BOLETÍN DEL 23 DE ABRIL DE 2008
 
 
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España y vivienda
 
LA PVD EXIGE BAJADAS INMEDIATAS EN LOS PRECIOS DE VPO
Redacción PVD - 17 de abril de 2008
 
Lo promotores de vivienda protegida ya tenían importantísimos beneficios antes de las últimas subidas aprobadas por algunas comunidades autónomas. Reclama que se acuerden reducciones de precio como punto fundamental en el pacto de Estado sobre vivienda propuesto por Beatriz Corredor.

La Asociación Nacional “Plataforma por una Vivienda Digna” quiere hacer pública su más absoluta indignación por las recientes subidas de precio de la vivienda protegida en algunas comunidades autónomas como Madrid, Castilla-León o la Comunidad Valenciana y reclama que se promuevan bajadas inmediatas del precio de los módulos. Para la PVD, las subidas son una auténtica provocación a millones de jóvenes y familias de escasos recursos y sólo tienen como finalidad el “proteger” a los que hacen negocio con la promoción de este tipo de viviendas.

Para la PVD, a los responsables de las citadas comunidades autónomas “se les debería caer la cara de vergüenza”, al mostrar tan claramente que no están al servicio del ciudadano, sino de los extraordinarios beneficios de promotores y propietarios de suelo. Así, exigimos que los dirigentes autonómicos retiren inmediatamente dichas órdenes de subida de precios siguiendo el ejemplo de algunos alcaldes -como el de Getafe (Madrid)-, que ya han dicho que no las aplicarán.

Basta con comparar precios y costes de construcción para ver que estas subidas no tienen absolutamente ningún sentido y menos en una coyuntura de mercado en el que la vivienda libre está bajando de precio. Los precios finales que pagaría un adjudicatario tras las nuevas órdenes oscilan entre los 1.212 €/m2 de la tipología más barata en Castilla-León, a los 2.425 €/m2 para una vivienda “protegida” de tipo VPPL en Madrid.

Según datos de la Comunidad de Madrid (Dir. Gral. Arquitectura y Vivienda, 2006), el coste de edificación de una de estas viviendas ronda los 360 €/m2. En cuanto al coste del suelo algunas promotoras como Martinsa-Fadesa afirman tener gran cantidad de suelo comprado a 60 €/m2. Su propio presidente ha afirmado: “gracias a los incrementos introducidos por las Comunidades Autónomas en el precio del módulo, nos permite ganar más dinero con la vivienda protegida que con la libre”.

Si José Moreno vende viviendas a 80.000 euros en Fuenlabrada (Madrid), si en Extremadura se están levantando 11.500 viviendas a un precio aún menor, si en Marinaleda (Sevilla) se ofertan pisos a 15 euros mensuales y esto no supone ningún escarnio para las arcas públicas, basta ya de que no se nos explique a dónde va a parar la ingente cantidad de dinero que se obtiene haciendo vivienda “protegida” y que se nos pretenda convencer día tras día de que “no es rentable construirla”. Con los datos en la mano es fácil comprobar que el beneficio de promotores y propietarios del suelo ya era muy elevado con los precios anteriores y más que lo va a ser a partir de estas subidas.

En Madrid, de aplicarse las subidas y calculando con metros construidos, garaje y trastero, la mayoría de las viviendas rondarían los 190.000 €. Pero un adjudicatario de una VPPL en Madrid o un municipio limítrofe (San Sebastián de los Reyes, Pozuelo, Móstoles, Alcorcón, etc.) llegaría a pagar más de 240.000 € por 80 m2 de vivienda “protegida”, cuando su coste de construcción ronda los 40.000 €.

Para aumentar lo escandaloso de la situación, el salario de la mayoría de los adjudicatarios oscila entre los 800 y los 1200 euros al mes, por lo que la cuota de la hipoteca de una vivienda “protegida” supone más del 100% del sueldo. Así, miles de jóvenes a los que ya les ha correspondido una vivienda afirman que renunciarán a su derecho porque, sencillamente, no podrán conseguir financiación o no podrán pagarla.

En porcentajes, la subida media en Madrid es del 24% (en algunas tipologías llega escandalosamente al 31%). En Castilla León es del 15%. En la Comunidad Valenciana, de confirmarse el incremento, se dará el caso absolutamente paradójico de que en varios municipios la vivienda protegida será más cara que la vivienda libre.

La Plataforma está en contra también de las subidas anunciadas para el País Vasco, aunque en este caso son más moderadas, entre un 3 y un 6%.

La PVD apoyará todas aquellas movilizaciones que se organicen en las zonas que finalmente apliquen estas subidas. Además, podría llevarse ante el Tribunal Constitucional la gestión de la vivienda pública en dichas comunidades, ya que ahora es fácil demostrar que con la construcción de vivienda protegida se producen importantes plusvalías sobre las que no se ofrece ningún tipo de información, lo que vulnera distintos preceptos constitucionales.

Para la PVD, las subidas se convierten además en una burla a otros sectores productivos como automóvil, ocio, música, textil, mueble, etc., a los que se les resta “por decreto” ingresos futuros procedentes de los jóvenes para incrementar aún más el beneficio de promotores y propietarios de suelo. Todo ello, en época de crisis.

Esta asociación recibe positivamente, aunque con cautela, la idea de un pacto de Estado sobre vivienda anunciado por la nueva ministra, Beatriz Corredor. En este sentido reclamamos que dicho pacto recoja bajadas en los precios de la vivienda protegida para toda España y que se acoten las tipologías para las rentas más altas. Todo ello con el fin de corregir la disparatada situación actual auspiciada por distintos presidentes y presidentas autonómicos y por las anteriores responsables de la cartera de vivienda, puesto que es el Ministerio en primera instancia quien fija los rangos de precio de los módulos VPO.

Por lo demás, solicitamos a las administraciones que busquen urgentemente un modelo de financiación local más equilibrado y que fomenten un nuevo paradigma económico que no se base en esquilmar a los jóvenes y endeudar a las familias, que apoye a todos los sectores productivos y que piense en el largo plazo. Ya es hora de que los políticos dejen de aceptar el “juego” de los promotores y piensen en qué tipo de Administración y de país quieren para sus propios hijos.

En cualquier caso, con más de 3 millones de viviendas vacías deberían buscarse fórmulas que supusieran su salida al mercado, ya que construir miles de viviendas en terrenos “nuevos” trae aparejada la profundización en un modelo urbanístico que es social, medioambiental y económicamente insostenible.

Para promover el acceso a la vivienda y la sostenibilidad del mercado inmobiliario esta asociación ha consensuado 40 medidas. Pueden encontrarse en la sección “documentos” de nuestra web www.viviendadigna.org.

 
ROTUNDO NO A LAS AYUDAS DEL GOBIERNO PARA PROMOTORAS
Redacción PVD - 09 de abril de 2008
 
La Plataforma por una Vivienda Digna (PVD) estudia denunciar ante la Unión Europea la iniciativa del Gobierno de otorgar fondos ICO para ayudar a las promotoras y constructoras.

La PVD considera que dichas ayudas atentan contra los principios de la libre competencia defendidos por la Unión Europea. Considera irregular el apoyo directo a promotoras mediante créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial) con intereses muy bajos. Estos créditos van orientados a empresas con un interés social, cultural, innovador o ecológico que merezcan una atención preferente. Para la PVD, la única atención preferente que requieren las empresas del sector inmobiliario son los 8.600 millones de euros que evaden al fisco cada año, según un cálculo de la Asociación de Técnicos de Hacienda GESTHA.

Para la Plataforma, es un insulto a los contribuyentes y a las empresas de otros sectores el que Hacienda “perdone” tales cantidades de dinero a las promotoras, y encima se les otorgue financiación en condiciones excepcionales para que puedan subsanar sus propios errores de previsión.

La línea de avales ICO-FTVPO prevé 3.000 millones de euros para que promotoras y constructoras construyan viviendas VPO en suelo público. Creemos que la realización de viviendas sociales con rentabilidad más que asegurada, no justifica que el sector que más se ha estado beneficiando del boom inmobiliario perciba ahora dinero de todos los españoles con tipos de interés muy bajos. Son precisamente estas empresas las que han provocado en parte esta crisis con incrementos ficticios de precios y demanda. Recordemos que durante los últimos diez años los precios se han incrementado en más del 300% en algunas ciudades, y empresas del sector han obtenido márgenes continuados del 200% en sus ventas finales, y rendimientos de hasta el 1000% en revalorizaciones de suelo. ¿Son estos los desfavorecidos de los que habla Zapatero?

Precisamente el sector de la promoción inmobiliaria es el que más ha insistido en que existiera un libre mercado, sin interesarse lo más mínimo por el artículo 47 de la Constitución y olvidándose de los españoles que no tenían acceso a una vivienda. Ahora, estas empresas quieren “socializar” sus deudas mientras los patrimonios personales siguen intactos, y reclaman al Estado para que intervenga en el mercado.

La PVD se muestra asombrada de que mientras, ni el Gobierno ni la oposición ofrezcan soluciones efectivas al problema del acceso a la vivienda. En vez de eso se echa más leña al fuego de los precios, intentando que aumenten las desgravaciones por compra, o ayudando a promotores al incrementar el precio de las viviendas de protección oficial este ultimo año en un 20%, con la excusa de incentivar su puesta en marcha en algunas comunidades autónomas*.

Somos conscientes de que el sector de la construcción ha generado mucho empleo y que hay muchas familias afectadas por este cambio de ciclo, pero creemos que es un error monumental que nos adentrará aún más en la insostenibilidad del sistema, el seguir dando dinero de todos a quienes, junto con los bancos, han provocado esta crisis con viviendas sobrevaloradas. Se debe hacer un punto de inflexión y se debe apostar por otros sectores, e intentar firmemente el no depender del ladrillo y el endeudamiento familiar para el sostenimiento de la economía.

Y venimos también a recordar que ésta no ha sido la única ayuda al sector de los promotores inmobiliarios a la que hemos tenido que asistir durante estas últimas semanas, como ya alertábamos en un reciente comunicado sobre la reforma del plan de vivienda 2005-2008, la reforma del sistema de valoraciones de la Ley del Suelo y su contraste con las recomendaciones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

En España existen unos 25 millones de viviendas construidas, dato que supera con creces a los países más industrializados de la Unión Europea, de la cuales más de 3 millones están permanentemente vacías. La PVD invita a los españoles a preguntarse: ¿Por qué entonces es tan necesario seguir construyendo? ¿Por qué el sector de la promoción inmobiliaria necesita márgenes de beneficios superiores a los de otros sectores? ¿A quien y dónde han ido a parar los beneficios que, constructoras y promotoras, han tenido en los últimos 10 años vendiendo las viviendas más caras del Mundo en relación a los salarios?.

La PVD hace 40 propuestas a todos los partidos políticos, sindicatos, y demás sectores de la población para potenciar el acceso a la vivienda, la regularización del sector, y ayudar a que la situación pase de insostenible, a sostenible. Se encuentran a disposición de todos en la sección de documentos de la Plataforma.

 
LA VIÑETA: LA VIVIENDA A VECES BAJA
Redacción PVD - 27 de marzo de 2008
 
Os dejamos con un gráfico de lo que ha pasado con el precio de la vivienda en 2007 en los Estados Unidos según una noticia aparecida en la CNN.



 
EL PRECIO REAL DE LA VIVIENDA CAE POR PRIMERA VEZ EN 10 AÑOS
El País (Portada) - 19 de abril de 2008
 
Los pisos se encarecen un 4% frente al 4,5% que subieron los otros productos

Ya es oficial. Su piso perdió valor en los últimos 12 meses, algo que no ocurría desde finales de 1997. Los datos que el Ministerio de Vivienda hará públicos hoy muestran que la vivienda se ha encarecido un 4% desde abril de 2007. Este porcentaje se queda cinco décimas por debajo de la inflación de marzo, que ha escalado hasta el máximo en 13 años. ¿Qué significa esto? Que, en términos reales, los precios han caído. En la anterior crisis que azotó al sector inmobiliario, la de los años noventa, la pérdida de valor se alargó durante siete años.

Y si el coste de las casas se ha relajado este año, en el último trimestre se ha congelado, con una subida del 0,8%. Ya hubo el año pasado algún trimestre con aumentos por debajo del IPC, pero ésta es la primera vez en la década que la caída real se produce en la tasa interanual, es decir, la que resume la evolución de los 12 meses anteriores. Y otro récord: la media española del metro cuadrado de vivienda libre supera los 2.100 euros.

En esta coyuntura llega la recién nombrada ministra, Beatriz Corredor. Justo en el momento en el que se alcanza el objetivo del anterior Gobierno: que el precio de la vivienda creciera al mismo ritmo que el resto de bienes de consumo.

El problema es que una vez llegado a ese punto, el mercado lo ha traspasado. Los precios crecen ahora menos que la inflación, y se intuye en un futuro no lejano la situación más temida por los constructores: una caída generalizada de los precios en términos nominales. A esto se añaden las dudas que muchos expertos siembran sobre la calidad de las estadísticas inmobiliarias. Algunos analistas consideran que el ajuste a la baja es más brusco del que reflejan los datos oficiales, que sí dan cuenta de caídas en varias provincias.

Los promotores han reconocido que la bajada ha irrumpido en algunos segmentos del mercado, como la vivienda usada o la segunda residencia, pero se resistían a admitir descensos en los de nueva construcción. Hasta el pasado martes, cuando el G-14, el lobby de las grandes inmobiliarias aseguró que el ajuste a la baja ya ha ocurrido en el último semestre.

Pero la estadística que hoy se presenta no sólo habla de precios. También perfila el panorama de las ventas. Y como ya se sabía, la crisis afecta a todo el sector, pero a algunos más que a otros. Así, mientras que la caída en la compraventa de segunda mano es del 23%, la nueva se salva con un descenso menor, de tan sólo el 0,9%.

Estos datos son bastante mejores que los del INE. Este organismo calcula que el desplome de las compraventas fue en 2007 mucho mayor: un 36% en la vivienda usada, y un 15% en la nueva.

El último reducto que le queda a un sector en caída libre es la vivienda protegida. Y ésta, según los datos oficiales, ha tenido una buena evolución. Unas 200 familias compraron cada día de 2007 un piso con algún tipo de protección. La suma de todo el año, 73.000 compras, suponen un aumento de casi el 20% respecto a 2006. Estos datos son importantes tanto para unas empresas que no saben cómo deshacerse de un stock que hoy por hoy no consiguen vender, como para un Gobierno que se ha comprometido a aumentar el número de viviendas protegidas, hasta las 150.000 anuales.

El sector de la construcción es, precisamente, uno de los factores que explican la revisión a la baja de las previsiones que ayer anunció Funcas. La fundación de las cajas de ahorros estima para 2008 un crecimiento del 2% (seis décimas menos de lo previsto en febrero). Pierden impulso todos los componentes de la demanda, pero especialmente el sector de la inversión residencial, que retrocede un 6,9%. Y el escenario empeorará de forma considerable en 2009. Funcas anticipa un fuerte bache para la economía, con un crecimiento de apenas el 0,9%, siete décimas menos que la anterior previsión.

Además, el Círculo de Empresarios habló de las medidas económicas que tiene previsto aprobar hoy el Gobierno. Las calificó de "insuficientes" para combatir la desaceleración. Claudio Boada, presidente del Círculo, pidió al Ejecutivo que controle "con rigor" las políticas de gasto no productivo ante el futuro.

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EL PRECIO DEL SUELO ATERRIZA
Publico.es - 21 de abril de 2008
 
El metro cuadrado cae más del 25% en algunas provincias y registra una bajada media del 3%

Los terrenos para construir viviendas dejan de encarecerse. Como respuesta automática al parón inmobiliario que comenzó en agosto por la crisis de las hipotecas basura de EEUU, el precio del metro cuadrado urbano cayó un 2,7% de media en el último trimestre del año pasado, hasta 277 euros, en comparación con el mismo periodo de 2006. La evolución es muy dispar, pero los descensos se producen en 25 provincias y van desde el 1% hasta el desplome del 41% en León, las rebajas de un tercio del precio en Alicante y de una cuarta parte en Córdoba.

Son los primeros retrocesos significativos registrados desde 2004, en pleno boom inmobiliario, ya que el último se produjo entre enero y marzo de 2006 de forma puntual y fue del 0,4%, según reflejan los datos del Ministerio de Vivienda.

Además de las caídas interanuales que se registran entre octubre y diciembre, también hay un descenso trimestral del 2,8% , en comparación con el periodo julio-septiembre, cuando comenzó la crisis. Afecta a 24 provincias, entre ellas algunas que no habían tenido retrocesos interanuales, como lA Coruña (-16%), Lugo (-17%) y Ourense (-28%), además de Málaga (-13%) o Cuenca (-4%). Esto es una señal de que la bajada del precio de los terrenos puede consolidarse como una tendencia en los próximos meses.

Pesa el 30% en el valor del piso

Con estos datos, los promotores inmobiliarios ya no tienen excusa para empezar a construir pisos más baratos, ya que el suelo representa una media del 30% del precio total de una vivienda, según los propios cálculos del sector. De hecho, han sido estos empresarios los que han provocado la depreciación ya que muchos se ven urgidos a vender suelo para poder pagar sus deudas con las entidades financieras y, al igual que con los pisos, en el último trimestre de 2007 empezaron a hacer descuentos.

Ésa es la buena noticia. La mala es que los futuros compradores de pisos nuevos no verán esta rebaja de forma inmediata por varios motivos. Uno de los principales es que las inmobiliarias sólo pueden promover la construcción en un terreno cuando éste es finalista, es decir, ya está preparado para ser urbanizado. Lo normal es que muchos de los solares no sean finalistas. A esto se une que, ante el actual parón de ventas, los promotores quieren vender a toda costa las viviendas que tienen en stock, con lo que pocos se atreverán a iniciar y vender sobre plano nuevas promociones, salvo que el suelo esté en las zonas VIP de las grandes ciudades, donde la crisis ni aparece.

Efecto en la vivienda

Por lógica, esta depreciación de suelo debería producir una rebaja en los pisos nuevos que se hagan en el futuro. Por ejemplo, si el terreno baja un 25% y supone el 30% del precio de la vivienda, el descuento proporcional sería del 7,5%, mientras si el descenso en el solar es del 30% y pesa el 50% en el valor del inmueble, la rebaja debería ser del 16%. Pero los promotores, de momento, se resisten a perder margen y, prueba de ello es que la vivienda nueva tuvo una caída trimestral al cierre de 2007 sólo en diez provincias y llegó como mucho al 3%.

Por comunidades, donde más se está notando que la escalada en los terrenos ha frenado en seco su subida interanual es en Catalunya, con un retroceso del 15% -provocado, sobre todo, porque en Barcelona el suelo ha perdido un 15% de su valor- y en la Comunidad Valenciana, donde el precio bajó un 14% en el último trimestre de 2007, en comparación con el mismo periodo de 2006. Son las únicas autonomías donde los descensos se producen en todas las provincias. En Castilla y León se ve una mayor bajada, del 16%, y sólo se salvan de la caída Valladolid (con una fuerte subida de precios, del 21%) y Segovia (8%).

Además, otras comunidades en las que aún aumentaba el valor de los terrenos en comparación con 2006, ahora empiezan a notar que los promotores han reducido a la mitad el número de compraventas de suelo. Así, los solares de Madrid se depreciaron un 2% tras desplomarse las compraventas un 46%, mientras la rebaja en Navarra fue del 3% con un 40% menos de operaciones. En Murcia hubo un 66% menos de transacciones y el precio creció sólo un 2%.

Hasta el 70% del piso se va a pagar el terreno

Aunque el peso medio del valor del suelo sobre el precio total de la vivienda ronda el 30%, en las grandes ciudades, se dispara. Madrid es el caso más extremo, ya que el terreno supone más del 50% del valor de compra de una casa e incluso llega, en ciertas zonas, al 70%.

Mientras, los empresarios del sector inmobiliario se quejan de que no tienen suelo disponible para hacer vivienda protegida y se resisten a destinar los terrenos comprados para vivienda libre, más caros, a hacer VPO. Pero algunos van a tener que ceder para poder sortear el parón de ventas.

¿Por qué se ha disparado en los últimos años el precio de los terrenos? La especulación con el suelo ha sido una de las claves que explican el boom inmobiliario que España ha vivido desde 1995 hasta agosto del año pasado. Los promotores han comprado a mansalva terrenos rústicos a la espera de que se recalificaran para poder construir viviendas en ellos. En muchos casos, los ayuntamientos, que se financian con las plusvalías del suelo, han cumplido estas expectativas de recalificación.

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EL PP SE ENLADRILLA CON LAS DEDUCCIONES A LA VIVIENDA
ElConfidencial.com - 04 de abril de 2008
 
¿quién lo desenladrillará?

Curioso, muy curioso, que la primera iniciativa parlamentaria que ha presentado el grupo Popular en el Congreso en esta legislatura tenga que ver con la ampliación de las deducciones por adquisición de vivienda (ver noticia). La medida no tiene ni pies ni cabeza, como vienen diciendo desde hace años tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la OCDE. Pero, a pesar de eso, el Partido Popular se ha empeñado en sacar adelante una propuesta que sólo cuenta con el respaldo declarado de promotores y constructores, siempre tan liberales a la hora de la intervención del Estado en la economía, pero keynesianos hasta la médula cuando de lo que se trata es de subvencionar, de forma encubierta, la compra de casas.

La política de deducciones a la vivienda es un viejo instrumento de política fiscal puesto en marcha en España -al menos de forma contundente- en los tiempos de Miguel Boyer como superministro de Economía del primer gobierno socialista. Con esas deducciones -mucho más generosas que las actuales- se pretendía estimular un mercado deprimido en un contexto de recesión económica. Estamos hablando de los primeros años 80, tras el segundo choque petrolífero. En aquel momento, tirios y troyanos saludaron la iniciativa convencidos de que servía para sacar a España del marasmo económico revitalizando un sector intensivo en mano de obra.

Esa política de deducciones se mantuvo, incluso, a finales de los años 80, cuando estalló el primer boom inmobiliario de la democracia (no vayan a creer que esto de las burbujas es un invento nuevo). Ya por entonces, y desde dentro del Ministerio de Economía, se alzaron voces contra la decisión de mantener esas deducciones. No tenía sentido seguir subvencionando un negocio que iba viento en popa. Era como echar leña al fuego. Llegó la recesión de los 90 y el debate se acabó. Se mantuvieron las deducciones con el argumento de que no se podía endurecer la fiscalidad de la vivienda en aquellas circunstancias económicas. Al poco tiempo, se nos echó encima otra explosión del ladrillo; pero, a pesar de eso, nadie hizo nada por evitar interferir en las leyes de la economía mediante estímulos fiscales artificiales que sólo empujaban en una dirección; el encarecimiento de la vivienda. Como decían el FMI y la OCDE.

La protección del ladrillo

El resultado de esta política ‘proteccionista’ del ladrillo se ha traducido en una factura que crece año tras año para las arcas públicas. Eso sí, con un triste resultado. Los ciudadanos sufren una doble paradoja. Pagan bastante más por sus pisos (el precio de la vivienda se ha multiplicado por tres en los últimos años), pero también se ven obligados a gastar más por vía fiscal. Veamos. Los beneficios fiscales para facilitar el acceso a una vivienda y fomentar la edificación superarán este año, según lo presupuestado, algo más de 9.116 millones de euros. Es decir, Hacienda deja de ingresar una inmensa cantidad de dinero (que se podría destinar a otros fines) en aras de una pretendida política social, pero, al mismo tiempo, los contribuyentes ven como el precio de las casas no ha dejado de subir.

Ahora el PP viene a decir que lo que hay que hacer es no sólo mantener la política de deducciones sino aumentarla, lo cual carece de cualquier rigor económico. Al contrario de lo que ocurría en los 80, el problema de la vivienda en España no tiene que ver con la demanda, sino con la oferta, que ha sobrepasado con crecer cualquier racionalidad económica. El problema es que este país se volvió loco hace algunos años y llegó a creer que cada año se podían vender 800.000 viviendas como si nada y al precio que fuera. Desafiando los ciclos económicos, los tipos de interés y la capacidad de endeudamiento de los hogares, y hasta haciendo caso omiso a las más elementales leyes del mercado. Ese desajuste entre oferta y demanda -sobre todo en algunas zonas geográficas- es lo que está detrás del pinchazo del ladrillo y no otra cosa. Y por eso, intentar influir en el mercado inmobiliario mediante ayudas fiscales sólo llevará a la ruina a las cuentas públicas y a poner lo cimientos de una nueva burbuja que sólo favorecerá a quienes hoy piden más deducciones.

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PVD CELEBRA CAIDA PRECIOS PERO SIGUE ANIMANDO A NO COMPRAR
ElEconomista.es - 18 de abril de 2008
 
 
La Plataforma por una Vivienda Digna celebró hoy que el precio medio de la vivienda libre haya crecido un 3,8%, es decir, siete décimas menos que el IPC y el nivel más bajo desde hace una década, pero siguió animando a los ciudadanos a que "no compren" porque esperan que estas cifras bajen "mucho más".

En declaraciones a Europa Press, el responsable de prensa del Comité de Valencia de la organización, Marcos Plá, explicó que los precios de los inmuebles han sido "el mayor atraco" para los consumidores y apuntó que "buena parte" de los ciudadanos todavía sigue "sin tener acceso a un vivienda digna".

Asimismo, calificó de "sorprendente" que la administración baraje la posibilidad de ayudar a constructores y promotores, y criticó que los empresarios, después de haber obtenido "beneficios desorbitados", hayan decidido acudir a la administración pública "ahora que no les va tan bien".

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Corredor toma posesión como ministra
EuropaPress - 15 de abril de 2008
 
 


La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dedicó ayer sus primeras palabras en el cargo para avanzar que tratará de lograr un pacto de Estado en materia de vivienda con todas las administraciones públicas y agentes del sector, y, en especial, con empresarios, sindicatos y el sector financiero.

En el acto oficial de relevo a la ya ministra de Defensa, Carme Chacón, Corredor aseguró que a través de este pacto, que fijó como su principal "objetivo estratégico", tratará de aunar los intereses tanto de ciudadanos como de los promotores.

Respecto a los primeros, la ministra reconoció que "no se ha alcanzado un grado de cumplimiento satisfactorio" del derecho constitucional a una vivienda digna, por lo que, dijo, "hay mucho por hacer".

Por otro lado, reconoció también con "absoluta claridad" que los indicadores del sector "dibujan un empeoramiento del mercado de la vivienda" y, por ello, la necesidad de reactivar el sector.

Con estos dos problemas a la vista, Corredor adoptó como "tarea prioritaria" proponer las medidas necesarias "para que el ajuste del sector sea los más ordenado posible", especialmente en lo que concierne al empleo.

LLAMADA A LA COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

La intervención de la nueva ministra estuvo plagada de alusiones a una "imprescindible colaboración desde la lealtad institucional" entre las administraciones públicas, especialmente por su "decidida voluntad política" de disponer de suelo necesario, tanto de titularidad pública como privada, para lograr, entre otras cosas, la construcción de 150.000 viviendas protegidas en los próximos diez años, como preveía el programa electoral de los socialistas.

"El Ministerio de Vivienda, junto a los agentes implicados, hará realidad el compromiso de Zapatero", aseguró, si bien no olvidó que las otras dos patas sobre las que se desarrollará la política de vivienda del nuevo Gobierno serán el alquiler y la rehabilitación.

Así, Corredor dejó claro su "especial interés" en conseguir nuevos acuerdos y consensos con comunidades autónomas y ayuntamientos, para lo que convocará de forma "inmediata" una conferencia sectorial, como ya había anunciado el presidente del Gobierno.

COMPROMISO CON EL GOBIERNO

Por otro lado, Corredor aprovechó para dar las gracias al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por confiarle "tan alto honor" y expresar su "enorme orgullo" por su nombramiento.

Más aún, hizo explícito su compromiso con la política de vivienda del PSOE y recordó algunas medidas a adoptar que ya figuraban en la agenda de los socialistas, como reducir la carga fiscal en la rehabilitación de viviendas, acelerar la licitación de obra pública o la ampliación de los plazos de hipotecas sin coste adicional para familias especialmente desfavorecidas.

Sin embargo, el mayor ejemplo de adhesión fue la adopción como propio del "objetivo concreto" con el que Chacón se estrenara en al frente del Ministerio: "No frustrar las expectativas de los que necesitan acceder a una vivienda para desarrollar su proyecto de vida".

Chacón, que intervinó antes que Corredor para despedirse de su cargo al frente de Vivienda, se refirió a este objetivo señalando que "sigue ahí", ya que acceder a una vivienda sigue siendo para muchos "una quimera".

Con todo, aseguró haber cumplido su compromiso de trabajar sin descanso y advirtió a la nueva ministra que le esperan "desafíos grandes y trabajo arduo". Asimismo, agradeció a todos los agentes del sector su colaboración durante los últimos nueve meses y les pidió como "último regalo" que muestren a Corredor "el mismo respeto, lealtad y amabilidad" recibida por ella.

LOS SOCIALISTAS MADRILEÑOS ARROPAN A CORREDOR

El acto celebrado en la sede del Ministerio de Vivienda contó con la presencia de agentes del sector, y, especialmente con la cúpula del Gobierno y de rostros de peso entre los socialistas madrileños. Así, acudieron el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el secretario de Estado de Economía, David Vegara.

Asimismo, se dejaron ver en el acto el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, el presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría, el secretario general de los promotores y constructores de España (APCE), Manuel Martí, el presidente de los promotores madrileños (Asprima), José Manuel Galindo, el presidente de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA), Ignacio Inurrieta, y otros representantes del Ministerio.

Desde el ámbito municipal, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, en declaraciones a los medios, se mostró "orgulloso" del Gobierno diseñado por Zapatero y, especialmente, por el nombramiento de Corredor, "que nace del socialismo madrileño". Además, tildó su carrera profesional de "impecable" y dijo de ella que es una mujer "brillante" y "sólida".

Por último, afirmó que "tenía mucho sentido que el Ministerio de la Vivienda fuese ocupado por una persona de la Comunidad de Madrid, donde el principal problema, con diferencia, es el acceso a una vivienda".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, David Pascual, se mostró convencido de que Corredor "va a hacer un brillante trabajo al frente del Ministerio", aunque se enfrentará a un "reto complicado".

Por su parte, Galindo mostró "la mejor disposición" de los promotores para colaborar con el Ministerio de Vivienda. Además, pidió una política "estructurada" que sea "lo más eficiente posible" para llevar a cabo la construcción de 150.000 viviendas protegidas al año sin desatender la vivienda libre y el acceso al suelo para satisfacer la demanda estimada de 450.000 viviendas anuales.

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Los constructores reclaman más ayuda fiscal a la compra
El Periódico de Catalunya - 26 de marzo de 2008
 
La CEOE solicita que se eleve en el IRPF el límite de desgravación actual. La propuesta de la patronal choca con otras iniciativas para redistribuir las ayudas

Ante el parón de ventas de pisos, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que forma parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quiere que las arcas del Estado contribuyan a facilitar la compra de vivienda a los precios actuales.

Este es el espíritu de la demanda que hizo ayer el presidente de la CNC, Juan Francisco Lazcano, al anunciar que pedirá al Gobierno que revise las deducciones fiscales que benefician la compra de la vivienda principal.

Actualmente estas deducciones alcanzan al 15% de las cuotas hipotecarias pagadas en un año, con un límite de 9.015,18 euros por año. Lazcano recordó que esta deducción no ha variado desde 1996 y se mostró convencido de que su actualización animaría la demanda y facilitaría la decisión de compra de personas que ahora necesitan un piso.

COINCIDENCIA CON EL PP

La propuesta de la CNC coincide con una de las propuestas del programa electoral de Partido Popular (PP), que apostaba por aumentar la desgravación hasta un 25%. Sin embargo, choca con las recomendaciones de organismos financieros internacionales que en los momentos de mayor subida de los precios de los pisos en España advirtieron de que las ayudas fiscales a la compra todavía incentivaban más el encarecimiento de las viviendas y propusieron incluso su supresión. Algunos gobiernos autonómicos, como el catalán, reclamaron, sin éxito, en su momento la reducción de esta desgravación universal por la compra de la vivienda principal, y convertirla en un mecanismo más centrado en las rentas más bajas y el fomento del alquiler.

Hasta el momento, la mayor parte del dinero público dedicado a política de vivienda continúa acaparándolo esta deducción fiscal.

La gran patronal de los constructores propuso también ayer otro tipo de medidas para mantener la actividad en el sector, que pasan por potenciar la obra civil mediante sistemas de financiación público-privados, que podrían aplicar tanto la Administración central, como la autonómica y la local.

Lazcano explicó ayer que los promotores estaban preparados para una desaceleración de la construcción residencial, pero reconoció que nadie se esperaba que lo hiciera de una forma tan brusca como lo ha hecho por el efecto de la crisis de las hipotecas basura de Estados Unidos y la contención del crédito a los compradores y a las empresas constructoras en general.

A pesar de estas declaraciones, Lazcano explicó que este año aún se construirán un número de viviendas "significativo", porque la maduración de las obras oscila entre 18 y 24 meses, por lo que ahora se concluirán muchas de las iniciadas en años anteriores.

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Madrazo anima a constructores a sacar a 'precios razonables'
El Correo Digital - 28 de marzo de 2008
 
 
Considera que la caída de los precios de la vivienda es positiva para los ciudadanos, aunque "no sea tan buena" para los empresarios del sector

El consejero vasco de Vivienda, Javier Madrazo, considera que la gravedad de la crisis inmobiliaria "se está exagerando" y que la caída de los precios de la vivienda es positiva para los ciudadanos, aunque "no sea tan buena" para los empresarios del sector. Además, ha animado a los promotores inmobiliarios a que saquen al mercado a precios "razonables" los pisos que puedan tener "retenidos" en stock a la espera una eventual recuperación de los precios, ya que "los próximos también van a ser años de contención de precios".

El responsable autonómico de Vivienda, que hoy ha inaugurado doce pisos protegidos en el Casco Antiguo de Vitoria, ha manifestado que los promotores y constructores "tienen que acostumbrarse a ganar menos, a obtener beneficios razonables y homologables a los de otros sectores".

En su opinión, hay que abandonar la idea de que en la construcción se van a obtener "rentabilidades especulativas", ya que "eso ya no es posible y además no es bueno". "Estamos hablando de bajada de precios y estamos hablando de buenas noticias para la gente, que pueda acceder a las viviendas a precios razonables", añadió. El consejero considera que "lo que no era razonable era lo que pasaba antes, cuando para acceder a una vivienda había que pagar unos precios desmesurados". Por ese motivo, la actual situación de contención y en algunos casos reducción de precios resulta "positiva" para aquellas personas "que necesitan un a vivienda y que hasta ahora no han podido acceder a ella porque los precios eran especulativos".

Vivienda protegida

Ante la crisis del sector, aseguró que la vivienda protegida puede ser "un refugio importante", puesto que puede contribuir a que los promotores y constructores puedan "mantener el empleo y seguir generando una actividad económica". De todas formas, ha afirmado que la gravedad de la crisis se ha "exagerado" e insistió en que la congelación de precios o incluso la reducción de los mismos es positiva para los ciudadanos, aunque "no sea tan buena" para los empresarios.

Madrazo ha animado a los promotores a que "saquen al mercado a precios razonables" las viviendas que puedan tener en stock a la espera de una eventual recuperación de los precios, ya que "los próximos años también van a ser años de contención de precios".

"Lo mejor que pueden hacer esa sacarlas (las viviendas) por un precio razonable y no tenerlas en retención pensando que dentro de un tiempo podrán volver a pedir precios desorbitados. Los próximos años van a ser claramente de contención de precios, de manera que cuanto antes saquen las viviendas a precios razonables, va a ser mejor", ha insistido.

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ICV pide en el Congreso gravar 'de forma severa' las vacías
Finanzas.com - 10 de abril de 2008
 
 
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la ley de Haciendas Locales con la intención de que las viviendas vacías sean gravadas "de forma severa" a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), como medida para favorecer su puesta en alquiler y frenar la especulación inmobiliaria.

En el texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Europa Press, la formación ecosocialista reclama que se permita a los ayuntamientos modular el recargo en el IBI sobre las casas vacías, incrementándolo en función del número de ejercicios fiscales que lleven en esta situación entre un 50% y un 150%.

Hasta ahora, la ley establece la posibilidad de aplicar un recargo de hasta el 50%. Sin embargo, esta medida aún no se ha llevado a la práctica ya que precisa de un desarrollo reglamentario que aún no se ha materializado.

El documento considera vivienda desocupada todo aquel inmueble que no tenga carácter de domicilio habitual del contribuyente.

Unicamente podrán verse excluidas aquellas viviendas que se encuentren sujetas a un contrato de arrendamiento, sean destinadas a un uso "recreativo" --con el límite de una por ciudadano-- y fines distintos del residencial, estén en situación de ruina declarada o pertenezcan a personas que se ven obligadas a mudarse temporalmente por motivos laborales.

No obstante, los contribuyentes se verán obligados a justificar documentalmente estos supuestos en un plazo máximo de treinta días.

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Fidalgo: La construcción es 'la punta de iceberg'
Finanzas.com - 28 de marzo de 2008
 
Del problema de la economía. El secretario general de CC.OO, Jose María Fidalgo, aseguró hoy que la desaceleración del sector de la construcción es la "punta del iceberg" del "grave" problema que tiene la economía española

Durante una entrevista en Telemadrid, el dirigente sindical achacó esta situación a que la economía del país "no es capaz de invertir con su propio ahorro", debido a que existe una "gran" deuda exterior y a que el 50% de la renta disponible de las familias "está en las hipotecas".

Asimismo, añadió que el patrón de crecimiento de la economía tiene "los pies de barro" como consecuencia de la falta de la competitividad de las empresas y de que el empleo que éstas crean, "como en la construcción y los servicios", es "frágil y precario".

Fildago señaló que a todas estas circunstancias se ha unido una "gravísima" crisis internacional y consideró que ésta no se ha producido por falta de liquidez en las instituciones financieras "sino por falta de confianza". "Esto anticipa un periodo largo con soluciones complicadas para mucha gente", indicó.

Con todo, el secretario general de CC.OO explicó que el Gobierno español "no tiene ninguna responsabilidad" en el problema de la crisis financiera internacional, aunque dudó de que haya hecho lo necesario para cambiar el patrón del crecimiento económico español.

"En cualificación de mano de obra estamos muy mal, la formación profesional no funciona, estamos a la cola de Europa en inversión en I+D+i, y hubiera sido mucho mejor comenzar a resolver esto cuando había dinero", aseguró.

Para solucionar la crisis, Fidalgo explicó que el primer pasó es "establecer un diagnóstico" y, posteriormente, "convencer a las instituciones financieras de que se puede prestar dinero sin riesgo".

Además, consideró que las dificultades por las que pasa la economía no se solucionan con el plan de choque que planea poner en marcha el ministro de trabajo en funciones, Jesús Caldera.

Así, se mostró contrario a establecer una estrategia como esa y apostó por un diagnóstico común del Gobierno, los agentes sociales y el resto de las administraciones autonómicas. "No estoy hablando de un pacto de Estado, pero sí de algo parecido", señaló.

APUESTA POR UNA INMIGRACION CONTROLADA

Respecto a la inmigración, el dirigente sindical señaló que puede llegar a ser una desventaja "si no se controla", e indicó que España no puede ser "un país de puertas abiertas hacia la explotación". "Habrá que programar qué tipo de inmigrantes seremos capaces de acoger con dignidad para ellos", afirmó.

Preguntado por la huelga que mantienen los funcionarios de Justicia, Fidalgo consideró que este Ministerio "necesita a un ministro dispuesto a resolver las cosas de su departamento" y consideró "grave" que el titular de esta cartera en funciones, Mariano Fernández Bermejo, "eche leña al fuego".

A FAVOR DE DISCUTIR EL MODELO ENERGETICO

En respuesta a una cuestión sobre el futuro de la energía nuclear en España, el secretario general de CC.OO consideró que es una solución limpia que permitiría tener autonomía, pero que presenta un problema que son los residuos.

"CC.OO no está a favor de la energía nuclear, sino a favor de discutir abiertamente con todos los agentes económicos y sociales sobre cómo resolvemos el problema de la dependencia energética y, a la vez, con los compromisos medioambientales", indicó.

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El Ministerio de la Vivienda paga a las empresas del boom
DiagonalPeriodico.net - 14 de abril de 2008
 
En septiembre de 2007, cuando la crisis internacional presentaba sus primeros síntomas, las constructoras se unían en el G-14 como lobby. El autor, miembro del Observatorio Metropolitano, analiza su capacidad de presión sobre las políticas públicas.

El acoplamiento de dos crisis con origen en el mercado inmobiliario, crisis interna de la demanda inmobiliaria y crisis global de liquidez, ha dejado inmediatamente al descubierto una de las características más olvidadas del ciclo inmobiliario expansionista español, el fortísimo endeudamiento con el que venían operando los promotores y constructores. Durante estos años, la atención mediática se ha venido centrando, justificadamente, en el creciente endeudamiento de las familias ocasionado por la compra de la vivienda en un contexto de precios de burbuja, que recordemos ha llegado a superar en más de diez veces la renta de las familias. Sin embargo, se estaba olvidando el significado de conjunto del ciclo inmobiliario al no prestar la suficiente atención al hecho de que, según el Banco de España, en 2007, el 60% de todo el crédito al sector empresarial privado correspondía a actividades inmobiliarias y, dentro de estas actividades, un 25% correspondía a la promoción inmobiliaria, léase operaciones de compra y venta de suelo, por sí solas. Una vez lanzado todo el ahorro de las familias al ciclo inmobiliario, el origen de esta masa crediticia tenía como base las hipotecas familiares españolas pero también, y muy especialmente, la captación de capitales en los mercados financieros globales. La aparición de una crisis crediticia internacional de origen hipotecario ha desatado una especial desconfianza hacia los activos de origen inmobiliario, que ahora se revelan, gracias al cambio de humor del sector financiero, como la mercancía ficticia que son. En estas condiciones, no sólo ha sido imposible una mayor internacionalización del capital inmobiliario español que permitiera sortear la depresión del mercado invirtiendo en otros países, sino que, además, han aparecido grietas profundas en lo que, durante una década larga, venía siendo un sólido bloque de poder financiero- inmobiliario.

Cambiar las cosas desde dentro

El 18 de septiembre de 2007, cuando la crisis internacional presenta síntomas muy serios de agravamiento, se constituye, tras una reunión con Rafael Taguas, director de la Oficina Económica del presidente, y otra con Mariano Rajoy, el grupo de las 14 inmobiliarias más grandes de España formado por: Martinsa- Fadesa, Colonial, Chamartín, Hercesa, Metrovacesa, Nozar, Rayet, Realia, Renta Inmobiliaria, Restaura, Reyal Urbis, Sacyr Vallehermoso, San José y Parquesol. El lobby está dirigido por Fernando Martín, presidente de Martinsa- Fadesa y cuenta, como mediador estrella, con un antiguo secretario general de Economía con el PSOE: Pedro Pérez. El propósito del lobby está claro desde el principio: utilizar al Estado para que medie ante los bancos en el nuevo contexto de endurecimiento del crédito y legisle a favor de estas promotoras, mientras éstas agitan la amenaza de los riesgos macroeconómicos que se derivarían de una caída demasiado aguda y prolongada del mercado inmobiliario español, el principal de ellos, el colapso de la demanda privada. La impresión de que este grupo de inmobiliarias no está formado por los operadores de mayor capacidad financiera, sino por aquellos que se han quedado ‘atrapados’ en el mercado español, queda reforzada por la ausencia de las grandes constructoras globales de capital español (Acciona, Ferrovial, OHL, ACS, etc).

El lugar de operaciones preferencial del llamado G-14 es, nada paradójicamente, el nuevo ministerio que el Gobierno del PSOE creó para “resolver el problema de la vivienda”: el Ministerio de la Vivienda. Hasta ahora, el gran triunfo del G-14 ha sido la revisión del Plan de Vivienda 2005/2008. El nuevo plan, que regulará la política de vivienda durante este año, prevé modificaciones sustanciales que corresponden a las reclamaciones del lobby de los promotores.

Esta revisión supone una transferencia directa de dinero público hacia las promotoras inmobiliarias, en un momento de agudización del exceso de oferta inmobiliaria y de caída de los precios de la vivienda libre. La revisión del plan establece ayudas de 12.000 euros (6.000 euros nuevos que se suman a los 6.000 ya previstos por el plan) al promotor por cada vivienda que destine al alquiler, sin que en ningún lugar se explicite la cantidad total destinada para cubrir estas ayudas, o lo que es lo mismo, se abre una vía permanente de subvención pública al sector inmobiliario. Por otra parte, esta misma normativa decreta que las promociones de viviendas de obra nueva no vendidas durante más de un año puedan acomodarse a la categoría de viviendas protegidas, mediante una sustancial relajación de los criterios de precios necesarios para que las viviendas puedan ser calificadas como VPO. De esta manera se garantizan públicamente parte de los beneficios de los promotores y, además, el Gobierno puede hinchar sus cifras de construcción de vivienda protegida con fines electorales.

La batalla por el suelo

Desde principios de 2008, aparece un nuevo caballo de batalla del G-14 que parece que va a ser protagonista durante los primeros meses de 2008: el mercado de suelo. La devaluación de los activos inmobiliarios y el endurecimiento de las condiciones de crédito no sólo han provocado un parón en la concesión de nuevos créditos a las promotoras, sino que han provocado una incapacidad creciente de las promotoras para hacer frente a las enormes deudas contraídas durante el boom. El resultado ha sido que varias grandes inmobiliarias del G-14, como Nozar o Martinsa- Fadesa, intentan renegociar su deuda en un momento en el que la crisis financiera internacional se va haciendo cada vez más severa y los bancos y, especialmente, los grandes fondos de inversión internacionales están cada vez más necesitados de liquidez y han comenzado a exigir la liquidación inmediata de parte de la deuda contraída con las promotoras. Éstas han respondido a las demandas de los bancos intentando vender grandes paquetes de suelo con expectativas de urbanización en un mercado de suelo que ha reducido drásticamente su actividad. Desde el punto de vista de los promotores, uno de los obstáculos legales para cerrar sus operaciones de venta de suelo rústico con expectativa de urbanización, es la nueva valoración del suelo que establece la Ley del Suelo, y están presionando para restaurar la antigua valoración por expectativas (que no ponía límite a los precios del suelo rústico).

Resulta paradójico que esta bestia negra de las promotoras que es el régimen de valoraciones que establece la Ley de Suelo está evitando la ejecución de una cadena de ventas de suelo con precios a la baja que, de seguir igual el resto de factores, acabaría por deprimir definitivamente el precio del suelo en el medio plazo y alargando la reactivación del boom inmobiliario. Como todo apunta a que garantizar una pronta reedición de la burbuja inmobiliaria será el objetivo central de la política económica del nuevo gobierno, es de esperar que el rescate de las promotoras se produzca por otros medios

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Ex senador del PP se quedó con los bienes de CPV sin pagar
20 Minutos - 27 de marzo de 2008
 
 
-Se hizo con parte de sus propiedades inmobiliarias, valoradas en varios millones, a través de una empresa de inversiones.

- Los familiares del Rey tendrán que devolver las comisiones por la venta de Villa Giralda, la casa del padre de Don Juan Carlos.

- Cobraron 1,5 millones de euros como intermediarios de la venta.


Un ex senador del PP, Javier Sánchez Lázaro, se quedó sin dar un euro con todos los bienes rentables de Comercializadora Penínsular de Viviendas (CPV), la promotora implicada en una estafa a gran escala que compró al Rey la casa de su padre en Madrid, Villa Giralda.

Como publicó anteayer martes 20 minutos, dos familiares de Don Juan Carlos cobraron 1,5 millones por vender en 2,7 millones este inmueble. La sindicatura de la quiebra de CPV y varios damnificados acusan a Sánchez Lázaro de idear su vaciamiento patrimonial y piden para él seis años de cárcel.

Sánchez Lázaro tiene dos hermanos, Juan Carlos y Fernando, que alcanzaron notoriedad con el escándalo del tamayazo, que privó al PSOE del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Poseían la copistería que tuvo en nómina al entonces secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, "para que pudiera cotizar". Los socialistas vincularon a los tres hermanos con supuestos manejos urbanísticos de empresarios afines al PP. Ya entonces los hermanos airearon supuestas desavenencias para mostrar que no actuaban concertadamente en sus negocios. La operación que dejó a CPV sin patrimonio se materializó con una permuta el 27 de agosto de 2002, dos meses antes de que el Juzgado n.º 8 de Madrid acordara la prisión provisional de sus administradores tras la denuncia de varios afectados que entregaron diversas cantidades por pisos que nunca se construyeron.

Conservó Villa Giralda

Lo único que conservó en su poder CPV fue Villa Giralda y 21 apartamentos en Cala Finestrat (Benidorm), probablemente porque estaban gravados con hipotecas a favor de Ibercaja y el Banco de Santander. El supuesto intercambio fue tan desfavorable para CPV que, de hecho, la empresa no recibió nada a cambio.

Así, CPV se obligaba a entregar a Jabbar Inversiones, la empresa de Javier Sánchez Lázaro, unas fincas en Fuente el Saz (Madrid) adquiridas por 7,5 millones, 35 apartamentos en Benidorm (1,7 millones), 7 dúplex en El Espinar (Segovia), un solar urbanizable para 20 chalés también en El Espinar, 25 parcelas para viviendas en Agés (Toledo), una casa en Toledo y un apartamento en Peñíscola (Castellón). Todo lo anterior se valoraba en 8,8 millones, aunque el valor real superaba los 20 millones.

A cambio, Jabbar debía aportar 32 hectáreas de suelo rústico en Chinchón (Madrid), pendientes de una recalificación que nunca se produjo, y 4,4 millones en efectivo, que conformarían el patrimonio de una nueva sociedad, Sorbe 2000, SL, de la que Jabbar tendría el 65% y el 35% y que quedaría en manos de quien CPV designase, pero no de la promotora, ya que se establecía que no podía ser accionista. Además, sus títulos quedaban pignorados en prenda de ciertas garantías, por lo que CPV jamás dispuso de ellos.

Entre tanto, Jabbar, es decir, Javier Sánchez Lázaro, se dispuso a enajenar rápidamente los bienes de CPV obtenidos de la permuta. Así, cambiaron de manos los apartamentos de Benidorm y de El Espinar, las parcelas de Toledo y el apartamento de Peñíscola. Además de la pena de cárcel, la acusación en el proceso que se sigue contra el ex senador y los dueños de CPV pide que reintegren a la masa de la quiebra los bienes permutados o, si éstos fueran irreivindicables, 20 millones.

Venta a la Infanta Elena

Alejandro Latorre Atance, comisario de la quiebra de CPV, vendió a finales de 2007 a la infanta Elena la empresa Global Cinoscéfalos, S.L., una sociedad de consultoría e inversión con un capital de 3.600 euros en lo que fue el bautismo empresarial de la primogénita del Rey.

Latorre forma parte de un reducido grupo de abogados a los que los jueces encargan la administración judicial de la mayoría de las suspensiones de pagos. A finales de febrero de este año, sin más explicaciones, la Casa Real anunció que la infanta había decidido disolver la empresa.

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Una anciana de 84 años, desahuciada por su nieta
ABC - 10 de abril de 2008
 
 
«No sé cómo va acabar todo esto», decía ayer por la mañana a los periodistas, sentada en el sofá de su casa, en el número 29 de la calle Llobet de Sabadell (Barcelona), María Francés, una mujer viuda de 84 años. Minutos después de expresar su desconcierto, una comitiva judicial, acompañada de dos agentes de los Mossos d´Esquadra, comparecía en su vivienda para ejecutar una orden de desahucio dictada por un juez a petición de una de las nietas de María, Bárbara, que es copropietaria del piso junto a su hermano Jordi y que lo reclama para vivir en él. El pasado miércoles, la comitiva ya intentó desalojar la casa, pero al ver el mal estado de salud de María, aquejada de vértigo, aplazó el desahucio hasta ayer. A las 13.30, María abandonó en una preventiva ambulancia (entró en ella por su propio pie), el que ha sido su hogar durante los últimos 61 años. Rumbo al hospital para que la sometieran a un visita médica. Por la noche, ya no durmió en su casa. Cuando la ambulancia abandonó el lugar, los cerrajeros que actuaban por orden judicial cambiaron la cerradura de la vivienda, como es habitual. Pese a que los inquilinos no se habían llevado ni los muebles ni sus cosas.

En su drama, María estuvo acompañada de uno de sus hijos, Josep Bachs, de 59 años, que siempre ha vivido junto a su madre. Primero, con sus hijos y su esposa, y luego tras separarse. De hecho, la orden de desahucio, que dictó un juez de Primera Instancia de Sabadell y ratificó la Audiencia Provincial, iba contra Josep, ya que es el inquilino oficial de la casa, quien ha pagado siempre el alquiler, una renta antigua de 12 euros.

El caso de María y su hijo Josep ha hecho aflorar delante de los medios de comunicación, a los que citó Josep, una descorazonadora historia familiar. El asunto es un pozo: cuanto más se ahonda en él, más oscuro resulta. Lo único claro es que todo es a propósito de tres casas contiguas: los números 25, 27 y 29 de la calle Llobet de Sabadell. Las tres viviendas eran propiedad del padre de María, pero antes de morir, cuando su hermano y esposo de María ya había fallecido, cedió la propiedad a uno de sus dos nietos, Joan, hermano de Josep. «Joan obligó a mi abuelo a testar», acusa Josep.

Sea como fuere, desde que Joan fue propietario de las tres casas -en una de las cuales, la sita en el número 27, vive aún a día de hoy-, comenzó a presentar demandas para que su madre y su hermano, inquilinos del número 29, fueran desahuciados. En los últimos años, Joan cedió la propiedad del número 29 a sus dos hijos, Jordi y Bárbara, y ésta última es la que hace dos años tomó el relevo de su padre y acudió a los juzgados para desalojar a su abuela y su tío Josep de su casa.

Bárbara, que es mosso d´Esquadra y tiene 28 años, alegó ante el juez que el contrato de alquiler debía resolverse «por necesidad», porque se iba a vivir allí después de años de estar acogida en casa de su abuela materna. Y los jueces le han dado la razón.

Contradicciones Mientras esperaba ayer a que vinieran a desalojar a su madre -él ya acató el desahucio la semana pasada y vive en casa de un amigo-, Josep contaba otra versión, amenazaba con recurrir al Constitucional y advertía : «Si la sacan de su casa, mi madre se morirá». Sostiene Josep que su sobrina no irá a vivir al número 29, y que el desahucio obedece a la voluntad de Bárbara y de su padre de vender las tres casas contiguas a una inmobiliaria para hacer pisos. Josep va más lejos y acusa a su abogado de conjurarse con el abogado de Bárbara para «engañar al juez» que ha avalado el desahucio.

Por contra, fuentes del bufete de abogados que defiende a Bárbara negaron a ABC esta tesis. «Bárbara irá a vivir allí». Es más, señalaron que, según la ley, está obligada a vivir en la casa los próximos tres años, ya que, si no, se podría revocar el desahucio. Las mismas fuentes acusaron a su tío Josep de «utilizar» a su madre para evitar el desalojo. «Cuando Bárbara pidió al juez el desahucio, a nombre de su tío, hace dos años, María no vivía con él, sino en Matadepera», señalaron.

Y Josep contraataca. Admite que su madre vivió durante un tiempo en Matadepera, en un segunda residencia que él pagaba y que ya no tienen, pero por problemas de salud. Porque era alérgica a las 700 palomas que su hijo Joan tenía en su terraza, unas palomas de las que tuvo que desprenderse por orden judical después de que una vecina lo denunciara por sufrir secuelas graves de salud. «Es que mi hermano tiene problema mentales», añade Josep, quien no tiene reparos en insinuar que su hija Bárbara ha heredado sus problemas.

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El ICO, el dinero de todos y la pasta de algunos
ElConfidencial.com - 08 de abril de 2008
 
 
No será porque no lo anunciamos. Y lo denunciamos. En días previos a la jornada electoral del 9-M, este diario informó en repetidas ocasiones de los planes del Ejecutivo para salir en auxilio de los pobres ricos hombres del ladrillo, agrupados en un lobby al que han dado en llamar el G-14, poniendo a su disposición una línea de crédito a través del ICO de miles de millones de euros. Da toda la impresión de que la afrenta que suponía ayudar con dinero público a unos señores que han amasado en estos años grandes fortunas a costa de la hipoteca de millones de curritos, hizo recapacitar a algunos en la antesala del Poder. El Ejecutivo, sin embargo, ha terminado por enseñar la patita una vez superada la barrera electoral, reconduciendo el desatino a la vivienda de protección oficial. Algo es algo.

La cosa se anunció el pasado 2 de abril y en la turbamulta de diario acontecer ha pasado casi desapercibida, a pesar de ser una de esas decisiones adoptadas desde el Poder que definen al Gobierno que gobierna y al país gobernado. En efecto, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha una línea de avales, con una dotación de 3.000 millones de euros, para la titulización de préstamos de vivienda de protección oficial (VPO), "cuyo objetivo es apoyar la financiación de vivienda protegida, una de las principales prioridades del Gobierno".

En otras palabras, y aunque suene fuerte: el Ejecutivo sale a regalar nuestro dinero a entidades financieras, promotores y constructores. En síntesis, el enjuague es el siguiente: bancos y cajas de ahorro deben “empaquetar” préstamos hipotecarios constituidos, en un 80%, por hipotecas concedidas a particulares para la compra de una vivienda protegida, y el 20% restante, por préstamos hipotecarios a particulares para la financiación de vivienda libre.

Como el ICO, es decir, el Reino de España y su rating crediticio, que es máximo, avala ese “paquete”, será fácil venderlo, con lo que las entidades financieras obtendrán liquidez fresquita que estarán obligados a dedicar a financiar nueva VPO con préstamos a particulares, promotores y constructores. De modo que bancos y cajas podrán convertir préstamos en liquidez, justamente lo que han venido haciendo en los últimos años y que ha contribuido a crear la dramática situación actual. Y justamente lo que desde hace meses no pueden hacer por culpa del cerrojazo de los mercados de titulización.

De modo que el ICO, que somos todos, va a regalar a las entidades financieras un buen pellizco. ¿Cuánto dinero? Si pasamos por alto el dato de que actualmente no podrían revender esos préstamos hipotecarios, les regalará -les regalaremos- justamente la diferencia entre el rating crediticio del Reino de España, el máximo como se ha dicho, y el de esos préstamos hipotecarios. ¿Y cuál sería el rating de esos préstamos? Pues volvamos al principio, recordando que el 80% de los mismos estará constituido por préstamos dedicados a VPO (se supone, por tanto, que concedidos a personas sin especial solvencia ni patrimonio), y el 20% restante por préstamos a vivienda libre (imposibles de revender en los últimos meses).

Pero la cosa no queda ahí. Además de ese dinero que llega como caído del cielo de las promesas electorales del Gobierno, que de eso va la cosa, de cumplir promesas electorales con el dinero de todos, les estaremos ahorrando el oneroso esfuerzo de tener que llamar a las puertas del interbancario para obtener ese dinero, que, como bien sabe cualquier hipotecado, está carísimo por culpa del Euribor. ¿Y el dinero que obtengan por revender los paquetes de hipotecas? El ICO obliga a que se dedique nuevos préstamos a particulares, promotores y constructores. Justo lo que ni promotores ni constructores actualmente logran: financiación.

Los ciudadanos hemos dedicado nuestros esfuerzos como contribuyentes a dotar a España del máximo rating crediticio existente en el mercado. Y lo que nos sobraba, lo hemos dedicado a pagar un dineral por viviendas que engordaban las cuentas de resultados de promotores y constructores, adecuadamente financiados por bancos y cajas. Ahora, entidades financieras, promotores y constructores se encuentran en apuros, de modo que el Gobierno de España ha decidido volver a regalarles el producto de nuestro esfuerzo.

Al margen de que la cuantía comprometida, los 3.000 de marras, se asemeja a una gota de agua en el mar de las tribulaciones inmobiliarias que nos aquejan, ¿Por qué no avala el ICO al tendero de la esquina? ¿Y por qué no a la librera de mi barrio, que está la pobre asfixiada por la competencia de la sección de libros de El Corte Inglés? Pero, ¿está el ICO para eso, para sacar las castañas del fuego a gente que se ha forrado en estos años de vacas gordas? ¿No le dará vergüenza al Gobierno de la Nación hacer algo así? ¿Para quién gobierna el Gobierno de la Nación?

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Y, por fin, llegó el lobo
El Periódico de Catalunya - 09 de abril de 2008
 
 
Un bien vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por él. Si no existen compradores, el valor es solo una suposición contable. Si lo que se posee está condicionado por un crédito, hay que tener capacidad para pagarlo para considerarse propietario. Si no se paga, se pierde.

Las noticias sobre vivienda han tenido la secuencia del cuento del lobo. Organismos económicos solventes habían anunciado la existencia de una burbuja que inflamaba unos precios que no se podrían sostener. Toda España participó en este inmenso juego de la pirámide del que solo se han salvado quienes se desprendieron de sus inmuebles cuando los precios eran altos. El resto son millones de españoles propietarios de un piso que en muchos casos vale menos de lo que están pagando por él.

La responsabilidad de ignorar estos avisos abarca a los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero, porque no actuaron con determinación frente a este peligro anunciado. Francisco Álvarez-Cascos utilizaba el crecimiento del precio de la vivienda para escenificar la fortaleza de la economía española: era el tiempo de "España va bien" y nadie advirtió del peligro de pagar las casas al precio de aquel mercado creciente con hipotecas de tipos de interés muy bajos pero que habría que atender durante décadas.

Zapatero ha sacado pecho durante toda la legislatura por el aumento del empleo --en gran medida ligado al mercado inmobiliario-- y por la fortaleza de una economía que superaba a la italiana. Ni una señal de alerta para moderar el consumo y fomentar el ahorro, lejos de la dependencia excesiva de unas hipotecas cuyo aumento era solo un índice de bienestar.

El paro en la construcción tiene visos de tragedia. La falta de liquidez en el mercado financiero puede provocar un colapso en la financiación empresarial. El presidente debe avanzar en el discurso de investidura un paquete de medidas que proporcionen defensas a los perjudicados y las líneas maestras de un cambio en el modelo económico que nos aleje de la dependencia del ladrillo y del turismo. Ya no se puede aparentar que no hay peligro. El lobo ha llegado.

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El ladrillo del miedo
El País - 28 de marzo de 2008
 
 
El ajuste inmobiliario destruirá más empleo, pero no debe combatirse con ayudas fiscales

Los últimos indicadores de vivienda y construcción dibujan un empeoramiento muy intenso del mercado inmobiliario que empieza a asustar a los inversores y a los propietarios de viviendas. La compraventa de pisos cayó nada menos que el 27% en enero de este año respecto a enero de 2007, según las estadísticas difundidas por el INE; el número de hipotecas sigue bajando y también el volumen medio de los créditos, y, por si fuera poco, los promotores inmobiliarios prevén una caída del precio de la vivienda del 8% durante este año.

La primera consecuencia de esta caída inmobiliaria será un aumento del desempleo, que probablemente será más grave a partir del segundo semestre del año, cuando se confirme el parón en la construcción. También quebrarán o harán suspensión de pagos buen número de empresas inmobiliarias; los casos más recientes son los de Cosmani o Prasi. Y, si se confirma la caída del precio de la vivienda, se producirá una pérdida del valor patrimonial de los inmuebles, muchos de ellos pagados con créditos no amortizados, cuyos intereses no dejan de subir.

Asistimos al final de la burbuja inmobiliaria creada durante los gobiernos del PP y que empezó a desinflarse a principios de 2006, cuando el BCE reanudó la subida de tipos. Está por ver si esta depresión inmobiliaria afectará al sistema financiero; es más que probable que las instituciones bancarias hayan provisionado sobradamente los créditos que tienen con particulares y empresas. En cualquier caso, lo que de ningún modo debe hacer el Gobierno es atender las histéricas peticiones para aumentar las deducciones fiscales en vivienda. Sería un error, porque la subvención fiscal ha contribuido poderosamente a hinchar la burbuja cuyo final empezamos ahora a padecer. Las empresas promotoras e inmobiliarias han vivido un largo y próspero auge en el que se han beneficiado de una espectacular sobrevaloración de los activos y del dinero barato. Las reglas del mercado exigen que ahora se paguen los errores de gestión. Los contribuyentes no tienen la culpa de que en los periodos de vacas gordas algunas empresas no se preocuparan de aumentar sus reservas.

El mercado de la vivienda debe depurar el exceso de oferta, asimilar el parón que se viene encima y prepararse para una recuperación lenta a partir de mediados de 2009 en el mejor de los casos. Debe evitarse, eso sí, que el frenazo inmobiliario y la inevitable destrucción de empleo tenga efectos irreparables sobre el crecimiento y el bienestar. En repetidas ocasiones se ha reclamado un aumento de la inversión en obra pública, para reabsorber parte del empleo perdido. Sería aconsejable abordar también otras políticas de estímulo del empleo y deflactar la tarifa del IRPF para que el estímulo económico implícito en la reducción del impuesto no desaparezca con la inflación. Y el nuevo Gobierno debería explicar con claridad hasta dónde llega la desaceleración y cómo piensa aliviarla.

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Ay, Marina d’Or
El País - 21 de abril de 2008
 
 
Qué me pasa? ¿Qué nos sucede? Uso el plural plebeyo porque he consultado con más gente, y la mayoría siente lo mismo que yo. Algo que bien podríamos denominar el SMCT (Síndrome de los Músicos en la Cubierta del Titanic). Una especie de abyecta euforia –en el umbral, o ya con el pie dentro de la crisis económica– que nos impele a desenfundar el violín y a fundirnos en un majestuoso y vibrante (allegro, pero no debería resultar troppo allegro) coro de instrumentos de cuerda al que deberíamos bautizar como Orfeón de la Soga al Cuello.

Y es que me alegro in-fi-ni-ta-mente de que se hundan las inmobiliarias.

¿Debo justificarme? Hagamos para ello un poco de historia íntima e inútil. La relación más duradera de mi vida se llama Hipoteca y se apellida Inconmovible. En esto tengo más suerte que otros compatriotas. No empeora. Voy pagando y, al menos, no empeora. Como no tengo descendencia no me preocupa que, cuando la diñe, el Banco –con mayúsculas, por favor: gracias a él establecimos nuestra conexión– se quede con mi… ¿Cómo dijeron? La frase exacta fue: “Por fin tiene usted un Bien Patrimonial”. Pero llamadla Hipoteca. El espíritu que habita en mi apartamento, la señora Danvers de este juego doméstico-infernal a lo Rebeca en el que todos perseguimos la sombra del Euríbor.

Tengo, por tanto, razones personales para celebrar, aunque sea con la amarga mueca del resentimiento y con la carcajada estúpida del pirado, que la codicia promotora haya empezado a ver el fondo del saco roto. Cierto, se perderán muchas puestos de trabajo. Es lo mismo que ocurre cuando cierran centrales nucleares o fábricas de minas antipersona (me parece que lo último no ha ocurrido nunca, y lo otro, por fuerza mayor)… Más, si cabe, se perderán empleos. Una lamentable tragedia, mucho más sensible debido a que nadie se preocupará de reconvertir a esos trabajadores para que obtengan otros puestos, no ya equivalentes, sino mejores. Pese a ello, sigo contenta. Me sirve de consuelo, tal vez, que cuando las vacas gordas, al ver que una máquina de demoler la emprendía con un edificio precioso pero poco rentable, o cuando un parque desaparecía para dar cabida a un rascacielos, o cuando, en una hermosa isla balear, una playa era engullida por una urbanización, no pensaba entonces en las muchas familias que iban a encontrar su pan, no exclamaba: “¡Oh, qué feliz idea! ¡Cuántos empleos van a crearse gracias a esta iniciativa inmobiliaria!”. Ni siquiera me dolía por anticipado la de obreros que iban a estrellarse desde un andamio, en los muchos accidentes laborales que accidentalmente ocurrían. Nada que se relacione con el mercado del suelo me conmueve, quizá porque en los sesenta –tiempos de expansión también: y de chabolas ocultas– pasé un par de años como secretaria en una empresa constructora, y los endurecidos endurecieron mi corazón tanto como merecían. Es un gremio que carece de piedad, cualquiera que sea la época, antes de los parques temáticos o después de J. G. Ballard. Por eso se llevan tan bien con los arquitectos, dicho sea de paso y con el respeto de siempre.

Por ejemplo, los promotores inmobiliarios insisten en que la solución para amortizar el frenazo consiste en que las administraciones públicas reactiven el sector (qué interés tan malsano tienen los privados en la obra pública) para que los trabajadores sigan comprando viviendas, es decir, empeñándose con los bancos. En un sistema menos benevolente, semejantes declaraciones deberían estar prohibidas por el Código Penal. Pero nadie le reprocha al fundamentalismo constructor su culpable avaricia.

Así las cosas, no me parece extraño, ni siquiera malsano, que al oír la frase mágica –“¡Marina d’Or!”– que tanto nos acompañó en veladas y maitines radiofónicos, un rictus espectacular, de soberbio gozo orgásmico total (tres adjetivos por sustantivo, y me quedo corta), nos invada y nos anime, porque ya no la encontramos en la publicidad, sino en las noticias. Marina hace aguas, vaya por Dios. Sin campos de golf y yo con estos pelos.

Tocando el violín.

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Economía y laboral
 
ALARGAR LA HIPOTECA PUEDE CUADRIPLICAR EL PRECIO DE LA CASA
Invertia.com - 21 de abril de 2008
 
 
con los tipos actuales

El Gobierno de Zapatero aprobó el pasado viernes un paquete de medidas para reactivar la economía que incluye la gratuidad a partir de ahora del aplazamiento de las hipotecas aquellos ciudadanos que tengan dificultades para afrontar los pagos. Sin embargo, las organizaciones de consumidores alertan de que los intereses pueden desbocarse si se recurre a esta opción. De hecho, según los cálculos de Invertia, las hipotecas medias en nuestro país -que ascienden a 147.000 euros, según los últimos datos del INE- cuestan casi el triple del capital solicitado si se contratan a 50 años y pueden llegar a cuadruplicar el importe inicial si el Euribor (el índice hipotecario al que están condicionados la mayoría de las hipotecas de nuestro país) sigue repuntando en los próximos meses. El propiovicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, manifestó el año pasado su preocupación por la proliferación de estos préstamos en detrimento de los clásicos plazos de entre 20 y 25 años, al considerar que suponen un gran riesgo para los ciudadanos. Consulta el Especial de cómo ahorrar amortizando bien la hipoteca.

Así, una hipoteca media de 147.000 euros contratada a 50 años cuesta al titular en hipotecas en estos momentos, aplicándole un tipo de interés medio del 5% (obtenido tras sumar al Euribor de marzo, que cerró al 4,6%, un diferencial medio del 0, 4%, por debajo del habitual, entre el 0,75 y el 1%) un total de 253.550 euros, el 170% del capital solicitado. En cambio, si el préstamo contara con un plazo de amortización de 20 años, más acorde con los cánones actuales, el montante de intereses sería de 85.832,8 euros, apenas un 58% del capital inicial.

El salto más espectacular se produce si aplicamos una subida del interés medio abonado al 6% si se producen nuevos repuntes en los próximos meses como resultado de la crisis crediticia. En ese momento, el titular se vería obligado a abonar unos intereses de 317.289 euros, que junto al capital inicial representaría el pago de 464.289 euros, casi el cuádruple del importe solicitado. En cambio, si el préstamo tuviera un periodo de amortización de 20 años la factura final ascendería a apenas un tercio de esa cifra, a 105.756 euros, que junto al capital inicial elevaría el desembolso final a 252.756 euros, la mitad respecto al contratado a un plazo de 50 años.

Este espectacular encarecimiento del coste final de la hipoteca es lo que llevó a Pedro Solbes a reclamar en verano de 2007 a la banca prudencia y evitar periodos de devolución de las hipotecas de entre 20 y 25 años. A ello, la AEB replicó que este tipo de productos facilitan el acceso a la vivienda, tras el boom de los últimos años y que son consecuencia de la falta de "medios alternativos" para muchos consumidores, como alquileres a precios aceptables.

Reducción de las cuotas

La diferencia entre el importe de las cuotas abonadas es menos espectacular ya que a medida que se aumentan los plazos, especialmente cuando se incrementan los tipos, el margen se reduce. Así, en esta misma hipoteca media por importe de 147.000 euros a 20 años, la cuota mensual abonada aplicando un tipo medio del 5% es de 970 euros mientras que si se eleva el periodo a 50 años se reduce a los 667 euros, un 31%.

En cambio, se suben los tipos medios hasta el 6%, las cuotas abonadas en un crédito a 20 años se sitúan en los 1.053 euros y descienden hasta los 773,8 euros si se eleva el plazo de amortización hasta lo 50 años, es decir el 27%. En conclusión, que a cambio de pagar un 31% menos de cuota se ha de pagar 167.718 euros más en la vida del crédito mientras que en el caso de que suban los tipos al 6% al contratar la hipoteca a 50 años se reduciría la cuota un 27% a cambio de pagar 211.533 euros más en todo el préstamo.

En este sentido, los expertos bancarios recuerdan que aunque la reducción de la cuota aparentemente resulte pequeña en proporción al aumento final de los intereses, este alargamiento permite a muchas personas con niveles de ingresos medios y medio bajos poder acceder a una vivienda, que de otra forma sería imposible. Además, estos técnicos hacen hincapié en que muy pocos titulares de hipotecas agotan el plazo completo debido a que la gran mayoría realiza amortizaciones periódicas.

Actualmente, según la Asociación Hipotecaria, el plazo medio real de amortización de los préstamos hipotecarios en nuestro país se sitúa en torno a los 8 años, a pesar de que la media del plazo solicitado por los compradores de vivienda en el momento de la contratación es, según los datos del INE, de 26 años.

Otro aspecto importante destacado por los expertos hipotecarios a la hora de valorar los altos intereses abonados en las hipotecas en periodos largos es la pérdida de valor adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo debido a la inflación. Es decir, que aunque se paguen muchos más intereses, el dinero que se devuelve al banco después de 50 años es mucho menor en valor que cuando se solicitó debido a la merma año tras año provocada por el coste de la vida.

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BANCOS PODRÍAN OBLIGAR A FAMILIAS A HIPOTECAR OTROS BIENES
El Mundo - 07 de abril de 2008
 
 
La OCU lo considera un 'atropello'. La medida cubriría la relación entre el valor real y la cantidad hipotecada. El FMI augura que el descenso de precios será de entre el 15% y el 20%

La delicada situación que atraviesa el mercado inmobiliario hace que algunos de los ciudadanos que compraron su vivienda en la parte más alta del ciclo, en la primera mitad del pasado año, se encuentren ahora con que su vivienda vale menos de lo que pagaron por ella. Y puede ser peor. El FMI auguró el pasado jueves que el precio de los pisos puede caer en España hasta un 20%.

En ese caso, y si la vivienda está hipotecada, el consumidor se puede enfrentar a la tesitura de estar pagando un crédito mucho más caro de lo que en realidad vale su piso. La tentación de dejar de abonar las letras es evidente y, ante esa situación, el Gobierno ha buscado garantías para el sector financiero.

Así, en el decreto que desarrolla la nueva ley del mercado hipotecario, se permite a las entidades financieras exigir al ciudadano que hipoteque otros bienes si el precio de la vivienda se reduce. La ley hipotecaria se hizo para abaratar los cambios de estos préstamos, pero su desarrollo esconde esta medida. El decreto está sometido a consulta pública y su redacción no difiere en buena medida de la legislación hoy vigente. Sin embargo, entre los consumidores sorprende que el Gobierno "se ponga del lado de la banca" con una disposición que es un "atropello".

La redacción del decreto, aunque farrogosa en algunos puntos, es bastante comprensible: "Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza".

Los precios aún no han caído

Es cierto que el precio de la vivienda, por el momento, no está cayendo de media en España -aunque el FMI augura que el descenso será de entre el 15% y el 20%- pero sí se aprecian ya descensos en ciertas zonas del país, en las que el boom urbanístico ha sido más intenso. Es el caso de muchas zonas de la costa levantina, del litoral andaluz o del extrarradio de las grandes ciudades, donde hace un año se pagaron precios que hoy son impensables.

A eso se une otro problema. Las tasaciones, que ahora se ajustan notablemente al valor real, han estado en España durante muchos años infladas. Era la época en que se creía que los pisos valían mucho más de lo que ahora se evidencia. Ese hecho sirvió para que el volumen de los préstamos fuese más alto sin necesidad de que los bancos tuviesen que provisionar cantidades adicionales.

La ley limita al 80% el valor de tasación

La ley limita al 80% del valor de tasación el importe del préstamo que se puede conceder con cargo a una vivienda. Si el valor de la tasación es mayor, el cliente recibe más dinero y el banco cobra más en intereses. La legislación también permite llegar al 95%, como límite máximo, en el caso de que existan 'garantías personales adicionales', es decir, un aval, o 'un seguro frente al impago'. Se introducen exigencias más fuertes porque los bancos deben provisionar más fondos si rebasan el límite del 80%.

Muchos ciudadanos se podrán ver reflejados en realidades como ésta. Una casa comprada hace año y medio por 180.000 euros, para la que recibió un préstamo de 190.000, gracias a una tasación de 200.000 euros. Ese ciudadano puede encontrarse con que el banco decida hacer otra tasación de ese piso -curiosamente las entidades financieras suelen tener sus propias tasadoras- y que ésta arroje un resultado de 160.000 euros.

La tentación de dejar de pagar

El hipotecado se enfrentaría a la devolución de un préstamo de 190.000 euros más intereses, por una casa que vale 160.000. Ante situaciones similares producidas años atrás en países del entorno español, como el Reino Unido, muchas familias optaron por dejar de pagar la hipoteca.

Con una tasación inicial de 200.000 euros y una segunda de 160.000, la diferencia sería ya del 20% fijado en el decreto. La cantidad quizá se vea como una posibilidad excesiva, pero la distancia es de poco más del 10% sobre el valor real del piso (180.000 euros) cuando se compró, lo cual, en determinados puntos del país, ya se está produciendo.

¿Consecuencia? En función de este decreto, el banco o la caja de turno pueden obligar al cliente a hipotecar otros bienes, ya que su casa ya no cubre el valor de lo que está pagando por ella. ¿Y qué bienes se pueden hipotecar? La respuesta es otra vivienda o recurrir al aval, ya que el valor de otros objetos de cuantía, como puede ser un coche, se deteriora de forma mucho más rápida y no sería aceptada por la entidad financiera.

El decreto lleva fecha de 11 de marzo, apenas dos días después de las elecciones. Está sometido a consulta pública hasta el próximo 25 de abril, tiempo suficiente para que el Ministerio de Economía reciba alegaciones y su responsable, Pedro Solbes, ya ratificado en el cargo, decida modificar este polémico punto.

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BCE CALIFICA DE ILUSOS A LOS QUE AÚN ESPERAN BAJADAS TIPOS
Invertia.com - 22 de abril de 2008
 
 
En Europa

El Banco Central Europeo modificará los tipos de interés "si es necesario" para reducir la tasa de inflación hasta niveles por debajo del 2% el próximo año, según indicó el gobernador del banco central francés Christian Noyer en una entrevista radiofónica.

"El gran problema es asegurar que la inflación vuelva por debajo del 2% el próximo año", dijo a RTL. Añadió que "haremos lo que haga falta para ello (...) si es necesario, moveremos los tipos de interés, de momento mantenemos los tipos de interés en un 4% porque nos parece el nivel apropiado", dijo.

Por otro lado, el gobernador del banco central de Luxemburgo y uno de los miembros más relevantes del BCE, Yves Mersch afirma estar "sorprendido" con la esperanza de que se produzca una reducción de los tipos de interés" en la zona euro por parte de algunos economistas ante la elevada inflación que padece la región.

"Me sorprende que algunos analistas del mercado hablen todavía de una opción que no se impone en el entorno actual, es decir una rebaja de tipos. Les emplazo a que observen los hechos como nosotros los observamos", declaró Mersch a Financial Times Deutschland.

Mersch rechazó además la acusación de que el Banco Central Europeo toma a la ligera los riesgos coyunturales. "Nos quieren imponer un pesimismo que no se confirma por los hechos".

En lo que se refiere a la inflación, según Mersch, la tasa "se mantendrá por encima del 3% seguramente hasta el otoño". El representante del BCE indicó además que la actual política monetaria de la institución no puede calificarse de "restrictiva".

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Hipoteca y créditos se llevan más del 40% de los ingresos
ElEconomista.es - 23 de marzo de 2008
 
 
Tres de cada cuatro españoles dedica en la actualidad más del 40% de sus ingresos a pagar la cuota mensual de préstamos y financiaciones, como la hipoteca y las tarjetas de crédito, según un estudio de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios. Este dato supone un aumento de 13 puntos porcentuales respecto a los hogares que se encontraban en esta situación hace cinco meses.

El cada vez mayor esfuerzo que tienen que realizar las familias para afrontar sus deudas también lo refleja el hecho de que ahora el 78% de los hogares afronta tres o más créditos, mientras que antes sólo la mitad (52%) de la población había suscrito esta cantidad.

A la luz de este dato, el 17% de los españoles tiene que hacer frente a dos créditos, mientras que sólo el 5% de la población afronta el pago de un único crédito en la actualidad. En este escenario, y en menos de medio año, ha aumentado significativamente la cantidad de familias que recurren a la reunificación de todas sus deudas en un solo pago. Concretamente, la cuarta parte de los españoles que ha suscrito un crédito es usuario actual o se considera clientela potencial de la reunificación de préstamos. De esta forma, los usuarios que prefieren pagar menos al mes por todas las deudas que han asumido a cambio de un aumento del plazo y del montante final de la deuda suponen el 57% de los españoles.

Mayor cultura financiera

El informe refleja además la cada vez mayor cultura financiera de los españoles, ya que dos de cada tres conoce la figura de los intermediarios financieros como entidades que se encargan de la reunificación de deudas y sirven de puente entre el cliente y la entidad prestamista.

Este estudio se ha realizado sobre una muestra de 1.000 entrevistas realizadas en el ámbito nacional el pasado mes de febrero a una población de entre 25 y 64 años con al menos una vivienda en propiedad y que se encuentre pagando una hipoteca, y compara los datos con los de la anterior encuesta, realizada en octubre de 2007.

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Regalo piso de 95 metros, reformado, gran oportunidad
Cotizalia.com - 11 de abril de 2008
 
“Nadie se atreve a perder 12 millones pero yo prefiero no pasarlo mal y que mis hijos no sufran”, esa ha sido la gota que ha colmado el vaso para que Blas Vicente , empresario de reformas de profesión, que ha decidido “regalar” su piso de 95 metros cuadrados en la Rambla de San Jordi en Barcelona.

Concretamente, lo que Blas ofrece a quien le pueda interesar es un simple traspaso de lo que le queda de hipoteca, después de haber pagado ya quince cuotas y una reforma de un piso valorado en 322.000 euros. En total, 265.000 euros a 34 años. “Esto lo hacemos por necesidad ya que sufrimos un revés económico y no podemos seguir pagando” dice el anuncio.

Que la crisis ha llegado a España es un hecho. Pero detrás de los bancos, de la quiebra de grandes inmobiliarias y del constante goteo de noticias sobre la refinanciación de la deuda o la negociación con los acreedores por parte de compañías como Martinsa-Fadesa o Colonial, se esconden numerosos dramas humanos de personajes anónimos que están viviendo ya el efecto real de la desaceleración de la economía.

"Es lo que hay"

Blas, casado y con tres hijos, tiene una pequeña empresa dedicada a las reformas. “Voy a tener que cerrar. Éramos diez y nos hemos quedado tres y estamos casi mirándonos las caras todo el día”, ha explicado a Cotizalia.com. Y es que el negocio de Blas, como muchos otros, depende de la venta de viviendas. Fontaneros, electricistas, fabricantes de muebles, empresas de reformas y un largo etcétera que se están viendo afectados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. “Si no se venden casas, no se contratan seguros del hogar, con los que trabajamos… y si no hay incidencias no tenemos trabajo”.

Pero la reducción de los ingresos no ha sido el único desencadenante para que Blas regale su piso. “Las cuotas nos han subido de 1.200 a 1.400 este mes después de la revisión” asegura, mientras que cuando finalmente se decidieron a comprar hace año y medio pensaban que tendrían que pagar 900 euros al mes. Y es que desde que eligieron el piso y dieron el “adelante” a la inmobiliaria hasta que firmaron la cuota creció 300 euros. “La inmobiliaria apalabró seis meses antes, no os preocupéis que pagáis 900 euros y a los seis meses, cuando fuimos a firmar al notario, nos dijeron que 1.200 euros”.

A esto hay que sumar que, para Blas, el piso no valía lo que pagaron “pero es lo que hay, todo está sobrevalorado”. Ahora ha decidido que por ese dinero al mes pueden alquilar un piso mucho más grande que el que se atrevieron a comprar en su día y quieren poder vivir más desahogados.

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Los promotores prevén una caída de precio sin precedentes
El País - 28 de marzo de 2008
 
La crisis destruirá 600.000 empleos de construcción en dos años

El miércoles fue el INE el que, con sus datos del desplome del 27% en la compraventa de pisos, dio la puntilla a los que seguían hablando de aterrizaje suave en vez de crisis inmobiliaria. Y ayer fueron los propios promotores los encargados de desmontar otro mito que circulaba alrededor del ladrillo: el precio de los pisos sí pueden bajar, y mucho.

Después de meses en los que se han hartado de repetir que los precios presentan resistencias a la baja -es decir, que la vivienda no puede perder valor-, reconocen lo que para muchos era ya una evidencia: la caída es posible, y ya está ocurriendo. Asprima, la patronal de los promotores madrileños, asume que 2008 cerrará con un descenso del 8%, y que los años siguientes continuará la tendencia, con una caída del 4% en 2009, y del 2% en 2010.

Ni las estadísticas de la Sociedad de Tasación ni las del Ministerio de Vivienda, que abarcan hasta los años ochenta, tienen constancia de un retroceso tan pronunciado. No hay datos que puedan comparar la situación actual con la de 1974 y 1975, años en los que España vivió otra crisis inmobiliaria importante.

Y aunque los empresarios le quitan hierro a la situación -"es complicada, pero no dramática"-, la cosa se pone más fea por momentos. Prueba de ello es que el estudio que presentaban ayer calculaba que este año se iniciarán unas 400.000 viviendas. Pero en el turno de preguntas, el presidente de Asprima, José Manuel Galindo, reconoció que la coyuntura había empeorado desde que se terminó el estudio, y que sería más realista rebajar la estimación a unas 300.000 construcciones en 2008.

Un dato para comprender por qué esta cifra supone una hecatombe para el sector: en España se iniciaron 760.000 viviendas en 2006. Es decir, un desplome superior al 60% en tan sólo dos años.

Los promotores calculan que por cada piso que se deja de construir se destruyen dos empleos. Así, la crisis de un sector que ha contribuido a en los últimos años decisivamente al crecimiento económico supone, según el estudio de Asprima, que unos 500.000 trabajadores se irán a la calle entre 2008 y 2009. Pero como las previsiones del documento ya han quedado obsoletas, los promotores inflan esta cifra hasta 600.000.

Es a este punto al que se aferran los empresarios para insistir en la necesidad de que las administraciones tomen medidas para impedir que el ladrillo arrastre al conjunto de la economía. Frente a los que critican que el Estado salga al rescate de un sector que se ha enriquecido como pocos en la última década, el presidente de Asprima tiene un discurso. "No pedimos medidas sectoriales, sino acciones beneficiosas para todos. Por ejemplo, los poderes públicos pueden facilitar la venta de nuestro stock, que ahora pueden rondar los 400.000 pisos, con medidas fiscales o financieras", aseguró Galindo. En su opinión, una vez que se deshagan de estos inmuebles, los empresarios podrán bajar los precios de los pisos que vendan a continuación, pero no los de las casas que ahora no encuentran comprador. No explicó quiénes serán las personas dispuestas a adquirir una vivienda sabiendo que los precios futuros van a bajar significativamente.

Además del mensaje de los promotores, dos noticias más inciden en la evidencia de que el ladrillo vive sus días más tristes. El Euríbor, el tipo de referencia para la mayoría de las hipotecas, continúa creciendo y ayer cerró en el 4,731%, rozando el máximo de este año.

Y un informe avisa de que casi 700 franquicias inmobiliarias cerraron en 2008 por la crisis. Entre los más afectados, cadenas tan conocidas como Tecnocasa, Don Piso y Expofinques.

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Que no te tomen el pelo con las gangas inmobiliarias
Invertia.com - 11 de abril de 2008
 
La mayoría de las inmobiliarias españolas han cambiado su estrategia y afinado el ingenio ante la evidencia de la crisis inmobiliaria. Si antes negaban la gravedad de la crisis ahora se han sacado de la chistera rebajas espectaculares tanto en los pisos como en la financiación que buscan cautivar al apático y temeroso comprador. Lo estamos viendo estos días en la feria inmobiliaria de Madrid (Sima), donde si uno se toma en serio las informaciones que todos los medios estamos ofreciendo da la impresión de que las principales promotoras están de saldo, regalando garajes y trasteros al tiempo que ponen en práctica innovaciones hasta ahora desconocidas como alquileres con derecho a compra, descuentos por hijos e hipotecas con diferenciales negativos de hasta el 2% sobre el Euribor el primer año.

Pero cuidado, no vuelva a caer en el cepo que le ponen ante sus ojos los avispados comerciales del sector inmobiliario. No es oro lo que reluce y aún con todos los ganchos que está poniendo estos días las promotoras, las viviendas siguen estando muy por encima de su valor objetivo. No lo digo yo sino que lo dicen los propios promotores, que auguran una caída del 8% este año y los vaticinios más realistas del FMI y de las consultoras inmobiliarias. En verdad, las facilidades financieras que están dando ahora muchas inmobiliarias son interesantes y muy favorables pero no así la mayoría de las ofertas y descuentos en el precio de las viviendas teniendo en cuenta la fuerte caída de la demanda que vive el sector.

Valga el ejemplo de un caso vivido en carne propia en a una de las promociones estrella de Metrovacesa a esta feria, la ubicada en la madrileña Plaza del Liceo, junto a la calle Ulises, en el barrio de Hortaleza. A pesar de restar los numerosos descuentos por hijo, por hipoteca, etc, una vivienda de cuatro dormitorios sale casi 900.000 euros. ¿Y esto es barato?

También en nuestros días los vendedores particulares recurren a la picaresca ante la dificultad para enajenar sus viviendas y presentan anuncios con sustanciosas rebajas cuando en realidad son rebajas sobre precios previamente hinchados, algo así como lo que hacen algunas cadenas de alimentación.

Muchos expertos están convencidos de que a nada que se agudice la crisis financieras y se deteriore la economía española empezarán a salir al mercado, como ocurrió a mediado de los noventa, multitud de pisos de particulares que adquirieron uno de estos activos como inversores o simplemente ya no pueden hacer frente a la hipoteca y tienen que recurrir de nuevo al alquiler o a viviendas más austeras.

Y no solo los particulares, sino que hay cada vez más inmobiliarias que están teniendo problemas económicos y cuentan con importantes carteras de inmuebles que tendrán que ejecutar y convertir en dinero lo antes posible. Todo apunta a que en uno o dos años vista el mercado ofrecerá al comprador un amplio abanico de productos bastante más económicos que los actuales y que los vendedores tendrán que recurrir a fuertes descuentos para desprenderse del bien.

No se engañe, muchas de las ofertas de estos días en Sima son señuelos revestidos de un gran envoltorio de marketing a modo de cebo para que el comprador pique. Si a pesar de ello, necesita adquirir una vivienda de forma inmediata, no olvide los principios más básicos del ex directivo Manuel Luque, busque, compare y si encuentra algo mejor no se corte y pida un descuento suculento.

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Los pobres nunca se beneficiaron del PIB
Publico - 11 de abril de 2008
 
 
UGT denuncia que la precariedad creció un 2,5% entre 2004 y 2006, mientras la economía lo hacía en un 9,5%

España se encuentra enredada en la peor de las paradojas: el crecimiento económico que se registró en el periodo 2004-2006 vino acompañado de un incremento de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Así lo corroboran datos hechos públicos por la UGT: en ese trienio, la economía española creció un 9,5 % pero esa cifra no sirvió para reducir la proporción de desfavorecidos, que creció un 2,5%.

La sección catalana de este sindicato dio a conocer estas cifras y exigió al ejecutivo catalán que aumente las prestaciones sociales, pese a la evidencia de la desaceleración económica. El objetivo: evitar que aumente de manera importante la pobreza en Catalunya, comunidad donde las cifras son particularmente preocupantes: en el mismo trienio 2004-2006, con un incremento del PIB del 9,5%, la pobreza creció un 12,4%.

UGT ha utilizado los datos oficiales sobre pobreza publicados por el Idescat, que confirma que en Catalunya viven más de 1.300.000 personas con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone que uno de cada cinco catalanes cuenta con menos de 8.276 euros al año.

Mileuristas en peligro

La secretaria de política institucional del sindicato, Eva Granados, alertó de que esta situación aún puede empeorar afectando a los jóvenes. "Si no se mejora la redistribución de la riqueza, los mileuristas de hoy serán los pobres del futuro. No podemos basar nuestro modelo de crecimiento en los bajos salarios", manifestó.

"La incapacidad que hasta ahora está demostrando el gobierno catalán para hacer frente a los problemas está provocando una mayor vulnerabilidad, ensanchando los límites de exclusión social", añadió.

Catalunya ha acusado particularmente la tendencia que se registra en el resto de España. En el periodo 2000-2006 la pobreza en esta comunidad aumentó hasta un 16,4%, pese a que el crecimiento de su PIB fue de un 28,2%.

Para combatir esta situación, el sindicato propone dotar económicamente y avanzar en la aplicación de la Ley de Dependencia del Gobierno y en la Ley de Servicios Sociales de la Generalitat y mejorar el salario de la Renta Mínima de Inserción.

Víctimas del Euribor

Raúl Pau es educador social y su trabajo junto a personas desfavorecidas le ha convencido, particularmente en los últimos años, de que el perfil clásico de pobreza se ha roto: en esta categoría ya no sólo se encuentran personas mayores, inmigrantes, parados o drogodependientes.

“A este sector se incorporan ahora muchas personas que se han metido en una hipoteca y a la que las subidas del Euribor le ha dejado una renta per cápita minúscula”, apunta. “Compraron un piso viendo una oportunidad pero ahora no pueden venderlo. A menudo tienen hijos y ahora están desbordados y prácticamente sin ayudas”, añade.

“Otra tendencia de los últimos años es la presencia de familias monoparentales: tras una separación la mujer tiene que afrontar la hipoteca o el alquiler además de hacerse cargo de los hijos, en situaciones en que no siempre colabora el padre”, dice.

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'En España no hay futuro. Nos vamos'
El Mundo - 21 de abril de 2008
 
 
Cientos de inmigrantes devuelven sus pisos hipotecados a las entidades bancarias al no poder hacer frente a la deuda. Es el primer paso antes de regresar a su país. Estas son las historias de algunos que deciden irse. Ahora llega el efecto estampida

Las cifras. De los dos millones y medio de parados, 407.000 son extranjeros - Un 5% de los 800.000 ecuatorianos de nuestro país está preparando sus maletas. La cifra crecerá paralela al paro - Las asociaciones indican que el número de personas interesadas en acogerse a programas de retorno voluntario se ha duplicado en el último año - Desde 2003, el Gobierno ha gestionado la vuelta de sólo 4.669 inmigrantes mediante este mecanismo. El presidente ha prometido incrementar estas ayudas con fórmulas como la capitalización del paro en un solo pago y la concesión de microcréditos l En los últimos dos años, 27.000 argentinos han abandonado España, coincidiendo con la mejora de la economía en su país - El Gobierno rumano ofrece medio millón de empleos con sueldos de 1.000 euros para fomentar el retorno.

Humberto Yañez se despertaba todos los días a las seis de la mañana en su casita de Santa Cruz. Se arrellanaba en su autocar Ford color vino y arrancaba la ruta escolar del colegio Santo Tomás de Aquino. Y en sus ratos libres, disfrutaba de una cervecita viendo los partidos del Real Santa Cruz. La verdad, no le apetecía mucho emigrar. "En España te dan 1.500 euros por pasear a un can", le decían. Su esposa sucumbió al cantar de sirenas. De un golpe le subieron la soledad y el azúcar. Y decidió seguirla. De eso hace tres años. Ahora no tiene casa ni trabajo, su señora lo abandonó por no traer plata y, para colmo, aquí le ha cogido cariño a un Barça en barrena. Vaya año, el del pobre Humberto.

Como otros miles de inmigrantes a los que se les torció la apuesta por El Dorado ibérico, este entrañable abuelo de 65 años, ojos chispeantes y aires de Alfredo Bryce Echenique sólo quiere deshacer el camino andado desde Bolivia. El fenómeno no ha hecho más que empezar. Al albur de una economía achacosa, donde el empleo empieza a escasear, cada vez son más los inmigrantes que hacen de nuevo las maletas. Del efecto llamada al efecto estampida.

Recién llegado, Humberto se dijo que todo sería fácil. Tres meses duró el espejismo de su primer trabajo. Desde entonces, año y medio de colas, llamadas infructuosas y topetazos contra el Vuelva usted mañana de Larra. Lo intentó en Murcia, Madrid, Berlanga... Desesperado, ha solicitado acogerse al plan de retorno voluntario del Gobierno porque no tiene con qué comprar el billete.

Ignora Humberto que tendría más probabilidades de enderezar su sino sellando un boleto de lotería. Este programa casi anónimo del Ejecutivo ha gestionado, desde 2003, el retorno de sólo 4.669 inmigrantes. Una mota inapreciable. Sólo en la modesta asociación Aicode, gracias a la cual Humberto intenta gestionar su vuelta, se duplicó en 2007 -600 casos- el número de personas dispuestas a dar marcha atrás. "Se ha disparado el interés por retornar", declara a Crónica su vicepresidente, Octavio Sanabria, "y el movimiento va in crescendo".

Las deudas son la segunda espoleta de la estampida. El euribor no distingue nacionalidades. Al igual que muchos españoles, cada vez son más los inmigrantes estrangulados por la subida de los intereses.

Lucho es dominicano, vive en un pueblo de Madrid y compró una casa de 320.000 euros hace tres años. Las letras se han disparado hasta los 1.800 euros al mes, sin un salario fijo. La semana pasada acudió al banco pensando que podría entregar las llaves y emprender la vuelta a casa. No contaba con que su propiedad se había depreciado. Un señor de corbata le explicó que no sólo se quedaba con su casa y todo lo pagado, sino que además debía apoquinar 50.000 euros si quería echar una firmita y no volver a verle.

Lucho ahora medita desaparecer, confiado en que nadie le buscará en el Caribe. No sería el único. Elena Tandarica, de la Asociación de Rumanos de Andalucía, asegura que muchos de sus compatriotas huyen de un día para otro perdiendo todo lo pagado por sus casas.

Otras entidades, menos puntillosas que la de Lucho, escrituran a su nombre los pisos hipotecados mediante el subterfugio de la dación en pago. Prefieren perder dinero al fárrago de pleitos y así evitan que se disparen los índices de morosidad, consecuencia de préstamos entregados demasiado a la ligera.

Santiago Morales, presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos, estima que 40.000 ecuatorianos, un 5% de los 800.000 residentes en España, intenta partir a corto plazo. "Y si el paro sigue aumentando, la vuelta a casa seguirá creciendo".

Los aspirantes al retorno son todavía más numerosos entre la comunidad rumana, ahora que este país es miembro de la UE. A Ioan Banu no le hace honor el apellido. Este Juan Dinero rumano, de 54 años, vino a España hace doce meses, convencido de que se haría rico. Le prometieron un alto salario. Terminó cobrando diez euros al día durante un mes, antes de que le pusieran en la calle. "Cuando vuelva a Pitesti, al primero que me comente que quiere emigrar a España le diré que no venga. Aquí no hay trabajo ni futuro", comentaba el jueves por la mañana, con un par de billetes de 20 euros en el bolsillo, un cigarrillo siempre encendido y mucha prisa por terminar su maleta.

Esa misma noche, Ioan empaquetó su decepción y emprendió su vuelta a la Romania mare. Dos días de carretera, en compañía de sus amigos Marius y Gheorghe. A Marius le fue algo mejor. Se compró en España la furgoneta azul en la que pusieron rumbo a casa, ha ahorrado algo y piensa instalarse en Bucarest, donde germina un segundo boom de la construcción. Ya tienen varias obras pactadas con constructores que, tras amurallar España, trasladan sus grúas para enladrillar los Cárpatos. En los meses buenos, Marius se sacaba 10.000 euros acondicionando pisos. Las últimas semanas se consumían sin un encargo. Sólo chapuzas. "Esto está muerto".

La crisis en el sector de la construcción ha sido el fin de la mina de oro. Y no sólo para Marius. El 40% de los nuevos parados registrados el pasado año son extranjeros. La mayoría trabajaba en la obra. Y la curva no tiene visos de caer.

Para evitar que la bolsa de inmigrantes en paro infle las cifras de la delincuencia y asfixiar los servicios sociales, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió en su discurso de investidura nuevas fórmulas para incentivar la vuelta de los inmigrantes sin trabajo.

Los países de origen también intentan alentar la operación retorno. El Gobierno rumano organizó la semana pasada en Castellón un encuentro en el que prometió medio millón de empleos con sueldos de unos 1000 euros. La gira continuará por el resto de España.

El efecto estampida no afecta por ahora a los magrebíes, tercera gran comunidad inmigrante. "Mucha gente quiere volver, pero si un médico gana 200 euros en nuestro país, ¿se imagina el sueldo de un obrero?", explica Kamel Rahmouni, presidente de Atime, asociación de trabajadores marroquíes.

SIEMPRE UNA MALETA

Serguei Dovlatov abandonó la URSS de la grisura brezhneviana con destino a Estados Unidos. Emigrante empírico, escribió un libro, La Maleta, en el que reconstruía la vida de un exiliado a través de los objetos que escondía su maleta. Maleta y no maletas, porque el inmigrante siempre parte ligero de peso. Todos los consultados por Crónica llegaron a España con un solo bulto. Menos equipaje con el muchos alquiera de nosotros emprende unas vacaciones en la playa.

A Mauricio no le cupo el orgullo en su maleta. Por suerte. Al llegar a Madrid hace nueve años, este ingeniero de sistemas fue cartero, butanero, cerrajero, albañil, camarero, obrero... Luego consiguió instalarse en Bilbao como destajista poniendo tarimas. Marchaba como la seda. Ahora escasean los suelos sobre los que arrodillarse.

El 24 de abril embarcará en un vuelo con dirección a Quito. A él y su mujer Grace, ambos de 32 años, les espera su pequeña. María nació en España, pero una hija es un lujo para un inmigrante. "Mi mujer no podía trabajar y no ahorrábamos". La niña fue la primera en partir. Mauricio se dio dos años. Si la cosa remontaba, traería a su hija. Cumplido el plazo, es él quien vuelve. "Los precios no dejan de subir y el trabajo está jodido ". Para qué buscar eufemismos.

Mauricio encarna el perfil del inmigrante bumerán. Este lleva entre siete y diez años en España y ha logrado juntar algo de dinero para iniciar un negocio en su país. Suele tener más de 35 años. Las familias con hijos y los jóvenes son los más reticentes a desandar sus huellas.

Otilia, 66 años, no ha entrado nunca en un banco español porque no gana un chavo. Cuando piensa en Colombia se enjuga las lágrimas. La mafia verde oliva de las FARC mató a sus tres hijos. La familia se arruinó. Le quedan dos hijas con problemas económicos. Creyó que cualquier lugar sería mejor que Bogotá. Ahora piensa que cualquier sitio será mejor que España.

Con información de Alexandru Petrescu

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DE VUELTA...

Humberto, boliviano de 65 años, Lilian, paraguaya de 22, y Otilia, colombiana de 66, fracasaron en la aventura española. Anhelan volver a sus países de origen pero no tienen dinero para pagarse el pasaje de regreso. Se quedarían si hubiesen encontrado empleo. Otilia trabaja cinco horas por semana, Lilian apenas gana 400 euros mensuales y Humberto pasa los días cruzado de brazos. Los tres han pedido acogerse al plan de retorno voluntario del Gobierno, como otros muchos inmigrantes sin recursos.

...CON LLAVES...

Beatriz Eugenia Gordillo vive en Madrid desde hace seis años. Es auxiliar de enfermería pero a sus 55 años no encuentra un contrato fijo, sólo suplencias. Su marido quiere quedarse, pero ella no. Así que compró su chocita en Quito, donde viven su hermana y su madre Un chalé con tres habitaciones (30.000 euros), construido junto a otras 103 viviendas idénticas por Geconsa, empresa española. Beatriz ya tiene las llaves y en cuanto ahorre algo más volverá a su país.

...Y CON DINERO

El american dream también se conjuga en rumano. Dan (32 años) y Alexandra Similie (30) empezaron hace ocho años como albañil y empleada del hogar en Alcalá de Henares. Ahorrando con denuedo, compraron unos terrenos en Sebes, su localidad natal. Ahora han creado una inmobiliaria, Sancasa, y edificado ocho chalés -a 130.000 euros la pieza- que vendieron a otros compatriotas en España. El rumanian dream sigue creciendo: van a construir un centro comercial

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Las señales de alarma por la crisis se disparan
El País - 27 de marzo de 2008
 
 
La venta de viviendas se hunde - Blesa dice que "da miedo" el peso del ladrillo en algunos bancos y cajas - Trichet advierte que lo peor no ha pasado

Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, ha dicho en voz alta lo que muchos ejecutivos comentan sotto voce desde hace semanas. La crisis golpeará mucho más de lo que estaba previsto a los bancos y cajas de ahorros españoles. La frase clave ha sido que "da miedo la parte de los balances de algunas entidades soportada por ladrillos". La sentencia adquiere especial resonancia tras saberse que la venta de viviendas se desplomó un 27% en el arranque de año, al tiempo que el presidente del Banco Central Europeo advierte que lo peor de la crisis financiera aún no ha pasado.

El hecho de no tener el veneno de las hipotecas de alto riesgo en sus balances (el origen de este terremoto que está torpedeando a algunos de los mayores bancos de EE UU), no evitará que la banca española sufra un fuerte golpe por vía indirecta: la falta de liquidez. La prueba es que en Bolsa, los grandes bancos ya han perdido alrededor de 36.000 millones de capitalización desde que empezó la crisis.

No importa que el sector financiero español tenga la segunda menor morosidad de los países desarrollados, alrededor del 1%. De nada les servirá contar con 34.000 millones de provisiones extraordinarios, un escudo anticrisis que no tiene parangón en ningún otro sistema financiero... Los grandes inversores internacionales apenas financian a los bancos y cajas porque están convencidos de que se avecina una crisis inmobiliaria sin precedentes en España. El Banco de España encendió las primeras alarmas en el verano de 2006. Pidió encarecidamente al sector que redujera la financiación de hipotecas porque los pisos subían demasiado. Apelaron a la prudencia del banquero, pero pocos le hicieron caso.

El mercado inmobiliario siguió calentándose. Después de EE UU y Reino Unido, España es donde más han subido los pisos en los últimos seis años, financiados por la banca española. Ahora los grandes fondos de pensiones y compañías de seguros temen la resaca de ese festín. Han leído demasiados artículos en la prensa anglosajona anticipando una debacle en el mercado hipotecario español. Su dilema es sencillo: no correr riesgos en España porque no podrían justificarlos si un día llega la caída. Sus clientes les echarían en cara que estaba claro que la burbuja se iba a pinchar.

Pocas entidades pueden sobrevivir sin financiarse en los mercados. Miguel Blesa comentó ante un grupo de periodistas en Viena, que "el mercado recela de la exposición al riesgo inmobiliario de las entidades y costará mucho tiempo erradicar este temor". En enero pasado, Blesa anticipó que cuando la morosidad crezca "lo hará de forma brutal". No obstante, suavizó la situación al decir que en España no hay ni bancos ni cajas con grandes problemas que hagan pensar en un proceso de fusiones o quiebras.

La situación se complica porque las entidades no tendrán más remedio que acudir a los mercados para financiarse, según Caja Madrid. Blesa aseguró que "este semestre tanto Caja Madrid como otras entidades tendremos que salir a los mercados, aunque sea a costa de pagar más porque las emisiones vencen y no hay más remedio que refinanciarlas. Los efectos de esta situación se verán en unos meses", concluyó.

Otro alto ejecutivo, esta vez de un banco, está convencido de que la marcha del producto interior bruto marcará la línea roja de la crisis financiera en España. "Si bajamos del 2% vamos a ver cosas muy fuertes", anuncia.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, no animó ayer a los pesimistas. En una comparecencia en Bruselas dejó claro que todavía "no hemos dejado atrás lo peor" de la crisis financiera. Además, no habrá ayudas: el BCE no rebajará los tipos de interés en la zona euro, dado el repunte de la inflación.

Los bancos centrales de Europa, Estados Unidos y Reino Unido intentan paliar la situación con inyecciones de liquidez, pero no están teniendo el efecto deseado. Como dijo ayer Blesa, ese dinero "sólo es financiación para uno o dos meses. Sirve de poco si persiste la desconfianza y la iliquidez de los mercados". En esta línea, Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), reconoció hace días que "la tormenta financiera ya está durando demasiado" y pidió urgentemente medidas para solucionarla. Desde las cajas el mensaje lanzado fue que se hicieron provisiones a costa de reducir el beneficio porque "estamos en momentos de niebla y miedo", según Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA.

Oficialmente, el Banco de España ha quitado hierro a la situación y ha dicho que la banca mantiene una gran fortaleza, pese al deterioro del mercado inmobiliario que se explica por una crisis en el lado de la demanda y en el de la oferta. La primera se debe a que los clientes posponen la compra de pisos a la espera de que los precios se moderen. La oferta se frena porque las familias compradoras encuentran más obstáculos para financiarse.

Los inmobiliarios respondieron ayer al desplome en las ventas que certificó el INE. La Asociación de Promotores y Constructores de España pidió que se tomen medidas para controlar la "crisis financiera" que afecta al sector inmobiliario, una actividad que calificó como "estratégica", motor de la economía y un importante sustento del consumo.

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FMI augura para España el mayor frenazo de paises avanzados
El País - 10 de abril de 2008
 
 
El PIB crecerá este año sólo un 1,8%, según la última estimación del Fondo

El FMI tomó ayer la delantera en la subasta a la baja en que se han convertido los pronósticos sobre la evolución económica de los países desarrollados y, en particular, de España. El último informe del Fondo, publicado ayer, incorpora un drástico recorte en las previsiones sobre la economía española, que crecería un 1,8% este año, la tasa más baja desde la recesión de 1993. Sólo para el caso de Estados Unidos, que bordea la recesión, los expertos del FMI reflejan un deterioro de las perspectivas más rápido aún.

El pronóstico del FMI sobre la economía española no sólo es el más pesimista entre los aireados en los últimos meses. También implica, de cumplirse, que España sufrirá un frenazo casi en seco de su actividad en un periodo muy corto de tiempo. Según las previsiones del Fondo ninguna otra economía avanzada sufrirá una desaceleración tan acentuada (el crecimiento del PIB español bajaría del 3,8% al 1,8% en un solo año). Y para encontrar una ralentización tan intensa en España hay que remontarse, de nuevo, a la crisis de los noventa: entonces, la economía pasó de crecer un 0,9% en 1992 a contraerse un 1,3% en 1993.

Como en el resto de los países desarrollados, el FMI atribuye parte del deterioro previsto para la economía española al impacto de la crisis financiera internacional, "una de las más graves desde la Segunda Guerra Mundial", en opinión de Charles Collyns, subdirector del departamento de análisis del Fondo. Pero en el caso de España sus expertos dan más importancia aún al brusco recorte de la actividad inmobiliaria. "La corrección en el sector de la vivienda será un freno sustancial para la economía durante un tiempo", añadió Collyns, "hubo un boom inmobiliario insostenible, y los precios deben ajustarse".

El FMI considera que el valor de la vivienda está entre un 15% y un 20% por encima de lo que se ajustaría a los niveles de oferta y demanda. España no es la única economía con este problema -Irlanda y Reino Unido experimentan un fenómeno similar-, pero sí en la que más se dejarían notar sus consecuencias, según el análisis del Fondo.

Las cifras del FMI son las menos halagüeñas, pero no las primeras que se rebajan. De hecho, todos los centros de investigación de entidades españolas y de organismos internacionales han encadenado revisiones a la baja de sus pronósticos. La semana pasada, el Banco de España situó su estimación en un crecimiento del 2,4% para este año. Y los expertos del BBVA apuntaron este lunes a una tasa del 1,9%. Todos estos ajustes dejan muy antiguos los últimos cálculos realizados por el Gobierno, que bajó en diciembre su previsión para 2008 del 3,3% al 3,1%.

El Ejecutivo español no tiene previsto revisar su estimación hasta junio, pero el vicepresidente económico en funciones, Pedro Solbes, ha admitido en varias ocasiones que todo apunta a una rebaja del crecimiento previsto. Lo que no parece probable es que el recorte sea tan abultado como el que anticipa el FMI. Un portavoz del Ministerio de Economía sostuvo que el Fondo tiene una visión "demasiado pesimista de la economía española". Una opinión sustentada por hechos: desde 1996, los pronósticos del FMI se han quedado siempre por debajo de lo que marcó luego la evolución real.

La pronunciada desaceleración que augura el FMI se hará notar, según su análisis, en dos de las tradicionales fallas de la economía española: el desempleo y los precios. Las previsiones del Fondo sitúan la inflación de este año (4% de promedio anual) en el nivel más alto entre las economías desarrolladas. Y el deterioro del mercado laboral culminaría en 2009 con una tasa de paro del 10,4% (frente al 8,3% de 2007). España sería la única economía avanzada que alcanzaría los dos dígitos en este índice estadístico.

Collyns destacó que, pese a la brusca desaceleración prevista, España crecerá más que la zona euro (1,4%) y que los países del G-7. El FMI también recorta de forma notable su estimación para 2009 (el PIB crecería un 1,7%, frente al 2,5% pronosticado en enero). Sin embargo, apunta a una sólida recuperación en el último trimestre del próximo año.

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Greenspan afirma que pinchazo hace a España más vulnerable
CincoDías.com - 06 de abril de 2008
 
 
El ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greesnpan, ha alertado del peligro que corre España por el pinchazo inmobiliario en una entrevista concedida a EL PAÍS. Agrega, en este sentido, que la burbuja inmobiliaria hace que España sea más vulnerable a la crisis.

“La burbuja inmobiliaria en España ha sido más amplia que la de la mayor parte de los países europeos, desde luego más amplia que la de Estados Unidos. En este sentido, habría que presumir que hay más vulnerabilidad”, señaló en una entrevista concedida a EL PAÍS.

A su juicio, la repercusión de la crisis financiera en los países de la UE dependerá de las políticas que se apliquen y de otros factores, entre los que menciona la burbuja inmobiliaria en España, si bien apuntó que Europa en su conjunto está trabajando de forma uniforme y, como consecuencia, toda la zona euro “se mueve, más o menos, de la misma manera”.

Asimismo, el ex presidente de la Reserva Federal considera que existen “señales” de que la economía de Estados Unidos esté al borde de una recesión económica, aunque “no muchas todavía”. “Yo no caracterizaría como una recesión la situación en la que estamos, incluso aunque las probabilidades de que lleguemos a tenerla superan el 50%”, matiza.

Greenspan cree que dónde existe un “conflicto real” es en el impacto de los problemas financieros sobre los ingresos de las empresas, porque “está constriñendo” el gasto de los consumidores y restringiendo la actividad de la construcción, tanto residencial como no residencial.

“La demanda agregada de bienes y servicios está ahora básicamente estabilizada, lo que significa que el índice de crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año es, de hecho, cero”, afirma el ex presidente de la Reserva Federal, que asegura además que este periodo será “mucho más difícil”, desde el punto de vista de la política monetaria, de lo que fue toda su época en la Reserva Federal.

Preguntado por las economías de Estados Unidos y Europa a medio plazo, Greenspan considera que las economías que se abren y son capaces de competir con el resto del mundo les va mejor, mientras que, por el contrario, a los que se “atrincheran” y tratan de proteger a sus empresas de decisiones competitivas procedentes de la competencia exterior les va peor.

“Así que si se piensa en los próximos diez años, lo más importante a la hora de hacer un pronostico es saber qué tipo de estructuras habrá, qué grado de protección del derecho a la propiedad, hasta qué punto se respetará el imperio de la ley y qué regulaciones existirán sobre la actividad económica”, indica.

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StandardPoor's vaticina un ajuste importante y doloroso
Publico.es - 03 de abril de 2008
 
 
La agencia de calificación de riesgos británica alerta de la situación en Reino Unido y España. Los últimos datos del sector y la quiebra de inmobiliarias parecen confirmar la mala situación

La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's ha publicado un informe sobre el sector inmobiliario en el que advierte de los riesgos de ajustes fuertes en países con prolongadas subidas de precios, como España y Reino Unido.

"En aquellos países donde las burbujas inmobiliarias se han expandido por más tiempo, S&P cree que las correcciones podrían ser severas y dolorosas", dijo la agencia. "Particularmente el riesgo está en el mercado británico y español".

En el caso de España, el informe destaca los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que reflejan una caída de las ventas del 27% interanual en enero y una caída del 28% en los créditos a la vivienda.

S&P destaca el desajuste entre la construcción de viviendas y la demanda reciente. Aunque en la segunda parte del año pasado el inicio de viviendas se desaceleró, todavía "se mantiene en niveles muy elevados (650.000 viviendas en términos anualizados)".

Brusca desaceleración en la construcción

Los analistas de la agencia estiman que en los próximos meses podría confirmarse una brusca desaceleración de los permisos e inicios de construcción. En este contexto, estima que durante 2008 y 2009 los precios de las viviendas en España oscilarían entre la estabilidad respecto al año anterior y caídas del 5% anuales.

Con respecto a la morosidad hipotecaria, que en la crisis de los primeros noventa llegó a alcanzar un máximo del 5,5%, S&P dice que la tasa de impagos se ha elevado en 2007 al 0,73% desde el 0,43% de 2006 y estima que podría crecer algo más este año, aunque considera que se mantendrá por debajo de los niveles de principios de los 90, cuando estaba en torno al 2%.

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La deuda exterior de España pulveriza otro récord
El Confidencial - 01 de abril de 2008
 
 
Y ya supone el 150% del PIB

La voracidad de la economía para crecer vía endeudamiento exterior ha roto una nueva barrera. España debe hoy la friolera de 1,54 billones de euros. O, lo que es lo mismo, el 150% de su Producto Interior Bruto (PIB), nivel jamás alcanzado desde que existen series históricas.

Los datos que obran en poder del Banco de España se refieren al cierre de 2007, y muestran hasta qué punto el periodo expansivo de los últimos años se ha hecho apelando al endeudamiento de los agentes económicos, en particular empresas y familias. Las administraciones públicas, por el contrario, se han comportado de una manera más estable. En marzo de 2002, hace apenas media docena de años, España debía en el exterior 602.000 millones de euros, es decir, menos de la mitad que ahora. En junio de 2005, sin embargo, el endeudamiento exterior rompió la barrera del billón de euros, lo que significa que en casi tres últimos años, de mediados de 2005 al 2007, España ha necesitado pedir 500.000 millones de euros al extranjero para seguir creciendo.

La deuda externa de un país, tal como lo define el fondo Monetario Internacional, comprende los saldos de todos los pasivos frente a no residentes que van a dar lugar a pagos por amortización, por intereses o por ambos. Por lo tanto, incluye todos los instrumentos financieros, excepto las participaciones en el capital y los derivados financieros, ya que estos dos tipos de instrumentos no suponen, necesariamente, la realización de pagos. La deuda viene a significar, por lo tanto, el saldo vivo de los préstamos pendientes de pago, y que anualmente se concretan en el déficit de la balanza de pagos, y que tan sólo en 2007 aumentó hasta representar el 10% del PIB. Es decir, 106.201 millones de euros. Año tras año, la bola de nieve ha ido creciendo hasta alcanzar esos 1,5 billones de euros que ahora hay que devolver.

La cantidad es importante y especialmente significativa en unos momentos de restricción del crédito, ya que buena parte de ese stock hay que renegociarlo periódicamente en función de necesidades de tesorería de las empresas. Hay que tener en cuenta que prácticamente la quinta parte del endeudamiento es a corto plazo (operaciones con vencimiento a menos de un año).

Inmobiliarias y construcción

De ese billón y medio de euros que debe España, 190.036 millones lo adeudan las distintas administraciones públicas; 724.094 millones lo han pedido prestado los bancos (lógicamente para prestarlo posteriormente a sus clientes) y 490.226 millones las empresas, especialmente las dedicadas a promoción inmobiliaria y construcción.

En la información del Banco de España destaca la apelación que se ha hecho en los últimos meses a la autoridad monetaria (el Banco Central Europeo) para lograr liquidez. Esta rúbrica era insignificante y escasamente representativa hasta el tercer trimestre del año pasado (menos de 500 millones de euros), pero en el último cuarto del año se ha disparado hasta los 3.550 millones, lo que da idea de las necesidades extremas de liquidez que han podido tener algunas instituciones financieras. Pasarse por la ventanilla del Banco Central Europeo es más costoso y visible para cualquier entidad, si bien en la información oficial no se desvelan identidades.

Las restricciones al crédito vienen, por lo tanto, en el peor momento para una economía como la española, tan necesitada de financiación exterior. El déficit de la balanza de pagos continuado (que es equivalente a la deuda exterior de un país) no es otra cosa que la diferencia entre lo que una nación gasta y lo que es capaz de ahorrar. Y el año pasado, sin ir más lejos, España invirtió el 30% de su PIB, mientras que solamente fue capaz de ahorrar el 20% del Producto Interior Bruto, lo que dio origen a un desequilibrio equivalente a 10 puntos del PIB. Ese dinero es el que ahora hay que devolver a los prestamistas internacionales.

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El ‘ladrillazo’ abre un agujero de más de 10.000 millones
Cotizalia.com - 28 de marzo de 2008
 
 
en los ingresos públicos

Nadie se salva. Ni la Administración Central del Estado ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos. La crisis inmobiliaria ha abierto un considerable agujero en sus ingresos. Hasta el punto de que muchos responsables de Hacienda -sobre todo del Fisco autonómico y local- están en estos momentos revisando a la baja previsiones de recaudación aprobadas hace escasamente un trimestre.

La desaceleración de la actividad inmobiliaria estaba ya descontada, pero pocos -o casi nadie (al menos oficialmente)- esperaban que el aterrizaje fuera tan brusco. Dos datos conocidos en las últimas horas reflejan lo que está pasando. Los ingresos del Estado por IVA (del que se nutren también las comunidades autónomas) han caído en los dos primeros meses del año un 8,2% respecto del mismo periodo del año anterior. Pero es que en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) el descenso es de nada menos que del 16,6%. En total, y en términos absolutos, esto supone que el Estado ha recaudado 1.294 millones de euros menos durante los dos primeros meses del año que en el mismo periodo del año anterior. Si ese resultado se proyecta al conjunto del ejercicio, el resultado puede ser que el año se acabe con una caída de la recaudación cercana a los 7.700 millones de euros.

Entre los factores que explican el descenso, al margen del enfriamiento del consumo, se encuentra “la contracción de la actividad” en la construcción y la promoción inmobiliaria, tal y como puso ayer de manifiesto el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

Segundo dato. La Generalitat de Cataluña ha presentado su avance de liquidación correspondiente al año 2007, y su conclusión no puede ser más adversa. Los ingresos derivados de los dos tributos cedidos más expuestos al parón inmobiliario: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados han caído en picado. En concreto, en 1.246 millones de euros, lo que supone un descenso del 28% respecto a lo esperado. Cataluña había presupuestado unos ingresos por ambas vías equivalentes a 4.445 millones de euros, pero finalmente sólo ingresó 3.199 millones de euros. De nuevo, la crisis inmobiliaria se encuentra detrás del hundimiento de los ingresos, tal y como reconoció el conseller de Finanzas de la Generalitat catalana, Antoni Castells.

Incumplimiento de objetivos

En Andalucía, las cosas no parece que vayan a ir mucho mejor. La Junta ha previsto para 2008 unos ingresos por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados equivalentes a 3.098 millones de euros, lo que supone incrementos del 6,8% y del 7,7%, respectivamente, respecto del año anterior. En un contexto de fuerte deterioro del mercado inmobiliario no parece probable que se vayan a poder cumplir esos objetivos, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una de las regiones donde la actividad inmobiliaria ha sido mayor durante los últimos años. De hecho, nada menos que el 80,7% de sus ingresos por tributos cedidos proceden del ladrillo, lo que da idea de su alto grado de exposición a un hundimiento del sector. Cada punto negativo en términos de recaudación le cuesta a la Junta de Andalucía unos 30 millones de euros.

Lo mismo sucederá en Madrid, en Murcia y, en general, en todas las comunidades en las que la actividad inmobiliaria ha sido mayor. No se trata de un asunto menor. En 2007, la suma de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos representó nada menos que el 11,6% de la recaudación por impuestos indirectos de las comunidades autónomas. O lo que es lo mismo: 18.120 millones de euros, lo que significa que si los ingresos caen un 30% -en línea con lo sucedido en 2007 en Cataluña- se estaría hablando de un retroceso en la recaudación superior a los 5.400 millones de euros.

Madrid, la más afectada

Las regiones más afectadas serán, por este orden, Madrid (donde ambos tributos aportan el 21,9% de sus ingresos totales), Murcia, (17,5%), Cataluña (16,3%) y Comunidad Valenciana (15,9%). En el polo opuesto se encuentran Extremadura y Galicia, cuya exposición al ‘ladrillo’ se sitúa, respectivamente, en el 4% y el 6%.

Los ayuntamientos no se libran de esta sangría en las finanzas públicas. Hasta el punto de que probablemente sean los más perjudicados debido a que han anclado buena parte de sus recursos en la actividad inmobiliaria. Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales -dependiente de Hacienda- refleja el papel cada vez más determinante que ocupa en sus ingresos los dos tributos que gravan directamente las actividades del ‘ladrillo’: el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como el de las plusvalías municipales) y el de Construcciones, Instalaciones y Obras. Pues bien, en 2004, en pleno ‘boom’ inmobiliario, los ayuntamientos recaudaron por ambos tributos 3.048 millones de euros, con una progresión verdaderamente espectacular, ya que en 1990 apenas se recaudaban por ambos conceptos 910 millones de euros. Si a esto se añaden otros ingresos que tienen que ver con la actividad constructora –el Impuesto de Bienes Inmuebles o la recaudación derivada de la venta de suelo municipal- se estaría hablando de un fuerte recorte en los recursos locales por el frenazo inmobiliario.

La cifra total es difícil de cuantificar con precisión, pero no estará lejos de los 10.000 millones de euros, lo que representa cerca de 1 punto del Producto Interior Bruto. Eso significa poner prácticamente a cero el marcador del superávit presupuestario, ya que en 2007 de los 2,23 puntos porcentuales que se logró 1,25 puntos correspondieron a la Seguridad Social, cuyos excedentes deben dedicarse a dotar de recursos al Fondo de Reserva. El año pasado, de hecho, con un crecimiento elevado (del 3,8%) las comunidades tuvieron un déficit equivalente a 0,17 puntos del PIB, mientras que los ayuntamientos cosecharon números rojos que representaron 0,14 puntos del Producto Interior Bruto. Y eso que el pinchazo inmobiliario había comenzado a fraguarse.

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El BdE ve con 'preocupación' el alza de la morosidad
El País - 15 de abril de 2008
 
 
Fernández Ordóñez advierte que "las tensiones financieras han sido particularmente inoportunas" para España y augura el fin del superávit. -Los españoles que no pagan sus créditos aumentan de 1,7 a 2,4 millones

El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha advertido hoy que la morosidad de los préstamos concedidos a las familias para la adquisición de vivienda "seguirá creciendo en el futuro", lo que debe verse "con preocupación". Asimismo, tras advertir que "las tensiones financieras han sido particularmente inoportunas" para España, Fernández Ordóñez ha augurado el fin del superávit el próximo año si no se toman medidas de caracter estructural en los mercados que mejoren el grado de competencia.

En el XV Encuentro del Sector Financiero, Fernández Ordóñez ha explicado que se trata de una "preocupación moderada", porque no debe olvidarse que "se habían alcanzado uno niveles excepcionalmente bajos de morosidad" y porque "los registros actuales siguen siendo bajos y se mantienen lejos de los que caraterizan otros mercados".

"A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, el incumplimiento por parte de las familias de sus obligaciones de pago derivadas de las hipotecas tiende a ocurrir sólo en condiciones realmente extremas", ha agregado el gobernador del regulador.

Detrás de este aumento de los impagos cobra especial relevancia el Euríbor, que tras un leve paréntesis a la baja a principios de año ha recuperado la senda alcista encareciendo las cuotas mensuales de los préstamos que se conceden para comprar vivienda.

Precisamente, este tipo hipotecario, el más usado en España, ha marcado hoy su nivel diario más alto desde principios de año al tocar el 4,772% y amenaza con cerrar abril en torno al 4,75%, lo que le colocaría en niveles de diciembre de 2007 y provocaría una subida de 49 euros al mes para una hipoteca media.

Volviendo a la comparecencia de Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España ha apuntado que, frente al mercado hipotecario, "los motivos para la preocupación podrían ser mayores en los préstamos destinados a la promoción inmobiliaria".

"La concurrencia de la maduración del ciclo inmobiliario y las tensiones financieras internacionales ha resultado particularmente inoportuna para nuestra economía", ha agregado.

En este sentido, ha destacado que la labor realizada por el Banco de España en los últimos años en "acumulación de provisiones y recursos" ha generado "un colchón que permita absorber perturbaciones".

Caja Madrid reserva 50 millones por el alza de la morosidad

También a vueltas con la morosidad, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha anunciado hoy en la presentación de resultados del primer trimestre que su tasa de préstamos morosos se ha duplicado en variación interanual.

A pesar de ello, Blesa ha añadido que el nivel de la morosidad de la entidad "continúa en niveles moderados" y que su tasa de cobertura está en niveles "confortables", aunque "ante el complejo escenario de incertidumbre con que se ha iniciado el ejercicio 2008" ha decidido destinar en los tres primeros meses 50 millones a dotaciones cautelares.

Según ha detallado Blesa tras destacar que los créditos siguen creciendo a un ritimo del 13,3%, un 24,4% en los préstamos a empresas y un 6,9% en los hipotecarios, su calidad se ha visto mermada claramente, ya que el índice de morosidad ha subido en el primer trimestre hasta el 1,36%, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado, que fue del 0,70%, y también muy por encima de la registrada a cierre de 2007, que ascendió al 0,90%.

En el mismo sentido, otro de los participantes en el foro, el vicepresidente segundo y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha asegurado que la buena posición de liquidez permite al banco afrontar "con confianza" el cambio de ciclo en que está inmerso el sector financiero mundial con la restricción del crédito.

Menos casas vendidas

Por su parte, el gobernador del Banco de España se ha referido también al descenso en la demanda de vivienda, que "en respuesta al encarecimiento del coste de financiación y de las menores expectativas de revalorización de los inmuebles" muestra "una mayor sensibilidad al deterioro de la confianza de los agentes".

Además, ha insistido en que las entidades de crédito españolas afrontan la situación "desde una posición de solidez, que no es sinónimo de inmunidad", y ha añadido que sería "imprudente e impropio de un supervisor" no considerar los posibles riesgos presentes. Aún así, ha descartado modificar los criterios de provisiones que exige a las entidades financieras.

De cara al futuro, Fernández Ordónez, ha considerado que adoptar medidas proteccionistas para hacer frente a la desaceleración económica es un "error en el que no debe caer España".

"La desaceleración suele producir demandas proteccionistas", ha subrayado el economista, y aunque España no ha caído en esa tentación, "la tentación existe", ha añadido antes de sentenciar que cualquier actuación en favor de determinados agentes por la sola razón de su nacionalidad acabaría dañando a otras empresas españolas.

A su juicio, España debe mantenerse "coherente" con su propia ejecutoria de apertura creciente a la competencia y a la inversión extranjera, que ha contribuido a aumentar el bienestar en las últimas décadas.

Por lo que respecta a la inflación, Fernandez Ordóñez, se ha mostrado confiado en que "en algún momento de 2009 el ritmo de avance de los precios se sitúe por debajo del 2%" gracias a una tendencia a la baja que se desarrollará "despacio". No obstante, ha advertido que "existen importantes riesgos de desviaciones al alza, ligados, fundamentalmente, a la posibilidad de que emerjan efectos de segunda ronda en la fijación de salarios y precios".

De este lado, el dirigente económico ha respaldado la postura del Banco Central Europeo de dejar inalterados los tipos de interés en el 4% a pesar de la desaceleración ya que, en su opinión, el instituto emisor europeo debe seguir preocupándose en lo que es nuestra principal tarea, que "la inflación esté contenida".

Los españoles morosos aumentan a 2,4 millones

Más de 2,4 millones de personas residentes en España y 300.000 empresas tenían en febrero deudas impagadas con entidades bancarias, grandes compañías o financieras por valor de 11.838 millones de euros, según datos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef-Equifax) que reflejan un fuerte incremento en ambos extremos durante los últimos meses en coincidencia con la crisis de crédito a raíz de las hipotecas subprime en EE UU y con que no se hayan bajado tipos de interés en la eurozona.

A finales de 2006, casi 1,7 millones de personas residentes en España y 250.000 empresas mantenían deudas impagadas, mientras que el pasado verano el número de "morosos" ya superó los 1,8 millones, si bien el incremento se ha acentuado en los últimos meses.

El fichero Asnef pasó el pasado año de 2,9 millones de operaciones morosas a 3,5 millones, un 19,8% más, mientras que sus responsables atendieron más de 724 millones de consultas, un 76% más que en el ejercicio anterior.

En la misma línea, en los dos primeros meses de 2008, al saldo moroso declarado ha aumentado en 1,2 millones de euros, las operaciones morosas rozan los cuatro millones y el número de altas y bajas mensuales se sitúa en 650.000, con más de 11,3 millones de registros modificados mensualmente.

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El 'agujero negro' de 300.000 millones que amenaza la banca
El Mundo - 30 de marzo de 2008
 
 
Las promotoras deben a las entidades financieras una cantidad próxima al 30% del PIB. BBVA avisa de que los bancos pueden convertirse en los «dueños de las inmobiliarias»

La intención declarada de Fernando Martín, dueño de Martinsa, al comprar Fadesa hace un año era convertirse por fin, después de años de bregar con el ladrillo, en un gran empresario de la talla de su admirado Florentino Pérez o de los Entrecanales.Pero El Chato, como es conocido el empresario en su pueblo vallisoletano, ha fallado esta vez. Martinsa-Fadesa, el gigante que estaba llamado a convertirse en la primera inmobiliaria europea, está en una encrucijada. Debe a 35 entidades financieras 5.207 millones de euros, y el ex presidente del Real Madrid negocia a contrarreloj un aplazamiento del préstamo para poder respirar. Algunos bancos y, sobre todo, las cajas de ahorro acreedoras, han accedido a renegociar el crédito. Pero entidades como Morgan Stanley, a la que le importa muy poco que la reputación de Fernando Martín, y, por extensión, la del sector inmobiliario español, se vea dañada, piden el dinero inmediatamente.

Mientras, en las arcas de la empresa, como sucede en la mayoría de las inmobiliarias, no está entrando ni un euro. «No se vende ni un piso, la crisis es peor de lo que pensábamos», afirma el directivo de una empresa integrante del G-14, el grupo de las mayores inmobiliarias que preside precisamente el apurado Fernando Martín.

Martinsa es la penúltima víctima del gran tsunami financiero que está sacudiendo el sector. Pero ni mucho menos es la única.Esta semana han empezado a caer, como fichas de dominó, varias inmobiliarias de tamaño mediano a las que las entidades financieras no han dado más oportunidades. Seop, Cosmani, Prasi, Grupo Jale, etcétera. Todas tienen un denominador común: una deuda abultadísima con cajas y bancos.

La época feliz del boom inmobiliario, donde los promotores y los directores de las cajas cerraban un crédito millonario en el mejor restaurante de la provincia, ha dado paso a una tremenda resaca cuya dimensión asusta: las 15 grandes inmobiliarias cotizadas tienen una deuda total con las entidades financieras de 27.205 millones de euros, lo que supone casi un 3% del PIB español.

Si se amplía la cifra al resto de las inmobiliarias, la cifra es aún más apabullante: el agujero negro que han dejado estas empresas en las cajas y los bancos asciende a 303.500 millones de euros, según el Banco de España, equivalente al 30% del PIB.

La situación es tan alarmante que el BBVA vaticina en un informe que la posible situación de insolvencia de algunas compañías puede conducir a que los bancos vuelvan a ser los «dueños de las inmobiliarias» como en los años 90.

Aunque toda esa cantidad que adeudan los promotores no debe suponer un problema para las entidades financieras, desde luego la presencia de muchos de esos millones en algunos balances intranquiliza a los gestores de bancos y cajas por la incertidumbre actual.

En el sector financiero se había mantenido hasta fechas recientes un absoluto mutismo sobre la crisis. Pero esta semana el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, dijo en alto lo que se susurraba por los pasillos. La exposición de bancos y cajas españolas al sector inmobiliario provoca «miedo» en el extranjero. La consecuencia es que para la banca nacional es más caro recurrir a financiación, en un momento, además, en el que nadie presta a nadie.

Conocer la realidad de cada entidad no es sencillo. Todas se escudan en el secreto bancario para no informar de los créditos concedidos a empresas concretas. Y la pregunta sobre cuál es el dinero prestado a inmobiliarios y constructoras suele acabar en un no comment por respuesta.

Sin embargo, si se analizan los balances de las cinco grandes inmobiliarias cotizadas, se puede conocer qué entidades financieras están más expuestas a la incertidumbre. Colonial, Metrovacesa, Martinsa-Fadesa, Reyal-Urbis y Realia acumulan una deuda con entidades de crédito por 23.503 millones de euros. Prácticamente ninguna entidad financiera se libra de tener como deudora a una de las «cinco grandes». Hay bancos extranjeros, como Goldman Sachs, Euro Hypo, Calyon y Royal Bank of Scotland, que soportan el grueso de los 7.725 millones de euros del préstamo concedido a Colonial, que sigue sin encontrar un comprador después de que el fondo de Dubai se rindiera.

Otra entidad extranjera, Morgan Stanley, que hace meses confiaba ciegamente en Fernando Martín, es ahora una de las que le apremian para que abone los 500 millones de euros que le debe.

También el banco británico HSBC, que vendió el edificio de su sede a Metrovacesa después de que la familia Sanahuja se hiciera con la inmobiliaria, está esperando impaciente el 1 de agosto, el día que vence el préstamo, para reclamar a los principales accionistas de la inmobiliaria 850 millones de euros. Además, la empresa arrastra una deuda de 5.332 millones, en la que participan prácticamente todas las cajas de ahorro españolas y bancos internacionales como Credit Suisse, Deutsche Bank, ING y Citigroup.

Entre las cajas de ahorro españolas, no obstante, La Caixa y Cajamadrid son las que más cheques han extendido. La entidad madrileña no sólo ha financiado a promotoras como Martinsa-Fadesa, sino que, como principal accionista de Realia, soporta la mayoría de su deuda bancaria, que asciende a 1.892 millones de euros.

Bien es cierto, como resalta un analista financiero, que no es igual el riesgo que corren estas cajas de tamaño grande como el peligro que corren otras más pequeñas que aguantan en su balance deudas millonarias con los promotores. Es el caso de Caja Burgos, Caja Avila, Caja Navarra y Caixanova, que están pendientes de recuperar el crédito de 5.207 millones que 35 entidades financieras, entre las que participaban estas tres cajas, concedieron a Martinsa-Fadesa.

La situación se agrava por el hecho de que, según resalta el informe de BBVA Research, las cajas, además de ser las grandes financiadoras de los promotores, están presentes en el accionariado de las principales inmobiliarias cotizadas. «Existe una estrecha vinculación entre las entidades y los intereses cruzados que pueden existir a la hora de otorgar financiación para que las inmobiliarias puedan mantener sus actividades», advierte el informe.

«Las presencia de las cajas en el capital de las mayores inmobiliarias se está convirtiendo en un problema, porque, ¿cómo no seguir financiando cuando las cosas se ponen difíciles? Y al mismo tiempo, el agujero se va haciendo más grande», afirma un analista. Así, Caja Castilla-La Mancha, quizá una de las entidades más expuestas al sector inmobiliario, tiene un 3,8% de Astroc, un 13,4% de Parquesol, un 2,7% de Metrovacesa y un 1% de Colonial, además de haber avalado a algunos de los principales accionistas de esta última.

Bancaja posee el 6% de Martinsa-Fadesa; Caja Madrid, el 27,7% de Realia; Caixa Galicia maldice el día que compró el 5% de Astroc, mientras las cajas más pequeñas se reparten porcentajes de hasta el 2% en varias promotoras en problemas.

A partir de ahora, vaticinan los expertos, las inmobiliarias lo tendrán extremadamente difícil para conseguir más financiación, lo que puede conllevar a una paralización en su actividad, ya que el crédito bancario es la principal vía que utilizan para comprar suelo.

El grifo, que comenzó a abrirse con la máxima potencia en 1999, se ha cerrado. En estos años, mientras el volumen de préstamos se ha multiplicado por 3,6, el relacionado con las promotoras lo ha hecho por 12,3. La consecuencia es que su peso relativo ha llegado al 32,2%.

Pero la situación no es igual entre bancos y cajas. Entre los primeros, el crédito inmobiliario supone el 26,9%, mientras que en las segundas alcanza un peligroso 41,8%. La exposición al sector inmobiliario es enorme. El 64% de la cartera de crédito total es a promotores, construcción y adquisición de viviendas.

Y luego está la masiva concesión de hipotecas por parte de las cajas de ahorros, mucho más activas en este segmento que los bancos. Mientras a lo largo del pasado año muchos bancos optaron por introducir criterios de prudencia a la hora de conceder hipotecas, lo que se tradujo en avances del dinero prestado inferiores al 10%, en muchas cajas la subida se situó por encima del 20%.

Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros inciden en que, gracias a estas entidades, muchas familias han podido comprarse un piso. Lo que está por ver es si ahora van a poder pagarlo.La organización que preside Juan Ramón Quintás admite que el parón inmobiliario no les coloca en una «situación cómoda», pero eso no tiene por qué provocar un descalabro en el mercado.

Lo que preocupa en el sector financiero es que no se ve aún la luz al final del túnel. Meses atrás, se confiaba en el inicio del año para la vuelta a la normalidad, pero ahora ya nadie se atreve a poner una fecha. Lo cierto es que bancos y cajas tendrán que salir este año al mercado para captar recursos con los que financiarse y les tocará pagarlos a un alto precio. Primero, porque el interbancario sigue en el 4,7%, y por debajo de eso nadie presta, y segundo, por la prima de riesgo que supone para España la exposición al ladrillo, y eso que aquí ninguna entidad tiene en su balance fondos provenientes de las hipotecas basura (subprime).

La situación no es igual para cada entidad. Las hay con liquidez más que suficiente, aunque eso no les librará de tener que captar más fondos, pero hay otras que lo van a pasar peor. Pero el mercado, ante la falta de transparencia de muchas entidades, castiga a casi todas por igual a la hora de cobrar emisiones o titulizaciones.Y nadie osa intentar colocar cédulas hipotecarias.

Las refinanciaciones de la deuda están pendientes. Los promotores llaman ahora a las puertas de los bancos para suplicar un relajamiento de las condiciones del préstamo. Pero los expertos del BBVA lo ven difícil. «Las refinanciaciones que se han cerrado se han hecho con incrementos del coste y empeorando las condiciones», añaden en su informe.

Ante este panorama, la pregunta es: ¿cuánto tiempo más podrá aguantar la situación? ¿Se quedarán los bancos con las inmobiliarias, como vaticina el BBVA? Las entidades por ahora no tienen interés en hacerse con estas empresas. El boom ha acabado y les serviría de muy poco tener compañías altamente endeudadas y sin apenas actividad. El agujero negro que han dejado los promotores sigue abierto.

APOYOS

EL NEGRO FUTURO DEL SECTOR

-50%

Los visados de obra nueva para uso residencial se han reducido a la mitad desde enero de 2007 y es la cifra más baja desde el año 2000.

400.000 viviendas es la demanda que hay actualmente en toda España.En los años anteriores, la demanda de casas se situaba en unas 600.000 anuales.

-40% Es el porcentaje que han caído las preventas de pisos en el sector inmobiliario español. Se prevén mayores desplomes.

MIGUEL BLESA

El presidente de Caja Madrid ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que la exposición de los bancos y cajas al sector inmobiliario provoca «miedo» en el extranjero.

Crédito a vivienda

La inversión crediticia en España ha pasado de mantener un peso del 51% en 2003 a un 60% en 2007, según el Banco Central Europeo.El crédito a vivienda de las familias supone en España el 21% sobre el total de los activos bancarios, frente al 12% de media de la Unión Europea.

Los promotores

José Manuel Galindo (Asprima): «El Gobierno tiene que hacer algo como se ha hecho en Estados Unidos, ya que o la sequedad se corrige o la parálisis será total».

CaIdas en el precio del suelo

Suelo finalista. Será el que menos sufra. Se estiman caídas en torno al 5%.

Suelo urbanizable. La caída será del 10%. Generará valor cuando avancen los planes urbanísticos. Mientras, los créditos dudosos siguen creciendo.

Suelo rústico. El más afectado por la crisis, con descensos de hasta el 20%.

VENCIMIENTOS

MARTINSA En 2008, tiene que pagar 4.288 millones de euros de deuda y en 2009, 443,4 millones.

COLONIAL Este año pagará a los bancos 1.499 millones y 1.050 en 2009.

REYAL URBIS Tiene que hacer frente este año a 891 millones, y a partir de 2009, a 4.597 millones.

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Constructoras e inmobiliarias deben 3 veces lo que tienen y
Invertia.com - 22 de abril de 2008
 
Y 11 veces beneficio

El desmadre inversor de las empresas del ladrillo presenta unas cifras de auténtico infarto. Constructoras e inmobiliarias cotizadas atesoran una deuda de 138.933 millones de euros a cierre del año pasado, producto de bajos tipos, el boom inmobiliario y la estrategia de diversificación en otros sectores de la economía. Ese dato representa más de tres veces su patrimonio y es el doble del conjunto empresarial. Además, supone 10,83 veces el Ebitda, frente a las 3,91 de la media de todas las cotizadas no financieras. “Algunas sociedades han incrementado sustancialmente su exposición a perturbaciones adversas, como consecuencia del fuerte incremento del endeudamiento en los dos últimos ejercicios, en parte ligado a diversas operaciones corporativas”, analiza la Dirección de Estudios y Estadísticas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un artículo en el que hace acopio de todos los datos de las compañías cotizadas.

A cierre de 2007, la construcción concentraba el 47% del total de la deuda de las compañías no financieras cotizadas en la bolsa española. Según el regulador, a principio de la nueva década la cifra era de alrededor del 10%. De 294.811 millones de euros que debían las empresas cotizadas el año pasado, 138.933 millones los concentraban constructoras e inmobiliarias.

Los bajos tipos de interés –negativos durante mucho tiempo- y el consecuente boom inmobiliario han motivado los elevados niveles de apalancamiento de estas compañías. Aunque el verdadero salto se produjo en 2006, en medio del proceso de diversificación de las principales constructoras a otros sectores de la economía, sobre todo el energético. Ese año, la deuda del sector pasó de 48.324 a 111.000 millones de euros. Esta última cifra equivale a más del 10% del PIB español, octava potencia económica mundial.

Las operaciones son por todos conocidas. La entrada de Sacyr Vallehermoso en Repsol YPF, Eiffage y Europistas. El asalto energético de ACS en dos de las principales compañías del sector, Iberdrola y Unión Fenosa, además de la adquisición del 25% de la constructora alemana Hochtief. La toma de control de Endesa por parte de Acciona. La apuesta de Ferrovial por los aeropuertos británicos con la compra de BAA. Las faraónicas compras de la pequeña Inmocaral, que en un año invirtió más de 7.000 millones en hacerse con Colonial, Riofisa y el 15% de FCC…

¿Y ahora qué? El resultado de este maremagnum de operaciones corporativas es un sector extremadamente endeudado y con problemas para seguir desarrollando su actividad ante el cierre de los mercados mayoristas de financiación y el encarecimiento del precio del dinero. Aunque el hecho más relevante es que las adquisiciones acometidas no han revertido en un mayor beneficio si se compara con las imponentes cargas que llenan de ceros el pasivo de los balances.

Según datos de la CNMV, la deuda de constructoras e inmobiliarias representa 3,08 veces su patrimonio, frente a las 1,57 veces del conjunto de las empresas cotizadas no financieras. Además, equivale a 10,83 veces su beneficio bruto de explotación (Ebitda). Mientras que las cargas financieras, es decir, lo que pagan de intereses por los préstamos, suponen 0,85 veces el Ebit o beneficio antes de intereses e impuestos.

La carga financiera media de las compañías cotizadas es de 0,33 veces, casi una tercera parte del sector del ladrillo, mientras que el ratio deuda sobre Ebitda alcanza las 3,91 veces, también tres veces menos.

En 2003, antes de que las empresas de la construcción comenzasen a pasar de forma masiva por la ventanilla de los bancos para pedir dinero, la deuda era de 24.552 millones de euros, y los ratios mostraban una cara mucho más amable. La deuda suponía 1,59 veces el patrimonio y 5,91 veces el Ebitda, mientras que las cargas financieras eran de 0,30 veces el Ebit.



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Los primeros ladrillos 'agrietados'
El Mundo - 30 de marzo de 2008
 
 
- Numerosas compañías inmobiliarias y de la construcción han presentado la suspensión de pagos.

- Las menores ventas de pisos y el cierre del 'grifo' por parte de los bancos hace estragos.

- Los expertos esperan que continúe en los próximos meses el goteo de empresas con problemas


Los tiempos de vino y rosas del sector inmobiliario en España han quedado definitivamente atrás. La crisis en el sector y el menor ritmo de ventas ha provocado que las elevadas deudas de las compañías inmobiliarias y constructoras se conviertan en una pesada losa que, en algunos casos, está siendo imposible de afrontar.

Desde que en octubre del pasado año, Llanera se convirtió en la primera compañía del sector en acogerse al concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- el goteo de otras empresas con problemas ha sido incesante y ya prácticamente es raro el día que no aparece alguna noticia negativa.

A la crisis que azota el mercado residencial se ha unido el que las entidades financieras están restringiendo los créditos al sector inmobiliario por la desconfianza en su negocio, lo que ha dejado a muchas compañías en una situación en la que no pueden hacer frente a los pagos de su deuda.

Por el momento las empresas con más problemas son las de pequeño y mediano tamaño, aunque las grandes también se están viendo afectadas, ya que pese a que no han llegado a solicitar la suspensión de pagos, algunas sí se han visto asfixiadas por la necesidad de refinanciar su deuda, como en el caso de Hábitat, Martinsa-Fadesa o Detinsa.

"Lo normal es que las pequeñas inmobiliarias tiendan a desaparecer y se queden las grandes y las que menos expuestas estén al sector residencial", explica Carlos Torre, analista financiero de Renta 4. "Estas empresas apostaron por el 'boom' y ahora se quedan con una gran bolsa de viviendas sin vender, a lo que se añade que están muy endeudas", añade Torre.

Otros expertos también han vaticinado que el número de empresas con problemas en el sector continuará aumentando en los próximos meses. Y es que las señales de que existe una crisis continúan. Los promotores ya reconocen que los precios de la vivienda tendrán este año una caída del 8%, mientras el Estado comienza a reducir su superávit por la desaceleración inmobiliaria.

Estas son las compañías que peor paradas han salido en los últimos meses.

- Llanera. La inmobiliaria valenciana presentó en octubre de 2007 el concurso voluntario de acreedores, que afecta a seis filiales del grupo con una deuda de unos 700 millones de euros. La compañía ha comenzado a vender activos para reducir su endeudamiento.

- Grupo Ereaga. El grupo inmobiliario, empresa familiar con sede en Getxo (Vizcaya) y formado por 18 sociedades, presentó en diciembre de 2007 el concurso voluntario de acreedores, que fue aceptado por un juzgado de Bilbao. La compañía posee unas deudas de 160 millones de euros.

- Marbar. La inmobiliaria gallega, de pequeño tamaño -tenía 56 empleados-, se declaró en suspensión de pagos el pasado mes de enero. Lo más grave es que 300 compradores de sus promociones descubrieron que las viviendas, para cuya compra anticiparon dinero, están embargadas por distintos bancos debido a las deudas de los propietarios de la compañía.

- Contsa. El grupo andaluz Contsa, centrado en la actividad inversora inmobiliaria, solicitó en febrero el concurso voluntario de acreedores para satisfacer sus obligaciones económicas respecto a sus más de 1.000 socios e inversores -la mayoría pequeños ahorradores que confiaron sus ahorros a la empresa cambio de lograr una rentabilidad mínima garantizada-.

- Habitat. La promotora catalana se salvó de la suspensión de pagos 'in extremis' el pasado mes de febrero al conseguir el apoyo de todas las entidades acreedoras. La última en sumarse fue Barclays, que mantuvo en vilo el acuerdo hasta el último momento. La compañía tiene una deuda de 1.586 millones de euros. La pasada semana, se conoció que la compañía acumula pérdidas de 444 millones.

- Grupo Jale. Dos sociedades, Inmobiliaria Amuerma y Jale Construcciones, de la compañía con sede en Cádiz solicitaron de manera voluntaria la suspensión de pagos a finales del pasado mes de febrero. Su deuda supera los 300 millones de euros.

- Nozar. La sociedad Avalatransa pidió a principios de marzo el concurso necesario contra la inmobiliaria y su filial Lena Construcciones, por el impago de unos 300.000 euros. Sin embargo, el juez desestimó la solicitud.

- Seop. La constructora, con una deuda de unos 200 millones, se convirtió en la primera constructora en suspender pagos tras las elecciones de marzo. La compañía es patrocinador del equipo de fútbol del Racing de Santander y su matriz, Grupo Silver Eagle, posee el 80% de las acciones del club.

- Grupo Sánchez. La inmobiliaria catalana, que comenzó su actividad hace 20 años, presentó el jueves de Semana Santa -20 de marzo- el concurso de acreedores. La medida afecta a la matriz, con sede en Manresa, y a dos filiales del grupo, que acumulan deudas de 97 millones de euros.

- Cosmani. La compañía, que cuenta con una cartera de activos valorada en 1.600 millones de euros, presentó el 25 de marzo la solicitud del concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de su deuda, que asciende a 350 millones de euros.

- Prasi. La constructora se acogió a la suspensión de pagos la pasada semana por la actual coyuntura del sector. Sus dirigentes afirmaron que la sociedad ya no tenía actividad.

- Encoval. La constructora valenciana presentó el pasado viernes el concurso voluntario de acreedores, en un momento en el que tiene 950 viviendas fase de obra.

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Comunidad de Madrid
 
MADRID ELEVA EL PRECIO DE LOS PISOS PROTEGIDOS
El País (Comunidad de Madrid) - 07 de abril de 2008
 
 
La Comunidad de Madrid aumentó ayer los precios de la vivienda protegida en la región. Los primeros damnificados serán los beneficiarios que compren una casa protegida, ya que pagarán hasta 25.600 euros más que antes por el mismo piso.

El Ejecutivo regional ha elevado los módulos de precios máximos que sirven de referencia a los promotores para vender los diferentes tipos de vivienda protegida, un complejo sistema de precios con un tramo nacional y otro regional. El objetivo es que se construyan más pisos de este tipo. María Isabel Mariño, consejera de Vivienda de la Comunidad, asegura que la medida sirve para incentivar a los promotores inmobiliarios para que construyan más vivienda protegida, "ante la desaceleración que vive el sector". La calificación provisional de vivienda protegida -los visados para construir pisos protegidos- ha caído más de un 78% desde que comenzó el año. Los empresarios obtendrán así más beneficios y, en teoría, estarán más interesados en hacer pisos protegidos.

"Hacía cuatro años que no se modificaban y hemos equiparado los módulos a lo establecido por la norma estatal del Ministerio de Vivienda", según Mariño. El precio básico estatal para este tipo de viviendas es de 758 euros por metro cuadrado útil.

La subida de los precios de las casas protegidas será del 31% para las viviendas situadas en las zonas más caras, como Madrid o Las Rozas. La norma regional divide en cuatro las zonas en las que aplica las subidas. Según esto, el nuevo precio de una vivienda protegida de unos 70 metros cuadrados en la zona más cara (Madrid, Alcobendas, Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo) será de unos 106.700 euros, 25.600 euros más que antes de la subida.

En la zona B, donde están municipios como Alcalá, Alcorcón o Parla, el precio de la vivienda protegida asciende a 86.700 euros, un 25% más. En la C, que incluye a San Agustín de Guadalix, Alpedrete o Meco, un piso protegido de tamaño medio costará 76.700 euros, un 20% más. Y en la zona C, con localidades como Cercedilla, un piso con las mismas características costará 66.700 euros, un 15% más.

Vivienda pretende iniciar unas 30.000 viviendas protegidas este año, un 27% más que en 2007. La consejera agregó que en los próximos días se iniciará la construcción de 3.000 viviendas en régimen de alquiler por promotores privados.

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Siguen las protestas por Plan de Vivienda Joven de Aguirre
Redacción PVD (Comunidad de Madrid) - 31 de marzo de 2008
 
 
El sábado volvieron a concentrarse decenas de afectados por incumplimientos en las viviendas que les han correspondido dentro del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid.

Miembros de diversas promociones del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid, aunque principalmente procedentes de Rivas, se concentraron de nuevo frente a la Oficina de Vivienda para denunciar los incumplimientos de la CAM y reclamar soluciones.

Los adjudicatarios de Rivas denuncian, entre otros asuntos, que se les han entregado viviendas más pequeñas que lo que recoge el Plan y pagan mucho más por ellas de lo estipulado. Por pisos que el Plan ofrecía por 390 euros mensuales se están pagando recibos de casi 600 euros, en los que se incluye a los inquilinos un IVA del 16% y una cuota de comunidad de 40 a 70 euros.

En cuanto a los adjudicatarios de Navalcarnero, siguen sin recibir ninguna solución a las ocupaciones irregulares de diversos pisos, ni a la carencia total de transporte público.

Según la Plataforma por una Vivienda Digna, que apoyó el acto, “es de una cara dura increíble que el Partido Popular ponga como ejemplo la vivienda protegida que se hace en Madrid”. “La que se hace presenta muchas irregularidades, son tan caras que muchos adjudicatarios no pueden pagarlas, y se dan tiempos de espera de hasta ocho años”.

Para el portavoz de dicha plataforma, “si se hacen números con los costes de construcción, suelo en el extrarradio a precio público y un beneficio razonable del promotor, una vivienda de 90 metros no debería costar más de 80.000 euros. No entendemos que ninguna vivienda del Plan baje de los 130.000 euros, y que haya algunas por más de 190.000 euros con sólo unos metros más”. “Otra cosa que no se comprende es que la oposición esté tan callada en Madrid, con todas las cosas que se pueden decir y hacer, especialmente en materia de vivienda”.

En la concentración, pudieron verse pancartas con lemas como “Derecho a techo a justo precio”, “Queremos el precio de las viviendas por escrito” o “El Plan Vivienda Joven, chapuzas y Espe-culación”. Los representantes de Rivas han solicitado una reunión con la Consejería de Vivienda, y afirman que seguirán manifestándose hasta que las irregularidades se resuelvan.



 
 
TSJM anula los sectores residenciales del plan de Boadilla
Estrella Digital (Comunidad de Madrid) - 27 de marzo de 2008
 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte deberá ser modificado al no cumplir con vivienda protegida para jóvenes y rentas bajas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en reciente sentencia, ha confirmado que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no destinó los suelos suficientes parsa la edificación de vivienda protegida y para rentas bajas, una reserva que prevé la Ley del Suelo de la CAM para garantizar el acceso a la vivienda a las clases más desfavorecidas (jóvenes y rentas bajas) y que obligatoriamente impone el artículo 110 de la Ley 9/1995, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Como consecuencia de la sentencia, el Ayuntamiento se verá obligado a la modificación de los Planes Parciales de los Sectores residenciales SUR 2 Olivar 3º Fase, SUR 3 Camino Bajo, SUR 5.2 A.C.N., SUR 6.2 A.C.S., SUR 7 Los Fresnos, SUR 8 L. Cárcava, SUR 9 El Encinar, SUR 10 El Pastel, SUR 11 Valenoso, SUR 12 Bonanza.

El PGOU destinó más de 3.450.000 m2 de suelo a la construcción de viviendas (más de 7.000 viviendas) recalificados en el nuevo Plan General, que ya fue anulado por sentencia de la Sección Octava del TSJ de Madrid en el año 2003, por vulnerar los derechos fundamentales de los Concejales del PSOE.

El Ayuntamiento destinó únicamente 1.022.948 m2 de todo el suelo residencial clasificado cuando tenía que haber destinado 1.739.737 m2, lo que equivale a que los sectores residenciales del PGOU de Boadilla tengan que cambiar su clasificación del suelo pues faltan más de 700.000 m2 que deberán modificarse para destinarse íntegramente a vivienda de protección pública, en cumplimiento de la sentencia de más alto Tribunal de la Comunidad Autónoma.

En una nota emitida ayer por el Portavoz de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, se anticipaba que habían solicitado "el urgente cumplimiento de la sentencia pues varios sectores residenciales se encuentran ya casi terminados (SUR 7- Los Fresnos o SUR 12- Bonanza), pero la mayoría de los que incumplen la norma autonómica se encuentran en fase de urbanización y ejecución de las calles y el Ayuntamiento no tiene intención de cumplirla porque ya ha dicho que ha recurrido.

La política de vivienda del alcalde Panero, según Alternativa por Boadilla, veda el acceso a la vivienda a los jóvenes y ciudadanos de la propia Boadilla de rentas más bajas, por lo que muchos han tenido que irse de la localidad. Las últimas 80 viviendas públicas que ha hecho la Empresa Municipal de la Vivienda tienen un precio de entre 300.000 y 400.000 euros (entre 50 y 65 millones de las antiguas pesetas) y muchos vecinos han tenido que renunciar a ellas por no poderlas pagar.

Según Galindo, “hasta el propio Rajoy se sorprendió cuando en plena campaña electoral fue preguntado por un joven de Boadilla si la política de vivienda del PP era la de Boadilla".

El PGOU, los Planes Parciales y las Juntas de Compensación son dirigidas por el arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren, que hizo el PGOU, procesado en varios municipios de Madrid por tráfico de influencias y negociación prohibida. Uno de los Planes Parciales de Boadilla (SUR 11-Valenoso) fue iniciado por Enrique Porto Rey, ex director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre, imputado por la Fiscalía Anticorrupción en una presunta trama de corrupción urbanística en otro municipio de Madrid.

Su relevo en este Plan Parcial lo realiza Leopoldo Arnáiz Eguren, a través de una de sus empresas de consultoría. Según Ángel Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla, "sólo tienen la esperanza de que la justicia ponga orden”.

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Ecologistas acusa a tres altos cargos de prevaricación
El País (Comunidad de Madrid) - 10 de abril de 2008
 
 
En el campo de golf de Alcalá de Henares. Denuncia que dos directores generales y el alcalde hicieron informes favorables cuando pertenecen al Consejo de Administración.- El Gobierno regional afirma que las acusaciones son "falsas"

La ONG Ecologistas en Acción ha denunciado hoy en un comunicado a dos directores generales de la Comunidad de Madrid y al alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González (PP), de ser "juez y parte" en el macrocomplejo de golf Alcalá Natura, ya que han emitido informes favorables al proyecto al tiempo que forman parte de su Consejo de Administración. Ecologistas considera que los tres altos cargos -González, el director de Agricultura, Luis Sánchez; y el de Medio Natural, Miguel Allué-, pueden haber incurrido en un "presunto delito de prevaricación" y estudia emprender acciones por la vía penal.

El consejo de Gobierno de Madrid aprobó un plan especial para la construcción de un campo de golf en la localidad el 27 de septiembre de 2007. El campo, que tendrá dos recorridos de 18 hoyos cada uno, estará en la finca El Encín, propiedad del Gobierno regional y de 158 hectáreas. El plan nace a principios de 2005, cuando el entonces consejero de Economía, Fernando Merry del Val, anunció que su departamento promovería un gran centro de ocio, deportivo y urbanístico. El consejero pretendía edificar hoteles y salas de congresos en la zona en el suelo público.

Juez y parte en el proyecto

Según explica la ONG, la empresa pública Alcalá Natura 21 SAU (Sociedad Anónima Unipersonal), se constituyó por autorización de acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de junio de 2005. A su juicio, esta empresa se creó "con el claro objetivo de transformar la finca pública de investigación agroambiental", El Encín, en un "macrocomplejo de golf" para ser gestionado por la empresa privada Desprosa. Los ecologistas explican que para conseguir este objetivo, la Comunidad de Madrid "despliega" todo un conjunto de actuaciones en las que están involucradas "personas claves" para que el proyecto salga adelante.

Merry del Val, de quien depende El Encín, es el socio único de la empresa Alcalá Natura 21 y, como tal, designa al Consejo de Administración que está formado, entre otros, por el director general de Agricultura, como presidente de Alcalá Natura 21, el alcalde de Alcalá, como consejero, y el director del Medio Natural, también como consejero. Los tres cargos públicos forman parte del Consejo de Administración de la empresa promotora del macrocomplejo de golf desde el año 2005, y, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, están "obligados a abstenerse de intervenir" en todo lo relativo al procedimiento promovido por Alcalá Natura 21, asegura Ecologistas en Acción.

"Muy al contrario", afirma la nota, "los tres cargos han sido juez y parte", ya que han desempeñado un papel esencial en la viabilidad del complejo deportivo, como lo es "modificar del Plan General de Alcalá" para autorizar el golf, ya que este "uso estaba prohibido expresamente". Dicho plan general, cuya modificación ya ha denunciado la ONG a nivel administrativo, consideraba la finca como "no urbanizable y de especial protección agropecuaria". Tanto el presidente -el director general de Agricultura-, como los dos consejeros -el director General del Medio Natural y alcalde de Alcalá- han participado "activamente" en el procedimiento al emitir informes favorables, sin los cuales hubiera sido imposible autorizar los proyectos de Alcalá Natura 21, sostiene la ONG. Además, recuerda la existencia de informes técnicos y jurídicos contrarios a la modificación puntual del Plan General de Alcalá y a la autorización del golf en la finca El Encín.

La respuesta de la Comunidad

Aseguran que en julio de 2006 el ex director de Urbanismo, Enrique Porto Rey informó favorablemente la construcción de diversas edificaciones en El Encín y la transformación del centro de investigación en hospedería tres meses antes de su dimisión. "Por esas fechas Porto Rey venía realizando trabajos, a título particular, para la empresa Prointec, empresa colaboradora de Alcalá Natura 21 en el proyecto de complejo de golf y también debería haberse abstenido de participar en el procedimiento", apuntan.

Desde el Gobierno regional, se ha pedido a Ecologistas que "no invente falsas acusaciones" sobre El Encín, ya que en su opinión "se está cumpliendo con la legalidad vigente, en materia urbanística, medioambiental y administrativa", y se está realizando "con total transparencia". La Comunidad subraya que el deber de abstención -contemplado en el artículo 28 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas-, existe sólo cuando se tienen "intereses personales" en alguno de los procesos, algo que no ocurre en este caso ya que se trata de "una empresa 100% pública", donde ambos directores generales están presentes para defender los intereses de los ciudadanos. El Ejecutivo regional recomienda a la ONG que "se estudie en profundidad las leyes" antes de lanzar falsas acusaciones.

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Catalunya
 
LA COMPRA DE PISOS DE 300.000 EUROS TENDRÁ AYUDA DEL GOVERN
El Periódico de Catalunya (Catalunya) - 12 de abril de 2008
 
La Generalitat concederá ayudas para comprar pisos de hasta 300.000 euros en Barcelona y su área a personas o unidades familiares con ingresos no superiores a 6,5 veces el IPREM (47.054 euros anuales), si estos pisos se acogen a la nueva tipología de vivienda concertada con protección oficial, según la última propuesta de decreto de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge.

Los pisos concertados construidos en suelos libres se podrán desclasificar y vender a precios de mercado pasados 15 años. Todos los compradores de estos pisos podrán acceder a préstamos preferenciales "que pueden llegar al 100% del precio de la vivienda", y los que ingresen menos de 4,5 veces el IPREM o jóvenes de menos de 35 años y otros colectivos podrán obtener una "subvención a fondo perdido del 2% del precio del piso" para formalizar la compra.

También se crean las tipologías de alquiler con opción de compra de VPO del régimen general y del nuevo concertado. En el primer caso, el tiempo mínimo en alquiler antes de poder venderlo al inquilino es de 10 años, a un precio de 1,5 veces la VPO general, mientras que en el concertado el mínimo temporal se limita a siete años, con una renta mensual máxima de alquiler de 750 euros, y el precio máximo de venta será el que corresponda a la figura del concertado en aquel momento. Podrán pedir estas calificaciones todos los pisos en construcción, los nuevos y los usados. El objetivo es sacar de inmediato una gran bolsa de pisos vacíos y en estoc que no se venden, mediante ayudas públicas a los compradores e importantes rebajas por parte de los propietarios.

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Se venden 2.000 pisos a precio de coste en Cataluña
CincoDías.com (Catalunya) - 23 de abril de 2008
 
 
La Asociación Corporativa de Empresarios Inmobiliarios, creada a raíz de la crisis inmobiliaria y formada por un centenar de promotores, ofrece unos 2.000 pisos a precio de coste en Cataluña al no poder venderlos a precio de mercado. El director de la asociación, Valentí Oliveras, explicó ayer que la fórmula consiste en que el promotor subroga la hipoteca del piso al comprador. Son inmuebles de un precio entre los 120.000 y 180.000 euros, que se venden con una rebaja de hasta el 40%.

Además, el responsable de esta asociación explicó que las empresas han pactado con diferentes entidades financieras el establecimiento de condiciones más ventajosas para esas hipotecas, tales como tipos fijos en torno al 5%, por lo que aunque el euríbor continúe subiendo, el comprador no verá modificada su cuota mensual, pero si este indicador de referencia baja, sí podrán beneficiarse de ello.

Hasta la fecha Oliveras confirmó que se han cerrado ya una treintena de operaciones y estimó que a finales de este año espera concluir la venta de las 2.000 viviendas.

Otra opción que ofrece esta asociación a los compradores de estas casas es ponerlas a continuación en alquiler. Con esta fórmula han calculado que el propietario pagaría al mes por un piso de 180.000 euros apenas 200 euros si la vivienda se alquila por 600 euros. Falta por cerrar la contratación de un seguro que cubra los casos de impago del inquilino.

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Nuevo intento de desahucio de un inquilino con contrato
El Periódico de Catalunya (Catalunya) - 24 de marzo de 2008
 
 
El dueño se niega a cobrar el alquiler a una familia que ya fue desalojada por error

Nuevo culebrón de un presunto acoso inmobiliario en Santa Coloma de Gramenet. Driss Lammou, un vecino de la calle de Dalt dels Banús, no puede pagar el alquiler porque el dueño se niega a cobrarle y quiere echarle nuevamente del inmueble pese a tener un contrato de alquiler vigente desde hace dos años.

Lammou fue desalojado en julio del año pasado tras una equivocación del juzgado. El propietario, que le arrendó el piso, dejó de pagar la hipoteca y la vivienda fue subastada. El juzgado desconocía la presencia de inquilinos legales y ordenó el desalojo. Días después, el juez rectificó y dio la razón a Lammou.

Ahora, la empresa Cirsamper SL, propietaria del piso, dice que el contrato es simulado y lo ha demandado por 30.000 euros. Los portavoces de la compañía declararon el año pasado a este diario que querían echarle para vender el piso y obtener ganancias. La empresa obtuvo el inmueble en una subasta por un precio módico: 120.000 euros.

Lammou cree que es víctima de acoso inmobiliario. "Estamos muy preocupados porque seguimos con el mismo problema desde hace un año. Parece que tener un contrato legal y querer pagar el alquiler cada mes no es garantía para quedarte en tu casa", se lamenta Younnes, el cuñado de Lammou, que ha asesorado a la familia en el proceso.

El abogado del inquilino espera la fecha para el juicio, donde intentará demostrar que el contrato de alquiler con el antiguo propietario es legal. Si el juez les vuelve a dar la razón, la familia podrá permanecer en el piso hasta finales del 2011.

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Un juez retira la titularidad de un piso de VPO en Rubí
invertirol.com (Catalunya) - 26 de marzo de 2008
 
Al no residir en él sus propietarios

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Rubí (Barcelona) ha retirado la titularidad de una vivienda de protección oficial después de que se demostrara que las personas a las que se adjudicó el piso no lo utilizaban como residencia habitual, una de las condiciones bajo las que se otorgan este tipo de viviendas.

La sentencia establece que los propietarios deberán devolver la vivienda a la promotora municipal, Promusa, que en 1999 entregó el piso a los demandados a cambio de 45.963 euros. La vivienda tiene de 66,7 metros cuadrados situado en el barrio de Can Magí-Roquetes de Rubí.

En 2007, ese mismo juzgado ya devolvió la titularidad de dos viviendas de protección oficial en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a Promusa, después de que la promotora demostrara que los adjudicatarios no la utilizaban como residencia habitual.

La promotora pública inició en 2006 una investigación sobre el cumplimiento de las condiciones de venta de los pisos que se saldó con la apertura de 25 expedientes, de los que 13 han llegado a los juzgados.

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La Generalitat ha perdido 1.141 millones por la crisis
El Periódico de Catalunya (Catalunya) - 27 de marzo de 2008
 
 
• Los ingresos por la compraventa de pisos usados cayeron el año pasado un 27%

• Castells augura que se revisará el marco de cuentas autonómicas del 2008


La crisis inmobiliaria restó el año pasado un total de 1.141 millones de euros de las arcas de la Generalitat correspondientes a los ingresos procedentes del actual modelo de financiación autonómica, según anunció ayer el conseller de Economia, Antoni Castells. Una comparación da la medida de la magnitud de la caída de ingresos: se trata de una cifra equivalente a las inversiones previstas para este año en los apartados de vivienda y educación. Con estos datos, Castells aprovechó la rueda de prensa sobre la liquidación de ingresos del 2007 que ofreció ayer para insistir en que es "imprescindible" cambiar el modelo de financiación, ya que los resultados se obtuvieron, con un crecimiento que el año pasado fue aún del 3,7% en Catalunya.

A su vez avisó de que la situación actual, con una previsión de crecimiento que ya se ha bajado hasta el 2,5% en España, refleja que el marco en el que el Gobierno fijó los escenarios de estabilidad presupuestaria para este año "han quedado probablemente fuera de la realidad". Insinuó que tendrán que ser revisados al afectar a todas las autonomías. También admitió que el pronóstico de crecimiento del 3% para este año en Catalunya será revisado a la baja.

ANTICIPO PARA EL RESTO

En este sentido, el secretario general del departamento, Martí Carnicer, precisó que la evolución registrada en Catalunya, donde la construcción pesa dos puntos menos que la media, "se anticipa entre seis y nueve meses" a lo que sucederá en toda España. El Govern, que ya previó un descenso del 13,8% en la recaudación del ITP y AJD en los presupuestos de este año, se mantendrá vigilante para ver si se pronuncia la caída de la recaudación y si la ralentización económica afecta a otros impuestos. El grueso de la crisis lo soportaron el año pasado los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), que, con 3.199 millones de euros de ingresos, experimentaron una caída del 28% con respecto a la recaudación prevista y del 17% con respecto a la liquidación del 2006, como ya adelantó este diario. El efecto fue mayor en transmisiones patrimoniales --que afecta a la compraventa de pisos de segunda mano-- cuyos ingresos, 1.517 millones, registraron un desplome del 27%. La parte de AJD --escrituras para constituir hipotecas-- redujo la bajada al 5%, hasta 1.682 millones. Castells insistió en las debilidades de una fórmula de financiación "frágil" en la que un tributo que pesa la quinta parte de los ingresos provoca un caída tan drástica. En conjunto, la liquidación de la recaudación del 2007 por los distintos conceptos del sistema actual de financiación fue de 19.123 millones, el 5,6% menos de lo previsto. El Govern comenzó a ajustar sus cuentas la primavera pasada, cuando se detectaron los primeros síntomas de caída de esos ingresos. "Gracias a este esfuerzo, no todos los 1.141 millones de descenso se traducirán en déficit". Sin embargo, admitió que el impacto es "serio sobre el total de recursos", pero que "será menor" por la contención del gasto.

Los resultados evidencian, en opinión del conseller, que la financiación actual "depende de forma excesiva de un impuesto ligado a una actividad muy cíclica". No obstante, el mismo factor hizo que en las liquidaciones de los años 2003, 2004, 2005 y 2006 la recaudación por el ITP y AJD registrara alzas del 23,8%, 27,9%, 20% y 19%, respectivamente.

"Ha llegado el momento de que las Administraciones se repartan mejor los resultados de la bonanza económica". Fue tajante al asegurar que "parte del superávit del Estado se obtiene por la vía de trasladar déficit a las comunidades, a las que ha dejado ligadas a impuestos vinculados a actividades muy cíclicas".

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La exposición de algunas cajas catalanas supera el 80%
La Vanguardia (Catalunya) - 26 de marzo de 2008
 
 
Las entidades más pequeñas son las que tienen el negocio menos diversificado

Hasta nueve de cada diez euros de créditos comprometidos por algunas cajas catalanas lo están con el sector inmobiliario. Los datos demuestran la fuerte dependencia y exposición del sector financiero catalán al ladrillo, que ahora se encuentra en un momento de crisis. "El boom del tocho ha permitido a las cajas crecer con relativamente poco esfuerzo en los últimos años", explica un directivo de una de las entidades catalanas de ahorro. Durante este año será clave comprobar la evolución de las cajas en un entorno de desaceleración del inmobiliario y de mayor morosidad. Según los datos del 2007 facilitados por las propias entidades, la exposición al negocio inmobiliario oscila entre el 65% de Caixa Catalunya (el menor de todos) y el 90% de Caixa Laietana (véase gráfico). La exposición se mide en términos de porcentaje de créditos con garantía real sobre el total. Más del 95% de estos créditos con garantía real están relacionados con el sector inmobiliario.

Los expertos señalan que es normal que las más expuestas a las hipotecas sean las cajas pequeñas y en cambio las más grandes cuenten con una buena cartera de créditos a empresas.

De media, el conjunto de las cajas de ahorros españolas tienen una exposición del 71,2% en sus créditos comprometidos, según datos de diciembre. En el caso de los bancos, este porcentaje se reduce al 52,3%. El consejero delegado de Riva y García, Pere Viñolas, señala que el porcentaje español está por encima de la media. "Cualquiera que tenga el 60% de su negocio en un solo sector está muy expuesto", explica Viñolas.

Por lo tanto, en el caso catalán el riesgo es aún mayor ya que la dependencia del inmobiliario en estos últimos años ha sido importante. Fuentes financieras matizan, sin embargo, que no es tan malo tener muchos créditos con inmuebles como garantía real. "En este caso, al menos, si el cliente no paga, la caja se puede quedar con algo (un piso, un solar). En cambio, en los créditos personales o a empresas, el banco no recibe nada si el usuario se convierte en moroso", añaden estas fuentes financieras.

Esta exposición al ladrillo forma parte de la idiosincrasia de las entidades de ahorro. "Hace años, cuando los bancos estaban sólo interesados en las grandes operaciones, únicamente las cajas se preocuparon de los pequeños clientes que necesitaban un crédito para comprar su casa", explican. En los últimos años, la tendencia se ha invertido y las cajas se han abierto al negocio de empresas, mientras que los bancos han apostado fuerte por las hipotecas a particulares.

"No sería justo que ahora las cajas renegáramos de nuestros orígenes, que pasan esencialmente por las hipotecas y el menudeo con los clientes", explican fuentes de una entidad de ahorro. Su importante presencia en el negocio minorista fue lo que impulsó a las cajas - especialmente a las catalanas- a la revolución tecnológica que incorporó la introducción de tarjetas, cajeros automáticos e internet. En cambio, los bancos tardaron más en hacer esta revolución tecnológica porque estaban especializados en grandes operaciones.

¿Podría ser peligrosa la alta exposición al ladrillo de las cajas catalanas? Los expertos creen que depende de la intensidad y de la calidad de cada hipoteca. Como norma general, las cajas tienen dotaciones equivalentes a dos veces y media la morosidad actual. Si esos impagos aumentaran en el caso de las hipotecas, las entidades de ahorro asumirían las viviendas de los morosos pero podrían encontrarse con dificultades para recuperar el dinero al no encontrar compradores a buen precio.

Fuentes financieras matizan que depende del tipo de créditos que tiene cada entidad de ahorro. "No es lo mismo un crédito sobre el 80% del valor del piso en el caso de particulares y sobre el 60% en los comercios que porcentajes superiores a estas cifras", explican fuentes de una caja catalana.

Los datos recogidos muestran que en el 2007 el peso del inmobiliario sobre el conjunto de los créditos se ha mantenido estable pese al frenazo de la segunda parte del año pasado. Las estimaciones señalan que este año el porcentaje debería reducirse debido a la crisis en el mercado residencial. Este mismo mes se han hecho públicos datos que muestran que las ventas de inmuebles se redujeron en el último trimestre del 2007 un 14% de media.

Esta situación tiene dos efectos. Por una parte, las cajas de ahorros darán menos créditos, lo que no es malo atendiendo a las dificultades de liquidez que atraviesa todo el conjunto del sector financiero. El segundo es que se esfumarán los crecimientos de dos dígitos que se han registrado en los últimos años.

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Huguet propone aumento del IBI de las segundas residencias
El Periódico de Catalunya (Catalunya) - 27 de marzo de 2008
 
 
El conseller de Innovació, Josep Huguet, instó ayer a los ayuntamientos de los municipios turísticos a aumentar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) hasta el tope del 1,1% sobre el valor catastral de las viviendas como medida para aumentar la financiación. Huguet propuso esta medida, entre otras, en respuesta a una pregunta formulada en comisión del Parlament por el diputado de CiU Xavier Crespo.

Huguet advirtió de que parte del problema de la financiación depende de Madrid, pero que los ayuntamientos "tienen que mover ficha". El conseller puso como ejemplo el modelo de la Cerdanya, donde el residente recupera con subvenciones todo el incremento, el empresario hotelero, "la mitad", y quien tiene una segunda residencia no recibe "ninguna subvención".

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Comunidad Valenciana
 
La crisis del ladrillo se agudiza en los municipios costeros
DiarioInformacion.com (Comunidad Valenciana) - 11 de abril de 2008
 
 
Benidorm sólo ha solicitado un visado para construir una vivienda desde enero y en Alicante la caída de la actividad alcanza el 85%.

La crisis inmobiliaria que sufre la provincia desde 2007 ha fijado su epicentro en los municipios de la franja litoral, donde el diseño de nuevos proyectos prácticamente se ha paralizado desde que comenzó el año con descensos de la actividad que llegan al 99% en poblaciones como Benidorm, localidad en la que entre enero y marzo sólo se solicitó un visado para una vivienda unifamiliar, según los datos que maneja el Colegio Oficial de Aparejadores. En Alicante, municipio donde el sector se ha mostrado más activo en los últimos años, la situación es semejante con un recorte del 84% en la petición de visados para la construcción de 162 viviendas nuevas.

El sector toca fondo y su crisis comienza a tener efectos colaterales en notarías, gabinetes técnicos de arquitectura o registros de la propiedad donde se destruye empleo diariamente, según apuntaron ayer fuentes del sector. La patronal calcula que el parón de la construcción provocará este año en España la pérdida de 280.000 empleos.

El presidente del Colegio Oficial de Aparejadores de Alicante, Antonio Morata, advirtió ayer de que la crisis en la que entró hace un año el sector inmobiliario es ya más grave que la sufrida en 1993, tras constatar que desde que comenzó el año -enero, febrero y marzo- la solicitud de visados para la construcción de viviendas en la provincia ha caído un 70%, con 7.726 peticiones menos que en el mismo periodo de 2007. Morata señaló que "somos técnicos y poco podemos hacer para remediar la situación, pero a estas alturas del ejercicio ya no se puede hablar de desaceleración o aterrizaje suave. Estamos ante un parón brusco y, lo que es peor, nadie sabe qué consecuencias puede tener porque los analistas económicos se muestran muy pesimistas".

Según los datos que manejan los aparejadores, hasta el 31 de marzo se habían presentado 3.252 solicitudes de visados, cifra que contrasta con las 10.978 del año pasado o las 13.613 del primer trimestre de 2004, ejercicio en el que el sector alcanzó el cénit del "boom" con un total de 52.737 viviendas iniciadas. El descenso del 70% del primer trimestre -el pasado marzo la caída alcanzó el 76%- duplica al total registrado en 2007 que fue del 34%, porcentaje que encendió todas las alarmas. Morata apeló a la construcción de VPO para amortiguar la crisis y, en este sentido, valoró positivamente la aprobación del Plan Rabasa, "un proyecto muy importante pero en el que se tienen que resolver con acierto el tema de la conexión con la ciudad, porque precisamente por se un proyecto muy grande, el éxito o el fracaso serán también muy grandes".

Por otro lado y en cuanto a las operaciones de compra-venta de inmuebles, el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Vicente Carbonell, anunció ayer que que el descenso de la actividad desde que comenzó el año ronda el 50%. "Multitud de obras están paradas, otras no comienzan", señaló Carbonell quien resaltó, por otro lado, que "la actividad inmobiliaria está muy ralentizada, tanto la de adquisición como la financiación ya que las entidades financieras han restringido la concesión de créditos". La patronal Provia calcula que este año el inicio de nuevas promociones caerá un 40%, un porcentaje que puede ser aún mayor a tenor de la evolución del sector, casi en caída libre según los datos del Colegio Oficial de Aparejadores. El sector entra además ahora en un periodo clave para la venta de viviendas, por lo que si éstas no se animan "y alcanzamos el verano la situación será muy preocupante", subrayaron ayer fuentes de la patronal inmobiliaria.

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Canarias
 
Los Verdes rechazan la propuesta de los constructores
Terra (Canarias) - 21 de abril de 2008
 
 
Los Verdes de Tenerife ha manifestado su 'radical desacuerdo' a las propuestas de un 'egoísmo patético' que últimamente salen de la patronal de la construcción, Fepeco' y que pretenden reconvertir viviendas privadas en públicas.

El portavoz en Tenerife de Los Verdes, Octavio Hernández, señaló en un comunicado que 'los constructores pretenden utilizar fondos públicos a toda costa con tal de que no bajen los precios de la vivienda por la sobreoferta y el parón hipotecario, y suspiran por que se pague con los impuestos de todos los beneficios especulativos de empresas que están exentas de impuestos gracias a la RIC'.

Así se refirió el portavoz verde a la última propuesta de la patronal, que ha instado al Gobierno de Canarias a la integración en el parque público de vivienda de las promociones que tienen difícil salida en el mercado por la crisis, mediante la recalificación de viviendas de promoción privada en viviendas de protección oficial. Los Verdes-Grupo Verde considera que 'los empresarios no quieren bajar los precios desorbitados de los últimos años, sino alterar el mercado con esta recalificación mediante los acuerdos hipotecarios en vivienda protegida y las subvenciones públicas a la adquisición de VPO'.

Hernández explicó que las facilidades públicas en forma de préstamos, subsidios y ayudas directas para la compra en el Plan de Vivienda de Canarias 2005-2008, en el caso de la Comunidad autónoma oscilan entre 3.000 y hasta 12.000 euros para el comprador y hasta 13.000 euros para el promotor 'que saldrían del erario público e irían a parar al bolsillo del constructor, apalancando los precios con fondos públicos para que no bajen y no perder dinero'.

Los Verdes considera que 'las restricciones hipotecarias y la caída en la compra de viviendas se deben a la saturación del mercado y deben resolverse según la ley de la oferta y la demanda, bajando los precios en la libre competencia, no evadiéndola mediante privilegios fiscales o subsidiarios'. Hernández recordó que el objetivo del Plan de Vivienda de Canarias es, según indica en la exposición de motivos el propio Gobierno, 'favorecer su acceso a los sectores de la población más desfavorecidos o que con menores recursos económicos no pueden acceder a una vivienda digna a los precios actuales del mercado'.

Sin embargo, criticó Hernández, 'Fepeco pretende convertirlo en un plan para favorecer la venta a los sectores de la población más privilegiados que han ganado dinero a manos llenas en la última década porque no pueden vender las viviendas con los precios actuales del mercado, y se resisten a bajarlos, ni construirlas, con los límites de riesgo financiero y tipos de interés actuales, por la gran cantidad de viviendas que hay vacías debido a que la renta familiar disponible no permite a la gente comprarlas'.

Los Verdes consideró que 'las administraciones deben resistir las presiones de la patronal y dejar que bajen los precios para que tenga salida el parque privado de viviendas al menor coste para el erario público y para los compradores, y se racionalice así de manera espontánea y no por una vía intervensionista el sector de la construcción e inmobiliario, que está claramente hipertrofiado, sobrepreciado y sobredimensionado'.

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Albergues se movilizan para pedir una casa digna
ElDia.es (Canarias) - 10 de abril de 2008
 
 
Las 16 familias de los Albergues Municipales de Santa Cruz de La Palma, que son viviendas de propiedad municipal que se encuentran en un estado ruinoso desde hace años, han decidido movilizarse para exigir una vivienda digna porque dicen que ya no aguantan más y que tienen miedo de que un día pase una desgracia por la situación en la que se encuentra el edificio, que se está cayendo a pedazos, afirman.

De momento, en sólo tres días han recogido 300 firmas de apoyo, que van a continuar recabando. Además, tienen previsto colgar pancartas reivindicativas en la fachada del inmueble, en cuanto cese el temporal de viento que afecta a la Isla desde hace días, y no descartan llevar a cabo una sentada si el alcalde capitalino, Juan Ramón Felipe, no se reúne con ellos.

Así lo dijo ayer una de las afectadas, Pilar Pérez, que aseguró que "si el alcalde no da la cara y no se reúne con nosotros aquí, en los Albergues, haremos una sentada para que sepa todo el mundo en las condiciones en las que estamos viviendo. Estamos desesperados y por eso pedimos auxilio a quien nos pueda ayudar", indicó, añadiendo además que hoy mismo tiene previsto reunirse con el adjunto del Diputado del Común para que "nos eche una mano porque nuestra situación es insostenible", añadiendo que "nosotros no queremos que nos arreglen el edificio, queremos unas viviendas nuevas porque éstas se están cayendo. El ayuntamiento no ha hecho nada por mantenerlas, las hemos mantenido los propietarios hasta ahora, pero yo ya no gasto ni un euro más".

Las casas que habitan, aparte de ser minúsculas, están llenas de humedades, goteras, las cornisas se están cayendo, al igual que los azulejos, y hay ratas como "gatos". Además, Pilar añadió que las casas tienen aluminosis y que hay un informe del año 98 que lo certifica.

"Nos tienen que sacar de aquí porque por la noche cuando estamos en la cama se oyen ruidos en la estructura del edificio, como si se estuviera rompiendo algo, que nos asusta mucho", afirmó Pilar Pérez, que advirtió de que si "pasa algo, luego lo van a lamentar".

Esta vecina quiso dejar claro también que no están en contra del alcalde, como se está diciendo por ahí, "en absoluto, le tocó a él porque es el alcalde y si nos movemos ahora es porque ya estamos hartos de que nadie nos haga caso y de que nos mientan". "Antes -continuó- pedíamos ayuda, pero ahora pedimos auxilio porque ya no podemos seguir viviendo aquí. Las viviendas son frías, hay mucha humedad y desde el año 98 nos podían haber sacado de aquí y no hicieron nada".

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Andalucía
 
Los 2 jóvenes que increparon a Chaves el 28-F irán a juicio
Diario de Sevilla (Andalucía) - 30 de marzo de 2008
 
 
Los acusados se enfrentan a una falta por actuar contra el orden público

Un juzgado de Sevilla enjuiciará el 14 de abril a dos jóvenes que, el pasado 28 de febrero, desplegaron una pancarta contra los desahucios e interrumpieron el discurso del presidente de la Junta, Manuel Chaves, durante los actos del Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza. Fuentes del caso han dicho que los acusados, un chico y una chica, están procesados por una falta contra el orden público, denunciados por la Policía Autonómica andaluza.

Los jóvenes interrumpieron el inicio del discurso de Chaves desplegando, en el patio de butacas del Teatro de la Maestranza y entre los cientos de invitados, una pancarta que decía "Por una vivienda digna. Desahucio 0" y le increparon con gritos de "basta ya de mentiras". Los dos jóvenes, que fueron desalojados por la Policía, protestaban por una serie de desahucios en el sevillano barrio de Begoña que han afectado ya a nueve familias y puede afectar a otras quince.

Ante las imprecaciones, Chaves les dijo: "Ustedes ya han expresado su opinión, déjenme a mí expresar la mía", lo que provocó el aplauso de los asistentes y que algunos invitados cruzaran insultos con los dos jóvenes.

Los dos activistas, según manifestaron posteriormente, querían conseguir la mediación de la Junta con la propietaria de las 25 viviendas, que según afirmaron, pretendía desalojar a los inquilinos.

Al tratarse de un juicio de faltas, la Fiscalía no fijará su petición de condena hasta el momento de la vista, han explicado las fuentes.

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El precio medio de la vivienda nueva en Sevilla bajó un 19%
ABC (Andalucía) - 06 de abril de 2008
 
En 2007

El precio medio de la vivienda de nueva construcción tuvo un fuerte bajón el año pasado. Así se desprende de los datos reflejados en el Barómetro de la Economía Urbana de Sevilla y su Área Metropolitana elaborado por la agencia Sevilla Global del Ayuntamiento hispalense, donde se recoge, además, que entre enero y septiembre de 2007 se visaron más viviendas de protección que de renta libre. El Barómetro se basa en los datos del Ministerio de la Vivienda. Según éstos, la vivienda nueva en Sevilla alcanzó en el primer trimestre del año pasado su precio medio más alto desde el año 2004: 3.614, 4 euros por metro cuadrados, pero desde entonces sufrió un paulatino descenso que hizo que, en elcuarto trimestre de 2007, el coste medio fuese de 2.924 euros el metro cuadrado, lo que supone una bajada de 689 euros, es decir un un 19%, en un año. Con ello, el precio de la vivienda de renta libre se sitúa al nivel alcanzado a principios de 2006, cuando el metro cuadrado estaba a 2.908,6 euros. No obstante, el precio medio a final de diciembre suponía un incremento del 8,24% respecto a 2006.

Por contra, el precio de la vivienda usada se mantuvo a lo largo del pasado año, incluso sufrió un leve incremento: pasó de 2.112,2 euros el metro cuadrado en enero a 2.178 euros en diciembre.

Pero si este dato es un buen exponente de la situación del mercado inmobiliario, el barómetro presentado ayer por el delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Jon Ander Sánchez, da otros no menos significativos. En 2007, el número de viviendas visadas por el Colegio de Arquitectos, en ejecución, fue de 4.005 unidades, lo que supone casi un 28% menos que el año anterior. Destaca especialmente la caída de visados para viviendas de renta libre, que se redujeron a la mitad respecto a 2006 -sólo 1.684-, frente al incremento de las VPO. De hecho, el número de viviendas protegidas en construcción en 2007 era de 1.526, lo que supone un incremento del 1,26% con respecto al año anterior y un aumento del porcentaje de las mismas con respecto a las de renta libre; ese incremento fue más claro entre enero y septiembre del pasado año, cuando el 57,8% de las viviendas visadas eran VPO. Además, los datos del Colegio de Arquitectos permiten aventurar a Sevilla Global que en los próximos meses la superficie total construida se incrementará en un 9,4% y que la vivienda libre se reducirá prácticamente a la mitad.

El barómetro advierte que hay signos de un cambio respecto a la demanda: la compraventa de vivienda usada bajó entre enero y septiembre un 12,2% en la provincia -un indice que triplica la caida media en Andalucia-, mientras que se mantiene pujante la demanda de vivienda de obra nueva. Tambien recoge este documento datos sobre el número de hipotecas: en 2007 se formalizaronen Sevilla un total de 75.302, lo que supone un descenso interanual del 2,7%, y además sigue creciendo el importe medio de las mismas, que, entre enero y noviembre del año pasado, se situó en 136.000 euros, un 8,8% más que en 2006. Este dato se relaciona con el precio de la vivienda, destacando que en Sevilla, y en varios municipios de su área metropolitana, es más caro adquirir una casa que en el resto de la provincia Por lo que respecta a la licitación oficial, en 2007 se registró el segundo mayor volumen de inversión licitado en la década actual, con 1.448,7 millones de euros, que sin embargo supone un descenso del 5,5% respecto al año 2006.

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El TSJA ratifica la paralización del Algarrobico
SalvemosMojacar.org (Andalucía) - 27 de marzo de 2008
 
 
El hotel no podrá acabarse y deberá acabar así a la demolición. La sentencia reconoce que el hotel ocupa suelo protegido del parque. Nueva victoria de la legalidad en el proceso contra el hotel.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada ha desestimado los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Carboneras y Azata del Sol contra la orden de paralización cautelar del hotel que paralizó las obras el 23 de febrero de 2006. El hotel no podra concluirse y abrirse como esperaba la promotora y el ayuntamiento y habrá de esperar como hasta ahora a la sentencia de demolición. Salvemos Mojácar celebra esta nueva victoria de la legalidad y considera que hubiera sido escandaloso e inaceptable que se levantara ahora la medida de paralización y se permitiera a la empresa concluir y abrir el hotel. Manifestamos con ello nuestra satisfacción total con la sentencia, que a lo largo de 21 páginas hace una sólida argumentación de los particulares que la asociación viene defendiendo.

La Asociación Salvemos Mojácar estaba personada en el recurso habiendo tenido un papel fundamental a la hora de hacer valer la legalidad ante el Tribunal, frente a las numerosas irregularidades y planimetria inexacta o falsa aportada por la Junta de Andalucía en los diferentes pleitos. Se trata de uno de los 7 pleitos relativos al Algarrobico en los que está personada la asociación, además del pleito interpuesto por la misma que ha dado lugar a la paralización.

Hay que destacar que la sentencia reconoce que el hotel ocupa suelo protegido del Parque Natural Cabo de gata Níjar, (pags, 12-13) lo que esperamos sirva de poderoso precedente en otras causas pendientes y que es sin duda uno de los principales argumentos a la hora de impedir que una mitad del hotel que en pié y en suelo protegido, como es la pretensión de la junta de Andalucía.

La sentencia recoge especialmente el argumento esgrimido por la asociación de Periculum in Mora y de que la medida Cautelar ha de servir para que no se pierda el objeto del recurso contra el hotel como sería el caso si el medio se llega a deteriorar de modo irreversible al concluirse la obras en marcha. Desestima así todos y cada uno de los argumentos de las partes recurrentes y alega que es mucho más lógico impedir que se construya, que acarrear con los perjuicios de la licencia una vez declarada ilegal, a efectos de los daños, reversible o irreversible, que puedan causarse a las distintas partes. (pags 13-14 de la sentencia). La finalización y puesta en marcha del hotel provocaría en caso de indemnización un contante indemnizatorio mayor que el derivado de la demora en el derecho a la edificación. Afirma que "La ley impone que encontremos más digno de protección preservar el suelo, con suspensión de las obras, pues finalizadas estas es difícilmente reversible aquel y su entorno a la situación inmediatamente anterior". Carece a estos efectos de importancia el avanzado estado de las obras, concluidas en un 94,41%.

La sentencia reciente de la Audiencia Nacional ratificando los 100 metros de servidumbre de protección de Costas ha sido especialmente tenida en cuenta en este fallo. Considera que dicha sentencia "dota de especial intensidad a la apariencia de bien derecho de de la pretensión ejercitada por la parte recurrente" contra el hotel (o sea Salvemos Mojácar).

La sentencia desestima también la petición de lo recurrentes de exigir una cuantiosísima caución a Salvemos Mojácar, ya que ante la manifiesta incapacidad de una asociación sin ánimo de lucro y cuya finalidad es la defensa del medio ambiente, la medida cautelar sería impracticable si dependiera de la imposición de la caución solicitada por los recurrentes. De nuevo la sentencia hace incapié en la apariencia de buen derecho de la pretensión ejercitada por la parte recurrente y concluye citando un auto del Tribunal Supremo según el cual "la existencia de una clara apariencia de buen derecho hace innecesaria la exigencia de caución", la cual de por sí no es imprescindible en ningún caso.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Con ello se afianza cada vez más el camino de la legalidad y pierden cada vez más terreno los defensores del desenfreno urbanístico que actúan fuera de la ley. Se trata pues de una nueva victoria y un nuevo paso hacia la demolición definitiva y total del hotel.

Salvemos Mojácar confía en que Azata abandone toda pretensión de ganar los pleitos, que deje de poner trabas a los mismo aumentando con ello sus gastos y costas y que ceda a una demolición rápida de todo el complejo.

Contacto: Jaime del Val. Tel: 687 558 436

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Detenido el alcalde de Zurgena
El Ideal de Granada (Andalucía) - 03 de abril de 2008
 
 
Detenido el alcalde de Zurgena por autorizar un millar de viviendas en suelo rústico. Declaran ante el juez los ex ediles del pueblo onubense de Aljaraque por presunto blanqueo de dinero

Nueva detención por asuntos relacionados con el urbanismo municipal en Andalucía. Si el martes fue en el pueblo onubense de Aljaraque, ayer fue en el almeriense de Zurgena, donde fue detenido su alcalde, Cándido Trabalón, del PA, por su implicación en la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de alrededor de un millar de viviendas sobre suelo rústico.

Además de Trabalón también han sido arrestados el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), el arquitecto y otro técnico municipal y un promotor inmobiliario, en el marco de la operación 'Costurero' ordenada por el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa después de que La Fiscalía de Medio Ambiente incoase diligencias en 2006.

Secreto sumarial

Las actuaciones, sobre las que se ha decretado secreto sumarial, se iniciaron ayer con registros por mandato judicial en inmobiliarias, promotores y domicilios de Zurgena, donde los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil intervinieron asimismo diverso material informático y documentación en la sede del Ayuntamiento. Los agentes procedieron al registro de propiedades en los municipios de Albox y Huércal Overa.

El juez investigaba, tal y como sostiene el Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez, si se produjo la comisión de delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la autorización municipal a seis promociones de viviendas ejecutadas por cuatro empresas en pedanías del municipio. El Ayuntamiento de Zurgena aprobó en febrero de 2007 la delimitación de suelo urbano (DSU) del término municipal que situaba dentro de esta calificación las más de 1.000 viviendas denunciadas ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por el Seprona de la Guardia Civil e impugnadas por la Junta de Andalucía.

Recalifica 358 hectáreas

El documento, aprobado en pleno con la abstención de los ediles en la oposición, fija en 358 hectáreas el suelo urbano de Zurgena y declara urbanizables más de 122 hectáreas en la pedanía de Carasoles-Cucador y otras 111,50 hectáreas en La Alfoquía donde, según el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se detectaron cerca de 350 viviendas construidas sobre suelo rústico.

Por otra parte, el ex alcalde y ex concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque , Juan Manuel Orta y Casto Pino, respectivamente, pasaron ayer a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva que ordenó a la Guardia Civil su detención por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. Sobre este caso, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, reclamó la presunción de inocencia para los detenidos.

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Chaves creará una consejería para aplicar el Pacto
Diario de Sevilla (Andalucía) - 11 de abril de 2008
 
El nuevo departamento se encargaría de la política de planificación urbanística

El secretario general del PSOE-A y ganador de las elecciones autonómicas, Manuel Chaves, creará una Consejería de Vivienda en el próximo Gobierno andaluz, que conformará la próxima semana, informaron fuentes socialistas y de la Junta, para abordar de forma específica una de sus principales prioridades para la nueva legislatura, en la que debe ponerse en marcha la ejecución del Pacto Andaluz por la Vivienda.

Aunque todavía no ha definido la estructura definitiva del nuevo Ejecutivo y sigue perfilando el contenido de su discurso de investidura, Chaves sí tiene ya decidido que su Gobierno contará con una consejería dedicada de forma específica a la política de vivienda y de planificación territorial. Es posible que el presidente quiera colocar a un alcalde al frente de este departamento, lo que facilitaría las negociaciones con los municipios para sacar adelante el pacto.

Esta operación supondría dividir en dos la actual Consejería de Obras Públicas y Transportes. Algunas fuentes apuntan a que Luis García Garrido -actual titular de ste departamento tras la salida de Concepción Gutiérrez del Gobierno al presentarse como candidata al Congreso- seguiría al frente de una consejería que gestionará la política de infraestructuras.

La parte de la Consejería que se desgajaría para formar una nueva sería la correspondiente a las actuales direcciones generales de Arquitectura y Vivienda, de un lado, y de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, de otro.

Chaves seguirá así el modelo definido en el Gobierno central por José Luis Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura con la creación del Ministerio de Vivienda, separando las competencias hasta entonces incluidas en Fomento.

La principal tarea de la nueva Consejería será impulsar la ejecución del Pacto por la Vivienda, suscrito el pasado diciembre por Junta, sindicatos y empresarios, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y entidades financieras, y que prevé la construcción de 700.000 viviendas en diez años, de las que 300.000 serán protegidas. Para reforzar este compromiso, Chaves ya ha anunciado en varias ocasiones que la primera medida del nuevo Gobierno será remitir al Parlamento el proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, que inició su tramitación como anteproyecto el pasado septiembre aunque no llegó a ser registrada en la Cámara por las elecciones.

La norma regulará el derecho de todos los andaluces a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación, recogido en el artículo 25 del nuevo Estatuto, y prevé que las administraciones públicas garantizacen que el esfuerzo para comprar una vivienda no supere un tercio de los ingresos familiares ni una cuarta parte en caso del alquiler.

Según las fuentes consultadas, aún está pendiente de concretar si la creación de este nuevo departamento supondrá que el nuevo gabinete de Chaves contará con 15 consejerías o si se mantiene la cifra de 14 realizando ajustes.

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Una vivienda digna
ABC (Andalucía) - 30 de marzo de 2008
 
 
ACECHAN tiempos de crisis. El sector inmobiliario, como cabía esperar después de tantos años de inflar la burbuja, se verá afectado -lo está siendo ya, de hecho- por un retroceso inexorable que, nos guste o no, se llevará por delante un buen puñado de empresas y un número nada desdeñable de puestos de trabajo.

Se nos dice que ello obedece a un fenómeno de escala internacional, la dichosa globalización; verdad a medias, ya saben, la peor de las mentiras. Es un hecho que el precio del petróleo, como caballo desbocado, tiene un reflejo contante y sonante en las economías particulares; pero al margen de esa y otras variables lo cierto es que la delicada situación que atravesamos responde asimismo a factores de índole más doméstica. No todo va a ser culpa del pánfilo de Bush.

En la Córdoba de nuestros desvelos fue proclamado a los cuatro vientos el llamado Pacto Local por la Vivienda Protegida, instrumento que, según se nos anunció, no sólo vendría a incentivar la construcción de inmuebles de protección oficial, sino que brindaría a la iniciativa popular la participación en régimen de cooperativa, tal y como recoge la legislación vigente. Sin embargo, a la hora de la verdad todo han sido trabas e impedimentos para las dos propuestas resultantes del sorteo realizado al efecto, hasta el punto de dejarlas fuera del proceso con subterfugios pretendidamente legales.

¿Qué hay detrás de todo ello? Pues lo de siempre. Se suceden los gobiernos de distinto signo y la adjudicación de suelo sigue siendo el medio primordial de financiación de los Ayuntamientos -y del entramado político que los sostiene-. Semejante filón no lo van a comprometer, por más que sólo se derivasen consecuencias positivas para el ciudadano de a pie, que podría acceder a esa vivienda digna que recoge la Constitución sin necesidad de endeudarse de por vida. El fenómeno de la especulación, que tanto daño ha ocasionado, tiene su principal exponente en la propia Administración, que concede sus favores en función de consideraciones económicas espurias, que poco o nada tienen que ver con un criterio de utilidad social.

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Galicia
 
Os galegos están fartos pagar por vivendas de baixa calide
Xornal.es (Galicia) - 14 de abril de 2008
 
 
O vicepresidente defende o dialogar con todos para garantir a aplicación das Normas do Hábitat Galego. Quintana dille á directiva da Fegamp que, ás veces, hai que pensarse as cousas dúas veces "antes de manifestarse en contra de algo que o que pretende é que a xente viva con máis calidade".

O vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, asegurou estar convencido de que os galegos, e "sobre todo a xente máis humilde, a xente con menos posibilidades económicas, está farta de pagar cantidades astronómicas por pisos de moi baixa calidade". E para rematar con esta situación, o Goberno galego pon en marcha as Normas do Hábitat Galego, que, tal e como explicou Quintana, pretenden asegurar que as vivendas teñan un mínimo de calidade, "que, por exemplo, poidas ter un baño no que poidas entrar, que en vez dun mínimo de dous metros teñan cinco, que haxa uns corredores suficientemente amplos, que as vivendas teñan un mínimo de luz e de aireación, que haxa patios de luces amplos e todo iso é o que pretende o decreto que agora puxemos en marcha".

O vicepresidente resaltou a necesidade destas novas normas, que teñen que dar resposta a esa necesidade de que a xente estea farta de pagar cantidades astronómicas por pisos de baixa calidade."Xa era hora que a xente con poucos recursos poida acceder a unha vivenda a un prezo xusto e ademais a unha vivenda de calidade", asegurou. O vicepresidente Quintana fixo estas declaracións sobre as Normas do Hábitat Galego hoxe en Pereiro de Aguiar durante unha visita á nova galescola deste municipio ourensán.

Non ter vértigo ao cambio

O vicepresidente da Xunta asegurou que non se pode ter vértigo ao cambio, "o cambio, do que tantas veces falamos en Galiza, non pode ser só un cambio de persoas, un cambio de goberno, ten que ser sobre todo un cambio de políticas". Quintana amosouse convencido de que, maioritariamente, os cidadáns en Galiza reclaman cambios estruturais en moitos aspectos, e entre eles, en materia de vivenda. "E iso é o que estamos a pór en marcha e por iso non nos pode entrar vértigo ao cambio. Dende logo ao BNG non lle vai entrar vértigo ao cambio. Por iso facemos as galescola, por iso fixemos o Banco de Terras, por iso cambiamos o decreto de aproveitamento eólico, por iso estamos a apostar polo deporte de base, e por iso estamos a apostar por unha política de vivenda que garanta vivenda para os que máis o necesitan e ademais vivenda de calidade".

Anxo Quintana asegurou que a Consellería de Vivenda e Solo non se vai someter a presións nin a chantaxes e dixo que o que si vai facer a Consellería é dialogar con todos. Lembrou que as Normas do Hábitat Galego entrarán en vigor o próximo día 17 "e vamos dialogar con todos para que a súa aplicación sexa o máis efectiva e lóxica posible. E cando digo falar con todos, falaremos cos promotores, pero tamén cos veciños, porque supoño que teremos que escoitar a todos, a ver se os veciños queren pisos de calidade ou non". O vicepresidente recordou ademais que non se pode esquecer que, nos vindeiros anos, o maior promotor de vivenda en Galiza vai ser a Consellería de Vivenda e Solo. "Xa temos posto en marcha o Programa de Vivenda Protexida, que vai supor a posta a disposición de seis millóns de metros cadrados de solo residencial para construír 40.000 vivendas protexidas. Por certo, 40.000 vivendas que se farán de acordo co decreto do hábitat, é dicir, que serán vivendas de calidade".

Estrañado pola falta de críticas aos bancos

Quintana amosouse estrañado ademais de que, agora que se fala de crise do sector da construción, unha crise que é fundamentalmente unha crise financeira, "a min estráñame que os promotores non saian en avalancha protestando e criticando ás entidades bancarias pola súa política de redución crediticia, que si está causando un verdadeiro problema no sector". O vicepresidente explicou que aí está realmente o problema da situación actual e non en facer pisos de calidade, "porque a iso temos que ir, a facer pisos de calidade, que é para o que son as Normas do Hábitat Galego".

Declaracións Fegamp

Ao respecto da polémica co dirección da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) , "unha polémica coa dirección da Fegamp e non cos alcaldes nin cos concellos", o vicepresidente asegurou que, unha vez máis, a directiva da Fegamp se equivoca. Ante os xornalistas, Quintana pediulle aos veciños e veciñas de Galiza que reparen nunha cuestión, "o alcalde de Ames, membro da directiva da Fegamp, está en contra do decreto do hábitat; e o alcalde de Allariz, membro da directiva da Fegamp, está a favor do decreto do hábitat. Pois eu pido aos veciños e veciñas de Galiza que comparen o urbanismo e o modelo de cidade de Ames e de Allariz, e saquen a conclusión de onde preferirían vivir".

Quintana afirmou que considera que, ás veces, hai que pensarse as cousas dúas veces antes de manifestarse en contra de algo que o que pretende é que a xente viva con calidade, e a xente ten dereito a unha vivenda digna a un prezo xusto e de calidade. "Eu penso que a dirección da Fegamp se equivoca porque os alcaldes, sobre todo e ante todo, o que teñen é que velar polos intereses dos veciños, porque teñan unha vivenda de calidade e un urbanismo ao servizo da xente", dixo Quintana, ao engadir que, pola contra, "os alcaldes, o que non se deben preocupar é por se algún promotor vai reducir un pouco a súa marxe de beneficios, que estou seguro que será capaz de superar esa situación con toda normalidade".

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La Xunta flexible ante la Ley del Hábitat
La Voz de Galicia (Galicia) - 11 de abril de 2008
 
 
La consellería mantiene para el próximo jueves la entrada en vigor de la regulación que mejora la calidad constructiva. Touriño apuesta por revisar los ritmos de aplicación

El debate en torno a la entrada en vigor, el próximo jueves, de la nueva normativa gallega de habitabilidad, en plena crisis del mercado inmobiliario, ha llevado a la Xunta a lanzar un guiño al sector, con el compromiso de abordar con todos los agentes implicados las dudas que puedan plantear los requisitos exigidos en la construcción de viviendas y la posibilidad de «flexibilizar» su aplicación en casos concretos.

Con todo, esos contactos para «pulir aspectos» de la regulación no implicarán un retraso en su calendario de puesta en marcha ni la apertura de la moratoria que demandan los promotores. La Consellería de Vivenda se mantiene firme en la defensa de un catálogo de exigencias que debe mejorar de forma sustantiva la calidad y habitabilidad de los pisos que se construyan en Galicia a partir de la semana que viene.

El presidente de la Xunta defendió ayer, ante las preguntas formuladas por los periodistas al término de la reunión semanal del Gobierno, la necesidad de revisar los «ritmos» de las Normas do Hábitat «nun momento de dificultade económica» para el sector, en el que apostó por que «non se paralice nada». Desde una prudente posición de respeto a las competencias de Vivenda en esta materia, Touriño adelantó que la conselleira Teresa Táboas «está en condicións de considerar o ritmo» y las condiciones para la aplicación de la normativa, con la idea de no «perturbar o máis mínimo a capacidade de reacción» del sector en un momento delicado. Apostilló que la conselleira «é responsable plenamente» y que «cre nese decreto», si bien el presidente conjugó esa cautela con la defensa de que lo «prudente» es estudiar su ritmo de aplicación para que el sector tenga «capacidade de adaptación».

Presencia de todos los agentes

El marco en el que Vivenda propiciará ese debate con el sector es la Comisión Galega de Habitabilidade, previsto en el decreto de las normas y que estará integrado por los agentes que intervienen en el proceso edificatorio. En ese comité se tratarán todas las cuestiones, aunque la consellería avanza que las exigencias establecidas se respetarán.

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O prezo dos pisos novos descenderá en 2008
Vieiros.com (Galicia) - 15 de abril de 2008
 
 
Un estudio de Caixa Catalunya indica que en Galiza o metro cadrado será 55 euros máis barato có ano anterior.

A pesar de que as inmobiliarias afirman o contrario, un estudo levado a cabo por Caixa Catalunya indica que os pisos de nova construción vanse abaratar en 2008, por primeira vez dende hai doce anos. O prezo diminuirá en 55 euros por metro cadrado, ao pasar dos 1.622 aos 1567 euros de media.

Segundo se prognostica no capítulo de aforro e gasto do informe elaborado por Caixa Catalunya, tras rematar o "boom inmobiliario", o prezo dos pisos se reducirá un 3,4 por cento, unha porcentaxe superior á media estatal, que se sitúa no 2,2 por cento. Segundo datos recollidos polo Ministerio de Vivenda, non se producía un descenso similar dende o ano 1996, antes do comezo do auxe inmobiliario e no que os prezos baixaron de 653 a 609 (o incremento en 12 anos foi do 166 por cento).

O custe da vivenda e o esforzo financeiro son os factores básicos para recoñecer a evolución do gasto xeral das familias. Prevista a ralentización do crecemento económico e da creación de emprego, este informe sinala que o consumo dos galegos vai seguir medrando en 2008, aínda que con menos intensidade. A perda de poboación e a creación de novos fogares tamén será máis moderada, aínda que o gasto medio por cidadán chegará aos 10.500 euros ao ano.

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Construcción sector máis afectado pola redución do emprego
La Voz de Galicia (Galicia) - 08 de abril de 2008
 
 
El conselleiro de Traballo afirma que la previsión de crear unos 32.000 puestos de trabajo este año se reducirán a un abanico de entre 20.000 y 22.000.

El conselleiro de Trabajo, Ricardo Varela, ha asegurado hoy que las previsiones de creación de empleo serán ajustadas teniendo en cuenta la rebaja del crecimiento de la economía gallega para este año hasta el 2,8%, y ha agregado que el sector más afectado será el de la construcción.

Varela ha explicado que en los próximos días se pondrán en relación las previsiones de crecimiento de la economía en la comunidad, anunciadas hoy por el conselleiro del ramo José Ramón Fernández Antonio en el Parlamento, con las del mercado de trabajo. En este sentido, ha argumentado que «un menor crecimiento económico tiene impacto sobre el empleo», y por ello dijo que la previsión de crear unos 32.000 puestos de trabajo este año se reducirán a un abanico de entre 20.000 y 22.000.

El sector más afectado será el relacionado con la crisis del mercado inmobiliario, ha subrayado Varela, quien ha detallado que el de la construcción y, dentro de éste, el de la edificación, serán los que más se resientan por el menor crecimiento de la economía gallega.

Asimismo, se verán afectados los sectores dependientes de éste, como los proveedores de materiales de construcción, auxiliares o de la madera.

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Un 85% más de familias coruñesas renegocian su hipoteca
20 Minutos (Galicia) - 07 de abril de 2008
 
 
Casi 4.000 coruñeses pidieron en 2007 a los bancos ampliar los años de pago y reducir intereses. Las subidas del euríbor y el encarecimiento de la cesta de la compra, las culpables.

El euríbor, que no ha dejado de subir en el último año, y el mayor peso en euros de la cesta de la compra ha hecho recapacitar a las familias coruñesas con hipoteca y cada vez son más las que piden socorro a los bancos. De hecho, a lo largo de 2007 fueron un total de 3.813 las que decidieron renegociar su crédito para tener más años para pagarlo y reducir intereses.

Ese respiro lo buscan cada vez más endeudados, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos de las renegociaciones firmadas en 2007 suponen un incremento del 85% con respecto al año anterior, cuando en la provincia se cambiaron las condiciones de 2.061 hipotecas.

Además de los que realizaron este trámite, a lo largo de 2007 un total de 421 familias decidieron acudir a otra entidad diferente a la que tenían, aunque fueron 173 menos de las que lo hicieron un año antes.

A la caza del cliente

Y si a las familias les toca ahora apretarse el cinturón, los bancos y cajas aprovechan esta situación para ofrecer, en plena crisis o recesión, mejores ofertas para captar nuevos clientes. «Les interesa atender las peticiones para cambiar las condiciones de las hipotecas para no perder cuota de mercado y evitar también la morosidad», explica Álvaro González, de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas (Ausbanc).

Pero los apuros de las familias ya se dejan sentir también en el sector inmobiliario. Un ejemplo es que en Galicia, en el pasado mes de enero, el número de viviendas hipotecadas se redujo en un 12,2% con respecto al mismo mes de 2007. Y la compra de pisos bajó en el último año en casi un 22% en la comunidad.

Lo acordado, por escrito

Los que den el paso de renegociar su hipoteca con el banco o caja deben tener en cuenta varios puntos. Según explican desde la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas, el cliente debe exigir a su entidad bancaria una oferta por escrito, ya que los acuerdos de palabra pueden jugar una mala pasada en el momento de la firma.

Además, los expertos recomiendan estar pendientes del tipo de interés que se fija en el contrato final y del plazo total de amortización del préstamo.

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Lugo rechaza poblados de transición propuestos por Quintana
Galiciae.com (Galicia) - 08 de abril de 2008
 
 
Las tensiones generadas por el realojo de las familias gitanas que conviven en Galicia en poblados chabolistas se ha trasladado a Lugo.

La edil de Servizos Sociais, Carmen Basadre, ha dejado claro este martes la oposición del Concello al modelo de 'poblados de transición', la iniciativa estrella de Vicepresidencia para favorecer la integración de los gitanos y que contarían con una dependencia policial permanente.

"No me parece que las viviendas de transición sean la solución más adecuada", ha subrayado Basadre, argumentando su certeza de que el modelo se traducirá a la larga en la creación de guetos "como los que hay ahora".

Treinta años, y más

Aludiendo al poblado chabolista de Nazaret, en O Carqueixo, la titular de Servizos Sociais reiteró su oposición al plan propuesto por Anxo Quintana porque "ya tenemos experiencia de lo que son".

El asentamiento, ubicado en la parroquia de Santa María de Bóveda, fue en su momento una solución pasajera para facilitar la integración de las familias que allí viven "y que llevan allí más de 30 años".

La solución del Gobierno lucense pasa por ofrecer a los gitanos viviendas definitivas e integradas en sociedad. "Si hemos aguantado treinta años en condiciones pésimas podemos aguantar unos pocos más, siempre que al final tengamos viviendas dignas", ha sentenciado Basadre.

'Reaccionan igual ante iguales oportunidades'

La construcción de viviendas de transición es, a su juicio, una prolongación más del proceso de exclusión social a la que están sometidas las familias gitanas en Galicia.

Respecto a la situación del poblado de Nazaret, Basadre ha informado de que todavía quedan familias pendientes de ser trasladadas a una vivienda en la ciudad.

"Está claro que tenemos que trabajar con los gitanos porque no están acostumbrados a hacer vida en la ciudad, pero no hablamos de gente tan tozuda que no sea capaz de convivir con nosotros. Ante las mismas oportunidades reaccionan como los demás".

La concejal recordó que actualmente residen en el poblado unas 60 familias de etnia gitana

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Santiago: Visto bueno polígonos de Vivenda provisionales
El Correo Gallego (Galicia) - 08 de abril de 2008
 
 
Raxoi detectó defectos en la urbanización que impidieron conceder los permisos de ocupación

La junta de gobierno municipal dio ayer el visto bueno a las reformas llevadas a cabo por la Consellería de Vivenda en los polígonos 2, 3, 7, 9 y 15, en los que se construyeron pisos protegidos, casi todos de promoción pública. En estos polígonos se detectaron defectos de urbanización que impidieron al gobierno local aceptar la recepción de obras y, por lo tanto, conceder la licencia de primera ocupación a sus adjudicatarios.

En los suelos afectados, el Sunp 2 de Salgueiriños, el Sunp 3 de As Cancelas-Mallou, el Sunp 7 de O Avío, el Sunp 9 de Belvís y el Sunp 15 de Ponte Pereda, se autorizó la entrada de los titulares de las viviendas mediante un arreglo temporal, para evitar una espera más larga. Hay que destacar que, al tratarse casi todas las viviendas de pisos de promoción pública, los adjudicatarios son personas con recursos económicos muy limitados y que no disponen de una vivienda digna.

Tras detectar los fallos en la urbanización que imposibilitaban la concesión de las licencias de primera ocupación, el gobierno local y Vivenda pactaron por escrito que este último organismo acometería de inmediato las obras y, mientras tanto, Raxoi concedería licencias en precario, para posibilitar las altas en los contratos de la luz, el gas y el agua a las viviendas. Ahora, una vez superados los problemas, se concederán las licencias de primera ocupación definitivas.

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País Vasco
 
Madrazo aprueba una subida extraordinaria de las VPO
ElCorreoDigital.com (País Vasco) - 09 de abril de 2008
 
A petición de los constructores. El precio de los pisos puede elevarse un 8% si se le añade el aumento de la inflación que se aplica cada año. El sector sostiene que «se han disparado los costes»

Los ciudadanos vascos deberán rascarse un poco más el bolsillo para estrenar un piso protegido. El Departamento de Javier Madrazo aprobará esta primavera un incremento extraordinario de los precios de las VPO que habrá de sumarse a la actualización anual de la inflación en octubre. Con las dos subidas consecutivas, los inmuebles protegidos podrían encarecerse hasta un 8%. Según ha podido saber EL CORREO, la medida está contemplada en una orden autonómica que será aprobada previsiblemente en mayo y que fue diseñada a instancias de las patronales de la construcción de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.

Los tres organismos habían transmitido al Gobierno vasco su preocupación porque los costes de las VPO «se han disparado» a causa, sobre todo, de la introducción del Código Técnico de la Edificación. La reclamación de las constructoras llegaba cuando el propio consejero había asegurado que la vivienda pública podía convertirse en un «refugio» frente al desplome del mercado libre, cuyos precios están sufriendo drásticos recortes.

El sector recibirá este año el balón de oxígeno que reclama, ya que las VPO no sólo subirán una vez, sino dos. El aumento que el Ejecutivo autonómico prepara en mayo rondará el 4%, aunque se dejará sentir de forma escalonada en las viviendas de 75, 60 y 45 metros cuadrados, mientras que no se aplicará sobre las de 90. Ese incremento será consecuencia de una forma diferente de calcular el precio de los pisos, sobre la cual se realizará en otoño la revisión habitual del IPC.

Fuentes del Departamento de Vivienda explicaron que, a finales de año, la subida global media podría rondar el 8%, lo que coincide más o menos con el aumento de costes que los constructores atribuyen al nuevo código de edificación. Ahora bien, los pisos de 90 metros cuadrados -que rebasan ligeramente los 120.000 euros, sin IVA- sólo reflejarían la inflación. Los pisos de 75 metros, que cuestan unos 114.000 euros, subirán más. Y el incremento será un poco mayor todavía en los de 60 y 45 metros cuadrados.

Advertencia

Todo apunta a que el consejero Madrazo ha dado un paso al frente a la vista de la situación en que se encuentra el sector de la construcción. Las patronales habían mantenido «una serie de conversaciones» con el área de Vivienda para lanzarle unos mensajes claros que constan en un documento al que ha tenido acceso este periódico.

En resumen, los constructores subrayan que la Ley de Ordenación de la Edificación aprobada por el Ministerio de Vivienda en 2006 y un Real Decreto de 2007 establecen que las VPO deben estar equipadas con placas solares y tener paredes que aíslen el ruido, entre otros elementos

El resultado, alerta el documento, es un «importantísimo encarecimiento» en los costes de construcción, ya que ahora deben incorporar mejoras que antes no eran necesarias. Y esto, sostienen el sector, no se cubre con el incremento de precios que se produce de forma automática cada 1 de octubre para incorporar los aumentos del IPC. «Hay un evidente desfase», recalcan las empresas.

Las patronales vascas sostienen que el incremento de la calidad supone un sobrecoste medio «de entre 8.838 y 9.878 euros por piso», según se incluyan o no los honorarios de los arquitectos y la contratación de seguros. Dicho de otra forma, ahora les cuesta entre un 7,32% y un 8,23% más por casa.

Se da la circunstancia de que la ley y el posterior decreto que han disparado la alarma de las promotoras fueron aprobados en 2006 y 2007, aunque parece evidente que es ahora cuando el sector nota sus efectos de forma directa. No en vano, las estadísticas constatan un cambio de ciclo inmobiliario en la vivienda libre. Caen las ventas, los inmuebles se deprecian y las entidades financieras son más estrictas a la hora de conceder hipotecas.

El Departamento de Vivienda confirmó que la manera en que se han diseñado las subidas de las VPO, cargando el peso de las mismas sobre los pisos pequeños, persigue un doble objetivo. Por un lado, conseguir que las promociones públicas «no dejen de ser interesantes» para los constructores; sobre todo, las del segmento de menos de 75 metros cuadrados, que son las que más se quieren priorizar. Por otro lado, se persigue que las viviendas de 90 metros cuadrados -dirigidas a familias con hijos- sólo tengan el impacto del IPC, como todos los años.

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VPO son ya 40% de las viviendas que se construyen en Euskadi
20 Minutos (País Vasco) - 31 de marzo de 2008
 
Las VPO son ya el 40% de las viviendas que se construyen en Euskadi. En 2007 se construyeron en Euskadi 7.228 viviendas de protección oficial, el 26% de alquiler. Los precios bajan en Álava, pero se mantienen en Vizcaya y Guipúzcoa.

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo, aseguró hoy que "no hay ningún indicador que nos haga pensar que el sector de la construcción en Euskadi, ni en vivienda libre ni en protegida, vaya a pinchar".

"El sector de la construcción en Euskadi ni se sobrecalentó ni se ha enfriado rápida y drásticamente como ha sucedido en España", ha resumido el consejero.

Madrazo ha insistido en que no comparte los "mensajes alarmistas" sobre la supuesta crisis en el sector, "que se podrá dar en el conjunto del Estado, pero que en Euskadi no se está produciendo, porque ha evolucionado conforme a otros parámetros distintos".

El consejero recalcó que incluso si se frenara la marcha de la construcción de vivienda libre, "lo que no se está produciendo", reiteró, el sector podría acudir a la VPO como elemento "refugio y anticíclico" desde el que canalizar el desarrollo del sector residencial.

En 2007 se han batido todos los récords de producción de vivienda protegida, al superar por primera vez la cota de las 7.000 viviendasSeñaló en este sentido que los datos del sector en Euskadi van en sentido positivo. "Sube claramente la producción de vivienda protegida, la de vivienda libre y el empleo en el sector creció en 1.000 empleos" en 2007.

Madrazo anunció que la Ley Vasca de Suelo "ya está dando sus primero frutos", lo que ha permitido que en 2007 se hayan batido todos los récords de producción de vivienda protegida, al superar por primera vez la cota de las 7.000 viviendas anuales, con una cuota de mercado que alcanza ya el 40%.

En concreto, según explicó Madrazo, se iniciaron 7.228, más de la mitad de ellas, 3.903 en Álava; 1.879 en Guipúzcoa y 1.446 en Vizcaya. El 26% del total se destinó a alquiler social.

Estas cifras revelan, según el consejero, que cuatro de cada diez viviendas que se construyen en Euskadi son protegidas, frente a una tasa de una de cada diez que se alcanza en el resto del Estado. "Sacamos muchas traineras de ventaja", añadió.

Madrazo subrayó que el aumento de la cuota de mercado de la vivienda protegida se produce en un momento de crecimiento de la vivienda libre, ya que el año pasado se iniciaron en Euskadi un total de 10.955 viviendas libres.A mayor producción de vivienda protegida, mayor contención de precios en la vivienda libre"

Según Madrazo, a mayor producción de vivienda protegida, mayor contención de precios en la vivienda libre, frente a la postura defendida por diversos colectivos y patronales que aseguran que se produce un trasvase de costes y que finalmente la vivienda protegida encarece la libre.

"No es casualidad que en el territorio donde más vivienda protegida se hace (Álava) sea donde los precios descienden", razonó el consejero.

Madrazo fijo como objetivo de su departamento alcanzar la cifra de 10.000 viviendas al año como forma de solucionar definitivamente el problema de la vivienda en Euskadi y dar respuesta a las necesidades de las más de 76.000 personas inscritas en Etxebide.

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Etxebide echa a 32 vascos al año por renunciar al piso
20 Minutos (País Vasco) - 31 de marzo de 2008
 
 
Etxebide echa a 32 vascos al año por renunciar al piso que le ha tocado. En 2006 hubo 313 rechazos, el 22% del total de agraciados. El servicio te expulsa durante dos años a la segunda negativa.

Es una cifra pequeña en comparación con los más de 75.000 nombres apuntados en la lista de Etxebide, pero deja de sorprender que, con lo difícil que es que te toque una VPO, haya quien la rechace. En concreto, una treintena de personas de media son expulsadas cada año de las listas por este motivo.

En total, desde 2003, año en que se establecieron las normas, hasta 2006, últimos datos, 163 personas han sido dadas de baja por renunciar dos veces a un piso de protección oficial.

No obstante, la expulsión de las listas por haber renunciado a un piso otorgado en un sorteo no es definitiva. El castigo únicamente dura dos años. Eso sí, luego hay que apuntarse de nuevo, con todo el papeleo que eso conlleva. «El objetivo de esta medida es evitar un gasto administrativo que no deben costear las personas que tienen en Etxebide una opción primera y urgente», señalan en el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco.

Más de las que parecen

Sólo en 2006, 313 personas decidieron no quedarse con el piso que les había tocado en uno de los sorteos. De ellos, la mitad en Vizcaya. Teniendo en cuenta que ese año se sortearon 1.404 viviendas, tanto en alquiler como en propiedad, resulta que uno de cada cinco pisos de protección fueron rechazados: el 22%.

El principal motivo para rechazar una vivienda oficial es un cambio en la unidad convivencial que deja pequeño el piso otorgado. Es decir, que hay más ingresos o que cambia la familia (ahora hay hijos, el abuelo que se viene a vivir).

Otra de las causas que motivan una renuncia es que para cuando llega el sorteo, el agraciado/a ya ha iniciado la adquisición de una vivienda libre. Después de estas razones, los renunciantes alegan que no les gusta la ubicación o que no les convence que sea en derecho de superficie (derecho a usar el piso durante 50 ó 75 años, pero sin tenerlo en propiedad).

Expropiarán las VPO vacías

Las VPO que permanezcan vacías más de tres meses podrán ser expropiadas . Así lo marca un nuevo decreto publicado por el Gobierno vasco, que ha tomado esta medida para evitar fraudes y garantizar que los pisos de protección sean utilizados para lo que fueron concebidos.

El texto recoge que las VPO deberán ser destinadas a «domicilio habitual y permanente», y advierte de que «se presumirá que una determinada vivienda ha dejado de ser domicilio habitual cuando permanezca desocupada tres meses, salvo causa justificada».

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El Gobierno vasco expropiará las viviendas protegidas vacías
ElCorreoDigital.com (País Vasco) - 30 de marzo de 2008
 
 
El Gobierno vasco expropiará las viviendas protegidas que lleven más de tres meses vacías. La normativa anterior daba un año de plazo antes de imponer la máxima sanción.

El Gobierno vasco ha dado un paso más en su lucha por que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) cumplan la función para la que fueron concebidas y evitar así posibles fraudes de sus inquilinos. El último decreto publicado por el Ejecutivo en materia de vivienda protegida -para dar desarrollo normativo a la Ley vasca del Suelo- dedica uno de sus apartados a garantizar que estos pisos sean la vivienda habitual de sus propietarios.

Si el Departamento de Vivienda detecta que no es así, podría expropiar la vivienda y considerará que los propietarios no hacen uso permanente del piso si éste permanece deshabitado durante más de tres meses. Se estrecha el margen, ya que la anterior normativa sobre expropiación determinaba que el plazo que podía permanecer sin uso una casa, sin causa justificada, era de un año. Según establece el nuevo decreto de Lakua, las VPO deberán ser destinadas a «domicilio habitual y permanente», es decir, para satisfacer «de manera directa e inmediata las necesidades de vivienda de sus ocupantes».

Del mismo modo, advierte de que «se presumirá que una determinada vivienda ha dejado de ser domicilio habitual cuando permanezca desocupada durante más de tres meses de manera continuada, salvo causa justificada que permita acreditar que dicha vivienda sigue constituyendo tal domicilio habitual y permanente»

Inspección del fraude

Esta exigencia también será aplicable a los nuevos inquilinos en el caso de que el piso se traspase. El contrato de compraventa deberá incluir de manera obligatoria una cláusula que comprometa a los nuevos propietarios a cumplir esta norma. En el último año, la consejería de Javier Madrazo ha volcado gran parte de sus esfuerzos en el control del uso que los propietarios de VPO hacen de sus pisos. Así, a mediados de 2007 se puso en marcha el Servicio de Inspección para realizar revisiones periódicas del parque de vivienda protegida.

El último informe que el Departamento de Vivienda ha hecho público respecto a los resultados de esos controles advirtió de que el 9% de los pisos inspeccionados en promociones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa presentaba «irregularidades constatadas». Cada tipo de fraude tiene su castigo -el más grave la expropiación- y el pasado año el Ejecutivo autónomo recurrió a esta sanción ocho veces. En Álava expropió cinco pisos, en Guipúzcoa dos y en Vizcaya, uno.

Además de recortar el plazo durante el que las viviendas pueden estar vacías, el decreto incluye la creación del Registro de Vivienda de Protección Pública, diseñado para recoger todos los datos de los pisos protegidos existentes en Euskadi. Este instrumento pretende actuar «como elemento fiscalizador básico del cumplimiento de la legalidad vigente en materia de acceso y uso del parque de vivienda protegida», detalla el documento.

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Región de Murcia
 
Investigado un antiguo inspector de Hacienda por 'perdonar'
El Diario Montañes (Región de Murcia) - 06 de abril de 2008
 
 
14 millones de euros a un constructor. El antiguo co propietario de Polaris World, Facundo Armero, realizó una petición para no desembolsar esta cantidad en concepto de IVA

La investigación en torno al antiguo co propietario de Polaris World, el constructor Facundo Armero Madrid, por la presunta trama de corrupción urbanística de los municipios murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo, tiene otra ramificación que conduce a la Agencia Tributaria. En concreto, un antiguo inspector de Hacienda ha sido investigado por la presunta condonación de 14 millones de euros en concepto de IVA correspondiente a diversas facturaciones de empresas de Armero, según informa laverdad.es. Según fuentes de la investigación, este funcionario de Hacienda pudo informar favorablemente a una petición que hizo el constructor para no desembolsar esta cantidad en concepto de IVA.

Otras actividades empresariales de Facundo Armero también están detrás de la orden de prisión dictada el jueves contra el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, por parte del magistrado Salvador Calero, que sustituye en el juzgado número cuatro de San Javier a Aránzazu Moreno. La permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y la empresa Polaris World, que está al parecer en el fondo de esta nueva rama del caso, se corresponde con unas gestiones que realizó Facundo Armero ante el Ayuntamiento de Torre Pacheco, apuntaron las mismas fuentes..

Como publicó ayer laverdad.es., y según la versión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, las arcas municipales pudieron salir perjudicadas en la operación, ya que los terrenos cedidos por el Consistorio habían sido valorados en algo menos de 3 millones de euros. Esta presunta prevaricación y malversación de fondos imputada al alcalde y referida a esta permuta es una pieza nueva del caso, ya que, no fue reflejada por el fiscal del caso, José Luis Díaz Manzanera, en su informe del 24 de octubre pasado ante la juez Aránzazu Moreno. Según publicó este diario, el fiscal apreciaba hasta 17 caso de indicios de delito entre once imputados en la presunta trama de corrupción en Torre Pacheco y Fuente Álamo.

Prisión para el alcalde de Torre Pacheco

El juez Salvador Calero, sustituto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4 de la localidad murciana de San Javier, acordó anoche "prisión provisional comunicada y sin fianza" para el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, "quien se acogió a su derecho a no declarar".

En una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Murcia se informaba de que también han prestado declaración el presidente del grupo empresarial Polaris World, José Luis Hernández, y el ex director financiero de esta compañía, Juan Marcos Fernández, "en calidad de imputados y para los que el juez no ha acordado ninguna medida cautelar". También se tomó declaración al promotor Facundo Armero, ex socio de Polaris World, para quien ha establecido la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días y la retirada del pasaporte".

El caso de Torre Pacheco y Fuente Álamo comenzó a raíz de una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y de las primeras declaraciones, de una quincena de imputados entre técnicos y ediles de ambos ayuntamientos, tuvieron lugar a primeros de noviembre. El pasado lunes, el juez de la causa -ampliada tras las primeras declaraciones- mandó a prisión al arquitecto técnico municipal de Torre Pacheco , Ramón Cabrera, por su supuesta implicación en esta trama. Ayer, tras varias horas de comparecencia, el juez dictó libertad con cargos para el secretario y el interventor municipal de Torre Pacheco, Jose Luis de Dios y Miguel Pérez, respectivamente.

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El alcalde de Torre Pacheco, acusado de delitos
El Mundo (Región de Murcia) - 03 de abril de 2008
 
 
De malversación y prevaricación

El alcalde de Torre Pacheco (Murcia), Daniel García Madrid, del PP, detenido esta mañana, está acusado de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, informaron fuentes de la investigación.

Tras su detención, Daniel García Madrid fue llevado a los juzgados de San Javier para comparecer ante el juez, aunque se ha negado a declarar.

Las mismas fuentes confirmaron que, además, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, José Luis Hernández de Arce, presidente del grupo empresarial Polaris World, y Juan Marcos Fernández Ferrugia, que hasta hace un año fue el director financiero del citado grupo, según fuentes empresariales.

A su llegada a los juzgados, el abogado del alcalde, José María Pardo Geijo, afirmó que en la detención de García Madrid "podría haber prevaricación" y, a su salida, después de permanecer en la sede judicial durante un par de horas, afirmó que su defendido no había declarado ante el juez "siguiendo sus instrucciones".

Pardo Geijo criticó la actuación del juez Salvador Calero, al que se plantea presentar un recurso por su decisión de detener al alcalde. Salvador Calero ejerce en este caso como sustituto de la juez titular, Arantxa Moreno, que se encuentra de baja laboral.

Recordó que fue Moreno la que en marzo levantó las medidas cautelares que dictó para Daniel García tras su primera comparecencia en el juzgado por esta causa, el pasado mes de noviembre.

El abogado dijo también que, esta segunda parte de la operación en Torre Pacheco por presuntos delitos relacionados con corrupción urbanística, "podría ser un montaje y contrario a la Constitución".

El caso Torre Pacheco, que se investiga junto al del municipio de Fuente Álamo, comenzó a raíz de una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y las primeras declaraciones, de una quincena de imputados, entre técnicos y ediles de ambos ayuntamientos, tuvieron lugar a primeros de noviembre, ante la juez Moreno, titular del juzgado numero 4 de San Javier.

El pasado lunes, el juez Salvador Calero, que se ha hecho cargo del caso, ampliado tras las primeras declaraciones, mandó a prisión al arquitecto técnico municipal de Torre Pacheco, Ramón Ángel Cabrera, por idénticos delitos que al alcalde: malversación de caudales públicos y prevaricación.

Ayer, tras varias horas de declaraciones, salieron en libertad con cargos el secretario y el interventor municipal de Torre Pacheco, Jose Luis de Dios y Miguel Pérez, respectivamente.

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Islas Baleares
 
ANTICORRUPCIÓN CIFRA LOS PELOTAZOS EN 297 MILLONES
Diario de Mallorca (Islas Baleares) - 19 de abril de 2008
 
Los fiscales acusan a dirigentes de UM y PP y a altos cargos de favorecer a un grupo de promotores. La denuncia no descarta que los empresarios sobornaran a los políticos.

La fiscalía anticorrupción ha cuantificado en su denuncia por el caso Plan Territorial, una presunta trama de corrupción político-empresarial en torno a la norma urbanística del mismo nombre, en 297 millones de euros (casi 50.000 millones de pesetas) el alcance de los pelotazos (plusvalías) obtenidos por los promotores que compraron fincas rústicas recalificadas como urbanas. Los fiscales acusan a un grupo de dirigentes de Unió Mallorquina (UM) y el Partido Popular (PP) de facilitar a varios empresarios amigos información privilegiada sobre las llamadas áreas de reconversión territorial (ART), la fórmula usada por la presunta trama para dar los pelotazos. No descartan que a cambio los promotores hayan pagado sobornos a los políticos. Los casi 300 millones de beneficios sitúan este entramado a la cabeza de los casos de presunta corrupción investigados hasta el momento en las islas.

El contenido de la denuncia de anticorrupción, adelantada por DIARIO de MALLORCA el pasado 16 de noviembre, se ha conocido tras levantarse el secreto del sumario sobre el caso PTM por el juez Miquel Florit. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach imputan al presunto entramado los delitos de uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y posible cohecho.

Informe pericial

La cifra de 297 millones de euros de plusvalías consta en un informe de un grupo de expertos en urbanismo sobre las repercusiones que las ART pueden causar al urbanizarse las fincas que antes tenían un uso agrícola-ganadero marginal. Este dictamen ya obra en poder del magistrado instructor. Los fiscales también apuntan, además de a políticos y empresarios, a altos funcionarios o técnicos que habrían colaborado en la enorme trama de corrupción. La denuncia también acusa a todos aquellos técnicos o altos cargos que, "con pleno conocimiento de las consecuencias que provocaban, intervinieron de manera eficaz para que fuera aprobado el PTM, cuya parte dedicada a las ART tenía características de antijuricidad, arbitrariedad y beneficio de particulares...".

El tráfico de influencias habría tenido lugar entre 2003 y 2004 y los fiscales han centrado especialmente su atención en tres ART: la número 10.3, que correspondía a la desaparición de los hoteles Don Pedro (Pollença) y Rocamar (Sóller), y que generaba el trasvase de sus plazas a varias fincas de Sa Ràpita (Campos); la 10.5, donde, a cambio de adaptar una antigua vaquería como centro de interpretación del Salobrar de Campos, se consigue una urbanización para viviendas plurifamiliares y uso hotelero en 35,2 hectáreas del mismo Campos, en su lado Este; y la 10.6 el traslado de unos aprovechamientos urbanísticos de Alcúdia a la finca Son Crever de Marratxí.

253 millones de euros

Las plusvalías que el PTM podría generar a los compradores de las fincas convertidas en urbanizables en las tres áreas de Sa Ràpita, Campos Este y Son Crever ascenderían a más de 253 millones de euros.

Los otros 44 millones corresponderían a otras recalificaciones en otros puntos de la isla. Anticorrupción incluye en su denuncia una descripción pormenorizada de las previsiones y alcance de las tres ART. También se fundamentan las acusaciones en un completo análisis de toda la normativa urbanística y otros preceptos legales que se habrían vulnerado en la elaboración de esta parte del PTM.

El juez Florit ya ha tomado declaración a ocho expertos en urbanismo, empresarios y particulares en calidad de testigos y, cuando Anticorrupción disponga de tiempo, empezará la ronda de interrogatorios de los imputados, políticos, técnicos y promotores.

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Alerta en Palma por la proliferación de 'pisos patera'
El Mundo (Islas Baleares) - 24 de marzo de 2008
 
 
En Pere Garau el 30% es inmigrante. Las 'camas calientes' convierten las viviendas en bombas de relojería

La onda expansiva del calor atravesó los cristales de la cocina e impactó brutalmente en el reloj del pasillo, que se paró para siempre a las 17.10 horas. Luego, la columna de calor, aire y fuego retrocedió y subió vertiginosamente por el patio de luces destruyéndolo todo a su paso.

Es una escena del incendio que se produjo el pasado jueves en una vivienda de la calle Faust Morell, en el barrio palmesano de Pere Garau. Tras extinguir las llamas, los bomberos localizaron en su interior nueve colchones, cortinas divisorias en las habitaciones y varias bombonas de butano repartidas por el piso. Según el testimonio de varios vecinos, en su interior vivían hasta 15 personas.

Los pisos patera o las viviendas de camas calientes se han convertido en la norma en Pere Garau, un barrio donde prácticamente uno de cada tres vecinos nació fuera de la Europa comunitaria. Realquilar habitaciones es muy rentable para los inquilinos, que ven reducido sensiblemente el coste del piso. Cada familia tiene una habitación o un trozo de un cuarto. Y ese espacio reducido hace las veces de habitación, sala y cocina.

Es un sistema infrahumano que conlleva muchos problemas. Los ruidos, la suciedad, los olores y quejas vecinales están a la orden del día. Pero a veces las consecuencias son mucho peores. En Faust Morell el exceso de aparatos eléctricos enchufados se convirtió, al parecer, en la bomba de relojería que provocó un incendio. Por suerte, no estallaron las bombonas de butano.

Los vecinos aún sufren las consecuencias, aunque de momento su enfado no se dirige tanto a los causantes involuntarios del desastre como a la propietaria del piso, Maria Antònia Moyá. Los vecinos se han quedado sin agua, gas ni canalización de aguas sucias. Todos los cristales del patio de luces han reventado, así como el embaldosado de numerosas cocinas. Pero la parte peor se la han llevado Toni y Joana, los vecinos situados frente al piso incendiado. Fue en su casa donde impactó la onda expansiva del fuego. Y se han quedado literalmente sin cocina. El coste de los daños podría ascender a los 24.000 euros.

Cuando la propietaria se acercó al lugar del incendio, las llamas ya se habían extinguido. Allí el resto de vecinos la increparon y ella pidió a la policía que tomara nota de todos los nombres y los insultos.

Los inquilinos del piso siniestrado, de origen boliviano, simplemente se esfumaron. En la finca aún quedan otras dos viviendas de la misma propietaria, una vacía y la otra en una situación parecida a la que se incendió. Ya está convocada una junta de vecinos para denunciar a Moyá por permitir los pisos patera.

De todas formas, aunque las iras de la comunidad se hayan dirigido a una mallorquina, lo cierto es que los antiguos inquilinos del piso y por extensión los inmigrantes no salen muy bien parados de los comentarios vecinales. Uno de los propietarios se confiesa abiertamente racista y se refiere a los sudamericanos como panchitos. Otro habla de tribu a la hora de nombrar a sus antiguos vecinos. "Si fuésemos inmigrantes ya tendríamos aquí a los servicios sociales para ayudarnos", añade el primero.

Sin embargo, la mayor parte de vecinos del barrio coincide en asegurar que la inmigración tiene dos caras: la trabajadora y la delincuente; la tranquila y la problemática; la que carga con la mala imagen y la que provoca esa mala imagen. A los vecinos de Faust Morell les tocaron muy probablemente los segundos y han tenido que soportar ruidos y las visitas constantes de la policía.

Las carnicerías o 'Halal'

"Los pisos patera son muy peligrosos, porque no están controlados y suele haber mucha sobrecarga eléctrica". Quien habla es Abdullah Al-Andalusí, un musulmán extremeño –nació en España al igual que sus antepasados– que ha acudido a la carnicería –en árabe halal– de Mussa. El lugar es sin duda un centro de reunión y Mussa, que reside en el barrio desde hace 12 años, se ha convertido en un referente de la zona. En medio de la clientela, un niño de unos seis años se acerca con un billete de cinco euros en la mano y le transmite a Mussa, en árabe, el encargo de su familia. Luego, se acerca cortésmente a darle la mano a Abdullah. "Salam malecum".

"Hay inmigrantes nobles y trabajadores como lo fueron nuestros padres en el pasado, pero también vienen personas que ya son delincuentes en su país y que aquí siguen con su actividad", puntualiza Abdullah, quien aprovecha el momento para reclamar al Ayuntamiento que reserve un espacio en el cementerio para musulmanes.

Por allí también se encuentra Mohamed. "La culpa es del que alquila", sostiene a la hora de referirse a los pisos patera. "Los musulmanes no damos problemas, no hacemos ruido porque nuestra religión nos lo prohíbe", añade cuando se le pregunta sobre la convivencia en el barrio. Pero, según su punto de vista, no pasa lo mismo con los sudamericanos ni los nigerianos y senegaleses. "No quiero vivir en un barrio donde estén ellos", afirma, dándole aún otra vuelta de tuerca a la complejidad y diversidad del fenómeno de la inmigración.

Dos años sin droga

Lo que está claro –coinciden todas las personas encuestadas por este periódico– es que la situación ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Al parecer, entre 2003 y 2006 era muy habitual ver a personas ofreciendo droga en las calles donde se encuentra el halal de Mussa. Sin embargo, una furgoneta de la Policía Nacional disuadió a los traficantes y los trapicheos se trasladaron a otras zonas.

Así lo explica Miquel Pieras, presidente de la asociación de vecinos de la Paloma, una de las dos entidades de este tipo existentes en el barrio. Pieras es músico –toca el bajo– y su profesión le llevó, entre otros destinos, a vivir medio año en El Cairo.

Cuando se pasea por las calles de Pere Garau, reconoce y saluda a mucha gente. Algunos llevan 40 años en el barrio; otros acaban de llegar, como Elmehdi, que regenta una tienda de comestibles, o Sulin, empleado de un bazar oriental. Las tiendas chinas son uno de los comercios más frecuentes en Pere Garau. "La competencia debe estar contenta", apunta la propietaria de una papelería, poniendo de manifiesto las denuncias de una parte del vecindario hacia este tipo de comercios por, según dicen, competencia desleal. Sin embargo, para otras personas, los bazares chinos ofrecen un servicio útil al barrio al tener de todo durante todo el día.

El reportaje se lleva a cabo en domingo –Domingo de Pascua– y, efectivamente, muchos bazares chinos están abiertos. Sin embargo, las calles están prácticamente desiertas. Donde hay más actividad es junto a la mezquita, pero dos manzanas más allá apenas hay nadie.

Plaza multilingüe

"Tenéis que venir un día laborable a las ocho de la tarde", señala Pieras, quien indica que en una jornada normal la Plaza de las Columnas bulle. "Para hacerte entender necesitas varios diccionarios", indica.

Sin embargo, para el presidente vecinal, la multiculturalidad y la fuertísima llegada de inmigrantes en los últimos años a Pere Garau no suponen ahora mismo un peligro inminente de conflictos ni de brotes racistas, máxime cuando el centro de la droga se ha desplazado a otras zonas de Palma.

"Aquí lo que hace falta es un proyecto de rehabilitación del barrio y una ampliación del PAC [Punto de Atención Continuada], porque para hacerte una analítica tienes que esperar en la calle, y esto es tercermundista", sostiene. Cuando se le pregunta acerca de los pisos patera, explica que tiene de vecinos a seis bolivianos con un comportamiento ejemplar. "No por unos cuantos hay que juzgarlos a todos", puntualiza.

Pero no todo el mundo está de acuerdo. "A mí todos los panchitos me parecen iguales" indica uno de los vecinos del inmueble de Faust Morell. Y en plena campaña electoral, el actual edil de Cort Miquel Nadal, entonces candidato a alcalde por UM, decía a voz en grito que no quería "más pisos patera ni comercios de chinos abiertos 24 horas". "¡Que esto es Mallorca!", añadía al tiempo que insinuaba que no se exige a los extranjeros "las mismas obligaciones" que a los mallorquines.

En Pere Garau, unas 20.000 personas de nacionalidad española conviven a diario con 8.400 extranjeros. Algunos no soportan los pisos patera; otros van a comprar al bazar chino; los hay que no se atreven a pasear por la calle de la mezquita, y también los hay que dejan a sus madres al cuidado de sus vecinas bolivianas. Miquel Pieras y Sulin tienen su propio ritual. Cada vez que se ven por la calle, la secuencia es la misma: "¡Hola Sulin!", "¡Hola Miguelín!".

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Comunidad foral de Navarra
 
Parlamento foral rechaza plan en materia de vivienda vacía
ABC (Comunidad Foral de Navarra) - 04 de abril de 2008
 
 
El Parlamento de Navarra rechazó ayer, con los votos en contra de los partidos que forman el Gobierno foral, UPN y CDN, una moción por la que se instaba al Ejecutivo a elaborar un plan de actuación conjunta con los ayuntamientos navarros en materia de vivienda vacía, de propiedad privada o municipal, en el plazo de seis meses. Dicho plan debía contemplar todo tipo de actuaciones, incluida la de revitalización de cascos históricos de los municipios, así como un censo de viviendas desocupadas. La abstención del PSN hizo que los grupos de oposición no sacaran adelante la iniciativa.

Promovido por IU

El texto, promovido por IU, sustituía una moción de Nafarroa Bai sobre este mismo tema y que pedía elaborar un plan de actuación conjunta con el Ayuntamiento de Pamplona en materia de vivienda vacía. El Grupo Socialista presentó una enmienda de sustitución al texto, pero no fue aceptada. Los socialistas pedían al Gobierno incorporar, en el próximo Pacto Foral por la Vivienda, actuaciones en materia de vivienda vacía.

En la defensa de la moción rechazada, el parlamentario de Nafarroa Bai Ioseba Eceolaza consideró necesario adoptar medidas en este tema, y abogó por realizar un esfuerzo para revitalizar los cascos históricos en la Comunidad foral. «Hay que renovar los compromisos incumplidos», manifestó. Además, el parlamentario de IUN, Ion Erro, abogó por adoptar medidas para sacar al mercado las viviendas vacías. A su juicio, es necesario articular un censo sobre estas viviendas.

Por el PSN, Samuel Caro señaló que se está a la espera de que el Gobierno elabore el Pacto Foral por la Vivienda. «Se han articulado en anteriores legislaturas medidas para paliar la situación pero no han dado los resultados que quisiéramos», dijo, para añadir que de ello hay que sacar conclusiones al respecto. «Nos ha faltado concienciar a las personas con viviendas vacías para que las saquen al mercado», indicó.

En el turno en contra, Amaia Otamendi, de UPN, señaló que ya se están adoptando medidas para mover el mercado de viviendas vacías aunque reconoció que no están dando los resultados esperados.

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Cantabria
 
Acoso para prevenir un derribo
El País (Cantabria) - 11 de abril de 2008
 
Imputado un empleado de la constructora Fadesa por amenazar a ecologistas

Les llamaban terroristas y jaleaban a la gente para ir "a por ellos", a la casa de Gonzalo Canales, presidente de Arca, la organización ecologista responsable de la sentencia que paralizó la urbanización donde habían comprado sus casas, en el Alto del Cuco (Piélagos, Cantabria). Fue el miedo lo que decidió a Canales a presentar una denuncia. "El día que rompieron a disparos un farol de mi casa, pensé que habían llegado demasiado lejos", asegura.

La Guardia Civil le puso protección y visitó su domicilio durante un tiempo para comprobar que estaba bien. Casi un año después, los agentes del equipo de delitos de Internet de la Guardia Civil han identificado, imputado y tomado declaración a los autores de las amenazas en un foro de internet creado por los compradores de la urbanización paralizada hace casi un año por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por considerarla "una dentellada al monte".

Los imputados son: Miguel Durán Bermúdez, empleado de Martinsa-Fadesa, la constructora; José Ignacio Arminio Roiz y Óscar Roberto Vallejo, ambos compradores de viviendas en la urbanización. Preguntado qué pretendía decir cuando escribió "¡Todos a una, a por Arca!", el primero negó haberlo escrito y aseguró que a él "no se le ocurriría amenazar a nadie". Arminio se negó a declarar. Vallejo confesó haber llamado "terroristas" a los miembros de Arca, haber pedido "que no se fueran de rositas" y que sufrieran "en sus propias carnes el daño que nos han hecho". Consultado por este periódico, Arminio Roiz, negó haber sido llamado a declarar y aseguró que los mensajes del foro "sólo reflejan la rabia y la impotencia de los compradores. Es el colmo que la Guardia Civil investigue a los afectados", añadió. Durán también negó haber participado en las amenazas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Santander concluyó que los hechos pueden ser constitutivos de falta. Arca ha apelado la decisión por considerar entre otras cosas, que, al tratarse uno de los imputados de un empleado de la constructora, debe ser juzgado como delito.

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La Rioja
 
UGT pide que acceso sea reconocido como derecho legal
HoyInversion.com (La Rioja) - 06 de abril de 2008
 
 
UGT de La Rioja ha pedido hoy que el acceso a la vivienda sea reconocido como un derecho legal de los trabajadores riojanos, aspecto en el que cree que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda debe avanzar. UGT, en un comunicado, ha recordado que la Consejería ha abierto un periodo de consultas sobre la modificación del decreto que regula el Plan de Vivienda de La Rioja 2005-2008.

Este sindicato entiende que las modificaciones propuestas en el decreto son "poco ambiciosas"; además de que "no hace referencia a la situación que atraviesa el sector de la construcción o a la regulación legal del acceso a la vivienda".

UGT entiende que es necesario consensuar con lo agentes sociales y económicos las modificaciones a insertar en el decreto y acometer, a partir de ahora, los estudios y las bases para que el nuevo Plan de Vivienda pueda aplicarse en enero de 2009.

"La Consejería debe dar un paso más", cree UGT, que pide que "las medidas que se adopten en materia de vivienda en La Rioja deben ser más audaces, comprometidas y dirigidas a incrementar los derechos de los trabajadores". Esos conceptos, ha relatado, están "directamente ligados a la reglamentación legal de un derecho a una vivienda digna para los ciudadanos de La Rioja, tal y como mandata la propia Constitución".

Por ello, UGT exige que el decreto incluya compromisos en esa dirección, que puedan desarrollarse "en profundidad" en la norma que regule el Plan de Vivienda de 2009.

Este sindicato insta a atajar el "problema" del acceso a la vivienda con mayor "valentía" y recuperar fórmulas que permitan librar las actuales dificultades, relacionadas con el valor que la vivienda alcanza en el mercado y el "desfase" producido entre el crecimiento del precio de los pisos y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Cree que el impulso a la vivienda protegida podría paliar, "en buena medida", esta circunstancia, aunque hay otras a las que el decreto no se refiere, como el cooperativismo, que es una fórmula "poco impulsada" en La Rioja y que debe contemplarse en el decreto del Gobierno regional, que tampoco fija medidas concretas de apoyo a la familia numerosa. EFE.

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