BOLETÍN DEL 15 DE FEBRERO DE 2008
 
 
España y vivienda
 
Economía y laboral
 
Comunidad de Madrid
 
Catalunya
 
Comunidad Valenciana
 
Canarias
 
Andalucía
 
Galicia
 
Castilla y León
 
Castilla-La Mancha
 
Región de Murcia
 
Aragón
 
Principado de Asturias
 
Comunidad foral de Navarra
 
 
TEXTO COMPLETO
 
España y vivienda
 
ESPAÑA ES EL PAÍS DE LA UE CON MÁS CASAS VACÍAS
ADN - 15 de febrero de 2008
 
 
El relator de la ONU para la Vivienda analiza, en un borrador de su informe para el Consejo de Derechos Humanos, la situación en España en cuanto a especulación, corrupción y mobbing y cómo afecta a las clases medias, pese a que en un 15% de las casas no vive nadie

"Pese a que la Constitución [española] reconoce la vivienda como un derecho básico, en realidad actualmente está considerada como una simple mercancía que se compra y se vende". El relator de la ONU en asuntos de Vivienda, Miloon Kothari, ha llegado a esta conclusión después de su visita de 10 días por España a finales de 2006, según se refleja en el primer borrador del informe que este miércoles presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (consulta el documento completo, en word y en inglés).

Más del 60% de las denuncias por abusos urbanísticos que llegaron a la UE en el primer trimestre de 2006 procedían de España.

Pese a admitir los "progresos" de las políticas y legislaciones de las administraciones central y autonómicas -dedica especiales elogios a la política de vivienda de protección vasca y a la nueva legislación catalana pero critica la política de Mallorca-, el relator presenta España como el país donde más viviendas vacías hay en toda la Unión Europea (un 15% del total) y donde, paradójicamente, los precios de la vivienda suben también al mayor ritmo.

El borrador, de 35 páginas, dedica capítulos completos a la "especulación", la "corrupción" y el "mobbing". Sin pelos en la lengua, el relator desgrana una situación que la inmensa mayoría de los españoles ya conoce o sufre, pero que adquiere mayor relevancia al ser denunciada desde un organismo dependiente de la ONU.

Los precios Madrid y Barcelona se han más que doblado en los últimos diez años; eventos como los Juegos Olímpicos, el turismo y las segundas residencias han alimentado la especulación y el excesivo incremento de los precios; entre 1998 y 2005 el precio del suelo aumentó un 500% y en menos de un año hay quien ha obtenido un 846% de beneficios especulando con terrenos en proceso de recalificación; en cuatro años Mallorca ha modificado 227 planes urbanísticos; 15 de las 24 denuncias por abusos urbanísticos llegadas a la UE en el primer trimestre de 2006 venían de España...

El relator pide mayor "intervención estatal"

Éstos son algunos de los ejemplos puestos por el relator en el borrador de su informe para demostrar como el problema de la vivienda amenaza ya a las "clases medias" -con especial afectación sobre jóvenes, mujeres, immigrantes o ancianos- y por los cuales reclama una "intervención estatal sobre el mercado".

El borrador destaca que una de las causas del problema de la vivienda es que tradicionalmente el mercado e impuestos españoles han favorecido la compra por encima del alquiler y considera "insuficiente" la creación de la Sociedad Pública de Alquiler para darle la vuelta a esta situación.

En el lado positivo, el relator aplaude los progresos que supone la creación de un Ministerio de la Vivienda en 2004, el Plan Vivienda 2005-2008, en Cataluña la creación de la Ley del Derecho a la Vivienda que penaliza a los propietarios con viviendas vacías y también la política de vivienda protegida (VPO) del País Vasco, donde una de cada tres viviendas iniciadas en 2005 era de protección frente a una de cada trece para el conjunto de España.

enlace a la noticia

 
 
IMPOSIBLE SEPARARSE TRAS EL BOOM INMOBILIARIO
El País - 09 de febrero de 2008
 
Los divorciados de la era de la vivienda más cara se hunden en la precariedad - Ni pueden comprar, ni alquilar, ni pedir piso social

Los separados de la era del boom inmobiliario están quedando en la ruina: si no hay un buen acuerdo y macrosueldo, la imposibilidad de encontrar vivienda ha convertido a muchos en ciudadanos sin techo. Sólo en País Vasco y Madrid comienzan a tomarse tímidas medidas para que puedan aspirar a pisos sociales.

El casado casa quiere, reza un refrán formulado cuando el matrimonio era para toda la vida. Pero, ¿y el separado? Tras la disolución del vínculo, y el pago de la pensión alimenticia, a veces acompañada de otra compensatoria, muchos ex cónyuges se ven abocados a una economía de crisis, a la mera subsistencia. La vivienda se convierte en problema, y en algunos casos contenedores, caravanas en cámpings o pensiones, son la primera opción; luego, la solución del piso compartido o la vuelta al hogar de los padres. Sólo que el regreso se hace, entonces, con medio hogar a cuestas: con la compañía temporal y regular de unos hijos que se hacen presentes en fines de semana o vacaciones.

Un separado o divorciado destina alrededor de un 35% de sus ingresos líquidos al pago de la pensión de alimentos (en torno al 20%) y de la compensatoria (un 15% de promedio), si la hubiera, pero el porcentaje puede ser aún mayor, rondando en algunos casos el 50%. La pensión compensatoria se decide si el otro cónyuge resulta perjudicado en su nivel de vida por el cese de la convivencia.

Pero otro desembolso, mucho más difícil de cuantificar, es el de la segunda vivienda, lo que en teoría debería ser el otro hogar resultante de la separación, ya que en el 95% de los casos el cónyuge que se queda con la custodia de los hijos lo hace en la casa común. Si sobre esa primera vivienda pesa una hipoteca, los juzgados de familia suelen dictaminar que la carga se satisfaga por mitades; así, al debe de la ruptura el cónyuge que se va de casa ha de sumar el pago de la mitad de aquélla.

Bruno Murillo, de 41 años, lleva seis separado. Con un hijo de dos años y una casa recién estrenada, tras la demanda de separación presentada por su mujer se vio de pronto en una pensión "porque no podía afrontar un alquiler si quería pagar la manutención". Pero la factura de la fonda también resultaba gravosa y, alguna noche, llegó a dormir en su coche, en la calle. "Entonces era viajante, y así me ahorraba las dietas, con las que podía pagar la pensión de alimentos y la mitad de la hipoteca". Al año de dar tumbos se fue a casa de sus padres. Una vida de okupa que a duras penas conseguía crear el ambiente de hogar indispensable para las convivencias con su hijo. Por eso, su familia le paga desde hace meses el alquiler de un piso en Canet de Mar (Barcelona), donde residen su ex mujer y su hijo. "Vivo de alquiler gracias a mi familia", afirma Murillo, que hoy trabaja como técnico teatral. "Mi sueldo es de 1.200 euros, paso a mi ex 600 entre pensión e hipoteca, y gasto 100 euros más al mes en transporte. De los 500 euros limpios, se me irían 450 en alquiler, así que sin ayuda no podría. Una vivienda independiente hace que la relación con mi hijo sea más normal, más fluida", concluye. Y en cuanto a la custodia compartida, principal caballo de batalla de muchos divorciados, habría resultado impensable solicitarla "a 60 kilómetros de distancia del domicilio familiar, la distancia a la que viven mis padres, de ahí la necesidad del alquiler".

Otros corren peor suerte. Eufemiano de Céspedes tiene 69 años. Los últimos siete los ha pasado, divorciado, en un contenedor habilitado como casa en la madrileña sierra de Guadarrama. "Si uno tiene la desgracia de separarse es la ruina total, y no sólo económicamente hablando. Tenía régimen de gananciales, mi mujer no ha trabajado nunca, pero como el patrimonio estaba a su nombre, me vi en la calle, con 13,30 euros para pasar el mes. ¿Cómo va a vivir alguien con ese dinero?".

Eufemiano tiene dos hijos, que eran ya mayores de edad cuando se separó. Con la ley del divorcio de 1981 vigente, el juez sentenció que el padre debía pasar una pensión de 100.000 pesetas de la época al menor, a la sazón de 30 años de edad. "Yo me reí en su cara. ¿A alguien de 30 años? No me tome el pelo, señor juez, le dije. Y me desalojaron de la sala". "Me pusieron dos multas y recibí tres sentencias con errores, la Justicia me ha tratado muy mal", se queja. Antes de ocupar el contenedor, rodó por unas cuantas pensiones. "He pasado mucha hambre y frío estos últimos años", clama mientras aprovecha para atacar una ley, la del divorcio, que, dice, "está hecha en contra del hombre".

"Es una ley absolutamente indiscriminada", contraataca Altamira Gonzalo Valgañón, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, contraria a la custodia compartida y favorable a una responsable, correlato de la corresponsabilidad previa en el cuidado de los hijos. "El problema es que no se habla claro: la mayoría de estos hombres lo que plantean es dejar de pagar la pensión a los hijos y que la madre no se quede con la casa, que ésta se venda o reparta. En el núcleo de su preocupación no está el cuidado filial".

El presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, Isidro Niñerola, constata la merma de nivel de vida que acarrea una separación para uno de los cónyuges, sino para ambos. "Uno de ellos, el obligado al pago , que es en la mayoría de los casos el hombre, queda en situación de inferioridad económica, llegando a ser ésta a menudo penosa. Las pensiones que se imponen [de alimentación y compensatoria] son elevadas, pueden llegar al 35% de los ingresos líquidos del progenitor obligado a pagarlas. En cualquier caso, ese debería ser el tope máximo", sostiene Niñerola.

En el material de agravios que esgrimen los padres separados -no sin recordar, algunos, que en su situación se hallan también muchas mujeres-, la fiscalidad ocupa también espacio en la diana. "Fiscalmente no pertenecemos a la unidad familiar, en nuestra declaración de la Renta no podemos deducir por los hijos, sólo quien tiene la custodia". De nuevo la custodia como catalizador de todos los rencores. "A la hora de cumplir con Hacienda, desaparecemos de la familia, pero a efectos reales somos sus principales sostenedores", apunta Paco Rodríguez, de 46 años, padre de una niña de 10. "Yo mantengo dos unidades familiares: la de mi ex y mi hija, y la de mis padres, en cuya casa me he visto obligado a instalarme como si fuera un okupa, viviendo de prestado", dice; "todas mis cosas están en un guardamuebles".

Pese a su condición de funcionario, afrontar el pago de la pensión de alimentos más la mitad de la hipoteca del piso que compró con su pareja se le hace cuesta arriba. Su ex, cuenta, ha tenido un hijo con otro hombre, con el que convive en el hogar que Paco contribuye a pagar. "El nuevo novio de mi ex no colabora en los gastos domésticos, así que pago yo, por imperativo legal", se queja. Situaciones como ésta, denuncia el presidente de la Asociación de Abogados de Familia, "deberían ser motivo de la extinción del uso por parte del cónyuge custodio".

Similar petición hace la Confederación Estatal de Padres y Madres Separados Conpapaymamá a los partidos políticos: la modificación del artículo 96 del Código Civil, es decir, que se reconsidere el derecho al usufructo del domicilio familiar si el usufructuario convive en él con otra pareja. Cabe recordar, no obstante, que la vivienda no se adjudica a uno de los cónyuges, sino para servir de hogar a los hijos.

Paco Rodríguez, con su sueldo de funcionario de nivel medio, se ve excluido del mercado inmobiliario. "No tengo acceso a pisos de protección oficial, porque son para gente que gana 800 euros al mes, pero tampoco puedo recurrir al mercado libre. Por eso no es de extrañar que la mayoría de los divorciados acabe compartiendo piso", afirma.

El déficit de viviendas ha encontrado respuesta en un par de Gobiernos autonómicos. El Ministerio de Vivienda, en su Plan Estatal, no destina ningún cupo de viviendas de protección oficial (VPO) a separados; el Gobierno Vasco o la Comunidad de Madrid, sí, aunque con cuentagotas. La Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados (Kidetza) suscribió en 2006 con el Gobierno de Vitoria unos acuerdos para facilitar el acceso a VPO de separados y divorciados. El principal logro consiste en eliminar el plazo de dos años que un separado debía aguardar para optar al sorteo de una de estas plazas. Etxebide, el Instituto Vasco de la Vivienda, se convierte así en pionero de una medida que allana el camino a la equiparación, en términos inmobiliarios, entre los dos hogares resultantes del divorcio.

En la Comunidad de Madrid, la avanzadilla es una tímida promoción de 202 pisos de protección oficial en alquiler. Pero, como lamenta Paco Rodríguez, la desproporción en el reparto resulta discriminatoria. "En el primer paquete, consistente en 40 viviendas, 38 han ido a parar a mujeres y sólo 2 a hombres", dice. Algo que, sostiene, no sucedería -ni se convertiría en un casus belli más- si, como proponen las asociaciones de divorciados, se disuelve automáticamente el régimen de gananciales -si ése fuera el del matrimonio- en el mismo acto del divorcio.

En los comedores sociales de las grandes ciudades no es infrecuente la figura del padre separado. "No es un fenómeno nuevo. Tampoco resultan extraños en la calle, entre las filas de los sin techo. Por decirlo de alguna manera, la situación que sigue a una ruptura familiar puede derivar en una transitoriedad precaria", explica Sergio Barciela, responsable del programa Personas sin Hogar de Cáritas. "Los hombres separados que acuden a nuestros comedores no son el perfil habitual del sin techo; la suya es una situación coyuntural", añade.

Last, but not least, la pugna por la custodia compartida, que las asociaciones de divorciados -imposible averiguar el número total de afiliados- reclaman como norma automática en todo proceso, salvo cuando uno de los cónyuges renuncie expresamente a ella o bien concurran "causas suficientes". En el entrecomillado se agazapa otro de los puntos más peliagudos de la batalla por lograr las mejores condiciones posibles posdivorcio: las presuntas denuncias falsas por maltrato. Basta una sola para que la posibilidad de optar a la custodia compartida se volatilice para el progenitor acusado. Bruno Murillo ha pasado por ello. "Mi ex interpuso contra mí denuncias falsas, que el juez desestimó. Pero, en lugar de probar la culpabilidad, lo que resulta más difícil en estos casos es demostrar la inocencia. Yo obtuve una sentencia absolutoria, pero la vista por la custodia compartida no se llegó a celebrar".

"Las denuncias por maltrato, sobre todo si son falsas, constituyen un tema gravísimo, que se hace eco de la alarma generada por la violencia doméstica", expone Isidro Niñerola. "Los juzgados de violencia doméstica están viendo no sólo causas penales, sino también civiles: disputas en torno al régimen de visitas, etcétera. Denuncias que intentan propiciar la exclusión de la custodia compartida. Los juzgados [de violencia de género] están colapsados, y haría falta una profunda reforma para eliminar de ellos toda la jurisdicción civil que ven a diario".

Altamira Gonzalo, de Themis, niega la mayor: "Es mentira que se utilicen denuncias falsas para acelerar el proceso. Con nueve mujeres asesinadas en lo que va de año, resulta terrible oír eso. Un estudio de la Audiencia Provincial de Barcelona estima en un 4% el porcentaje de denuncias falsas, similar al de cualquier otro tipo de denuncias".

"Se está siguiendo una política de discriminación positiva hacia las mujeres, y es políticamente incorrecto no secundar ese discurso", replica Rodríguez, secretario de la Unión de Separad@s de Madrid. Rodríguez recalca que la asociación que representa "es mixta, de padres y madres". El símbolo de la arroba como una vuelta de tuerca más, en insondable espiral, a un drama cotidiano que se enquista en el tiempo y en el espacio.

enlace a la noticia

 
LA VIÑETA: DOCUMENTAL 'DINERO = DEUDA'
Rafapal.com - 15 de febrero de 2008
 
 
Para la viñeta de este mes hemos seleccionado el documental 'Money as debt' de Paul Grignon, que hemos encontrado doblado al castellano en rafapal.com. Necesitaréis el DivX web player para poder visualizarlo.



enlace a la noticia

 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA CAE UN 6,7%
El País - 29 de enero de 2008
 
 
De enero a septiembre. El PSOE pretende casi duplicar los pisos baratos en la próxima legislatura

El director general de Arquitectura y Vivienda estaba exultante el pasado día 18. Tenía motivos para ello. Según las estadísticas que presentaba, los pisos se encarecieron en 2007 un 4,8%. En la rueda de prensa, Rafael Pacheco destacó que esta cifra queda a una distancia sideral del 18,5% de hace tan sólo cuatro años, y se sitúa ligeramente por encima de la tasa de inflación, uno de los objetivos que se había marcado el Gobierno

Pero su optimismo no sólo se apoyaba en la evolución de los precios. Pacheco también insistía en el incremento del 1,5% en la construcción de viviendas protegidas en el último año.

Sin embargo, hubo un detalle que olvidó mencionar: en los nueve primeros meses de 2007, los últimos de los que hay cifras, las iniciaciones de pisos protegidos no aumentaron, sino que retrocedieron un 6,75% respecto al mismo periodo del año anterior. Si entre enero y septiembre de 2006 se comenzaron 60.707, este número se redujo el año siguiente hasta las 56.612.

Las licencias de construcción que aprueban los arquitectos ofrecen una tendencia peor. Porque las casi 25.000 proyectos que se visaron en el primer semestre de 2007 suponen una disminución del 35% respecto al mismo periodo del año pasado.

El motivo de esta relajación hay que buscarlo en la crisis que vive el sector. Al caer las cifras totales de construcción, también lo hacen los pisos destinados a los bolsillos menos pudientes. "En los últimos años, muchas casas protegidas se han hecho con suelo cedido a los ayuntamientos por los promotores de vivienda libre. Como la construcción ha disminuido, los municipios tienen menos suelo", explica el estadístico Julio Rodríguez.

Lo llamativo es que esta ralentización coincide con el muy ambicioso objetivo con el que el PSOE se presenta a las próximas elecciones generales: si ganan, los socialistas prometen construir 150.000 viviendas anuales de protección oficial durante la próxima década. La nadería de 1,5 millones de nuevos pisos con precios tasados hasta 2018.

Aunque en esta legislatura se ha disparado el volumen de pisos protegidos, todavía está muy lejos de los objetivos que ahora se marca el PSOE. En los últimos cuatro años se han iniciado una media de 84.000 al año.

Según los cálculos del Ministerio de Vivienda, entre 2004 y finales de 2007 se han iniciado más de 335.000 viviendas protegidas, lo que supone un incremento del 60% respecto al periodo anterior, cuando José María Aznar era el presidente de Gobierno. Y al final de la legislatura se llegará al 70%. Pero para cumplir con su compromiso electoral, los socialistas casi tendrán que duplicar el ritmo de construcción de viviendas protegidas. Y eso en unos años que se presentan muy complicados para el sector del ladrillo.

Y es que, en tiempos en los que las ventas se han desplomado, la vivienda protegida se ha convertido en un refugio para empresarios desesperados por colocar sus excedentes. Más aún después de que el Gobierno decidiera a principios de año ampliar los precios mínimos a los que se puede vender una vivienda para que esté subvencionada. El objetivo del ministerio es que las promotoras en apuros ajusten sus precios a los límites establecidos, favoreciendo así que los compradores se acojan a las ventajas del plan estatal.

Pero esta medida no gusta a todos. El sindicato UGT replica: "El dinero público destinado a la obtención de pisos a precios asequibles para las rentas más bajas no debe destinarse a resolver los problemas de unos inversores particulares que, por otra parte, han obtenido en los últimos años beneficios impresionantes".

enlace a la noticia

 
 
‘PINCHAZO’ INMOBILIARIO HACE UN ROTO DE 5.000 MILL. A CCAA
Cotizalia.com - 26 de enero de 2008
 
 
El pinchazo inmobiliario -más evidente en las viviendas nuevas que en las de segunda mano- amenaza los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Según fuentes que conocen muy de cerca las finanzas regionales, el frenazo en precios y, sobre todo, el descenso en el número de transacciones inmobiliarias supondrá una caída de la recaudación del 30% en los dos tributos cedidos totalmente a las CCAA que tienen que ver con el mercado inmobiliario: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados.

El IVA, que es el otro gran tributo que grava la adquisición de viviendas, es de carácter estatal, aunque cedido parcialmente a las regiones. Por esta vía, las comunidades también verán también reducidos sus recursos, pero de forma indirecta.

Lo más preocupante para las finanzas regionales es que la carga fiscal que sufre la vivienda ha acabado por convertirse en una fuente fundamental respecto de sus ingresos tributarios totales. En particular para algunas regiones. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, donde nada menos que el 21,9% de sus ingresos procede del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos. A continuación se encuentran Murcia (donde el 17,3% de su recaudación depende de la evolución del mercado inmobiliario), Cataluña (16,3%) y Comunidad Valenciana (15,9%). En el lado contrario, las comunidades autónomas menos vulnerables a un parón inmobiliario son Galicia (6,2% de su recaudación) y Extremadura, apenas el 4% de sus ingresos.

Vulnerabilidad

El nivel de dependencia de las finanzas regionales ha ido creciendo de una manera exponencial en los últimos años, hasta el punto de que, según lo presupuestado, el año pasado pensaban ingresar 18.120 millones de euros por esos dos conceptos. Es decir, que una caída en torno al 30% en la recaudación supondría una merma de ingresos superior a los 5.000 millones de euros. Mucho dinero que puede poner en peligro los objetivos de equilibrio presupuestario. Hay que tener en cuenta que hace una decena de años los ingresos totales por ambos tributos apenas ascendían a 2.700 millones de euros, lo que significa que desde 1997 la recaudación vinculada al ladrillo se ha multiplicado prácticamente por siete. El motivo hay que vincularlo fundamentalmente al aumento de la base imponible, ya que al encarecerse los pisos también crece la recaudación al aplicarse los tipos impositivos sobre bases más altas.

Ahora bien, la vacas gordas parecen haberse acabado, tal y como apuntan dos indicadores extremadamente fiables: el número de transacciones inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad y el volumen de hipotecas constituidas. En el primer caso, los datos indican que si en el primer trimestre de 2006 se registraron 1.009.192 de transacciones inmobiliarias (incluyendo tanto viviendas como usadas), pero es que durante el tercer trimestre de 2007 la cifra ha caído hasta las 830.000 operaciones. Un síntoma inequívoco de que las comunidades autónomas van a tener muchas dificultades para cumplir su presupuesto.

Otro indicador refleja lo que está pasando. El número de fincas hipotecadas cayó en octubre (último mes con datos disponibles) un 7,9% en términos anuales, y eso también pasará factura a las regiones. Las comunidades autónomas gravan la constitución de hipotecas con un tipo impositivo fijado en función de la base imponible del inmueble, y eso se refleja en la recaudación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Un tributo que hace apenas una docena de años era casi marginal en el sistema tributario español pero que a medida que ha ido creciendo el ‘boom’ inmobiliario ha pasado a ocupar un papel cada vez más determinante. Hasta el punto de que para 2007 se presupuestaron unos ingresos de 7.603 millones de euros, once veces más que hace una década.

enlace a la noticia

 
 
LOS DUEÑOS DE PISOS EN ALQUILER SUBEN LOS PRECIOS POR AYUDAS
El Periódico Mediterráneo - 14 de febrero de 2008
 
El incremento experimentado en solo un año, tras la subvención del Gobierno, es de entre 50 y 200 euros.Los expertos piden más intervención gubernamental para poner freno a las demandas de los propietarios.

Las ayudas al alquiler impulsadas por el Gobierno central para facilitar la emancipación de los jóvenes está produciendo en el mercado de arrendamientos un efecto contrario y advertido por las inmobiliarias castellonenses a este rotativo cuando se anunció la medida: la subida de los precios por parte de los dueños.

Ante la mayor capacidad adquisitiva a la hora de arrendar un inmueble de las personas situadas entre los 22 y los 30 años, beneficiarias de 210 euros al mes gracias a la iniciativa gubernativa puesta en marcha el 1 de enero de este año, se ha generado entre los propietarios de los pisos en alquiler una tendencia a aumentar el coste de estos para aprovecharse de la nueva condición económica de los usuarios.

A pesar de no ser todavía un efecto masivo, lo cierto es que desde varias inmobiliarias de la ciudad de Castellón se ha advertido de esta circunstancia, que puede actuar como freno a la emancipación, ya que atenúa, en algunos casos de forma considerable los efectos de la ayuda.

La subida de precios se sitúa, aproximadamente, en una franja de 50 a 200 euros. Así lo confirma a Mediterráneo Flora Severino, de la inmobiliaria Fincas Beltrán: "Si antes ya eran caros los alquileres, ahora lo son todavía más. Algunos propietarios, sabedores de que los jóvenes pueden disponer de una contribución para el alquiler, intentan beneficiarse de ello", y pone como ejemplo que "un inmueble que se podía arrendar durante el año pasado por 400 euros al mes, este alcanza los 600".

FRENO DE LA DEMANDA

El efecto subida no perjudica solo a los usuarios, sino también a las inmobiliarias, que están encontrándose con problemas para alquilar. "La caída que se está produciendo últimamente de la demanda de pisos en propiedad debía actuar como un incentivo para el alquiler, pero lo cierto es que ahora ambos sectores están en crisis", asegura Severino. Sin embargo, otros afirman que las consultas se han multiplicado.

Ayman Martín, de la inmobiliaria Bulevar, detalla que, por su experiencia, el encarecimiento de los precios sitúa "más o menos en los 100 euros". Además, varias agencias consultadas indican que también se ha disparado el valor solicitado por los arrendamientos nuevos.

El hecho de que la Administración no haya establecido ningún límite a los propietarios --excepto en el País Vasco, única comunidad que ha previsto un tope de 700 euros en el contrato de arrendamiento para pedir las ayudas y evitar así una tendencia inflacionista-- también se apunta como causa de esta subida, que podría ser frenada, en opinión de varias de las inmobiliarias consultadas, con mayor intervención gubernamental en las demandas de los dueños.

enlace a la noticia

 
El Gobierno se vuelca en ayudar a los promotores
El Confidencial - 15 de enero de 2008
 
 
para evitar un colapso inmobiliario

El deterioro del sector inmobiliario -algo que ya nadie cuestiona- puede estar siendo más intenso de lo estimado inicialmente por el Gobierno. El Ejecutivo había previsto una desaceleración suave del ‘ladrillo’, en línea con la pérdida de pulso de la actividad económica general derivada de la subida de los tipos de interés; pero lo cierto es que el empeoramiento de las expectativas por parte de los agentes económicos -algo a lo que ha contribuido la persistencia en el tiempo de la crisis de las hipotecas ‘subprime’- ha acabado por rematar al paciente.

Esto explica que el pasado viernes el Ejecutivo aprobara un real decreto que modifica sustancialmente el Plan de la Vivienda 2005-2008, y que en realidad es una especie de tabla de salvación de las promotoras inmobiliarias, que han visto cómo desde el verano la venta de pisos ha caído en picado. “El Ministerio de la Vivienda parece haber acometido esta reforma como una medida orientada a dar salida al stock de viviendas construidas y en proceso de construcción, y que actualmente no encuentran venta en el mercado”, asegura un documento de CCOO al que ha tenido acceso El Confidencial.

En esta misma línea, la Unión General de Trabajadores (UGT) asegura que el real decreto “no resuelve el problema de los ciudadanos con menores rentas y alivia la situación de los promotores inmobiliarios”. Para llegar a esta conclusión los sindicatos recuerdan que, en entre otras medidas, el real decreto establece una ayuda directa de 6.000 euros a los promotores inmobiliarios que alquilen sus viviendas, siempre que estas sean de nueva construcción y lleven más de un año puestas a la venta. De esta manera, parece obvio que pueden aligerar el stock de viviendas sin vender.

La medida que más ha llamado la atención, sin embargo, es la facilidad que se concede a los empresarios inmobiliarios para que una determinada promoción de viviendas inicialmente libre pueda transformarse en protegida, con las ventajas que tiene este cambio de calificación en un mercado a la baja. Esta posibilidad ya existía, pero con un plazo más dilatado en el tiempo, lo que puede provocar, según CCOO, “una saturación real del mercado de vivienda protegida”, perjudicando, de esta manera, a los promotores que han apostando por vivienda social en épocas de ‘boom’ inmobiliario.

Política proteccionista

La política proteccionista del sector inmobiliario por parte del Gobierno pasa también por una elevación de los módulos del 4,4% el precio del metro cuadrado, hasta los 760 euros. Una cifra que es, sin embargo, escasamente representativa, toda vez que las comunidades autónomas tienen potestad para establecer el precio máximo final de venta, y que en el conjunto del Estado alcanza los 1.036 euros por metro cuadrado construido. Se supone que al ser más alto el precio por el que se puede vender una vivienda protegida, los promotores tendrán más interés en apostar por este tipo de viviendas. Máxime cuando el plan intenta paliar uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta en estos momentos el sector: la financiación. Con el nuevo real decreto, se amplia el plazo de carencia de los tres años ampliables a cuatro actuales, a un periodo de carencia de cuatro años ampliable a diez. De esta manera, los promotores tienen más margen de maniobra para negociar con bancos y cajas de ahorros. Un asunto de especial relevancia en un contexto de restricción del crédito.

Aunque el precio de la vivienda protegida queda todavía lejos de la de promoción libre (1.036 euros metro cuadrado frente a 2.054 en el segundo caso), lo cierto es que esa política de elevar precios dificulta el acceso a una vivienda por parte de los ciudadanos con menor recursos, y eso explica la inquietud sindical. De hecho, según CCOO, el esfuerzo para comprar una vivienda se sitúa ya en 7,1 salarios anuales brutos para viviendas de 70 metros cuadrados y de 10,2 salarios anuales para un piso de 100 metros cuadrados.

En los sindicatos ha sorprendido, igualmente, el hecho de que el real decreto haya visto la luz en el último Consejo de Ministros antes de disolverse el parlamento, y cuando falta menos de un año para que caduque el actual plan de la vivienda. La sorpresa es todavía mayor si se tiene en cuenta que el real decreto no incorpora una memoria económica, pese a que van a tener un evidente impacto presupuestario. “A punto de caducar el actual plan, lo lógico es que se nos convoque para ver las líneas maestras del próximo, no una reforma que beneficia a los promotores y que no tiene dotación presupuestaria alguna”, asegura Pura García de la Rosa, responsable de Política Social de CCOO.

Las prisas del Gobierno

En ciertos sectores se estima que detrás de las prisas del Gobierno por aprobar el real decreto -que probablemente no hubiera gustado a la antecesora de Carmen Chacón en el Ministerio de la Vivienda, María Antonia Trujillo- se encuentra el convencimiento de que el mercado inmobiliario se está desacelerando más rápido de los previsto, al menos en cuanto a unidades vendidas. La desaceleración de los precios está siendo menos intensa.

Los datos de los registradores no dejan lugar dudas en cuanto a ventas. Si en el tercer trimestre de 2006 el ritmo anual de viviendas nuevas vendidas e inscritas en el registro ascendió 413.658 unidades, en 2007, también en el tercer trimestre, el número ha caído a 353.070. Es decir, se han vendido 60.000 viviendas menos en sólo un año. Asignando un valor medio por vivienda de unos 120.000 euros, se estaría hablando de un negocio que se ha reducido en unos 7.200 millones de euros. En el tercer trimestre de este año, sin ir más lejos, se han registrado 83.305 viviendas nuevas, cuando en el mismo periodo del año anterior se inscribieron 92.891, lo que da una idea del deterioro.

La posibilidad de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) saliera en auxilio de las promotoras inmobiliarias es una hipótesis que, según fuentes solventes, el Gobierno ha barajado. Fuentes del ICO, sin embargo, aseguraron ayer a El Confidencial que hoy por hoy no se ha planteado formalmente. “No sabemos nada”, dijeron esas fuentes.

enlace a la noticia

 
 
Chacón dice que PSOE ha invertido 'tendencia peligrosa' PP
EuropaPress - 18 de enero de 2008
 
 
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, aseguró hoy que el PSOE ha invertido la "tendencia peligrosa" del PP en materia de precios de vivienda, ya que con los gobiernos de Aznar la vivienda pasó de ser "un bien básico a un bien de lujo" al incrementarse los precios los precios en "un 20%" en un año, mientras que ahora "lo hacen en tasas entre el 4 al 5%, acercándose al IPC".

En la inauguración del seminario 'Ley del suelo y gobiernos locales' en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la ministra consideró que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un vuelco a la política de vivienda, en relación a la que emprendió en su día el ejecutivo presidido por José María Aznar.

"Hoy vivimos una realidad distinta de la que nos encontramos", dijo Chacón, ya que se está construyendo "la mayor cantidad en vivienda social en veinte años, a un ritmo de 100.000 viviendas anuales", una cantidad muy superior a la que se hizo durante los ocho años de gobierno del PP.

En este sentido, lamentó los efectos que ha tenido para el sector la Ley del Suelo que se aprobó en 1998, y recordó que entre ese año y 2004, "el precio de la vivienda aumentó en el 150%, el del suelo en un 500%, se gestionaba con opacidad y con poco respeto al medio ambiente", y se extendieron "lacras como la corrupción urbanística y la especulación".

Por otro lado, la titular de Vivienda pidió que se dejen "de lado las diferencias partidistas" en cuanto a vivienda y suelo, con la finalidad de que todas las administraciones existentes --el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales-- hagan de ello "una prioridad".

Chacón aseguró que "una sola administración no podrá" convertir la vivienda en una prioridad y garantizar el derecho a su acceso como contempla la Constitución. Por ello, reclamó la colaboración de todas las administraciones y también de "la iniciativa privada" para abordar "el principal problema de la sociedad española".

"Tenemos la obligación de trabajar insistentemente con voluntad de acuerdo" para que el derecho a una vivienda digna que garantiza la Ley Fundamental "no sea sólo letra". En caso contrario, "no seremos capaces de dar a este derecho efectividad real", concluyó.

enlace a la noticia

 
 
IU propone una ley que regule el derecho a la vivienda
Telecinco - 26 de enero de 2008
 
 
Izquierda Unida ha presentado el borrador de su programa electoral, en el que propone la creación de una ley para regular el derecho a la vivienda. Esta ley regularía el reconocimiento del derecho subjetivo y universal a una vivienda digna y limitaría el crédito hipotecario para controlar el precio de los inmuebles.

Según el borrador, la política fiscal deberá ser modificada para dar prioridad al alquiler, mejorar el tratamiento impositivo de la vivienda protegida en relación a la vivienda libre y gravar las casas vacías y las segundas viviendas.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha declarado que estas medidas se plantean como un "camino intermedio hasta llegar a una situación cercana al cien por cien de la vivienda dedicada a vivienda protegida, con un razonable menor porcentaje en suelo urbano que urbanizable".

El borrador recoge que "los alquileres protegidos se adaptarán a los ingresos de los inquilinos (a mayores ingresos mayor alquiler, y viceversa)". Asimismo, Izquierda Unida propone limitar el crédito hipotecario para que sólo se puedan recibir préstamos por un máximo del 30% de los ingresos y por un tiempo de hasta 15 años.

enlace a la noticia

 
 
Defensor del Pueblo aboga bonificar en el IBI a pensionistas
Finanzas.com - 15 de enero de 2008
 
 
y discapacitados con una vivienda

El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado y Hacienda que incluya, en la Ley de Haciendas Locales, una bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para pensionistas y personas con discapacidad cuyo única vivienda en propiedad sea su domicilio, informó hoy esta institución.

De esta manera, el Defensor pretende proteger a las rentas más desfavorecidas del "fuerte incremento tributario que ha sufrido este impuesto en los últimos años, como consecuencia de diversos factores", entre los que cita la inflación y la especulación urbanística.

Según la institución, la medida contribuiría además a "definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo el derecho reconocido en la Constitución a tener una vivienda digna, garantizando que los sectores más desprotegidos de la sociedad puedan mantener su vivienda".

El Defensor advierte que este mandato constitucional "se cercenaría si, obtenida una vivienda digna, los impuestos que pesan sobre ella, influidos por la inflación y la revalorización del mercado inmobiliario, obligan a prescindir de la misma".

enlace a la noticia

 
 
Hacienda investiga la rentabilidad de las promotoras
CincoDías.com - 31 de enero de 2008
 
 
Lanza un plan especial para detectar fraude fiscal en la venta de inmuebles

Hacienda ha decidido dar una vuelta de tuerca más a la investigacion sobre el sector inmobiliario. Según consta en el nuevo plan de control que acaba de aprobar la Agencia Tributaria, este año se van a potenciar las inspecciones en el sector, con un plan especial que profundiza el dedicado a las promociones inmobiliarias en ejericios anteriores. El objetivo ahora es, entre otros asuntos, comprobar las rentabilidades consideradas 'anormales' por la administración tributaria. Hacienda investigará, sobre todo a las promotoras que hayan declarado en el IRPF y en el impuesto de sociedaes una reducida rentabilidad en la venta de una promoción que, contrasta con los precios reales de mercado en esa zona.

Para verificar si, efectivamente la rentabilidad declarada está por debajo del beneficio real obtenido, Hacienda va a emplear 'técnicas informáticas' de cálculo de los precios de mercado. Tiene como fiel aliado a los notarios y registradores, con los que ha firmado sendos convenios de colaboración. Los dos colectivos han entregado en los últimos meses datos sobre 250.000 negocios inmobiliarios calificados por los propios notarios, como sospechosos de haberse cometido en ellos algún tipo de fraude. En los siete primeros meses de 2007, Hacienda ya detectó un fraude fiscal de 836 millones en 5.454 contribuyentes relacionados con el sector. La investigación de las rentabilidades anómalas de las promotoras se completará con una inspección de las empresas subcontratadas en cualquiera de las distintas fases de un planeamiento urbanístico.

No residentes

También se prestará atención a la compra-venta de inmuebles realizadas por no residentes, cuyo número ha aumentado exponencialmente en los últimos cuatro años.

El plan de control tributario se extiende también a otras áreas como los contribuyentes que tributan por el sistema de módulos, las grandes tramas intracomunitarias para eludir el pago del IVA y los tributos cedidos a las comunidades, en especial, el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Más control sobre los billetes de 500 euros

A lo largo del año, la Agencia Tributaria analizará todas las operaciones con billetes de 500 euros en las que, en su opinión, existe un riesgo evidente de fraude y de las que a lo largo de 2007 se ha ido recogiendo pacientemente información. En esta tarea ha sido de gran utilidad la banca (cajas de ahorro y bancos), que han remitido a Hacienda datos referentes a más de 2.000 operaciones en las que se han utilizado en cada una de ellas conjuntamente más de mil billetes de 500 euros. Algunos casos ya se han remitido las actuaciones a los tribunales, por ser potencialmente constitutivos de delito fiscal.

Hacienda es consciente de que España es, en la actualidad, el país de la zona euro donde más billetes de alta denominación están circulando, parte de ellos utilizados para blanqueo de capitales.

enlace a la noticia

 
 
La FEMP sale en auxilio de los señores del ladrillo
Cotizalia.com - 24 de enero de 2008
 
Para construir 200.000 VPO

Después de la ministra de Vivienda, Carme Chacón, y del mismísimo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ahora el turno es de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de salir en auxilio de los promotores, gracias a la labor del lobby G-14, que aúna a las principales inmobiliarias del país. Este miércoles impulsaron un acuerdo para agilizar los procesos administrativos que faciliten suelo público a las inmobiliarias, que así podrían construir 200.000 viviendas protegidas (VPO) al año.

Los presidentes del G-14 y la FEMP, Fernando Martín y Pedro Castro, respectivamente, aseguraron tras la firma del acuerdo que el objetivo principal es impulsar la construcción de viviendas protegidas, a la vez que se mantiene el pleno empleo y la actividad económica y desaparece la situación de inseguridad del sector. No obstante, matizaron que la agilización de los trámites para la concesión de suelo a las promotoras también afectará al dedicado a la edificación de vivienda libre.

El también presidente de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa aseguró que el sector de la vivienda libre es el que más afectado está por la ralentización del mercado residencial y que se verá también impulsado con este acuerdo.

A juicio de Martín, la demanda potencial de viviendas alcanza las 450.000 anuales, de las que entre 200.000 y 250.000 sería de vivienda protegida; unas 75.000 destinadas a familias monoparentales y el resto, unas 175.000, de vivienda libre.

“Ponemos la Ley del Suelo al servicio del mercado”

A este convenio se podrán sumar preferentemente aquellos ayuntamientos cuyos planes parciales de urbanismo no especifiquen el número de viviendas que han de construirse sino que, de una forma más genérica, se refieran al volumen de edificabilidad total. De esta forma, se pueden construir más viviendas protegidas con menor superficie sin que se vea alterado el volumen de edificabilidad.

No obstante, explicaron que en algunos municipios la rigidez en los planteamientos de los planes parciales no lo posibilitarán, porque ya establecen el número o superficie que deberán tener los inmuebles.

Con este acuerdo “ponemos la Ley de Suelo al servicio del mercado”, aseguró el presidente de la FEMP, quien difundirá el texto entre sus asociados e invitará a los gobiernos locales a que se adhieran al convenio, a que adapten sus políticas de vivienda y suelo a estos objetivos y a que impulsen los cambios normativos y de procedimiento necesario.

El convenio firmado, que quiere aglutinar a todo el sector, al Ministerio de Vivienda, los sindicatos, los empresarios y la banca, consiste en la creación de una comisión paritaria entre ayuntamientos y el sector para promover la construcción de viviendas.

enlace a la noticia

 
El ICO dará 3.000 millones en avales a la banca
ElEconomista.es - 26 de enero de 2008
 
 
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concederá avales de hasta 3.000 millones de euros a los fondos de titulización de activos de las entidades financieras o de crédito para promover la financiación de la compra de viviendas protegidas (VPO).

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que esta iniciativa -de la que el ministro de Economía, Pedro Solbes, informó hoy al Consejo de Ministros- constituye "una nueva medida de apoyo del Gobierno para la construcción y adquisición de viviendas de protección oficial".

Para obtener estos avales, la emisión de deuda de los fondos de titulización deberá estar respaldada en al menos un 80 por ciento por préstamos destinados a la compra de VPO.

Asimismo, las entidades deberán dedicar en el plazo de un año al menos el 80 por ciento de la liquidez obtenida con la venta de esos bonos a la concesión de nuevas hipotecas para viviendas de protección oficial.

El Instituto de Crédito Oficial podrá avalar hasta un 80 por 100 de las series de bonos que tengan una calificación crediticia mínima AA, Aa o asimiladas con anterioridad al aval.

Si las sociedades gestoras de fondos de titulización presentan solicitudes de avales superiores a los 3.000 millones de euros disponibles, el total se prorrateará entre los solicitantes.

En ningún caso, un solo fondo podrá recibir un aval que suponga más del 25 por ciento de la cantidad total disponible.

enlace a la noticia

 
 
Solución francesa al problema de la vivienda:15 euros al día
CincoDías.com - 15 de enero de 2008
 
 
Durante 20 años. La ministra francesa de Vivienda, Christine Boutin, detalla hoy en el diario 'Les Echos' un plan "revolucionario" consistente en poner a disposición una vivienda que el comprador puede adquirir pagando una cuota diaria

En concreto, Boutin anuncia un plan de 20.000 construcciones de 80 metros cuadrados a un coste de 15 euros diarios, es decir 450 euros al mes, durante 20 años, lo que hace un total de 108.000 euros. Los promotores que se adhieran al plan se beneficiarán de un IVA del 5,5%.

"Vamos a comenzar por 5.000 casas que queremos construir de manera que sean conjuntos de 50 unidades en terrenos de 2 hectáreas", explica la ministra.

El mecanismo es una nueva versión del denominado ''Pass Foncier'' ya puesto en marcha en 2006, un sistema de acceso a una primera vivienda para clases modestas que permite comprar el terreno una vez que se haya devuelto el crédito concedido para la construcción de la casa.

Generalmente es una entidad pública la que compra el suelo donde se levantarán las casas.

La ministra, que sostiene también que "hace falta construir, cueste lo que cueste", recuerda que actualmente un 56% de los franceses son propietarios de una vivienda y que el presidente Nicolas Sarkozy quiere llegar al 70%.

Para ello, su Departamento intentará facilitar el acceso a la propiedad y propondrá la venta de las viviendas HLM (vivienda de alquiler moderado, según sus siglas en francés). Boutin considera, además, alcanzable, el objetivo fijado para el 1 de diciembre de 2008 de que todo el mundo tenga un techo y que nadie carezca de alojamiento social en 2012.

enlace a la noticia

 
 
Vulneración de derechos fundamentales
Xornal.com - 06 de febrero de 2008
 
Una aspiración universal que une a todos los seres humanos es tener una vida mejor. Lo que nos hace diferentes es la forma que cada uno la buscamos y las posibilidades que tenemos de satisfacerla. A pesar de todo hay colectivos de personas que padecen algún tipo de exclusión social y juegan con desventaja en el discurrir de su existencia.

Sin duda alguna, el método más eficaz para la erradicación de las situaciones de exclusión social, tanto de hombres como de mujeres, es la intervención directa en la raíz del problema; la garantía de igualdad de oportunidades en materia de educación, empleo, vivienda, etc., contribuirían en gran medida a reducir la intensidad y el volumen del fenómeno de la exclusión. Asimismo, un sistema de mayor capacidad para la distribución de la riqueza también tendría un impacto positivo en la reducción de estas situaciones de extrema desigualdad.

Un ejemplo claro de éstas desigualdades es el colectivo de personas "sin techo" que ve vulnerado uno de los derechos recogidos como fundamentales en la Constitución española: el derecho a la vivienda. En la misma tesitura se encuentran las personas que residen en infraviviendas, al no garantizar éstas la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. Por lo tanto las personas que se ven en esta situación están desprovistas de un aspecto mínimo y básico para la normalización de su existencia.

El desigual reparto de la riqueza en la Unión Europea provoca que tres millones de ciudadanos sean personas sin hogar y que otros 18 millones habiten infraviviendas que no cumplen los requisitos mínimos para una existencia digna, pese a la suficiente existencia de viviendas. Alrededor de unas 30.000 personas en España viven sin hogar y en extrema pobreza. Oxfam Internacional recoge que 273.000 personas en España viven en la calle o en alojamientos precarios, a la vez que avisa del crecimiento continuado del fenómeno, señalando que el número creciente de personas sin techo en España es uno de nuestros mayores problemas sociales.

El Instituto Nacional de Estadística, realizó en el año 2.001, una encuesta representativa del conjunto de la población pobre en España, que resultó ser el 22,1 por ciento del conjunto de la población española. Así estaríamos hablando que actualmente en España hay unas 9.027.269 personas que pertenecen a clases sociales muy bajas.

Lo cierto es que las personas que padecen algún tipo de exclusión social se sienten despojadas de sus derechos como ciudadanos y están fuera de los factores esenciales de lo comunmente conocido como "ciudadanía social", ya que su conquista no sólo implica derechos civiles y políticos, sino también todo este espectro que va desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad, al derecho a participar plenamente del patrimonio social y vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo a los estándares predominantes en la sociedad. Las instituciones conectadas más directamente con ello son el sistema educativo y los servicios sociales que deben tener carácter universal.

Estas personas se encuentran en una especie de situación de espera a que su situación cambie, pero no saben cómo, ni hacen gran cosa para ello, porque una vez que han entrado en el circuito de la exclusión, los reflejos y las habilidades que aprenden son los de sobrevivir en el margen. Es muy difícil formar o implicar a una persona en cualquier proceso de lucha si el concepto que tiene de sí misma es el de "nada". Existe una anulación progresiva de la voluntad, han fallado a la sociedad, a la familia y a sí mismas. Ellos no se perdonan y todas las miradas se lo recuerdan.

enlace a la noticia

 
Vivienda, ese ministerio maldito
El Confidencial - 29 de enero de 2008
 
 
La creación de un Ministerio de Vivienda, idea estrella del Gobierno ZP, se está revelando como un ‘quemapolíticos’ tan inflamable como la burbuja inmobiliaria española. Las dos ministras del ramo, María Antonia Trujillo, primero y Carme Chacón, después, han asumido con desgaste una cartera con fuerte exposición mediática y social pero vacía de contenido. Sea porque el ministerio está maldito, sea por inexperiencia, lo cierto es que ambas políticas han sufrido con virulencia críticas por parte de la opinión pública.

“Mi misión es abaratar el precio de la vivienda en España”, afirmó María Antonia Trujillo nada más llegar al Ministerio de Vivienda. “El precio se está abaratando, sí, pero no gracias a ella. Pretender que el supuesto ‘aterrizaje suave’ sea mérito suyo es no conocer la realidad del sector”, afirma un empresario. Sirva este episodio como ejemplo de una gestión que ha estado plagada de polémicas. Entre ellos se incluyen las llamadas soluciones habitacionales, los ‘dignos’ minipisos de 30 m2, o la ocurrencia de regalar zapatillas, las Kelifinder, a los jóvenes que no encuentran casa.

Cuestión de imagen

En un Gobierno, el de ZP, que se ha movido a golpe de efecto mediático, una mala comunicación pasa factura. Para Fernando Encinar, director de comunicación del portal inmobiliario Idealista, “uno los peores errores de Trujillo ha sido su estrategia de comunicación. Ha ofrecido buenas ideas pero las ha explicado mal, lo que ha generado alarma y ha restado credibilidad”. Con todo, para él, lo más grave ha sido “no ser clara sobre los riesgos del endeudamiento hipotecario”.

Carme Chacón, su sucesora, no ha empezado con mejor pie. Uno de sus primeros tropiezos fue una malograda entrevista para un vídeo de la BBC, en el que la ministra instaba al periodista a terminar al preguntarle por los elevados precios inmobiliarios españoles. La semana pasada, volvió al primer plano de la actualidad tras afirmar que las hipotecas habían tocado techo, que los casos de familias endeudadas que habían de apretarse el cinturón eran puntuales, que sólo se dedicaba el 30% de los ingresos a la vivienda. Además, se aprestó, contra el criterio de Solbes, a apoyar la electoralista medida andaluza de garantizar vivienda a quienes percibieran menos de 3.100 euros al mes.

A pesar de lo cual, en la semana en que Emilio Botín y Zapatero posan juntos ante los medios, nos encontramos con una sorpresa: Chacón tiene mejor imagen que Trujillo. Todos los agentes del sector consultados, a excepción de los ciudadanos, confían en ella. “El cambio de ministra ya es en sí un mensaje que hay que leer en clave política. Es destacable que la nueva ministra que viene rodeada de un gabinete de comunicación más potente, trabajador y conectado con todo el mundo. Ya hemos conocido a la nueva ministra. Nos parece una persona inteligente que está ahí para dar continuidad política al ministerio, que próximamente hará un anuncio sobre Vivienda en clave electoral”, afirma José Manuel Galindo, presidente de Asprima.

Licenciada en derecho constitucional, especializada en federalismo, Erasmus en Manchester, ex secretaria de Cultura, ex vicepresidenta primera en el Congreso y miembro de la ejecutiva del PSOE y del PSC, Carme Chacón no oculta que trabajó como dependienta de El Corte Inglés mientras estudiaba la carrera. Sus conocidos destacan que cuando llegó a Madrid compartió piso y que actualmente vive de alquiler en Madrid.

El juicio de las asociaciones de jóvenes que reclaman una vivienda digna es mucho más duro. En su página web califican el relevo en el Ministerio de “cambio cosmético”, afirman que Chacón “sólo tiene imagen”, consideran “electoralistas” y “tardías” las medidas anunciadas para este otoño y se preguntan si “el gran salto” del que habla Zapatero “¿será al vacío?”. “El mercado inmobiliario estadounidense está hundiéndose y aquí ¿qué pasará?”, se cuestionan.

Un Ministerio que ha nacido con las patas cortas

Respecto a los logros de Vivienda, el veredicto de los expertos es matizadamente crítico, forzadamente amable, pero rotundo: consideran muy necesaria la existencia del Ministerio pero que no ha servido, hasta la fecha, para solucionar el problema de la vivienda en España.

“Iba en el programa del PSOE, se cumplió y nos parece que ha sido oportuno porque ha puesto el tema de la vivienda, el tercer problema de los españoles según el CIS, sobre la mesa del Consejo de Ministros”, valora Encinar. “No lo ha resuelto, pero sí ha puesto los cimientos para abordarlo. Lo que pasa es que ha nacido con las patas muy cortas”, afirma.

Gerardo Roger, profesor de Urbanismo en el Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III de Madrid, se refiere a los handicaps de la cartera: “es un Ministerio nuevo que ha habido que crearlo de cero, lo que genera problemas de rapidez y eficacia”, considera. Ante la pregunta de si ha resuelto en algo el grave problema de la vivienda en nuestro país, responde: “resolver el problema de la vivienda es, cuando no muy difícil, imposible. En tal caso puede servir para paliarlo”.

En la misma línea se ha manifestado Paloma Sobrini, nueva decana del Colegio de Arquitectos de Madrid. “Nos parece fundamental que exista un Ministerio de Vivienda, porque trata todo lo que nos afecta. Nos pareció una mala noticia que se fusionara con Fomento en el año 82. Y ahora ha vuelto a nacer, pero está cuajado de dificultades de todo tipo: administrativas, presupuestarias, incluso políticas, porque no tiene competencias. Sin embargo, sí vemos margen de maniobra en la gestión directa”, confía.

“La anterior ministra ha intentado sacar petróleo de donde no lo había, porque no había competencias. No ha solucionado nada, pero no lo podía hacer. Se trata de un problema complejo y estructural que requeriría un pacto entre diferentes partidos y administraciones”, apunta Galindo.

Ley del Suelo

La Ley del Suelo ha sido una de las principales medidas, no exentas de crítica, promovidas por Trujillo. Roger la juzga como uno de sus aciertos. “ha sido positiva en la medida que plantea un régimen de valor que no recoge expectativas especulativas. Hemos pasado de ‘la tierra para el que la trabaja, a la tierra para el que la reclasifica’, afirma Roger. A su juicio, “esta ley potenciará la inversión productiva. Porque comprar el suelo para especular es fisiocrático y preindustrial. No se corresponde con el mercado”. Y recuerda que “su régimen transitorio respeta todas las actividades puestas en marcha con una prudencia exquisita”. Respecto al recurso de inconstitucionalidad planteado por algunas CCAA del Partido Popular, Roger responde: “Es normal. Pero no deja de ser sorprendente que argumenten que es por invasión de competencias autonómicas y los más autonomistas, como ERC, no se hayan quejado”. En cuanto a las críticas de los promotores, este profesor recuerda que no todos se han opuesto: “En el Consejo Económico y Social se votó favorablemente”.

Galindo, representante de los promotores de Madrid, no tiene aún una valoración concreta sobre la Ley del Suelo “porque no ha rodado lo suficiente”. “Sobre todo somos críticos por el riesgo que puede haber por falta de financiación de determinados suelos por parte de las entidades financieras”, explica. Encinar resume su opinión en una frase: “creemos que es cerrar la puerta del establo cuando los caballos ya están desbocados”.

Apagón estadístico

Uno de los capítulos más turbios de ‘la era Trujillo’ ha sido el relacionado con el apagón estadístico de precios y cantidades de viviendas en España. “Como miembro de la comisión estadística del Ministerio de Vivienda tengo que decir que no se ha sabido aprovechar esta comisión por problemas de agenda o por falta de voluntad política”, asevera Ricardo Vergés. “no haber avanzado en el nivel de conocimiento de los datos supone un fracaso. Ahora es más difícil cerrar el puzzle de las estadísticas porque no se conocen con certeza las características de las antiguas y las nuevas”, afirma. El arquitecto y ex profesor de Economía Inmobiliaria en la Universidad de Montreal sostiene que “Trujillo dio por buenos los datos de certificados de fin de obra, única estadística de trámite cuya recogida no es obligatoria frente a los visados de ejecución de arquitectos, que coinciden con los visados de dirección de obra de los aparejadores de Fomento”. Para él, la diferencia no es baladí: mientras que los primeros arrojan un volumen de medio millón de viviendas al año, los segundos ofrecen la famosa cifra superior a las 800.000 unidades. “La ex ministra se ha empecinado en negar la burbuja inmobiliaria”, afirma.

Sobre este tema, Gerardo Roger afirma rotundo: “Es una asignatura pendiente que podamos tener una estadística lo más fiable y rigurosa en España. También hacia el exterior”.

Acerca del Código Técnico de la Edificación (CTE), otra de las iniciativas logradas, Vergés no es menos crítico: “Era insostenible que no se cumpliera la legalidad por la desidia y poca formación de los profesionales del sector. Se hizo tarde, pero por fin se hizo, gracias también a todas las partes”.

Mirando al futuro, y a los futuros anuncios estrella del Ministerio, los agentes destacan el impulso al alquiler y a la vivienda protegida. “Pese a la sensación de fracaso, valoramos como positiva la creación de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA). Nos parece que colocar ahí la vivienda en alquiler es una de las mejores salidas. Es fundamental que la sociedad española asuma el alquiler como una alternativa. Asimismo, consideramos un cambio cualitativo importante la vivienda protegida de alquiler”. Como “Razonable” califica Galindo el impulso al alquiler. Por último, un deseo por parte de Gerardo Roger: “Ya que empieza a haber menos presión inmobiliaria, no viene mal un poco más de reflexión y un poco menos de hormigón”.

enlace a la noticia

 
 
Duerma tranquilo Señor, como hasta ahora
Cartas a la Plataforma (Carmen C.) - 26 de enero de 2008
 
 
No tengo derecho a una vivienda protegida porque no tengo un empleo fijo con que pagar la vivienda.

No puedo optar a ayudas del INEM porque no tengo los años precisos cotizados. Y sí, una vez conseguí que me dieran una ayuda (RAI) de 350 euros cuando pagar el piso me supone un desembolso mensual de 500 euros. Curioso, además, porque conseguí un empleo de 400 euros y me quitaron dicha ayuda : les debió parecer mucho sueldo.

Usted ha tomado medidas muy espectaculares y que han tenido un fuerte ruido mediático pero ¿dónde está el verdadero cambio?

El derecho a vivienda sigue siendo una utopía y las ayudas a los jóvenes otra medida ruidosa, sin más. Porque hacer que este derecho sea real, tal y como dicta nuestra constitución, requiere mucho más valor, mucha más profundidad y menos gaitas y remiendos. Usted dice que quiere sacar a España del siglo pasado y llevarla a la modernidad pero eso, Sr. Presidente es algo más que las bodas gay (con las que estoy en total acuerdo), es más que los divorcios expres porque todos esos derechos tienen que estar respaldados en la práctica con leyes que los protejan. No veo, por tanto, leyes auténticas que además de proclamar derechos civiles respalden y permitan que esos derechos aprobados constituyan un auténtico camino de libertad individual . Solo veo remiendos y a estas alturas, los remiendos ya no sirven, no debieran servirle a usted.

Por qué ¿dónde podemos agarrarnos las mujeres separadas con hijos cuando no te dan empleo? ¿qué ley me protege cuando yo quiero trabajar y no me dejan por tener más 40 años?.

Es penoso que los dos derechos fundamentales más importantes de nuestra Constitución (trabajo y vivienda dignos) sin los cuales nos cargamos familia e individuo, sean los que no tienen solución, curioso ¿no? y sean, los que precisamente, usted no ha querido tocar ni de lejos. Muchos intereses económicos (como siempre) impiden solucionar los desmasdres de un sistema que no cree en el individuo, sólo lo utiliza para trabajar y para consumir y el que no pueda que se quede en la cuneta.

Como mujer le retiro mi confianza. Como mujer no le daré mi voto y como mujer he dejado de creer que usted y su partido puedan ayudarnos. Ustedes que pregonan la igualdad en las listas electorales, en los consejos de administración, etc. se han olvidado de lo más importante: la igualdad sólo se dará cuando la justicia social exista y cuando todas nos levantemos cada día sin la opresión y el terror ante la incertidumbre de no saber si vas a poder pagar el piso el próximo mes.

Duerma tranquilo Señor, como hasta ahora.



 
 
“Se venden pisos a precio de coste”
BolsaCinco.com - 13 de febrero de 2008
 
 
Se venden pisos a precio de coste. El objetivo es vender a tiempo antes de que la máquina de la construcción se pare del todo. Y lo peor llegará después de las elecciones

Carteles enormes, a pocos metros de la autovía, lanzan un mensaje desesperado: “Se venden pisos a precio de coste”. Al menos tres con el mismo mensaje se pueden leer en el trayecto de la autopista A-1 en su recorrido por la provincia de Burgos. Y no menos estremecedor es el ritmo al que se trabaja en una promoción de una población como Colmenar Viejo –al norte de Madrid- para levantar en tiempo récord una gran urbanización. El objetivo es llegar tiempo, vender a tiempo, incluso sin margen, antes de que la máquina se pare del todo.

Mientras algunos todavía hablan de la demanda embalsada –una expresión horrorosa, por cierto- que salvará al sector a medio plazo por que la demanda no puede desaparecer de un día para otro, otros no se andan con chiquitas y reconocen –como Metrovacesa el lunes-, que lo peor puede estar por venir. Se rompen preacuerdos de compra que destejan la red de seguridad que el boom de antes de ayer había dado a las promotoras y, sobre todo, se extiende la sensación entre la ciudadanía de que esto no ha hecho más que empezar.

Dicho de otra manera, que si hace apenas un año el grito de guerra era el de “tonto el que no compre”, ahora el estribillo más coreado es el de “hay que estar loco para comprar un casa”. Quien necesita una casa está tirando del manual de Job, el santo de la paciencia; y quien tiene liquidez y ninguna prisa sabe que tiene la sartén por el mango. Tras años de venta sobre plano, de precios cerrados –y escandalosos- y de “esto es lo que hay”, ahora toca negociar y seducir al potencial comprador. En otras palabras, de trabajar para colocar el producto.

Otros promotores no se van a tomar esa molestia. Los hay –los pequeñitos que han salvado los muebles- que han decidido paralizar sine die sus promociones y han cambiado el rótulo de la oficina. Ahora venden jamones o viajes al Caribe. Son los tiempos que corren, la demostración de que del cielo al infierno hay sólo un pasito.

Otros, los grandes inmobiliarios del país, se preparan para sudar la gota gorda. Ya no tienen excusa para, cuanto antes, reformular sus previsiones de ventas y beneficios y reconocer, blanco sobre negro y no de viva voz, hasta qué punto la crisis es real. La fuente se ha secado y los que creían que el impacto de la crisis crediticia sería cosa del primer semestre ya reconocen que el problema va para largo. Queda un 2008 dantesco para la gran mayoría. La escabechina, no lo duden, empezará después de las elecciones. Al tiempo.

enlace a la noticia

enlace a noticia de título similar aparecida en El País

 
 
Presidente de Urbas renuncia para presentarse a elecciones
Finanzas.com - 05 de febrero de 2008
 
 
El presidente de Urbas Guadahermosa SA, Javier de Irízar Ortega, ha presentado su renuncia con motivo de su proclamación como candidato a las elecciones generales del 9 de marzo, informó la compañía a la CNMV.

El actual consejero delegado del grupo castellano-manchego, Juán Antonio Ibáñez, ocupará tras la marcha de Irízar (que seguirá como accionista) el cargo de presidente en funciones.

Esta mañana, el diario Negocio avanzaba que Írizar abandonaría de forma inminente su cargo en Urbas para presentarse al Senado por las listas del PSOE de Guadalajara.

Por otra parte, Urbas indicó que la ampliación de capital prevista de 45,9 millones de euros se hará efectiva tan pronto como sea aprobada por el regulador bursátil y que el consejo de administración del grupo acudirá a la misma garantizando su éxito.

enlace a la noticia

 
 
Economía y laboral
 
POCEROLANDIA: PISOS 60.000 EUROS MÁS BARATOS QUE EN OCTUBRE
El Mundo - 14 de febrero de 2008
 
Rebajas del 20%. La oficina de ventas ofrece entrar a vivir de inmediato con un descuento medio de 60.000 euros 'Antes vendíamos al menos 30 pisos al mes, pero ahora sacamos siete', reconoce un comercial

El constructor Francisco Hernando, más conocido como 'El Pocero', y artífice de la macrourbanización de más de 13.000 viviendas proyectada en la localidad toledana de Seseña (a 36 kilómetros de Madrid), comienza a pasar apuros por la crisis de ventas que ha paralizado al sector inmobiliario. El desplome de las operaciones es de tal calibre que su caseta de ventas ha tenido que colgar el cartel de 'Rebajas' para dar salida a las decenas de pisos de los 2.500 que componen la primera fase de su macrourbanización.

Ahora, la oficina de ventas ofrece casas 'llave en mano' para entrar a vivir de inmediato con un descuento medio de 60.000 euros frente a los precios del pasado mes de octubre. Dependiendo de las características del piso, la bajada oscila entre el 20% y el 30% con respecto al importe que marcaban hace cuatro meses.

Por ejemplo, una vivienda de cuatro habitaciones con 113 metros útiles cuesta ahora 249.600 euros, IVA incluido. En octubre, un comprador que hubiera adquirido un inmueble con las mismas características hubiera pagado 308.681 euros, es decir, 59.000 euros más.

"Antes vendíamos al menos 30 pisos al mes, pero ahora a lo sumo sacamos siete", reconoce un comercial del Residencial Francisco Hernado refiriéndose al parón que ha experimentado el cierre de operaciones desde el pasado mes de octubre.

Paradójicamente, si el cliente no tiene prisa por tener su vivienda y adquiere uno de los miles de inmuebles en construcción y que estarán concluidos en 2009 no disfrutará de rebajas en el precio.

Esta política de rebajas, según fuentes del sector, se explicaría en la necesidad del constructor por trasladar la carga de la hipoteca al comprador final. "Si no vende, es la constructora la que tiene que hacer frente a los compromisos adquiridos con la entidad financiera", explican.

Caja de Ahorros del Mediterráneo, Ibercaja, Caja Duero, Banco Galicia, Caja España y Caja Cantabria son algunas de las entidades que han financiado las obras de la macrociudad.

El propio Francisco Hernando reconoció recientemente a las autoridades del municipio de Seseña que tenía más de 3.000 pisos sin vender de los 5.000 terminados o en fase de edificación.

Fuentes del sector financiero pronostican que la técnica utilizada por 'El Pocero' para sacar sus pisos al mercado tendrá que ser adoptada por otros muchos promotores para eludir problemas financieros. "Las promotoras necesitan tesorería para hacer frente a los créditos hipotecarios. Y si no encuentran compradores, tendrán que bajar precios y reducir márgenes para lograr liquidez", asegura un experto de una prestigiosa consultora inmobiliaria.

Las ventas de 'Pocerolandia' también se han visto seriamente perjudicadas por el submercado que ha surgido en el propio complejo residencial de inversores que hace dos o tres años depositaron sus ahorros en inmuebles de la urbanización con el fin de obtener abultadas plusvalías antes de formalizar las escrituras y cerrar la hipoteca. Comprado a un inversor antes de la entrega de llaves, el precio podía resultar hasta un 30% más atractivo que el que se ofrecía directamente en las oficinas de ventas.

Pese a los problemas para sacar los pisos al mercado, las obras no paran en el Residencial Francisco Hernando. Aunque a menor ritmo que hace un año, los operarios siguen trabajando para terminar de levantar las 5.100 viviendas para las que el consistorio toledano ha autorizado licencia de edificación.

En cuanto al futuro de las 8.000 restantes que planeaba 'El Pocero', es una incógnita. Primero, porque el Ayuntamiento le ha denegado nuevas licencias de edificación hasta que no se desplace la línea de alta tensión que cruza por los terrenos en los que está previsto construir los nuevos bloques. Y, segundo, porque al empresario puede resultarle más rentable posponer las obras hasta que repunte el mercado.

enlace a la noticia

 
EL PARQUE DE PISOS SIN VENDER LLEGARÁ A UN MILLÓN
El Periódico de Catalunya - 18 de enero de 2008
 
Este trimestre. La venta de casas cae a la mitad, según el Instituto de Práctica Empresarial. Los expertos prevén una subida de los precios del 1,92%, por debajo del IPC

En el momento actual se venden la mitad de viviendas que hace un año y, si se mantiene este ritmo, en el primer trimestre del año se habrá acumulado un estoc de alrededor de 500.000 casas nuevas pendientes de venta. La cifra prevista sube a un millón si se cuenta la oferta de segunda mano. Así lo destacó ayer el director de investigación del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, que presentó en Madrid un estudio sobre tendencias de precios inmobiliarios elaborado por la escuela de negocios.

Según Pérez, en el 2007 se vendieron 1,8 millones de viviendas, el 5,1% menos que en el 2006, y, en este momento, todo indica que las ventas pueden caer a la mitad. En todo caso, el IPE interpreta que el excedente de viviendas podrá ser absorbido por la demanda a lo largo del 2008, siempre que no se consoliden los actuales niveles de desempleo (por encima de los dos millones de parados). La clave, según Pérez, está en las condiciones financieras y en los esfuerzos de las propias inmobiliarias para facilitar los pagos.

En este escenario, con un alto volumen de viviendas a la espera de ser compradas, se espera una mayor desaceleración de los precios. Según el IPE, el sector inmobiliario espera una subida media del precio de la vivienda del 1,92% en el 2008, lo que supone una caída en términos reales (descontada la inflación). Para el precio del suelo, se estima una caída del 5,33%, aunque depende mucho de su localización y clasificación.

EL GOBIERNO LLEGA TARDE

El director de investigación del IPE opinó ayer que el Gobierno ha tardado demasiado tiempo en reconocer que el ajuste del mercado residencial acarreará una destrucción de empleo, que podría afectar a 300.000 trabajadores este año, según admitió el martes el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas. Según el IPE, tal destrucción de empleo podría haberse neutralizado destinando "20.000 millones extra" a la promoción de infraestructuras y obra civil, lo que habría facilitado el trasvase de trabajadores hacia este subsector.

Por el momento, el consumo de cemento se mantiene, pese al descenso de la edificación residencial. Según los datos difundidos ayer por la Asociación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), el consumo de cemento alcanzó en el 2007 los 56 millones de toneladas, lo que supuso el 0,3% de incremento respecto al año anterior. La producción aumentó el 0,85%.

La patronal Oficemen consideró que "el descenso de la edificación residencial se compensará en los próximos meses con los proyectos de las diferentes administraciones en obra civil, así como con las inversiones tanto públicas como privadas en edificación no residencial".

enlace a la noticia

 
LAS VIVIENDAS NUEVAS TARDAN HASTA TRES AÑOS EN VENDERSE
CincoDías.com - 30 de enero de 2008
 
 
'No podemos hablar de desaceleración suave, lo que está ocurriendo en el sector es una caída brusca en toda regla', dijo ayer el consejero delegado de la consultora y comercializadora Grupo i, Ignacio Pindado.

Prueba de esta situación es el hecho de que una promoción de vivienda nueva tarde hoy en venderse hasta tres años (36 meses), cuando apenas llegaba a 18 meses antes de 2005, momento en el que los expertos sitúan el principio de la desaceleración. Esta consultora presentó ayer su último informe de coyuntura, patrocinado por Caja Madrid, según el cual la demanda inmobiliaria caerá hasta las 370.000 casas nuevas este año, frente a las 650.000 de 2006, y los precios registrarán caídas reales, al crecer por debajo del IPC. Esta consultora estima que el ajuste se podría prolongar hasta 2010, 'si bien lo normal es que en los próximos dos o tres meses la coyuntura tienda a normalizarse, una vez que los mercados recuperen la confianza', añadió Pindado.

En este sentido, cada vez más estadísticas corroboran lo que hasta hace poco parecían ser sólo sensaciones. Los visados de obra nueva han caído un 23,6 hasta noviembre, según Fomento. Además, durante noviembre el importe medio por hipoteca constituida se situó en un promedio de 158.994 euros, un 0,1% menos que en el mismo mes de 2006 y un 7% inferior al registrado un mes antes, en octubre de 2007. Sin embargo, en tasa acumulada el crecimiento aún es del 8%, según los números publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. En el caso de préstamos constituidos sobre viviendas, el importe medio alcanzó los 147.018 euros, apenas el 1,9% más que en noviembre de 2006 y un 6,6% más caso en tasa acumulada.

Estos registros confirman la desaceleración de precios que han protagonizado los inmuebles desde 2005. Pero donde el ajuste es más intenso es en los indicadores que miden la actividad del sector. Así, el número de fincas hipotecas en noviembre fue de 140.816, cifra que significa una caída del 9,6% sobre idéntico mes del año anterior y un retroceso del 4,4% en términos anuales acumulados.

Además, continúan creciendo a buen ritmo el número de créditos que modifica sus condiciones (30,8%), mientras disminuyen las cancelaciones un 7,9%.

enlace a la noticia

 
 
LA CRISIS OBLIGA A CERRAR 40.000 AGENCIAS INMOBILIARIAS
El País - 18 de enero de 2008
 
 
Desaparece casi la mitad de las oficinas de venta, la mayoría 'chiringuitos'

El año 2007, que empezó en la cresta del boom del ladrillo y terminó en plena crisis de ventas, deja tras de sí un largo reguero de cadáveres en forma de agencias inmobiliarias. Los cierres no afectan sólo a cadenas conocidas, como Fincas Corral o Tecnocasa, el parón también ha herido de muerte a las pequeñas oficinas de venta de pisos que en los últimos años han aparecido en cada esquina de cada ciudad española al olor del dinero rápido. El consejo que aglutina a los 46 colegios territoriales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) calcula que de las 80.000 oficinas de intermediación que existían a principios de 2007, sólo ha sobrevivido la mitad, unas 40.000.

Pero no hace falta ir a los datos de los API. Basta un paseo por calles antes repletas de inmobiliarias y en las que ahora, cuando las ventas han caído un 40%, cuelga el cartel de Se traspasa. Y por cada cierre, unos cuantos trabajadores se van al paro.

A pesar de la enorme diversidad del sector -que incluye desde oficinas unipersonales sin más infraestructura que un móvil hasta centros con una decena de empleados-, el presidente del consejo estatal de los API, Santiago Baena, estima que la plantilla mínima de cada agencia profesionalizada es de tres trabajadores (el titular, un administrativo y un comercial).

Así, el cierre de puntos de intermediación habrá enviado al paro a bastantes más de 100.000 trabajadores. Esto, sin contar las reducciones de plantilla en oficinas que siguen funcionando, o la conversión de contratos de jornada completa en eventuales, y otras prácticas que, según reconoce Baena, se han hecho habituales en los últimos meses.

Al hablar de cierres, Baena distingue entre los chiringuitos abiertos cuando los pisos se vendían solos y las agencias profesionalizadas que encabezan los API. "Han cerrado los advenedizos, los que llegaron a este sector porque veían dinero fácil. De hecho, el número de API colegiados ha aumentado ligeramente en el último año, llegando hasta los 20.000. Nosotros permanecemos porque tenemos estructura de supervivencia", dice Baena.

Apoya esta tesis Jaime Cordero, el presidente del colegio madrileño de agentes, que prefiere ver el lado positivo del efecto dominó vivido por las inmobiliarias: "La mayor parte de los desaparecidos eran negocios que a veces no tenían más base que un teléfono móvil. Ni un solo afiliado a nuestro colegio ha cerrado. Como mucho, algunos han clausurado alguna de las oficinas que encabezaban". Tan sólo en la Comunidad de Madrid han desaparecido 9.000 de las 20.000 agencias que existían hace un año.

Las grandes cadenas han aguantado el tirón como han podido. Mientras Fincas Corral había cerrado en noviembre la mitad de su red, y Tecnocasa había hecho lo propio con 160 oficinas, Donpiso casi ha mantenido sus 360 puntos de venta. Eso sí, como reconoce su subdirector general, Emiliano Bermúdez, si han logrado cumplir sus planes presupuestarios al 90% es sólo porque han emprendido una agresiva política de venta de autocartera. Donpiso se ha propuesto aprovechar la coyuntura y absorber casi un centenar de agencias en peligro de cierre en Madrid, Valencia y Tenerife.

"Aunque el sector vive una hecatombe, nosotros esperamos llegar a finales de 2008 con una reducción neta de unas 20 oficinas", asegura Bermúdez.

Porque si los últimos meses han sido difíciles, la situación no se presenta mucho mejor en el año que ahora comienza. "Todavía tiene que haber más limpieza. El ajuste en los próximos tres o cuatro meses será más duro", avisa el presidente de los colegios de agentes.

En su opinión, la corrección es positiva porque clarificará un mercado en el que no hay ningún censo, que está totalmente descontrolado. Y concluye: "La liberalización aprobada en 2000 convirtió este sector en un cachondeo. Esto parecía el patio de Monipodio del que hablaba Cervantes en las Novelas ejemplares, el lugar donde se reunían los truhanes en Sevilla. Si hubiera estado regulado, el ajuste no habría sido tan duro. A pesar de todo, soy optimista, porque esto va a revitalizar el sector, pero nos esperan días muy duros".

enlace a la noticia

 
 
50% DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES SERÍAN POBRES SI SE EMANCIPASEN
La Vanguardia - 30 de enero de 2008
 
 
El riesgo de exclusión social crece hasta el 57% si se paga una vivienda

Casi la mitad de los jóvenes españoles de 26 a 35 años que viven con sus padres serían pobres si se emanciparan, lo que supondría multiplicar por cuatro la tasa de pobreza existente en la actualidad en esta franja de edad.

Así se desprende del "Informe de la inclusión social en España 2008", de la Obra Social de Caixa Catalunya, en el que, por primera vez, se analiza la evolución de la pobreza en el conjunto del país teniendo en cuenta los diferentes ciclos de vida de la población.

En España, donde se calcula que una de cada diez personas vive en situación de pobreza, la exclusión social se concentra en los dos extremos del ciclo vital, como son los menores de 16 años y los mayores de 65, según ha explicado hoy Carme Gómez-Granell, directora del Instituto de Infancia y Mundo Urbano, responsable del estudio.

En concreto, la pobreza moderada, entendida como aquella que sufren las familias que cobran el 60% de la media de ingresos (6.347 euros anuales), afecta principalmente a los más mayores (31%) y, en menor medida, a los niños y adolescentes (24%). Sin embargo, en los casos de pobreza severa, aquella que se da cuando los hogares disponen sólo de unos 3.000 euros mensuales, el 25% de la media, son los más jóvenes los principales afectados, con un 5,4% del colectivo, frente a un 1,9% de los ancianos.

Los datos, según Gómez-Granell, demuestran que, en general, las políticas sociales protegen a las personas mayores de la pobreza severa, pero no de la moderada, mientras que la pobreza infantil, al contrario que en otros países europeos, no se ha convertido aún en una prioridad política en España."Se tendría que dedicar una atención preferente a la infancia y la juventud", ha dicho el sociólogo Lluís Flaquer, uno de los autores del informe, que ha remarcado que, cuanto más aguda es la situación de pobreza, a un mayor porcentaje de menores de 16 años afecta.

A diferencia de España, en la mayoría de países de Europa, sobre todo los nórdicos, como Suecia o Finlandia, la pobreza se concentra en las edades de emancipación de los jóvenes, es decir, en los jóvenes de hasta 35 años. Aquí, en cambio, las tasas de pobreza en esta franja de edad son inusualmente bajas, lo que se explica por el hecho de que cuatro de cada diez jóvenes de 26 a 35 años vive aún en casa de sus padres.

Entre los emancipados, el riesgo de pobreza es de un 12,5%, pero se estima que si los jóvenes en esta edad se independizaran, las tasas de exclusión social crecerían hasta el 45%. Eso, si no tuvieran que pagar los gastos de vivienda, como la hipoteca o el alquiler, ya que, en tal caso, el porcentaje crecería hasta el 57%.

La situación se agravaría aún más en caso de vivir en pareja, con un hijo y donde sólo uno de los dos miembros trabajara, lo que dispararía los niveles de pobreza hasta un 81%. En países como Finlandia, la pobreza severa sólo afecta al 1% de los menores de 15 años y de las personas de más de 65, lo que supone nueve puntos porcentuales menos que en España, mientras que en la franja de 16 a 24 años los niveles de exclusión crecen notablemente y se sitúan en el 7%.

Una situación similar se da en países como Holanda, Dinamarca o Gran Bretaña, mientras que en los países del arco mediterráneo, como España, Grecia o Italia, la pobreza se concentra en los extremos del ciclo vital y se reduce en las franjas de edad media, debido, en gran parte, a la tardanza en la emancipación de los jóvenes.

Para Flaquer, esta situación tiene más inconvenientes que ventajas, dado que una emancipación tardía significa tener menos hijos y refleja la dificultad de los jóvenes para acceder al mercado de trabajo y a la vivienda. "Sería un imperativo moral luchar contra esta situación", sostiene este experto, que reclama medidas de apoyo para jóvenes y adultos que permitan dar la vuelta a esta anómala situación.

enlace a la noticia

 
 
EL 92% DE LOS CONSUMIDORES DESCONOCE CONDICIONES HIPOTECA
El Mundo (Su Vivienda) - 12 de febrero de 2008
 
 
'La realidad del crédito en España es como el 'far west', con graves infracciones legales' Intentan cobrar las comisiones máximas y no rechazan ampliar los plazos a 40 años

El plazo medio de concesión de un crédito rápido es de cuatro días desde que se solicita


El 92% de los consumidores desconoce algún elemento fundamental de su hipoteca como el tipo de interés o las comisiones o los plazos. En el mismo sentido, la mitad de bancos y entidades que las conceden no entrega a los clientes el folleto informativo sobre la misma antes de que se contrate el crédito sobre la vivienda, según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE).

BBVA, Banesto, Banco Popular, Caja Madrid, La Caixa o la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI) son algunas de las entidades que no facilitan dicho folleto con la información básica acerca de la hipoteca, y lo sustituyen en el mejor de los casos por publicidad, expresiones verbales o un "papel sucio" a puño y letra, sin membrete ni sello.

Así se desprende de un estudio de la asociación presentado por su presidente, Manuel Pardos, que refleja la "falta de transparencia y las prácticas abusivas" de algunos de los bancos y entidades que operan en España, actuaciones que prevé denunciar ante las autoridades correspondientes en "dos o tres meses".

Pardos evitó precisar a qué entidades podría denunciar la asociación ni por qué motivo en concreto, pero incidió en que "la realidad del crédito en España es como el 'far west', con graves infracciones de la normativa, mientras que los partidos políticos se mantienen "subordinados" a la "intocable" banca.

En este sentido, criticó la pasividad tanto del Banco de España como del Gobierno ante las prácticas de un sector "escurridizo, ambiguo y próximo a la ilegalidad", y reclamó que se supervise la publicidad sobre los productos y se promueva una regulación sobre la reunificación de deudas.

Concretamente, el estudio destaca que bancos, cajas y entidades no autorizadas pueden llegar a ofrecer una rebaja de los tipos de interés desde el Euribor más 0,75% hasta el Euribor más 0,5% si se contratan servicios vinculados que, en realidad, pueden llegar a acarrear un mayor coste para el cliente que la rebaja del diferencial.

Además, advierte de que intentan cobrar las comisiones máximas y no rechazan ampliar los plazos de la hipoteca a cerca de 40 años "sin ninguna dificultad", mientras que la financiación supera el 80% del valor de tasación de la vivienda y puede llegar al 120% en el 65% de los casos, lo que ADICAE denomina "hipotecas basura".

El Santander ofrece financiación de hasta el 97% del valor de tasación de la vivienda, e Ibercaja, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, ofrece a jóvenes la financiación de hasta el 120%, indica el estudio 'Los consumidores y las hipotecas, créditos rápidos y los servicios de reunificación de deudas'.

Créditos rápidos

Sobre los créditos rápidos, el vicepresidente de ADICAE, Fernando Herrero, destacó que el tipo de interés medio se eleva al 21,75% a tasa anual equivalente (TAE), mientras que el sobre precio respecto al dinero prestado asciende hasta el 45%, y la cuarta parte de las entidades obliga a contratar al mismo tiempo un seguro.

Asimismo, criticó que el plazo medio de concesión para disponer del dinero de un crédito rápido en la cuenta del cliente es de cuatro días desde que se solicita, prácticamente el mismo que el de un crédito personal en una entidad normal. "El gancho es el nombre, pero luego no es tan rápido y agrava el sobreendeudamiento de los consumidores" sostuvo.

El presidente de ADICAE confió en que a la luz de estos datos sobre irregularidades, las entidades afectadas "revisen el trato a su clientela", y el Banco de España y la Comisión Nacional de Competencia (CNC) adopten medidas para proteger los intereses de los consumidores.

Reivindicó también una mayor vigilancia sobre la autorización de entidades a prestar estos servicios para evitar el intrusismo y una regulación sobre la reunificación de deudas, por considerar "insuficiente" la actual. "Cada minuto que se tarda en regular es una familia estafada, engañada y frustrada", argumentó.

El informe, subvencionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se ha realizado con visitas a más de 180 sucursales de diferentes entidades en seis ciudades españolas (Madrid, Zaragoza, Valladolid, Mérida, Cáceres y Málaga) en las que los técnicos de la asociación se hacían pasar por clientes que pedían una hipoteca de hasta 150.000 euros o un crédito rápido.

enlace a la noticia

 
 
50% de los hipotecados desde 2005 puede tener problemas
Invertia.com - 18 de enero de 2008
 
 
Más de la mitad de las familias españolas que contrataron su hipoteca entre 2005 y 2007 pueden tener dificultades este año para afrontar el pago de todas sus deudas, e incluso "podrían llegar a un proceso de embargo judicial de su vivienda", advirtió hoy la Asociación de Intermediarios de Financiación (Asifin).

Esta asociación ha realizado un estudio para analizar la situación financiera que atraviesan las familias españolas que deben hacer frente a una hipoteca y a varios préstamos personales.

El director general de Asifin, Massimo Scavarda, explicó en un comunicado que "las continuadas subidas del euribor, que encarecen la cuota mensual de la hipoteca, y el importante nivel de deuda a corto plazo adquirido por estas familias (a través de préstamos rápidos, tarjetas de crédito y préstamos personales) son los factores que influyen en el creciente agobio económico que sufren las familias hipotecadas".

Ante esta situación, Scavarda aseguró que "existen soluciones eficaces para que estas familias no pierdan su vivienda, y pasan por la revisión urgente del endeudamiento para sanear sus cuentas y ajustarse al contexto económico actual".

La Asociación de Intermediarios de Financiación representa a las empresas y profesionales que operan en este sector ante la sociedad, los poderes públicos, las instituciones legislativas y de supervisión y el mercado financiero, así como en las relaciones laborales.

enlace a la noticia

 
 
Economistas no se creen que precio de vivienda haya subido
Cotizalia.com - 24 de enero de 2008
 
 
en 2007

Los economistas no se creen que el precio de la vivienda haya subido en 2007. “Un despropósito”, “una vergüenza”, “una trampa”, “algo impropio de un país desarrollado”. Con estas gruesas palabras califica el economista Gonzalo Bernardos las estadísticas del Ministerio de Vivienda, según las cuales los precios de la vivienda libre subieron en 2007 un 4,8%. Su voz se viene a sumar a las críticas, como la de Funcas, que señalan las deficiencias e imperfecciones de las estadísticas de vivienda en este país. ¿Por qué generan tantas dudas?

Los datos que presentó el Gobierno el pasado viernes 18 de enero “coinciden con el objetivo que el Gobierno se marcó al inicio de la legislatura, que era la moderación de los precios y del sector para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda sin perjudicar el crecimiento de la economía”, en palabras del director general de Arquitectura y Política de Vivienda, Rafael Pacheco. Casualmente, fueron las últimas estadísticas antes de las elecciones. Las próximas se publicarán en abril.

Pese al feliz dato, lo cierto es que en 18 provincias las subidas fueron inferiores al IPC, lo que en términos reales supone descensos. Además, comparados trimestralmente, los precios de vivienda libre bajaron en el cuarto trimestre en diez provincias más Cantabria respecto al trimestre anterior. Peores cifras registra la vivienda usada, la que tiene más de dos años, que se abarataron en 22 provincias. Aun así, las estadísticas siguen generando dudas.

Especialmente llamativo es que el último trimestre de 2007, marcado por las turbulencias financieras internacionales, el precio de la vivienda se encareció un 1,2%, nueve décimas más que el 0,3% del trimestre anterior. Hay expertos que lo achacan a que los datos de vivienda nueva se corresponden a contratos firmados hace 18 meses, con lo que no suelen reflejar las circunstancias actuales del mercado.

“La vivienda está bajando ¿Cuándo lo reflejará la estadística oficial?”

“A dos meses de las elecciones, las estadísticas del Ministerio parece que indican que el gobierno ha cumplido su misión: el precio de la vivienda (4,8%) crece sólo un poco más que la tasa de inflación (4,2%). Además, como guinda, el alquiler crece exactamente al mismo nivel que el IPC. Estos resultados son: ¿Un gran éxito o una gran trampa?”, se pregunta Bernardos en La Plaza.

“La estadística está basada en tasaciones y generalmente éstas son superiores al precio de mercado de las residencias. Entonces, ¿de dónde salen estos números? Lo siento, pero no se me ocurre ninguna explicación minimamente coherente. Por otra parte, el número de transacciones en el primer semestre de 2007 sólo bajó un 3,9% con respecto al mismo período del año anterior. Entonces, ¿por qué han cerrado durante el último ejercicio 40.000 agencias inmobiliarias? ¿Será por aburrimiento?”, prosigue.

“Desde mi perspectiva, y según los datos parciales de que dispongo, la vivienda (tanto la nueva como la antigua) está bajando de forma significativa. En algunas poblaciones, hay promotores que están ofreciendo descuentos de más del 10%. ¿Cuándo lo reflejará la estadística oficial?. Después de las elecciones o nunca. O quizás ya no habrá estadística”, finaliza.

Otros expertos del sector consultados consideran que “a las estadísticas del Ministerio les queda mucho que pulir. Para empezar, no se pueden homogeneizar datos. Por ejemplo, el mercado de viviendas de segunda mano es muy opaco porque está mayoritariamente en manos de particulares. Además, dar datos de suelo es hacer un ejercicio de ciencia ficción”.

Para el también economista y arquitecto Ricardo Vergés, el principal problema de las estadísticas del Ministerio de Vivienda reside en que “la valoración está sobreestimada porque procede de las tasaciones y no contempla el riesgo económico”. En cualquier caso, Vergés insiste en que “es insensato sostener que los precios de la vivienda nueva no bajarán nunca”.

enlace a la noticia

 
 
Sector inmobiliario da por hecho una caída real de precios
El País - 18 de enero de 2008
 
 
Un estudio realizado con 260 profesionales calcula una subida del 1,92%, menos que la inflación.- Añade que la reactivación no depende tanto de los precios como de mejorar las condiciones financieras

El sector inmobiliario espera para 2008 un crecimiento medio del precio de la vivienda del 1,92%, lo que supondrá una caída en términos reales (descontada la inflación), algo que por sí solo no servirá para estimular una demanda que depende más de que se suavice el entorno financiero.

Así se desprende del estudio sobre tendencias de precios del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), que recoge la opinión de más de 260 profesionales del sector inmobiliario, de los que más de un tercio son promotores.

En términos generales, los encuestados calculan que los precios del suelo caerán este año una media del 5,33%, mientras que los costes de construcción seguirán creciendo más del doble del IPC (entorno al 8,58%).

El profesor José Antonio Pérez, coordinador del estudio, ha explicado que el comportamiento de los precios finales de la vivienda es muy rígido, por lo que no suelen caer, a pesar de que el sector esté en crisis.

A su juicio, el mercado inmobiliario español está experimentando un cambio de ciclo, que en los últimos seis meses se ha traducido en un incremento de hasta el 91% del tiempo que tarda en venderse una vivienda nueva y de un aumento del 89% del stock de vivienda nueva acabada (el 83% en el caso de la usada).

Menos compraventas

El IPE calcula que el pasado año cerró con una caída del 5% de las operaciones de compraventa, tanto de vivienda nueva como usada, al registrarse 1.860.903 operaciones en 2007 frente a las 1.961.130 de 2006.

Pérez considera que si el ritmo de ventas no mejora en el primer trimestre de 2008, al final del mismo habrá un stock acumulado de alrededor de 500.000 viviendas nuevas pendientes de venta (1.000.000 si se suman las de segunda mano).

En la situación actual, con la demanda estancada y la crisis de liquidez en los mercados financieros, que los promotores decidieran bajar los precios no serviría de mucho, ya que -según ha señalado- en el mercado de la vivienda cuando el precio baja, la decisión de compra se aplaza ante la expectativa de que puedan descender todavía más.

Mejorar las condiciones financieras

En su opinión, la reactivación de las ventas de vivienda pasa por la mejora de las condiciones financieras para acceder a ella, algo que en buena medida dependerá de las propias promotoras, que tendrán que especializarse en "marketing financiero", como ya hacen algunas empresas que están ofreciendo descuentos en las cuotas del pago de la hipoteca durante periodos de hasta cinco años.

Algunos promotores están reaccionando a la caída de ventas con un descenso de la actividad, una solución que para Pérez no es la más adecuada, teniendo en cuenta el efecto multiplicador que tiene la construcción sobre el conjunto de la economía.

Pérez cree las administraciones públicas han tardado demasiado en reconocer que el ajuste del mercado residencial acarreará una destrucción de empleo, que podría haberse neutralizado destinando "20.000 millones extra" a la promoción de infraestructuras y obra civil.

enlace a la noticia

 
 
La demanda de vivienda nueva caerá hasta 370.000 unidades
Consumer - 30 de enero de 2008
 
 
Y los precios subirán por debajo del IPC, según un informe. El ritmo de venta de inmuebles descendió hasta un 55% en 2007 respecto al año anterior

El último informe sobre coyuntura inmobiliaria de la consultora Grupo i revela que la demanda de pisos nuevos en España caerá hasta las 370.000 unidades este año, frente a las 650.000 de dos años antes. Los precios, por su parte, crecerán por debajo del IPC.

En concreto, el estudio augura que el precio de la vivienda nueva crecerá entre un 0% y un 2%, lo que supondrá una "pérdida real del valor" de los inmuebles. El precio medio del metro cuadrado se situará en 2.151 euros al final del ejercicio.

El informe indica además que en 2007 se produjo un descenso en el ritmo de venta de inmuebles de hasta un 55% respecto al año anterior. Esta tendencia fue más acusada en la vivienda vacacional, donde se esperan bajadas de precios. En la actualidad, sólo un 14,9% de los hogares está en disposición de adquirir una segunda residencia.

Crisis de confianza

Grupo i atribuye el descenso de la demanda a la crisis de confianza financiera que ha provocado una restricción del crédito a particulares y empresas para la compra de inmuebles. Según las estimaciones de la consultora, el ajuste del sector ha creado un "stock" de pisos sin vender de alrededor de 200.000 unidades.

Esta situación, advierte el estudio, repercutirá en el empleo en la construcción. Se prevé que se dejen de crear casi un 20% de puestos de trabajo. En concreto, este año se perderán alrededor de 250.000 empleos en el sector.

La consultora cree que dada la coyuntura actual los promotores tendrán que centrar sus esfuerzos en levantar viviendas que respondan a las necesidades de los ciudadanos, así como impulsar el mercado del alquiler, que podría ganar una cuota del 30%.

El incremento del mercado de arrendamiento será beneficioso para la economía española en general, ya que, según Grupo i, habrá menos ciudadanos dependientes de las fluctuaciones de los tipos de interés y se flexibilizará el mercado de trabajo.

enlace a la noticia

 
 
España, país de UE conmayor caída de producción inmobiliaria
El Mundo - 18 de enero de 2008
 
 
En noviembre. Portugal, Eslovenia, Alemania y Francia siguen a España en esta tendencia. Los tres únicos países que han registrado subidas han sido Polonia, Rumanía y Suecia

España es el país de la UE donde más bajó la producción en el sector de la construcción en noviembre de 2007, con una caída del 3,9% frente a octubre, según datos publicados por la Oficina de estadística comunitaria (Eurostat). En ese período, el sector inmobiliario de la zona euro sufrió una caída productiva del 0,8%, mientras que el conjunto de la Unión bajó en un 0,2%.

En octubre de 2007, las estadísticas apuntaron a una subida del 0,6% en la zona euro y del 0,3% en la UE 27. El índice de producción en la construcción que publica Eurostat tiene en cuenta las variaciones estacionales que se producen en el sector, e incluye los subsectores inmobiliario y de obra civil.

De entre los diez Estados miembros que han facilitado las estadísticas de noviembre de 2007, España es el que mayor caída productiva ha sufrido, seguida de Portugal (-2,8%), Eslovenia (-2,6%), Alemania (-0,7%), Francia (-0,4%), y Eslovaquia y Holanda, ambos con un -0,1%. Los tres únicos países que han registrado subidas mensuales en el sector han sido Polonia (2,3%), Rumanía (1,8%) y Suecia (1,6%).

Estadísticas por sectores

Por sectores, y también en relación con octubre, la construcción de edificios bajó en un 1,1% en la zona euro, y un 0,2% en la UE 27, después de haber crecido un 0,9% y un 0,2%, respectivamente, durante el mes anterior.

La obra civil disminuyó un 0,5%, tanto en la zona euro como en el conjunto de los 27, en noviembre de 2007, mientras que en octubre, el sector había crecido en un 0,1% y un 0,4%, respectivamente.

Por otra parte, la comparación estadística entre la producción en la construcción de noviembre de 2007 con la del mismo mes de 2006 apunta también a una caída del 0,8% en la zona euro, aunque subió en el mismo porcentaje en la UE 27.

Según esta comparación interanual, la producción disminuyó en cuatro Estados miembros, y se incrementó en seis. Las caídas más importantes se registraron en Alemania y Eslovaquia, ambas del 6,3 por ciento, y en España (-6,2%), seguida de Portugal (-2,8%). Rumanía protagonizó la subida productiva más espectacular, con un 32,6%, y también se registraron aumentos en Polonia (11,1%), Eslovenia (9,1%), Suecia (6,3%), Holanda (4,8%) y Francia (2,1%).

Por sectores, la construcción de edificios bajó un 0,7% en la zona euro, aunque subió un 12% en la UE, mientras que la obra civil cayó un en 1,2% por ciento en la zona euro y subió un 0,15% en los 27.

enlace a la noticia

 
 
Banca española solicitó un récord de 44.000 mill.de liquidez
Expansión.com - 15 de enero de 2008
 
 
en las subastas de liquidez del Banco Central Europeo

Los bancos y las cajas españolas se llevaron 44.086 millones de euros de las subastas de liquidez que celebró el Banco Central Europeo (BCE) durante diciembre, un 9,21% más que en el mes anterior. El principal repunte se produjo en las operaciones de financiación a una semana, puesto que adquirieron préstamos por un importe de 33.527 millones de euros, un 73,58% más.

Desde que estalló la crisis financiera a principios de agosto, la presencia de las entidades españolas en las subastas de liquidez del BCE se ha multiplicado por dos, debido a que el incremento de la aversión al riesgo ha paralizado cualquier emisión de deuda, ya sea mediante titulizaciones o cédulas, una de las principales herramientas para financiar el espectacular crecimiento del crédito de los últimos años.

Según explican los expertos, el repunte que se ha producido en diciembre se debe también al efecto fin de año, por el que las entidades aumentan sus necesidades de efectivo para cubrirse las últimas semanas del año y poder cuadrar los balances de final de ejercicio. De ahí que en el resto de la zona euro, el volumen solicitado por las entidades en las subastas haya registrado también un repunte significativo, al pasar de 439.967 millones a 467.641 millones. En el tramo a una semana, las entidades europeas solicitaron 259.094 millones, un 51,23% más que en noviembre.

enlace a la noticia

 
 
Suspensiones de pagos en la construcción casi se duplican
El País - 09 de febrero de 2008
 
 
El número de empresas que iniciaron un procedimiento concursal al no poder hacer frente a sus deudas se elevó en 2007 un 3,17% respecto al año anterior. Pero lo más llamativo de la estadística que publicó ayer el INE es que las declaraciones de suspensión de pagos se incrementaron en el último trimestre, y de forma notoria, en el sector de la construcción.

De las 880 empresas que abrieron, de forma voluntaria o forzosa, un procedimiento concursal el año pasado, 260 lo hicieron entre octubre y diciembre, lo que supone un récord trimestral desde que entró en vigor la Ley Concursal (2004). Y el fenómeno es mucho más acusado en la construcción, en lo que es un indicio más del frenazo de esta actividad: 58 constructoras requirieron la intervención judicial por falta de pago, un 87% más que en el último trimestre de 2006, y un 80% más de la media trimestral desde 2004.

El cómputo del INE no detalla qué empresas entraron en quiebra técnica. Pero sí constata otro fenómeno pujante: en 2007 se acogieron al procedimiento concursal 96 personas o familias con dificultades de pago (un 80% más que en 2006). Es una opción incluida en la nueva ley que ha sido utilizada 213 veces desde su entrada en vigor.

enlace a la noticia

 
 
Blesa dice cuando llegue morosidad crecerá de forma brutal
El País - 24 de enero de 2008
 
 
Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, no quiso sumarse al catastrofismo del PP, el partido que le aupó a la presidencia hace casi 12 años. En su opinión la crisis bursátil se debe a una falta total de confianza entre los bancos y dijo que la situación económica "era complicada porque se está desacelerando", aunque se apuntó a un PIB del 2,5% para España.

En cuanto a la morosidad, que ha crecido un 31% en la caja, Blesa fue más duro. Aclaró que no sabía hasta dónde podría llegar, pero alertó de que "cuando empiece de verdad, el ritmo de crecimiento será brutal".

Pero no era un día para el pesimismo. Caja Madrid logró un beneficio récord, al conseguir 2.860,8 millones en 2007, un 177% más. Sin las 2.333 millones de plusvalías brutas obtenidas por la venta del 9,98% de Endesa, el beneficio habría crecido un 40%, hasta 1.443 millones. Blesa ha aprovechado la lluvia de millones para fortalecer la caja con unas dotaciones extraordinarias de 708 millones y ha pagado 207 millones en impuestos.

Endesa también ha servido para fortalecer el capital de la caja hasta el 8,2%, uno de los mejores ratios del sector. Además, ha proporcionado 4.220 millones de liquidez, "lo que supone recursos para funcionar un año", según la entidad, "en un momento en fuerte sequía".

Pero Caja Madrid no se va a conformar con esa reserva de dinero. La entidad se ha propuesto autofinanciar con depósitos los créditos que conceda. Así, espera crecer un 10% en créditos, aunque sólo un 5% en los hipotecarios, otro 5% en cosumo y un 20% en empresas. En 2007 concedió un 13% más en préstamos, pero los hipotecarios sólo subieron 8% frente al 26% de 2006. La caja prepara "agresivas campañas" para captar ahorros.

Respecto a las participadas, comentó que no harán un holding para sacarlo a Bolsa y que negocian con British Airways "un acuerdo de intercambio de rutas que beneficie a ambas partes". Hasta que no termine la discusión con los británicos "no se empezará con otros posibles socios", entre los que citó a Air France y Lufthansa. Blesa negó estar interesado en comprar Colonial ni la filial española de Morgan Stanley. Tiene el 5% de Bankinter y en esta guerra dijo que "no seremos beligerantes a favor de nadie. Sólo queremos que gane la caja". De Manuel Pizarro dijo que era un "acierto" su fichaje por el PP y que era un ejecutivo "de gran valía".

enlace a la noticia

 
 
El huracán «subprime» deja millones de víctimas a su paso
La Voz de Galicia - 03 de febrero de 2008
 
 
Mientras el Gobierno de Bush intenta poner freno a la crisis crediticia, más de dos millones de estadounidenses se enfrentan estos días al riesgo de perder sus casas

Tras la crisis provocada por el terremoto crediticio, 2,2 millones de estadounidenses se afrentan estos días al riesgo de perder sus casas al norte de río Bravo. La Voz analiza en primera persona las causas del hundimiento inmobiliario y pone rostro a algunos de los afectados.? Cuando la española Isabel A. Gutiérrez escuchó por primera vez mentar la crisis de los créditos subprime -una situación que desde la primavera pasada azota a la economía estadounidense- esta profesora de 34 años y residente en Miami respiró aliviada pensando que por una vez vivir de alquiler le supondría una ventaja en su vida. «Poco después me llegó una orden de desalojo del juzgado, el documento me informaba de que mi casero había dejado de pagar su hipoteca y me daba 90 días para abandonar el inmueble». ? Millones de afectados Víctima colateral de un problema que afecta ya a 2,2 millones de propietarios al norte de río Bravo, el caso de Gutiérrez es la última consecuencia tras la explosión de la burbuja inmobiliaria nacional por culpa de los llamados «créditos basura», destinados a compradores con pocos recursos. «Y yo no soy la única»?-aclara la afectada en una entrevista telefónica con La Voz- «en mi barrio hay al menos cuatro edificios vacíos por la misma razón. Los dueños piden dinero al banco pagan dos o tres plazos y después se marchan del país con el resto de efectivo». Un aluvión de fraudes favorecido en los últimos años por la extrema laxitud de las entidades bancarias, «quienes ni siquiera comprobaban el estatus legal de la persona antes de autorizar los préstamos». La que habla es Araceli Panameño, analista del Centro para el Préstamo Responsable, una ONG ubicada en la capital del Estado, Panameño lleva meses estudiando las verdaderas causas del fenómeno subprime . Según sus últimas conclusiones -y más allá de la visión simplista del fraude y la especulación- para comprender el origen de esta cadena de desastres «hay que remontarse en realidad a principios de los años ochenta». Es durante es década cuando ante la saturación del mercado crediticio -«y sabiendo que todo el que calificaba para recibir un préstamo ya lo tenía»-, los bancos deciden apostar por los préstamos de alto riesgo. Embarcados en la rentable empresa de maximizar beneficios, el peso del negocio de este tipo de créditos pasó del 5 al 25% del mercado total en solo diez años.

Publicidad

Según Panameño en este incremento cobraron un papel fundamental las agresivas campañas de publicidad destinadas sobre todo al público afroamericano e hispano con frases como «La propiedad privada es un derecho innato», «Le daremos el dinero en cualquier situación». «Pocos se resistieron», asegura la especialista quien matiza que detrás de las promesas se escondían en realidad condiciones de pagos «abusivas»

Más concretamente muchos de estos créditos pertenecían a la categoría calificada como «híbrido», nombre reservado a aquellos préstamos cuyo interés pasa de fijo a variable en tan solo 24 meses.

Culpables e inocentes

Tras la publicación de un estudio que predecía que al menos 73.000 de estas familias no celebrarían las Navidades bajo un techo por el peligro de embargo, las búsqueda de responsabilidades comenzó a elevarse incluso al propio Gobierno, quien hace algunas semanas decidió tomar cartas en el asunto y anunciar un paquete de medidas especiales, que incluyen la congelación de los intereses por un plazo de cinco años. Una actuación que ya ha sido calificada de «insuficiente» desde las filas de la oposición debido a las limitaciones impuestas a los beneficiarios, ya que solo podrán solicitar ayudas aquellas personas con hipotecas emitidas entre el 2005 y el pasado 31 de julio y con menos de 30 días de retraso en los pagos. No solo no gusta en la arena política, el plan de Bush tampoco convence a los expertos.

«Ahora en vez de llamarme a mí llamarán al teléfono de la esperanza», bromea Panameño en relación a la línea habilitada por el Gobierno. «Pero la gente no necesita esperanza, lo que necesita de verdad es que se apliquen las leyes y eso no hay presidente que lo cambie», apostilla.

enlace a la noticia

 
 
El Banco de España amonesta a las autonomías
LaVerdad.es - 04 de febrero de 2008
 
Por duplicar el déficit. Los 'números rojos' de las comunidades previstos para el presente año están relacionados con la desaceleración recaudatoria causada por el parón inmobiliario

El Banco de España está molesto con el comportamiento presupuestario de las comunidades autónomas, pese a reconocer a que sus resultados tienen ahora una «mayor dependencia» del ciclo económico conforme han aumentado la transparencia de sus ingresos impositivos y, a su vez, han asumido casa vez más competencias.

Así lo apunta en un informe donde también revela que, pese a que la legislación vigente les exige un superávit conjunto que equivalga al 0,25% del producto interior bruto (PIB) -al prever que la economía crecerá este año más del 3%-, sus números rojos llegarán en 2008 a los 353 millones de euros, el doble que el saldo negativo contabilizado el ejercicio pasado.

Pese a todo, desde el instituto gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez -que precisamente fue secretario de Estado de Presupuestos y Hacienda con el Ejecutivo actual- sólo se califica esa evolución negativa de «ligero empeoramiento» en el saldo agregado, que a su vez achaca al comportamiento peor que se espera en los ingresos regionales a través de los impuestos indirectos por culpa de la desaceleración económica.

El llamado parón inmobiliario está en la raíz de este problema, sector que en los últimos años se ha convertido en una fuente de ingresos importante para las administraciones territoriales (entre 2004 y 2006 incrementaron un 23% el dinero obtenido por esta vía, hasta alcanzar los 15.335 millones).

A través de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (trámites notariales), que gravan de manera fundamental las compraventas de inmuebles, las comunidades obtienen tres de cada cuatro euros que suman a su recaudación. Por este motivo, las llamadas a la moderación y a la búsqueda de recursos alternativos han sido frecuentes en el último año desde el Ministerio de Economía y Hacienda.

Ingresos por IRPF

En su informe, el Banco de España señala que se mantendrá el dinamismo en los ingresos obtenidos gracias a los impuestos directos (como el IRPF), que el Gobierno estima que crecerán un 18,1% en 2008, mientras que los recursos logrados con los gravámenes indirectos (entre ellos, el IVA) sufrirán una «desaceleración significativa» y apenas aumentarán un 2,7%, más de cinco veces menos que la tasa del 14,5% registrada en 2007.

Por el contrario, la aceleración que se presupuesta en el capítulo de ingresos por transferencias corrientes se mantiene en los parámetros previstos.

También llama la atención el instituto emisor sobre el crecimiento de casi el 10% que se espera en los gastos de personal, y que cree justificado, si bien «sólo en parte», por los traspasos de competencias sucesivos.

Frente a ellos, los pagos de intereses crecen «moderadamente», manteniéndose como el único capítulo que se presupuesta tradicionalmente con tasas por debajo del Producto Interior Bruto nominal.

enlace a la noticia

 
Fin del sueño
Público.es - 20 de enero de 2008
 
 
Los carteles de “se vende” inundan Marina d’Or.

Es sábado por la tarde, un plácido día de enero, y en los jardines de Marina d’Or algunos niños apuran los últimos rayos de sol bajo la atenta mirada de sus madres. El crepúsculo está a punto de extender una niebla rojiza —como de un fantasmagórico membrillo casero— sobre la lenta majestad del mar, y en todo el complejo no hay más de treinta o cuarenta personas pululando, como muertos vivientes, por las calles de la “Ciudad de Vacaciones”.

Los principales hoteles están cerrados. El balneario de agua marina está cerrado. La mayoría de los apartamentos están vacíos, y en muchos cuelga el letrero de “Se vende”. ¿Crisis en Marina d’Or? Quizá es sólo el invierno y sus paradojas. Al fin y al cabo, ahora es cuando se está bien en la costa mediterránea, sin aglomeraciones, sin sofocones, sin estridencias. Pero ahora no hay nadie.

La crisis tampoco hay que desatenderla. Si en los últimos tiempos la venta de apartamentos se situaba en una media de entre 1.500 y 1.800 al año, en 2007 no debieron ser más de 400. Los perros de las hipotecas, por otro lado, han mordido donde más dolía, y por eso muchos propietarios han empezado a acariciar la idea de volver a la meseta. De los sueños se despierta. O te despiertan.

Se va el sol y con él parece desvanecerse un imperio. No es tristeza lo que se masca aquí, sino una pequeña y volátil inutilidad. Un niño juega en la arena de la playa sin saber que esa playa necesita constantes aportaciones para mantener esa arena, porque el lecho es originariamente de piedra. Un poco más abajo, una pareja de mujeres de mediana edad pasa a mi lado arrastrando los pies, con un tedio estudiado pero infinito. Este crepúsculo, como el de los dioses, ya no tiene remedio.

Jornadas de 12 horas

Sorin y Mijaela Bika son dos de los muchos inmigrantes que me encuentro en mi paseo. Son amables y locuaces. Ambos han trabajado en los hoteles del complejo, pero ahora sólo vienen los sábados a gozar del silencio y la tranquilidad. Me explican: jornadas de doce horas diarias, seis días a la semana, con derecho al abuso en caso de sufrir algún percance sanitario. Sorin imposta la voz y descubre un rostro con capacidad plástica para el misterio: es que el jefe de personal, dice, es “un árabe”. ¿No les gustaría volver a trabajar en Marina d’Or? La respuesta es inmediata y a dúo: no.

Se puede visitar, también, una carpa con maquetas sobre el futuro. Qué será, será. Nada más penetrar en este espacio de fantasía, un cartel anuncia “promociones a la venta en Marruecos (Marrakech, Tánger, Agadir)”. El grupo se expande, claro. Ya está presente en Reino Unido, Francia y China.

Pero sigamos en la carpa. Otro cartel anuncia que el complejo obtiene el agua de la desalación del mar. Hasta 8’6 hectómetros cúbicos al año, por tres que capta de acuíferos internos y otros tres del agua subterránea del acuífero costero. Eso está muy bien, pero si falta agua, siempre se puede desecar un poquito el parque natural de Cabanes-Torreblanca, en el límite norte de las urbanizaciones. Hay que recordar, en todo caso, que la Conselleria de Territorio (en manos absolutas del PP) redactó en 2003 el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque (PORN) a la medida de los intereses vacacionales. De aquí la presencia, nada discreta, de excavadoras lanzando tierra sobre zonas húmedas. Eso no lo dice ningún cartel.

Más carpa. Un pequeño rebaño de jóvenes atienden a un anunciado espectáculo de “agua, luz y sonido”. Como delfines perfectamente adiestrados, seguirán las evoluciones de unos chorritos de agua acribillados por luces de colores al son de la banda sonora de “Oficial y caballero”. Es estéticamente emotivo: uno esperaría que en cualquier momento se pusieran a saltar y a pedir una sardina como premio.

Desde un rincón, un elegante caballero de mediana edad observa la pantomima con una sonrisa irónica. Le doy palique. Dice que es ingeniero industrial, de Madrid, y que llegó aquí en los inicios del complejo (en el año 2000). Ha visto crecer los enormes bloques de apartamentos como Keops contemplaba la erección de la gran pirámide de Giza. La pregunta es obligatoria. — No, no, yo no tengo aquí ningún piso. Yo vivo en Oropesa, en el casco antiguo. He visto las calidades con que se ha construido esto. Ni loco, oiga.

El advenedizo Jesus Ger

Oropesa. Más de diez mil habitantes, contando a Marina d’Or. Pero antes fue otra cosa. Un pequeño pueblo costero, que vivía de la naranja y de la viña. Sé lo que digo, porque mi padre tuvo en este término más de treinta hanegadas de naranjo, en la falda de una montaña. Mi infancia es un recuerdo de esos naranjos. Acabó vendiendo las tierras, porque la frontera entre el regadío y el secano no es la más propicia para sacar rendimiento del fruto dorado. Se vendió y ya está (también se vendió mi infancia). Jesús Ger, sin embargo, no llegó a tiempo de comprar.

Jesús Ger, por si alguien lo ignora, es el propietario de Marina d’Or. Es el hombre que convirtió uno de los últimos pedazos de costa virgen del litoral castellonense en esta aldea “de ensueño”. Podría parecer el tipo más popular de su entorno, pero no es así. Su voracidad le ha enfrentado con los principales empresarios de Castellón. Los de “toda la vida”. Con Luis Batalla (Lubasa), por ejemplo, ha medido bien sus fuerzas: Alien versus Predator. A Ger le reprochan ser un advenedizo. Nació en Barcelona e hizo sus primeros pinitos reparando televisores marca Grundig. Eso fue antes de comenzar a pensar a lo grande.

Es noche cerrada. La avenida de Barcelona —principal arteria del complejo— parece un compendio de soledades o quizá la ilustración de esa máxima que se repite obsesivamente en la pantalla digital del ascensor de mi hotel: “Ni temas ni desees la muerte”. Los neones alumbran calles espectrales por donde sólo yo me digno pasar. En el restaurante Il Pecatto —¡un sábado por la noche!— no cena nadie más. Vivo a cuarenta kilómetros de aquí, pero es como si hubiera penetrado en otro mundo. Uno de esos no-lugares de los que hablan los sociólogos (como un hipermercado, o un aeropuerto).

Domingo por la mañana. Levísima animación en el complejo: los inmigrantes juegan al fútbol. En los jardines, el sol baña suavemente las esculturas de Ripollés, ese artista gran amigo de Carlos Fabra. En el arte contemporáneo, medio centímetro separa lo ridículo de lo sublime. Ese medio centímetro ha proporcionado a Ripollés una enorme fortuna. Como a Jesús Ger.

enlace a la noticia

 
 
20 claves de la burbuja inmobiliaria
El Mundo (Su Vivienda) - 16 de enero de 2008
 
 
VALLADOLID.- La crisis del sector inmobiliario ha provocado la proliferación de estudios que intentan explicar las claves de un fenómeno cuyas raíces y causas no hay que buscar sólo en España ni exclusivamente en la construcción.

El sector financiero regional y nacional vive muy atento a esta recesión por sus consecuencias y por sus efectos. También los gobiernos. Analistas, como Marc Vidal y datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, aportan múltiples claves, algunas entrelazadas, entre las que hemos seleccionado las siguientes:

La burbuja. La burbuja inmobiliaria estallará entre 2010 y 2011. Será cuando la oferta global de vivienda nueva y usada adquirirá sus cotas más altas y la demanda se situará en su punto más bajo, según el Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario de 2007. Crecen los analistas que piensan que estallará antes y que en España hay voluntad de silenciar la realidad.

Oferta y demanda. En España se han construido 800.000 viviendas al año para una demanda que no sobrepasa las 385.000.

Crisis financiera. Un 35% de las 60.000 promotoras tiene ya problemas para cumplir sus obligaciones financieras, según la consultora Acuña y Asociados, que prevé que tres de cada cuatro desaparecerán entre 2008 y 2009. e Deuda. Stándar & Poors cifra la deuda española en el 106% del PIB nacional, casi 40 puntos por encima de la media europea.

Tipos de interés. La subida de tipos de interés ha reducido la renta disponible de los hogares y ha frenado la venta de viviendas. Son más los que piensan que aumentarán hasta el 5% en 2008 que los que opinan que bajarán.

Recorte de créditos. Bancos y cajas han dejado de prestar el 120% del valor neto de las viviendas. Este porcentaje ha caído drásticamente y en algunos casos de promotores no llega al 40%.

Terrenos. Se está produciendo un incremento en las ventas de los terrenos donde se preveía edificar para procurar liquidez. Muchos promotores han comprado solares por encima de su precio y ahora pagarán los excesos.

Liquidez. Crecen las dificultades de las constructoras y promotoras para pagar créditos ante el vencimiento del plazo de éstos. Cajas y bancos pueden empezar a tomar el control de grandes empresas de la construcción ante la falta de ventas y de liquidez de las empresas.

Captación de pasivo. Las ofertas de cajas y bancos para retribuir los depósitos captados refleja la desesperación existente en el sector financiero por la crisis de liquidez.

Hipotecas ’subprime’. Se desconoce el impacto real de los impagados de las hipotecas basura de EEUU sobre el sistema financiero español. Nadie sabe a ciencia cierta quién está contagiado y hasta qué punto. Esta opacidad "ha obstruido la vena del mercado interbancario", al que las entidades acuden para obtener financiación, motivo por lo que los bancos y las cajas ya no tienen dinero para prestar a empresarios y familias. Las emisiones de títulos respaldados por hipotecas han caído drásticamente en los últimos meses.

Banco de España. Algunos analistas aseguran que el Banco de España está vendiendo bonos, divisas y patrimonio. También que "malvende" oro a toda velocidad. La hipótesis de quien lo asegura es su posible falta de liquidez. Imaginemos un promotor que no alcanza puntualmente sus pagos por culpa de un descenso en las ventas. El 30% del PIB lo deben grandes promotores a bancos y cajas. Esas deudas sólo se pagan con la venta de las viviendas, puesto que el promotor grande y el mediano trabajan con dinero prestado completamente.

El pago de personal y cuotas bancarias es insostenible. Dejan de pagar al banco o caja porque sin personal no puede seguir la obra. El dinero que la caja no cobra no era suyo, sino que pertenecía a los depósitos de los clientes o al crédito interbancario. La caja paga un crédito que ella no cobra hasta que se le acaba la liquidez. En ese instante aparece el Banco de España. Si son muchas las cajas que solicitan esa obligación prestamista de garantía del Banco de España éste se queda sin dinero y aparecen las divisas, el oro y los bonos, que se venden para obtener recursos.

Morosidad. Aumento geométrico de la morosidad, que pondrán en una situación difícil al Banco de España. La morosidad responde al crecimiento de los tipos de interés de los últimos dos años. En ese periodo se pasó del 3% al 4,8%. Algunas entidades financieras han comenzado a sacar a la venta parte de sus carteras de deuda hipotecarias ante el temor de un aumento de la morosidad. Hay analistas que consideran que la morosidad que declaran los bancos es ficticia e inferior a la real. El relator especial de la ONU para la vivienda, Millon Kothari, asegura que el 0,3% de los españoles no pagará sus hipotecas durante 2008.

Empleo. Se augura un aumento del paro en la construcción y el cierre de oficinas bancarias por falta de rentabilidad.

Inversión. Los pisos tardan mucho más en venderse y hay gente desesperada porque compró sobre plano, como inversión, y ahora se encuentra con tipos de interés más altos que dificultan la venta.

Estrategias bancarias. El Grupo Santander y el BBVA venden su patrimonio inmobiliario, lo que revela falta de confianza que les produce el sector.

El futuro. Si la oferta y la demanda no se ajustan, los precios de la vivienda pueden empezar a caer en 2009. Los analistas estiman que el precio puede bajar en torno al 2% anual entre 2010 y 2014.

Precios. El informe bianual del Fondo Monetario Internacional de previsiones económicas mundiales ha alertado de la sobrevaloración del precio de la vivienda.

PIB. El impacto en el crecimiento de la economía es relevante. La aportación del sector de la construcción al PIB, sumada la densidad industrial y de servicios ligadas al sector inmobiliario puede suponer el 34%. Un desplome del sector puede perjudicar seriamente a la economía.

Arquitectos. Los arquitectos han pedido medidas urgentes para paliar la crisis. Creen que el ritmo de edificaciones es insostenible para la economía. El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos alerta de los riesgos que suponen el aumento de la oferta inmobiliaria.

Recaudación. El descenso actual de las ventas y sobre todo el previsto para 2008 y 2009 repercutirá en las arcas públicas. Las Administraciones están seriamente preocupadas por el impacto en la recaudación.

enlace a la noticia

 
 
Comunidad de Madrid
 
MADRID, SIN AYUDAS A LA EMANCIPACIÓN
El País (Comunidad de Madrid) - 06 de febrero de 2008
 
 
Ningún madrileño logra la paga del Gobierno en el primer mes de aplicación.- Chacón culpa a Aguirre por no haberle comunicado aún todas las solicitudes mientras el Gobierno regional denuncia "serios problemas" para tramitar la ayuda

El Ministerio de Vivienda comenzará a pagar en 15 días la Renta Básica de Emancipación a los 1.880 jóvenes de entre 22 y 30 años cuya solicitud ha sido aceptada ya por las comunidades autónomas, según ha anunciado hoy la ministra, Carme Chacón. De estos 1.880 afortunados, ninguno vive en Madrid, y eso que el departamento de Chacón calculaba en 50.000 los potenciales beneficiarios de la región. El caso es que se han presentado 17.000 solicitudes pero sólo se han registrado en el sistema 4.161, de las que ha sido tramitada una única petición que, encima, ha sido rechazada. Vivienda culpa al Gobierno regional de no haberle comunicado aún todas las solicitudes mientras el Ejecutivo de Esperanza Aguirre denuncia "serios problemas" para tramitar la ayuda. Los perjudicados, los jóvenes.

El Ministerio de Vivienda ha contabilizado en toda España 33.199 solicitudes de la renta de emancipación desde su entrada en vigor, el pasado 2 de enero, si bien sólo se han producido hasta el momento 1.880 resoluciones positivas, un 5,6% del total, que percibirán el abono efectivo de los 210 euros en un plazo de 15 días. Según el balance ofrecido hoy por la propia Chacón, de estos 1.880 contratos con derecho a ayuda -cifra muy inferior al número de jóvenes que se verán beneficiados, al ser contratos compartidos en muchos casos porque sólo se concede una ayuda por vivienda- más de la mitad se localizan en Galicia (731), seguida de Andalucía (372), Asturias (255), Castilla-La Mancha (185) y La Rioja (137).

El resto de las resoluciones positivas definitivas y provisionales se destinarán a Comunidad Valenciana (78), Cantabria (67), Extremadura (30), Aragón (15), Murcia (5), Canarias (3), Cataluña (2). Ningún madrileño ha conseguido las ayudas al alquiler de 210 euros mensuales ofrecidas por el Gobierno central, puesto que, de 4.161 solicitudes presentadas, sólo una ha sido tramitada y, tras su evaluación, ha sido rechazada por Vivienda. Las 19 oficinas de la Comunidad de Madrid han recogido las solicitudes de los ciudadanos desde el 2 de enero, pero durante el primer mes de vigencia de la normativa no se ha resuelto ningún expediente de forma favorable. Según la ministra, estas cifras se deben a que el Gobierno regional no ha comunicado aún todas las resoluciones, al tiempo que ha subrayado que las autonomías tienen dos meses para presentar las solicitudes.

Cruce de acusaciones

Por su parte, la Consejería de Vivienda de Madrid ha denunciado que está teniendo "serios problemas" para tramitar las solicitudes. Según fuentes de este departamento, hay problemas para tramitar las solicitudes por el sistema informático facilitado por el Ministerio y porque aún no tienen acceso los datos de la Seguridad Social y de Hacienda. Así, por el momento, la Comunidad de Madrid no está en disposición de dar el visto bueno a las solicitudes y "reconocer el derecho a recibir la ayuda" de los jóvenes que han pedido la ayuda. Estas palabras contrastan con las de la ministra de Vivienda, quien ha subrayado que la tramitación de las ayudas "está funcionando correctamente, sin inconvenientes destacables".

Desde la Consejería indican además que el Ministerio ha convocado para el 7 de febrero a los empleados públicos de la Comunidad a un curso de formación para explicarles cómo se usa el sistema informático. Desde la entrada en vigor de la Renta Básica de Emancipación el 2 de enero, unos 17.000 jóvenes de la región ya han presentado su solicitud en las oficinas de la comunidad, si bien sólo 4.161 se encuentran ya registradas en el sistema informático, explica la Consejería que dirige Ana Isabel Mariño. Los datos aportados hoy por el Ministerio revelan que la mayoría de las comunidades, salvo Madrid, han acelerado el proceso, lo que ha permitido el adelanto de los abonos .

Lo cierto es que no todas las regiones informan al mismo ritmo. Así, la razón de que el número de resoluciones positivas sea muy inferior al de solicitudes no se explica por que muchas de ellas estén siendo rechazadas, ya que de las 1.932 resoluciones emitidas, 1.880 (97%) han resultado positivas y 52 negativas (3%), sino por que algunas comunidades como Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco o Madrid están dejando el trabajo para el final y aún no han comunicado las resoluciones positivas. En cualquier caso, Chacón no se ha mostrado preocupada por estos retrasos por cuanto estas comunidades están dentro del plazo establecido y confió en que, poco a poco, irán remitiendo la información correspondiente a estas resoluciones.

enlace a la noticia

 
 
VIAJE ALREDEDOR DE LA CIUDAD INDESEABLE
Publico.es (Comunidad de Madrid) - 11 de febrero de 2008
 
 
Bajo el nombre de ‘Especulatour’, ocho organizaciones sociales muestran la voracidad de la construcción

Los ‘touroperadores' no la utilizarían como reclamo turístico ni los científicos como cuna de hallazgos. En España, se puede marcar con una equis en un mapa una ruta de avasallamientos urbanísticos del que los políticos y los constructores presumen como símbolos de prosperidad. Se trata de una excursión que indigesta a muchos ciudadanos.

Ayer, varias organizaciones sociales mostraron a la prensa el daño que las grúas y las hormigoneras han diseminado por la Comunidad de Madrid. Fue un recorrido bajo el clarividente nombre de ‘Especulatour' para denunciar "un modelo territorial injusto, insostenible y subordinado a los intereses de las empresas".



Primera parada: el complejo empresarial de las Cuatro Torres, antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Esta operación inmobiliaria con "enormes beneficios para agentes privados por el trato de favor de las administraciones" -como critican los vecinos- ha lapidado el paisaje verde para dejar paso a unos "horribles mamotretos". Su principal temor son los 20.000 coches que calculan que invadirán el barrio a diario, provocando contaminación y atascos.

Nuevos barrios desolados

La expedición continuó en un barrio nuevo al norte de Madrid: Las Tablas. Bloques de viviendas recién estrenadas, amplias carreteras y una parada de Metro pero ni un alma por sus calles. El modelo no invita a pasear ni a hacer vida de barrio porque está pensado para el automóvil, se quejan sus habitantes. Lamentan la falta de servicios públicos (ambulatorios y colegios) y estar encerrados entre infraestructuras. Tampoco hay muchos bares, supermercados ni tiendas. El resultado es que un 40% de los pisos están vacíos.

Le toca el turno a las grandes infraestructuras. En la parada en Torrelodones, la Federación Regional de Vecinos, la Plataforma por una Vivienda Digna, el colectivo de arquitectos Laboratorio Urbano, Ecologías en Acción y Jóvenes de Izquierda Unida, organizadores, entre otros, del ‘Especulatour' denunciaron las "graves" afecciones ambientales que provocará el cierre de la M-50 bajo el monte de El Pardo y en áreas protegidas de superficie. A su juicio, esta autovía no es una necesidad social.

El trayecto en autobús termina en el municipio de El Álamo, al suroeste de Madrid, donde el Gobierno de Esperanza Aguirre "regalará" a las constructuras un aeropuerto, critican estas organizaciones. Los vecinos están aterrados por los "ruidos incontrolables" del paso de un avión cada tres minutos. Esta "vuelta de tuerca más en la escalada especulativa", explican sus detractores, se erigirá a pesar de que la ampliación de Barajas no está todavía al máximo de su capacidad.

Este merengue de cemento empacha a algunas asociaciones ciudadanas, que piden un debate "público y abierto" del modelo de territorio.

enlace a la noticia

 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la M-501
Ecologistas en Acción (Comunidad de Madrid) - 15 de febrero de 2008
 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia por la cual declara nulas las resoluciones del Consejo de Gobierno y de la Consejería de Transportes por las que se aprobó el desdoblamiento de la carretera M-501. Esta nulidad se basa en la inexistencia de informes por parte de la Consejería de Medio Ambiente, por la inexistencia de consultas previas a la Comisión Europea y por no concurrir razones de interés público.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entregada a las partes el viernes 15 de febrero, consta de 18 páginas y ha sido emitida por la Sección Novena. Esta sentencia responde a un recurso contencioso administrativo que interpuso Ecologistas en Acción, en diciembre de 2005, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2005, por el que se aprobó la conversión en autovía de la carretera M-501 desde el kilómetro 22 al 39.

Este acuerdo se tomó sobre un proyecto que había sido desestimado en 2000 por Alberto Ruiz Gallardón, tras la emisión de una declaración de impacto negativa por parte de la Consejería de Medio Ambiente y de un informe, también contrario, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La Comunidad de Madrid, para justificar, la ejecución del desdoblamiento declaró el proyecto de interés público por la elevada siniestralidad de la carretera, a pesar que los datos de la propia Consejería de Transportes clasifican la carretera de la M-501 como de baja peligrosidad.

La sentencia hecha pública anula los acuerdo tomados por el Consejo de Gobierno y la Consejería de Transportes por diversos motivos. Entre ellos, cabe destacar la ausencia de informes y de pronunciamientos expreso de la Consejería de Medio Ambiente. La Sentencia indica que el Plan de Integración Ambiental, en el que la Comunidad de Madrid basa la corrección y compensación de los impactos ambientales del desdoblamiento, contradice las conclusiones de la Declaración de Impacto Ambiental y del informe del CSIC. Igualmente indica que este documento no puede suplantar a los órganos administrativos competentes en materia ambiental.

También declara la nulidad por no haber consultado previamente, a la aprobación del proyecto, a la Comisión Europea.

Por último, la sentencia considera que no se dan los motivos de interés público por los que sería justificable la ejecución del proyecto. De esta forma se afirma que la seguridad vial no es equiparable a los intereses públicos que justificarían que, a pesar de existir una declaración de impacto ambiental negativa, se aprobara el desdoblamiento.

Ecologistas en Acción valora muy positivamente la sentencia pero lamenta que llegue tarde, una vez que las obras están muy avanzadas y que el daño ambiental es irreversible. Esta organización recuerda que el mismo tribunal desestimó hasta en cuatro ocasiones la solicitud de paralización cautelar de las obras. Igualmente esta organización considera que deben exigirse responsabilidades, tanto a los responsables de las Consejería de Transportes y Medio Ambiente actuales como a los que aprobaron, en su momento, el proyecto.

Sentencia completa



enlace a la noticia

 
 
Una constructora deja sin vivienda protegida a 114 familias
El Confidencial (Comunidad de Madrid) - 21 de enero de 2008
 
 
En Fuenlabrada por impagos de Bitango

Bitango, promotora que gestiona miles de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid, no paga sus facturas. El pasado sábado, la constructora Conait adornó la verja del Residencial Campus de Fuenlabrada III con un cartel informativo en el que amenazaba con “no entregar la obra” si no se le pagan las “cantidades muy importantes” que se le adeudan. El anuncio llega a tres semanas de la entrega de llaves. Las 114 familias afectadas no descartan “entrar en la obra” por las bravas. Portavoces de Bitango, que no entran a explicar las razones de estos impagos, aseguran a El Confidencial que Conait no les ha informado de la paralización de la obra.

Esta promotora acumula 140 expedientes sancionadores, de los cuales 90 ya están en la fase de resolución con sanción, según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno regional. Destaca igualmente el mercadeo de viviendas protegidas en el suroeste de Madrid con empresas afines y hasta con futbolistas del Real Madrid, como Iker Casillas y Fernando Hierro.

Según el cartel al que ha tenido acceso este diario, la constructora Conait informa a los vecinos que “a día de hoy la comunidad de propietarios Campus de Fuenlabrada III CB, asesorada y gestionada por Bitango Promociones, SL, adeuda cantidades muy importantes a nuestra empresa, que impiden la ejecución de la presente obra. Bitango y Comunidad de propietarios han incumplido las obligaciones que tenían con Conait. Pese a nuestros reiterados intentos por sacar adelante esta obra, y ante los impedimentos que nos pone Bitango, no nos queda otro remedio que proceder a la no entrega de la obra, en tanto en cuanto no sean satisfechas las obligaciones anteriormente citadas”.

Los afectados, que llevan casi un lustro pagando religiosamente sus futuras casas de protección pública, sobreprecios incluidos, han transmitido su preocupación al alcalde y el concejal de Urbanismo de Fuenlabrada, los socialistas Acislo Gómez y Francisco Javier Ayala; han manifestado su intención de reunirse este lunes con el administrador de Bitango, Jesús Rey, y no descartan adoptar medidas más drásticas. “Somos 114 familias que llevamos casi cinco años esperando nuestros pisos. Por ahora hemos mantenido la calma. Pero, a estas alturas, no descartamos la opción de entrar en la obra”, han asegurado.

No es la primera vez que Campus de Fuenlabrada III se paraliza. El pasado mes de julio, este diario dio cuenta de la paralización temporal de la promoción por impagos a Conait, a la que le debía más de 1,5 millones de euros. Diferencias que fueron posteriormente salvadas.

Los impagos enfrentan a Bitango con los San Román

Tampoco es la única promoción con problemas de esta índole. El pasado mes de noviembre, El Confidencial publicó la guerra abierta desatada entre la familia San Román y Bitango a cuenta de una deuda de 800.000 euros a Edisan, la constructora de José Antonio, el sobrino de Fidel San Román, en otra promoción de vivienda protegida, el Residencial Xanadú I de Arroyomolinos. En aquel caso, Bitango asumió su responsabilidad y pagó la factura.

Edisan ya fue sustituida por FCC y Pedralbes en la construcción de la promoción, también protegida, El Zarzalejo IV, también en Arroyomolinos. Este diario preguntó tanto a Edisan como a FCC y a Pedralbes por los motivos de esta sustitución, pero ninguna de las constructoras quiso responder.

Recientemente, Bitango ha cambiado de nombre y de actividad: ahora se llama Grupo Bitango y en vez de gestionar viviendas de protección pública, ha entrado de lleno en la promoción de centros comerciales. Su segundo proyecto, de una superficie de 9.103 metros cuadrados, se ubica en una zona que conoce muy bien: Arroyomolinos. Las residencias sometidas a protección que Bitango ha promovido en esta zona se asientan sobre un vasto terreno que perteneció a la familia Franco. Suelo que Rey compró a Edificaciones Tifán, sociedad del imputado en el Caso Malaya, Fidel San Román.

El nuevo logo de Bitango lleva por lema 'tu tranquilidad, nuestro compromiso'. Slogan que no comparten los más de 2.000 afectados por esta gestora de viviendas protegidas. Aparte de esta actividad y su reciente incursión en los centros comerciales, el responsable de esta sociedad, Jesús Rey, opera en el sector de las instalaciones deportivas a través de Bitango Ocio. Su esposa, Lucía Bouzas, posee una aerolínea privada, Air Miña Reina, y gestiona junto con su hija, Marta Rey Bouzas, la fundación de arte gallego Feima.

enlace a la noticia

 
 
1.800 familias de Móstoles llevan casi un año esperando casa
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 05 de febrero de 2008
 
 
Tenían que haber recibido sus casas en mayo de 2007. Algunas personas ya han depositado 27.000 euros. "Nos hemos metido en créditos, ¿cómo pueden jugar así con nosotros?

En junio de 2004 parecía que les había tocado la lotería. El Instituto Municipal de Suelo de Móstoles (IMS) les acababa de conceder una vivienda en el nuevo PAU del municipio. En mayo de 2007, 1.800 de estas casas iban a estar construidas y listas para habitar..., pero nueve meses después todavía siguen vacías.

Mientras sus pisos se construían, el contrato de estos ‘afortunados’ les obligaba a ir pagándolos: «Yo ya he depositado 27.000 euros, pero las llaves no aparecen», afirma Alonso Hurtado, uno de los afectados, en una carta enviada a 20 minutos.

Los futuros habitantes de estas 1.800 casas son de todo tipo y condición, desde parejas con planes de boda, hasta familias con niños: «Nos hemos metido en créditos, ¿cómo pueden jugar así con nuestras vidas?», se pregunta Inés López, otra adjudicataria.

Los presuntos responsables de esta demora se echan la culpa unos a otros. El IMS asegura que las obras están terminadas, «pero Iberdrola no nos proporciona electricidad», afirman. La eléctrica, por su parte, se defiende cargando contra el IMS: «No podemos dar suministro hasta que el IMS no nos entregue unos documentos», explican. Los afectados anuncian movilizaciones frente al Ayuntamiento de Móstoles, en cuyo sillón de alcalde se sienta Esteban Parro (PP), a partir del próximo 5 de febrero.

127.000 con retraso

PAU de Vallecas: 62 familias llevan esperando seis meses por sus llaves, tal y como publicó este periódico el pasado 25 de enero.

Sureste: La mayoría de las 114.635 nuevas viviendas que se iban a construir en esta zona de la capital llevan un retraso de hasta 10 años.

Valdebebas: Está previsto que las obras acaben a finales de año. Comenzaron en 2006. Son 12.500 viviendas en total.

enlace a la noticia

 
 
CPV: La audiencia condena a 10 años de prisión
El Mundo (Comunidad de Madrid) - 16 de enero de 2008
 
 
a los responsables de la macroestafa de CPV

Seis años después de que miles de afectados por la macroestafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) perdieran sus ahorros, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 10 años y medio, y 8 años y medio de prisión a los responsables directos de uno de los mayores timos inmobiliarios ocurridos en Madrid.

La CPV cerró en octubre de 2002 sus oficinas dejando a casi 2.000 personas sin piso en los PAUs de los barrios del norte, pese haber adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas. En una sentencia notificada hoy, la Sección Decimoquinta impone la mayor pena de prisión, de diez años, al director general de CPV, Francisco García Moreno, por un delito de estafa agravada, mientras a sus dos hijos, Francisco y Miguel Ángel, y a un amigo de éstos, Miguel Ángel Morillo, a 8 años y medio por la misma infracción penal.

Además, el tribunal condena a los testaferros de la sociedad Adelina Erlés y Alfredo Vázquez, a tres años y dos años de prisión, respectivamente, por un delito de estafa.

La resolución se dio a conocer horas después de que cuatro de los seis acusados fueran detenidos por orden judicial ante el posible riesgo de fuga por la gravedad de las condenas impuestas por la Sección Decimoquinta. La sala celebrará hoy una vistilla en la que las partes personadas, abogados, acusaciones y fiscal se pronunciarán a favor o en contra de su entrada en prisión.

Este procedimiento se inició en febrero de 2000, cuando la propia Junta de Compensación del PAU de Sanchinarro interpuso una denuncia, al comprobar que estaban circulando escrituras falsas de propiedad sobre estos terrenos. La causa llegó a archivarse en 2002 cuando los responsables de CPV presentaron un supuestos aval que garantizaba la devolución de las cantidades. La Junta de Sanchinarro recurrió esta decisión y el caso siguió adelante.

enlace a la noticia

 
 
Se constituye Plataforma por la Vivienda Pública de Coslada
DiarioDelHenares.com (Comunidad de Madrid) - 29 de enero de 2008
 
 
Su objetivo es agrupar al mayor número de asociaciones y entidades de Coslada para hacer frente común a las necesidades de vivienda protegida de nuestro municipio

Reunidos los representantes de asociaciones y agrupaciones de Coslada, se constituye la "Plataforma por la Vivienda Pública de Coslada" para dar respuesta al problema de acceso a vivienda de los ciudadanos de Coslada.

Dicha plataforma esta inicialmente integrada por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Coslada, la Federación de Asociaciones de Coslada, Asociación de Vecinos Puerta de Goya, la Casa Regional de Andalucía, la Casa Regional de Extremadura, la Casa Regional de Castilla La Mancha, la Casa Regional Castilla y León y la Plataforma por la Vivienda Joven de Coslada (Cosladrillo).

Su principal objetivo será evitar la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administraciónde la Comunidad de Madrid, que obliga, sin tener en cuenta la situación excepcional de Coslada, a construir sólo en tres alturas más ático. Dicha ley provocaría consecuencias nefastas para nuestra localidad, con gran déficit de terreno público, en especial en los nuevos proyectos urbanísticos del futuro barrio del Jarama., donde ya no se podrían construir las 2.200 viviendas protegidas previstas.

Junta Ejecutiva Plataforma Vivienda Pública de Coslada. plavicos@yahoo.es www.plavicos.blogspot.com Francisco Díaz fdiazbas@yahoo.es Tfno:678898150

enlace a la noticia

 
 
El suelo, por las nubes
Publico.es (Comunidad de Madrid) - 11 de febrero de 2008
 
 
Movimientos cívicos combaten en Madrid el ya problema endémico de conseguir piso o casa para vivir

Hay cifras que aterran. Las del acceso a la vivienda, por ejemplo. Si aquellos que vivien en casa de sus padres porque no pudieron comprar un techo bajo el que construir sus horas se comprasen un piso, la proporción de pobres entre los menores de 35 años alcanzaría el 43%. Así lo asegura el Informe sobre la Inclusión Social elaborado por Caixa Catalunya para 2008. El dinero que les quedaría a esos jóvenes para sus gastos después de pagar la hipoteca los convertiría, técnicamente, en pobres.

Así están las cosas. Y el problema va mucho más allá delos jóvenes. Hay un ejército de talluditos que no tienen demasiados motivos para presumir de hogar. Dice el portavoz de la Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo, Fernando Gómez, que con el colectivo al que él pertenece trabaja "gente de 50 años que en ningún momento han podido acceder a una vivienda".

La Mesa de Iniciativas por el Derecho a un Techo es una de las muchas organizaciones sociales que han surgido en los últimos años para reclamar un nuevo modelo en la política de vivienda que acabe con esta situación. De la Mesa forman parte organizaciones como la Plataforma por una Vivienda Digna, una de las más veteranas en la búsqueda de soluciones a este problema. Otros colectivos, como V de Vivienda, trabajan también para enfrentar la situación.

Para los colectivos que defienden el derecho a una vivienda digna, el problema radica en la regulación actual del suelo. Sostienen que hay viviendas de sobra. Las cifras les dan la razón: tan sólo en el 2007, se inició la construcción de 700.000 nuevas viviendas en España. Sostienen entonces que la amplitud del parque de edificios y viviendas desocupadas permite plantear un nuevo modelo de desarrollo que no mantenga a la gente en sus casas. Fernando Gómez, que fue okupa antes de trabajar en temas de vivienda y de vincularse a la FRAVM, propone una solución: "Habría que crear y gestionar un fondo de la vivienda al que todo el mundo pudiese acudir".

Algo parecido propone la Cooperativa de Vivienda Joven (COVIJO), un movimiento surgido en el barrio madrileño de Adelfas pero similar a otros existentes en otras grandes ciudades de España. Covijo nació para promover la construcción para el alquiles de un edificio de 50 viviendas en el barrio de Adelfas. "Creemos que resulta importante que la gente viva en el barrio en el que se crió", comenta José Luis Fernández en nombre de la organización. "Nuestra propuesta inicial pasaba por la idea de recuperar aquel edificio y que una cooperativa se encargarse de cobrar los alquileres y devolver el importe a la administración. Además, los bajos servirían para montar negocios que impulsarían la economía del barrio".

La propuesta surgió en 2002. "Muchos de los que comenzamos con aquello ya han abandonado", explica José Luis. Consiguieron cosas como que el Partido Popular de Madrid incluyese una propuesta basada en la suya en las últimas elecciones municipales. Y ahora actúan como asesores del ayuntamiento. Su postura sobre el asunto de la vivienda pasa, como la de la Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo, por la construcción de parques de "vivienda pública".

Los colectivos en defensa de la vivienda se multiplican en toda España. No siempre es fácil mantener la actividad. "La gente responde más a acciones convocadas de forma esporádica", admite Fernando Gómez. Y se entrega a la paciencia: "Esta es una lucha de fondo", dice.

enlace a la noticia

 
 
Luis Armada, primer político imputado en el 'caso Guateque'
Terra (Comunidad de Madrid) - 20 de enero de 2008
 
 
El juez que lleva la investigación del 'caso Guateque', Santiago Torres, titular del juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, ha llamado a declarar, en calidad de imputado, al actual viceconsejero de Transportes del Gobierno de Esperanza Aguirre, Luis Armada. Se trata, por tanto, del primer político imputado en esta presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la agilización de licencias.

Eso sí, el juez imputa a Armada por hechos relativos a su etapa como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, entre 1997 y 2003, durante los mandatos de José María Álvarez del Manzano.

El vicepresidente primero regional, Ignacio González, aventuró el pasado día 10 que 'nadie de la Comunidad de Madrid tiene nada que ver' con la trama 'Guateque'.

Ya ayer, una de las personas que ha denunciado a Armada, una mujer, prestó declaración ante el juez Torres. El interrogatorio, buscaba aclarar el contenido de una denuncia admitida a trámite. En ella se acusa a Armada de los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Durante su etapa en Urbanismo, Armada otorgó alrededor de 36.000 licencias.

La declarante explicó que Armada se habría valido de su cargo para la obtención de una licencia de obra para retejar el sótano del edificio de su propia vivienda, en la calle de la Bola. 'El asunto del sótano va más allá', dijo, sin más detalles. 'Luis Armada se ha estado aprovechando de su cargo para sacar beneficio personal', sostuvo la mujer, que aseguró que el imputado le exigió que le entregara 99.900 euros por 'una falta urbanística nunca cometida'. Según la mujer, las extorsiones de las que fue objeto están relacionadas con la 'Operación Chamartín'.

Otro de los motivos que podría investigar el juez Torres es un caso relativo a una denuncia del sindicato Manos Limpias sobre el funcionamiento del hotel Confortel, situado en el número 7 de la avenida de Pío XII. El colectivo profesional quiere que se investigue la licencia de uso hotelero para la finca, asociado al uso principal, de tipo hospitalario. Según Manos Limpias, 'se construye el Confortel y, en cambio, no se construye el centro hospitalario', por lo que considera que el primero de ellos 'viene funcionando ilegalmente, sin que los responsables del Área de Urbanismo, a pesar de las denuncias efectuadas, hayan decretado el cese de su actividad'.

En el expediente de tramitación de esa licencia, se especifica que el uso de hotel está asociado al de equipamiento sanitario. Según los denunciantes, el artículo 7.2.3.2 de las Normas Urbanísticas 'considera como usos asociados a un determinado uso aquellos vinculados directamente al mismo y que contribuyen a su desarrollo, por lo que quedan integrados funcional y jurídicamente con aquel'. De ahí que crea que, si el uso hospitalario no se está dando, el hotelero está desarrollándose al margen de la legalidad, según Manos Limpias.

El portavoz de Urbanismo del PSOE, Pedro Sánchez, señaló que la citación para declarar de Luis Armada en la 'operación Guateque' demuestra que 'sí hay conexiones políticas' y que el caso 'no se limita a una simple trama de funcionarios, como afirma el PP'.

El consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, dijo ayer que Luis Armada saldrá 'con buen pie', pues aclarará 'cuantos aspectos considere oportunos el juez'.

enlace a la noticia

 
 
Catalunya
 
EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS IRÁ A JUICIO
El País (Catalunya) - 25 de enero de 2008
 
 
Por mobbing. El fiscal afirma que Pahissa "hizo la vida imposible a dos ancianas"

Al banquillo. El presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Luis Miguel Pahissa, será juzgado por mobbing inmobiliario supuestamente ejercido contra dos ancianas de una comunidad de vecinos que administraba. La fiscalía ya ha presentado escrito de acusación contra él y solicita dos años de cárcel por coacciones. En el banquillo también se sentará Esther Guisasola Sagala, la propietaria de las viviendas en las que viven las mujeres, en el número 18 de la calle de Urgell de Barcelona.

La fiscalía cree que Pahissa y Guisasola actuaron coordinados para "entorpecer, perjudicar y dificultar los actos de vida cotidiana de las inquilinas". También asegura que "les hicieron la vida imposible para lograr que abandonaran sus pisos".

Las mujeres son viudas y ocupan dos de los tres únicos pisos del edificio, que tiene otras siete viviendas vacías. Pagan una renta muy baja, ya que una la ocupa desde hace 35 años y otra desde hace 67.

¿Cómo se concretó el mobbing? Lo relata el fiscal después de las declaraciones que prestaron Dolores Prados Marín y Leonie Carretas Tubet, de 76 y 79 años, respectivamente.

En 2004 se instaló el ascensor en el edificio, pero el fiscal asegura que Pahissa y Guisasola acordaron desconectar los botones de la tercera planta en la que viven las ancianas, así como el interruptor para que lo pudieran utilizar. También se colocaron tomas de entrada de la antena colectiva en todos los pisos, excepto en el de las dos ancianas, "sin ninguna justificación, y sin exigir incremento de la renta por esa mejora", dice el fiscal.

A las inquilinas también se les ha negado el acceso al terrado de la casa para poder realizar reparaciones. También se instalaron contadores independientes de agua en cada vivienda. En todas, excepto en las de las dos ancianas y en otro piso de la planta primera que también está ocupado.

Desde el fallecimiento de sus esposos respectivos, hace más de 15 años, las mujeres han reclamado la subrogación de los contratos, pero sus peticiones no sólo han sido rechazadas, sino que Pahissa ha seguido enviando los recibos a nombre de los difuntos.

"Muchos meses ni pasa los recibos al cobro para provocar el impago y podernos desahuciar, pero nosotras siempre depositamos la renta en Correos", explica Dolores Prados. "Lo único que ha cambiado desde que denunciamos el caso es que el ascensor ya para en nuestra planta porque dijimos que lo arreglara un operario que vino una vez.. Lo demás sigue igual", explica.

El caso que acabará en juicio se inició a finales de 2006, cuando las dos ancianas denunciaron el mobbing inmobiliario ante el Ayuntamiento de Barcelona. Su relato resultó tan creíble que el Consistorio lo remitió a la fiscalía hace ahora un año porque pensaba que pudiera haber delito. La fiscalía abrió diligencias, envió a la Guardia Civil al edificio, interrogó a las ancianas, tomó fotografías de la situación, habló con Pahissa y finalmente presentó una denuncia en el juzgado de guardia.

El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona, que hace unas semanas abrió juicio oral contra Pahissa y Guisasola. Los abogados defensores han recurrido esa decisión ante la Audiencia de Barcelona, un trámite habitual en estos casos para intentar evitar el juicio, lo que prospera en raras ocasiones. Lo que sí se consigue con esos recursos es demorar el juicio unos meses.

Pahissa explicó ayer que ignoraba la situación en la que estaba el proceso porque hacía días que no hablaba con su abogado. "Yo me dedico al derecho administrativo. Le he dado libertad de actuación a mi abogado", explicó. Al ser preguntado sobre las actuaciones concretas que explican las vecinas y que relata el fiscal, Pahissa afirmó: "Hay que ver cómo acaba todo. El juez lo aclarará".

Luis Miguel Pahissa administra más de 600 pisos en la ciudad de Barcelona y ejerce esta profesión desde hace 36 años. Fueron él y la diputada del PP Montserrat Nebrera quienes aconsejaron

a Carles Veiret acudir a los medios de comunicación para denunciar que era víctima de los okupas en una vivienda situada en el número 72 de la misma calle de Urgell. Luego se aclaró que la denuncia era falsa, que la vivienda estaba abandonada y que Veiret cobraba dinero a los inquilinos. Además, era el propietario de varios pisos de aquel edificio.

enlace a la noticia

 
 
Clientes de la promotora Lovipro reclaman el amparo judicial
CincoDías.com (Catalunya) - 15 de febrero de 2008
 
 
ante una posible estafa

Un grupo de compradores de viviendas de la promotora catalana Lovipro Residencial ha presentado concurso necesario de esta compañía, informó ayer el despacho de abogados Roca & Asociados, en juzgados de Barcelona. Los compradores denuncian que habían entregado 'importes superiores al millón de euros a cuenta de su futura casa' y que se han encontrado con que sus viviendas ni siquiera han comenzado a construirse y que el administrador de la empresa ha desaparecido.

Según datos del Registro Mercantil a los que ha accedido este diario, Lovipro es administrada por la compañía Setbez, que a su vez tiene como socio único a la sociedad luxemburguesa Belvaux Lux. El administrador único de ambas es Juan Antonio Barragán Sánchez.

Raquel Álvarez, abogada del despacho Roca & Asociados, explicó ayer que según las últimas cuentas del grupo Lovipro, formado por 10 sociedades, este declara un pasivo de 40 millones de euros. Además apunta que el hecho de que una sociedad luxemburguesa aparezca como cabecera de estas compañías podría indicar la existencia de un 'posible delito de blanqueo de capitales'. Luxemburgo 'es un territorio famoso por su legislación protectora de la opacidad relativa a los propietarios efectivos de sus sociedades', comentó.

'El administrador está desaparecido', dijo Raquel Álvarez. 'En sus oficinas sólo hay un contable que no sabe nada; los compradores se han dado cuenta de que ni siquiera hay zanjas en los terrenos sobre los que se iba a construir sus viviendas'.

El despacho de abogados de Barcelona afirma que la posible existencia de responsabilidades penales 'se depurarán a través de la presentación de la correspondiente querella en los próximos días contra el administrador de dicha sociedad y todos aquellos que hayan podido intervenir por los delitos de blanqueo de capitales'.

Según las cuentas consultadas por este diario, correspondientes a 2006, Lovipro Residencial incrementó su deuda hasta los 23,6 millones de euros ese año, desde los nueve millones de deuda del año anterior.

Ingresos extraordinarios de un millón

Juan Antonio Barragán, el administrador de Lovipro que según Roca & Asociados 'ha desaparecido', y al que los clientes de la inmobiliaria reclaman la entrega de los adelantos efectuados por las viviendas no entregadas, es también administrador de Ganadera de Tordera, otra firma dedicada al negocio inmobiliario. Según las cuentas presentadas en el registro mercantil, correspondientes al ejercicio 2006 y presentadas en agosto de 2007, la compañía obtuvo 'ingresos extraordinarios' por valor de 1,2 millones de euros. Ganadera de Tordera, administrada también por la firma Setbez, obtuvo un resultado de 1,1 millones y cuenta con fondos propios por menos de 60.000 euros.

enlace a la noticia

 
 
Personas vinculadas a Mutua Universal compraron casas
Terra (Catalunya) - 23 de enero de 2008
 
 
De una inmobiliaria relacionada con la entidad. Diversas personas relacionadas con Mutua Universal compraron casas unifamiliares en Guardiola de Berguedà (Barcelona) a una promotora vinculada a la mutua, investigada por presuntamente desviar fondos públicos de la Seguridad Social a actividades privadas.

Según un informe del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) del 12 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la promotora inmobiliaria Reston Conforting construyó diez casas unifamiliares adosadas en la calle Estació, entre los números 4 y 22, que después dividió y convirtió en 20 viviendas.

Reston Conforting tiene su domicilio social en el número 385 de la calle Aragó de Barcelona --'verdadero nido de sociedades, desarrollo de actividades y toma de decisiones' de Mutua Universal--, que el 13 de noviembre fue registrada por el CNP. En 2005 facturó casi dos millones de euros a la mutua, el 64,33% del total de sus ventas, y se da la circunstancia de que su apoderado, José María X.B., fue empleado de la entidad.

La mayor parte de las casas fueron adquiridas por personas que habían trabajado en Mutua Universal --o sus empresas satélite-- o que conocían a personas que habían trabajado allí, algo que, según la Policía, hace suponer que 'existen indicios razonables' de que se adjudicaron 'fraudulentamente'.

Para la Policía, el origen de los fondos para construir las viviendas podrían ser los procedentes de la Seguridad Social para actividades propias de la mutua, aunque las investigaciones posteriores deben aclarar si la adquisición de las casas era 'la forma, o una manera, de desviar dinero público para fines privados'.

Algunos de los compradores fueron Albert C.M., apoderado de una sociedad cuyo administrador único es Juan Aicart, ex director gerente de Mutua Universal; Jesús J.C., director general y gerente de dos sociedades domiciliadas en el número 385 de la calle Aragó.

enlace a la noticia

 
 
Varias protestas unen a más de 2.000 personas en BCN
El Periódico de Catalunya (Catalunya) - 27 de enero de 2008
 
 
150 activistas se desnudaron en la Catedral por el uso de la piel de animales. El aborto libre, la vivienda y el túnel de Horta fueron algunas de las reivindicaciones

La unión hace la fuerza. Eso debieron pensar los cientos de manifestantes que se encontraron ayer por la mañana en el centro de Barcelona, 2.300, según la Guardia Urbana, con diferentes consignas y todos bajo la organización del Fòrum Social Català. A ellos hay que sumarles los 150 que se desnudaron en la catedral de Barcelona contra el uso de pieles de animales.

En un ambiente festivo, la cabeza de la manifestación, que fue de la plaza de la Universitat a la plaza de Sant Jaume, gritaba por una vivienda digna y por frenar la especulación inmobiliaria. Unos metros más atrás, las mujeres defendieron el aborto libre, justo antes de una enorme bandera palestina contra el bloqueo israelí de Gaza. Pero ahí no acabaron las razones.

Al lado de los solidarios con el pueblo palestino, volvieron los que luchan por una vivienda digna, denunciando concretamente el caso del 22@, para finalizar con unos pocos que en su pancarta rogaron "No més túnels a Collserola".

PINTURA ROJA

Unas calles más allá, 150 hombres y mujeres de todas las edades se tumbaron totalmente desnudos y manchados de pintura roja (que simulaba ser sangre) en las escaleras de la Catedral de Barcelona, ante la indignación de los feligreses que acudían a la misa de las 12 del mediodía. La organización en lucha contra la crueldad con que se trata a los animales, AnimaNaturalis, quiere concienciar así a la población de que el uso de pieles para ropa esta acabando con la vida de muchos animales. La mayoría de gente que se acercó, mostró su apoyo a la denuncia con aplausos al final del acto.

Pero otros no estaban tan de acuerdo con la causa animal, un hombre les gritó a los manifestantes que primero "deberían preocuparse de los niños que mueren de hambre". Y por supuesto el lugar elegido para desnudarse fue otro de los reproches que se hicieron. "Esto es una falta de respeto frente a la casa del Señor, iros al ayuntamiento", se quejó un anciano que paseaba.

CAUSAS SOCIALES Y POLÍTICAS

AnimaNaturalis representó los cadáveres de personas a las que se les había arrancado la piel, como con los animales. Los activistas, de todas las edades, estuvieron 20 minutos tumbados, ensangrentados y quietos mientras informaban de los animales necesarios para hacer un abrigo. El Fòrum Social Català consiguió juntar a muchas personas descontentas con distintas causas sociales y políticas. A la vez, AnimaNaturalis logró llamar la atención para concienciar a la gente de que "la crueldad no es elegante". Entre todos, la gran diversidad de temas demostró ayer que, como poco, Barcelona es una ciudad comprometida.

enlace a la noticia

 
 
Cataluña multa a las firmas que reunifican deudas
El País (Catalunya) - 02 de febrero de 2008
 
 
La mayoría de sanciones se deben a publicidad engañosa y abusos

"Con la hipoteca refinanciación podrás juntar tus créditos en uno solo y ahorrar más de la mitad de lo que ahora pagas", reza la publicidad de la mayoría de empresas de unificación de deudas. Nada más lejos de la realidad. Eso es lo que cree, al menos, el Gobierno catalán, que ha sancionado a 46 empresas del sector de las 58 que ha inspeccionado, lo que representa casi un 80%.

Se trata de la primera inspección que hace un Gobierno español en este sector emergente y que no está sujeto a supervisión ni regulación alguna, puesto que sus empresas no son entidades financieras, sino intermediarios, aclaró ayer el secretario de Política Financiera, Competencia y Consumo de la Generalitat, Miquel Salazar.

La Agencia Catalana de Consumo (ACC) llevó a cabo la inspección en 2007, focalizada especialmente en Barcelona, y el resultado ha sido la imputación de 194 infracciones cuyo importe se eleva a 519.600 euros.

La mayoría de sanciones (el 46%) son por publicidad engañosa. El reagrupamiento de créditos, por ejemplo, "no supone en absoluto un ahorro, una reducción de la cuantía a pagar, sólo alargar los plazos y, por tanto, una cantidad final superior", asegura el director de la ACC, Jordi Anguera.

Las cláusulas abusivas son el segundo motivo de sanción (35%). Además de comisiones "elevadas", algunas cláusulas obligan a renunciar a la posibilidad de acudir a la justicia y otras, a que el cliente y su familia no pongan los pies en el banco o caja con la que se ha renegociado. "Nos ha dejado estupefactos", señala Anguera.

enlace a la noticia

 
 
Comunidad Valenciana
 
CENTENARES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN VALENCIA
Panorama-Actual.es (Comunidad Valenciana) - 27 de enero de 2008
 
 
Alrededor de un centenar de personas se manifestaron este sábado en la ciudad de Valencia para reclamar el derecho a una vivienda digna. Concretamente, pidieron la introducción de medidas que intervengan sobre el mercado del suelo, así como la creación de un parque público de viviendas en alquiler.

En este sentido, el gerente de la Plataforma de la Vivienda Digna, plataforma convocante, Valentín Mateo, explicó que con este acto "intentamos sacar a la luz las reivindicaciones de la plataforma, principalmente, reflejar que el problema de la vivienda sigue sin resolverse, porque ninguno de los dos partidos mayoritarios han sido capaces de introducir medidas que intervengan sobre el mercado del suelo".

Mateo señaló que "hay un mercado donde hace falta que salga un régimen de viviendas en alquiler", pero que "ninguno de los partidos se lo está planteando". Así, manifestó que ambos partidos "abogan por la Vivienda de Protección Oficial (VPO), y entendemos que es necesario, pero creemos que también lo es que se cree un parque público de viviendas en alquiler" y añadió que "si nos comparamos con el resto de países desarrollados, es el camino en el que se está trabajando".

Por otra parte, el gerente de la Plataforma aseguró que "todos los partidos están favoreciendo la especulación". Para ejemplificar esta afirmación, Mateo recordó la reunión en la que el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, "convocó a todos los alcaldes de los municipios y promotores con la idea de inyectar el tema de la construcción, con el fin de construir VPO" y señaló que "su fin no es social, sino que se mueve por intereses económicos".

Además, Mateo en referencia a la nueva Ley del Suelo, afirmó que "introduce nuevas medidas que consideramos positivas", pero que "se queda a medio camino". En este sentido, indicó que este tipo de legislaciones "deben surgir mediante unas directrices que realmente cumplan unas necesidades de población".

Según dijo, esta normativa debería hablar de, "como mínimo, un 50 por ciento de vivienda protegida" y puntualizó que, "cuando hablamos de VPO, hablamos tanto de vivienda en propiedad como en régimen de alquiler".

A la manifestación, que empezó en la plaza de San Agustín de Valencia, también acudió el candidato de Esquerra Unida del País Valencià al Congreso por Valencia, Antonio Montalbán, porque, como indicó, "es urgente cambiar el modelo actual que únicamente beneficia a los grandes promotores y constructores".

En este sentido, recordó que la Constitución proclama el derecho a una vivienda digna y adecuada, "pero es cada vez más difícil acceder a una vivienda, y esto afecta especialmente a la juventud, dificultando su emancipación".

Asimismo, denunció que "mientras las grandes constructoras e inmobiliarias han acumulado beneficios rápidos, los trabajadores deben pagar unos precios de mercado absolutamente sobrevalorados, que no se corresponden con los salarios", por lo que, explicó, "se ha llegado a unos niveles de endeudamiento peligrosos, incluso alargando los plazos de devolución de las hipotecas a toda una vida".

Para el candidato de Esquerra Unida, las Administraciones Públicas "son responsables de este fenómeno, tanto por omisión como por acciones". Además, señaló que, por parte del gobierno del PSOE, el Plan de Emancipación Joven (en alquiler) "ha sido un engaño".

De la misma manera, Montalbán criticó "la burocracia excesiva" en el trámite de la ayuda directa y "el recorte" de las ayudas fiscales desde el anuncio del Plan hasta su aprobación en el debate de los presupuestos, "dejando en evidencia la debilidad del Ministerio de la Vivienda".

Además, aseguró que la Generalitat valenciana "ha abandonado su función de provisión de viviendas protegidas", lo cual "es un fiel reflejo de la ausencia de interés, voluntad y capacidad del gobierno del PP por garantizar este derecho fundamental".

Montalbán criticó que "la única medida con incidencia real sobre el mercado" que han planteado PP y PSOE "ha sido encarecer la vivienda protegida, por exigencia de los grandes promotores y constructores, que así pueden salvar sus empresas de los excesos derivados de los errores de cálculo económico".

Asimismo, explicó que la política de vivienda propuesta por Esquerra Unida se basa en las experiencias de los gobiernos autonómicos y locales donde IU gestiona la política de vivienda "con atrevimiento y efectividad". Entre otras medidas, ésta plantea la intervención directa de las Administraciones en la construcción de vivienda protegida, la promoción del alquiler y la limitación de las viviendas vacías.

enlace a la noticia

 
 
Juventud acusa a la Generalitat de boicotear plan alquiler
eselx.com (Comunidad Valenciana) - 26 de enero de 2008
 
 
José Miguel Masanet ha afirmado que el obstruccionismo de la administración autonómica sólo perjudica los intereses de los jóvenes valencianos

José Miguel Masanet, concejal de Juventud, denunció el jueves el bloqueo que el Plan de Ayuda a la Emancipación y Fomento del Alquiler, impulsado por el Ministerio de la Vivienda del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está sufriendo por parte de la administración autonómica gobernada por el Partido Popular.

El concejal ha fundamentado su acusación en la “montaña de documentos innecesarios” que la Generalitat Valenciana está demandando para completar los trámites. Según el edil de juventud, la administración autonómica llega a exigir hasta trece documentos diferentes, algunos de los cuales han sido incluidos recientemente, lo que está obligando a rehacer casi la totalidad de los expedientes. Entre los trece documentos que pide la administración autónoma están: original y fotocopia compulsada del DNI tanto del arrendatario como del arrendador; original y fotocopia compulsada del contrato de alquiler; nota simple del Registro de la Propiedad (este documento de exige desde el pasado 16 de enero); original y fotocopia compulsada del IBI; original y fotocopia compulsada de las cuentas corrientes tanto del arrendatario como del arrendador; vida laboral; nóminas y contratos de los últimos seis meses (con documentación complementaria para el caso de los autónomos y pensionistas); y el impreso 5505 que consiste en una declaración jurada.

José Miguel Masanet piensa que este boicot de la Generalitat Valenciana obedece a un interés tan absurdo como impedir que las acciones positivas del Gobierno de España sean percibidas positivamente por sus destinatarios, en este caso los jóvenes valencianos, que son los únicos perjudicados de esta lamentable actitud. Según el Concejal de Juventud, el PP se empeña en estériles batallas entre partidos que sólo perjudican a los ciudadanos. Masanet ha recordado que su departamento ha hecho un gran esfuerzo para tramitar con agilidad estas ayudas, reforzando incluso la plantilla que atendía las consultas de los interesados. Hasta la fecha, la concejalía de juventud ha atendido más de un millar de consultas, de las cuales un 70% han sido calificadas como aptas para iniciar el expediente de concesión. La actitud de la Generalitat Valenciana, según el concejal, está obligando a rehacer muchos de estos expedientes. Sin embargo, ha insistido el edil, “vamos a esforzarnos y vencer este bloqueo”.

José Miguel Masanet ha recordado que algunos de los trece documentos que exige la Generalitat se podrían evitar, ya que el DNI basta para acreditar la nacionalidad, la vida laboral contienen toda la información sobre contratos, o un recibo del IBI los datos sobre la vivienda. Según el edil, en otras autonomías como la andaluza, sólo se exigen cinco documentos, lo que contribuye a facilitar enormemente la tramitación. En el caso de la Junta de Andalucía, ésta facilita incluso la posibilidad de hacer la gestión a través de Internet, cosa que, según el Concejal de Juventud, no ha hecho la Generalitat Valenciana.

Por último, José Miguel Masanet señaló que la Generalitat Valenciana no está en situación de ir rechazando o dificultando las ayudas que llegan desde el Gobierno Central, ya que las que la administración autonómica da son muy escasas. Según Masanet, la única ayuda a la que pueden acceder los jóvenes valencianos es la que ofrece el IVAJ, que tiene condiciones muy desfavorables para los solicitantes. Los requisitos que el IVAJ pide son: que la vivienda no supere una renta de 312 euros mensuales (el concejal se ha preguntado dónde están esas viviendas tan económicas); que el joven no gane más de 11.500 euros al año (el concejal ha señalado que eso son 800 euros mensuales, por lo que ni siquiera llegan a la condición de mileuristas); y la ayuda sólo cubre el 50% del alquiler, lo que en una estimación media suponen unos 156 euros al mes.

José Miguel Masanet afirmó que esta ayuda del IVAJ es muy escasa y no puede ser comparada con la que ha preparado el gobierno central, por lo que exige a la Generalitat Valenciana que abandone su actitud obstruccionista y ayude a los jóvenes que necesitan emanciparse y alquilar una vivienda digna.

enlace a la noticia

 
 
La Generalitat no reclama los 9 millones de deuda de Llanera
Levante-EMV.com (Comunidad Valenciana) - 19 de enero de 2008
 
 
La Generalitat Valenciana no se ha personado como acreedora ante el juez de lo mercantil número 2 de Valencia para defender los nueve millones de euros que Llanera reconoce como deuda en el concurso judicial, en concepto de impuestos de transmisión patrimonial hasta diciembre de 2006, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, fuentes de la Generalitat manifestaron a este periódico que "desde el juzgado no han notificado nada del proceso concursal de Llanera".

La suspensión de pagos voluntaria presentada por el Grupo Llanera el pasado 1 de octubre, mediante un proceso concursal, reconoce en los más de mil folios documentados una deuda con la Generalitat Valenciana de nueve millones de euros, junto a un requerimiento de la Conselleria de Economía y Hacienda por el impago del Impuesto de Transmisión Patrimonial a fecha de diciembre de 2006.

Este impuesto está transferido a las comunidades autónomas, por lo que debe ser defendido por los servicios jurídicos de la Generalitat, que no se han personado en la causa y ni siquiera han comunicado el crédito al juez, alegando desde la Conselleria de Economía y Hacienda que no han sido "notificados por el juzgado en este procedimiento".

No obstante, el juzgado no ha ido llamando a los acreedores para que se personen. Son los acreedores los que se han ido personando durante el plazo abierto por el juzgado para comunicar su crédito y que fue hecho público a través de su publicación y de los medios de comunicación . Llanera reconocía más de 1.700 acreedores, de los que no todos se han personado ni todos han aportado o comunicado su crédito. Con fecha de 23 de octubre pasado, el juzgado hizo público el plazo que tenían los acreedores para personarse en la causa y comunicar sus créditos al juzgado, así como la forma de realizarlo. Así, un comunicado de prensa facilitado por el Tribunal Superior de Justicia decía: "El plazo para la comunicación de créditos pendientes de pago por parte de las empresas del Grupo Llanera sometidas a concurso de acreedores finalizará el próximo 16 de noviembre". Y añadía: "Con el objetivo de facilitar este trámite a todos los acreedores, esta comunicación podrá hacerse bien en el Jugado de lo Mercantil número 2 de Valencia, por correo postal o en la oficina habilitada por el juzgado en el punto Prop de la Ciudad de la Justicia". El hecho de que un acreedor no se persone o ni siquiera comunique su crédito no significa que no esté defendido en el proceso concursal, mientras sea reconocido por la empresa deudora o conste en la contabilidad certificada por el informe de la Administración Concursal, como explicaron fuentes jurídicas.

No obstante, "no es normal que no se comunique al juez o que ni siquiera se defienda en el caso de cifras tan importantes", añadieron las mismas fuentes. Máxime cuando tanto la Agencia Estatal Tributaria, como el Fogasa y la Tesorería General se han personados a través de sus servicios jurídicos y de la Abogacía del Estado para defender los impuestos estatales que constan en la deuda de Llanera. Además, en este caso, la deuda reconocida a la Conselleria de Economía y Hacienda es a fecha de diciembre de 2006. Nada se dice de los impuestos devengados en 2007 y que deberían constar en la contabilidad.

enlace a la noticia

 
 
Torrevieja no ejecuta los derribos en el 90% de los casos
El País (Comunidad Valenciana) - 29 de enero de 2008
 
 
De los casos de infracción urbanística. Un informe del Defensor del Pueblo resalta la pasividad del equipo de gobierno a la hora de restituir la legalidad urbanística

Un informe del Defensor del Pueblo revela que el Ayuntamiento de Torrevieja (100.000 habitantes) no ejecuta las órdenes de demolición incluidas en el 90% de los expedientes por infracción urbanística incoados por el Consistorio. El departamento que dirige Enrique Múgica resalta la pasividad del equipo de gobierno, del PP, a la hora de restituir la legalidad urbanística en el municipio en la resolución de los expedientes sancionadores.

El pasado año, el Consistorio, presidido por Pedro Ángel Hernández Mateo, abrió 400 expedientes por otras tantas infracciones. El regidor, en el cargo desde 1997, está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros.

El informe del Defensor del Pueblo, desvelado hoy por el Grupo Municipal de Los Verdes y con fecha del pasado 1 de diciembre, se produce a raíz de la queja de una vecina de Torrevieja que denunció la arbitrariedad del Consistorio al resolver dos expedientes por infracción urbanística en una misma finca. Según esta denuncia, en uno de los casos se ejecutó la demolición de la obra ilegal, y en el otro el Ayuntamiento no cumplió la orden de ejecutar subsidiariamente el derribo.

Un ayuntamiento singular

El Defensor del Pueblo pone de manifiesto "su extrañeza" ante el hecho de que una Administración pública no ejerza sus competencias -en este caso, de disciplina urbanística- para impedir la comisión de actos ilegales. "Este Ayuntamiento [Torrevieja] constituye una rara avis (caso singular) en el mundo local al tener previsto en el negociado correspondiente la ejecución subsidiaria, aunque en la práctica se llegue a un porcentaje bajo por la caducidad de la acción", señala la resolución de Múgica, que anuncia a la alcaldía que dará traslado de su informe a la Cortes.

El portavoz del grupo de Los Verdes, el edil José Manuel Dolón, ha señalado que el informe de Múgica pone de manifiesto "que el Ayuntamiento de Torrevieja no protege la legalidad urbanística. Es más, pensamos que, en muchos casos, el Ayuntamiento se convierte en el principal infractor urbanístico". "El hecho de que sólo se cumpla el 10% de las órdenes de demolición implica una clara discriminación con respecto al 90% de los infractores amnistiados", ha añadido el edil. En este apartado, Dolón incluye las obras ilegales en una finca de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz "donde los servicios municipales no sólo no persiguieron la infracción urbanística cometida, sino que se prestaron a dar la apariencia de legalidad de las obras".

enlace a la noticia

 
 
Declaran 2 de los 17 concejales imputados por los áticos
DiarioInformacion.com (Comunidad Valenciana) - 18 de enero de 2008
 
 
Orgilés, de IU, y la socialista Gandía rechazan las acusaciones del arquitecto municipal y se niegan a responder a las preguntas del abogado de la acusación

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Elda ha abierto la causa contra 17 concejales de la pasada y actual legislatura y dos funcionarios de la oficina técnica del Ayuntamiento de Elda imputados por el caso de los áticos ilegales. A todos ellos se les acusa de haber cometido un supuesto delito contra la ordenación del territorio que lleva aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años o la de multa de 12 a 24 meses, además de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

En la mañana de ayer declararon ante la juez los dos primeros representantes municipales. Domingo Orgilés y Paqui Gandía, ex concejales de IU y PSOE respectivamente. Ambos se negaron a responder a las preguntas del abogado de la acusación y eludieron cualquier tipo de responsabilidad en este caso. Orgilés, que fue presidente de la comisión municipal de Urbanismo y posterior concejal del área, dijo que no era técnico y que se limitaba a cumplir las indicaciones de un informe del secretario del Ayuntamiento que permitía la concesión de licencias para construir áticos. Gandía explicó, por su parte, que acudía a las sesiones de esta comisión en calidad de suplente y si votó a favor fue porque Domingo Orgilés le aseguró, en calidad de presidente de este órgano municipal, que los informes no se oponían a ello.

El caso se destapó en octubre de 2006 a raíz de la querella que el arquitecto jefe de la oficina técnica de Elda, Manuel Guill, interpuso contra los miembros de la comisión municipal de Urbanismo al tener conocimiento de que, entre enero y octubre de 2005, se concedieron licencias para construir áticos a seis promotoras sin contar con la preceptiva autorización de la Conselleria de Territorio. Sin embargo, la controversia se remonta meses antes y surge cuando el Consistorio decide modificar el punto 55 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar luz verde a la construcción de inmuebles con áticos en determinadas zonas del casco urbano donde no estaba autorizado hasta el momento. La medida se toma por acuerdo de todos los grupos políticos, esto es, por el equipo de gobierno socialista y las fuerzas que integraban entonces la oposición: PP, IU, UPE y el concejal No Adscrito Emiliano Bellot. A partir de ese momento se comienzan a dar licencias sin esperar al pronunciamiento de la Comisión Territorial de Urbanismo que, en mayo de 2006 y para mayor desconcierto, resuelve en contra de la modificación del punto 55 del PGOU dejando sin efecto las licencias otorgada a pesar de que muchos de esos áticos estaban ya construidos y vendidos.

Aunque la querella se presentó en octubre de 2006, la juez la admitió a trámite a finales de 2007 tras detectar indicios de delito y después de que Manuel Guill hiciera efectiva una fianza de 4.000 euros para poder ejercer la acusación particular.

Unidos por la querella

Ayer comparecieron ante la juez los dos primeros ediles imputados, Domingo Orgilés y Paqui Gandía, pero el "desfile" de cargos públicos no acabará hasta el próximo 18 de febrero. En grupos de dos o de tres, un total de 17 concejales y ex concejales del PSOE, PP, IU, UPE y del Grupo No Adscrito tendrán que pasar por el Palacio de Justicia de Elda para prestar declaración. Todos ellos tienen en común el haber participado en alguna sesión de la comisión municipal de Urbanismo que concedió las licencias para construir áticos. La lista es larga y la completan los socialistas Alfredo García, Carlos Ortuño, Eduardo Timor, Antonio Jesús Morales, José Quilez, Mari Carmen Orgilés, María Salud Corbí, Lorena Alcántara y los populares Virgina Romero -actual diputada provincial-, el ex alcalde Camilo Valor, José Luis Verdú, Manuel Guerrero y Andrés Poveda. Como edil de la UPE se ha citado a Juan Francisco Alzallu, por IU también a Luisa Martínez y cierra el listado el ex edil Emiliano Bellot y dos funcionarios de la oficina técnica municipal.

enlace a la noticia

 
 
El pelotazo de los Pons
El País (Comunidad Valenciana) - 12 de febrero de 2008
 
 
La familia del candidato del PP por Valencia sextuplicó el valor de una finca al ser recalificada para levantar 292 chalés

La única urbanización que se construye actualmente junto al pantano de Beniarrés (292 residencias de unos 300 metros cuadrados cada una) se basa en un pelotazo y tiene conexiones singulares. La familia de Esteban González Pons, cabeza de lista del PP por Valencia en las elecciones del 9 de marzo, sextuplicó el valor de esa finca que poseía en Planes (Alicante) al venderla en julio de 2004 gracias a la recalificación de los terrenos que había emprendido el Ayuntamiento.

En el momento de la venta de esa propiedad, perteneciente a una comunidad de bienes de su madre y otros familiares, González Pons era consejero de Cultura y Educación de la Generalitat valenciana. Cuando se aprobaron los últimos trámites de la urbanización, en 2007, era titular de la cartera de Vivienda.

Los herederos de Guillermo Pons Ibáñez, tío abuelo de Esteban González Pons, vendieron una finca agrícola que aquel había adquirido en 1953 (siete parcelas de 403.070 metros cuadrados) en la partida del Mas de la Foia, en el término de Planes, una semana después de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, aprobara al promotor, el empresario Carmelo Vicens Ash, su propuesta para urbanizar la zona, en total unos 471.000 metros cuadrados. El precio de venta, según recoge la escritura depositada en el Registro de la Propiedad de Cocentina el 7 de julio de 2004 fue de 721.214,53 euros. No obstante, dos días más tarde se corrigió el precio de la operación, y quedó fijado en 901.518,46 euros.

En una tasación realizada en 1997 por encargo de Pons Ibáñez Comunidad de Bienes, los terrenos fueron valorados en 24,7 millones de pesetas (148.000 euros). Por tanto, en 2004 se vendió el terreno por seis veces más dinero. La urbanización, que está ubicada a la orilla del pantano de Beniarrés, se publicita como La Joya de Planes y coincide prácticamente, a excepción de otra pequeña parcela, con la finca de la familia Pons Ibáñez.

González Pons, a preguntas de este diario, descartó ayer la existencia de un "pelotazo" en esa operación. "Se vendió como suelo rústico", señaló. "Pertenecía a mi familia y a todos sus primos y no tenían ni idea de que se podía recalificar". Sobre el hecho de que la venta esté registrada con posterioridad a la aprobación provisional del plan por el Ayuntamiento, explicó que su familia hizo la venta "dos años antes con contrato privado y, como el comprador seguramente no pagó todo el precio, la inscribió más tarde". Pons añadió que el Mas de La Foia ya no era de su familia cuando se formalizaron los últimos trámites en su periodo de consejero de Vivienda.

enlace a la noticia

 
 
El desalojo en Virgen del Carmen evidencia malviven
LasProvincias.es (Comunidad Valenciana) - 06 de febrero de 2008
 
 
Decenas de familias con bebés pasan las horas en la calle entre basura y desperdicios ante la indiferencia municipal. El desalojo de las viviendas del callejón de la muerte, en Virgen del Carmen, ha revelado otro problema social: el de un centenar de menores que malviven sin escolarizar. Decenas de familias con niños pequeños y bebés pasan las horas muertas en la calle entre enseres y basura ante la indiferencia del Consistorio alicantino.

La calle es ya un estercolero. Los enseres de las 38 familias desalojadas ocupan varias calles y esquinas. La basura, los restos de comida y las botellas vacías comparten espacio con colchones y barreños, espejos y cuadros y los sofás en los que se recuestan los más pequeños.

Es el día después del espectacular desalojo de las 65 viviendas del callejón de la muerte, cuatro bloques de viviendas sociales del IVVSA en el barrio Virgen del Carmen, ocupadas en su mayoría de forma ilegal y convertido en un importante foco de marginalidad y venta de drogas. El lunes fueron desalojados, por orden judicial, por efectivos de la Policía Nacional. Y ahí siguen.

La mayoría de las familias, entre las que apenas se encontraban ayer personas mayores, pero sí muchos niños en edad escolar y bebés, permanecían en plena calle. Junto a sus cosas y con sus pequeños. Medio centenar de chavales sin escolarizar que pasan las horas muertas en la calle ante la indiferencia municipal. Ningún responsable municipal, ni de la concejalía de Acción Social que dirige la popular Asunción Sánchez Zaplana, ha dado, por el momento, signos de conocer la situación o de interesarse por el bienestar de los más pequeños.

Durante toda la mañana de ayer llegaron a concentrarse junto a los enseres, camas y muebles de los desalojados más de un centenar de personas. Sin embargo algunos testigos aseguran que aunque estuvieron en el barrio hasta altas horas de la madrugada "la verdad -advierten- es que pasar la noche a la intemperie, tan sólo han estado una docena de personas". Los afectados aseguran sin embargo que han pasado toda la noche con los bebés y los niños en la calle, "pasando frío y hambre".

Algunas mujeres reconocieron haberse desplazado durante la mañana de ayer hasta las oficinas del IVVSA, para tramitar una solicitud de vivienda, pero la mayoría de los cabezas de familia permanecían frente al callejón de la muerte "esperando a que alguien venga a solucionarnos el problema y nos den una casa digna", reclamaban. Otro, más pragmáticos, aprovechaba para pedir un aseo portátil, con la previsión de pasar "muchos días" en las condiciones actuales.

Entre tanto las fuerzas de seguridad vigilan los cuatro edificios desalojados para evitar que las familias vuelvan a ocupar las viviendas. Tres guardias de seguridad permanecen en el interior del callejón, cerrado ahora con una valla metálica de tres metros de altura, durante todo el día y toda la noche. Cuentan además con el apoyo de varios agentes de la Policía Local y Nacional en el exterior. La primera noche, reconocen, ha sido algo "tensa". Su vehículo ha sido apedreado.

Por el momento los desalojados siguen ahí. Entre trastos, electrodomésticos, inmundicia y malos olores permanecen las familias en las calles, con sus pequeños y bebés de pocos días.

enlace a la noticia

 
 
La Comunitat, en el ojo del huracán de la crisis financiera
Panorama-actual.es (Comunidad Valenciana) - 03 de febrero de 2008
 
 
y de empleo. LAS CAJAS VALENCIANAS SON DE LAS MÁS EXPUESTAS POR SU DEPENDENCIA DE LAS HIPOTECAS Y EL EM­­­PLEO ES TAMBIÉN EL QUE MÁS SUFRE O SE BENEFICIA DE LOS CICLOS ALCISTAS O BAJISTAS. Sendos informes sitúan a la Comunitat en el ojo del huracán de la posible cri­sis fi­nan­cie­ra y económica que probablemente se avecina. De un lado, Citi­group deja claro que son las cajas de ahorro del Mediterráneo, por su mayor de­pen­­­dencia de las hipotecas y por centrar su negocio en su propia región, las más expuestas a la crisis in­mobiliaria. En esta misma línea y según un estudio publicado en una revista editada por el Ministerio de Industria, la valenciana es también la tercera au­tonomía cuyo

Las cajas de ahorro valencianas sacaban pecho esta semana luciendo sus resultados de 2007 pero, con la boca pequeña, advertían sobre lo “duro” que iba a ser afrontar el pre­sen­­­te ejer­ci­cio. Bancaja cerró el pasado año con un incremento en su beneficio neto del 15,5%, has­ta 491,2 millones- y la CAM, que nada casualmente suele mantener una evo­­­­lución casi idéntica a aquella- ganó 385,7 mi­llo­nes de euros, un 15,2% más. Los mensajes de sus presidentes fueron tam­bién coincidentes y tanto José Luis Olivas como Vicente Sala auguraron un menor cre­cimiento para este año por las secuelas de la “crisis de confianza” originada en EEUU.

Y efectivamente la crisis de los créditos hipotecarios de alto riesgo desatada en agosto ha supuesto un punto de inflexión en la marcha de las dos entidades fi­nan­cie­ras con ma­yor peso en la Comunitat. De hecho, hasta el primer semestre del año el ritmo de cre­cimiento de ambas se situaba en el entorno del 20%, con lo que las turbulencias inicia­das al otro lado del Atlántico han acabado por menguar tal ritmo en unos cinco puntos.

Morosidad

Pese a las constantes apelaciones a la fortaleza del sistema español en general y de las dos cajas de referencia valencianas en particular, lo cierto es que sus resultados de 2007 arrojan algunos síntomas preocupantes que muy probablemente se manifestarán con mayor vi­ru­lencia durante este año.

Bancaja parece haber descuidado más sus riesgos y ha visto repuntar su nivel de mo­ro­si­dad un 62%, del 0,53% al 0,85%, lo que tampoco debe desatar las alarmas en tanto tal ín­dice sigue situándose por debajo del 0,89% medio del conjunto de cajas o del 4% de al­­gunos países europeos. La CAM, por el contrario, dejó tal cifra en el nivel más bajo de su historia, con un 0,69%.Y tales registros, sin duda, guardaron relación directa con su po­­lítica para captar hipotecas: En ambos casos su facturación en esta parcela se dis­tan­ció de los crecimientos del pasado –situados en el entorno del 30%- pero Bancaja au­men­tó sus hipotecas un 20% mientras que la CAM lo hizo cinco puntos menos, un 15%.

En el epicentro

Las morosidad, las hipotecas y la crisis inmobiliaria son eslabones de una misma ca­de­na, la que quita el sueño a los responsables de sendas cajas. Citigroup, que ha sufrido como pocos bancos en el mundo las turbulencias ocasionadas con los créditos ‘sub­prime’, sitúa en el Mediterráneo el epicentro español de la crisis financiera que se ave­ci­na. Según un informe de la entidad norteamericana sobre la situación de la banca me­dia­na, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son las que más riesgo pre­sen­tan ante la irrupción de una crisis económica en España, debido a su elevada exposición al mercado in­mobiliario. Para el gigante norteamericano, el de­rrumbe de este sector en de­ter­mi­na­das regiones españolas, entre las que Citi destaca el litoral mediterráneo, podría ‘arras­­trar’ a las cajas ubicadas en estas regiones por el fuerte carácter local de su ne­go­cio.

Entre las razones que alega uno de los bancos más grandes del mundo está que las en­tidades de ahorro acumulan el 49% del total del crédito concedido por el sistema financiero español. Una tasa que alcanza el 54% de todos los créditos hipotecarios formalizados en 2006, frente al 36% de los bancos). Para Citigroup, la mayoría de las cajas de ahorros están “excesivamente centradas en su región de origen” y expuestas “en exceso al mercado hipotecario”, sobre todo en las regiones que más se están viendo afectadas por la caída del negocio inmobiliario y constructor.

Banco de Valencia

Pero el banco norteamericano no sólo apunta a las cajas, los bancos medianos tampoco se ‘salvan’ del análisis de Citigroup. En el caso de las entidades de crédito, el banco más ex­puesto a esta ralentización del mercado inmobiliario y de la economía española en ge­ne­ral es el Banco de Valencia, participado en cerca de un 35% por Bancaja, aunque su exposición al riesgo inmobiliario es “medio-alto”.

Activos

Las principales incertidumbres a las que se enfrenta el sistema financiero español son, en un contexto marcado por la crisis de liquidez que colea en los mercados mayoristas de dinero, la caída del volumen de negocio crediticio de las entidades y una posible de­pre­ciación de sus activos. Bancaja y la CAM han visto como el desplome bur­sátil de enero afectaba de lleno a sus participadas y ahora el parqué puede suponer un lastre para inyectar liquidez.

En el caso de la entidad presidida por José Luis Olivas la sa­lida a bolsa de Bancaja In­ver­siones, que agrupa a sus principales participaciones (Abertis, Enagás, Iberdrola, Martin Fadesa y NH Hoteles) que estaba prevista para este año, que­dará condicionada a la evolución de los mercados internacionales. En el de la CAM, la emisión de las cuotas participativas -títulos similares a las acciones pero sin derechos políticos- también está a la espera de que llegue un mejor momento.

Y el empleo

Los efectos de la desaceleración económica también podrían focalizarse sobre la Co­mu­ni­tat. Andalucía, Murcia y Valencia vuelven a ser por este orden las autonomías donde la crisis, según un estudio publicado esta semana en la revista Información Comercial Es­pañola, que edita el Ministerio de Industria, más afectaría a la evolución del empleo. El informe parte de la premisa de que el crecimiento económico de cualquiera de las autonomías españolas depende de forma determinante del comportamiento del resto. Y para llegar a tal conclusión, los autores recurren a un coeficiente de interdependencia que estima que, de media, cada comunidad vende al resto 3,42 veces más que al extranjero.

La Comunitat tendría, según este análisis, el tercer índice de dependencia más alto. O lo que es lo mismo, el estudio concluye que cuando la economía española crea empleo, nuestra autonomía es también la región que –tras Andalucía y Murcia- más empleo ge­nera. Por el contrario, cuando como es el caso, se entra en un ciclo inverso, sería tam­bién la tercera comunidad donde más destrucción se provocaría.

Los datos del empleo de 2007 demuestran lo acertado de este análisis. La Comunitat cerró el pasado año con un aumento del desempleo del 10,68%, más del doble del por­cen­taje registrado en el conjunto del país, del 5,27%. Nuestra autonomía fue, tras Murcia y Canarias, la tercera con peor evolución del paro.

enlace a la noticia

 
 
Canarias
 
Bancos y cajas detectan más de 161.000 hipotecas alto riesgo
LaProvincia.es (Canarias) - 29 de enero de 2008
 
 
Los préstamos firmados desde 2002 se han encarecido hasta 1.600 euros al año por el alza de tipos

La banca ha detectado en Canarias luces de alarma en sus paneles de mando. Bancos y cajas miran con lupa más de 161.038 préstamos hipotecarios en Canarias. Operaciones firmadas entre los años 2003 y principios de 2006 y que representan un importe superior a los 43.110 millones de euros. Estas hipotecas han pasado a catalogarse de alto riesgo, ya que para afrontar el pago, los particulares han visto cómo su renta disponible se ha reducido en más de 1.600 euros de media al año para caso de una hipoteca media de 115.000 euros.

El principal culpable de esta sangría monetaria se debe a que los tipos de interés se han doblado. Hace apenas seis años el precio del dinero estaba en el 2,5% y ahora se ha situado en el 4,5%. Esta escalada del precio del dinero se traslada directamente a la capacidad de consumo de los hogares canarios y al crecimiento de la economía.

Esta situación se agrava aún más por la alegría que mostró la banca para captar clientes al calor de la competitividad extrema entre entidades y que "disparó" la financiación, reconoce el director territorial de la Caixa en Canarias, Andrés Orozco. "La carrera hipotecaria ha dado paso a una mayor rigidez en los controles financieros y a un endurecimiento de las condiciones de los créditos".

La guerra comercial frenética abierta por los bancos y cajas para ganar cuota de mercado e incrementar la financiación hipotecaria empujó a las entidades no sólo a reducir los márgenes de beneficio de las entidades hasta límites impensables, sino a alargar los plazos de las operaciones hasta los 50 años.

RENTA DISPONIBLE. En este sentido, muchas entidades otorgaron préstamos en los que las cuotas de los créditos se elevaron hasta el 60% de la renta disponibles de los clientes. Préstamos en los que se han concedido fondos hasta un 120% del valor de tasación de la vivienda. Unas condiciones totalmente impensables en el actual panorama crediticio donde sólo se está prestando el 80% de la tasación y después de un control exhaustivo del prestatario.

De este modo, el director general de La Caja Insular de Ahorros de Canarias (La Caja), Juan Manuel García Falcón, explica que en el caso de esta entidad "hacemos un estudio individual a cada cliente procurando dar soluciones a la medida de cada necesidad. Cada caso es diferente y precisa fórmulas diferentes", reconoce García, que añade que "la política general es de llegar a acuerdos siempre que el cliente acredite voluntad cierta de hacer frente a la deuda".

Asimismo, las previsiones de un estancamiento de los tipos de interés y el cambio de ciclo económico, donde aparece con mayor peso la morosidad, provocan que las entidades tendrán cada día que resultar más exigentes a la hora de conceder hipotecas para evitar nuevas subidas de la morosidad. De hecho, los responsables de Caja de Madrid han venido advirtiendo sobre un repunte en los impagos en el Archipiélago. Una región que encabeza el ranking de efectos de comercio impagados.

Uno de los criterios que han comenzado a endurecer algunas entidades está relacionado con el porcentaje de ingresos disponibles que se pueden destinar al pago de una hipoteca. Hasta ahora, y sin un criterio establecido, lo común es que las entidades permitan pagar por el préstamo en torno a un 40-45% de la renta familiar. Un baremo que se superó hace unos años.

enlace a la noticia

 
 
Andalucía
 
LEY DE VIVIENDA NO REGULARÁ EL DESTINO DE LOS PISOS VACÍOS
El Correo de Andalucía (Andalucía) - 16 de enero de 2008
 
 
La ley andaluza que regulará el derecho a una vivienda no legislará sobre el futuro de las 550.000 viviendas vacías, en torno al 16% del parque inmobilario, que se calculan que existen en la comunidad. Desde Obras Públicas descartan que vayan a seguir los pasos de Cataluña. El anteproyecto de ley de vivienda ya ha pasado por el Consejo de Gobierno y el PSOE ha prometido que, si gana las elecciones el 9 de marzo, la llevará al Parlamento antes del verano para que esté aprobada en 2008. El Gobierno tiene claro que la norma no entrará en el polémico campo de las viviendas vacías. “Lo evita en lo posible”, aseguró un portavoz de Obras Públicas. El Ejecutivo andaluz interpreta que “en la Constitución el derecho a la propiedad prima en la vivienda sobre cualquier otro”.

Se calcula que alrededor de 800.000 jóvenes entre 20 y 34 años tienen dificultades para acceder a su primer piso en Andalucía. Frente a este dato son muchas, alrededor de medio millón, las viviendas vacías que existen en una comunidad donde abundan las segundas residencias. La estimación que hace el Gobierno es que son realmente unas 100.000 las casas no habitadas y que podrían salir al mercado del alquiler. El enfriamiento del mercado inmobiliario abre además otro interrogante: ¿Qué ocurrirá con las viviendas construidas que ahora tienen muchas más dificultades para venderse? ¿Se puede generar una nueva bolsa de viviendas vacías? A esto se han aferrado los empresarios para justificar la necesidad de que el Pacto por la Vivienda sellado en Andalucía introduzca la figura de la vivienda tasada, con un precio a caballo entre la VPO y la de precio libre. El futuro de las viviendas vacías suscitó en su día un profundo debate en las filas socialistas. Fue en enero de 2007, durante una cita sobre urbanismo que el PSOE celebró en Marbella, cuando se manifestaron varias posturas sobre este asunto. La mayoría se manifestó en contra de la expropiación y ni siquiera de imponer un canon diario (Cataluña y el País Vasco barajaron una horquilla de entre 9 y 12 euros) que gravara estas casas. Al final la tesis triunfadora fue que no hay que penalizar a los propietarios de estas viviendas vacías sino bonificar, con ventajas fiscales, a quienes las saquen al mercado. “Ahora mismo la ley no introduce esos incentivos económicos para alquilar viviendas pero puede que un futuro sí lo haga. No es descabellado”, aseguran fuentes del Ejecutivo andaluz.

La clave oficial es que existe una dificultad objetiva para definir qué pisos serían susceptibles de ser penalizados. Si se excluyen las segundas residencias la bolsa decae notablemente. Si una casa se queda sin habitar por un cambio de destino en el trabajo o por razones de salud o familiares ¿también se penaliza?, se preguntan. La subjetividad que, según corroboró también el PSOE andaluz, conllevaría el decidir cuáles viviendas se gravan y cuáles no, descartó totalmente la medida.

Y mientras que Andalucía afronta con tanta prudencia este asunto, en Cataluña la Generalitat se aferra a una norma andaluza, en concreto a la Ley de Reforma Agraria de 1984, para justificar la expropiación de las viviendas vacías. A pesar de que el Consejo Consultivo ha advertido al Ejecutivo catalán (integrado por PSC, ERC e ICV-EUiA) que podría ser inconstitucional, la ley de vivienda catalana, que se aprobó esta semana en el Parlamento, mantiene el artículo del alquiler forzoso. Recoge la figura de la “expropiación del usufructo”. En “áreas de demanda residencial fuerte y acreditada” se pueden expropiar estos pisos y que la administración los dedique al alquiler. El Consejo Consultivo advierte de que esta fórmula vulneraría el principio de igualdad por su discrecionalidad. Serían los ayuntamientos, advierte el órgano, los que en última instancia determinarían dónde expropiar y se vulneraría el principio de igualdad entre los propietarios.

enlace a la noticia

 
 
Mitad de excluidas de promoción de VPO no alcanzaba mínimos
Terra (Andalucía) - 26 de enero de 2008
 
 
Disponer de unos ingresos ponderados de al menos 6.000 euros. Este es uno de los dos requisitos que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha añadido a los ya establecidos en el decreto de la Junta de Andalucía para poder acceder a una de las 1.600 VPO que se sortearon en diciembre de 2006 en la zona de Soliva. Según mantiene el concejal de Vivienda, Diego Maldonado, tanto este requisito como la exigencia de estar empadronado en la capital desde hace dos años como mínimo, han sido comunicados a la Junta de Andalucía, 'que dio su visto bueno y lo consideró totalmente legal'.

Ahora, una vez revisados los expedientes seleccionados a través de dicho sorteo, 230 familias de las 400 a las que se les ha comunicado que no cumplen algunos de los requisitos, no alcanzan esos ingresos mínimos establecidos por el Ayuntamiento, y otras 40 no cumplen el tiempo mínimo de empadronamiento exigido. De momento, el IMV ha recibido 80 alegaciones de afectados, y según Maldonado, 'si aportan nueva documentación que indique que sí cumplen los requisitos, les serán adjudicadas las viviendas'.

Al criterio municipal se opone la Oficina del Defensor del Ciudadano, que tras solicitar informes jurídicos, mantiene que el requisito establecido por el IMV no está contemplado en el decreto de la Junta de Andalucía que regula el acceso a las VPO, y por tanto no se debe aplicar. Según Francisco Gutiérrez, representante de este organismo, esta es también la opinión del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha analizado el caso. Para Gutiérrez, la exigencia de unos ingresos mínimos responde a un criterio financiero, que no debe pesar sobre la selección municipal: 'Supuestamente, establecen este requisito para garantizarse que los bancos van a conceder a estas familias las hipotecas para pagar las viviendas', explica.

Para el sorteo de estas 1.600 viviendas, para las que hay otros 600 expedientes en la reserva, se presentaron 23.000 personas. Diego Maldonado recuerda que dicho sorteo suponía una selección de las solicitudes, para posteriormente estudiar la documentación de cada expediente y ver si cumplían los requisitos.

enlace a la noticia

 
 
Promociones de 'minipisos' de menos de 30 metros
DiarioSur.es (Andalucía) - 24 de enero de 2008
 
 
Entran en el rifirrafe político en Málaga. El PSOE califica de «infraviviendas» estas nuevas construcciones en el Centro y pide que no se autoricen hasta aprobarse el PGOU

El debate sobre las dimensiones de las viviendas que se construyen en el Centro vuelve a estar sobre la mesa. Al proyecto para habilitar pisos de 30 metros cuadrados en la calle Victoria, que fue criticado por el grupo municipal del PSOE la semana pasada, se suman otras promociones de 'minipisos' que serán debatidas en el consejo que hoy celebra la Gerencia de Urbanismo. En concreto, se trata de una actuación -aún en fase de estudio- para viviendas de entre 31 y 25,5 metros cuadrados en la calle Hinestrosa, de otra con casas entre 42 y 27 metros cuadrados en Pozos Dulces y una tercera con estudios de 24,6 metros cuadrados útiles en la calle Simonet, junto a Tomás Heredia. Está previsto que estas dos últimas reciban la licencia de obras en el consejo de hoy.

Moción socialista

El viceportavoz del PSOE, Enrique Salvo, calificó estas casas de «infraviviendas» y agregó que no deben ser la oferta para que los jóvenes logren su emancipación. «Algunas carecen de las mínimas condiciones de habitabilidad y, en muchos casos, se encuentran orientadas hacia patios interiores», señaló Salvo, quien adelantó que posiblemente su grupo presente una iniciativa al pleno municipal para pedir que no se autoricen este tipo de promociones con pisos de 30 metros cuadrados o menos hasta que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reciba una nueva aprobación.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, indicó que, en el caso de la promoción de la calle Victoria, se trata de un expediente que aún se encuentra en la fase de estudio previo, por lo que no ha pasado todavía por el servicio de licencias de obra de la Gerencia, que determinará si cumple o no con la legalidad en lo relativo a las superficies de las casas.

En cuanto a los otros casos, precisó que se encuentran dentro de la legalidad, ya que el PGOU aprobado inicialmente recoge que la superficie mínima útil de una vivienda debe ser de 24,5 metros cuadrados. El nuevo PGOU también obliga a que la media de los pisos de un proyecto sea de 80 metros cuadrados, si bien esa cifra se reducirá a 70 metros cuadrados en la próxima aprobación del plan.

enlace a la noticia

 
 
Unas 200 personas se concentran en El Puerto
EuropaPress (Andalucía) - 23 de enero de 2008
 
 
En apoyo a vecinos de Cruces, 32 donde mañana se ejecuta un desalojo

Alrededor de "200 personas" --según la organización-- acudieron hoy a la concentración convocada a las 19.00 horas por IU y el Foro Social de El Puerto de Santa María en apoyo a los inquilinos del número 32 de la calle Cruces de la localidad. Reclaman "una solución urgente" antes de que se produzca el desahucio que, por orden judicial, afecta mañana a una de las familias del inmueble.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de IU en el Ayuntamiento portuense, Pepa Conde, señaló que esta concentración responde a la necesidad de "llamar la atención" sobre la "urgencia" de una solución al problema que afecta a los inquilinos de este edificio y a "otras muchas familias con rentas bajas" de la localidad.

La edil de IU recordó que, según lo previsto, mañana se ejecuta una orden de desahucio dictada por la autoridad judicial, que dio la razón a la propietaria del inmueble y fijó que el desalojo de las seis familias que residen en él sea efectivo el próximo día 12 de febrero.

En este sentido, puntualizó que los afectados --todo el vecindario, excepto una vecina que tenía un contrato indefinido-- pueden recurrir, aunque "el proceso es muy lento" y detalló que la causa de este conflicto reside en que la propietaria del edificio, que "lo tenía alquilado en condiciones infrahumanas", decidió "no renovarles los contratos de arrendamiento".

Conde señaló que el problema de este inmueble viene del anterior mandato municipal --cuando gobernaba Independientes Portuenses (IP)-- aunque el actual equipo de gobierno, del PP, "tampoco ha sabido dar respuesta" al problema acometiendo una reforma de manera subsidiaria y "poniendo condiciones a la propietaria por asumir el arreglo y haber evitado que estas familias, que no tienen posibilidades económicas, fuesen a la calle".

Por otra parte, la edil recordó que IU y el Foro Social de El Puerto consiguieron evitar el primero de los desalojos ordenados por el juez sobre una inquilina de este inmueble el pasado día 10 por medio una sentada "pacífica" en el patio de vecinos del edificio. Ese mismo día, durante el Pleno municipal, consiguieron "arrancar" al Equipo de Gobierno un "compromiso público" de alojar a las seis familias afectadas en un hostal "mientras el propio Ayuntamiento les busca un alquiler".

Paralelamente, el Foro Social puso la situación en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al que reclamó que lleve a cabo las gestiones oportunas para buscar una salida "lo más digna posible" a los inquilinos de Cruces, 32, y que se les garantice el derecho a una vivienda.

enlace a la noticia

 
 
Bermejales: Fiscalía sienta en el banquillo a 11 de los 64
Ideal.es (Andalucía) - 20 de enero de 2008
 
 
Se les piden penas de un año de prisión, demolición de sus viviendas y que restauren el paraje, considerado «complejo serrano de interés ambiental» a su estado original Muchas de las obras fuera de ordenamiento en la zona han prescrito ya, por lo que no irán a juicio junto a los acusados que juzgan en el mes de marzo en la jurisdicción penal

Nueve propietarios de chalés en Los Bermejales, el presidente de la comunidad de propietarios y un constructor que hizo la urbanización de la zona donde se levantaron chalés se sentarán en el banquillo de los acusados los días 5 y 6 de marzo próximos acusados de delitos contra la ordenación del territorio por obras ilegales en un paraje protegido como «complejo serrano de interés ambiental» que es hoy una zona plagada de chalés. Se les pide un año de cárcel, que echen abajo las casas y restauren el monte. La acusación de Fiscalía, de hecho, es la punta del iceberg de lo realmente hay allí construido, ya que inicialmente las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Policía Local de Jaén permitieron presentar ante la Justicia en calidad de imputados a 64 personas.

Con sus once acusados, será el juicio con un banquillo más poblado que se ha visto en Jaén por delitos urbanísticos. Equiparable al caso Megatín -donde se acusa por hechos similares a una decena de propietarios de chalés y al alcalde de Torredelcampo por permitirlos- cuya vista oral fue suspendida el pasado año y se espera para los próximos meses. De hecho, el juzgado de lo Penal número 1, que lleva el caso Bermejales, ya ha reservado la sala de vistas de la Audiencia Provincial para que entren todos los acusados, ya que en las salas de los penales no hay espacio suficiente. Será además un juicio, según lo previsto, de al menos dos días.

Aproximadamente 30 de los imputados inicialmente por delitos urbanísticos en Los Bermejales ha eludido el juicio ya que el posible delito había prescrito. Aunque aún no pueden dar por salvados sus chalés. Las parcelaciones ilegales no prescriben y siempre queda abierta la vía administrativa para demoler.

Además de este grupo principal que llega a juicio en marzo, pueden llegar a vista oral otros grupos más pequeños posteriormente. Como la investigación se ha prolongado, se han instruido diligencias en varios juzgados.

La acusación

El Fiscal acusa a nueve personas por hacerse casas ilegales, en la urbanización no autorizada conocida como Tentesón-Bermejales, fruto de la parcelación de varias fincas rústicas que han dado lugar a dos comunidades de propietarios. Ocupan suelo no urbanizable protegido por complejo serrano de interés ambiental, según el PGOU. Además, el terreno que ocupan está atravesado por la cañada real de Los Villares a La Guardia, actualmente en trámite de deslinde, y han invadido parcialmente el dominio público del arroyo Tejerina. Todo, indica el Fiscal, sin licencia ni autorización de obras. Así que los propietarios han sido expedientados por el Ayuntamiento, por la Consejería de Medio Ambiente y por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Las construcciones supuestamente ilegales son dispares. Desde edificios con cuatro viviendas y almacén hasta chalés de 286 metros y otros más modestos de 90 metros y dos plantas. Todas las obras que van a juicio fueron detectadas por la Policía Local en 2005, tras una denuncia por un pleito entre vecinos. También se imputa al presidente de la comunidad por contratar la construcción de viales y urbanización del suelo mediante la realización de obras consistentes en alquitranado de calles, acerados, conducciones de aguas, canalización de aguas residuales, depuradora, alumbrado e instalaciones eléctricas, y al constructor que ejecutó estos trabajos.

enlace a la noticia

 
 
Una pareja de policías locales se construye un chalé ilegal
Terra (Andalucía) - 15 de enero de 2008
 
 
El sueño de edificarse un chalé en suelo rústico a las afueras de Córdoba no es exclusivo de los ciudadanos de a pie que, por desinformación o empujados por la picaresca, deciden hacer caso omiso a la ley. El fenómeno de las parcelaciones ilegales tiene raíces tan profundas en la capital y tentáculos tan extendidos, espoleado por una cierta tolerancia pública y el encarecimiento de los pisos por la burbuja inmobiliaria, que incluso aquellos que trabajan para atajarlo sucumben a él. Esto es lo que le ha sucedido a dos agentes de la Línea Verde, el servicio encargado de las denuncias en materia de infracción urbanística de la Policía Local de Córdoba, quienes se han construido ilegalmente una casa unifamiliar aislada de dos plantas, con porche y garaje, en la finca de Torreblanca. Dicha parcelación se encuentra aún en fase de desarrollo urbanístico y, por tanto, está terminantemente prohibido poner un ladrillo, aunque en el futuro, toda vez que se complete el proceso, se pueda edificar.

Este obstáculo legal no impidió que la pareja de agentes edificara su vivienda y que lo hiciera sin solicitar la preceptiva licencia de obras a la Gerencia Municipal de Urbanismo, a sabiendas de que nunca se la hubiesen concedido porque se trata de un terreno donde no se puede levantar ni un simple muro de hormigón hasta que los trámites del proyecto de parcelación y urbanización lleguen a su término.

Control de las obras ilegales

Se da la paradoja de que ambos están muy familiarizados con el problema de las parcelaciones ilegales. Lo conocen de primera mano. Es más, trabajan para frenarlo. Su labor en la Jefatura Local de Seguridad consiste precisamente en dar parte de las edificaciones que se llevan a cabo sin licencia en la ciudad y tramitar las denuncias, que son comunicadas al servicio de Inspección Urbanística de la Gerencia.

En concreto, uno de estos dos agentes, uno de los titulares de la parcela en Torreblanca, forma parte de la Línea Verde que patrulla zonas de la periferia.

Su nombre, firma y la referencia que lo identifica como agente municipal consta en multitud de expedientes de infracción urbanística que ha abierto en los últimos años, localizados principalmente en la zona protegida de la Sierra, y que han culminado luego en cuantiosas sanciones a propietarios.

Sin embargo, esa firmeza y escrupulosidad que, como miembro del equipo de inspección policial, está obligado a ejercer con las irregularidades ajenas no se ha aplicado en contra suya.

En la Gerencia de Urbanismo 'no hay constancia de expediente por infracción urbanística a nombre de estas dos personas [en alusión a ambos agentes] por realizar obras sin licencia en el citado emplazamiento', expone el informe solicitado por este periodista al Servicio del Inspección Urbanística de la Oficina de Disciplina de Obras de la Gerencia, firmado por el jefe de este departamento y sellado el pasado 21 de diciembre. No consta tampoco que con posterioridad a esta fecha se haya impuesto ninguna multa por dicha obra ilegal, según ha podido corroborar este diario.

Cerca de la Carrera del Caballo

La vivienda en cuestión se encuadra dentro del plan parcial de Torreblanca, en una zona limítrofe con el Paraíso del Arenal, la urbanización de casas adosadas que el empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez promovió en la zona denominada Carrera del Caballo.

El Registro de la Propiedad, que en efecto da cuenta de la escritura autorizada por un notario el 30 de diciembre de 1997, describe su emplazamiento como tierras de secano, encinar y pastos, procedente de la finca que da nombre a toda la urbanización. Ocupa una superficie total de 5.200 metros cuadrados, repartidos entre varios propietarios. Los dos agentes citados son titulares del 22 por ciento.

enlace a la noticia

 
 
La familia de la abuela de El Vacie renuncia a la vivienda
ABC (Andalucía) - 30 de enero de 2008
 
 
El delegado de Infraestructuras para la Sostenibilidad, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), confirmó ayer la renuncia definitiva de la familia de la «abuela de El Vacie» -María Díaz Cortés, que acaba de cumplir 116 años y sobrevive en una chabola- a ocupar una vivienda del parque social del Ayuntamiento a través de Otainsa. En este sentido, el responsable municipal recordó que este organismo «ha perdido la capacidad para negociar más» con los allegados de la anciana. Según señaló el jefe de servicio de Otainsa, Ángel Monge, el «sorprendente rechazo» a la vivienda «obedece a motivos personales» y al hecho de que la vivienda -en San Bernardo, tres dormitorios y dos baños- «no satisface las expectativas de la unidad familiar, que quiere casa en propiedad».

Ante esta negativa, el Ayuntamiento alega que «no puede ceder a un pulso absurdo» de la familia, que «hace muy poco estaba encantada con recibir la vivienda, pero desde que han aparecido otros mediadores aprovechando el impacto mediático del caso, la rechazan pidiendo una en propiedad». «No voy a valorar los motivos del rechazo -dijo Torrijos-. Ofrecíamos una residencia digna para el desarrollo del resto de su vida, afrontando la principal demanda, que es la abuela. Pero la familia plantea condiciones inaceptables. Lamentamos que la abuela tenga que seguir en esas condiciones, pero esto no es una almoneda, el Ayuntamiento no da pisos en propiedad». El responsable de Otainsa detalló que se ofreció una cesión de seis meses prorrogable a otros seis totalmente gratis con un piso amueblado, y que se hubieran iniciado de inmediato los trámites del expediente para otorgarles con posterioridad una vivienda en régimen de arrendamiento social para mayores de 65 años, en la cual sólo hubieran pagado el 5% de sus ingresos.

Desde la familia de la anciana, por su parte, se subrayó ayer que lo que quieren no es «una vivienda en propiedad sino con seguridad, porque si María muere no habrá nadie que prorrogue el contrato y no habrá ni vivienda ni chabola».

enlace a la noticia

 
 
Galicia
 
Vivenda ofrece suelo para 4.000 VPA ante la crisis
Faro de Vigo (Galicia) - 24 de enero de 2008
 
 
Las parcelas, que estarán, sobre todo, en Pontevedra y A Coruña, se adjudicarán a un precio fijo a proyectos con edificios de calidad

Antes de que sea demasiado tarde, de que la crisis inmobiliaria toque fondo, los empresarios del sector y la Administración gallega toman cartas en el asunto. La conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, se sentó ayer con los presidentes de la patronal en la comunidad, de los promotores, los constructores y la Cámara de Contratistas para analizar la situación y buscar soluciones. Un primer contacto en el que la Xunta anunció la venta en el primer semestre de este año de 540.000 metros cuadrados para levantar 4.000 pisos protegidos. Es el nicho de mercado en el que todavía hay recorrido, según el Gobierno gallego, y una oportunidad para dar alas a una actividad que empieza a mostrar claros síntomas de desaceleración.

El suelo tendrá un precio limitado, como el de las viviendas, destinadas a familias que no superen los 3.250 euros de ingresos al mes. Para hacerse con los terrenos, los promotores tendrán que presentar un proyecto del que la Consellería de Vivenda tendrá muy en cuenta la calidad de las edificaciones. ¿Dónde se pondrán a la venta las parcelas? "En las zonas que existe una mayor demanda", dice Táboas. Sobre todo, las provincias atlánticas. El departamento tiene una bolsa de suelo de 70.000 metros cuadrados en Vigo, 189.000 en A Coruña y 90.000 en Ferrol. A esta oferta inicial de 4.000 pisos de protección seguirán otros 36.000 en los próximos seis años, para los que Vivenda prevé poner en el mercado un total de seis millones de metros cuadrados. Lo que garantiza "a corto, medio y largo plazo" el suelo que necesitan promotores y constructores, según Teresa Táboas, "para minorar en la medida de lo posible la desaceleración". Y, de paso, cumplir "con el derecho constitucional" del acceso a la vivienda. La Xunta quiere ir "de la mano" del sector, al que presentará en una segunda reunión, en mayo, el avance del Plan Sectorial de Vivienda Protegida, que será aprobado, previsiblemente, este año. El Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida tiene ya inscritas 15.000 solicitudes y la Administración autonómica calcula que llegarán a 50.000 en un plazo de tres años. En la patronal ven también en la vivienda de protección "un nuevo nicho", que hasta ahora no se había explotado porque "no había suficiente suelo", asegura el líder de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla. La oferta de terrenos de la Xunta es "muy importante" porque permitirá conocer lo que tendrán que gastar en las obras de antemano y que el sector suavice el impacto que "este posible frenazo" tendría en el empleo.

Sobre los precios, los promotores gallegos descartan una caída. Eso sí. "El incremento irá a la baja", afirma su presidente, Javier Garrido. El freno en el sector en la comunidad lo traen los plazos de comercialización: ya se tarda el doble que antes en vender un piso.

enlace a la noticia

 
 
Imputan 5 delitos alcalde Tui por favorecer SU inmobiliaria
El País (Galicia) - 02 de febrero de 2008
 
 
Rocha recalificó terrenos para que su empresa construyera 300 viviendas.

El alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, del PP, será juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra por cinco delitos, relacionados con un proyecto urbanístico en el municipio que gobierna de la empresa Promociones Tuyvi, propiedad de su hijo y de la que es apoderado el propio alcalde. La titular del juzgado de primera instancia número 1 de Tui ha dictado un auto de incoación y procedimiento abreviado en el que imputa a Fernández Rocha, a su hijo y a otros ocho acusados delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico.

La juez asegura en el auto la existencia de indicios de que el pleno de la Corporación de Tui "modificó determinados aspectos de la normativa municipal, favoreciendo con ello, de forma deliberada, los proyectos de la empresa Promociones Tuyvi". El Ayuntamiento también aprobó estudios de detalle para la urbanización y desarrollo de terrenos en los que "no cabe urbanización alguna", por la existencia de un hórreo protegido, un área de reserva de 50 metros de radio y castaños centenarios que Promociones Tuyvi taló sin autorización.

La urbanización que Fernández Rocha y su hijo, José Antonio Fernández Estévez, pretenden levantar es la mayor desarrollada nunca en Tui, en unos terrenos de 14.648 metros cuadrados. Un estudio de detalle aprobado por el Ayuntamiento permitía construir bajo, cinco plantas y bajo cubierta. Las alturas autorizadas suponen casi el doble que el resto de los polígonos residenciales del entorno. La recalificación se produjo en agosto de 2003, sólo cuatro meses después de que Tuyvi comprara la parcela principal, de 6.000 metros, denominada Patazumba, por 1,7 millones de euros. El número de viviendas previstas asciende a 300.

La autorización de cinco plantas y bajo cubierta permite a Promociones Tuyvi consumir toda la edificabilidad autorizada por las normas urbanísticas de Tui, de 1994, de 1,40 metros cuadrados por metro cuadrado, casi el doble de la autorizada por la ley para suelo urbano no consolidado en localidades de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Tui. Según fuentes de la oposición municipal, ese incremento reportaría unos beneficios superiores en 9,7 millones de euros a los legales.

La inmobiliaria comenzó las obras sin licencia, hasta que la Audiencia Provincial de Tui confirmó su paralización en diciembre de 2006, después de tomar declaración al alcalde y a su ex asesora urbanística en el ayuntamiento, la funcionaria Myriam Buján. El resto de los imputados son el ex arquitecto municipal, Alberto Gómez; el aparejador del Ayuntamiento, José María Melero; las ex secretarias del Ayuntamiento, Julia María Carrasco y Catalina Echevarría, y el agente forestal que permitió la tala de los árboles sin licencias que la autorizaran, Manuel Jesús Rodríguez. La calificación de los delitos obliga al juzgado de Tui a trasladar el caso a la Audiencia Provincial.

enlace a la noticia

 
 
Un intermediario confirma sobreprecios en Navia
EuropaPress (Galicia) - 06 de febrero de 2008
 
 
Y declara que entregó dinero a un copropietario de Construcuatro. Touriño muestra el apoyo de la Xunta a los afectados y la disposición a ayudarles "dentro del marco legal"

Uno de los intermediarios que participó en la venta de pisos protegidos en San Paio de Navia, imputado por su presunta relación con el cobro de sobreprecios por estas viviendas, Jesús Fernando S.P., confirmó hoy ante la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Vigo el cobro de sobreprecios en estas transacciones y declaró haber entregado este dinero directamente a José Manuel Torres, uno de los copropietarios de la constructora Construcuatro.

Según figura en la declaración de este intermediario, la constructora pontevedresa --de la que son socios José Manuel Torres, Eugenio Sobral y el portavoz del PP en Pontevedra, Telmo Martín-- le facilitó nueve pisos en el polígono de Navia, en Vigo, para que los vendiese, junto con un listado de los precios oficiales de cada vivienda.

Sin embargo, el imputado explicó que, además del contrato de compraventa y de la hipoteca, cada piso llevaba aparejada una cantidad, fijada por Construcuatro, que respondía a mejora en las calidades de los pisos y que "debía abonarse al momento de la firma del contrato y en efectivo". Posteriormente, y según su versión, ese dinero era entregado directamente a José Manuel Torres.

Jesús Fernando S.P. declaró ante la titular del juzgado que no le resultó extraño el cobro de ese sobreprecio, ni que fuese en efectivo, "pues éste se cobra en la mayoría de la viviendas", al tiempo que negó que sus clientes, salvo uno, le hubiesen pedido factura o la devolución de dicho dinero. Asimismo, aclaró que, a pesar de haber pactado una comisión del 1,5 por ciento en cada piso, finalmente no cobró nada de Construcuatro.

El pasado 10 de enero prestaron declaración otros dos intermediarios de estas operaciones de venta de pisos en Navia, por los que, según los propietarios denunciantes, se pagaron sobreprecios de hasta 42.000 euros y, al igual que Jesús Fernando S.P., reconocieron el cobro de esas cantidades "por orden de la constructora Construcuatro". El próximo 14 de febrero están llamados a declarar dos de los socios de la empresa, Eugenio Sobral y José Manuel Torres.

APOYO DE TOURIÑO.

Por otra parte, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño mantuvo hoy encuentro informal con un grupo de afectados de San Paio de Navia, con los que coincidió tras el acto de colocación de la primera piedra de la Escuela Superior de Arte Dramático, en este barrio de nueva creación.

Los vecinos, que portaban una pancarta con el lema 'Vivienda digna a un precio digno', pidieron a Touriño la implicación de la Xunta en este problema, y que "tire de las orejas" a los responsables de la constructora. "Llevamos 14 meses de proceso y queremos que nos devuelvan el dinero", denunciaron.

El presidente gallego escuchó sus demandas y mostró el apoyo y "disposición de la Xunta" a ayudarles "dentro del marco legal". Asimismo, el delegado provincial de Vivenda, Eudosio Álvarez, recordó que el Gobierno gallego tiene limitada su actuación porque "ya hay un proceso penal abierto".

EXPEDIENTE DE LA XUNTA.

Las primeras denuncias por el presunto cobro de sobreprecios en la compra de estos pisos fueron interpuestas en diciembre de 2006, y meses después se personaron en la causa varios afectados que, además, recurrieron a la delegación provincial de la Consellería de Vivenda para alertar a la Xunta de esas supuestas irregularidades.

Vivenda abrió un expediente sancionador a la empresa Construcuatro a finales del pasado verano ante los indicios de que existió un caso de fraude en la venta de vivienda protegida. No obstante, la vía penal tiene prioridad sobre la administrativa, por lo que la Xunta no podrá aplicar ninguna sanción hasta que no se conozca la resolución judicial del caso.

La consellería entregó toda la documentación recabada, entre la que figuran tres denuncias y una veintena de declaraciones firmadas por otros tantos compradores, al Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo.

enlace a la noticia

 
 
Sanxenxo continúa tramitando una urbanización ilegal
La Voz de Galicia (Galicia) - 06 de febrero de 2008
 
 
Sanxenxo hace oídos sordos y continúa tramitando una urbanización que la Xunta pretende paralizar

La Consellería de Medio Ambiente requirió en septiembre al Concello de Sanxenxo paralizar una urbanización de 143 chalés que se pretende construir en Telleiro-Noalla. Se trataba de la tercera reclamación que emitía la Xunta para anular otros tantos desarrollos urbanísticos. No obstante, el gobierno local que lidera Catalina González (PP) hizo oídos sordos de las peticiones del departamento autonómico que dirige Manuel Vázquez (PSOE) y continúa tramitando las promociones de Telleiro, Major y Montalvo.

De hecho, mañana jueves, durante la reunión ordinaria de la Xerencia Municipal de Urbanismo, se aprobará el proyecto de estatutos para constituir la junta de compensación del suelo urbanizable 25 (Telleiro).

En un principio Medio Ambiente no se había opuesto a la tramitación de esta urbanización. Sin embargo, se percataron de que el desarrollo carecía del estudio de impacto ambiental que requiere la ley desde abril del 2006 para los suelos que no fueran aprobados definitivamente antes de esa fecha.

Las alarmas se encendieron en la consellería cuando apareció publicada la aprobación definitiva de la urbanización en el Diario Oficial de Galicia. La Xunta consideró que debería ser el propio Concello el que actuase de oficio y frenara la promoción que contempla levantar 143 viviendas unifamiliares sobre una parcela de casi 70.000 metros cuadrados.

Recursos

Mientras tanto, La Xunta ya ha interpuesto dos recursos para suspender los desarrollos de Major y Montalvo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Por su parte, la alcaldesa del municipio defendió reiteradamente la legalidad de los tres desarrollos urbanísticos, y ha pedido a la Xunta que no aplique criterios «con carácter retroactivo».

enlace a la noticia

 
 
Constructor de Tomiño se fugó dejando una deuda de 25 mill.
La Voz de Galicia (Galicia) - 26 de enero de 2008
 
 
El cierre de la empresa afecta a un centenar de subcontratas, y algunas tendrán que cerrar al quedarse sin encargos. Algunos de los afectados llegaron a pagar fianzas de hasta 60.000 euros por pisos que no tienen escriturados

El constructor de Tomiño que abandonó su empresa el pasado lunes dejó una deuda con los bancos y proveedores que podría superar los 25 millones de euros, según las estimaciones que ayer hicieron los trabajadores. El caso ha generado una gran incertidumbre entre los propietarios de las cerca de 300 viviendas construidas por esta empresa en A Cañiza.

Más de 200 propietarios se reunieron anoche para determinar las acciones que van a emprender en el futuro. Muchos de ellos ni siquiera poseen escrituras de sus viviendas, solo contratos privados de compraventa tras haber adelantado fianzas de entre 3.000 y 60.000 euros. La titularidad de sus pisos corre peligro y piensan que su último recurso es que el hijo mayor del empresario tenga un poder para alzar a públicos dichos contratos privados. Los afectados acordaron contratar un abogado y volverán a reunirse el próximo viernes.

Manuel Martínez Barros se fugó dejando en la calle y sin previo aviso a 56 empleados y tras haber vendido buena parte de la maquinaria de las cuatro empresas que forman el grupo Marbar. Pero esta circunstancia podría ser solo la punta del iceberg. La compañía era una de las más importantes de la comarca y de ella dependían más de un centenar de subcontratas. El empresario solo aportaba la piedra de las edificaciones que promovía y tenía proveedores que trabajaban casi exclusivamente para él. «El 80 por ciento de nuestros ingresos dependían de los encargos que nos hacía este señor», señalaba ayer Cristina C.?P., de la compañía Vázquez Tomiño, dedicada a la instalación de fachadas.

Numerosos proveedores se acercaron ayer hasta la sede la empresa en Tebra, donde siguen encerrados los trabajadores. A Construcciones Hermanos Núñez, por ejemplo, le adeudan 240.000 euros por una obra realizada en O Carballiño y ahora tendrá que cerrar.

enlace a la noticia

 
 
Las ayudas al alquiler ya suben las rentas mensuales un 25%
20 Minutos (Coruña) (Galicia) - 23 de enero de 2008
 
 
Muchos dueños cobran a los inquilinos 100 euros más al mes. "Lo peor está por venir", aseguran los expertos.

La picaresca se veía venir, y ha llegado antes de lo previsto. Aunque sólo han pasado 20 días desde que el 2 de enero se abrió la convocatoria para solicitar la renta de emancipación del Ministerio de Vivienda (210 euros al mes para jóvenes de entre 22 y 30 años), muchos propietarios coruñeses han aprovechado la coyuntura para subir los precios de los alquileres de sus pisos, con incrementos hasta de un 25% sobre la renta inicial. Así lo han asegurado inquilinos afectados y agencias inmobiliarias consultadas por 20 minutos. Explican que esta subida la realiza el dueño del piso al saber que el inquilino ha pedido la ayuda. Las inmobiliarias afirman que esta práctica «no se da en las agencias» y sí entre particulares. «Si valía 300, se lo suben a 400», afirman.

Lo confirman en la Asociación de Inquilinos, donde ya han empezado a recibir quejas de que algunos propietarios se niegan a facilitar el número de cuenta para el papeleo.

Y los problemas no han hecho más que empezar. «Estas ayudas van a provocar este año importantes subidas en los precios medios del alquiler», auguran. Así, denuncian que de los 400 euros que se pagan ahora, se llegará a los 600, la cantidad límite acordada por Xunta y Gobierno para que un piso entre en este plan estatal.

Trámites y reclamaciones

¿Dónde denunciar?: Las reclamaciones pueden presentarse en la Oficina de Vivenda (calle Rianxo, 23), en horario de 9.00 a 14.00. Luego las trasladan al Ministerio.

Papeleo: En esa misma oficina facilitan las instancias para solicitar la ayuda. También ahí ofrecen información, así como en la web estatal www.alquilerjoven.es .

1.000 ayudas diarias: Desde el 2 de enero, 1.000 jóvenes gallegos piden cada día la renta de emancipación, que este año podrán recibir unas 22.000 personas en toda la comunidad.

«Le falta esto, lo otro... Vuelva usted mañana»

10.30 horas y la cola llega ya a la calle. A las puertas de la Oficina de Vivenda de A Coruña, en la que se tramitan las rentas de emancipación, hay mucha gente con papeles en la mano, pocos asientos y menos información.

La desesperación aumenta al mismo ritmo que los números de la pantalla, lenta pero sin pausa, y sólo hay una persona para informar y recoger las fotocopias que se adjuntan a la solicitud. Las 12.45 h. Número 14, es mi turno. Llevo todo listo, hasta que llegan los peros. «Falta este papel (primera noticia que tengo de él), ahora tienes que ir a los Nuevos Ministerios y volver otro día».

Salgo con los mismos papeles, sin entregar la solicitud y con la necesidad de una mañana entera más para completar las exigencias de la burocracia.

Una chica me pregunta: «¿Compulsan aquí todo?». Le tocará hacer cola para informarse y, probablemente, volver mañana.

enlace a la noticia

 
 
50 pisos municipales en Vigo se destinarán para alquiler
Faro de Vigo (Galicia) - 21 de enero de 2008
 
 
Urbanismo fijará las condiciones para ofertar los inmuebles, desocupados desde hace doce años por una sentencia judicial.

El jugoso patrimonio inmobiliario del Concello en Rosalía de Castro, en desuso y sin estrenar desde su construcción, se destinará a alquiler público. El gobierno municipal ha decidido ya la utilización que dará al medio centenar de viviendas con las que cuenta en un bloque de edificios que hace esquina con República Argentina, y pese a su alto valor de mercado por la céntrica ubicación en la que se encuentra, no venderá los pisos. Son de grandes dimensiones, con entre 80 y 100 metros cuadrados de superficie, y están sin ocupar desde la inauguración de la urbanización, a mediados de 1995, debido a una sentencia judicial ratificada por el Tribunal Supremo que anula toda la actuación.

La promoción para el arrendamiento de las 50 viviendas será una de las primeras actuaciones de la Oficina Municipal de la Vivienda, el servicio que prepara la Concejalía de Urbanismo para ofertar pisos subvencionados en venta o en alquiler. El departamento, según confirmó el alcalde, estudia ya las condiciones en las que se adjudicarán los inmuebles. "No están definidos los criterios, pero son pisos grandes, y por lo tanto deberán ser aprovechados en su justa medida, no por personas que vivan solas", manifestó Caballero, quien apuntó que "lo que está claro es que ese patrimonio seguirá siendo municipal". El precio del alquiler está sin fijar. La previsión de Urbanismo es que la oficina esté en marcha en el primer trimestre del año. La ocupación de los pisos, no obstante, está pendiente de la aprobación del nuevo Plan Xeral, ya que actualmente la urbanización se encuentra en situación irregular. Posteriormente aún habrá que tramitar las licencias para legalizar los edificios. El medio centenar de pisos municipales corresponde al aprovechamiento del 10% que se entregó al Concello en la promoción.

En la calle Rosalía viven más de 500 familias propietarias de pisos. Todas ellas están afectadas por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que anuló el proyecto en 1996, sólo un año después de que se inaugurase la urbanización, confirmada por el Supremo en 2001. De hecho, el Concello ha recibido órdenes judiciales en las que insta a desalojar a los vecinos, aunque no se ejecutaron. Sí fueron cerrados, por contra, seis negocios en el número 17 tras la denuncia de un particular. Las 56 viviendas del inmueble siguen habitadas.

Gastos

Los pisos del Concello, aunque desocupados, están generando gastos al Concello, que debe pagar la comunidad. El año pasado abonó más de 6.000 euros en cuotas adeudadas desde 2001. El coste de mantener las zonas comunes supera ya los 20.000 euros desde 1994. El Ayuntamiento llegó a instalar una oficina de renovación del censo, pero fue denunciada por los vecinos. La urbanización de Rosalía, incluida en el Plan General de 1993 -el actualmente en vigor- sufre problemas legales en varios frentes. La construcción de una gasolinera en el bajo de uno de los edificios provocó la ilegalización del proyecto de compensación, ya que este tipo de negocio se consideró incompatible con el uso residencial.

A ello se une que las entreplantas no se ajustaron al proyecto original, lo que también fue motivo de pleito. Y los problemas legales se extienden al parking situado bajo la calle, el más grande de la ciudad con cerca de 700 plazas. El Tribunal Superior de Xustiza ordenó al Concello su cierre el pasado mes de marzo al fallar que es ilegal construir un recinto privado debajo de un vial público. La sentencia, que no se ha llegado a ejecutar por el momento, obliga al Concello a recuperar la titularidad del aparcamiento.

El nuevo Plan Xeral da encaje legal a la actuación residencial, lo que podría poner fin a los conflictos judiciales que pesan sobre la zona, salvo el del parking. La urbanización de Rosalía es la más poblada de todas las que existen en Vigo con sentencias que obligan al desalojo o al derribo, por encima de las torres de García Barbón, la colina de Castrelos, los apartoteles de Samil, o la actuación en la calle Jacinto Benavente.

enlace a la noticia

 
 
El nuevo certificado verde para las viviendas
La Voz de Galicia (Galicia) - 23 de enero de 2008
 
 
La Xunta y el sector de la construcción diseñarán un certificado verde para las viviendas.

Las consellerías de Vivenda, Política Territorial, Medio Ambiente e Industria comenzarán a preparar el 18 de febrero con representantes del sector de la construcción, el Instituto Tecnolóxico de Galicia y las dos cajas de ahorros el nuevo certificado verde de la vivienda, que acreditará la edificación con criterios de sostenibilidad. El objetivo es disponer de esa certificación en el plazo de 18 a 24 meses.

Según manifestó ayer el portavoz de la Mesa pola Sostenibilidade da Construcción da Edificación en Galicia, Celestino García Braña, los requisitos que introducirá ese certificado, que tendrá carácter voluntario, no implicarán «costes desorbitados», ya que, razonó, la legislación establece algunas de las cuestiones que se incluirán. García Braña recordó que la construcción genera una importante emisión de gases de efecto invernadero, aunque rechazó que la solución pase por una nueva legislación o por aumentar las exigencias al sector. En su lugar, informa Efe, abogó por el «convencimiento» y la «atracción» hacia el certificado verde.

Menor consumo energético

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, defendió que los costes sociales de la medida serán menores porque esos edificios tendrán menos consumo de energía. La directora xeral de Fomento e Calidade da Vivenda, Encarna Otero, señaló que estos trabajos cumplen en gran parte el Código Técnico de Edificación.

enlace a la noticia

 
 
Castilla y León
 
Caso Las Navas: Los imputados se culpan entre ellos
AvilaDigital.com (Castilla y León) - 20 de enero de 2008
 
 
La Fiscalía ya ha dejado clara su intención de llegar a juicio con el escándalo urbanístico de la Ciudad del Golf mientras los responsables de Medio Ambiente que dieron el visto bueno a la urbanización que pretendía construirse en Las Navas del Marqués se culpan entre ellos.

Así se desprende de las actas de la declaración del hasta ahora jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Ávila, Juan Manuel Pardo; el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, Sabas Yagüe; y el jefe de la Sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Servicio de Fomento, Arturo Menduiña.

En su declaración ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, Miguel Ángel Pérez Moreno, Pardo sostuvo que no había intervenido en ninguno de los expedientes, tal como figura en el acta, pero Sabas Yagüe aseguró que su superior jerárquico era el jefe de Medio Ambiente y que él le “había solicitado todos los informes”.

Pardo señaló, además, que las decisiones se habían tomado en la Comisión Territorial de Prevención Ambiental y la Comisión Territorial de Urbanismo, pero en su posterior comparecencia, Menduiña lo puso en evidencia al declarar que si la Comisión Territorial de Urbanismo tomó decisiones desde el punto de vista medioambiental fue porque estaban presentes en la misma el jefe del Servicio de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el coordinador del mismo, Sabas Yagüe.

Informes contradictorios

Con respecto a las declaraciones de Yagüe, que ya compareció en el mes de abril como testigo y que este martes lo hizo en calidad de imputado, aseguró ante el juez que “en ningún momento informó textualmente de que la urbanización en ese lugar era incompatible con la conservación de las especies y preservación de sus hábitat”.

Sin embargo, sí lo aseguró en algunos de los cinco informes que emitió al respecto. De hecho, en diciembre de 2002 hablaba de la incidencia que tendría la Ciudad del Golf para una especie en peligro de extinción como es la cigüeña negra. Y en septiembre de 2003 también informó desfavorablemente argumentando que era un Área Crítica para la cigüeña negra y en una zona de alimentación para la especie.

Fue posteriormente, en noviembre de 2003, cuando en un nuevo informe asegura que no consta que los terrenos en los que pretendía levantarse la Ciudad del Golf y sobre los que anteriormente se había pronunciado sea zona de alimentación frecuentada por la cigüeña negra.

Por otra parte, tanto el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas como el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente reconocieron en sus declaraciones que el secretario del Ayuntamiento de Las Navas, Carlos de la Vega, y el alcalde, Gerardo Pérez, se habían interesado por el expediente de la Ciudad del Golf.

A juicio de Carlos Bravo, el portavoz de la asociación ecologista que está personada en el proceso, “mientras Pardo quiso echar balones fuera, Yagüe deja en evidencia la responsabilidad directa de su superior jerárquico”. Señala también que “la lectura de las actas muestra que todos están tratando de echar la pelota a otro y de tratar de eludir su responsabilidad y culpar a otro órgano”, como la Comisión Territorial de Urbanismo.

Las declaraciones de los imputados continuarán el lunes con Miguel Ángel Jiménez, que representaba a la Cámara de Comercio e Industria de Ávila en la Comisión de Urbanismo; Juan Antonio Chamorro e Ignacio Rodríguez, vocales de libre designación; y José Antonio Pérez Suárez, que entonces representaba a la Diputación Provincial.

enlace a la noticia

 
 
Castilla-La Mancha
 
Caja Castilla-La Mancha:63 de cada 100 euros en inmobiliario
El Confidencial (Castilla-La Mancha) - 31 de enero de 2008
 
 
Nervios a flor de piel en la Caja de Ahorros Castilla-La Mancha a cuenta de la crisis que afecta al sector inmobiliario español. La caja presidida por Juan Pedro Hernández Moltó celebró ayer la reunión de su Comisión Ejecutiva, previa al Consejo de Administración –también ayer miércoles- de la propia Caja y de su Corporación, encuentros que se han presentado rodeados de gran expectación y nerviosismo.

De acuerdo con fuentes cercanas al organismo “hay tensiones evidentes dentro del Consejo, porque algunos de sus miembros –caso de presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (CECAM), Jesús Bárcenas- se muestran muy críticos con la política de inversión en el inmobiliario llevada a cabo, y además, se quejan de la falta de transparencia e información sobre el alcance real para la Caja de la crisis del sector”.

En los días de oro del ladrillo, la Caja castellano-manchega decidió optar por la creación de una Corporación –figura utilizada también por otras cajas- para participar en el negocio, entrando de lleno en operaciones inmobiliarias bien directamente o bien a través de la financiación a destacados inversores o empresarios locales, lo que supuso la toma de posiciones de riesgo en muchos proyectos.

La apuesta salió bien en Metrovacesa (por no hablar de las plusvalías existentes en Iberdrola), pero ha terminado en quebradero de cabeza en casos como Astroc, Colonial y Nozar, por citar los casos más notorios donde existe una elevada exposición directa o indirecta. Una de estas personas es el empresario de Ciudad Real Domingo Díaz de Mera, propietario de un 11% en Colonial, a quien la Caja ha ejecutado acciones pignoradas cuando lo ha permitido el precio de la acción.

El resultado de esta política es que 63 de cada 100 euros invertidos a través de la Corporación han ido destinados al sector inmobiliario. Estas cifras fueron desmentidas ayer a este diario por un portavoz de la caja: “Jamás hablaremos de un cliente ni de las garantías que pueda tener con la caja”, explicaron desde la sede de Toledo, en referencia a Díaz de Mera. “El próximo lunes día 4, el presidente y el director general presentarán los resultados y darán cuenta de las operaciones de CCM”.

División también en la línea ejecutiva

Mientras tanto, la entidad ha tenido que hacer frente a un episodio de pánico desatado días atrás –un bulo infundado- que cuestionaba la solvencia de la institución. El incidente fue cortado días atrás por el propio Moltó, que tiene previsto presentar unos beneficios después de impuestos para el ejercicio 2007 superiores a los 220 millones de euros. “Las dificultades pueden aflorar en el primer trimestre de este año, en el caso de tener que provisionar algunos de los riesgos contraídos”, aseguran las fuentes consultadas.

El Banco de España sigue muy de cerca la crisis de CCM y de otras cajas que están fuertemente apalancadas en el inmobiliario, particularmente aquellas enganchadas en refinanciación de suelo, activos que se han visto afectados por la nueva Ley que obliga a tasar los terrenos a su valor real actual y no a valor de expectativas futuras. De acuerdo con las fuentes, las inspecciones del BE están obligando a las entidades a “provisionar el valor de ese suelo de acuerdo con los parámetros que fija la nueva Ley”.

Al margen de lo señalado, como “caja bandera” que es, la de CCM se ha visto forzada a entrar en algunos proyectos de matiz político más o menos faraónicos, caso del aeropuerto de Ciudad Real o del parque temático El Reino de Don Quijote de La Mancha, que difícilmente van a poder salir adelante a menos que se haga cargo de los mismos algún grupo especializado (caso del norteamericano Harrah’s Entertaiment) dispuesto a tomar el control y hacerlo avanzar.

Como no podía ser de otro modo, la división en el Consejo de la entidad se ha trasladado también a la propia línea ejecutiva, entre el propio Moltó y su director general, Ildefonso Ortega, un antiguo técnico del Banco de España a quien Moltó ha arrastrado a esa política de grandes operaciones, según las fuentes, y que ahora podría cargar, próximo a la jubilación como está, con la responsabilidad de lo ocurrido.

enlace a la noticia

 
 
Región de Murcia
 
SEIS DETENIDOS EN LOS ALCÁZARES, ENTRE ELLOS EL ALCALDE
LaVerdad.es (Región de Murcia) - 16 de enero de 2008
 
 
Juan Escudero, por supuesta corrupción. Diego Sánchez, secretario general municipal hasta su reciente jubilación, Mariano Ayuso, ex arquitecto jefe del Ayuntamiento y actual responsable de control de la obra pública municipal, y su hermano, José Ignacio Ayuso, y dos conocidos empresarios de la comarca, completan la lista de detenciones

Agentes de la UDEV del cuerpo Nacional de Policía han iniciado el registro de las dependencias del Ayuntamiento de Los Alcázares a las 10 de la mañana de hoy en la denominada 'Operación Ninette' y han detenido a seis altos cargos y altos funcionarios del Consistorio, entre los que se encuentran el ex alcalde del PSOE en el municipio, Juan Escudero, Diego Sánchez, secretario general municipal hasta su reciente jubilación, Mariano Ayuso, ex arquitecto jefe del Ayuntamiento y actual responsable de control de la obra pública municipal, su hermano, José Ignacio Ayuso, y dos conocidos empresarios de la comarca, por su supuesta relación en una trama de corrupción urbanística.

Se trata de una pieza separada que se inicia a raíz de la 'Operación Malaya' y de datos que se conocieron en esa investigación, ya que el presunto celebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, tiene algunas propiedades y concesiones en el Ayuntamiento marmenorense.

La alcaldesa de Los Alcázares, Encarnación Gil Castejón, acompaña a los agentes en este registro, que se efectúa en las plantas segunda y tercera del ayuntamiento, donde se encuentran los servicios de urbanismo, industria, personal y vía pública, entre otros.

La investigación se ha desarrollado a lo largo de año y medio por orden de un juzgado de San Javier que se hizo cargo de todas las actuaciones sobre la trama liderada por Juan Antonio Roca que afectaban a la Región de Murcia. A lo largo del día se están produciendo numerosos registros en viviendas y locales propiedad de los detenidos.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha sido escenario durante la anterior legislatura de diversas actuaciones judiciales que llevaron al entonces alcalde, el socialista Juan Escudero, a dimitir en septiembre de 2006.

Escudero dimitió alegando motivos personales cuando se hicieron públicas las actividades económicas del asesor urbanístico de Marbella, Juan Antonio Roca, en ese municipio del Mar Menor.

Su sucesor, Antonio Martínez Meca, renunció a presentarse en las elecciones de marzo después de expresar en un pleno extraordinario que nunca había sido amigo, ni había hablado ni trabajado para Juan Antonio Roca.

enlace a la noticia

 
 
'Quiero que me aprobéis ya lo de los planes parciales'
El País (Región de Murcia) - 03 de febrero de 2008
 
 
Un empresario negocia con alcaldes del PP ventajas para su constructora

-Si pongo a Celi [en la lista de las municipales de 2007] ¿me vas de decir que sí o que no?, pregunta el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (Partido Popular).

-Hombre, yo te voy a decir que si quiere estar ella pues, ¿por qué no? ¿Tú has hablado con ella?, replica el empresario murciano Facundo Armero.

-No, no he hablado con ella, por eso te pregunto a ti. Si la pongo ¿me vas a decir que sí o que no?, insiste el alcalde para saber si tiene la aprobación del empresario.

El diálogo refleja el presunto control que el empresario murciano de la construcción Facundo Armero Madrid ejercía sobre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y es una de las muchas conversaciones telefónicas grabadas por orden judicial para investigar presuntas irregularidades en los Ayuntamientos de Torre Pacheco y de Fuente Álamo. La juez del caso, Arancha Moreno, ha tomado ya declaración a 14 imputados, entre ellos el alcalde de Torre Pacheco y la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, también del PP. El procedimiento continúa parcialmente bajo secreto de sumario.

La investigación, iniciada por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, persigue esclarecer si en estos ayuntamientos se han cometido delitos de malversación, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude, revelación de secretos y actividades prohibidas a funcionarios.

El empresario Facundo Armero es el principal sospechoso de encabezar la trama de corrupción. En una de las conversaciones grabadas, el empresario se atreve a decirle a una concejal de Fuente Álamo: "¿Cómo lleváis el tema? Explícame, porque tengo que darle un toque a tu jefa . Quiero pactar cómo se aprueba el Plan Parcial de ahí".

En otra conversación, Facundo Armero se muestra también muy exigente con el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García, quien antes de ocupar ese cargo fue letrado de las empresas del millonario murciano. "Quiero que me aprobéis ya lo de los planes parciales", reclama Armero. "Ya, pero tenemos que medir los tiempos", contesta el regidor. Según la Guardia Civil, esa grabación supone "un nuevo indicio del gran nivel de accesibilidad e influencia que Facundo Armero tiene con el alcalde Daniel García, favoreciendo los intereses del empresario". Armero exigió al alcalde que no se aprobase el plan general municipal.

Con los más de 1.500 folios de transcripción de escuchas telefónicas, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la juez ha estrechado el cerco en torno Facundo Armero, considerado en la Región de Murcia el rey del ladrillo tras la venta de su participación en la promotora Polaris World a varias empresas, entre ellas Credit Suisse, por 300 millones de euros. Armero se ha beneficiado de la recalificación de millones de metros cuadrados rústicos en ayuntamientos gobernados por el PP.

Pero las presuntas irregularidades en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo no se centran únicamente en Facundo Armero. Según las grabaciones ordenadas por la juez, un empresario, identificado como Valero, afirma al alcalde de Torre Pacheco en relación con la adjudicación de un hotel: "Lo declaras desierto y luego me lo adjudicas, y punto". Y el regidor responde: "De acuerdo. Y eso va p'alante ¿eh? No te preocupes". En otra conversación, con el empresario Daniel Valenzuela, de la promotora Polaris, el primer edil comenta: "Cansino, acabo de firmar. Pero ya sabes: la ese con dos barritas [símbolo del dólar]".

En este apartado es donde surgen las sospechas de presunta financiación irregular del PP, más evidentes todavía en un diálogo de una edil de Fuente Álamo con Facundo Armero. "Oye, la jefa me ha dicho que tienes que venir para acá... Pues, que la campaña ha empezado y que las perras hacen falta...", le dice al empresario. Y en otra conversación, la propia alcaldesa le dice a Armero: "Que me tienes que traer lo de los toros..., la pagamenta. Siempre te enganchamos para lo mismo".

Además de los alcaldes y al empresario, la juez ha llamado a declarar como imputados a la concejal de Urbanismo de Fuente Álamo, Inés Mendoza, y al arquitecto municipal, José Sánchez Martini, entre otros.

Las grabaciones recogen también conversaciones comprometedoras de actual consejero del PP regional Benito Mercader, del diputado del Partido Popular en el Congreso Alberto Garre y del ex portavoz del Ejecutivo murciano Fernando de la Cierva. En una de ellas, Alberto Garre dialoga con el alcalde de Torre Pacheco en la que acuerdan no sancionar a un vecino que construyó un pantano sin licencia. "Sí, sí, pero si no se queja nadie, pues no pasa na", dice el diputado popular, que se presenta a la reelección en los próximos comicios. Para justificar esta decisión, argumentan: "Sus hijos yo creo que son nuestros. Si sus hijos son nuestros, son gente nuestra".

Las grabaciones revelan que el ex consejero De la Cierva llamó el 25 de abril de 2007 al regidor de Torre Pacheco para alertarle de que estaba siendo investigado. Y le comenta: "Es culpa del periodista Chema Gil y del tonto del capullo del fiscal, ése que no tiene ni puta idea además de nada, pues revisando todo y al final, pues se archivará y no pasará nada".

enlace a la noticia

 
 
Vecinos de La Paz cortan el tráfico y queman neumáticos
La Opinión de Murcia (Región de Murcia) - 05 de febrero de 2008
 
 
Una asamblea informativa sobre el proyecto de rehabilitación del barrio acaba con discusión entre residentes del polígono y agentes de la Policía Una reunión informativa para conocer el estado en el que se encuentra el proyecto de rehabilitación urbanística del polígono de La Paz acabó con un corte del tráfico en la avenida Primero de Mayo y la quema de neumáticos y también con enfrentamientos dialécticos entre los agentes de la Policía y los manifestantes.

El empresario que promueve la renovación del barrio, José López Rejas, citó a los propietarios de las viviendas que serán demolidas para construir otras nuevas en el jardín de Las Palmeras para comunicarles los pasos que faltan por dar y "el retraso" que está acumulando este plan.

De hecho, estaba previsto que el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento aprobase el Proyecto de Reforma Interior (PERI), pero dicha aprobación aún no se ha producido, lo que ha motivado que "la sensación de incertidumbre y ansiedad sea cada vez mayor en quienes seguimos esperando una casa digna, que es lo que nos plantea José López Rejas", indicó ayer la presidenta de la Asociación de Propietarios de La Paz, Bienvenida Meroño.

"La gente tiene dudas y se teme que ante tantas trabas como nos están poniendo, el proyecto al final no se haga y por eso hay quien se pone nervioso y actúa de una forma radical", indicó Meroño al referirse a lo ocurrido ayer, sin querer justificarlo.

A la asamblea asistieron en torno a unas 300 personas y en un momento en el que López Rejas se dirigía a los presentes -les pidió mayor unión y esfuerzo para hacer frente común- comenzaron los altercados con la quema de neumáticos y la consiguiente humareda negra que se originó. Posteriormente, más vecinos se sumaron a la protesta y decidieron cortar el tráfico en la avenida Primero de Mayo, por lo que tuvieron que intervenir agentes de la Policía Local y Nacional y del Cuerpo de Bomberos, produciéndose enfrentamientos dialécticos entre los manifestantes y las fuerzas de la autoridad. La circulación permaneció colapsada por espacio de un cuarto de hora y quienes protagonizaron el corte del tráfico expresaron, voz en grito, su deseo de contar con una vivienda digna. enlace a la noticia

 
 
Aragón
 
'NADIE LLAMA PARA VENIR A VER MI PISO'
El Periódico de Aragón (Aragón) - 01 de febrero de 2008
 
Los particulares que buscan vender su inmueble padecen el frenazo del mercado inmobiliario.

"Que sea lo que Dios quiera". La esperanza y la paciencia se le agota a Fabiola. Lleva desde el pasado mes de mayo intentando vender su piso, una vivienda de 100 metros cuadrados en una finca con ocho años de antigüedad. Tiene tres habitaciones, un salón, dos terrazas, cocina, baño, aire acondicionado, suelo de madera... y está situado al lado del centro comercial Grancasa. Pero tanto atractivo parece poco para los compradores. Esta zaragozana asegura que, en ocho meses, apenas ha enseñado su piso en tres ocasiones. "No es que no les guste, ni que les resulte caro. Es que nadie llama para venir a verlo", se lamenta.

Su caso no es único, aunque sí más dramático que otros. Por motivos familiares y la necesidad de ampliar el espacio, hace un par de años adquirió un piso en obra más grande, cuyas llaves le entregarán en primavera, y necesita desprenderse de su casa anterior para poder afrontar la hipoteca de la nueva. "Si al final no me la quedo, en el contrato hay una claúsula que me obliga a pagar el 5% del precio, que son más de 600.000 euros, así que pierdo por todas partes", explica.

Fabiola asegura que, en estos ocho meses, ha bajado el precio del piso tres veces. La diferencia con el importe inicial ya alcanza los 60.000 euros. "Ahora pido 380.000 euros, pero ya estoy en el límite", afirma con tono agobiado. Esta comercial anuncia su oferta en internet, periódicos regionales e, incluso, revistas especializadas. Pero no hay manera. Los pocos interesados que se ponen en contacto con ella "solo quieren cotillear". Muchos de ellos, según afirma, son sus propios vecinos. "En el mismo edificio hay varios pisos en venta. A mí me han llegado a arrancar el cartel del portal", añade. "Nunca pensé que me vería en esta situación", dice.

La cuenta atrás

La misma angustia vive estos días Karina. La venta de su chalet en Prados del Rey (Pinseque) le quita el sueño cada noche. Hace dos años se separó de su marido y, desde entonces, intenta que alguien se lo compre. Empezó pidiendo 50 millones de pesetas y ya lo ha rebajado hasta 46, "pero si me dan 43, lo vendo", dice resignada. Tiene dos plantas --80 metros cuadrados la de arriba y 46 la de abajo-- y cuenta con 300 metros de jardín.

Tras el divorcio adquirió un ático junto a su nueva pareja en Valdefierro. "Tenemos que escriturarlo en verano, pero antes debemos vender mi casa y la suya. Actualmente pagamos 1.700 euros de las dos hipotecas y del préstamo para la entrada del piso nuevo", describe. "He pasado de vivir bien a sufrir una tortura", asegura esta decoradora de 31 años. Ha inundado Zaragoza con carteles y admite que, al principio, recibía alguna visita. Pero últimamente su teléfono no suena. "Entre todos nos han metido el pavor en el cuerpo. Con esta parálisis, nos estamos cargando el país", considera.

José María Álvarez es propietario del portal de internet pisosenzaragoza.com. Reconoce que se tarda "bastante más que antes" en vender y que muchos particulares están "nerviosos", aunque otros ya van aceptando la situación. "El tema está muy parado y la gente ha ajustado mucho los precios. Hay casos con rebajas de hasta 20 millones de pesetas", asegura. Álvarez destaca que, actualmente, hay más demanda de alquiler que de compra. "Esto es bueno para el mercado inmobiliario porque los precios habían subido de manera exagerada. Son ciclos que se repiten cada cierto tiempo", opina.

enlace a la noticia

 
Principado de Asturias
 
Dos nuevas sentencias judiciales avalan a UCE por agua
EuropaPress (Principado de Asturias) - 20 de enero de 2008
 
 
En su denuncia contra las promotoras por el cobro del enganche del agua

El presidente de la Unión de Consumidores (UCE) Asturias, Dacio Alonso, informó hoy, que los juzgados 1 y 4 de Avilés han dado la razón a UCE en su denuncia contra las promotoras y constructoras que de 2001 a 2005 cobraron ilegalmente, en Oviedo, una tasa por el enganche del agua. Según Dacio Alonso, la denuncia se presentó en Avilés ya que era el lugar donde se encontraban los domicilios sociales de los constructores.

En rueda de prensa, el presidente de UCE recordó que los siete juzgados de Primera Instancia de Oviedo ya avalaron hace unos meses a la Unión de Consumidores condenado a los constructores a devolver el dinero a los compradores de las viviendas. En total, UCE estima que se rembolsaron a los consumidores alrededor de 4 millones de euros.

El presidente de UCE manifestó que, en el año 2001, el Ayuntamiento de Oviedo modificó la ordenanza fiscal de la tasa de suministro por agua potable. A partir de ese momento, los consumidores debían pagar el importe de la citada tasa al constructor o promotor de la vivienda.

En el año 2005, el alcalde de Oviedo, Gabino De Lorenzo solicitó al Secretario de General del Pleno, José María Boatas, un informe en el que se concluía que los consumidores no son responsables del pago de dicha tasa, sino que el pago debe ser asumido por el titular de la licencia de obra.

Tras el informe, el Consistorio corrigió la ordenanza y manifestó que sólo se obliga al pago al constructor, pero no se dijo entonces de devolver el dinero de los consumidores que pagaron la tasa de 2001 a 2005. "Entonces pudieron reparar el daño causado durante los otros cinco años, pero el Ayuntamiento miró hacia otro lado de forma vergonzosa", afirmó el presidente de UCE.

Las dos nuevas sentencias presentadas por UCE aportan la novedad de que los constructores no sólo deben devolver el importa de la tasa del enganche del agua, sino también la de la luz. "Esto supone que se va a incrementar la cantidad a devolver, de 300 a 500 euros", declaró Dacio Alonso. El responsable de UCE, también informó que, a parte de los juzgados de Oviedo y Avilés, las secciones cuarta y quinta de la Audiencia Provincial también les han dado la razón.

En este sentido, Dacio Alonso manifestó que, durante el próximo mes de febrero, la UCE hará una campaña "puerta a puerta" para que los ciudadanos de Oviedo que hayan pagado la citada tasa, puedan reclamar el cobro realizado. "Haremos una campaña para que esos 15.000 afectados recuperen el dinero que les han cobrado de más", afirmó Alonso.

Por último, el presidente de UCE informó que colgarán en la página web de la organización el lista de empresas constructora y promotoras que realizaron ese cobro ilegal.

enlace a la noticia

 
 
Comunidad foral de Navarra
 
LA PVD DE NAVARRA DICE QUE CAMBIO DE BAREMO NO SOLUCIONARÁ
Terra (Comunidad Foral de Navarra) - 06 de febrero de 2008
 
 
La plataforma por una Vivienda Digna de Navarra aseguró hoy que el cambio de baremo para el acceso a una vivienda protegida 'no va a solucionar el verdadero problema que sufrimos en Navarra, y que no es otro que el precio de las viviendas, tanto libres como protegidas'. Este colectivo remitió hoy una carta al defensor del Pueblo, Javier Enériz, para transmitirle su opinión sobre sus últimas declaraciones en las que pide un cambio de baremo en la adjudicación de viviendas protegidas.

La plataforma destacó que 'es más importante analizar por qué cientos de adjudicatarios de la última promoción de vivienda protegida han tenido que rechazar sus viviendas, que cambiar el baremo en la adjudicación de viviendas'.

La plataforma añadió al respecto que 'más del 50 por ciento de las viviendas de esa última promoción de VPO eran de modalidad de precio tasado, las más caras, y se está comprobando ahora que muchos adjudicatarios ni siquiera pueden pagarlas'.

Este colectivo animó al defensor del Pueblo a 'actuar en otra dirección respecto al problema de la vivienda en Navarra, porque hay muchas alternativas para abordar este problema'. Así, la plataforma expuso al defensor, en su carta, 38 propuestas para intentar solucionar 'el verdadero problema del acceso a una vivienda digna'.

CINCO PUNTOS

Entre estas propuestas, la plataforma destaca en cinco puntos los temas fundamentales que hay que abordar: la fiscalidad y las reformas hipotecarias; el ámbito de la vivienda protegida y el fomento del alquiler; la gestión del suelo y el urbanismo; la información estadística; y las reformas legislativas y jurídicas de nivel competencial.

En cuanto a la fiscalidad y a las reformas hipotecarias, la plataforma aconseja al defensor la eliminación progresiva de las desgravaciones y otras figuras fiscales o financieras que incentiven el acceso a la vivienda a través de la compra. Así, los presupuestos aplicados a estas figuras se orientarán a iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda sin fomentar el crecimiento de precios.

Entre otras propuestas, dentro del ámbito de la fiscalidad y de las reformas hipotecarias, la plataforma propone que la ley de máximo endeudamiento en hipotecas limite tanto el porcentaje máximo del endeudamiento, un 25 por ciento del salario, como el número máximo de años de amortización de la deuda, con 20 años. Asimismo, solicita la eliminación de ayudas a propietarios y promotores y el uso de esos fondos en otras iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda.

En el ámbito de la vivienda protegida y el fomento del alquiler, la plataforma solicita la creación de un registro único de demandantes de vivienda protegida en cada municipio por el que se adjudique la vivienda protegida de promoción pública y privada y la prohibición del sorteo como método de adjudicación y creación de baremos que den prioridad a los más necesitados.

Además este colectivo quiere que las viviendas con algún tipo de protección pública nunca dejen de serlo y las administraciones ejercerán el derecho de tanteo y retracto por obligación para las viviendas de protección oficial no sujetas a estas nuevas leyes.

Sobre la gestión del suelo y el urbanismo destacan que los patrimonios públicos de suelo no se podrán 'monetarizar' nunca por parte de las administraciones, obligando a darles como destino vivienda de protección pública de la cual un 80 por ciento será en régimen de alquiler.

Además, solicitan la prohibición de los convenios urbanísticos y que se condicionen las licencias de construcción de vivienda libre al estado de los desarrollos de vivienda protegida. Asimismo desde la plataforma quieren que al menos el 50 por ciento de los nuevos desarrollos urbanísticos han de destinarse a vivienda protegida.

En cuanto a la información estadística la plataforma quiere crear una estadística de demandantes de vivienda de protección oficial y de vivienda libre, sesgando por demanda de vivienda habitual, segundas y terceras residencias, y otras categorías que muestren el grado de necesidad del o de la demandante.

Además, en esete punto, añaden la modificación de las leyes del suelo autonómicas para eliminar los resquicios legales por los cuales un ayuntamiento puede cambiar el uso de un suelo protegido por su valor medioambiental a suelo que se convierta finalmente en urbanizable.

Por último, la plataforma pide en su propuesta de las reformas legislativas y jurídicas a nivel competencial que la ley de financiación de partidos políticos asegure la absoluta transparencia y la desvinculación total con el sector inmobiliario.

Igualmente, solicitan una redefinición de las competencias del estado y las autonomías, de forma que se garantice la igualdad en el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y de forma que las competencias en supervisión pública del mercado inmobiliario, políticas de vivienda y políticas fiscales estén perfectamente delimitadas y coordinadas.

enlace a la noticia

 
 
El defensor del pueblo y el baremo de VPO en Navarra
Terra (Navarra) - 04 de febrero de 2008
 
 
El defensor del Pueblo dice que la adjudicación de VPO debe basarse en la necesidad de vivienda y renta del solicitante

El defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, se ha dirigido al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Carlos Esparza, sugiriéndole 'la revisión en profundidad' de la Ley Foral de Protección Pública de la Vivienda y su posterior modificación. En su propuesta, Enériz afirma que la adjudicación de las viviendas debería basarse 'en la necesidad acreditada de vivienda y la renta del solicitante, de forma que entre ellos sumarán la práctica totalidad de los cien puntos que se necesitan como máximo'.

El defensor del Pueblo de Navarra ha remitido una carta al consejero de Vivienda tras la tramitación de diversas quejas referidas a la puntuación para el acceso a las viviendas protegidas, según informó esta institución en un comunicado.

Para poder acceder a una vivienda protegida se deberían incluir, en opinión de Enériz, todas aquellas circunstancias personales y familiares que justifican esa necesidad, mientras que en la renta del solicitante se deberían reflejar las circunstancias económicas del solicitante o de su unidad familiar, por tramos de renta y teniendo en cuenta las declaraciones de la renta de los últimos años.

La existencia en la unidad familiar de una persona discapacitada, la presencia de menores de edad, mayores en situación de dependencia severa o enfermos crónicos, por ejemplo, deberían incrementar la necesidad de acceder a una vivienda, 'pues son estas personas, por su indudable vulnerabilidad, las más necesitadas de un hogar donde recibir la atención o cuidados necesarios', subrayó Enériz.

Respecto a la titularidad de una cuenta de ahorro para la adquisición de vivienda con derecho a deducción que supere la cantidad de 6.000 euros, 'no aporta absolutamente nada relevante para la adjudicación de una vivienda protegida'. Es más, subrayó Enériz, 'dicha medida produce una discriminación entre personas en función de un elemento secundario como es la capacidad de ahorro económico'.

Asimismo, han dado lugar a quejas los criterios de antigüedad 'ininterrumpida' en el empadronamiento en uno o varios municipios de Navarra en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes; la puntuación referida a uno o más solicitantes de edad inferior a 35 o superior a 65 años o la 'condición de cabeza de familia monoparental con uno o varios hijos', ya que penalizan a buena parte de la sociedad en función de su empadronamiento, su edad, o su condición de familia no monoparental.

Javier Enériz considera que debieran tenerse en cuenta para la puntuación, factores de renta (por tramos) y de necesidad de vivienda, entendida ésta cómo la resultante del número de familiares, menores de edad, hijos en edad de estudio o desempleados, familiares con enfermedades graves, mayores con un grado de dependencia elevada, personas divorciadas o separadas que rehacen su vida, etcétera.

Por otro lado, 'habría que desechar factores como los de titularidad de la cuenta de ahorro, la antigüedad ininterrumpida en el empadronamiento, la edad sin más o la condición de cabeza de familia monoparental, en los términos en que actualmente está redactada la Ley Foral', concluyó el defensor.

enlace a la noticia

 
 
 
BOLETINES Y NOTICIAS PASADAS
 
 Titular Texto Sección:  busca 
 
 
 
 

© 2003-2020. Plataforma por una Vivienda Digna