué? Para permitir que los constructores pudieran seguir utilizando, de manera perversa, y en contra de lo dispuesto por la Ley de Urbanismo de la Comunidad, aprobada el año 1999, las transferencias de aprovechamiento urbanístico. ¿En qué consiste este mecanismo? El PGOU concedía una edificabilidad normal de 2,1 metros cuadrados por cada metro cuadrado. Pero esta edificabilidad podía subir a 3,5 si se aportaba la edificabilidad de otra parcela. Lógicamente se compraba terreno barato en barrios humildes (Pizarrales, Tejares) y se transfería la edificabilidad a la zona céntrica, donde se vendía a precios muchísimo más caros. Esto tenía dos efectos negativos: se colmataba el centro y se llenaban los barrios de solares dispersos sin posibilidad de hacer algo con ellos.

Pero no se contentaron con eso los constructores. Una vez agotados los terrenos baratos de los barrios de la periferia, se dio una vuelta de tuerca al mecanismo, se aprobó una modificación del PGOU que reconocía el concepto de “edificabilidad sobrante” y se llegó al extremo de conceder edificabilidad no ya a terrenos calificados como residenciales, sino a todo tipo de suelos, lo que permitió a instituciones y “afines” vender su edificabilidad “teórica” par obtener unos sustanciosos beneficios que les han permitido financiar proyectos sin ninguna trascendencia pública. Sirva de ejemplo la edificabilidad reconocida al Cementerio, con la que se han pagado parte de las enormes deudas acumuladas al construir Calatrava, al Hospital de la Santísima Trinidad, para renovar sus instalciones, o al Campo de Tiro. Incluso la propia Diputación Provincial vendió su edificabilidad sobrante.

Los mecanismos con los que cuenta la Administración para influir en la política de vivienda son varios:

En primer lugar, las planificación urbanística a través de los Planes de Desarrollo (Plan Parcial, Estudios de Detalle, etc.). Esta capacidad ha sido dejada en manos de los constructores, que sólo han ido pidiendo el desarrollo de los planes a medida que veían factible la venta de viviendas en dichas zonas.

En segundo lugar, la promoción de vivienda pública. Es la Junta de Castilla y León la responsable de su desarrollo. El polígono El Zurguén es el ejemplo más evidente de la falta de interés de los políticos por promover vivienda pública. Durante los últimos años ha estado paralizado todo desarrollo de las fases 2, 3 y 4. El motivo no es otro que el dar salida a la vivienda libre existente, forzando a los ciudadanos a embarcarse en una vivienda cara. Ahora que el mercado parece más que saturado y no ofrece el margen económico de antes es cuando se ponen en marcha los nuevos polígonos, pues los constructores quieren seguir con su actividad.

El Patronato Municipal de la Vivienda también actúa en el mercado de la vivienda. Su labor es bastante cuestionable, pues lleva a cabo ridículas actuaciones de unas 80 viviendas al año, cantidad del todo insuficiente para las demandas de la ciudadanía. Lo mismo cabe decir de la promoción de viviendas en alquiler: una oferta de 16 viviendas en total sólo sirve para hacer propaganda, no para resolver el problema.

¿Qué se puede esperar que suceda en el futuro? Es ya un lugar común hablar de la burbuja inmobiliaria, con precios de la vivienda muy por encima de su valor real (algunos expertos apuntan que el valor real no sería mucho mayor del 50% del precio que estamos pagando hoy en día). No es fácil que se produzca una catástrofe y se venga abajo todo el mercado, aunque existan razones sobradas para ello. Las consecuencias de un hundimiento brusco del precio de la vivienda salpicarían a todo el mundo y nos encontraríamos con una gran parte de la población pagando una hipoteca por algo que sabe que tiene un valor mucho menor. Sencillamente inimaginable. Es bastante más razonable pensar en un suave aterrizaje de los precios, que se vayan estabilizando, quizás bajando levemente. Bien se han preocupado los que controlan el negocio en implicar a una amplia base ciudadana, para que no les toque sólo a ellos pagar en caso de que llegue la crisis.

Pero, con ser un asunto grave, no es ese el mayor problema de futuro. Nos vamos a encontrar en unos pocos años con un parque de viviendas absolutamente desproporcionado, muy por encima de las necesidades reales de la población. Las universidades reciben cada vez un menor número de alumnos. Muchos de ellos, además, se desplazan a diario desde sus lugares de origen, por lo que no alquilan vivienda. El lucrativo negocio de alquilar pisos a estudiantes languidece, por el exceso de oferta, y los precios ya no suben.

En no mucho tiempo habrá muchas más viviendas vacías (cifra ya de por sí muy elevada en la actualidad) y resultará cada vez más difícil vender la vivienda a un precio que nos permita obtener beneficios de una inversión tan alta. Muchos ciudadanos tendrán varias propiedades, pero su patrimonio estará cautivo, pues no podrán disponer de liquidez para dedicarse a otros negocios. Vender con prisas traerá consigo asumir pérdidas, pues la oferta superará ampliamente a la demanda. Este problema, lógicamente, no preocupa ni a constructores ni a financieros. Ambos habrán hecho ya un buen negocio, habrán llenado las arcas y estarán enfrascados en nuevos asuntos que les puedan volver a proporcionar sabrosos beneficios.

Mientras tanto, los ciudadanos, como casi siempre, habrán vuelto a ser víctimas de las reglas que impone el capital: lo único que importa es el beneficio y cuanto más, mejor”

Propuestas:

Como parte de la Campaña se estableció que al finalizar cada reunión temática se acordarán una serie de propuestas con el fin de desarrollarlas en la jornada prevista para el mes de mayo de 2008. Se detallan a continuación las mismas:

Reivindicar derechos sociales. Consolidar la participación ciudadana. Saber exigir que se posibilite la vivienda. Es un derecho. Invitar a la reflexión “activa” a los líderes sociales. Sin la intervención de la administración pública no se puede tener acceso a la vivienda. Favorecer tal intervención: 1) en la construcción 2) en el seguimiento de las viviendas vacías a través de la presión fiscal. 3) vivienda pública con acompañamiento social como inserción institucional.

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País Vasco
 
El Gobierno vasco multa a 64 constructoras
ElCorreoDigital.com (País Vasco) - 02 de diciembre de 2007
 
 
Por cláusulas abusivas en la venta de pisos. «El sector no mejora», denuncia la Dirección de Consumo, que ya había apercibido a las empresas. Las penalizaciones alcanzan los dos millones de euros

El Gobierno vasco ha decidido «sancionar en masa» a las promotores de la comunidad autónoma, tras haber detectado que 64 de las 70 empresas inspeccionadas este año han impuesto cláusulas abusivas en la compraventa de viviendas libres. «El sector no mejora», denunció el director de Consumo, Rubén Mendiola, quien informó de que las multas que va a imponer el Departamento de Industria totalizan, por el momento, dos millones de euros. «Las infracciones que hemos detectado se castigan con sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros. Cada empresa acumula cuatro o cinco irregularidades, con una multa media de 30.000 euros».

La Dirección de Consumo revisó «de forma aleatoria» los contratos de compraventa suscritos por 70 promotoras desde marzo pasado. No era la primera vez que el Ejecutivo autónomo inspeccionaba la actividad del mercado inmobiliario en Euskadi, pero, a la vista de los últimos resultados, cree necesario intervenir con más contundencia. «Habíamos realizado advertencias en campañas anteriores, pero nos hemos encontrado con infracciones en el 91% de las promotoras. Es una proporción significativa», subrayó Mendiola.

En principio, el Departamento de Industria cree que la apertura masiva de expedientes contra el sector tendrá un efecto ejemplarizante. No obstante, reconoce que el actual abanico de multas -entre 0 y 15.000 euros para faltas leves y graves- puede resultar insuficiente para intimidar a los promotores, pues mueven grandes cantidades de dinero. «Estamos hablando de operaciones por importes muy elevados. El piso es la adquisición más importante en la vida de cualquier consumidor», resumió Mendiola.

El director de Consumo llamó la atención sobre el tipo de infracciones detectadas por los inspectores. Por ejemplo, el 24% de los contratos no indica expresamente que las cantidades entregadas a cuenta por el comprador están realmente avaladas. Este requisito protege al consumidor de una quiebra de la promotora cuando el piso todavía no esté construido, pero el promotor ni siquiera entrega a veces el documento del aval, pese a que la legislación se lo exige.

Los impuestos

Mendiola indicó que más de la tercera parte de los contratos revisados contempla fuertes penalizaciones económicas para los incumplimientos del comprador. Sin em- bargo, no hace lo mismo cuando la otra parte falta a lo acordado. Además, en el 56% de los casos, el promotor se arrogaba la facultad de introducir cambios en la construcción sin pedir autorización.Y en el 13% de las operaciones, al comprador se le obligaba a pagar impuestos que no le correspondían.

Asimismo, aunque la legislación concede un año de tiempo para efectuar reclamaciones por defectos en la vivienda, en uno de cada tres contratos constaban plazos sensiblemente inferiores. Por si fuera poco, en el 49% de las ventas no se informó que se podía elegir notaría y en el 32% tampoco se informó sobre el derecho a conocer la marcha de la edificación.

La inspección de Consumo no acabó ahí. El 20% de los contratos permitía al promotor modificar las condiciones de forma unilateral. El 4% imponía la subrogación a la hipoteca del vendedor. Por último, en el 17% de los casos, el comprador no era informado sobre los materiales empleados en la obra; en el 14% no se le indicaba la superficie útil de la vivienda, y en el 7% no se precisaba la fecha de entrega.

El Gobierno vasco también ha detectado irregularidades generalizadas en el sector del mueble y de los concesionarios de automóviles, aunque se ha limitado a lanzar una advertencia. Tras analizar un centenar de empresas del mueble, descubrió que el 68% no indicaba por escrito el plazo de entrega y el 96% no contemplaba indemnizaciones por incumplimiento de contrato.

Igualmente, en casi medio centenar de establecimientos de venta de coches, el 49% no informaba sobre el plazo de entrega y el 80% no detallaba indemnizaciones y . La Dirección de Consumo animó ayer a los ciudadanos a no aceptar las condiciones abusivas. «Si ya han firmado el contrato -añadió Mendiola-, no deben pensar que no se puede hacer nada. Es posible denunciar, porque nadie está obligado a cumplir condiciones que vulneran la legislación».

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«Ni bajando el precio se vende»
DiarioVasco (sociedad) - 25 de noviembre de 2007
 
 
«Vienen, miran, dicen que les gusta, pero no compran». Propietarios de pisos en venta no se explican la apatía de los compradores. Algunos tienen verdadera urgencia en vender

SAN SEBASTIÁN. DV. Unos bajan el precio ante la urgencia de vender el piso y otros para animar la venta en un mercado de viviendas de segunda mano «que está parado». En la actualidad, pocos propietarios guipuzcoanos no acaban cediendo a la rebaja o a la negociación a la baja del precio de su vivienda. «Parece que la gente visita el piso pero sin estar decidida a querer comprar una casa. Sólo vienen a mirar, como en las tiendas de ropa antes de las rebajas, a la espera de encontrar un chollo», asegura un propietaria donostiarra que lleva cerca de un año intentando vender su finca. Algunos futuros compradores, que conocen el mercado, visitan los pisos y cierran la puerta dejando caer un mensaje revelador. «Ya veremos cuanto aguantan con el precio así...»

En el Centro de Donostia. Ane Valverde puso su piso en venta hace un año. Precio de salida: 80 millones de las antiguas pesetas. Y todavía no lo ha logrado vender, a pesar de que «es el más barato de todo el Centro de Donostia». Una segunda planta en plena calle Fuenterrabía: 60 metros cuadrados repartidos en dos dormitorios, cocina, cuarto de baño y salón comedor. También tiene trastero y un pequeño estudio. «Se va a reformar la fachada y el ascensor, a cuenta de un constructor que va a hacer un levante en el piso superior». Al poco tiempo de ponerse en venta, comenzó el rosario de visitas al piso «pero ni siquiera había contraofertas». Los propietarios decidieron entonces bajar el precio. «Pasamos de la barrera psicológica de los 80 millones de pesetas a los 77 millones» y las visitas comenzaron a aumentar. «Vienen, miran el piso, dicen que les gusta, pero luego no compran. Piensan que el precio va a bajar más». Ane, que vive en otra casa y no le urge la venta, no se rinde. «Tengo el piso colocado en varias agencias. Algunas me dicen que el precio está bien y otras que baje un poco más, pero no pienso malvenderlo». De momento, el piso ya ha sido visitado «por más de cincuenta personas», pero nadie se decide.

«Ni llamadas». Pusieron el piso a la venta en 57 millones de pesetas hace ocho meses y, viendo el panorama, ahora piden 53. «Pero apenas llama gente y visitas hemos tenido muy pocas». La vivienda, un segundo piso sin ascensor en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, de 55 metros cuadrados, está «reformada completamente» y el anuncio de Se vende aparece en «varias inmobiliarias y en carteles por todo San Sebastián». Pero no hay manera. De momento. Sus propietarios, un matrimonio de 60 años, están dispuestos a «negociar a la baja» más si cabe, porque son conscientes de que «el mercado está parado».

«Perder la fianza del piso». «Hay gente que lo está pasando muy mal», aseguran desde una inmobiliaria donostiarra refiriéndose a unos propietarios que tampoco consiguen vender su vivienda. «Compraron un piso de nueva construcción sobre plano en años de bonanza pero luego las obras se han retrasado». Esta circunstancia se ha unido con que «no han conseguido vender su vivienda habitual», necesaria para llevar a buen puerto el cambio que habían iniciado. «Los dueños hicieron esta operación pensando que su vivienda iba a seguir revalorizándose cada año un 10% y ha sucedido lo contrario desde 2006 para aquí. Hay gente que está con el agua al cuello y ha tenido que bajar cinco millones de golpe el precio del piso o perder la fianza que había depositado en la nueva vivienda», afirman desde la agencia donostiarra.

Los dos pisos a la venta. Mercedes, de Inmobiliaria Amaher de Irun, cuenta otro caso extremo que ha pasado por su oficina. «Una chica de Irun, que tiene un piso de los normalitos -un cuarto sin ascensor- se ilusionó y recientemente compró una vivienda preciosa en Astigarraga». Pero no eligió buen momento. Su piso está a la venta desde hace más de seis meses en varias agencias inmobiliarias y hasta ahora no ha encontrado comprador. «Está tan agobiada que ya se está planteando poner a la venta también la vivienda nueva de Astigarraga, a la que se iba a trasladar a vivir, porque se le viene encima el plazo para hacer frente a la hipoteca y el pago de dicho piso», asegura Mercedes. «Ya se ha hecho a la idea de que tendrá que quedarse con la vivienda que no consiga vender», afirma la vendedora, con 13 años de experiencia en el sector.

«Desfase en la tasación». Helena Quintana, agente inmobiliaria de Zarautz, considera que una de las razones de la ralentización de la venta de pisos se encuentra en el desfase en la tasación de las viviendas. «Se tarda más tiempo en vender y se vende menos porque si un piso se tasa en 74 millones de pesetas y luego los propietarios lo quieren poner a la venta en 85, actualmente el banco no va a dar a los futuros compradores un crédito más allá del valor de tasación», asegura. Helena Quintana recuerda que hace pocos meses los bancos «daban créditos por encima de la tasación de la vivienda» pero «ahora» la situación ha cambiado y la posibilidad de acceder a esas viviendas es distinta para esos compradores. La agente inmobiliaria considera que el ajuste de precios a la baja que se está dando «es bueno» para el mercado, porque reconoce que los precios de las viviendas de segunda mano estaban «un poco inflados» a causa del boom inmobiliario de los últimos años.

«Se ve más oferta». A las puertas de una oficina inmobiliaria de la calle Urbieta en Donostia, una joven de 26 años, curiosea entre los carteles de pisos a la venta. «Se ve más oferta y más variedad de pisos que nunca», asegura. Esta joven adquirió su primera vivienda, un piso de segunda mano, en Semana Santa de este año, gracias «a la ayuda de los padres» y a que tiene «un sueldo fijo» en su trabajo. «Estuve casi un año y medio mirando ofertas, visitando pisos y la verdad es que entonces no había tanto para elegir como se ve ahora», confesaba. La donostiarra ha notado también una rebaja en los precios «aunque chollos, lo que se dice chollos no se ven».

«Ponerlo en alquiler». Aunque no es generalizado, la ralentización en el mercado de segunda mano está llevando a algunos propietarios a plantearse la posibilidad de poner el piso en alquiler. «Estamos notando que algunas vivienda vacías se están poniendo en alquiler, sobre todo pensando en estudiantes», aseguran desde una inmobiliaria de Donostia. «Son pisos que, como no se venden, sus propietarios piensan que, mientras no lo coloquen, lo tienen de alquiler y así sacan algo de dinero», añade.

Pisos a 30 millones. El reajuste en el mercado en Donostialdea está afectando tanto más a los barrios de la periferia que a las zonas más céntricas de la capital guipuzcoana. «Cuando todos los precios subían, en los barrios de la periferia proporcionalmente subió más. Ahora, con la ralentización en las ventas, la bajada se está notando más en esas zonas», afirma Itziar Goienetxea, vendedora de una inmobiliaria de San Sebastián. Esta agente inmobiliaria tiene datos que corroboran su afirmación. «En Amara, pisos por los que antes se pedían 59 millones de pesetas ahora se encontran a 52 millones. Y en la periferia, hoy en día se vuelven a vender pisos a 30 millones, cosa que hace tres años no se veía».

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Promotoras deberán ceder más suelo a ayuntamientos para VPO
ElCorreoDigital.com (País Vasco) - 16 de noviembre de 2007
 
 
Sólo el 10% de los pisos es de protección ahora. El Gobierno vasco prepara una ley para subir al 15% el aprovechamiento urbanístico y dotar de mayores recursos económicos a los municipios

Las constructoras se verán pronto obligadas a ceder más suelo a los ayuntamientos vascos para levantar pisos protegidos y de alquiler social. Del 10% de edificabilidad urbanística o aprovechamiento al que actualmente tienen derecho los municipios, se pasará a un 15% merced a una nueva ley de artículo único que ha preparado el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco. La iniciativa, impulsada en coordinación con Eudel, supondrá un espaldarazo a la financiación local al incrementarse en un 50% los recursos de los que los consistorios disponen para ofertar pisos baratos. «Es un salto muy importante, porque no sólo van a tener más parcelas para hacer VPO sino también más recursos económicos», auguró ayer en Barakaldo el el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo.

Esa inyección económica solamente podrá redundar en mejoras urbanísticas. La reglamentación determinará, en este sentido, que los beneficios obtenidos por esta vía deberán ser destinados a la promoción de vivienda protegida o, en su defecto, «a actuaciones de regeneración urbana, rehabilitación patrimonial o equipamientos para la comunidad». Los ayuntamientos aún tendrán que esperar para reforzar sus plusvalías, ya que la entrada en vigor de la ley no es posible hasta finales de 2008.

Por ahora, el acuerdo con las instituciones municipales a través de Eudel se ha plasmado en un anteproyecto. La idea de Madrazo es aprobar la normativa «a mediados del año que viene». De ahí que el texto vaya a ser sometido a información pública la semana que viene para ser previsiblemente remitido al Parlamento vasco «antes del mes de febrero».

El consejero de Vivienda ve la reglamentación como un complemento a la reciente Ley del Suelo, que ya dotaba de muchas herramientas a las administraciones locales. «Ahora le damos otra más para que se impliquen con más determinación todavía y con mayores objetivos en la promoción de VPO», valoró Javier Madrazo, que anunció la reforma legislativa en la primera Jornada Interinstitucional para el Desarrollo de la Vivienda (BIGA) organizada ayer por el propio Ejecutivo autónomo en el BEC. A la cita acudieron 250 personas y un centenar de ayuntamientos de Euskadi en representación del 70% de la población vasca. No faltaron el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, ni su vicepresidente y alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez.

Cooperación institucional

Ante los representantes locales, Madrazo ensalzó la labor de los ayuntamientos y reiteró que la cooperación interinstitucional «se presenta como un imperativo ineludible en el trabajo por la resolución del problema de la vivienda en nuestros pueblos y ciudades». Los jóvenes continúan siendo el principal caballo de batalla. Para garantizar su derecho a una vivienda digna, el mandatario abogó por que las hipotecas no superen el 30% de los ingresos familiares.

Sin la implicación de los ayuntamientos, el responsable vasco de Vivienda asegura que «poco puede hacer» por promover políticas sobre el terreno que respondan a esta creciente demanda ciudadana. A lo largo de los últimos seis años, el Departamento ha firmado 150 convenios con los consistorios, lo que va a posibilitar la edificación de 35.000 inmuebles protegidos. Junto a estos datos, Madrazo presentó como logros «importantes operaciones de rehabilitación» y las 3.700 viviendas vacías movilizadas hacia el alquiler social a través del programa Bizigune.

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Región de Murcia
 
8 detenidos por presunto delito de corrupción urbanistica
El País (Región de Murcia) - 26 de noviembre de 2007
 
 
La Guardia Civil ha detenido en las últimas horas a ocho personas, entre ellas la ex mujer y la actual compañera sentimental del hasta hace unos meses alcalde de Totana, Juan Morales. Según fuentes de la investigación, el ex alcalde del Partido Popular no puede ser detenido porque es diputado regional.

Las detenciones se han producido tras una investigación por presuntos pagos a cambio de la recalificación de unos terrenos adquiridos en el municipio de Totana por Nuaria, una empresa afincada en Vigo, que tenía proyectado construir 4.000 viviendas en dicho solar.

Dos de las detenciones efectuadas por el instituto armado se han producido en la provincia de Pontevedra; otras cinco, en la provincia de Murcia; y una octava en la provincia de Madrid.

Entre los detenidos se encuentran Joaquín Carmona y José Antonio Alcantarra, que según fuentes de la investigación habrían actuado de intermediarios, y Maria del Carmen Jordán, ex esposa de Juan Morales. Las mismas fuentes señalan que uno de los detenidos es Gabriel Martinez, dueño de la empresa Huevos Mariper.

La sede de la empresa en Vigo, así como las dependencias de la concejalía de urbanismo en el Ayuntamiento de Totana han sido objeto de registros. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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Extremadura
 
IVA de viviendas de 60.000 euros de Extremadura baja al 4%
HoyInversion.com (Extremadura) - 26 de noviembre de 2007
 
 
El Impuesto del Valor Añadido (IVA) de las viviendas protegidas de 60.000 euros de precio que promueve la Junta de Extremadura baja del siete al cuatro por ciento gracias a un decreto regional que las califica ahora como de "protección oficial de régimen especial".

Esta medida fue aprobada el pasado lunes, 15 de octubre, por el Consejo de Gobierno y en breve deberá pasar por el de Ministros, ya que afecta a la recaudación de impuestos, informó hoy en rueda de prensa el consejero de Fomento, José Luis Quintana.

El decreto modifica el Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007 y permite que estas viviendas, gracias a su nueva calificación, puedan entrar en el Plan Estatal de Vivienda y Suelo.

La reducción del IVA se aplicará a todas las viviendas de 60.000 euros que están en marcha en Extremadura (11.338), las primeras de las cuales se entregarán antes de finalizar el año y corresponden al Plan de Interés Regional (PIR) "Mérida III Milenio".

Gracias al IVA reducido del cuatro por ciento, las viviendas de 60.000 euros serán ahora "más atractivas" para los promotores, según Quintana, y servirá para continuar con la política de control de precios y de facilitar el acceso de los demandantes que está llevando a cabo el Gobierno regional.

En este sentido, valoró que los beneficiarios deberán pagar posteriormente una hipoteca en torno a 250 euros mensuales. A pregunta de Efe, el titular de Fomento especificó que el precio final de la vivienda está cerrado y será de 60.000 euros más el IPC de un año, impuestos incluidos. Quintana informó de que la Junta está desarrollando 58 actuaciones en materia de vivienda protegida en 31 localidades de la región, donde promueve 22.371 casas, 11.338 del Plan Especial, las conocidas de 60.000 euros.

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Islas Baleares
 
No se vende un piso
Diario de Mallorca (Islas Baleares) - 09 de diciembre de 2007
 
 
Para aproximarse a la verdad, hay que exagerar, de ahí nuestro titular de hoy. En aplicación de la ética periodística, he aguardado a que tres fuentes inmobiliarias me confirmaran que "no se vende un piso", antes de propagarlo a nuestros millones de lectores. Los profesionales de la destrucción, despiece y venta de Mallorca me lo agradecerán. Nuestro grito desperezará a los mallorquines solidarios, que se apiadarán adquiriendo una vivienda al doble de su precio real -es la cotización actual-. Y todo ello, con Francisco Franco a punto de ser proclamado hijo ilustre de Palma. Cuánto sobresalto. El mercado inmobiliario se paraliza. Los carteles de "Se vende" deberían ser sustituidos por "No se vende" -o, en mallorquín, "Nicht zu verkaufen"-. Cuán magnífico epitafio. Hasta hace unos meses, la gente que se negaba a comprar un piso se sentía rara, pedía perdón por no gastar lo suficiente. Dado que el consumo se basa en la emulación, repase su Thorstein Veblen, ahora puede propagarse la idea de que una esclavitud a cincuenta años vista es una manera extraña de expresar la fe en la vida ultraterrena. Cedemos el eslogan "Un piso en propiedad que disfrutará tu fantasma".

Conste que una notaria no imputada penalmente sigue siendo la nuera ideal, pero la isla con una inmobiliaria por cada 350 habitantes deberá replantearse su actividad primordial. Sin cemento que vender, y más analfabetos que nunca. Los recortes de préstamos afectan a constructores con la estructura ya levantada. Las instituciones financieras limitan los descubiertos a diez días, cuando había empresarios acostumbrados a mantenerse tres meses al rojo. Pobres urbanizadores, que ganaban un trescientos por ciento con cada piso y ahora deben contentarse con dobles dígitos. Un gigante del sector promociona 250 viviendas en la provincia de Valencia. No ha vendido ni una. El turismo no será el refugio, porque las grandes cadenas quieren desprenderse de su planta mallorquina con la complicidad del Govern semiprogresista. El cemento es contagioso, hemos sustituido la moratoria urbanística por la oratoria urbanística. El horizonte también es un muro.

Las grandes fortunas inmobiliarias se han fabricado en apenas una década, a costa de dejar una Mallorca inservible, con medio millón de habitantes de más por no hablar de quienes debimos ser expulsados de ella. De momento, sólo peligran las empresas de tamaño medio -algún polideportivo en un municipio mallorquín se quedará a medio construir-, porque las grandes marcas arrastrarían en su desplome a las instituciones financieras que han avalado su exuberancia irracional. A cambio de connivencias inconfesables. Hemos llegado al finis terrae, a falta de saber si se precipitará antes el cambio climático. (Ustedes los periodistas, y su apocalipsis semanal).

La pregunta no es si los policías españoles deben ir armados en Francia, sino si los servicios extranjeros pueden liarse a tiros en España. ¿Cómo afronta la crisis inmobiliaria el perezoso Govern? Mirando fijamente, hacia otra parte. En su infinita misericordia, los semiprogresistas pactan para sacar a los esquilmadores de su zozobra. Con nuestro dinero, claro. Si sale cara, ellos ganan. Si sale cruz, pagamos nosotros. Ni siquiera se prestan a rebajar los precios, ya han anunciado que se hundirán bebiendo champán. Hay que combatir la idea intolerable de que las casas sirvan para vivir en ellas, en lugar de alimentar la especulación. Recuerde dónde leyó antes que Jean Nouvel sería el autor elegido por el Consell Inmobiliario de Mallorca para urbanizar Can Domenge, que la isla regalaba generosamente a un promotor. El obsequio fue votado por 16 consellers del PP y tres de UM, por lo que el caso contiene un ochenta por ciento de presunta corrupción popular, y un veinte por ciento del partido de Munar. Jaleamos desde aquí la valiente penitencia de los conservadores, que optan por la expiación al denunciarse a sí mismos.

Sin ánimo de aburrirles, también vamos a revelar hoy que el Govern del PP allanó el camino para la rifa de can Domenge. ¿Por qué hubo concurso con precio máximo, en lugar de la lógica subasta? Porque en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2005 se introdujo una cláusula, según la cual "la alienación de los bienes inmuebles de carácter patrimonial se ha de hacer mediante subasta o, en los casos en que el precio no sea el único criterio determinante de la alienación, mediante concurso". Los populares cumplieron con su parte, los técnicos del Consell se aferrarán a este remiendo. Mallorca, una ley para cada destrozo. Cada día que veo a Antich abrazado con Miguel Fluxá, y lo veo cada día, me remonto a julio de 2003, tras el hundimiento del primer Pacto de Progreso -que duró lo mismo que el segundo-. Aplaudíamos a la insoportable Noa junto a James Matas y, al paso del hotelero, le felicitamos: -Enhorabuena, habéis ganado las elecciones. -Hicimos lo que teníamos que hacer, Mallorca estaba muy mal. Sólo tenemos en Balears el diez por ciento de nuestro grupo, pero nos sentimos mallorquines y no podíamos estar al margen.

Otro que se está trabajando el hijo ilustre. Los hoteleros invirtieron más entusiasmo en derrotar al Pacto que el Pacto en mantenerse. Ahora, el PSOE les recompensa por el papel jugado en su hundimiento.

"Soy el teatino más viejo del mundo", me decía con 92 años el felanitxer Jaume Prohens. A esa edad, volaba anualmente de su parroquia de Denver (Colorado) a Palma. No usaba bastón, decía ocho misas semanales y pronunciaba una homilía dominical. "Si una pareja me comunica que ´nos casaremos el próximo junio´, ya no lo apunto". Sin embargo, ha vivido varios junios, desde aquel 2002 hasta su muerte en el mes que nos ocupa. Comparaba las Montañas Rocosas con la Serra de Tramuntana, y lo hemos traído aquí por su diagnóstico del urbanismo mallorquín y sus posibles soluciones. "En Mallorca hay demasiado cemento, y todavía tendréis más. En Colorado, el gobernador rechazó los Juegos Olímpicos para que no se desbordara la construcción, y hay ciudades que no admiten nuevos residentes". Amén. En solo una frase, encapsulaba más ideas que la clase política mallorquina al completo.

Reflexión dominical influyente: "La mejor manera de influir en alguien consiste en darle la razón".

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Niños reivindican educación, vivienda digna y crecimiento
Diario de Mallorca (Islas Baleares) - 19 de noviembre de 2007
 
 
Los Servicios Sociales del ayuntamiento de Capdepera, con el fin de celebrar el Día Universal de los Derechos de los Niños y las Niñas, que se festeja mañana, martes, día 20, organizaron el pasado sábado, en el polideportivo Es Figueral, una gran fiesta en la que participaron cerca de 300 personas.

El acto contó con un espectáculo de marionetas, una merienda para todos y un curso de maquillaje de fantasía. Finalmente, unos niños de los colegios de s´Alzinar y l´Auba dieron lectura a unos manifiestos reivindicando los derechos de los niños y las niñas del mundo, derechos tan importantes y de moda como la educación, la vivienda digna o el derecho a un crecimiento sin explotaciones ni discriminaciones, entre otros deseos.

Como broche a la entretenida y reveladora convocatoria infantil, se vivió una gran fiesta con música en la que participaron los asistentes, pequeños y mayores.

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Comunidad foral de Navarra
 
22-D: MANIFESTACIÓN POR UNA VIVIENDA DIGNA
Redacción PVD (Navarra) (Comunidad Foral de Navarra) - 12 de diciembre de 2007
 
 
Porque no nos conformamos.

Porque no podemos volver a casa por Navidad si todavía no nos hemos marchado de ella.

Porque no queremos hipotecas a 50 ni a 40 ni a 30 años, todas aquellas que no queremos alquileres a precios y condiciones indecentes, que no queremos especulación con la vivienda, que no queremos vivir en pisos patera, ni en pisos sin ventilación ni ventanas.

Porque el problema de la vivienda nos afecta a tod@s: mileurizados, dosmileuristas y quinientoseuristas, jóvenes que no se emancipan, padres que han de volver con los hijos, hijos que vuelven a casa de sus padres, parejas que no se pueden separar, hipotecados dependiendo del euribor, jubilados, desempleados, precarizados y cansados de esta situación insostenible.

Porque más de 8000 personas en Navarra no pueden acceder al mercado libre de la vivienda y están en las listas de espera de una vivienda de protección oficial.

Porque no queremos que se destroce el medio ambiente con la construcción salvaje y descontrolada.

Porque queremos que los pisos vacíos cumplan su función social.

Porque la edad media de emancipación es de 34 años.

Porque en Navarra sufrimos los terceros alquileres más caros del estado.

Porque Pamplona está entre las 10 ciudades más caras de España en vivienda libre, a pesar de la cantidad increíble de suelo que tiene en su comarca.

Porque la actual política de pisos protegidos en propiedad está dando lugar a importantes diferencias sociales entre adjudicatarios y no adjudicatarios.

Porque las vpo en propiedad no son la solución al problema de la vivienda.

Porque los precios de una vivienda libre son totalmente desorbitados.

Porque las viviendas están sobrevaloradas en al menos un 30%.

Porque en la comarca de Pamplona con 300.000 habitantes hay 20.000 viviendas vacías, las mismas que en todo el país vasco con más de dos millones de habitantes.

Porque la ambición de unos pocos está hipotecando la vida de muchos.

Porque sabemos que todo esto puede cambiar y se ha de cambiar, que exigimos responsabilidades, que reivindicamos un derecho saliendo a la calle.

Porque hay que manifestarse para hacerse oir y para gritar que los derechos no se sortean ni se mendigan, sino que se conquistan.

MANIFESTACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE A LAS 19:00H EN PAMPLONA (PLAZA DEL CASTILLO)

(Después de la manifestación habrá una representación teatral sobre el problema de la vivienda.)



Secundan la manifestación convocada a través de internet: Plataforma por una vivienda digna de Navarra, Izquierda Unida de Navarra, Partido Comunista, CGT, Rosa Negra, Asociacion Socioeducativa etxabakoitz bizirik y todo aquel colectivo, partido, asociación etc. que quiera unirse (enviar un mail a viviendadignanavarra@gmail.com)

 
 
Esparza da marcha atrás en su meta de hacer 19.000 VPOs
Diario de Navarra (Navarra) - 23 de noviembre de 2007
 
 
- El consejero dijo ayer a los constructores que se daría "con un canto en los dientes" si llega a 11.000- La ACP celebró su asamblea anual y pidió medidas "inteligentes y coherentes" frente a la ralentización del sector

El consejero de Vivienda del Gobierno de Navarra, Carlos Esparza, dio ayer marcha atrás en el objetivo que anunció al tomar el cargo de cubrir el 100% de la demanda de vivienda protegida de la comarca de Pamplona esta legislatura. Esta meta la expresó el pasado 3 de octubre en comisión parlamentaria, en la que indicó que la vía sería la construcción de 7.000 pisos, déficit de años anteriores, y otros 2.500 o 3.000 por año.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Navarra, Carlos Esparza, dio ayer marcha atrás en el objetivo que anunció al tomar el cargo de cubrir el 100% de la demanda de vivienda protegida de la comarca de Pamplona esta legislatura. Esta meta la expresó el pasado 3 de octubre en comisión parlamentaria, en la que indicó que la vía sería la construcción de 7.000 pisos, déficit de años anteriores, y otros 2.500 o 3.000 por año.

Ayer, en la clausura de la Asamblea General Anual de la Asociación de Promotores y Constructores de Navarra (ACP), Esparza rebajó el objetivo. Cuestionado por el presidente de la ACP, Francisco Santiago, sobre pasadas declaraciones y las cifras que anunció en octubre en el Parlamento, el consejero matizó. "Dije que, si queríamos ser capaces de cubrir la demanda, debíamos hacer del orden de 4.000 viviendas protegidas por año. Esta legislatura no va a ser posible. Me daría con un canto en los dientes si podemos hacer del orden de 10.000 u 11.000", afirmó el consejero, justificando la rebaja en que "no hay suficiente suelo planificado para vivienda protegida". En la línea, Esparza también señaló: "Creo que Guenduláin va a ser necesario".

Por otro lado, el convergente invitó a constructores y promotores a un pacto por la vivienda "fruto del consenso" y les aseguró que el Gobierno foral cuenta con ellos para "reducir el desequilibrio entre el precio de la vivienda y las rentas, y fomentar la vivienda de alquiler".

Contra la ralentización

ACP agrupa en la actualidad a 81 compañías y grupos empresariales, que emplean a más de 3.000 personas. Su facturación supera el 70% del total del sector en Navarra. El presidente de la asociación, Francisco Santiago (elegido en 2005, dejará el cargo en noviembre de 2008), afirmó que el sector de la construcción debe adoptar "medidas inteligentes y coherentes para afrontar un momento complicado, pensando siempre en el medio y largo plazo".

Como medidas para combatir los problemas del sector, entre los que destacó la actual ralentización, Santiago reclamó "pactos entre el Gobierno, las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales, especialmente ACP, que faciliten el diseño de políticas de vivienda y suelo a medio y largo plazo". El presidente dijo que el futuro más inmediato apunta a que se mantendrá la ralentización "con posible repercusión en las recaudaciones de las Administraciones en IRPF, impuesto de sociedades, IVA y actos jurídicos documentados".

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La Rioja
 
Logroño: 15 de dic. charla y 22 de diciembre concentración
Redacción PVD (Rioja) (La Rioja) - 12 de diciembre de 2007
 
 
Este sábado día 15, a las 7 de la tarde en la Sala de Multiusos Sagasta (Sagasta, 21) la Plataforma por una Vivienda Digna ha organizado una charla sobre la situación de la vivienda en el estado español.

El ponente de la misma es Oscar García Muga, miembro de la Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna de Madrid.

El día 22 de diciembre, en la Plaza del Mercado a las 7 de la tarde, tenemos pensado realizar una concentración por una Vivienda Digna. Esta concentración la aprovecharemos para denunciar el sorteo de derechos como es el de la vivienda por parte de las administraciones publicas. En la concentración se realizar un sorteo de derechos constitucionales (para el mismo necesitamos un bombo de bingo con las bolas si alguien tiene uno y nos lo puede prestar seria genial, as no tendramos que comprarlo).

El 18 de diciembre a las 8 de la tarde hemos quedado en Sodepaz (Portales, 3) para preparar la concentración.

Os paso el cartel de la charla, el martes vamos a hacer una pegada pero os agradeceramos que imprimieseis unos cuantos cada uno y los peguéis.

 
 
 
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