BOLETÍN DEL 22 DE MAYO DE 2008
 
 
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España y vivienda
 
AVAL ICO DARÁ A PROMOTORES HASTA 1.100 MILLONES BENEFICIOS
Expansion - 06 de mayo de 2008
 
Con los 5.000 millones que ha dispuesto el órgano dependiente de Economía, las empresas inmobiliarias obtendrían un 75% de las ganancias que presentaron las cotizadas en 2007. Podrán construir hasta 61.000 viviendas protegidas.

Los promotores venderán hasta 61.000 viviendas más y obtendrán con ellas unos beneficios finales de incluso 1.100 millones de euros. Éste será el resultado final de una de las medidas estrella del Gobierno contra la crisis inmobiliaria, la línea de avales para la titulización de préstamos de vivienda protegida que ha lanzado el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Con ella, este organismo dependiente del Ministerio de Economía ha roto el caparazón de la financiación de los promotores, que se enfrentaban a un mercado cerrado a cal y canto.

Así, el Ejecutivo les ha tendido la mano con 5.000 millones de euros. O, más bien, con 4.985 millones, ya que el ICO obtiene una comisión del 0,3% “sobre el importe total del tramo avalado, pagaderos up-front [por adelantado]”.

¿Las condiciones? Que los Fondos de Titulización de Activos “FT-VPO” a los que se destina la ayuda contengan entre un 80% y un 100% de préstamos hipotecarios destinados a pisos con protección (VPO) y que las entidades financieras reinviertan los beneficios obtenidos por el tramo avalado en más financiación de VPO. Hasta un 20% podría ser, por tanto, vivienda libre, señala el ICO en las bases de la medida.

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España, Guillermo Chicote, estima que el margen que obtienen los empresarios por cada vivienda protegida (VPO) que venden se mueve entre el 8% y el 10%. La diferencia al alza surge “si se hacen series de muchas viviendas”. Y una VPO media –de entre 90 y 110 metros cuadrados, según la promotora Detinsa– se vende por “unos 180.000 euros, en las áreas periféricas de las ciudades”, especifica Chicote, ya que es “donde se construye hoy en día y se va a construir”.

Así, de cada VPO vendida se puede obtener un margen hasta 18.000 euros de media. Los promotores estiman que construir cada VPO cuesta unos 100.000 euros, y que con los avales del ICO “da para edificar 50.000 viviendas”.

Pero no sólo se venderán ésas, ya que podrán invertir fácilmente los beneficios obtenidos en más VPO (las entidades están obligadas a ello hasta agotar la línea de aval). Echando cuentas, se puede estimar que las inmobiliarias obtendrían en la primera tacada, con las cantidades marcadas por los representantes del sector, 900 millones de euros, si el 100% avalado fueran créditos para VPO.

Con esos beneficios podrían edificar 9.000 casas más, por las que obtendrían 162 millones extra. Y así sucesivamente hasta un total de 1097,56 millones de euros.

La cifra de viviendas ascendería a 60.975. Es decir, un 22% más de las previstas por los promotores y un paso de gigante hacia los 600.000 pisos protegidos en cuatro años que prometió Zapatero. Hay que tener en cuenta que “todas las VPO que se hacen se venden”, como explica Chicote.

Los expertos destacan que “desde el punto de vista jurídico, la medida no tiene ningún pero”. “Es un tipo de fondo que no se ha hecho hasta ahora; me parece positivo”, señala Fernando Navarro, socio del bufete Cuatrecasas. “A ver qué dice el mercado, porque me parece que vamos a ver unos cuantos FT-VPO este año”, concluye.

Como ejemplo para observar la dimensión de esta medida, cabe destacar que las inmobiliarias cotizadas en bolsa tuvieron durante 2007 unos beneficios netos de 1.464,6 millones de euros. El beneficio que conseguirían las promotoras gracias al ICO sería del 74,9% de ese total, aunque se repartiría en varios años, ya que los pisos tardan unos 20 meses en terminarse.

Una cifra abultada que se multiplicaría si el Gobierno se decantase por ampliar a la vivienda libre el auxilio del ICO, ya que ésta ofrece un margen de alrededor del 20%. Los promotores y Convergència iUnió ya lo han pedido.

Los 5.000 millones se reparten hoy entre 44 entidades El Instituto de Crédito Oficial desvelará hoy el reparto provisional de los 5.000 millones en avales para titulización de créditos hipotecarios destinados a vivienda protegida. El saldo agregado de VPO (según sus estados contables) que han comunicado las 44 entidades de crédito que han presentado solicitud asciende a 25.112 millones de euros.

Esta cifra representa el 84,5% del saldo total estimado de VPO del conjunto del sistema financiero español, que asciende a 29.721 millones de euros, según estadísticas del Banco de España. El 21 de mayo es la fecha tope para que los bancos, cajas y cooperativas de crédito confirmen su voluntad de continuar en el proceso.

El ICO comunicará antes del 29 de mayo el reparto definitivo del aval. Los fondos de titulización deberán estar constituidos antes del 30 de junio de 2009. Los participantes se comprometen a reinvertir la totalidad de los fondos obtenidos a través de la venta del tramo avalado en la financiación de nuevas VPO.

Han de ser fondos cerrados, debiendo ascender el importe del tramo triple A avalado al menos a 100 millones de euros. Por otro lado, los promotores ya le han hecho saber al Secretario de Estado de Economía, David Vegara, su intención de que el Gobierno lance una línea similar para la vivienda libre, con “al menos” la misma financiación. Vegara no lo descartó para el futuro.

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ROTUNDO NO A LAS AYUDAS DEL GOBIERNO A PROMOTORAS Y CONSTRUCTORAS

 
CASTIGOS VERDES, PERO INÚTILES
Publico.es - 25 de abril de 2008
 
Decenas de sentencias firmes siguen sin cumplirse tras décadas de litigio. Las administraciones son las primeras incumplidoras y las que amparan las situaciones de ilegalidad.

Es imposible saber cuántas sentencias por daños al medioambiente quedan sin cumplir en España. No lo busque, porque éste no es un dato para las estadísticas ni las memorias oficiales. Pero un repaso por los casos que han hecho historia en las dos últimas décadas sirve como sondeo: minas devoradoras de espacios protegidos, construcciones impúdicas amparadas por los ayuntamientos, hidroeléctricas que devastan ríos. Son muchas las sentencias firmes que nunca llegan a ejecutarse.

Todos los expertos consultados coinciden en que, cuanto más se alarga el proceso, más difícil será hacer posible la ejecución de la sentencia. "Para empezar, por la política de los hechos consumados", apunta Cristina Álvarez Baquerizo, abogada ambientalista. "Cuando el mal está hecho y no es reversible materialmente, lo único que te queda es una victoria moral. Por eso es tan importante denunciar apenas se conozca el primer paso de la irregularidad, como la concesión de una licencia".

También es fundamental la figura de las medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso del Alto del Cuco, en Cantabria, donde el tribunal ha paralizado la urbanización de la ladera antes de que el destrozo vaya a más. Sin embargo las paralizaciones cautelares no son habituales, porque exigen a la parte denunciante avales económicos, a menudo de muy alta cuantía.

Si no hay paralización cautelar, la actividad denunciada continúa, y cuando llega la sentencia firme, a veces ya está concluida. Pero incluso con sentencia firme, la actividad tampoco se para. ¿Por qué?

La guinda de la tarta: el proceso de ejecución de la sentencia

Muchos ciudadanos que se meten en este via crucis judicial no saben que después de una sentencia firme aún queda otro tormento más: la ejecución de sentencia. Si ésta no se pide, todos los desvelos anteriores habrán sido inútiles: una victoria pírrica. "Además, el proceso que comienza, repite el esquema de lo ya vivido: de nuevo las partes presentan alegaciones, y la parte condenada ya se encarga de que vuelva a durar años", añade Álvarez Baquerizo. La organización cántabra ARCA consiguió su primera sentencia firme en el año 2000 y aún no se ha ejecutado.

Una de las razones de que las sentencias no se ejecuten es el remoloneo de las administraciones. "Si el juez anula una licencia y hay que derribar una casa, el que tiene que poner las máquinas es el ayuntamiento. Y éstos no suelen estar por la labor. Es más bien todo lo contrario". En otras sentencias la responsabilidad de ejecutar recae en la autoridad autonómica, por ejemplo el cierre de una mina.

Hay casos, como el de la mina a cielo abierto Feixolín, en León, en donde la resistencia de la administración es tan recalcitrante que se ha abierto un proceso penal contra algunos cargos.

La vía penal, piedra de toque

La aparición de la vía penal supone un punto de inflexión en la evolución del proceso. Hasta ese momento la justicia no actúa contra una persona concreta, porque la vía contencioso-administrativa se encarga sólo de controlar la correcta actuación de la administración.

"Pero en la vía penal se personalizan las responsabilidades y éstas trascienden a personas concretas. No obstante, acceder a la vía penal requiere la prueba de las imputaciones realizadas y, lógicamente, la prueba de la intencionalidad o la negligencia del imputado, lo que en materia medioambiental no siempre es sencillo", explica Jorge Agudo González, codirector del informe Urbanismo y democracia, Alternativas para evitar la corrupción , documento en el que se analizan 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia desde el año 2000.

Es decir, que hay que demostrar que los responsables actuaron con intención o con imprudencia. En los últimos dos años, muchos de los casos de ilegalidad urbanística están siendo absorbidos por la Fiscalía. Ya se refleja así en la Memoria referida al año 2006, y en el boletín informativo del mes de febrero de esta institución se dedica al tema un apartado específico destacando un botón de muestra, que en Granada se han triplicado en un año las sentencias de derribo de edificios ilegales.

También se subraya las directrices dadas por el Fiscal Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, a los fiscales delegados para que se cumplan las sentencias de demolición y evitar así la sensación de impunidad.

¿Hay soluciones?

La irrupción de la vía penal se apunta como una de las esperanzas de cumplimiento de las sentencias, sobre todo desde la creación de la figura del Fiscal coordinador para los delitos ambientales y de corrupción urbanística.

La activa y decidida actuación de Antonio Vercher está empezando a obtener los primeros resultados. Pero a juicio de algunos expertos, como el catedrático de derecho administrativo Luciano Parejo, "la absorción de lo contencioso-administrativo por lo penal no es la solución. Implica una cierta perversión del funcionamiento del sistema el que las administraciones no cumplan la legalidad."

Lo cierto es que el miedo a la cárcel es lo único que parece funcionar. "Lo que revela un problema de fondo muy grave: a pesar de las buenas intenciones y de los eslóganes en favor de la sostenibilidad, en realidad una parte relativamente importante de nuestros políticos relega la protección del medio ambiente en favor de otros intereses, y en muchos casos, lamentablemente, cometiendo irregularidades cuyo freno sólo parece producirse con la amenaza de responsabilidades penales", reflexiona Agudo González.

Una falta de sensibilidad a la que no son ajenos incluso algunos jueces. En la misma memoria de la Fiscalía también se hace notar que en los juzgados de algunas provincias, como Ciudad Real o Burgos, tienden a absolverse a los infractores en materia urbanística al considerarse una conducta de menor gravedad.

Otra solución posible sería que los propios juzgados se encargaran de la ejecución de la sentencia, una competencia que les otorga la Constitución. "Si no la ejercen es porque no tienen medios, y deben delegar en las administraciones", apunta Jesús Jordano, profesor de derecho de la Universidad de Sevilla. "Sólo el estadio de la capital andaluza costó más de 200 millones de euros. Todos los juzgados de lo contencioso de España han costado menos de esa cantidad."

Los casos más destacados

Una ladera sembrada de casas

“Esto es una burla”, lanza sin dudarlo Gonzalo Canales, biólogo y presidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la organización ecologista con más éxitos ante los tribunales españoles. Una decena de sentencias firmes les dan la razón frente a actuaciones urbanísticas ilegales: viviendas levantadas en suelo rústico, construídas en bosques de especial protección o en el Parque Natural de las Marismas de Santoña.........Hasta 500 viviendas tienen sentencia firme de derribo, pero ninguna ha recibido la visita de la piqueta.

El caso que más eco mediático les ha proporcionado es el del Alto del Cuco, por el impacto visual del destrozo de una ladera, y porque un juez ha parado las obras, pero lo cierto es que aún no cuenta con sentencia firme. Sí la tiene, sin embargo el ayuntamiento de otro pequeño pueblo en expansión, Argoños, en donde son cinco las urbanizaciones declaradas ilegales. “La obcecación del alcalde en hacer caso omiso ha llegado a tal extremo que el propio juez ha amenazado con acusarle de prevariación”, ilustra Canales.

Alguna de estas sentencias van camino de los 10 años de espera para su ejecución. Y nada. “Con la sentencia sólo tienes un papel. Su ejecución es larguísima, porque la otra parte te plantea todo tipo de impedimentos. Te pasas la vida presentando papeles en el juzgado, atento a que no se te pasen los plazos, lo que echaría al traste todo el proceso”.

Con todo, todavía puede ser peor: “En algún caso el juez, cansado de tanto juego evasivo, ha amonestado a un ayuntamiento para que licite de una vez el derribo de la construcción ilegal. Entonces, los afectados han llegado a amenazar a la empresa adjudicataria de la demolición y ésta ha preferido retirarse. Ahora, los concursos para derribos quedan desiertos. Estamos en un callejón sin salida”, remacha, “pero no nos damos por vencidos”.

En Cantabria, son entre dos y tres mil los afectados por la compra de una vivienda ilegal. Se han organizado en grupos para presionar a las administraciones y los poderes políticos, y de momento han encontrado eco en el parlamento regional. El pasado mes de diciembre todos los partidos representados en la asamblea cántabra emitieron una resolución pidiendo al gobierno autonómico que dé una salida legal a esta situación. “Este es un hecho gravísimo”, valora Gonzalo Canales, “supone la quiebra del sistema, porque se está transmitiendo el mensaje de que las leyes y los jueces no sirven para nada”.

Pescadores en favor de los peces

Pedro Brufao no ha disfrutado tanto de sus paseos por el Tajo como aquella jornada de 2005 en que le comunicaron la sentencia del Supremo. Quince años después de comenzar la batalla judicial, David había vencido a Goliat. Una sencilla aunque veterana asociación de amantes de la pesca y la naturaleza había conseguido tumbar a los gigantes: la Confederación Hidrográfica del Tajo, Unión FENOSA y la electroquímica Navarro S.A.

La historia se remonta a 1990, cuando la CHT otorgó tres concesiones a Unión FENOSA para rehabilitar otras tantas presas hidroeléctricas abandonadas: Zahorejas, Peralejos de las Truchas y Hozseca, en los ríos Tajo y Hozseca. “Las recurrimos” señala Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos-Ríos de Vida, la organización denunciante.

“Los datos científicos demuestran que este tipo de presas ocasionan graves daños al medio fluvial. No son tan limpias como se nos quiere vender: transforman el lecho y orillas del río, alteran el bosque de ribera, crean barreras a los peces, los engullen en las tomas y turbinas y alteran sus ciclos de actividad. A veces incluso las violentas sueltas de agua han puesto en grave peligro la integridad física de las personas, especialmente de los pescadores.”

Brufao cuenta con orgullo: “En esa zona creamos el primer coto sin muerte de pesca deportiva, para proteger a la escasa trucha común autóctona y apoyamos su declaración como Parque Natural, uno de los más importantes de España.”

La sentencia del Supremo confirmó en 2005 la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1999: “pese a no anular las tres concesiones, como pretendíamos, impuso graves limitaciones a la explotación de las presas a favor del río y afirmó que los caudales mal llamados ecológicos por la CHT no se basan en criterios científicos ni técnicos.”

Era todo un hito, pero de nuevo, la justicia se convirtió en papel mojado, pues hasta la fecha, las empresas “siguen turbinando como lo han hecho siempre y ya está. Los hechos consumados les son favorables”.

En este periplo judicial no faltan, como en otros casos, situaciones rocambolescas. La CHT reconoce disponer de estudios ambientales propios que avalan la sentencia, pero alega que no los puede dar a conocer porque iría contra los derechos de propiedad intelectual del ingeniero de la CHT autor del trabajo, “algo absurdo e ilegal, pues son documentos de acceso público”, aclara Brufao.

La asociación intenta que al menos sea inviable la presa llamada Hozseca, la más perjudicial y que se proceda a su demolición para restaurar el río. “ En los EEUU y en otros países son los mismos dueños de las presas obsoletas quienes las demuelen para recuperar la confianza de sus clientes, ahorrar dinero y restaurar el medio ambiente”.

Feixolin, 'la escopeta nacional'

“Con Feixolín llevamos diez incidentes de ejecución de sentencia firme, ¡diez!”, recalca Carlos González- Antón, el letrado que consiguió que el TSJCyL ordenara en noviembre de 2005 la clausura de la mina a cielo abierto de Villablino. El primero de varios fallos contundentes y firmes que declaran la mina ilegal y sin posibilidad de ser legalizada en el futuro.

“Feixolín es un caso realmente paradigmático de quiebra del sistema legal. Si no fuera tan grave parecería el guión de un sainete”, añade González-Antón, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de León. La mina comenzó a ser explotada en 1995 por MSP , empresa del conocido y bien relacionado empresario Victoriano Alonso. Ya entonces carecía tanto de licencias urbanísticas como medioambientales. La explotación, que entre otros daños ha hecho desaparecer un monte de 200 hectáreas, se encuentra en pleno espacio natural del Alto Sil, y es ZEPA y LIC con importantes valores paisajísticos y ecológicos, entre ellos la presencia de osos y urogallos. Cuenta, por tanto, con la protección de una directiva europea, a pesar de lo cual no se realizó la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental, ni del proyecto inicial ni de sus ampliaciones.

Pero el cúmulo de irregularidades no acaba aquí, y a lo largo de estos trece años éste no ha hecho más que engrosar aderezado con todo tipo de acontecimientos peregrinos: alcaldes que dimiten el mismo día que han de firmar la paralización de la mina, informes de la Junta castellanoleonesa atreviéndose a prohibir la ejecución de la sentencia (afirmando que sólo se restaura, cuando los informes del SEPRONA indican que diariamente bajan centenares de camiones cargados de carbón), amenazas de despidos masivos para crear alarma social, anuncio de interminables planes de cierre de la explotación......

“Todo un muestrario de maniobras de dilación para no acatar la sentencia. En los incidentes de ejecución la empresa ha llegado a alegar que no podía parar porque pondría en peligro la vida de los mineros”, ilustra García-Antón, quien remarca que “esto es posible porque la Junta y el gobierno central miran para otro lado. No se entiende, si no, que Feixolín haya recibido subvenciones del ministerio de industria, que haya sido explotada hasta el agotamiento del recurso, y que encima hayan comenzando a explotar el monte adyacente, también sin licencia. En el colmo de la desfachatez, MSP alega que necesita extraer el material para rellenar Feixolín y cumplir así, con el mandato de restauración de la zona”.

“Estamos ante una flagrante desobediencia auspiciada por las administraciones”, diagnostica González-Antón, quien cree que asistimos a una crisis del estado de derecho. Al menos, concluye, está en proceso otro pleito en el que se encuentran imputados por delitos ambientales y urbanísticos tanto responsables de las administraciones como de la empresa”.

Golf en lugar de paisajes

El pasado mes de enero el propietario del exclusivo complejo deportivo turístico “Dehesa de Montenmedio ”, Antonio Blázquez, declaraba públicamente que “tiraba la toalla”. Más de diez años pleiteando habían llegado a su fin, o al menos así lo daba a entender el empresario, sobre cuyas instalaciones pesa una sentencia firme de derribo desde el año 2003.

Montenmedio, ubicada a caballo entre los municipios gaditanos de Barbate y Véjer de la Frontera, se publicita como un lugar de singular belleza natural, en donde las encinas, alcornoques, acebuches y lentiscos dan cobijo a una variada fauna mediterránea de la que puede disfrutarse en los paseos por la finca, en la que no falta campo de golf, piscinas, un lujoso hotel con restaurante y otras instalaciones de ocio. Su atractivo estrella es la práctica de la hípica de alto nivel. “Sin duda puede publicitarse así, porque se levantó, sin licencia, sobre un terreno no urbanizable, de protección especial por su interés ecológico, histórico, cultural y paisajístico”, ironiza un portavoz de AGADEN, la organización ecologista que acudió a los tribunales para denunciarlo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón en 2001. El auto anulaba el Plan Especial que el Ayuntamiento de Barbate había aprobado a posteriori para tratar de legalizar el complejo ya construido. Dos años después el Tribunal Supremo ratificaba los argumentos con sentencia firme y daba tres meses para derribar. No se hizo. Y eso que el recorrido judicial de Montenmedio no tiene un único denunciante. La Junta de Andalucía interpuso su primer recurso contra el complejo en 1996, iniciando un rosario de sentencias, recursos, apelaciones, que se prolongan a lo largo de una década y configuran una inextricable maraña para cualquier profano en asuntos legales.

“Hay una cosa que queda clara”, insisten en AGADEN , “todos los intentos de Blázquez y del Ayuntamiento de Barbate por legalizar Montenmedio han sido rechazados de plano por la justicia. Y reiteradamente. Hasta tres veces los tribunales han dado orden de demolición, sin que se haya cumplido. Quisiéramos creer que ahora va la vencida.”

En AGADEN no terminan de fiarse, porque ya los orígenes de Montenmedio se entrelazan con un “oportuno” incendio en el verano de 1990. Poco después, esta finca, que había sido propiedad de RUMASA, fue reprivatizada a favor de Blázquez. En los años inmediatos y “con el beneplácito de la administración provincial, comenzaron progresivamente las rozas, podas y cortas a matarrasa que acabaron derivando en la construcción del palacete, conocido como casa-club, y las posteriores ampliaciones.”

En sus últimas declaraciones sobre el asunto, Antonio Blázquez, ha asegurado que ya ha contratado el proyecto de demolición para evitar que la administración tenga que encargarse de ello. Ese proyecto de demolición debe ser aprobado por el ayuntamiento de Barbate. El mismo que ha echado siempre el capote cuando el empresario lo ha necesitado. Blázquez asegura que tiene ofertas en el extranjero para llevarse todas las instalaciones y que lo siente por el daño que le va a hacer a la economía y al empleo de la zona.

De momento, el pasado mes de marzo se ha vuelto a celebrar allí una nueva edición del Circuito Hípico del Sol.

Madrid, ilegales sin saberlo

Decenas de miles de madrileños han estado aspirando a una casa ilegal sin tener la menor idea. 22 de los nuevos ámbitos proyectados por el ayuntamiento de Madrid son ilegales por obra y gracia del propio consistorio y del gobierno regional. Lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia firme emitida en julio del año pasado.

La resolución afecta a unas 130 mil viviendas de futuros PAUS, de nombres tan conocidos en la capital como el Parque de Valdebebas, Arroyo del Fresno o Los Berrocales. En algunos ya se han iniciado las obras de urbanización, en otros todavía no se ha hecho nada. Pero también quedan dentro de la ilegalidad proyectos tan emblemáticos ya ejecutados como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Terminal 4 de Barajas.

"Para encontrar la causa de tan estrafalaria situación hay que remontarse a 1997", explica Jaime Doreste, coordinador del servicio jurídico de Ecologistas en Acción. "Aquel año, el equipo de gobierno del entonces alcalde, el popular Álvarez del Manzano, declara urbanizable hasta el último rincón del municipio capitalino, a pesar de que una parte de los terrenos no podían serlo por contar con una protección especial, bien por sus valores ambientales, históricos, culturales o agrícolas. Eso no fue obstáculo para la corporación, que remozó el PGOU y recalificó 34 millones de m2 protegidos"

El líder de la oposición, el socialista Juan Barranco, denunció el Plan ante la justicia y, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón en 2003, no admitió la paralización cautelar. Los planes de urbanización siguieron adelante mientras la sentencia rebotaba a más altas instancias: fue recurrida por el consistorio ante el Tribunal Supremo. "Éste se pronunció el año pasado y ya no cabe recurso", señala Jesús Muñoz, abogado de la Asociación de Vecinos de Aluche, una de las agrupaciones que no ve con buenos ojos cómo se quiere desarrollar la Operación Campamento, también afectada. "Sólo la zona de los cuarteles es urbanizable legalmente, pero el actual proyecto pretende colmatar de casas el resto de los terrenos, por donde discurren arroyos, con su vegetación de ribera y su fauna".

Al menos aquellos que aspiraban a tener su casa en este desarrollo aún no han puesto un duro. En otros, como el de Ahijones de Vicálvaro, sí lo han hecho, y hay aportaciones que alcanzan los 30.000 y hasta los 50.000 euros. En este ámbito, un juzgado ya ha dictado la suspensión de las obras de urbanización, y "sin embargo, nada se ha parado. Al revés, parece que han acelerado", apunta Muñoz.

El ayuntamiento ha tratado de amparar su actuación aprobando un Acuerdo que pretendía justificar las recalificaciones, pero los jueces no lo han aceptado. "De hecho el consistorio está empeorando las cosas", expone Muñoz "no ha ordenado la paralización de las obras y está incumpliendo la sentencia. Por eso, ante la aparición de cooperativas en la Operación Campamento, la AVV de Aluche está informando a los vecinos de la posibilidad de que las viviendas proyectadas no lleguen a construirse o que incluso puedan ser derribadas". Esta última opción podría parecer descabellada pero lo cierto es que el propio magistrado ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, Segundo Menéndez, ha dicho públicamente que "lo que se tenga que derribar, se terminará derribando".

El último capítulo de este culebrón todavía se está escribiendo. Barranco no sólo no ha pedido la ejecución de la sentencia que él mismo promovió, sino que se ha opuesto a que lo hagan Ecologistas en Acción y dos asociaciones vecinales. En un encuentro con vecinos del Sureste, un concejal socialista ha prometido a los vecinos que no va a solicitar la ejecución para no empeorar las cosas, pero los afectados no están tranquilos.

De hecho parece que tienen motivos para no estarlo pues la Ley del Suelo tanto autonómica como nacional, consagra que cualquier ciudadano, a través de la Acción Pública, puede solicitar el cumplimiento de la legalidad urbanística incluso años después de concedidas las correspondientes licencias por el Ayuntamiento.

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LA VIÑETA: LA CRISIS SEGÚN QUEQUÉ
queque.net (Cuatro TV - La Noche H) - 30 de abril de 2008
 
 
LOS AMOS DEL LADRILLO LOGRAN HILO DIRECTO CON LA MONCLOA
ElConfidencial.com - 02 de mayo de 2008
 
 
Tras el fichaje de Taguas

El nombramiento de David Taguas como nuevo presidente de Seopan, la patronal de la construcción, tiene una ventaja. Pocas personas conocen mejor que el ex director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno la situación actual del ‘ladrillo’. No en vano, por su despacho han pasado durante los últimos meses todos los ‘popes’ de la construcción y el negocio inmobiliario. Los primeros para quedarse con el sector eléctrico. Los segundos, para pedir ayuda y esquivar la crisis. Taguas no ha dudado nunca en sacar la cara por unos y otros.

¿Que había que articular una alternativa española a la opa de la alemana E.On sobre Endesa? Ahí estaba Taguas -junto a su mentor Miguel Sebastián- para favorecer la opción Acciona-Enel. ¿Que había que dejar de considerar a Panamá un paraíso fiscal para que las constructoras pudieran participar en la ampliación del canal? Ahí estaba Taguas ¿Que había que diseñar una línea de crédito oficial para que las inmobiliarias obtuvieran liquidez? Ahí estaba Taguas para defender esta posición frente a la negativa de Solbes. ¿Que había que lanzar a la opinión pública el mensaje de que la falta de liquidez podía ahogar al ‘ladrillo’? Ahí estaba Taguas para escribir los discursos del presidente. Por su despacho han pasado con alguna profusión los Del Rivero (Sacyr), Entrecanales (Acciona) o Fernando Martín (Fadesa), en su calidad de presidente del G-14, ese lobby inmobiliario con tan buenos contactos políticos.

El principal ejecutivo del G-14 es el ex secretario de Estado de Economía Pedro Pérez, precisamente quien ‘fichó’ a la actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez como directora general de Incentivos Regionales, su primer cargo político en Madrid. Su caso, sin embargo, no tiene nada que ver con el de Taguas. Pedro Pérez (que es también consejero de Itínere) saltó a la empresa privada muchos años después de que abandonara la Administración. Por el contrario, Taguas lo ha hecho prácticamente al día siguiente de dejar su cargo en la Moncloa.

La fecha elegida para anunciar su nombramiento no parece casual. Se ha producido apenas 24 horas después de que un juzgado de Madrid archivara la denuncia que presentara hace meses el Partido Popular (PP) contra él y cinco altos cargos más por su participación en las opas sobre Endesa. Y casi al mismo tiempo de que el ex ministro Eduardo Zaplana anunciara también su paso a la empresa privada de la mano de Telefónica.

Taguas, por lo tanto, tenía las manos libres para fichar por quien quisiera, pero siempre que cumpliera lo que establece la Ley que regula los conflictos de intereses del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Se trata de una ley aprobada hace apenas un par de años que va acompañada de un Código de Buen Gobierno, y con el que el legislador pretendía dar una nueva vuelta de tuerca a la moralidad pública penalizando los casos de tráfico de influencias. La pregunta es, por lo tanto, si el nombramiento de Taguas cumple las normas.

Incompatibilidades según la ley

Lo que dice la ley es lo siguiente. Durante los dos años posteriores a la fecha de su cese, los altos cargos -Taguas era secretario de Estado- no pueden trabajar en empresas o sociedades privadas relacionadas “directamente con las competencias del cargo desempeñado”. Es cierto que la Oficina Económica del presidente no aprueba expedientes relacionados con empresas concretas, pero también es cierto que su capacidad de influencia sobre determinadas decisiones de política económica que favorecen a constructoras e inmobiliarias es elevada.

La ley matiza que se entiende que existe una “relación directa” cuando los altos cargos hubieran dictado resoluciones en relación con la empresa que contrato sus servicios. No parece ser este el caso de Taguas, pero esa misma ley dice también que incurren en incompatibilidad los altos cargos que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubieran adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas sociedades. Y para evidente que determinadas decisiones de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (un órgano colegiado) afectan a la industria del ‘ladrillo’ y a sus participaciones industriales en sectores como el de la energía: Sacyr controla Repsol, ACS lo hace en Fenosa y Acciona cogestiona Endesa.

En el caso de Seopan no se trata de una empresa con ánimo de lucro. Funciona como un grupo de presión de las grandes constructoras, pero parece obvio que los beneficios de sus gestiones ante los poderes públicos -y Taguas es un embajador de lujo- se trasladan a sus socios.

La ley, incluso, establece un régimen sancionador para las empresas privadas que contraten a altos cargos implicados en una presenta incompatibilidad. Se las prohíbe contratar con las administraciones públicas durante dos años, el tiempo en el que deben ‘hibernar’ los altos cargos para evitar tráfico de influencias. Taguas, desde luego, ha estado poco tiempo en el frigorífico.

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TAGUAS COBRARÁ DURANTE 18 MESES SU SUELDO PÚBLICO
Cotizalia.com - 06 de mayo de 2008
 
 
David Taguas tendrá derecho a cobrar durante 18 meses el 80% de su sueldo público en calidad de ex director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno así como su salario como presidente de Seopan, según informa El Mundo.

Así, indica el periódico, el ex asesor de Zapatero recibirá hasta finales de 2009 más de 3.500 euros netos mensuales "como indemnización por no aceptar cargos incompatibles con su anterior actividad pública". Y a esto se unirá su salario como presidente de la asociación de constructoras, Seopan, estimado en 300.000 euros anuales.

La asociación no ha confirmado la cifra oficial pero su anterior presidente, Enrique Aldama, cobraba 200.000 euros "porque no trabajaba con dedicación completa como sí lo hará Taguas".

Taguas aceptó su nombramiento el pasado miércoles, tres días después de dejar su despacho como asesor económico de Zapatero. Y su nueva designación no ha dejado indiferente a nadie. El PP la ha tildado de "indecente y caciquil" y ha asegurado que supone una "injerencia del Gobierno en el mundo empresarial".

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Taguas revisó los contratos del Estado con las constructoras
CadenaSER.com - 08 de mayo de 2008
 
El gobierno retrasa el informe oficial que tenía previsto presentar esta semana sobre el ex asesor de Zapatero

El informe oficial que el gobierno había anunciado para analizar la compatibilidad del cargo que David Taguas ocupa el frente de la Asociación de Constructores, se retrasa para una nueva fecha.

Taguas, que integraba la comisión Delegada de Asuntos Económicos, participó en las reuniones que marcan la revisión de precios de contratos celebrados por las administraciones públicas con las constructoras a las que ahora representa a través de Seopan.

Eso es lo que ahora está estudiando el ministerio de Administraciones Públicas. Cómo avalar razonado en derecho la luz verde que el ex asesor de Zapatero ha recibido a través de un dictamen preliminar.

La Ley de conflictos de intereses dice claramente que los altos cargos no podrán desempeñar durante dos años tras su cese servicios en sociedades relacionadas directamente con las competencias de su cargo. Aclara esa ley que se considera relación directa cuando el interesado hubiera intervenido en sesiones en las que se hubiera adoptado algún acuerdo en relación con dichas entidades.

David Taguas era miembro de la comisión delegada de asuntos económicos, participaba en esas sesiones entre cuyas funciones, residía la de aprobar los índices de precios de materias de construcción como cemento, maderas o aluminio.

Se trata de un índice aplicable a la revisión de precios de contratos entre la administración y las constructoras para las que ahora trabaja Taguas.

Según la Ley, si el dictamen que elabora Administraciones Públicas, declara la existencia de incompatibilidad y a Taguas se le imputa falta muy grave, no podría volver a ser designado para un puesto como el que ocupó en Moncloa por un espacio de entre 5 y 10 años. Además, se le retiraría la pensión que cobrará durante 18 meses a cargo del estado, paralelamente al sueldo que le pagarán los constructores.

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PSOE expedienta a diputado que votó reprobación de Taguas
Terra - 21 de mayo de 2008
 
 
El grupo socialista ha expedientado al diputado Juan Antonio Barrio de Penagos por haber votado a favor de la moción de ICV debatida hoy en el Congreso en la cual se pedía la reprobación del ex director de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas, tras su nombramiento como presidente de Seopan.

La decisión de proceder contra este diputado, perteneciente a la corriente del PSOE Izquierda Socialista, ha sido dada a conocer en un comunicado difundido a última hora de la tarde, según el cual la dirección del grupo socialista ha acordado abrirle expediente disciplinario 'por romper la disciplina' al votar a favor del punto primero de la moción debatida en el pleno de la Cámara.

El texto, que no llegó a prosperar por el rechazo del PSOE y de CiU, decía: 'El Congreso de los Diputados lamenta el dictamen de la Oficina de Conflictos de Intereses al considerar la inexistencia de incompatibilidad legal, que en este caso, el que fuera director de la Oficina Económica del Gobierno, pase a presidir la Asociación de Empresas Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN).

Este apartado de la moción de ICV fue desestimado por 171 votos en contra, tres abstenciones y 157 a favor, entre los cuales figura el de Juan Antonio Barrio de Penagos, que se ha adherido a la posición del PP, IU, ICV, ERC, PNV, BNG y UPyD.

Según fuentes del grupo socialista, al ser consultado por esta circunstancia, el diputado ha asegurado que se había equivocado, pese a lo cual se le ha incoado expediente disciplinario.

En una reunión celebrada esta misma mañana, el grupo del PSOE había acordado votar en contra de la moción, consecuencia de una interpelación planteada al Gobierno la semana pasada, así como preparar una enmienda de sustitución al texto original, que hoy no pudo ser votada porque no fue aceptada por el grupo de ERC-IU-ICV, autor de la iniciativa.

La enmienda de sustitución proponía al Ejecutivo adoptar medidas en favor de la 'transparencia' en la actividad de los 'lobbies' o grupos de interés, como es el caso de la patronal de la construcción Seopan, que ha pasado a dirigir David Taguas.

Así, el PSOE planteaba que la Cámara Baja instara al Gobierno a 'impulsar' estas medidas 'en el contexto de las medidas europeas desarrolladas en el marco del Libro Verde para el impulso de la transparencia y del informe sobre el desarrollo del marco para las actividades de los grupos de interés en las instituciones europeas'.

Se trataría, según la misma propuesta, de emprender 'las medidas necesarias para favorecer la existencia de un marco estructurado en relación a las actividades de las distintas organizaciones -asociaciones, fundaciones, empresas, colectivos profesionales, ong- en sus relaciones con las instituciones públicas'.

El objetivo final de estas iniciativas sería fomentar 'decididamente la transparencia' y contribuir a aumentar 'la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas'.

El portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, consideró esta mañana que la Oficina de Conflictos de Intereses ha emitido un informe sobre la situación de Taguas 'ajustado estrictamente a la ley', al entender compatible su anterior cargo de asesor económico del Gobierno con la dirección de la patronal de las constructoras.

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El G-14 pide al Gobierno 40.000 millones más
La Vanguardia - 14 de mayo de 2008
 
 
Para paliar el "excesivo ajuste". Las empresas agrupadas en el G-14 ven insuficiente la inyección de 10.000 millones de euros aprobada por el Ejecutivo

El secretario general del G-14, grupo que aúna a las principales inmobiliarias del país, Pedro Pérez, ha pedido al Gobierno una inyección de liquidez en el sistema financiero de 40.000 millones de euros para paliar el "excesivo ajuste del sector de la construcción".

Seguir leyendo noticia Pérez ha considerado, en una rueda de prensa organizada por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España, insuficiente la inyección de 10.000 millones de euros aprobada por el Ejecutivo y exigió una nueva inyección de liquidez de 40.000 millones para atender la demanda de vivienda de los ciudadanos.

En su opinión, la restricción del crédito no permite suplir la necesidad real de vivienda y ha provocado en el sector un "ajuste excesivo" y una caída "abrupta" de actividad.

Pérez prevé que de continuar con los ritmos de edificación de los cuatro primeros meses del año, en 2008 sólo se construirán unas 200.000 viviendas, lo que supone una tercera parte del total de viviendas construidas en 2007.

El secretario general del G-14 considera que 200.000 viviendas son "muy pocas" para absorber la demanda de vivienda de la población, que cifra en 350.000. Pérez explicó que el Banco Central Europeo (BCE) ya ha inyectado otros 20.000 millones euros y puso como ejemplo las inyecciones de liquidez acometidas en el Reino Unido por el Banco Central de Inglaterra.

De acuerdo con Pérez una inyección de liquidez similar en el sistema financiero español permitiría ajustar la oferta a la demanda y vender parte del stock del sector, que cifró en 500.000 viviendas. En este sentido, Pérez remarcó que el G-14 no pide al Gobierno medidas para salvar el sector, que según sus cálculos generará cerca de 250.000 desempleados este año, aunque sí considera que las autoridades deberían tomar medidas para reactivar el sistema financiero.

Preguntado por la negativa de Solbes de ayudar al sector para establecer niveles artificiales de actividad, mostró su conformidad con el ministro, al tiempo que recordó que, de acuerdo con los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB cayó 8 décimas en el primer trimestre, un descenso de una "magnitud" que no recuerda haber visto antes. "Hay que ser realista y esa es la realidad, pero también hay que ser optimista porque se pueden hacer cosas", afirmó.

Pérez también pidió a las Comunidades Autónomas una bajada de los precios del suelo y a los Ayuntamientos una mayor agilización en la conversión de suelo rústico en urbano para poder reactivar el sector.

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AEAT elevará en un 65% las actuaciones fraude inmobiliario
CincoDias.com - 11 de mayo de 2008
 
 
Hacienda espera realizar 90.519 actuaciones contra el fraude inmobiliario en 2008, frente a las 54.828 con las que cerró el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 65%, según consta el en Plan de Objetivos de la Agencia Tributaria (AEAT).

No obstante, las actuaciones de control extensivo sobre la grandes empresas (aquellas cuyo volumen de operaciones supera los 6,01 millones) se reducirán un 12,39%, hasta las 109.498 acciones, frente a las 124.996 con las que se saldó el ejercicio anterior.

En 2008, la AEAT cuenta con la previsión inicial de obtener 5.749,24 millones de euros como consecuencia de las diversas actuaciones de control de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, lo que supondría un 3,4% menos que en el ejercicio anterior, en el que se recaudaron 5.954 millones.

De esa cantidad, 4.630,7 millones, el 1,8% menos, corresponderían a los ingresos derivados de las actuaciones de control de la Agencia Tributaria y 1.118,5 millones, un 9,76% por debajo, de las minoraciones de las devoluciones.

Sin embargo, fuentes del organismo precisaron que las cifras de recaudación de la lucha contra el fraude que aparecen en el documento sólo suponen una previsión inicial “muy prudente”, estimación que casi todos los años termina superándose.

Por otra parte, la Agencia Tributaria estima que el resultado de su gestión recaudatoria de deuda durante este año se situará en los 9.387,8 millones de euros, lo que supondría un incremento del 3,27% con respecto a 2007.

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Municipios empiezan a penalizar fiscalmente las desocupadas
ElEconomista.es - 26 de abril de 2008
 
 
Algunos municipios españoles penalizan a los dueños de viviendas desocupadas con un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), algo que, sin duda, a los que más afecta es a los no residentes, aunque no es exclusivo de su condición.

Contenido elaborado conjuntamente por elEconomista y Grupo Editorial El Derecho

Este recargo, que no lo aplican todos los municipios , se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.

El problema es que las circunstancias que determinan una definición de vivienda desocupada están pendientes de fijarse por un Reglamento que está lejos todavía de su publicación.

Para aplicar dicho concepto se han tanteado varias fórmulas, como, por ejemplo, el estudio de los consumos de agua y electricidad, que permiten establecer unas presunciones a partir de las cuales determinar la desocupación del inmueble.

Lista de municipios

Mientras llega el citado desarrollo reglamentario, en la web del Ministerio de Hacienda, la Dirección General del Catastro permite visualizar la lista de los municipios que han decidido aplicar este recargo y en qué porcentaje.

El IBI es un impuesto municipal que se devenga anualmente y que grava la propiedad de los bienes inmuebles rústicos o urbanos. Se trata de un tributo liquidado y recaudado por los ayuntamientos, que son los competentes para fijar el tipo de gravamen según los límites establecidos.

La base imponible sobre la que se calcula el impuesto es el valor catastral del inmueble, valor que se determina objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos del Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos valores catastrales pueden verse modificados por tres vías: anualmente por la Ley de Presupuestos, (para 2008 el coeficiente es el 1,02 para los bienes inmuebles); a través de la revisión de los valores catastrales, obligatoria cada 10 años; y por los cambios de uso o las modificaciones de las características de los bienes inmuebles.

Valor de mercado

Además, el valor nunca podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas.

A estos efectos una Orden fija un coeficiente de referencia al mercado (actualmente un 0,5) para los bienes de una misma clase. Por esta razón, aunque el tipo impositivo no varíe de año en año, pueden experimentarse subidas importantes en el IBI por la evolución de dichos valores de mercado debidas a múltiples razones.

A modo de ejemplo, Cáceres es la ciudad española donde más se ha incrementado el tipo impositivo del IBI en el año 2007, al pasar del 0,58 por ciento al 0,67 por ciento (un 15,52 por ciento respecto al año anterior). Le siguen Gerona, con una variación del 5,13 por ciento, Vitoria, con el 4,57 por ciento, Pamplona, con el 4,54 por ciento, y Teruel, con un 3,92 por ciento.

Sin embargo, en otras ciudades, a pesar de no haberse alterado el tipo, el coste fiscal para el contribuyente ha sido mayor, por ejemplo en Madrid, donde la cuota media a pagar subió en 2007 un 11 por ciento por una fuerte subida de los valores catastrales.

Tipo de gravamen

Una vez fijada la base imponible, el tipo de gravamen será determinada por cada ayuntamiento, partiendo de un porcentaje mínimo y dependiendo del número de habitantes que tenga el municipio, dentro de unos márgenes.

No obstante, la propia Ley de Haciendas Locales posibilita el incremento de los tipos de gravamen, siempre que los ayuntamientos cumplan determinadas condiciones.

Además, dentro de los límites marcados, los ayuntamientos pueden establecer, para el 10 por ciento de los bienes urbanos que para cada uso tenga mayor valor catastral, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones.

Cuando los inmuebles tengan varios usos se aplica el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

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Casas vacías y tristes
Inmoblog.com - 19 de mayo de 2008
 
CASASTRISTES.ORG es un conjunto de herramientas 2.0 para la visualización geográfica de la situación de la vivienda en España, además de una serie de aplicaciones para explicar gráficamente la evolución de este sector y del coste que supone para un ciudadano el acceso a la vivienda.

Pretende ser una plataforma de intercambio de información y recursos siguiendo la filosofía de la Web 2.0, a través de la creación de una base de datos pública y fiable de las casas vacias en España.



Mapa de casas vacías

Se cuestionan conceptos como la ”ventaja de la compra frente al alquiler”, resaltar la abundancia de casas vacías frente a la teoría generalizada de “la falta de suelo”, el porqué del altísimo porcentaje de casas vacías en España, de la emancipación a los 35 años.

La herramienta es interesante, pero la duda radica en ¿quién va a alimentar esa base de datos de viviendas vacías?. Probablemente no sean los propios propietarios, sino más bien vecinos que conozcan la situación de desocupación de la vivienda.

Un ejemplo de otra "herramienta de visualización de vivienda digna":



enlace a casastristes.org
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I. Socialista cree una desvergüenza la prorroga hipotecaria
Cartas a la Plataforma (I.S.) - 07 de mayo de 2008
 
 
Iniciativa Socialista cree una desvergüenza y una trampa el acuerdo entre los bancos y el gobierno del PSOE para prorrogar las hipotecas

El reciente acuerdo firmado entre bancos y el gobierno del PSOE permitirá aumentar el tiempo de pago de las hipotecas bajo un aparente coste cero o eso al menos, es lo que nos tratan de vender las partes interesadas. Desde Iniciativa Socialista de Izquierdas creemos que la letra pequeña de este acuerdo, informada de forma sesgada a la ciudadanía, puede suponer una mayor ruina de la que ya soportan muchas familias españolas.

En primer lugar los únicos costes que se van a eliminar supuestamente son los gastos de burocracia bancaria y notaría, aunque no se habla por ejemplo, de las prácticas de los bancos de obligar al cliente a contratar seguros por ejemplo. También dicen con la boca pequeñita, que en última instancia, será el banco el que acceda o no al alargamiento del tiempo para el pago de la hipoteca. “Si no hay bocado suculento al que morder no habrá prórroga.”

La trampa mayor, creemos los socialistas de izquierda, viene en los intereses del capital pendiente, que como es lógico, aumentarán al prorrogarse la hipoteca. Creemos que esto es una especie de camelo que puede hacer que muchas personas, agobiadas por una letra insoportable, caigan en él, acarreándose una mayor ruina si cabe.

Parece como una peli de cine negro donde un usurero te presta 6000 euros y te dice que le has de pagar en un mes si le tienes amor a tus piernas. Cuando llega el mes no has podido pagarle y le suplicas que te de más tiempo. El te dice que sí, que te da una semana más, que quizás deberías preocuparte de algo más que tus piernas si no le puedes pagar y que ahora le debes 9000 euros. “No es de risa ni es ninguna película.”

Desde iniciativa Socialista no entendemos como no se le cae la cara de vergüenza a los dirigentes del PSOE presumiendo de socialistas y de progresistas al aprobar este tipo de medidas. Y no lo entendemos, tras haber autorizado recientemente además nuevas inyecciones de dinero desde el banco de España a la banca privada, para que ésta, nos pueda arruinar aún más y adueñarse de nuestras vidas. Sabemos que el mal que ya está hecho es difícil de salvar (haber permitido que miles de españoles de clase trabajadora estén hipotecados de por vida): quizás por no haber hecho los deberes bien y por haber dado tantas alas a banqueros y especuladores, nuestros gobernantes no tengan más remedio que hacerse cargo de muchas hipotecas, sobre todo, si no quieren ver como miles de familias pasan a la miseria absoluta. ¿Cómo? Ellos sabrán.

El déficit de vivienda pública en propiedad y alquiler, aunque nos inclinemos por la última, la falta de una banca nacionalizada o mixta y de unos sectores productivos estables están condenando y van a condenar a la ruina y la miseria a muchos miles trabajadores de este país en los años inmediatos. Aunque sobre decirlo, desde el Partido Popular y desde la banca, están contentísimos con la política económica y social del PSOE, quizás, porque es la misma que la suya.

Área de Comunicación de Iniciativa Socialista de Izquierdas

 
 
Cermi pide a gobierno que amplie las ayudas a discapacitados
Discapnet.es - 04 de mayo de 2008
 
 
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Ministerio de Vivienda que incluya a las personas con discapacidad y a sus familias entre los nuevos colectivos que se beneficien de la ayuda de 210 euros al alquiler.

Tras conocerse que el Gobierno se está planteando ampliar estas ayudas públicas a personas solteras, separadas y divorciadas, el Cermi pide que la ayuda al alquiler abarque también a personas con discapacidad o a familias con personas con discapacidad a su cargo, teniendo en cuenta que estos ciudadanos tienen especiales dificultades para optar a una vivienda digna y accesible.

La renta de las personas con discapacidad es entre un 30 y un 40 por ciento inferior a la de la población sin discapacidad, por lo que el esfuerzo económico para arrendar una vivienda es mucho mayor, indica el Cermi.

A esto se une que las personas con discapacidad necesitan en muchas ocasiones disponer, en alquiler, de viviendas que reúnan las debidas condiciones de accesibilidad, pero aún son muy pocas las viviendas de este tipo que ofrece el mercado, por lo que se incrementan notablemente los costes.

Para compensar esta desventaja objetiva, causada por la inaccesibilidad general del parque de viviendas en alquiler, el Cermi solicita del Ministerio de Vivienda que las personas con discapacidad y sus familias sean consideradas como un grupo de población preferente a la hora de otorgar ayudas públicas al alquiler.

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'Lo que pasa con la vivienda es escandaloso'
Telecinco - 30 de abril de 2008
 
Indignación entre los ciudadanos por la subida de los precios de la vivienda protegida

"Es un robo, un expolio. Lo que pasa con la vivienda es escandaloso". El aumento de los precios de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) levanta estas críticas desde la Asociación Nacional Plataforma por la Vivienda Digna (PVD). La decisión del Ministerio de Vivienda de incrementar a principios de abril el precio de los módulos que se aplican a este tipo de viviendas ha permitido a las Comunidades Autónomas incrementar de golpe en casi un 30%, como ha ocurrido en Madrid, el precio de la vivienda protegida.

"Los promotores son unos sinvergüenzas", señala José Luis, portavoz de la PVD, que acusa a los constructores de refugiarse en la vivienda protegida tras seis meses de crisis en la venta de vivienda libre. Para esta asociación tanto desde los Ministerios de Economía y Vivienda como desde las Comunidades Autónomas "se les da" todo lo que reclaman a través de sus "poderosos lobbies". "Todo es para ellos", concluye.

Desde el Ministerio, lo niegan rotundamente. "No es cierto que el sector esté recibiendo más ayudas que los consumidores. El sector no hace más que pedir ayuda", señalan desde Vivienda, dónde consideran que deben "poner su grano de arena a través de los instrumentos públicos como la VPO y la rehabilitación" ante el reajuste de demanda. Por eso "la VPO es una herramienta potentísima para mover el sector, que no está acostumbrado a vacas flacas", aunque sin "costear las pérdidas de las empresas".

Según datos de Vivienda, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida en España se ha incrementado en un 7,8% en los últimos doce meses. Se ha situado en 1.100 euros. Todo ello junto a un descenso en la construcción de vivienda protegida del 12% respecto al año 2006. Ese año se batió el récord histórico con el inicio de 95.255 viviendas protegidas. Dicha reducción sirve de amparo a las comunidades autónomas para adoptar el precio máximo fijado por el Ministerio para este tipo de vivienda.

El caso de Madrid

Desde la comunidad dirigida por Esperanza Aguirre, donde se ha construido un 78% menos de VPO que el año anterior, se dice que el precio de la vivienda protegida aumentará entre un 20 y un 30% según las zonas. Lo justifican desde la Consejería de Vivienda como una necesidad de adecuar los precios "para que los promotores se animen a hacer vivienda protegida". Aún así, señalan que los precios de venta finales "siguen siendo asequibles para los madrileños".

La PVD no está de acuerdo. Advierten de que "miles de jóvenes a los que ya les ha correspondido una vivienda renunciarán a su derecho porque, sencillamente, no podrán conseguir financiación o no podrán pagarla". Creen que ya explotará todo esto" porque "la vivienda en España es un absurdo, gobierne quien gobierne".

Modelos diferentes

Sin embargo, la Asociación cree que está demostrado que se puede construir vivienda protegida con márgenes de beneficio adecuados que no se trasladan a los compradores. Ponen como ejemplo lo que ocurre en Extremadura. "La Junta ha cedido suelo a un precio simbólico han construido casas de 80 m2 por 60.000 ". Impide que el promotor se forre", señala José Luis. Sin embargo, los tipos de viviendas protegidas que aparecen en otras comunidades son muy distintos.

La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) ha presentado a la secretaria de Estado de Economía el proyecto de creación de una "nueva categoría" de vivienda protegida de precio limitado, intermedia entre la libre y la de precio concertado. Un tipo de vivienda al que ya se ha apuntado el presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda.

Además, la APCE quiere exponer al Ministerio de Vivienda que es necesario "preparar más suelo" para cumplir con el objetivo del Gobierno de construir 150.000 viviendas protegidas cada año durante la presente legislatura. El Ministerio de Vivenda confirma que "tiene previsto proceder a la liberalización de suelo público", aunque no se saben aún las fechas ni la cantidad de terreno.

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Transparencia social y corrupción
Lne.es - 14 de mayo de 2008
 
 
En la era en la que el ladrillo ha sido oro, los salarios no han pasado de hojalata. Según el estudio del Barómetro Social de España, que ha sido presentado estos días, mientras el capital inmobiliario y financiero se ha más que duplicado (crecimiento anual del 8 por ciento), las rentas salariales se han estancado (reducción de salario medio del 2,4 por ciento en el conjunto del período analizado). Los más perjudicados, los jóvenes, los inmigrantes no comunitarios y las mujeres. Entre 1994 y 2006 se triplicaron las deudas de los hogares y el ahorro ha descendido un tercio en el mismo período, de tal modo que la deuda ha aumentado seis veces más deprisa que su renta, debido principalmente a las hipotecas.

El Colectivo IOE, autor del informe y que utiliza datos estadísticos oficiales, afirma, además, que ha aumentado en más de un millón de personas el colectivo de pobreza severa (quienes no alcanzan el 40 por ciento de la renta media) y añade que el nivel de diferencia social se ha incrementado en un 23 por ciento. Entre las causas de los desajustes sociales hay un capítulo que merece especial atención: la necesidad de mejorar la «transparencia social» para lograr que administraciones públicas y privadas sean más eficaces y equilibradas.

La transparencia social, como elemento que garantiza el derecho a la información del ciudadano, esto es, el «derecho a saber» como un factor realmente fundamental para la lucha contra la corrupción.

Durante el prolongado período de crecimiento económico debido al «ladrillo de oro», ha estado sobrevolando la percepción de que el factor corrupción ha estado presente y que todavía queda mucho por reformar para que la mayor transparencia social impida las prácticas que la fomentan.

El «Informe global 2007 sobre la corrupción en España» emitido por Transparency International España, señalaba el retroceso de nuestro país en cuanto al índice de percepción de la corrupción (CPI). quebrando una tendencia que era muy positiva. En una lista de 180 países figuramos en el puesto 25.º, que comienza en Finlandia con la mejor nota.

Los analistas señalan que han sido los escándalos urbanísticos los causantes de ese peor juicio y han focalizado en el ámbito local, urbanismo y especulación, la mayor incidencia. También informes oficiales, como el del Defensor del Pueblo, coinciden en indicar los mismos puntos. Se ha afirmado hasta la saciedad que la calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción y convierten en sospechosos los llamados «convenios» en los que el titular de unos terrenos se compromete a llevar a cabo determinadas cesiones de los mismos, independientemente de lo que está obligado por ley, e incluso pagos en metálico a favor de la Administración urbanística, para el caso que se apruebe o se modifique por parte de dicha Administración un plan con determinaciones concretas (clasificación, usos, volumetría...).

Los «convenios» y los planes urbanísticos, con continuas modificaciones, siguen siendo la fórmula de aumentar ingresos en los ayuntamientos, a la par que es evidente la escasa vigilancia sobre construcciones ilegales, multas en lugar de demoliciones, expropiaciones a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, han vendido a precios astronómicos y otros malos usos.

La corrupción urbanística no respeta institución alguna y hasta los Juzgados han sufrido las consecuencias, como bien sabe la Fiscalía Anticorrupción, que tendrá que activar sus funciones para que la transparencia social pueda funcionar.

Y por favor que nadie toque las reservas de la Seguridad Social como medio de financiar crisis del «ladrillo de oro».

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Vivienda: ahora empiezan las prisas
ElComercioDigital.com - 04 de mayo de 2008
 
IMAGÍNENSE que un amigo suyo, fumador empedernido, empieza a toser sin parar. En un momento dado, incluso escupe sangre. A pesar de su insistencia, su amigo no consiente en ir al médico, seguramente temiendo que el diagnóstico pueda ser que tiene un cáncer. Mientras tanto, no se priva de nada: sigue bebiéndose sus cervezas y fumándose sus dos cajetillas de tabaco al día. Finalmente, después de varios meses y ante la imposibilidad de dormir, acude al médico que le da la mala noticia: es cáncer y, lo peor de todo, ha hecho metástasis en otros órganos por la tardanza en acudir al especialista.

Algo similar ha sucedido con el tumor inmobiliario que se ha formado en la economía española durante los últimos años. Hace bastante tiempo que hay indicios muy evidentes de que el sector inmobiliario español estaba sufriendo un proceso especulativo de proporciones considerables. Pero cuando la economía crece al 4%, y un 25% de dicho crecimiento proviene del sector de la construcción, no hay político que se resista. Ya iremos al médico. Mientras tanto, se encuentran excusas para no tomar las medidas necesarias: que si los problemas inmobiliarios de Estados Unidos no se extenderán a España; que si otros sectores económicos absorberán los desempleados que hipotéticamente genere el sector de la construcción; que si los problemas están sólo en el sector financiero y no se transmitirán al sector real, etcétera. Toda una serie de excusas sin fundamento. El problema aparece cuando los síntomas son ya muy evidentes y la metástasis se ha extendido a otros sectores económicos y, especialmente, al financiero. Entonces, empiezan las prisas, cuando las medidas debían haberse tomado hace mucho tiempo para que fueran efectivas.

¿Cuáles podrían ser esas medidas? En primer lugar, la eliminación de la desgravación a la vivienda, un gasto fiscal que distorsiona gravemente la decisión entre comprar y alquilar, y aumenta el precio de los pisos. De hecho, esta desgravación se traslada directamente de los que pagamos impuestos a los promotores/constructores, dado que, como cualquier estudiante de economía sabe, cuando la oferta de un bien es inelástica una subvención produce simplemente un aumento de los precios. Recientemente, hasta Pedro Solbes aceptó que aumentar las desgravaciones a la vivienda solamente produciría un repunte de los precios. Sin embargo, no aplicó el corolario de este principio: la eliminación de la desgravación haría más asequibles las viviendas. De hecho, lo que el comprador se podría ahorrar por esa reducción de precios compensaría lo que dejaría de ganar por la eliminación de la desgravación en el IRPF. Estamos en un momento muy adecuado para hacerlo: la reducción drástica de las compraventas implicaría menor resistencia de los políticos que sólo siguen las encuestas de opinión y no la racionalidad económica.

En segundo lugar, habría que pasar definitivamente a un sistema de viviendas de protección oficial sólo en régimen de alquiler. Dar un título de propiedad de un puñado de viviendas con un precio muy inferior al de mercado a partir de una lotería donde participan miles de personas no parece la mejor forma de garantizar una vivienda digna a los ciudadanos que la necesitan. Además, conociendo la picaresca española, el sistema de asignación genera no pocas irregularidades. Lo lógico sería que una familia gozara de un alquiler subvencionado mientras cumpliera unos determinados límites de renta. Imagínense un individuo al que un día le toca una vivienda de protección oficial (con su correspondiente título de propiedad) y al día siguiente se ve agraciado por la lotería: Santa Rita Rita Rita, lo que se da ya no se quita. Si todas las viviendas de protección oficial construidas desde 1980 hubieran sido en régimen de alquiler, ahora existiría un parque de más de 2 millones de pisos en ese régimen.

En tercer lugar, es preciso crear 'murallas chinas' entre entidades financieras y sociedades de tasación. Uno de los factores más nocivos en la espiral inflacionista del precio de la vivienda de los últimos años ha sido la estrecha relación entre sociedades de tasación, bancos y cajas de ahorros. Los bancos, interesados en incrementar el número de hipotecas concedidas, no ponían problemas a tasaciones por encima del valor real de mercado que permitieran a los compradores obtener las hipotecas. La idea subyacente era simple: aunque ahora la vivienda no vale su precio de tasación, en el futuro, como el precio de la vivienda siempre sube, valdrá incluso más y tendremos una hipoteca que hoy ya incorpora la revalorización futura de los precios de la vivienda. Un negocio redondo excepto cuando el supuesto fundamental de subida ilimitada de los precios no se cumple, como en la situación actual. Es necesario que la supervisión bancaria evite este tipo de prácticas estableciendo restricciones que impidan que los intereses de las entidades financieras y las tasadoras se alineen y puedan poner en peligro la estabilidad del sistema.

Finalmente, durante mucho tiempo ha sido preciso incentivar el alquiler, pues la proporción de este régimen de tenencia en España (10,5%) es absolutamente anómala para los estándares internacionales. Sin embargo, cuando el sector inmobiliario se está reordenando y la enorme sobreoferta de viviendas forzará a los inversores y promotores a poner en alquiler muchas de ellas (aumentando significativamente la oferta), medidas como la renta de emancipación generan innecesarias presiones alcistas en los alquileres. Las medidas recientes de incentivos al alquiler están siendo aplicadas a destiempo y sólo contribuyen a echar leña al fuego de los arrendamientos.

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Que bajen los precios
El País - 13 de mayo de 2008
 
La negativa del vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, a instrumentar medidas fiscales de apoyo al mercado inmobiliario ha provocado la irritación de los promotores y constructores de viviendas, empeñados en tratar la crisis de la construcción como si solamente fuera un problema de potenciales compradores atosigados por la desaceleración económica. El Ministerio de Vivienda acudía solícito a satisfacer las peticiones de promotores y constructores con un plan para subir la deducción por rehabilitación. Pero la idea de Solbes, argumentada más que de sobra en el Congreso, es que "el ajuste en el mercado de la construcción no debe impedirse artificialmente". Por tanto, los estímulos fiscales y la segunda idea favorita de las empresas, la creación de un tipo de vivienda a mitad de camino entre la libre y protegida, quedan rigurosamente descartadas.

El plante de Solbes constituye la mejor respuesta que se puede dar hoy al desplome inmobiliario. Los beneficios fiscales están detrás de la formación de la burbuja inmobiliaria, alentada con más desahogo que responsabilidad por los Gobiernos del PP. Por tanto, sería un desatino preparar ahora el camino a otra burbuja cuando el ajuste de la vivienda concluya. Es evidente además que sólo una reducción de tipos de interés -decisión que compete al BCE- reactivaría sustancialmente el mercado inmobiliario. El Gobierno ya ha tomado la medida que podía adoptar respecto a la vivienda, que es la concertación con las instituciones financieras para que se puedan refinanciar las hipotecas sobre nuevos plazos. La idoneidad de esta decisión se explica en que favorece la solvencia -o evita la insolvencia- de las familias y, al mismo tiempo, evita que su endeudamiento ponga en riesgo el sistema financiero.

El ajuste natural de Solbes se basa también en un criterio de equidad económica. Durante lustros, el mercado de la vivienda ha generado cuantiosos beneficios para los promotores y constructores. Beneficios que surgieron de unos precios disparados muy por encima de los equilibrios entre oferta y demanda. Si la vivienda opera en un mercado libre, los desequilibrios -excesos, en la terminología de Solbes- deben ajustarse mediante los procedimientos del mercado, es decir, a través de una reducción de precios coherente con la caída de la demanda. Por el momento, los vendedores de vivienda no han bajado los precios al nivel adecuado para que sus ventas se recuperen.

Sorprende la capacidad de algunos colectivos para olvidar las reglas del mercado que con tanto afán defienden en periodos de prosperidad y abundantes beneficios. Tampoco es demasiado elegante pedir beneficios tributarios tras el burladero de la destrucción de empleo. Porque la caída de la demanda es inevitable y no se corregiría con más deducciones fiscales. Como mucho, contribuiría a vender la producción actual a precios poco congruentes con la realidad del mercado.

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'Alquilo habitación por sexo'
El País - 22 de abril de 2008
 
Detectados en portales inmobiliarios de España, Francia, Italia y Estados Unidos anuncios de alojamiento a cambio de relaciones sexuales

Un hombre y una mujer entran en una cafetería. Se miran, se dan dos besos. Se presentan. Son dos desconocidos pero apenas la camarera les pone el café en la mesa comienzan a hablar de sexo.

Él, Pablo, tiene 24 años y ha colocado un anuncio en Internet: "Alquilo habitación a cambio de prestaciones sexuales". Ella tiene 25 y no se llama Sara, pero se hace pasar por ella para conocer la letra pequeña de esta oferta. Es una práctica que ya ha sido detectada en Francia, Italia y EE UU. También aquí en España los portales están repletos de anuncios como éste, aunque la policía nacional no tiene ningún expediente abierto sobre casos similares. "La prostitución en España no está penada, y siempre que ambas partes estén de acuerdo esta práctica no constituye delito", afirma un portavoz de la policía.

Sara ha encontrado la propuesta en el portal www.campusanuncios.com, pero invitaciones de este tipo se encuentran en la mayoría de portales inmobiliarios de la red: loquo.com, habitamos.com, Portal Trovit...

"Hola", escribió Sara a los remitentes de estos anuncios, "estoy buscando piso y me gustaría enterarme de cómo funciona esto. ¿Vives solo? ¿Cuántos años tienes? ¿Sería totalmente gratis?".

Tkd24, madrileño, contesta: "Estoy yo solo y sí, es totalmente gratis, incluso los gastos están incluidos. A cambio tendrías que mantener sexo conmigo (no todos los días, no te preocupes), sabremos encontrar el punto justo". El sevillano Luis, otro de los ofertantes, es más exigente. Pide algunas referencias antes de entrar en detalles: "Está por La Macarena, zona centro. No tendrías que pagar nada, solamente lo que pido a cambio es sexo. Tengo 30 años y estoy trabajando, pero antes me gustaría que me enviaras unas fotografías tuyas, ya que he recibido algunos e-mails más y tengo que elegir a una de vosotras". Y Antonio, de Barcelona, contestaba: "El intercambio suele ser por sexo, exhibicionismo, tocamientos, caricias, lo que se pacte. Yo soy una persona respetuosa y me atendré a lo que hayamos pactado". El correo de Sara se llena en pocos días de las explicaciones que requiere. Pablo es uno de los tres chicos que le envían su teléfono al primer contacto. Ofrece una habitación en el barrio madrileño de Ventas y por un módico precio sexual promete cama y comida. Fruto de una llamada y en menos de 24 horas se encuentran frente a frente, en una cafetería, hablando de sexo... y convivencia.

Él es grande, sonriente y, por valorar su aspecto físico, tiene unos kilos de más. Pero no es la gordura lo que sorprende a Sara, sino su apariencia normal. En el imaginario colectivo de los prejuicios, su aspecto exterior no desvela nada. Podría ser un chico de barrio cualquiera. Su actitud es educada y parece comprensivo con las dudas que muestra su posible inquilina.

"Reconozco que no es una cosa muy normal", afirma Pedro, "yo empecé con esto como una broma pero me escribieron bastantes chicas". Por eso, este encuentro, de ir bien, supondría su segunda experiencia. Con la anterior inquilina, una francesa que vino dos semanas, "todo fue bastante natural". De hecho, "sigo en contacto con ella", comenta. "Esto no es una violación", la tranquiliza. "Cuando a ti te apetezca y a mí me apetezca".

"¿Y qué piensan tus compañeros de piso?". Pablo vive con dos chicos y una chica y dice que ellos no lo saben. "Tú vendrías como una amiga, yo no voy diciendo por ahí que hago esto".

La sexualidad como cosa

El trueque sexual por el alquiler de una habitación es el más sorprendente de los que se encuentran en la Red, pero hay quienes alquilan su piso a cambio de que se lo reforme el inquilino o de que éste haga las veces de asistenta. ¿Cuál es el motivo de que esto suceda? ¿Se puede achacar a la crisis hipotecaria o es fruto de una cultura sexual cada día más liberada?El psicosociólogo especializado en sexo Erik Pescador afirma que no es un problema de desinhibición ni de lo contrario. "Tiene que ver con la soledad y con la cosificación de la sexualidad". Según Pescador, cada día la gente tiene menos capacidad para relacionarse cara a cara y muchos recurren a estos métodos: "Unos a ligar por Internet, otros a las agencias matrimoniales... Quizá esto sea tan sólo la última vuelta de tuerca". Aunque advierte de que "seguramente" nada de esto ocurriría sin un trasfondo social de pobreza y sin "una sociedad como ésta donde todo se capitaliza".España es el país europeo donde más cuesta adquirir una casa.

Según el Observatorio Joven de Vivienda en España, las familias tardan una media de 15 años en pagarla, mientras que en Europa el promedio se sitúa en 3,9 años.Echando un vistazo a las páginas inmobiliarias de Alemania, un país donde los precios de la vivienda se estabilizaron hace 10 años, no se encuentra ningún anuncio que proponga el intercambio de casa por sexo. Mientras en Madrid un piso asequible de 80 metros cuadrados ronda los 300.000 euros, en Berlín ese mismo espacio puede costar 100.000.En Italia se ha detectado que este fenómeno se da dentro de la universidad. Y en Francia, donde el Gobierno ha admitido que se está pasando por una de las mayores crisis inmobiliarias desde el final de la II Guerra Mundial, también se ha detectado este tipo de alquiler, que, según una investigación de la BBC, está encontrando su demanda en la población más vulnerable: los jóvenes y los pobres.

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Economía y laboral
 
EXPERTOS CONSIDERAN PRECIO DE LA VIVIENDA CAERÁ 20% EN 2009
Diario La Verdad - 05 de mayo de 2008
 
Hace unos días fue el FMI, y después el informe CESifo -elaborado por prestigiosos economistas europeos-, quienes insistieron en que el precio de la vivienda en España está sobrevalorado y caerá un 20% en los próximos años. Este último estudio, patrocinado por la Fundación BBVA, asegura que el descenso será asumible para el sistema financiero nacional. El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, se ha referido también al problema inmobiliario y afirma que las entidades colaborarán en la ampliación de plazos de las hipotecas. El banquero, eso sí, advierte que el sumar años a los créditos es peligroso.

El CESifo, que estima en el 2% el crecimiento del PIB español este año y en el 9% la tasa de paro, subraya que la crisis financiera «aún no ha acabado». Así lo explica el profesor del IESE Xavier Vives, uno de los autores del análisis, quien señala que el impacto total de la crisis subprime en los balances de los bancos podría alcanzar los 600.000 millones de dólares. «La cifra final no se sabrá hasta que el precio de la vivienda toque suelo», dijo. Vives y el profesor de macroeconomía aplicada del Instituto Económico suizo KOF, también responsable del trabajo, aseguran que -al igual que en Estados Unidos- el precio de los pisos «ya están bajando en España y seguirán haciéndolo». En el primer trimestre, el precio de la vivienda libre cayó or primera vez desde 1997 al registrar una subida nominal del 3,8%, inferior a la del IPC (4,5% en marzo).

El cálculo que manejan los expertos pasa por un deterioro de los precios de hasta el 20% en un plazo de tres años. Todo un problema si se tiene en cuenta, como subraya Vives, que cambiar el modelo económico español -basado en la construcción y el turismo- hacia un sistema apoyado en la I+D y la mejora de la competitividad y las exportaciones «es un proceso que lleva muchos años». «Nunca hemos sido muy buenos en eso que ahora hace falta», añade el español.

Colaboración y riesgos

Los expertos consultados por el CESifo concluyen que el ajuste del 20% será «asumible por el sistema financiero». Lo que no aclara el informe es si esa caída podría ser digerida primero por las familias y, segundo, por el propio sector del ladrillo. El máximo responsable de la AEB resalta que la banca colaborará con aquellas familias que necesiten ampliar el plazo de sus hipotecas para poder salir del agujero en que el euríbor y los precios de las casas han dejado a muchos, sobre todo a quienes compraron en los últimos cinco años.

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LA VIVIENDA CAE EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
FotoCasa.es - 05 de mayo de 2008
 
 
Según el Índice Inmobiliario fotocasa.es, el precio medio de la vivienda bajó en todas las Comunidades Autónomas en los primeros cuatro meses del año.

Catalunya (-7,6%), La Rioja (-7,2%) y Galicia (-5,0%) son las autonomías donde el precio medio de la vivienda ha descendido más en abril, mientras que Baleares (-0,2%), Aragón (-0,5%) y Canarias (-0,8%) son las que han registrado una menor bajada.

De este modo, si se analiza el precio medio de la vivienda en España, en lo que llevamos de año los precios han caído un 3,8%, lo que sitúa el precio de los inmuebles de segunda mano durante el mes de abril en 2.753 euros.

Si se analizan los últimos doce meses (la variación interanual de abril de 2007 a abril de 2008), el Índice Inmobiliario fotocasa.es confirma la tendencia a la reducción de los precios ya que se ha registrado una bajada del 6,7%, la sexta variación interanual negativa consecutiva recogida en toda la serie histórica analizada desde enero de 2005.

¿Cuál es la capital de provincia más cara de España?

Según los datos del mes de abril del Índice Inmobiliario fotocasa.es, San Sebastián, con un valor de 5.466 €/m2, sigue siendo la capital de provincia donde el precio de la vivienda es más elevado, seguida de Barcelona (4.783 €/m2), Bilbao (4.264 €/m2), Madrid (4.178 €/m2) y Vitoria (3.765 €/m2).

En el lado contrario, Zamora se convierte en la capital de provincia donde el precio de la vivienda es menor. En esta zona, el precio de la vivienda asciende a 1.881 €/m2. Le siguen de cerca Ourense (1.913 €/m2), Cáceres (1.948 €/m2), Huelva (1.989 €/m2) y Pontevedra (2.046 €/m2).

San Sebastián, repite como municipio más caro de España

El Índice Inmobiliario fotocasa.es analizó, durante el mes de abril, la evolución del precio de la vivienda de segunda mano en un total de 289 municipios. Se ha constatado una reducción del precio de la vivienda en el 70% de ellos (203 municipios), sube en el 21% (60 municipios) y no se perciben variaciones del precio en el 5% (14 poblaciones). Del resto, 12 municipios que respresenta el 4%, no se dispone de datos para calcular la variación mensual este mes.

En esta lista de 289 municipios, San Sebastián volvió a situarse como la localidad más cara de España, con un precio medio de 5.466 €/m2. El municipio catalán de Sitges, con 5.228 €/m2, se situó en segundo lugar, mientras que Sant Cugat del Vallés, también en Catalunya, cierra el ‘podio’ de los municipios más caros de España con un precio medio de la vivienda de 4.900€/m2.

El precio medio de la vivienda bajó en 41 provincias

En el último mes en 41 provincias españolas el precio medio de la vivienda de segunda mano ha bajado, con variaciones negativas que oscilan del 0,1% de Vizcaya al 2,8% de Burgos.

Por el contrario, Ávila es, según el Índice Inmobiliario fotocasa.es, la provincia donde el precio de la vivienda ha subido más. En concreto el aumento registrado en esta zona de España fue de 2,3%, por lo que el precio medio de los inmuebles ascendió hasta 1.805 €/m2.

También aumentó el valor del metro cuadrado de vivienda de segunda mano en: Baleares (sube un 0,9% lo que supone un precio medio de 2.605 €/m2), Asturias (0,7% y 2.448 €/m2), Lugo (0,7% y 1.862 €/m2), Huesca (0,6% y 2.407 €/m2), Ourense (0,4% y 1.824 €/m2) y Albacete (0,4% y 2.334 €/m2), entre otras.

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EL G14 INVITA A LOS PARTICULARES A ABARATAR LOS PISOS
LasProvincias.es - 15 de mayo de 2008
 
El G14 invita a los particulares a abaratar los pisos

"El precio de la vivienda usada ha crecido más que el de la nueva en la última década, hay más margen para abaratar en los pisos de segunda mano que en los nuevos". Así se expresó ayer Pedro Pérez, el presidente del G-14, el 'lobby' de las grandes inmobiliarias cotizadas españolas. El representante del sector, que eludió cualquier referencia a rebajas por parte de las compañías, pidió al Gobierno que respalde sólo este año con 40.000 millones de euros el mercado de titulizaciones de hipotecas para que las empresas puedan mantener la actividad.

Los empresarios no pueden apretarse el cinturón pero las economías familiares lo tienen más fácil. Ese es el diagnóstico que hace el G-14, que alabó el discurso del vicepresidente Solbes en cuanto a no evitar de forma artificial un ajuste del ladrillo. "Ese no es el debate, el problema es la falta de liquidez en los mercados, que los bancos no dan créditos", apuntó Pedro Pérez .

El representante de las grandes empresas -que en realidad no suponen más de un 8% de todo el negocio en España- reclamó un marco legal urbanístico más ágil y suelos más baratos.

En lo referente al Gobierno central, el directivo solicitó que España imite a Reino Unido, donde su Banco Central cambió recientemente titulizaciones de hipotecas (emitidas por las entidades financieras) que vencían en breve por bonos estatales. Otra de las solicitudes del G-14 es que se les permita levantar cuantas casas quieran en cada parcela; no como hoy día, que los planes urbanísticos limitan el número de pisos de cada promoción.

Para reforzar su petición, Pérez advirtió que la iniciación de pisos cae a un ritmo del 60% respecto a 2007 y que por cada casa que no se levanta se destruyen 2,3 empleos. A su juicio, si no se toman medidas prontas 250.000 trabajadores del sector pueden ir al paro este año.

El ladrillo tenía ayer otra cita importante: el encuentro oficial entre la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la APCE. Los promotores salieron de la entrevista más bien desilusionados, pues Corredor les repitió punto por punto el mensaje de Solbes: ni un euro público para solucionar los problemas de un sector que ha cometido excesos.

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Los precios caen más de lo que nos dicen
El País - 27 de abril de 2008
 
 
Los expertos creen que las estadísticas oficiales infravaloran las bajadas en la vivienda

A Juan le pedían 550.000 euros por un piso de más de cien metros cuadrados en el centro de Madrid. Tan caro que ni se acercó a verlo. Ahora, dos meses más tarde, le ofrecen la misma casa pero mucho más barata: 460.000. Una rebaja del 16%. Y además, le avisan, esta cifra es negociable. "Nadie se ha acercado a verlo en este tiempo", le ha confesado el comercial.

La promotora Lubasa acaba de anunciar que reduce un 10% el precio de unas viviendas que trata de vender en Madrid. Si antes pedía 335.000 euros por un apartamento con dos habitaciones, ahora se conforma con 300.000. Un 10% menos.

Cualquiera que en los últimos meses haya intentando comprar o vender ha presenciado casos parecidos. Pero entonces, ¿por qué los datos oficiales se resisten a registrar caídas nominales en los precios? El Ministerio de Vivienda anunció la semana pasada un encarecimiento del 3,8%. Es la primera vez en una década que los precios de los pisos crecen por debajo de la inflación, pero siguen en una tasa positiva.

Otros estudios sí llevan tiempo diciendo que los pisos son más asequibles cada mes que pasa. Son informes de páginas web que comercializan viviendas de segunda mano o de distintas universidades. Cada una hace cálculos distintos, todas con una muestra mucho menos representativa que la oficial, pero todas coinciden en que los precios ya están cayendo. Y van desde disminuciones mínimas hasta otras más importantes, del 10% como máximo.

Una razón para esta divergencia entre lo que ocurre en la calle y lo que se lee en los periódicos es que la estadística oficial, que elabora el ministerio con los datos que le suministran los registradores, no refleja los precios de mercado, sino lo que dice el tasador. Este método minimiza las subidas desorbitadas de los años del boom, e infravalora las potenciales caídas que ya se puedan estar dando.

"El índice de precios al consumo selecciona una cesta de productos. Compara lo que valía antes un tomate y lo que vale ahora otro con las mismas características. En vivienda, no hay nada parecido porque la muestra elegida varía cada trimestre y no es comparable", explica el estadístico Julio Rodríguez.

Los datos son, pues, poco representativos y distorsionan la realidad. Pero, según Rodríguez, no estamos tan mal como parece. "El mercado de la vivienda es por definición opaco y poco eficiente. En Europa, sólo Francia y el Reino Unido tienen estadísticas mejores", explica. "Tiene sus limitaciones, pero la única base de datos global que tenemos es la que publica el ministerio", concede Paloma Taltavull, de la Universidad de Alicante.

Más crítico es el profesor Gonzalo Bernardos. En su opinión, los datos oficiales yerran en la tendencia, porque los precios ya están cayendo, y en términos conceptuales, porque en Madrid y Barcelona los pisos son un 50% más caros de lo que se publica. "Y el problema de los portales inmobiliarios es que son una carta a los Reyes Magos. No dicen lo que se paga, sino lo que los propietarios piden", añade.

Entonces, ¿cómo saber qué está ocurriendo? "Es muy difícil", dice Bernardos. "La única manera es ver el sector de cerca. Y los casos que conozco son los de empresarios que lo están pasando realmente mal".

Vender sin ganancia para no quebrar

Un promotor se da cuenta de que lleva meses sin vender un solo piso y decide hacer algo para remediarlo. Creó hace una semana el portal www.vendoporhipoteca.com, con el que trata de poner en contacto a los que comprarían, pero no pueden pagar lo que se pide en el mercado, con aquéllos a los que el desplome en las ventas amenaza con echar el cierre. Es una historia fruto de este momento.

Se trata de crear una bolsa de viviendas cuyo precio sea siempre la hipoteca que tiene pendiente. Nadie saca beneficio. "Parto de mi experiencia. Prefiero vender el stock que tengo sin ganar un duro. Mi idea es mantenerme a flote y esperar a que pase este chaparrón". David Cardona cree que, como él, otros muchos promotores se animarán a meter pisos en su página.

Como el que Cardona tiene en Constantí, un pueblo a las afueras Tarragona. Pide por él 137.000 euros, lo mismo que debe al banco, para quitarse de encima la letra mensual de 555 euros que arrastra.

"La gente ahora no compra porque espera que los precios puedan bajar. Pero si yo le aseguro que sólo le voy a cobrar lo que a mí me ha costado la vivienda, ya sabe que no va a encontrar algo más barato", asegura el creador de la web. Cardona reconoce que por ahora no ha vendido nada, pero que en esta semana ya ha hecho algún contacto. Y hay otro dato que le lleva al optimismo: "Cada día la visitan 250 internautas; muchísimos más de los que entraban en la página de mi inmobiliaria".

CINCO ESTADÍSTICAS DISTINTAS, CINCO REALIDADES DISTINTAS

Ministerio de Vivienda

- Los precios de la vivienda libre, nueva y usada, han aumentado un 3,8% en un año, según los datos oficiales.

- El incremento del último trimestre ha sido del 0,8%, siendo mucho más acusado en los pisos nuevos que

en los de segunda mano.

Sociedad de Tasación

- Los pisos nuevos se encarecieron en la segunda mitad de 2007 un 1,1%, la menor subida desde 1997.

- La Sociedad de Tasación elabora desde hace 24 años el informe de precios, que sólo estudia la vivienda nueva en las capitales de provincia.

idealista.com

- El 77% de los 148 municipios analizados por

el portal inmobiliario registraron caídas de precios en los pisos usados durante el primer trimestre del año.

- Idealista registra caídas leves, como el 0,1% de Madrid o el 0,5% de Barcelona.

Fotocasa-IESE

- Los pisos usados costaban en enero de 2008 un 2,7% menos que un año antes, según el estudio conjunto del portal Fotocasa y la escuela de negocios IESE.

- Ésta es la tercera variación interanual negativa desde que se elabora el índice.

Tecnocasa-U. Pompeu

- Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra apuntan que el metro cuadrado de vivienda usada se abarató un 9,1% en la segunda mitad de 2006.

- El informe confirma la "clara desaceleración" en los precios de los pisos usados en los últimos 18 meses.

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El precio de la vivienda ya habría bajado hasta un 30%
ElEconomista.es - 14 de mayo de 2008
 
en algunos casos

El precio de la vivienda en España ha bajado hasta un 30% en España durante este año en algunos casos, según afirmó hoy Juan Carlos Sandoval, presidente de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), empresa participada a partes iguales por Santander y BNP Paribas, que se dedica a la comercialización de préstamos hipotecarios.

El responsable de la compañía sostuvo que este descenso del precio de salida respecto al de venta se ha registrado tanto para vivienda nueva como usada, e incidió que en la actualidad "hay mucha oferta y muy poca demanda".

Aunque prefirió no ofrecer más detalles, indicó que algunas grandes redes inmobiliarias ya han aplicado rebajas de este porcentaje para dar salida a sus existencias de pisos.

En este sentido, Sandoval estimó que "para aquellos que tengan disposición para comprar, ahora es un buen momento, ya que "hay un parque brutal de viviendas que no está colocado" y los vendedores han tomado conciencia de la situación que atraviesa el mercado inmobiliario.

UCI, que se considera líder en la comercialización de préstamos hipotecarios a través de los profesionales del sector inmobiliario, cuenta con 69 agencias en España, siete en Portugal y tres en Grecia, en las que un equipo de profesionales que ofrecen soluciones de financiación.

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Se triplican las familias que no pueden afrontar sus deudas
Expansion - 05 de mayo de 2008
 
 
El número de familias que no pudieron asumir sus pagos y deudas se ha multiplicado por más de tres entre enero y marzo. En este periodo un total de 66 familias españolas fueron reclamadas por sus deudores al no poder afontar sus pagos, lo que supone un incremento del 230% respecto al año anterior.

Según la estadística del procedimiento concursal publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el mismo trimestre del año pasado se contabilizaron 20 familias que se encontraban en esa misma situación, mientras que en todo 2007 el número de familias que no pudieron hacer frente a sus pagos alcanzó los 96.

En total, sumando las familias reclamadas por sus deudores y las empresas en proceso de concursal -antes conocido como suspensión de pagos-, el número de deudores entre enero y marzo fue de 425, lo que supone un aumento del 78,6% respecto a 2007. Los concursos voluntarios aumentaron un 92%, hasta los 386, mientras que los necesarios se incrementaron un 5,4%, los abreviados crecieron un 67,45% y los ordinarios se dispararon un 95,7%.

Asimismo, el número de empresas concursadas aumentó un 64,67%, siendo las más afectadas las de Responsabilidad Limitada con un crecimiento interanual del 77,5%. Las Sociedades Anónimas que entraron en concurso experimentaron un repunte del 40,8%, mientras que las personas físicas con actividades empresariales, se incrementaron en un 11,1%.

Las constructoras, las más afectadas

De los 425 deudores concursados entre enero y marzo, casi el 84,5% fueron empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas). El 23,1% de las empresas concursadas tenían como actividad principal la construcción (seis puntos más que un año antes), el 22,6% la industria (ocho puntos menos), el 15,9% se dedicaba a actividades inmobiliarias (cinco puntos más) y el 15,6% pertenecía al sector del comercio (dos puntos menos).

Las constructoras objeto de un procedimiento concursal sumaron 83 en el primer trimestre, frente a las 38 que se hallaban en esa situación un año antes, lo que supone un aumento, en términos relativos, del 118,4%. Mientras, las empresas inmobiliarias y de servicios empresariales que entraron en concurso ascendieron a 57, frente a las 24 que estaban concursadas en igual periodo de 2007, es decir, un 137,5% más.

Por comunidades, Cataluña fue la comunidad con mayor número de deudores concursados (112), seguida de Andalucía (74), Comunidad Valenciana (68), Madrid (48) y País Vasco (36). Las tres primeras concentraron casi seis de cada diez deudores concursados en el primer trimestre. Por el contrario, las comunidades con menor número de deudores concursados en los tres primeros meses del año fueron La Rioja y Extremadura (ambas con un único deudor), Cantabria (3) y Castilla-La Mancha (4).

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«Gano 1.500 euros y ahora debo pagar 1.800 de crédito»
Diario Vasco - 27 de abril de 2008
 
 
Compró hace dos años una vivienda nueva en Riberas de Loiola pero ahora no puede vender su piso viejo, por lo que para hacer frente a las dos hipotecas compagina hasta tres empleos.

La ralentización del sector inmobiliario ha pillado a muchos guipuzcoanos atrapados con un piso recién comprado y otro que no pueden vender. María, una donostiarra de 30 años, vive uno de esos casos que, de la noche a la mañana, le ha conducido a una situación desesperada.

Muy jovencita, con 20 años, decidió comprarse su propia casa, una modesta vivienda en Herrera de 50 metros cuadrados por la que pagó nueve millones de pesetas en 1998. «Era un sexto piso sin ascensor, pero quería vivir mi propia vida y tener una casa, porque lo del alquiler no me convencía».

Eran tiempos en los que una vivienda se revalorizaba rápidamente, por lo que a los dos años la vendió por dieciséis millones para acercarse a Amara, su barrio. Como los precios estaban por las nubes, terminó adquiriendo un piso antiguo de 70 metros cuadrados en Loiola por los que pagó 21 millones, contando lo que le costó la reforma. «Fue un buen cambio, porque saqué cinco millones limpios con la venta, tenía una casa más grande y estaba más cerca del centro».

Pasaron los años y María se planteó reformar la cocina y el baño, para lo que solicitó una ayuda al Gobierno Vasco. Trabajaba de administrativa y su sueldo apenas llegaba a 900 euros. Pero entre que el permiso de obra del Ayuntamiento costaba 1.200 euros y que la ayuda autonómica -3.000 euros- le obligaba a no vender el piso en cinco años o a devolver la ayuda más los intereses si lo hacía, terminó desistiendo. «Al final me di cuenta de que un piso viejo, siempre sería viejo por mucho que le lavase la cara. Así que me decidí a comprar uno nuevo en Riberas de Loiola».

El vecino sí vendió el suyo

De esta manera en enero de 2006 adquirió un piso sobre plano de 70 metros cuadrados por 60 millones de pesetas. Realizó sus cuentas y vio que le salían, ya que el vecino de al lado había vendido recientemente el suyo por 50 millones. Le quedaban doce del prestamo por pagar, a razón de 400 euros al mes.

Además, las condiciones de pago de la nueva vivienda no eran malas. Un millón de entrada, un 10% (seis millones) que debía abonar al mes siguiente (febrero de 2006), otros seis millones al año (febrero 2007) y el 80% restante al firmar las escrituras, lo que sucedió hace poco. Para hacer frente a los doce primeros millones, pidió dos créditos-puente de seis millones cada uno, por los que pagaba 400 euros mensuales sólo de intereses. La ayuda de su familia, que le prestó diez millones, le permitió liquidarlos y ahorrarse un dineral en intereses.

Pero su calvario comenzó cuando quiso vender su antigua vivienda. El año pasado se puso manos a la obra pero el mercado había entrado en recesión. Los cincuenta millones por los que pensaba colocarlo, empezaban a ser una quimera. «No quiero malvenderlo, porque cada millón que rebajo supone tres años que he estado pagando al banco. Pero la cuestión no es en cuánto estaría dispuesto a venderlo, porque es que ni siquiera he recibido una propuesta en un año. Ha venido gente a verlo, pero nada». El tiempo pasaba y llegó el momento de hacer frente a la hipoteca del piso nuevo, 1.400 euros de carga mensual a los que añadir los 400 de la hipoteca del viejo, En total, 1.800 euros al mes. Más los diez millones que debe devolver a su familia. Su sueldo apenas llega a los mil euros, por lo que ha tenido que buscarse otros trabajos. «Trabajaba por la mañana de ocho a tres y por la tarde meto horas sueltas en una oficina. Además, los viernes y sábados trabajo en un bar hasta la madrugada, lo que me permite llegar hasta los 1.500 euros. ¿Cómo me arreglo para hacer frente a esa diferencia? Pues tirando de los cinco millones que saqué de la venta de la casa de Herrera y de lo que he podido ir ahorrando, como una hormiguita, en los últimos años».

Tal situación de ansiedad le ha llegado a afectar incluso a su salud. «Es que esto no es vida. Trabajo desde las ocho de la mañana del lunes hasta las siete de la mañana del domingo. Este día lo paso tirada en casa sin pisar la calle, porque no me puedo mover. Tampoco tengo teléfono ni internet. Para usarlo voy a la casa de cultura. Muchas veces siento tal ansiedad que tengo que tomar algún tranquilizante».

Pero María no pierde la esperanza. No se arrepiente de nada y mira al futuro con optimismo. «Después de visto todo el mundo es listo. Hay amigos que me dicen que tenía que haber vendido la casa hace dos años, ya pero ¿dónde hubiera vivido este tiempo? Hay gente de cuarenta años con hijos que viven con sus padres o en pisos de alquiler. Yo quiero tener mi propia casa para, cuando tenga cuarenta años, disfrutar de ella con mis hijos. En eso pienso cuando peor estoy, en que este sufrimiento se verá recompensado».

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Banca acusa a familias menos pujantes de provocar el boom
LaRioja.com - 23 de abril de 2008
 
 
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) -que representa a bancos, cajas y cooperativas de crédito- afirmó ayer que las familias españolas menos pujantes «han alimentado y sostenido» el 'boom' inmobiliario. En un informe sobre el coste de la deuda hipotecaria, las entidades aseguran que el esfuerzo anual para pagar las hipotecas firmadas más allá del 2001 podría aumentar en 1.100 euros al año si el Euribor mantuviera su actual vigor. La AHE resaltó este martes que las cuotas medias anuales de los créditos que se firmaron en el 2007 se incrementaron el 16% respecto a las de un año antes, dato que contrasta con el repunte del precio de la vivienda el pasado ejercicio que, según el Ministerio de Beatriz Corredor, sólo fue del 4,8%.

El documento de la AHE suena, aunque parezca extraño, a reproche. En una suerte de análisis de por qué está la situación como está, la organización da a entender que los españoles menos pujantes se han lanzado -quizá sin pensarlo- a firmar hipotecas peligrosas. La AHE, sin embargo, no detalla cómo, o sobre qué base, bancos y cajas permitieron ese aluvión de crédito arriesgado. De hecho, el informe señala que la contratación del 2005 al 2007 no hizo sino reforzar el predominio de los tipos de interés variables, ya que más del 90% de los nuevos contratos fueron de esta modalidad.

Riesgo evidente

Constatado el auge de hipotecas vinculadas al Euribor (por otra parte, mucho más baratas que las ofrecidas a tipo fijo por bancos y cajas) en los últimos años, la AHE asegura «esta circunstancia incorpora un evidente riesgo de interés para los prestatarios, que se hace más perceptible a la opinión pública cuando, como sucede ahora, los tipos de interés evolucionan al alza».

El Euribor roza ya el 4,8%, crece a razón de casi un punto por año y no hay entidad que no le sume, al menos, el 0,75% a la hora de firmar una hipoteca.

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Cómo la banca se beneficia del Euribor y del dinero del BCE
Attac Madrid - 09 de mayo de 2008
 
 
Mientras la subida del euribor encarece las hipotecas para pisos, el dinero público del BCE incrementa los beneficios de los bancos en el primer trimestre de 2008.

Al terminar abril de 2008, el euribor alcanzaba el 4,82 %, su nivel más alto desde diciembre 2000, y el sábado 3 de Mayo subía al 4,95%. Como saben bien quienes tienen un piso hipotecado, cada subida del euribor significa una disminución de sus ingresos mensuales, porque ese último incremento de Abril significa unos 50 euros más de intereses al mes para una hipoteca de cuantía media. El euribor (acrónimo de Euro Interbank Offered Rate) es el tipo de interés al que los bancos de la zona euro se prestan entre sí; y su media aritmética de los datos diarios de cada mes se toma como referencia para el cálculo de los intereses de las hipotecas.

Fallaron, pues, los pronósticos de bajadas que nos hacían los entendidos. Y prosigue la inacabable crisis financiera y la incertidumbre generada con el destape en Agosto pasado de la crisis de los créditos hipotecarios sin garantías (subprime), inventados y comercializados desde Wall Street; y que entran y salen de la Europa sin fronteras para las finanzas sin que ninguna autoridad comunitaria los controle. Y esa desconfianza entre los propios bancos, que no saben cómo están de verdad las cuentas del otro, agrava las restricciones del crédito y eleva el tipo de euribor.

Por el contrario, el tipo de interés del Banco Central Europeo sigue en el 4 %, que es el coste que pagan los bancos por el dinero que sacan de ese banco central del sistema monetario. Y para que no faltaran créditos en la economía real y con el fin de superar la crisis de liquidez según nos decían, los bancos en la zona del euro se han beneficiado de los préstamos baratos del BCE; como lo han hecho los bancos españoles que, según las reiteradas informaciones de la prensa económica internacional, se ha aprovechado ampliamente de esas facilidades crediticias ofrecidas con dinero público por el Banco de Francfort. Luego, la pregunta es de cajón:

¿A donde han ido las millonadas de euros (y de dólares) que el BCE inyectó en el sistema desde Agosto pasado para aumentar la disponibilidad de dinero en la economía?

Y la respuesta también es de cajón: han engrosado los beneficios bancarios. En esta última semana nos han informado que en el primer trimestre de 2008 el Banco Santander obtuvo un 22 % más de beneficios que en el año anterior. Y el Banco Popular, un 12,1 %. Y algo menos para el conjunto de las cinco mayores grandes entidades. Por tanto, podemos afirmar y afirmamos que el dinero público del BCE ha servido y sirve solamente para mejorar sustancialmente los beneficios de la banca privada, sin beneficio alguno para los ciudadanos. Así de claro.

Y el pasado 2 Mayo, para asegurarles futuros beneficios superando las tensiones de liquidez, por cuarta vez el BCE ampliaba la cuantía a disposición cada quince días de los bancos del eurosistema hasta los 50,000 millones de dólares (sí, en dólares; como en diciembre y en marzo pasados, quizás para cubrir pérdidas subprimes y seguir especulando) y de modo concertado con la Reserva Federal de los EEUU y con el Swiss National Bank, el Banco Central de Suiza, el potente paraíso financiero asociado a la Unión Europea. Porque, aunque nuestros dirigentes no quieren enterarse, estas operaciones con dinero público no se deciden con los votos de nuestras democracias sino con las competencias que se traspasaron a Europa.

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La crisis deja 650.000 pisos sin vender
El País - 04 de mayo de 2008
 
Un tercio de la obra nueva construida desde 2005 sigue sin hallar comprador

La crisis inmobiliaria está obligando a las compañías a retrasar las promociones que tenían previstas. Su preocupación ahora es cómo dar salida al enorme stock de pisos que tienen en sus manos. Un tercio de las más de 1,8 millones de viviendas nuevas construidas desde 2005 siguen sin hallar comprador. Y el volumen se ha ido engordando hasta multiplicarse por seis en apenas tres años y alcanzar las 639.646. La situación es delicada en Castilla-La Mancha, donde las inmobiliarias no pueden deshacerse del 68,5% de lo que han levantado; la Comunidad Valenciana, y Murcia. Sólo en Canarias el mercado ha ido absorbiendo todo lo construido.

No hay cifras oficiales sobre el stock de viviendas sin vender, pero el economista y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares, Julio Rodríguez, propone cruzar los datos anuales sobre viviendas terminadas, avalados por los aparejadores, y las compraventas de obra nueva, recogidas por los registradores. Desde 2005, en pleno apogeo del boom, hasta febrero de 2008 se acabaron 1,86 millones de viviendas. Y en cambio, se vendieron 1,22 millones. "El stock continúa acumulándose porque todavía se tienen que acabar proyectos que se han ido visando por los arquitectos. No es descartable que hasta hoy ya hubiera más de 750.000 viviendas sin vender", sostiene Rodríguez.

La estimación no está muy lejos de la previsión que efectúa Guillermo Chicote, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). Chicote se teme que la cifra de viviendas sin despachar alcance las 700.000 si las administraciones no toman medidas para remediarlo. Y es que el año pasado las inmobiliarias acumularon 300.000 pisos, y sólo en los dos primeros meses de este año se añadieron otros 52.000.

La patronal asegura que desde septiembre del año pasado hasta ahora las ventas se han desplomado un 60%. Y pintan bastos para el año que viene, puesto que Chicote prevé que "viviremos una caída en picado". "No pedimos ayudas sólo para nosotros, sino que se apoye un sector fundamental para la economía española", sostiene el presidente de la patronal. Y remacha: "Si no vendemos stocks, no podremos reinvertir".

El mercado fue incapaz de ir absorbiendo todas las viviendas construidas a partir de 2005. Ese año quedaron 90.144 pisos sin despachar. Desde entonces, los plazos de comercialización se han ido alargando y los pisos acumulándose: 195.989 en 2006 y 300.155 en 2007. Hasta febrero se han amontonado alrededor de 650.000. A esta cantidad de pisos hay que añadir la oferta de segunda mano. Es casi imposible saber cuánta vivienda de ocasión hay en el mercado. Pero los agentes de la propiedad inmobiliaria admiten el parón: sólo cierran el 25% del volumen de operaciones que se registraban hace dos años.

¿Dónde se ubica el stock de pisos? No sólo en la costa y en la montaña, donde los mercados de segunda y tercera residencia quedaron resentidos ya en 2006. La profesora de Estudios Inmobiliarios de la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull, asegura que el stock de viviendas abunda en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, sobre todo Madrid. Julio Rodríguez añade que la periferia de la capital y las cinco provincias limítrofes de la comunidad (Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo) acaparan parte de las existencias. Ello explica que dos de cada tres pisos construidos en los últimos tres años en Castilla-La Mancha están vacíos. Y que en Castilla y León permanezcan en el mercado cuatro de cada diez casas levantadas en los últimos años.

Cataluña es una de las comunidades con la proporción más baja de pisos sin vender. Pero la patronal calcula que 8.000 viviendas no hallan comprador en el área de Barcelona, es decir, el 40% de las promociones que se comercializan. "Hay desarrollos en Sant Cugat, por ejemplo, que sólo se venderán si bajamos los precios", admite un promotor catalán. La Comunidad Valenciana y Murcia, con grandes proyectos de segunda residencia, tienen más de la mitad de lo construido sin despachar. Y la Costa del Sol, según Aguirre Newman, el 35% de la oferta inicial.

Pero lo peor está por venir. "Está aflorando una oferta nueva de suelos que se compraron entre 2003 y 2004", recuerda el director de Análisis de Aguirre Newman, Javier García-Mateo. Queda plasmado en las estadísticas: se proyectan menos viviendas, pero se mantiene el ritmo de pisos terminados. Y en cambio, las compraventas se desploman. "Es la gran diferencia respecto a crisis anteriores: el exceso de oferta es espectacular, y se une a la de los inversores que las adquirieron para revenderlas y todavía no han podido hacerlo", remacha el profesor de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos.

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La huida de los extranjeros hunde el precio de la vivienda
El Mundo - 04 de mayo de 2008
 
 
En la costa. La demanda cae en picado por los escándalos urbanísticos y los altos precios. La crisis está llenando la costa de casas con descuentos de hasta el 30%.

El Gobierno de España podría ordenar la demolición de 100.000 viviendas construidas de forma ilegal» o «La corrupción urbanística amenaza la Costa del Sol», son algunos de los escabrosos titulares que han ido goteando en la prensa internacional en estos últimos meses y que han terminado por agotar el filón que el sector inmobiliario había encontrado en los inversores extranjeros. La mala imagen que se ha trasladado al exterior del mercado inmobilario español precipitó la crisis de ventas hace un año y medio al sector de la vivienda vacacional. Desde hace más de un año, los promotores con intereses en las zonas turísticas no se deshacen de un sólo apartamento. Británicos, alemanes y nórdicos ya no ven España como el lugar idílico para adquirir una segunda residencia.«Los extranjeros ahora no quieren ni oír hablar de asentarse en España por la sensación de inseguridad jurídica que se ha creado», explica el dueño de una agencia de intermediación inmobiliaria de Málaga.

Esa pérdida de atractivo de la oferta española se refleja en el desplome registrado por la compra de vivienda de clientes internacionales en 2007. El pasado año el número de casas adquiridas por extranjeros no residentes en España cayó hasta las 9.076 unidades, un 47,3% menos que en 2006, según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Vivienda.

Pero los escándalos de corrupción no han sido el único motivo que ha disuadido a los extranjeros. Los expertos consideran que los altos y exagerados precios a los que cotiza el metro cuadrado en cualquier rincón de la costa española han expulsado a la demanda internacional. «Las ventas caen porque el comprador internacional ya no cuenta prácticamente con margen de revalorización de su inversión. Ya no hay expectativas de plusvalías en el corto plazo», asegura Javier García Mateo, director de análisis de la consultora Aguirre Newman.

La compra de un apartamento o un bungalow en la costa ha quedado fuera incluso de las posibilidades de una parte de la demanda internacional. De ahí que opten por acudir a los nuevos mercados emergentes (Bulgaria, Turquía, Croacia, etc.), donde los precios aún son asequibles.

Esta es la tendencia que recoge otra consultora, Knight Frank, en su Informe Internacional 2008. En el estudio la firma revela que en los mercados emergentes se ha apreciado un crecimiento relativamente importante de los apartamentos costeros por el auge de las ventas. Y pone como ejemplo las áreas privilegiadas de la costa del Mar Negro (Bulgaria), donde los precios subieron más de un 20% en 2007.

Según este informe, el boom de esas zonas se explica en el interés de los compradores rusos que representan «hasta el 80% de la demanda de algunos lugares». Alemanes, escandinavos, británicos e irlandeses son otros de los principales demandantes de esos mercados. Entre estos europeos, precisamente, alemanes y británicos eran los que hasta hace unos años habían sostenido la oferta española de segunda residencia.

La huida de los inversores internacionales y el enfriamiento de la demanda nacional está generando un stock de difícil salida y que, según el sector, rondaría entre las 100.000 y las 150.000 unidades. De ahí que en la mayoría de las zonas vacaciones se hayan congelado las nuevas promociones y liquidar el stock. «Hasta 2009 no habrá obra nueva en la Costa del Sol», afirma un promotor.

Las consultoras han detectado ciertas reducciones de precios (entre el 2,5% y el 5%) de las residencias de nueva construcción en zonas vacacionales con el fin de reactivar la demanda.

Sin embargo, firmas como Aguirre Newman sugieren que los precios en muchas de las zonas de costa - que cuentan con una excesiva dependencia de los compradores foráneos- deberían ajustarse por encima de los dos dígitos para animar la demanda.

«Hemos detectado que el umbral de precios que tiene salida en el mercado se sitúa en 200.000 euros. A partir de ese importe, los pisos tienen mala venta», asegura Manuel Gandarias, presidente de Live in Spain, la asociación que aglutina a las principales promotoras de turismo residencial.

Más agudo ha sido el ajuste que ha sufrido los pisos en la costa de segunda mano. Los carteles de Se Vende inundan los principales centros turísticos españoles. Es posible encontrar algún chollo que otro de manos de algún propietario desesperado y ahogado por la hipoteca y que compró hace dos años esperando a revender para hacer la operación del siglo. No hay cifras oficiales. Pero, según estimaciones de diferentes agencias inmobilarias, los descuentos rondan entre el 20% y el 30%.

La crisis de las hipotecas subprime desencadenada el pasado verano en Estados Unidos empeoró un poco más la situación para las promotoras especializadas en segunda residencia. Un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) estima que la demanda global de segunda residencia caerá hasta las 61.000 unidades este año frente a las 179.000 que se adquirieron en 2006. O lo que es lo mismo, dos tercios menos.

Esta caída de la demanda unida al stock de viviendas nuevas que se acumulan en la costa pone a muchas empresas promotoras en el disparadero. El sector ya ha pedido medidas urgentes al Gobierno.La asociación Live in Spain ya ha solicitado al Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, una reunión para plantearles sus propuestas para levantar al sector. Sus sugerencias están encaminadas a que este Departamento promueva campañas de imagen en el exterior para devolver la confianza al comprador internacional.«Hay que recuperar la credibilidad del país y buscar un encuentro en el precio entre oferta y demanda», insiste Gandarias.

Demanda de los residentes

Los extranjeros residentes en España también paralizaron su decisión de adquirir vivienda en 2007. Los que han congelado sus adquisiciones.Así, la compra de casas por parte de los inmigrantes que residen en España también se redujo en 2007 un 19,3% con respecto al ejercicio precedente, según datos del Ministerio de Vivienda.

Mientras, el volumen de viviendas adquiridas por este colectivo se situó en 106.370 unidades en 2006, el pasado año descendió hasta las 86.528. Durante este primer trimestre del año, sin embargo, el desplome se habría podido agudizar. En el primer trimestre de este ejercicio, la petición de préstamos hipotecarios por parte de inmigrantes ha descendido un 50%, según un análisis sobre el mercado crediticio realizado por la firma de intermediación financiera HipotecaGratis.

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Las casas embargadas en EEUU superan ya el millón y medio
Negocios.com - 11 de mayo de 2008
 
 
Bernanke asegura que las ejecuciones hipotecarias masivas ponen en peligro el sector financiero.

Las familias estadounidenses están en apuros. Según los últimos datos, en 2007 los procesos de embargo iniciados en EEUU afectaban a 1,5 millones de casas. El incremento respecto a 2007 fue del 56%, y todas las cifras apuntan a que este aumento va a ser aún mayor en 2008.

Esta situación preocupa mucho al presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Ben Bernanke. Las palabras finales de su discurso durante la celebración de la cena anual de la Escuela de Negocios de Columbia muestran su intranquilidad por la situación: “Las elevadas tasas de morosidad y de ejecuciones hipotecarias pueden tener un importante efecto en el mercado inmobiliario, el sector financiero y en la economía en general. Hacer lo posible para evitar los embargos no sólo va en interés de los prestamistas y los prestatarios sino de todo el mundo”.

Bernanke cree que los embargos masivos de hipotecas “pueden desestabilizar comunidades enteras, reducir el valor de los inmuebles de áreas vecinas y traducirse en menores ingresos fiscales municipales”. En definitiva, el panorama es bastante negro. Esto justifica, a su juicio, que la Fed haya puesto a trabajar a su plantilla en la búsqueda de soluciones. Una de las cosas que ha hecho ha sido recabar información sobre la evolución hipotecaria de todos los condados y con ella ha elaborado “mapas calientes” en los que se identifican las zonas donde la morosidad es más grave y los factores que lo motivan.

En el cuarto trimestre de 2007, el porcentaje de préstamos morosos respecto al total se colocó en el 2%, con un aumento del 50% respecto al mismo periodo de 2004. La Fed utiliza la referencia de 2004 porque las condiciones económicas generales eran normales y no reflejaban ninguno de los problemas que emergieron después.

Según los estudios que ha realizado la Reserva Federal, hay varias causas que explican la morosidad. Entre ellas se encuentra la clásica: el aumento del desempleo. Pero en esta ocasión ha aparecido un factor nuevo, la caída del precio de la vivienda. Este nuevo fenómeno ha obligado a la Fed a plantear estrategias para que los bancos y sus clientes puedan renegociar sus contratos.

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Precio de las casas en EE UU sufre mayor descenso en 20 años
El País - 05 de mayo de 2008
 
 
En el segundo trimestre del año experimentaron una caída del 3,2% interanual

Los precios de la vivienda en Estados Unidos experimentaron durante el segundo trimestre del año un descenso del 3,2% interanual, lo que representa su mayor declive en los últimos 20 años, según los datos del índice S&P/Case-Shiller, elaborado por Standard & Poor's.

"El debilitamiento en el mercado inmobiliario de Estados Unidos no está mostrando ningún signo de mejora", afirmó Robert J. Shiller, economista jefe de MacroMarkets.

"Los descensos interanuales correspondientes al segundo trimestre del año se situaron en el nivel más bajo desde que se empezó a elaborar el índice en enero de 1987. En términos regionales, 17 de las 20 principales áreas metropolitanas mostraron caídas respecto a mayo", añadió.

Cae la confianza de los consumidores estadounidenses en agosto

La confianza de los consumidores estadounidenses sufrió en agosto una severa caída hasta los 105 enteros frente al dato de 111,9 puntos registrado el mes anterior por la volatilidad de los mercados financieros y la persistencia de la crisis de la vivienda, según el índice elaborado por The Conference Board.

Por su parte, el índice de confianza en el momento actual, que mide la actitud de los consumidores ante las actuales condiciones económicas, bajó a 130,3 puntos en agosto desde los 138,3 enteros de julio. Además, el índice de expectativas, referido a las previsiones de los consumidores de cara a los siguientes seis meses, también bajó hasta los 88,2 enteros frente a los 94,4 puntos de julio.

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Los municipios han multiplicado por seis su deuda
Expansion - 27 de abril de 2008
 
 
La reforma de la financiación autonómica y local va a ser un hueso duros de roer para el vicepresidente económico, Pedro Solbes. El Gobierno espera iniciar el debate con las comunidades este año, después de haberlo dejado aparcado durante la legislatura anterior.

Los datos avalan la presión de los ejecutivos regionales y locales para modificar un sistema que el boom demográfico, el traspaso de nuevas competencias y el aumento de los gastos sociales han dejado desfasado. Los municipios han multiplicado por seis, hasta los 6.324 millones de euros, su deuda en tan sólo siete años, según el último documento de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) sobre entes locales.

Solbes reconocía ayer que las posiciones de las autonomías de cara al nuevo modelo de financiación son exigentes. Pero advirtió que el “esfuerzo financiera” del Estado para adaptarse a sus peticiones será “necesariamente muy limitado en las condiciones actuales”.

Los investigadores del estudio coinciden en que hay que mejorar la suficiencia financiera de los municipios, para adaptar su nivel de ingresos al importante aumento de los gastos sociales que han sufrido en los últimos. Principalmente, por el intenso avance demográfico que ha supuesto la inmigración.

En pleno ajuste del sector inmobiliario, sobre el que descansa parte de los ingresos municipales, la revisión de la financiación local se hace más acuciante, según los expertos. Entre otras soluciones, Funcas propone elevar la participación de los entes territoriales en los ingresos del Estado, garantizando la cesión de un porcentaje del IRPF y del IVA a los Ayuntamiento más grandes. O, incluso, incluyendo un recargo municipal en el Impuesto sobre la Renta. Estas medidas podrían ir acompañadas de una mayor participación también de los entes locales en los ingresos de las comunidades autónomas.

Esfuerzo fiscal

La otra vía para incentivar la suficiencia financiera de los entes locales, según los expertos, es promover “nuevas fuentes tributarias”. Es decir, aumentar la carga fiscal de los ciudadanos con tasas tan dispares como las que gravan la contaminación acústica; la estancia turística; los espectáculos públicos; las tasas verdes; la publicidad o las actividades empresariales. En estos momentos, las tasas, los precios públicos y las contribuciones aportan sólo un 12% de los ingresos totales de los municipios.

Los ciudadanos de Jerez de la Frontera y Burgos son los que más esfuerzo fiscal soportan, en comparación con Las Palmas de Gran Canaria y Badajoz, en el lado opuesto de la tabla, según Funcas.

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Moody's baja el rating de varias cajas de ahorros españolas
Cotizalia.com - 30 de abril de 2008
 
 
por la crisis inmobiliaria

Mooody's dijo anoche que ha rebajado los ratings o las perspectivas de varias cajas de ahorros en España debido al debilitamiento más acusado de lo previsto del mercado inmobiliario en España, el incremento de la mora y las difíciles condiciones de financiación.

En una nota de prensa, Moody's dijo que rebajó los ratings de Caja Insular de Ahorros de Canarias y de Cajamar Caja Rural, Soc. Coop. de Crédito. También bajó los ratings y las perspectivas de Caja de Ahorros de Ávila y de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia.

Al tiempo, puso en su lista de vigilancia con implicaciones negativas los ratings de Caixa Catalunya; Caixa d'Estalvis de Tarragona; Caixa d'Estalvis de Terrassa; Caja de Ahorros de Valencia, C y A. (Bancaja); Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM);

En el caso de Caixanova, Moody's confirmó el rating pero rebajó la perspectiva del mismo a "negativa" desde "estable".

"De acuerdo con nuestro escenario macroeconómico de un aterrizaje suave, la mayoría de los bancos españoles deberían ser capaces de absorber el deterioro de la calidad de los activos .... No obstante, la probabilidades de un aterrizaje brusco han aumentado y algunas entidades se muestran más vulnerables a tal escenario", dijo María Cabanyes, analista jefe de la agencia para la banca española en esta nota.

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Desaceleración repercute en la economía: 246.600 parados más
El Correo Gallego - 25 de abril de 2008
 
La tasa de paro repunta más de un punto, hasta el 9,63%, alcanzando su valor más alto en tres años. El número total de desempleados asciende a 2.174.200

La desaceleración económica ya se ha trasladado de lleno al empleo con un aumento del paro en 246.600 personas en el primer trimestre, lo que ha elevado el número total de desempleados hasta 2.174.200, mientras que la tasa de paro ha crecido más de un punto hasta el 9,6%, la más alta desde 2005.

Así, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro del primer trimestre es la más alta desde principios de 2005, cuando fue del 10,19%, en tanto que el número de parados no era tan elevado desde el tercer trimestre de 2004, cuando alcanzó las 2.180.900 personas.

Además, el aumento de parados registrado entre enero y marzo es el más elevado que ha tenido lugar en un trimestre desde el primero de 1993, año desde el que tampoco se había producido un incremento de la tasa de paro superior a un punto.

En el último año, el número de parados ha crecido en 318.100 personas, lo que supone un aumento del 17,14 por ciento.

La tasa de actividad se situó en el primer trimestre en el 59,35 por ciento, 0,2 puntos más que en el periodo anterior mientras que la de ocupación, que fue del 66,04 por ciento, cayó medio punto.

El aumento del paro en el primer trimestre fue consecuencia, principalmente, de la destrucción de empleo en el sector servicios, que sumó 96.300 desempleados más (12,82%), seguido de la construcción, con 71.100 (32,63%) y de los parados de larga duración, con 41.400 más (8,03%).

El paro en la industria creció en 27.800 personas (20,34%) y entre los que buscan su primer empleo en 12.200 (6,56%), mientras que sólo se redujo en la agricultura en 2.300 personas (1,9%).

Además, la actual situación económica ha dado lugar a que de los 16.572.400 hogares españoles que contabiliza la EPA, en 70.800 todos sus miembros estaban parados en el primer trimestre.

Respecto al número de ocupados, en el sector servicios se destruyeron 77.500 empleos y en la construcción, 73.200, mientras que en la industria se crearon 59.400 puestos de trabajo y en la agricultura 16.600.

En el primer trimestre el paro subió más entre los hombres, con 139.400 parados más, que entre las mujeres, con 107.300 desempleadas más frente al trimestre precedente, mientras que la ocupación masculina cayó en 73.200 puestos de trabajo y la femenina en 1.500.

Como consecuencia de estas cifras, la tasa de paro de las mujeres se situó en el 11,99 por ciento y la de los hombres en el 7,87 por ciento.

Respecto a la tasa de actividad, la masculina se situó en el 69,32 por ciento y la femenina en el 49,73 por ciento.

El número de asalariados se redujo en 59.100 personas hasta los 16.817.400, mientras que los trabajadores por cuenta propia disminuyeron en 18.500, hasta los 3.574.700.

Los asalariados con contrato indefinido aumentaron en 88.900 y alcanzaron los 11.747.100 y los trabajadores con contrato temporal disminuyeron en 148.100 hasta los 5.070.300.

Los trabajadores a tiempo completo se redujeron en 141.400 hasta los 17.952.400, de los que 11.430.100 (100.700 menos) eran hombres y 6.522.300 (40.600 menos) mujeres.

Los ocupados a tiempo parcial aumentaron en 66.700, hasta los 2.449.900 (493.800 hombres y 1.956.000 mujeres).

El paro subió sobre todo entre el colectivo de 25 a 54 años, con 176.400 parados más, seguido del de 20 a 24 años (44.700); de 55 en adelante (17.800) y en el grupo de 16 a 19 años (7.700).

El número de hogares con todos sus miembros activos se situó en 10.603.600, 91.800 menos, los que tienen al menos un activo aumentaron en 111.800 y en los que no hay ningún activo en 12.200.

El paro también aumentó entre los extranjeros (97.000) hasta los 504.700, de una población activa de 3.445.800.

La tasa de paro de los extranjeros se situó en el 14,65 por ciento y la de actividad, en el 76,6.

El paro subió en todas las comunidades a excepción de Extremadura (1.900 parados menos) y País Vasco (1.500 menos).

Cataluña se situó a la cabeza en aumento del paro con 39.000 desempleados más, seguida de Canarias, con 38.900; Andalucía, 37.500 y Madrid, 34.400. El INE informa de que, para adaptarse a la nueva clasificación de actividades económicas de la Unión Europea, a partir del primer trimestre de 2008 algunas ramas de actividad de la EPA se integrarán en sectores diferentes.

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O nos ponemos de acuerdo o en 10 años no se pagan pensiones'
Cotizalia.com - 25 de abril de 2008
 
 
Se puede decir más alto, pero difícilmente más claro: “O nos ponemos todos de acuerdo y dejamos de lanzarnos munición o en 10 años no se pueden pagar las pensiones”. Lo dijo ayer José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO). Nada sospechoso de poner en entredicho la viabilidad del sistema público de pensiones.

No es que haya cambiado de opinión. Todo lo contrario. Fidalgo, en el coloquio posterior a su intervención en el club Siglo XXI, quiso poner de relieve la necesidad del diálogo social para acometer las grandes reformas que necesita la economía para avanzar hacia un nuevo modelo productivo. Y entre ellas, la Seguridad Social. Sobre todo en un año (como se hace cada cinco ejercicios) en el que se debe revisar el Pacto de Toledo con el concurso de todas las fuerzas parlamentarias y sociales.

Según Fidalgo, la puesta en marcha de un nuevo patrón de crecimiento es el mejor instrumento para aumentar la calidad de los contratos de trabajo, ya que se ha demostrado que “no hay reforma del mercado laboral que mejore la calidad en el empleo”. Es decir, que si la economía española continúa especializándose en ocupados con baja cualificación las rotaciones laborales alrededor de un mismo puesto de trabajo van a continuar, lo que explica que el empleo temporal se mantenga todavía por encima del 30% de la población asalariada, pese a que prácticamente cada cuatro o seis años se aborda una nueva reforma laboral.

Lo paradójico, dijo Fidalgo, “es que ahora que vamos hacia una crisis bajará la temporalidad y aumentará el peso de los salarios en la renta nacional”, ya que los primeros puestos que se van a perder van a ser, precisamente, los de los trabajadores menos cualificados. Puso un ejemplo: ya hay más trabajadores inmigrantes que cobran alguna prestación por desempleo que trabajadores nacionales, lo que pone de manifiesto hasta que punto el ajuste laboral se está cebando en los más débiles con salarios más bajos.

La intervención de Fidalgo, con todo, tuvo un carácter más político que económico. Se confesó de izquierdas, pero no encontró ninguna razón para entender por qué los partidos de izquierda se oponen a un trasvase de agua y aplauden, al mismo tiempo, la puesta en marcha de desaladoras en el Mediterráneo. “No se por qué una cosa es de izquierdas y la otra no”, dijo Fidalgo. Y es que para el secretario general de CCOO lo importante y estratégico es aumentar la equidad y la cohesión del país en un contexto en el que el Estado es cada vez más pequeño. “Se ha ido demasiado lejos en la descentralización del Estado”, sugirió Fidalgo. A su lado, la diputada Rosa Díez, asentía con la cabeza.

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Ajustar
Cartas a la Plataforma (J. Lisazo) - 09 de mayo de 2008
 
 
Con unas pocas reivindicaciones genéricas, un año mas pasó con mas pena que gloria el día de los trabajadores. Lo peor es que no se perciben cambios en los sindicatos; quizás debido “a la falta de recambio, al blindaje de ciertas cúpulas o la abdicación de su función social en beneficio de servidumbres políticas...”.a decir de un analísta en éstas páginas.

Una abdicación de la función social, en un país a la cola en gasto social en relación a su PIB impide reajustarnos en ese ranking. Ello exige a los mayores cubrir servicios como abuelos canguro, atender como enfermeros a dependientes y psicópatas y dar hospedaje a hijos solteros y separados, por el gran problema de la vivienda...... en un país con tres millones de pisos vacíos.

A madres que nacieron en la intemperie de la guerra o postguerra; que contribuyeron durante décadas en educar hijos para integrarlos en la sociedad; que liberaron al marido de tareas domésticas para trabajar fuera y crear riqueza para el país, etc... les exige mendigar en los servicios sociales un complemento coyuntural a su pensión no contributiva (no han contribuido), por no poder sobrevivr con 328 euros al mes, en un país que es octava potencia económica del planeta.....y silencio sindical.

Hace falta mucho dinero para cubrir este déficit socioeconómico; otros paises europeos ya se las apañan. Exige ajustar (acercar a lo justo), controlar, investigar, inspeccionar, socializar..... los impuestos, salarios, pensiones y el gasto público, en aras a la igualdad.

600 euros hoy y 800 para el 2.012, supone un agravio a quienes trabajando 41 horas semanales cobran esas cuantías al mes. Un SMI mitad de lo que se cobra en países de igual nivel de riqueza, es la losa que impide el ajuste socioeconómico y convergencia europea.

Ganando 60.000 euros al año, un trabajador paga a Hacienda 27.000 de IRPF y un rentista 10.700 (18% fijo). Si además bajan el Impuesto de Sociedades, derogan el Impuesto de Patrimonio y tenemos el fraude fiscal mas alto de Europa ?quienes cargan con la cruz tributaria en nuestro país?

Abogados, dentistas, médicos privados, naturópatas, psiquiatras..... Si los billetes de 500 euros caducaran al año como los ajos, para emplearlos en hacernos mas europeos.. no se hubiesen incrementado un 80% en un año, los suicidios en Gipúzkoa, ni las muertes en accidentes laborales... un impedimento añadido para lograr la normalización social y la paz.

 
 
Comunidad de Madrid
 
31-MAYO: SEMINARIO '¿CÓMO CONSEGUIR UNA VIVIENDA DIGNA?
Redacción PVD (Comunidad de Madrid) - 19 de mayo de 2008
 
SEMINARIO "¿CÓMO CONSEGUIR UNA VIVIENDA DIGNA?"



Fecha: Sábado, 31 de mayo de 2008. 10:30 horas. Lugar: Salón de conferencias de la Asociación de Vecinos Valle Inclán Prosperidad. C/ Luis Cabrera, 51. Metro: Prosperidad. Madrid

PROGRAMA

10:30. Presentación. José Luis Carretero. Plataforma por una Vivienda Digna

10:45. Políticas de vivienda autonómicas.

- El Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid. La subida del módulo VPO. Nieves Martín de la Torre. Plataforma por una Vivienda Digna.

- ¿Cuánto cuesta un piso? Proyectos de futuro. José Moreno. Promotor, Fuenlabrada.

- Políticas de vivienda alternativas. Tratamiento de la vivienda vacía en la Unión Europea. Miguel Ángel Cancelo. Asesor de la Viceconsejería de Vivienda del País Vasco.

- Coloquio

12:20. Descanso (atención a medios de comunicación)*.

12:40. Los problemas “ocultos” de la vivienda.

- La política fiscal en el problema de la vivienda. Jesús Montero. Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA).

- La vivienda y los ingresos de los Ayuntamientos. Manuel Villoria. Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

- Coloquio.

14:10: Comida

16:00. Acciones por el derecho a la vivienda en otros países. Cesare Ottolini. Alianza Internacional de Habitantes (IAI).

16:30. La rehabilitación urbana. María Roces. Miembro de la Comisión de Urbanismo y Rehabilitación Urbana de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

17:00: Descanso.

17:15. Mesa redonda. Puesta en común de problemas actuales, personales o colectivos, con exposición de soluciones ya puestas en marcha y propuestas de nuevas soluciones. Temas principales: Vivienda protegida, cooperativas, ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid.

Colectivos: COVIJO, Asociación de Vecinos de San Blas, Asociación de afectados de Rivas, PVD, Proyectos de Cooperativa Social, otros.

18:15. Exposición de conclusiones.



* El descanso puede prolongarse en función de la presencia de medios de comunicación

ASISTENCIA LIBRE Y GRATUITA Debido al aforo limitado del salón es imprescindible inscribirse en: seminario@viviendadigna.org

MÁS INFORMACIÓN

 
Todavía ningún joven madrileño ha recibido los 210 euros
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 21 de mayo de 2008
 
 
La ley lleva dos meses de retraso en la región.La Comunidad sólo ha tramitado mil de las 30.000 solicitudes.El Ministerio de Vivienda dice que algunos han recibido el dinero, pero no da cifras para avalarlo.

Casi cinco meses. Es lo que llevan esperando los 30.000 jóvenes madrileños de entre 22 y 30 años que han solicitado los 210 euros mensuales de ayuda para el alquiler (la llamada Renta Básica de Emancipación). Esta subvención, una de las medidas estrella de Zapatero, entró en vigor en enero, pero aún no la ha recibido nadie, según la Comunidad.

Muchos lectores han escrito a 20minutos denunciando este retraso en las ayudas. Es el caso de Jon: "Eché la solicitud en enero, pero aún no he recibido nada", afirma. Aunque el Gobierno central es el que paga, son las comunidades las que se encargan de la gestión. Según datos de la propia Consejería de Vivienda, de las 29.750 instancias recibidas el Gobierno de Esperanza Aguirre sólo ha tramitado 1.169, a pesar de que el Ministerio de Vivienda marcó marzo como el mes límite en el que los solicitantes deberían saber si recibirían el dinero. Son dos meses de demora.

Comunidad y Ministerio se echan la culpa. Según la Comunidad, el Gobierno no les ha facilitado los datos fiscales de los solicitantes y por eso han tenido que pedirles más papeles, lo que ha retrasado el proceso. Además, afirma que a 502 jóvenes ya se les ha dado el visto bueno para recibir las ayudas y que ninguno ha visto aún "un sólo euro".

Por su parte, el Ministerio de Vivienda lo niega todo: "Algunos jóvenes ya tienen el dinero", afirmó un portavoz que sin embargo no fue capaz de aportar ninguna cifra concreta. Además, asegura que el Gobierno regional "tiene acceso a los datos de los contribuyentes" y que autonomías "como Cataluña" no han sufrido ningún retraso.

La Ley de Dependencia se retrasa

No sólo los jóvenes, también los dependientes esperan las ayudas del Estado. La Ley de Dependencia del Gobierno central lleva un año de retraso en Madrid. De momento la Comunidad sólo ha baremado al 5% de los 23.383 dependientes más necesitados, frente al 73% de media en España, según CC OO. Ni siquiera se ha valorado aún el grado de dependencia de los solicitantes.

David: «Tendré que volver con mis padres»

David se lanzó a la aventura del alquiler animado por la entrada en vigor de las ayudas. Se aloja en un estudio por el que paga 600 euros al mes. "Soy mileurista, y calculé que con los 210 euros al fin podría independizarme. Me dijeron que la ayuda la empezaría recibir como muy tarde en marzo. No podré irme de vacaciones. Si sigo así al final tendré que volver con mis padres. Hay muchos jóvenes que necesitamos ese dinero... y no para botellones".

Rocío: «Aún estoy esperando una respuesta»

El pasado marzo Rocío ya tendría que haber empezado a recibir los 210 euros, pero en lugar de eso se encontró con una carta de la Comunidad en la que se le requería más documentación. Rocío vive desde febrero en un piso alquilado de Fuenlabrada con su novio, "pero en vez de ayudarnos no hacen más que ponernos trabas. Tengo amigos en Andalucía que reciben la renta desde febrero", afirma. Rocío entregó los documentos que se le exigían tres días después: "Llamo cada 15 días para informarme. Aún estoy esperando una respuesta".

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Rebelión en San Sebastián de los Reyes por la subida VPO
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 20 de mayo de 2008
 
 
# Los ganadores del sorteo tendrán que pagar más dinero del acordado. # El precio era de 1.474,07 euros por metro cuadrado, pero algunos lo pagarán ahora a 2.455 euros.

El pasado marzo recibieron la gran noticia. Más de 600 familias habían sido agraciadas con la adjudicación de una vivienda de protección oficial en Los Tempranales (San Sebastián de los Reyes). Pero lo que no sabían es que la cantidad de dinero a pagar era mucho mayor de la que les habían comunicado en un principio.

Las familias están ahora recogiendo firmas para que el Ayuntamiento cumpla con el acuerdo y les dejen sus pisos al precio estipulado. "La cooperativa privada encargada de nuestra promoción nos ha dicho que tenemos dos semanas para pagar 30.000 euros de entrada y 1.000 euros al mes, un poco exagerado para ser vivienda pública, ¿no?", se pregunta, sarcásticamente, uno de los adjudicatarios.

Cuando ganaron el sorteo, el precio tasado no era más de 1.474,07 euros por el metro cuadrado, "pero a algunos de nosotros el precio que nos van a hacer pagar es el de 2.455 euros por metro cuadrado", comentan los vecinos. "De hecho nos acabamos de enterar de que la cooperativa va a construir una piscina y un tercer sótano de parking sin habernos consultado", dicen.

Reconocen el problema

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se ha mantenido hasta ahora al margen del conflicto, pero el alcalde, Manuel Ángel Fernández (PP), reconoció a 20 minutos que algunas de las cooperativas encargadas de Los Tempranales "no han respetado los precios estipulados".

El Ayuntamiento tiene previsto reunirse a lo largo de esta semana con estas cooperativas para "exigirles" que se adecuen al acuerdo. Mientras, "recomendamos a los vecinos que no firmen nada. Aún no tienen por qué soltar dinero", según palabras del primer edil.

Mientras tanto, algunas de la familias que podrían haber sido futuros vecinos de Los Tempranales ya han rechazado su vivienda ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos que se les reclama.

José Antonio y Mónica, adjudicatarios: "Nos quieren estafar"

Les quieren cobrar 1.000 euros al mes por su piso de protección oficial, y entre ambos ingresan 950 euros mensuales. José Antonio Merino (24 años) y Mónica García (23 años) pasaron de la alegría por la adjudicación de su casa a la decepción en sólo una semana, cuando les comunicaron el precio a pagar. "Nos quieren estafar de mala manera", afirma José.

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Los del Plan Joven de alquiler deben pagar 260 euros más
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 12 de mayo de 2008
 
 
La Comunidad publicita estos pisos en 315 euros. Obliga a los jóvenes a pagar trastero y garaje. Con estos gastos el alquiler sube hasta 600 euros.

«Todo el sueldo se nos va en el alquiler. Y la idea es independizarse, no pedir dinero a los padres para llegar a fin de mes», dice Gema Delgado, de 24 años, adjudicataria del Plan Joven de Vivienda en alquiler con opción a compra 2005-2008, una de las iniciativas estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Lo que ni Gema ni sus vecinos esperaban era que cuando en 2007 empezaron a recibir los pisos tendrían que pagar casi 600 euros, bastante más que los 315 que 'vende' la Consejería de Vivienda. Y es que en Rivas, donde vive Gema, ya se pagan 573 euros por una casa del Plan Joven que en principio costaba 315.

Garaje, trastero e IVA encarecen estos pisos

El incremento es del 81,4%, 258 euros más, y se debe al cobro del garaje, el trastero (a los que no se puede renunciar ni subalquilar), la comunidad y el 16% de IVA. Pero los adjudicatarios de las viviendas que se construyan a partir de este año no sólo tendrán que hacer frente a este impuesto estatal. También cargarán con el incremento del módulo de vivienda protegida fijado por el Ministerio.

La Consejería asegura que ahora hay suelo para 82.000 casas y que éstas no se verán afectadas por la subida. El resto, 68.000, sí. «La Comunidad sabía que las viviendas estaban sujetas al IVA y nunca lo dijo. El Plan Joven es una farsa», denuncia el socialista Óscar Blanco. Vivienda dice que no tiene competencia sobre este impuesto y que ha pedido su reducción. Ana B. G.: «Se me va el sueldo en la casa y el coche»

"El sorteo fue en diciembre de 2005 y nos dieron la casa en octubre de 2007. Nos dijeron que pagaríamos entre 300 y 400 euros, pero a la hora de firmar nos enteramos del pago del IVA, que es del 16%. Yo trabajo como maestra de Infantil y con los 1.200 euros que gano tengo que pagar además la comunidad, que es de unos 70 euros, más los servicios. Al final pago más de 700 euros. Y me compré un coche pensando que el alquiler era bajo. Ahora todo el sueldo se me va en la casa y el coche. Pero es que además tenemos problemas porque hay fugas de agua todo el rato".

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«Quiero un piso. Me manda Ginés»
La Razón (Comunidad de Madrid) - 19 de mayo de 2008
 
 
Vecinos de Coslada denuncian que el jefe de la Policía Local cobraba por «facilitar» una vivienda - Los compradores tenían que pagar entre 60.000 y 180.000 euros en dinero negro. Los negocios de Ginés trascendían más allá de la extorsión a los propietarios de locales comerciales y de ocio.

La trama mafiosa de la Policía local de Coslada, que ya ha dado con los huesos de once agentes municipales en las celdas de Alcalá Meco, amenaza con extenderse a campos adyacentes y terminar por revelar lo que muchos sospechan: que cuando la podredumbre arraiga, llega mucho más lejos de lo que se piensa inicialmente.

Ahora, el escándalo parece desplazarse hacia lo inmobiliario. Y es que a nadie escapa que elementos policiales con tanto poder como el jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, no podían dejar de tener su presencia en otros ámbitos.

Varios vecinos han denunciado a LA RAZÓN el «peaje» que tuvieron que pagar para comprar una vivienda en este municipio. Los afectados afirman que la concesión de viviendas con distintos niveles de protección pública estaba en numerosos casos sujeta al previo pago de cantidades de dinero nada despreciables.

En sus testimonios todos coinciden en señalar la connivencia entre el jefe de la Policía Local -actualmente imputado por delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho, tenencia y deposito de armas- con empresarios de la construcción radicados también en Coslada, y con la «vista gorda y las facilidades» de las amistades que Ginés se había trabajado en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Coslada.

«No es algo nuevo», comenta Joaquín, esto lleva sucediendo diez años o más. El que quería un piso de precio tasado (viviendas usadas o nuevas, con más de un año de construcción que, sin haber sido calificadas como Vivienda Protegida pueden acceder a ayudas y subvenciones así como préstamos cualificados) iba hasta las oficinas que tienen esta gente (los constructores), siempre de parte de Ginés o de algún político, y pedía el piso. Además de los 15 millones que es lo máximo que podía cobrarse, había que pagar un tanto en negro».

Los dueños de Coslada

Un tanto que, según distintos afectados, podría oscilar entre los diez y los treinta millones de las pesetas de antes (entre 60.000 y 180.000 euros). Para el que habla, los responsables de los apaños eran «el jefe de Policía, un político local y una familia de constructores de aquí. Eran los dueños de Coslada, hacían y deshacían a su antojo».

Los que pasaron por el aro muestran ahora su disgusto, pero claro, son reacios a dar la cara porque al fin y al cabo fueron parte de un chanchullo en el que entraron de manera absolutamente voluntaria. «Mi padre pagó veinte millones de las antiguas pesetas pero él no quiere salir en nada de esto», asegura otra de las afectadas.

Las negociaciones, por otro lado, no dejaban más rastro que el que peso del dinero que saliese de las cuentas de unos y entrase en las de otro. «Era muy sencillo y muy rápido. Llegabas, pagabas y fuera. Pero aquí todo el mundo sabe lo que sucedía».

Los pisos adjudicados de manera presuntamente fraudulenta estaban ubicados en los barrios de La Oliva y El Puerto, según una de las denuncias de uno de los vecinos que se vio envuelto en este entramado de compra y venta donde el jefe de la Policía Local era el salvoconducto necesario para formar parte de la lista de adjudicación de una vivienda. «Todos los chavales del Bloque de Ginés tienen un piso allí. Es cuestión de hacerse preguntas e ir tirando del hilo», afirma otro de los que presuntamente pagó. Pero tampoco él está dispuesto a empezar. Ni a dejar su teléfono.

El que sí lo hace es Pedro (nombre ficticio). Su hija adquirió su piso por otra vía, pero igualmente tuvo que pagar el «canon». «Era en una inmobiliaria de Madrid, un piso de protección. Pagó seis millones de hace una década».

Cuenta que la razón por la que había que pagar más, según los que vendían las viviendas era «que el Ayuntamiento de Coslada les vendía el suelo a más precio que el debido». Y la razón para comprar, como siempre, el boca a boca: «Se lo comentó un amigo, mucha gente lo hacía así».

Precio fijo

Así pues, podría haberse conseguido dinero negro de la concesión de viviendas con protección pública al menos por dos vías. En el caso de estas viviendas, la administración impone que el comprador tenga determinadas características, y es el vendedor quien debe cuidar de ello. Así el precio de compra o en su caso, alquiler, se encuentra limitado administrativamente. Si se incumplen las condiciones impuestas para que las viviendas puedan ser calificadas como protegidas, la administración correspondiente puede imponer sanciones que oscilan entre la suspensión de la calificación y la devolución de las ayudas y subvenciones concedidas. Este tipo de operaciones ayudarían a explicar porque la Policía Nacional encontró 18.000 euros en metálico en la vivienda de Ginés cuando fue detenido el pasado jueves.

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Constructora 'en crisis' deja sin piso a 140 personas IVIMA
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 05 de mayo de 2008
 
 
La empresa ha ido a la quiebra "por la crisis inmobiliaria".Todavía no había rematado las obras de su promoción.El bloque de viviendas está en el barrio de La Ventilla.

D. L., de 58 años, y P. P., de 59, ya pueden hablar de lo que supone la crisis del sector de la construcción. Ellos forman parte de las 140 personas que en 2007 ganaron una vivienda de protección oficial en alquiler en un concurso promovido por el Ivima en La Ventilla. Ahora han visto cómo se derrumban sus sueños por la quiebra de la constructora, debido a "la delicada situación del sector de la construcción", según la carta que les envió la Comunidad.

Ni siquiera el Ivima sabe cuándo podrá entregarles las casas, pues la empresa constructora, Seop Obras y Proyectos, S L, ha reconocido su "falta de liquidez", lo que retrasará indefinidamente la entrega de los pisos, aún sin rematar. "Estamos estudiando comprar el derecho de superficie para cedérselo a otra empresa que termine las casas, pero el plazo no depende de nosotros", explican desde el Ivima.

Un cascarón vacío

"Esto se lleva muy mal", dice P. desconsolada. Y no es para menos. El propietario de la casa en la que vive, un alquiler heredado de su madre, le ha anunciado que a partir de agosto pasarán de pagar 600 euros al mes a 900, una cifra que sus resentidos bolsillos no pueden asumir.

"Es que mi marido trabaja de jardinero y sólo ingresa 1.190 euros y yo, que cuido ancianas, apenas 350", dice. El piso nuevo, el que iba a aliviar su carga, tiene 60 m2 y el alquiler, con opción a compra, es de 300 euros. Pero de momento es un cascarón vacío.

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Catalunya
 
Barcelona lidera la crisis inmobiliaria
Terra (Catalunya) - 11 de mayo de 2008
 
De la ensalada de datos institucionales y de agentes privados que bombardean a la opinión pública a diario sobre el mercado inmobiliario, se extrae la conclusión de que la crisis por la que atraviesa el sector se ha cebado en Cataluña en el primer trimestre de este año. Relevante es tanto la drástica disminución del 42 por ciento de las compraventas registradas hasta marzo en la provincia de Barcelona, lo que supone la mayor caída de toda España; como lo es también la reducción de los precios de la vivienda nueva y usada, que también encabeza el ajuste del conjunto del país, según diversos estudios hechos públicos esta semana.

La situación ha provocado el cierre de casi la mitad de las oficinas de intermediación inmobiliaria que hace un año poblaban las calles del área metropolitana de Barcelona y las costas catalanas. Son sus locales los que ahora lucen los carteles de 'En venta'. El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) cifra en 40.000 oficinas inmobiliarias las víctimas de la crisis del ladrillo en España, lo que supone el 40 por ciento del sector, básicamente centrado en pequeños establecimientos propiedad de extranjeros, ubicados en las costas y especializados en segundas residencias, pero también en las principales ciudades.

Aunque la desaceleración económica ha reducido la creación de empresas en todos los sectores sin excepción durante el primer trimestre en comparación con las que se pusieron en marcha durante el mismo período de 2007, el frenazo más acusado se ha producido en las actividades inmobiliarias, sector en el que se han creado 5.999 menos que en 2007, lo que supone una espectacular caída del 51,74 por ciento, según el estudio de Axesor Radar Sectorial. El estancamiento de la demanda inmobiliaria ha venido propiciada por la crisis de liquidez del sistema financiero mundial. Los bancos y cajas huyen cuesta abajo del riesgo, lo que se traduce en una drástica reducción de la concesión de créditos, sobre todo los hipotecarios.

A esta circunstancia se ha unido el creciente protagonismo de internet en la búsqueda de pisos, lo que reduce la actividad de las agencias de intermediación. Respecto al precio, la COAPI también asegura que en el 80 por ciento de las operaciones de compraventa realizadas el propietario tuvo que rebajar significativamente el precio de la vivienda para lograr venderla. El sector de la intermediación atribuye la parálisis de la demanda al cierre del grifo de la financiación por parte de las cajas de ahorros y bancos ante la crisis de liquidez que atraviesa el sector en todo el mundo.

El sector de la intermediación subraya que 'la demanda de viviendas persiste, pero de forma latente, posponiendo las decisiones de compra a la espera de que bajen más los precios y, en el caso de querer comprar, sin financiación'. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Promotores Constructores y Constructores de Edificios de Barcelona y Provincia (APCE), Enric Reyna, ha dejado bien claro que las viviendas nuevas no van a bajar mucho más de lo que lo han hecho ya.

Por contra, Cataluña es la comunidad donde más han caído los precios de la vivienda usada, según el informe Índice Inmobiliario fotocasa.es, elaborado por la escuela de negocios IESE bajo la dirección del profesor José Luis Suárez. En Cataluña, el precio de los inmuebles cayó un 5,3 por ciento en marzo de 2008 respecto al mimo mes de 2007. Sólo en seis municipios catalanes de los 71 analizados ha subido el precio (lo que supone el 8 por ciento del total), mientras que ha bajado en el resto de la muestra, 64 de ellos.

Pero más espectacular es la caída numérica de operaciones de compraventa. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra que las compraventas de viviendas bajaron el 24,4 por ciento en España en febrero respecto al mismo mes del 2007, y que la cifra de nuevas hipotecas se redujo el 25,8 por ciento en el mismo periodo. Sin embargo, en la provincia de Barcelona el parón inmobiliario casi dobla la media nacional, ya que las compraventas cayeron el 42,6 por ciento. En ambos casos, la caída ha sido mucho más fuerte en las ventas de pisos usados que en las viviendas de obra nueva.

El INE ha obtenido los datos de los colegios de registradores y reflejan un agravamiento de la crisis en el sector. Para situar la importancia del bajón basta recordar que en todo el 2007 se vendieron un 14 por ciento menos de viviendas que un año antes en España, mientras que hasta febrero del 2008 bajaron un 10 por ciento más, es decir, un 24 por ciento. En el caso de Barcelona, mientras que la caída del 2007 fue del 29,5 por ciento, la registrada en febrero del 2008 la supera en 13 puntos hasta alcanzar el 43,5 por ciento. En el conjunto de Catalunya, la mayor caída porcentual de ventas en febrero se registró en los pisos de segunda mano en la provincia de Girona (-51 por ciento), seguida de Barcelona (-50,2 por ciento), donde la demanda de nuevas residencias ha bajado mucho menos, un 30 por ciento.

En todo caso, el estocaje de viviendas nuevas vacías sigue aumentando, porque a la vez que en la zona barcelonesa se vendieron 1.938 pisos nuevos, entraron en el mercado 3.678 más recién acabados. Hasta ahora, las restricciones crediticias han afectado más a la oferta de segunda mano, los pisos en principio más baratos, pero que son también los que acarrean un mayor riesgo para los bancos. Según el INE, en febrero casi se igualaron las compraventas de viviendas nuevas (26.923) y usadas (28.539), algo que no ocurría desde hacía años.

En el conjunto de Cataluña, el número de viviendas hipotecadas registró una caída en tasa interanual del 35,6 por ciento en febrero, hasta 12.681 inmuebles. Y el importe medio disminuyó el 3,5 por ciento y se situó en poco más de 180.000 euros. Esta bajada se debe a la suma de dos factores: al endurecimiento de las condiciones de los préstamos (ninguna entidad ofrece ya hipotecas por el 100 por ciento) y a la bajada de precios. Cataluña también es la comunidad donde más han caído los precios de la vivienda usada, según el informe Índice Inmobiliario fotocasa.es, elaborado por la escuela de negocios IESE.

En toda la comunidad autónoma, el precio de los inmuebles cayó un 5,3 por ciento en marzo de 2008 respecto al mimo mes de 2007. Sólo en seis municipios catalanes de los 71 analizados ha subido el precio (lo que supone el 8 por ciento del total), mientras que ha bajado en 64 municipios. Entre los 30 municipios más caros de España, destaca la presencia de Cataluña con 17 poblaciones. En el primer trimestre del año, 39 provincias redujeron el precio medio de la vivienda, pero fue la de Barcelona la que se llevó la palma, al batir el récord de una bajada del 10,1 por ciento. Entre las diez provincias que aumentaron sus precios, destaca Tarragona con un 11,6 por ciento.

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Habitatge propone comprar pisos a los promotores
El Periódico (Catalunya) - 12 de mayo de 2008
 
 
A precio de coste. La subrogación de hipotecas con problemas de pago permitirá ampliar la oferta de vivienda social. El Govern calcula que el parque de casas en construcción se acerca a las 200.000 unidades

La Generalitat ha planteado una posible salida al creciente estoc de viviendas nuevas vacías que no encuentran comprador y los acuciantes problemas de pequeños y medianos constructores y promotores con obras en marcha que no consiguen vender sus inmuebles y con cada vez mayores dificultades para pagar sus préstamos con la banca. La Secretaria d'Habitatge estudia subrogarse las hipotecas de promotores con dificultades en zonas de alta demanda de pisos sociales. La ganancia para el promotor sería evitar las pérdidas y verse abocado a un concurso de acreedores, mientras que la Administración conseguiría incrementar en un plazo breve su parque de viviendas públicas a precio de coste.

No existe un censo actualizado de viviendas desocupadas, y las únicas cifras oficiales se refieren al censo del 2001, cuando empezaba de lleno el boom inmobiliario. Pero si se cruzan los visados de finalización de obras con las de las ventas de pisos nuevos que constan en los colegios de registradores y se le añade el 30% de compras realizadas solo para inversión en los últimos cuatro años (porcentaje que citan los promotores y los agentes inmobiliarios), la cifra final apunta a un incremento del parque de viviendas nuevas desocupadas en Catalunya que roza las 100.000 desde el 2004.

DEMANDA INSOLVENTE El aumento de pisos vacíos ha coincidido en el tiempo con una fuerte subida de los precios que ha situado fuera de mercado a un colectivo cada vez mayor de ciudadanos. La falta de comprador ha obligado a muchos propietarios que adquirieron el piso como inversión para venderlo en breve a pagar una hipoteca en lugar de conseguir el negocio esperado.

Además, a la estimación de pisos nuevos vacíos habría que sumar todavía los que se incorporarán al mercado en breve, y que, por sus elevados costes de suelo y de producción, tendrán también unos precios elevados, como no se cansan de advertir las asociaciones de promotores. La secretaria general de Habitatge, Carme Trilla, calcula que el parque de nuevas viviendas en construcción en Catalunya se acerca en estos momentos a las 200.000 unidades, que irán saliendo a la venta en el próximo año y medio.

También reconoce que este cifra puede variar a la baja, dado el parón de obras que se empieza a notar. En situaciones de crisis del sector como la actual, la cifra de obras iniciadas suele ser muy superior a la de acabadas. A título de ejemplo, la promotora Fbex ha anulado unas sesenta promociones que pensaba construir, y Habitat, ocho, alguna incluso con parte de la obra ya iniciada. Las restricciones crediticias han frenado las ventas y cada vez más constructores se encuentran con dificultades para cumplir sus plazos de pago.

Ante esta situación, Habitatge propondrá que el Institut Català del Sól (Incasol) se subrogue las hipotecas de promotores que no pueden pagar a sus trabajadores en promociones de viviendas levantadas o iniciadas en zonas que podrían cubrir una clara demanda social. Con esta fórmula se frenarían algunos casos de desempleo y se permitiría a las pymes poder mantener su actividad, a la vez que al Incasol le saldría más barato ampliar su parque que construir esos pisos por su cuenta.

La misma fórmula se quiere aplicar para comprar suelo. A diferencia de los promotores privados, el Incasol tiene asegurada la demanda de compradores, a través del futuro registro de demandantes de vivienda de protección oficial (VPO) y las buenas condiciones de financiación de las que disponen este tipo de pisos.

PRECIO CONCERTADO Otra fórmula para reducir el estoc es la nueva categoría de la vivienda protegida con el llamado precio concertado catalán, que cubre pisos con un valor máximo de hasta 300.000 euros en Barcelona ciudad. La Generalitat está a punto de firmar con las entidades financieras catalanas una fórmulas para financiar la compra de estos pisos en un 100%, mediante dos créditos distintos: uno alcanzaría al 80% del valor, con cuotas crecientes inicialmente muy bajas y un tipo de interés fijo; y el otro abarcaría al 20% restante, con un tipo variable y con una duración de 15 años como máximo.

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Comunidad Valenciana
 
ELCHE: BANCOS Y CAJAS ESTÁN EJECUTANDO 400 HIPOTECAS AL MES
DiarioInformacion.com (Comunidad Valenciana) - 08 de mayo de 2008
 
 
Ningún ilicitano ha hecho uso del plan del Gobierno que entró en vigor el pasado mes de abril y que permite ampliar el plazo para hacer frente a los créditos para pagar los pisos

Los impagos de préstamos hipotecarios se están multiplicando en los últimos meses de forma exponencial y en toda la comarca del Baix Vinalopó al punto de estar presentándose ante los registros de la Propiedad de Elche y de Santa Pola alrededor de 400 ejecuciones por parte de los bancos y de las cajas de ahorro. Desde el pasado verano se ha producido un importante descenso del número de inscripciones registrales de compraventa de propiedades, tanto nuevas como de segunda mano, lo que ya era un indicio de la recesión, aunque la palabra crisis no se ha escuchado con fuerza hasta 2008. Desde hace 9 meses los registradores venían detectando una situación de falta de solvencia, principalmente, entre los nuevos hipotecados.

Ahora bien, el número de ejecuciones hipotecarias que se está produciendo en los dos últimos meses -entre quince y veinte cada día- es una cifra que no conocía en Elche donde apenas se producían impagos, según las mismas fuentes. Los bancos y cajas evitan, dentro de sus posibilidades, quedarse con las propiedades dando las facilidades al hipotecado, porque lo que les interesa en estos momentos es liquidez y no ampliar su inmovilizado, según fuentes del Registro de la Propiedad.

Solbes

Se da la circunstancia que desde que el Gobierno puso en marcha el plan de ampliación de hipotecas, anunciado por el ministro de Economía, Pedro Solbes, el pasado mes de abril, los registros de la Propiedad de Elche no han tenido aún ninguna petición de este tipo, pese a que no existen gastos (ni del registro, ni de los gestores o los notarios). El ciudadano que pida antes del año 2010 esta ampliación sólo tendrá que hacer frente a los intereses derivados de aumentar los plazos de amortización de la hipoteca; a cambio, obtendrá una reducción de la cuota mensual y, consecuentemente, tendrá menos problemas para hacerle frente, máxime en estos momentos cuando el precio del dinero se ha disparado. Los gastos que generen la tramitación de estas ampliaciones serán asumidos íntegramente por los profesionales de estos organismos.

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Los sindicatos denuncian el nuevo decreto del Consell
Levante-emv (Comunidad valenciana) - 13 de mayo de 2008
 
 
Los sindicatos denuncian que el nuevo decreto del Consell será "un pelotazo" para los dueños de suelo

Los sindicatos CCOO y UGT lamentaron hoy que el Consell aprobará antes de que acabe este mes un decreto que supone un "pelotazo" para los propietarios de suelo, al tiempo que limita el acceso a la vivienda protegida, puesto prevé el incremento de su precio y de la valorización del suelo de protegido, así como la disminución de las ayudas para acceder a estos inmuebles.

EUROPA PRESS La secretaria de Acción Sociopolítica Territorial y de Vivienda de CCOO PV, Eva Hernández, explicó que este decreto surge a partir de una modificación del Plan de Vivienda Estatal realizada por el Ministerio en enero de 2008, y que, según advirtió permitía "que las comunidades autónomas aumentaran los porcentajes del precio de la vivienda protegida", ante el que el Consell "ha cogido el máximo posible que el decreto le permitía", apostilló.

Hernández indicó que las mayores subidas las experimentarán las viviendas concertadas y las de régimen especial. Por ejemplo, dijo, en la ciudad de Valencia, la vivienda de régimen especial, que está en 1.485 euros el metro cuadrado, con el decreto se situará en 1.705 euros el metro cuadrado. De este modo, un piso de 90 metros cuadrados alcanzaría los 180.000 euros.

También en Valencia capital la subida de suelo para vivienda de precio concertado llega al 102 por ciento y para las de de régimen especial, al 92 por ciento, señaló la representante de CCOO. En cuanto a disminución de las ayudas para el acceso por el cambio del sistema de cálculo, explicó que habrá una pérdida de entre 10.000 y 15.000 euros dependiendo de unidades familiares.

Además, prevé un cambio en la adscripción por zonas de los municipios de la Comunitat para aplicarles un determinado coeficiente de subida de precio, pasando de las seis zonas actuales a cuatro, lo que supondrá que en determinados municipios las viviendas "no sólo subirán por el aumento de precio, sino por el cambio de adscripción de municipio".

Este decreto plantea también que la valorización del suelo, cuyo valor en la actualidad no puede superar el 15% del precio total de la promoción de la vivienda protegida, aumentará hasta un máximo del 25 por ciento. Hernández recordó también que "la propiedad del suelo protegido la comparten promotores privados y Administraciones públicas".

Resaltó también que hasta ahora se podía realizar una transferencia de vivienda pública a protegida transcurridos dos años del inicio de la promoción, mientras que la modificación lo reduce a un año.

VULNERACION DE DERECHOS

Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de UGT Elvira Ródenas, señaló que el decreto "vulnera los derechos del acceso a la vivienda de los sectores más desprotegidos".

Asimismo, lamentó que no va a incrementar la construcción de viviendas y obedece "más que a un interés que incentivar la economía" a un acuerdo entre el Gobierno Valenciano "y un sector de las promotoras atendiendo a que la vivienda libre en este momento está parada, no se compra".

A su juicio, la modificación se hace para "poder colocar la vivienda libre que está en el mercado sin vender a un precio que pueda interesar, no más al colectivo de ciudadanos y ciudadanas, sino a un reducido colectivo, que es el de los promotores". Las previsiones sindicales es que el empleo caiga en la construcción hasta 2009 en un 20 por ciento.

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El precio de la vivienda bajará en la C.V un 5,6% este año
las Provincias (Comunidad valenciana) - 17 de mayo de 2008
 
 
El precio de la vivienda bajará en la Comunitat un 5,6% este año, casi el triple que en el resto de España El descenso desde 2005 en las tres provincias es de 22 puntos porcentuales J. SANCHIS (ALICANTE)

En el año 2005 el precio de la vivienda en España aumentaba a un ritmo del 29,4%. Muy pocos podían pensar que sólo tres años después se empezaría a hablar no sólo de una ralentización de los costes sino de un descenso. Este es el panorama que dibuja un informe de Caixa Catalunya publicado ayer en el que señala que, por primera vez en la década, este año habrá una caída del precio de la vivienda nueva de un 2,2% en España. En el caso de la Comunitat, el descenso será aún más acusado y alcanzará el 5,6%, casi el triple que en el resto de España. El estudio apunta también que la caída "podría ser bastante superior" en el caso de las viviendas de segunda mano.

El Informe sobre el consumo y la economía familiar, elaborado por el Servicio de Estudios de Caixa Catalunya con la colaboración del departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, atribuye la caída de los precios a la incertidumbre económica y a la ralentización del crecimiento. Ambos factores encuentran sus causas en la crisis financiera internacional y en el fin del auge inmobiliario español.

La caída en el caso de la Comunitat Valenciana es especialmente espectacular, ya que en apenas tres años (entre 2005 y 2008) está previsto que se produzca un descenso de 22 puntos porcentuales. En 2005 el precio de la vivienda aumentó un 17% mientras la previsión para este años es de una bajada del 5,6%, según Caixa Catalunya.

El estudio apunta a que la confianza del consumidor ha caído y se ha producido un descenso de la confianza de los españoles, que han optado por restringir el gasto, como suele ocurrir en un momento de crisis económica.

El estudio destaca que ya en el cuarto trimestre de 2006 se observaron los primeros indicios de que los precios de la vivienda estaban iniciando un proceso de ralentización y síntomas de que el fin del boom inmobiliario se estaba acercando. Es en septiembre de 2007 cuando se aprecia el claro retraimiento de los créditos bancarios para la compra de pisos y con ello una ralentización de las ventas.

Las previsiones para este año realizadas por Caixa Catalunya son que el nivel de crédito se mantendrá en el 8,6% frente al 15,1% de septiembre de 2007. Además, la investigación señala que la concesión de préstamos hipotecarios continuará su descenso hasta un 9,7% durante este año.

Es más, "mientras los excesos de oferta y las dificultades de obtención del crédito por parte de la demanda no se resuelvan, es preciso resaltar que esta parte de la riqueza familiar (en referencia a la vivienda) perderá valor", señala la investigación.

"No dramatizar"

El presidente de la Federación Provincial de Empresas de la Construcción e Industrias Afines de Alicante (Fecia), Ramón Jerez, explicó ayer a LAS PROVINCIAS que el descenso en el número de viviendas vendidas se debe en gran parte a la "restricción de los créditos bancarios".

En la misma línea se pronunciaron desde la Federación de Promotores y Agentes Urbanizadores de la Comunitat Valenciana, quienes añadieron que el mercado apenas se mueve "ya que la gente que quiere comprarse un piso necesita un crédito bancario. Casi nadie puede pagarlo al contado".

Jerez explicó que, en cualquier caso, la situación "no es dramática, es algo normal que sucede en los periodos de crisis". Apuntó que la caída de los precios podría ser incluso superior y alcanzar el 10%. "Hay mucha oferta y la gente no puede comprar", resaltó. Indicó que la salida de la recesión se prevé como muy pronto a finales de 2009. "Nos esperan dos años difíciles", afirmó.

Desde los promotores valencianos indicaron que se parte "del hecho de que el descenso se produce después de una subida media de los precios en los últimos cinco años del 13%, por lo que en lugar de caída podemos hablar de desaceleración de los precios".

Un mercado residencial con tendencia al estancamiento primero y a la baja después, implica, según el estudio, un menor aumento de la ocupación, la posible destrucción de puestos de trabajo en la construcción y reducción de la entrada de inmigrantes.

El informe, en el mismo sentido, advierte que también se ralentizará el ritmo de creación de hogares que se situará en torno a los 250.000, frente a los 450.000 de los últimos años, con lo que será un factor más que contribuirá a traer la compra y venta de viviendas.

Según Caixa Catalunya, la corrección que el sector inmobiliario está sufriendo en este momento ha propiciado que la economía española inicie "el deseado camino de reconducción de las fuerzas que, desde la demanda, tensan el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)".

Madrid será la comunidad autónoma con una caída más acusada de los precios de la vivienda este año (-6,6%), mientras que Murcia será la región donde la bajada sea menor (-0,4%). Por detrás de Madrid se sitúa la Comunitat Valenciana (-5,6%) a la que le siguen Galicia (-3,4%), Aragón (-3,2%), Cantabria (-3,1%) y La Rioja (-2,5%). El descenso en el País Vasco coincide con la media nacional (-2,2%). Las comunidades de Castilla-León, Baleares, Castilla-La Mancha y Asturias tendrán bajadas en torno al 2%.

Por debajo del descenso medio del coste de la vivienda se encuentran Canarias (-1,5%), Navarra, Andalucía y Cataluña (-1,2%) y Extremadura (-1%), además de Murcia, que fue la que registró el mayor incremento de los precios en 2007.

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Canarias
 
Servicios Sociales registra “avalancha” de solicitudes ayuda
LaVozDeLanzarote.com (Canarias) - 06 de mayo de 2008
 
 
En Playa Honda. En las últimas dos semanas, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé ha recibido una “avalancha de solicitudes” de ayuda por parte de muchos vecinos de Playa Honda que están sufriendo la crisis económica en carne propia. Así lo ha asegurado este lunes en Radio Lanzarote Conchi Álvarez, responsable del área, quien teme que la situación se desborde y “no podamos hacerle frente desde el Consistorio".

Muchas familias de la localidad de Playa Honda, en San Bartolomé, están teniendo dificultades para llegar a fin de mes. La demanda de ayuda ha ido en aumento en las dos últimas semanas según la concejal de Servicios Sociales, Conchi Álvarez. “La crisis económica la hemos notado en todas las instituciones”, comentaba Álvarez, quien explicaba que en estos momentos, la máxima preocupación de los responsables del área en toda la isla es que “se desborde esta demanda de subvenciones y no podamos hacer frente a ella”.

“La mayor problemática también viene por la idiosincrasia de nuestros vecinos, sobre todo en Playa Honda”, explicaba Álvarez, donde la mayoría de la población viene de fuera de la isla y trabajan en el sector de la hostelería o de la construcción, "los sectores que más han acusado la crisis económica". Son matrimonios con dos o más hijos, sin arraigo familiar, que tienen una hipoteca y no cuentan con ningún tipo de recursos, según la concejal, que ha constatado que “lo están pasando mal quedándose en la isla y ni siquiera tienen dinero para volver a sus países o regiones de origen”, relataba.

Asimismo, Álvarez ha reconocido que desde el mes de septiembre muchos gallegos están abandonando tanto Fuerteventura como Lanzarote “porque aquí se ha acabado esa época dorada que vinieron buscando”, resumía la concejal, quien hacía hincapié en que el problema se está dando especialmente en el municipio de San Bartolomé”.

En espera de la guardería de Playa Honda

Además de los problemas económicos que se traducen en un aumento de las demandas de subvenciones a la Concejalía de Servicios Sociales, los vecinos de Playa Honda también exigen guarderías para los más pequeños. A pesar de que según ha asegurado Álvarez, desde finales del pasado año el edificio de la nueva guardería "ya estaba prácticamente terminado", la concejal ha explicado que desde el Ayuntamiento “no podemos garantizar a la población que esa guardería esté funcionando cuando dé comienzo el curso escolar en septiembre”

La obra no está todavía oficialmente recepcionada por el Consistorio, es decir, todavía no ha sido terminada y entregada por la empresa constructora, pero según Álvarez una vez que esto se produzca “sólo quedará tramitar las modificaciones a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es quien tiene que aprobarla en última instancia”.

Nuevos movimientos de tierras, cimentación, falso techo o la adecuación de las instalaciones eléctricas han sido algunos de los motivos del retraso en la obra del nuevo edificio de la guardería, que según comentada Álvarez, "contaba con bastantes proyectos que estaban incompletos y hemos tenido que hacernos cargo ahora con un exceso presupuestario de unos 73.000 euros".

Ante la preocupación de que la nueva guardería no esté terminada para el inicio del próximo curso escolar, la concejal ha añadido que se está trabajando para agilizar los trámites administrativos, "adelantando bastante en presupuestos de mobiliario y demás". En ese sentido, ha reseñado que ha tenido "una gran sintonía por parte de la consejera de Asuntos Sociales, Inés Rojas, y sobre todo por la directora general del Menor".

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Andalucía
 
UN DISCAPACITADO, EN HUELGA DE HAMBRE TRAS SIETE AÑOS
20 Minutos (Andalucía) - 15 de mayo de 2008
 
La falta de compromiso de la Junta le ha obligado a tomar esta medida.Continuará hasta que le den "un compromiso serio y por escrito".No puede ir al cuarto de baño ni salir de casa porque no es accesible.

Joaquín Mora Mendoza, discapacitado en silla ruedas que lleva siete años enclaustrado por la inaccesibilidad de su casa y luchando para que la Junta de Andalucía resuelva su caso, inició el lunes una huelga de hambre para protestar por su situación, medida que continuará "hasta que haya un compromiso serio y por escrito". Además afirma que "se creerán que es pasajero, pero lo mínimo que puede tener una persona es calidad de vida y si eso no existe, esto es una mazmorra y después de tanto tiempo no hay quien lo soporte, es terrible".

20 minutos fue el primer medio en denunciar el 25-10-2007 la situación de este hombre, que vive en el número 1 de la Pplaza de la Alegría. Lleva varios años reclamando una vivienda digna, ya que la actual no está adaptada a su discapacidad, lo que le impide ir al cuarto de baño, apenas moverse y salir de casa, porque el edificio no tiene ascensor. Es por ello que dice que "es el cuento de nunca acabar y no hay otra alternativa después de tanta cartas, tiempo y lucha, de ver las respuestas que me han dado y de cómo y no tienen ni la más mínima intención de ponerse en mi pellejo y esto no es digno para un ser humano".

La huelga de hambre es la última vía tras agotar las anteriores. Escribió a la Junta para que le permutaran su vivienda por otra, pidió un piso en alquiler, pero no obtuvo solución alguna, como cuando acudió a verle el delegado de Infraestructura y Vivienda, Gabriel Cruz. "Creía que fue de buena fe, pero me ofreció irme a la provincia o hacer accesible mi casa, pero ellos hicieron un informe dice que es inviable hacer un ascensor. Se fue sin promesas ni nada y luego decían que me había hecho tres ofertas de permuta y eso es mentira. Están tratando de difamarme".

Joaquín, que está en segundo día sin comer, asegura que "por ahora lo llevo bien, aunque por la noche se pasa peor", pero está bastante molesto porque "nadie se ha interesado en llamarme o traer a un médico para ver si es un farol o para controlar mi salud. No soy médico, pero sé que el riesgo es importante y parece que les da igual", indica este discapacitado, que padece entre otras patologías como arterioesclerosis crónica isquémica, próstata, almorranas e hipertensión.

Además extiende la falta de atención a su situación el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que archivó su caso al considerar que Obras Públicas se había tomado "el adecuado interés en resolver la demanda" y también al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que se "comprometió públicamente a venir a verme y ni lo ha hecho ni me ha llamado". Todo ha motivado que opine que "los cargos públicos deberían dar la cara, pero no lo hacen y hay muchas leyes, pero no se cumple ninguna, son pura publicidad engañosa".

Por el momento su única satisfacción son las numerosas llamadas de apoyo de personas y medios de comunicación que se están interesando por su caso, así como asociaciones como el Foro de Vida Independiente, que ha hecho un manifiesto para difundir la gravedad de su estado.

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La construcción entra en fase de 'parada total'
El País (Andalucía) - 11 de mayo de 2008
 
 
Algunos promotores, obligados a vender a precio de coste para obtener liquidez

Las grúas han parado en Pueblo de la Luz. Esta urbanización de Viator (Almería), con accesos a las autovías A-7 y A-92 tardará mucho tiempo en ser una realidad, si es que acaba siéndolo algún día. La empresa promotora Obrascampo ha tenido que interrumpir la construcción de 316 viviendas, garajes, trasteros y oficinas por falta de liquidez para continuar las obras.

A 12 kilómetros, en Almería capital, la constructora Nativan ha corrido la misma suerte. Según Comisiones Obreras, esta empresa se encuentra en suspensión de pagos y se ha declarado insolvente, lo que le ha obligado a paralizar las promociones que levantaba en la flamante urbanización El Toyo.

La crisis en la construcción ha llegado con más rapidez y fuerza de lo que el sector preveía, especialmente en el segmento de la segunda vivienda en la costa, donde la situación es de "parada total" de ventas, según Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga, la provincia más afectada por el frenazo. "En la segunda residencia está todo paradísimo y en primera vivienda, aproximadamente las ventas han caído un 50%", estima Aragón, que ya habla de crisis sin paliativos.

En los últimos tres años en Andalucía se ha producido un stock de 89.700 casas que todavía no han encontrado comprador y algunos promotores especialmente acuciados por la parálisis han comenzado a ponerlas en el mercado a precio de coste. "Esta es una buena oportunidad para comprar, porque van a bajar algo los precios para sacar adelante este stock, pero en cuanto los promotores vuelvan a tener liquidez y se reanuden las obras, los precios volverán a subir", vaticina Aragón. "Este es un momento puntual en el que algunos promotores tratan de evitar los despidos y los procesos concursales, pero cuando se reanuden las ventas se volverá a buscar el beneficio", afirma la gerente de la ACP.

De momento, la bolsa de demandantes de vivienda es, según Aragón, de 45.000 compradores, es decir, justo la mitad del parque de casas vacías en Andalucía. Además, las promotoras entran en competencia con particulares que en los años boyantes de la burbuja inmobiliaria adquirieron casas como inversión.

En la provincia de Granada, el gerente de los promotores Francisco Martínez, realiza un análisis similar. El caso más llamativo del parón se encuentran en Alhendín, donde la constructora murciana CHC dejó "empantanada" la promoción Mirador de Alhendín, con 125 viviendas unifamiliares de lujo con precios entre los 312.000 y los 390.000 euros. Aunque la falta de liquidez afecta "a todos", según Martínez, las empresas más perjudicadas son las promotoras de tamaño medio que se han especializado en vivienda y no han diversificado su actividad, es decir, las "promotoras puras". En Granada es también el litoral, especialmente Almuñécar, donde se acusa más la crisis de la segunda residencia.

En Almería la escasez financiera llegó a afectar, incluso, a las viviendas protegidas para jóvenes que el Ayuntamiento de la capital almeriense construye a través de la empresa Almería XXI. Esta empresa contrató dos promociones para jóvenes a Jale Construcción S A, que decretó suspensión de pagos. Almería XXI reinició las obras paralizadas con otra empresa y, en la actualidad, las dos promociones se siguen construyendo tras dos meses de paralización.

La crisis de CHC, que en septiembre pasado presentó suspensión de pagos, afectó también a proyectos de vivienda protegida en Granada capital.

Los empresarios de Granada calculan que en su provincia el ritmo de ventas ha caído un 60%, lo que ha obligado a muchos a hacer malabarismos financieros y de marketing para no caer en la quiebra. "Tratamos de estirar los plazos todo lo que podemos, y a la hora de vender buscamos fórmulas imaginativas, como los alquileres con opción a compra, o las hipotecas subvencionadas. Eso sí, la bajada de precios no tiene sentido, pueden darse bajadas puntuales a clientes determinados que te proporcionan liquidez, pero de ahí no pasa", afirma Francisco Martínez.

En Granada, los proyectos visados para la construcción de edificios de viviendas familiares en bloque, que de enero de 2007 a enero pasado descendieron un 60% (de 733 a 293). También los edificios de viviendas unifamiliares descendieron un 49%, de las 465 en enero de 2007 a 237 a principios de este año.

La provincia de Jaén, la de menor actividad constructora de Andalucía, tampoco es ajena a la parálisis. La federación de constructores no ha constatado por el momento ninguna promoción relevante de promoción de viviendas paralizada, pero la mayoría de las empresas están acabando a duras penas las promociones que tienen en pie. De momento, sólo en las zonas de la periferia de la capital jiennense se está apreciando una desaceleración. En la capital, el Ayuntamiento se ha comprometido a construir unas 3.500 viviendas protegidas aprovechando la liberación de suelo por parte de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), pero entre los constructores se recela de que en Jaén no haya mercado suficiente para poder afrontar los pagos de tantas viviendas.

El empeoramiento del sector también salpica a las administraciones. El Ayuntamiento de Córdoba no ha podido vender el suelo municipal para levantar viviendas libres que tenía previsto en la zona de Poniente. Esperaba ingresar nueve millones de euros en la operación, pero ninguna de las promotoras pudieron quedarse con los 10.000 metros cuadrados de suelo. Urbanismo sostiene que detrás de la operación fallida están los bancos, que ya no financian como antes estas operaciones. En algunos municipios de Málaga como Rincón de la Victoria, los ingresos por licencias de obras han caído hasta un 93% en un año. En la capital, los ingresos por tasas urbanísticas y venta de suelo han bajado hasta un 15%.

Esto no ha impedido que el Ayuntamiento de Málaga haya sacado a subasta una parcela de suelo municipal -que por ley debería ser destinada a VPO- para construir 25 viviendas libres. El precio de salida será de 5,7 millones de euros, lo que hará que cada piso cueste al menos 570.000 euros. Como en los mejores tiempos de la difunta burbuja inmobiliaria.

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Una cochera convertida en insano hogar por falta de dinero
La Opinión de Málaga (Andalucía) - 09 de mayo de 2008
 
 
Un matrimonio y sus dos hijas de corta edad se han visto obligados a trasformar un viejo garaje en vivienda. La humedad y las ratas están por todas partes

Humedades y goteras por todas partes, poco espacio para moverse y casi sin luz natural. Así vive una familia de Ronda, que ante la falta de recursos se ha visto obligada a alquilar una cochera como hogar en la barriada de Las Peñas. Bella Isabel Rivera, su esposo Jesús Pérez, y sus dos hijas, Belén y Susana (de 9 meses y 5 años de edad, respectivamente), llevan en esta situación más de nueve meses: "Sólo queremos una vivienda digna, pero nuestra situación actual no nos lo permite", relata angustiada la madre. Mientras, el padre, sentado en la cama, situada a escasos centímetros de la hornilla, la mesa camilla y el televisor, relata que desde hace un año está en paro y que los cerca de 600 euros que percibe de subsidio no le alcanzan para mantener a su familia. "Antes trabajaba como repartidor de verduras, pero la cosa está mal ahora y me he quedado sin empleo y sin apenas dinero", explica con preocupación en sus ojos.

Lo más alarmante es que en el insano recinto entran todo tipo de "bichos", afirma Bella Isabel. "En más de una ocasión he tenido que espantar a las ratas que se acercaban a nuestra comida", explica con cierto asco en sus palabras. Los resfriados son continuos entre los miembros de la familia y cada vez que van al médico le dicen lo mismo: que los catarros y la tos son provocados por la humedad de la cochera. La pareja paga 180 euros de alquiler al mes por el habitáculo y el Ayuntamiento de Ronda aporta la mitad de este dinero. "Le hemos propuesto que alquilen un piso en condiciones y pagarle la mitad, pero dicen que no pueden poner más dinero, porque les hace falta para alimentar a las pequeñas", comentó Yolanda Ramírez, delegada municipal de Bienestar Social, quien ha informado a la Junta de Andalucía para que adjudique a esta familia una de las viviendas sociales vacías en la barriada de La Dehesa. El Consistorio también paga los 120 euros del comedor de Susana en un colegio de la zona. "El alcalde estuvo aquí hace tres meses y dijo que todo se arreglaría, pero seguimos esperando", afirma Bella, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario, para que sus hijas tengan un techo en condiciones.

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«Me presenté a una VPO no a Marina D'Or»
Ideal.es (Andalucía) - 08 de mayo de 2008
 
 
Los 'agraciados' en el sorteo se lamentan: «Me piden 400 euros por un piso de un dormitorio»

EVA sacó el número uno en el sorteo de uno de los bloques. A los pocos días la llamaron para que escogiera el piso que quisiera. Pensó que con uno de un dormitorio se apañaría y preguntó el precio: «Me pidieron entre 350 y 400 euros. Ahora vivo en un piso alquilado y con la ayuda a menores de 35 años pago menos». Eva no ve por ningún lado dónde está la ventaja de que le haya tocado una VPO.

Eva había seguido todos los pasos asesorada por la Concejalía de Juventud. La sorpresa fue cuando le pidieron cerca de 5.000 euros más para poder entrar en un piso en el que todavía -un año después del sorteo- no vive. La empresa le reclamaba un aval de un año de alquiler.

No le ha ido mucho mejor a Andrea, por lo que cuenta. Para empezar su bola salió en el número 79 y pilló piso por los pelos. La última. Denuncia que la promotora le reclama 550 de alquiler y un aval de 25.000 euros si quiere firmar por cinco años.

A otra chica los problemas le han surgido conforme los resolvía. Logró que un banco le anticipara los 5.000 euros del aval. Pero cuando ya los tenía recibió un burofax de la empresa en el que le pedían 25.000 euros por anticipado.

Cabreados

Los 'agraciados' comentan que la explicación que les dan las empresas para los sustanciosos avales es que de ese modo se selecciona al vecindario: «Pero es que yo me presenté a un piso de VPO, no a Marina D'Or», ironiza Eva.

Más cabreado está Sebastián, que piensa que la intención de las empresas es 'librarse' de los jóvenes que salieron en el sorteo para poder alquilar los pisos por su cuenta: «Se están ofreciendo como si fueran viviendas libres. Esta es una manera mafiosa que tienen de quitarse a la gente de encima. Cuando llevas un aval te piden más. Y al final te envían un burofax para que lleves todos los papeles en el día que te dicen y si no renuncias». Sebastián critica que el Ayuntamiento se ha «desentendido» y teme que las empresas tomen «represalias».

Así ha acabado la que fue una de las propuestas estrellas más repetidas durante los cuatro primeros años de Torres Hurtado. El proceso comenzó en el último trimestre de 2003, cuando se sacaron a la venta las cuatro parcelas de titularidad municipal.

El sorteo se celebró por todo lo alto el 7 de mayo de 2007. Ese día ni siquiera todas las viviendas que entraron en el bombo tenían aún la calificación de VPO.

Las caras de alegría eran anchas. Un bloque entero, de 111 viviendas, estaba destinado a menores de 35 años y mayores de 65.

Ayer se cumplió un año y el problema sigue vivo.

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Unos jóvenes constructores andaluces 'rompen' el mercado
ElPlural.com (Andalucía) - 04 de mayo de 2008
 
 
Con precios sociales. Una empresa malagueña construye viviendas a precios muy por debajo de mercado

El acceso a la vivienda es el grave problema pendiente de abordar. Los costes, las hipotecas y lo caro del suelo, hacen para muchos de este derecho un sueño lejano. En Mollina (Málaga), unos empresarios jóvenes y tal vez soñadores, están apostando -reduciendo mucho los beneficios- por hacer de la utopía realidad, ofreciendo viviendas a precios muy por debajo del mercado en distintas localidades andaluzas. Los hemos entrevistado para El Plural/Andalucía para conocer la filosofía de su empresa. Hablamos con José Manuel Torres, uno de los propietarios y gerente. Lo primero que nos ha chocado ha sido ver una web de una empresa constructora, encabezada por el artículo 47 de la Constitución que habla del derecho a la vivienda. Tal vez sean unos soñadores pero de momento le están echando un pulso al voraz mercado malagueño y les va muy bien. Su lema, o mas bién pasión y vocación, es el creer de verdad en la vivienda protegida y reducir mucho los beneficios. Su expansión está siendo fulgurante con construcciones en Oria, Arboleas y Vera (Almería), Sierra de Yeguas, Campillos, Cuevas de San Marcos (Málaga) y con proyectos inmediatos en la costa oriental malagueña como Torrox y Rincón de la Victoria. Esta es la charla con José Manuel Torres de la empresa Promotogar Proyectos Integrales, un empresario con sueños.

¿Cree en la utopía del acceso a la vivienda para los jóvenes sin la doble hipoteca de sus vidas y de sus economías? Evidentemente he de creer en la utopía, y de hecho le planteo una cuestión: ¿es posible tener un adosado de 90 m2 de protección oficial y a un precio de 84.000 €?, yo le respondería que sí, y además con una hipoteca que no supera los 310 € al mes. Creo que de esta manera no se está doblemente hipotecado. Sencillamente somos una empresa que nos preocupa la economía familiar de nuestros clientes y gracia a ellos, construimos viviendas muy por debajo del precio del mercado.

¿Tiene su empresa un parte de ilusión y de sueño social? He de reconocer que la ilusión es una de las armas más poderosas de las que disponemos, es la que hace que busquemos con mucho ímpetu futuros suelos para poder construir viviendas de protección pública, es la que nos da fuerza para luchar contra las adversidades e intereses de agentes contrarios a nuestra filosofía de construcción y nos permite ir cumpliendo con ese objetivo social que nos impusimos cuando creamos Promotogar Proyectos Integrales, cuya sede central se encuentra en la localidad de Mollina.

¿Nos les gusta ganar mucho dinero como al resto de promotoras y constructoras? ¿Les ven como unos intrusos progresistas? Simplemente consideramos ganar lo justo, sin abusos, porque cuando se abusa de algo, acto seguido viene la indigestión, ¿puede ser lo que está pasando hoy? Nuestra metodología es construir viviendas de una manera industrializada, es como una cadena de producción de cualquier otro producto. Es con esta industrialización de la vivienda, con la que empezamos a marcar nuestros beneficios acorde al sentido común. Antes sí nos veían como un problema y hoy por hoy, lo que sí notamos es que muchas de las empresas promotoras y constructoras de renta libre están buscando asesoramiento de Promotogar Proyectos Integrales. Entonces, para los que en su día fuimos unos ilusos, unos intrusos, hoy somos parte de la solución a sus problemas.

¿Cómo consigue beneficios a unos precios tan ajustados y con calidad mientras otros no reducen alegando los altos costos de producción? Es una cuestión de estrategia comercial formada por 3 empresas, cada una especializada en un área concreta: área de gestiones, promotora y constructora. Se ha creado una unión de 3 empresas para poder abordar el círculo completo de construcción de viviendas protegidas. Además se ha innovado en el sistema constructivo, para poder optimizar el tiempo de ejecución. Así lo que otra empresa tardaría 24 meses en construir, nosotros lo hacemos en 12. Mezclando todos estos ingredientes conseguimos construir viviendas de protección en el tiempo y a un precio razonable.

¿Cree que cualquier empresa del sector podría ofrecer los precios que ofrecen en cualquier provincia andaluza? Si asumen nuestra filosofía tal vez tengan más probabilidades de conseguirlo, simplemente ha de asumirse que una vivienda protegida no es una de renta libre en cuanto a beneficios. Si asumen este principio, entonces estarán preparados para incorporarse a este mercado y si no lo tienen claro, por supuesto que ni lo intenten. Actualmente nuestro campo de acción se está centrando en la provincia de Málaga y Almería, puesto que fue en estas provincias donde nacieron nuestras empresas. Más adelante crearemos una delegación en cada provincia de Andalucía.

Las empresas del sector de la construcción habitualmente echan sus redes en la costa, ¿se ha planteado su empresa construir a unos precios asequibles en la costa? De hecho ya nos hemos introducido en la Costa oriental de Málaga, empezando por el municipio de Torrox, donde recientemente hemos licitado en un concurso del Ayuntamiento para poder adquirir un solar donde poder construir unas 28 viviendas plurifamiliares, a unos precios que rondarán los 105.000 €, en segunda línea de playa y en plena zona residencial extranjera, algo que hace un año era impensable. Si nuestras predicciones siguen el curso correcto, entonces el solar será nuestro. Además estamos haciendo estudios de viabilidad en Rincón de la Victoria, exactamente en los alrededores del Campo de golf de Añoreta, también a unos precios similares a los de Torrox.

En los últimos meses en empresas del ramo se está viendo como tienen que cerrar o despedir a trabajadores porque no venden las promociones que estaban realizando ¿Le puede suceder lo mismo sigue trabajando sobre beneficios menores? Nosotros establecimos unos beneficios mínimos y lo asumimos las 3 empresas, entonces es aquí donde marcamos el techo máximo al cual podemos llegar. Si lo tenemos claro, y nuestras promociones confirman actualmente que nuestros análisis son correctos, pues entonces podremos seguir adelante. Las viviendas de protección pública exigen eficacia, rendimiento y calidad, y ese es el pan nuestro de cada día.

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La vivienda, un derecho
Diario de Córdoba (Andalucía) - 30 de abril de 2008
 
 
Nuestra democracia se ve incapaz de garantizar este derecho constitucional a la ciudadanía y mucho menos a quien más lo necesita. Aumenta la exclusión social. Jóvenes, mujeres, pensionistas, emigrantes, parados, cada vez trabajamos más por menos salario y menos prestaciones.

La Junta calcula que hacen falta unas 700.000 viviendas sociales. Las familias están endeudadas, empobrecidas, por el euribor, en Córdoba destinamos el 65% del salario anual para una hipoteca media. El precio de la vivienda subió el pasado año 10 puntos por encima del salario pactado.

Los bancos, que han ganado cifras escandalosas, han creado la burbuja inmobiliaria. Demasiada corrupción consentida, la Administración ha preferido "el pan para hoy..." de la exuberante industria del ladrillo. Ahora hemos llegado al límite de esta situación de falso crecimiento. El paro aparece con toda su crudeza.

Los distintos planes, pactos de vivienda tanto nacionales como andaluces, crean falsas expectativas ya que no recogen acuerdos para tramitar ágilmente la titularidad del suelo, ni aumentar el porcentaje que reciben los ayuntamientos de sistemas generales y vivienda para inversión, ya bajado por el PP del 15% al 10. Las normativas de la Ley de Ordenación del Suelo llegan a ser tediosas, y lo más sorprendente, el procedimiento es el mismo para las promociones públicas que para las privadas.

La vivienda social es ya una emergencia, mientras hemos asistido a la construcción de zonas residenciales a precios desorbitados y todo se vendía. Apenas unas migajas para los pobres, cada vez más lejos del derecho a una vivienda digna. Los alquileres escasos y disparados, encontrar una vivienda para emanciparse es cada vez más difícil y se dan toda clase de abusos y especulaciones. ¡Con todas las viviendas vacías que hay¡. En Andalucía se calcula que hay 1,3 millones de viviendas no principales, de las que 620.000 son segunda residencia y 630.000 están vacías por motivos especulativos. En nuestro país existe la cultura del patrimonio, de la vivienda en propiedad, preferimos hipotecarnos de por vida que fomentar una cultura política de alquiler que garantice viviendas suficientes a precios asequibles

La promoción pública apenas ha cubierto un porcentaje mínimo, salvando el compromiso de Vimcorsa tanto en propiedad como en alquiler, 6.000 viviendas construidas, 15.000 rehabilitadas, en la atención a los colectivos con especiales necesidades, cupos para jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, problemas de movilidad. Además de otros programas como ayudas al alquiler, agencia de alquiler, permutas, adaptación para la movilidad. Todo con recursos propios, sin subvención del Ayuntamiento.

Desde IU abogamos por una revisión profunda de las políticas de vivienda ya que corremos el riesgo de que la promoción pública, ante el estancamiento del sector de la construcción y sus consecuencias: paro, cierres en la industria de los materiales, inmobiliarias... construya por construir, sin antes poner a disposición de la sociedad con políticas sociales eficaces las viviendas vacías, gravando, no solo blindando a los propietarios de 2 y 3 viviendas. Se fomente la rehabilitación y conservación del patrimonio residencial. Se incluyan cupos de inserción... En definitiva, fomentar las políticas de alquiler, en los próximos 20 años, 450.000 viviendas vacías podrían estar destinadas a políticas sociales.

Garantizar una vivienda pública a las familias andaluzas, cuyos ingresos no superen los 1.250 euros, permitiendo reclamar a la Junta en los tribunales este derecho. Y no a las familias de recursos inferiores a los 3.100 euros como propone la Junta.

Para analizar y planificar la realidad social y económica en materia de vivienda, se propone la creación del Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana. Solo así conseguiremos una ciudad habitable para todos y para todas, sostenible, y que los colectivos, especialmente los de mujeres jóvenes, mujeres pensionistas, mujeres emigrantes, mujeres solas con cargas familiares, puedan tener una vida digna sin tener que soportar las situaciones que se ven forzadas a sufrir por no tener una vivienda. El derecho a la vivienda, que se garantice, habla de nuestra sociedad, de la salud de su Estado de Bienestar, de su vertebración, de su capacidad de inclusión, de la felicidad de su ciudadanía.

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Galicia
 
La venta de pisos ya cae un 50%
El Correo Gallego (Galicia) - 06 de mayo de 2008
 
 
El presidente de los promotores inmobiliarios de Pontevedra advierte de que el precio de la vivienda nueva no bajará ·· Señala que las exigencias urbanísticas de la Xunta encarecerán las construcciones hasta en un 20 ó 25% ·· Este sobrecoste será abonado por el comprador

Con lo "peor" de la crisis de la construcción por llegar, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Pontevedra (Aproin), advierte de que en el primer trimestre de 2008, la venta de pisos está en caída libre en Galicia, con un descenso de entre el 40 y 50% con respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras todavía son susceptibles de empeorar como consecuencia del futuro encarecimiento de los pisos, entre un 20 y un 25%, por la aplicación de las normativas del Hábitat, así como de la ordenación de costas, entre otras, según alertan desde Aproin. "Las nuevas normas urbanísticas no han servido para ordenar el sector sino para paralizar las obras".

Los datos de la desaceleración del sector fueron proporcionados ayer por el presidente y el gerente de Aproin, Javier Garrido y Miguel Font, respectivamente, tras indicar que a pesar del descenso radical en las ventas, la provincia de Pontevedra se "salva" de la debacle por la escasa obra nueva iniciada. Garrido Valenzuela explica que según los últimos datos, la escrituración de pisos en Pontevedra cayó un 11% porque la mayor parte de las operaciones se corresponden con las compras realizadas hace un año "cuando las ventas se realizaban sobre plano".

Garrido explica que aunque la mayor parte de las empresas de la construcción de Galicia son compañías "muy patrimonializadas" y con unas estructuras financieras "muy equilibradas", su gran "temor" gira en torno a los posibles problemas de liquidez como consecuencia de que se mantenga la caída de las ventas de viviendas, de ahí que abogue por nuevos planes de negocio para el sector.

Miguel Font afirma que la crisis se debe, sobre todo, a la "falta de confianza" de los consumidores, además de a la situación financiera. Asegura que aunque muchas personas han aplazado su proyecto de comprar una vivienda con la expectativa de un descenso en los precios, esta situación no se va a dar en los de nueva construcción. Indica que el precio del suelo pagado por los promotores con "todas sus cargas especulativas" hace inviable cualquier rebaja. Señala que este es precisamente el mejor momento para adquirir un piso.

Estrategia versus crisis

Las estrategias para que las empresas de la construcción superen la crisis serán el eje de las dos jornadas jurídico-técnicas que se desarrollarán entre el 7 y 8 de mayo en el colaboración con Caixanova. Participarán expertos que han aplicado fórmulas imaginativas como la construcción de empresas mixtas, entre Administración y promotores privados, para que éstos mantengan el nivel de actividad hasta que se supere la situación actual. Con la perspectiva de que la crisis se prolongará hasta 2010, los promotores serán informados sobre la posibilidad de acudir a los procesos concursales y pactar con los acreedores.

El subdirector de Caixanova Lino Comesaña expresó el interés de la entidad porque "la crisis sea lo más suave posible" anticipando que la caja "aportará lo que tenga que aportar".

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El 40% de los pisos nuevos serán de protección
20 Minutos (Galicia) - 12 de mayo de 2008
 
 
El Parlamento gallego aprobará la Lei do Solo. Afecta, sobre todo, a las ciudades. No podrá haber urbanizaciones sólo con viviendas protección oficial.

Esta semana entrará en vigor la Lei do Solo, que obligará a los municipios gallegos a reservar buena parte de sus nuevas viviendas a pisos de protección. La medida será aprobada esta semana por le Parlamento, según confirmaron desde la Consellería de Vivenda, y afectará sobre todo a grandes localidades.

Así, en ciudades y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (21 de los 315 municipios que hay en Galicia), el 40% de los pisos de nueva construcción serán de protección oficial. Ese porcentaje se reduce hasta el 30% en el resto de municipios. Pero todos, sin excepción, deberán incluir esas exigencias de la Lei do Solo en sus planes generales.

Nada de guetos

La nueva normativa, acordada por la Consellería de Vivenda y la de Política Territorial, establece también la obligación de no construir las viviendas protegidas en núcleos concentrados para evitar la creación de guetos y la separación de la población en función de su renta. Esto evitará que se creen zonas sólo con pisos sociales, como ocurre en el barrio de Navia (en Vigo) y el de Mesoiro (A Coruña.

La nueva Lei do Solo pretende hacer frente a la gran demanda de vivienda protegida en Galicia, sobre todo en las grandes ciudades. Un ejemplo de esta avalancha es que, en A Coruña, a la convocatoria de los pisos sociales de la Fábrica de Tabacos se presentaron más de 11.000 vecinos. Y en Vigo, cada mes 700 personas se inscriben en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida. En la comunidad, más de la mitad de los que piden una VPO tienen entre 25 y 35 años, y el 37% no gana más de 1.000 euros al mes.

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El dueño de la promotora Carreiro Martínez regresa de Brasil
El Correo Gallego (Galicia) - 11 de mayo de 2008
 
 
José Manuel Carreira, acusado de dejar tirados a decenas de operarios, está muy enfermo y regresa hoy. UGT señala que "antes de irse conocía cuál era la situación de sus empleados y no hizo nada"

José Manuel Carreira Martínez, el fundador de la empresa Construcciones Carreira y Martínez, regresa hoy a Santiago tras estar quince días en Brasil.

En el país carioca, el empresario, de 48 años, "intentó vender unos terrenos edificables que posee cerca de San Paulo para lograr liquidez económica" y "afrontar, con este dinero", la situación de quiebra en la que presuntamente se encuentra su empresa, ubicada en Compostela, señalaron a este diario algunos familiares.

Carreira Martínez no pudo evitar, sin embargo, que el pasado viernes saltara a la prensa la difícil situación por la que atraviesa. Y es que, como señaló Jesús María Calvo, secretario de Metal, Construcción y Afines de UGT en la comarca de Compostela, "sus trabajadores llevan dos meses sin cobrar", y las obras "están paralizadas porque los proveedores ya no suministran material a esta firma".

Algunos de estos operarios han renunciado "a las indemnizaciones para poder apuntarse al paro, y otros, de origen extranjero, están en una situación realmente difícil".

"Tememos la espantada"

Jesús María Calvo, de UGT, confiesa que "esperamos que el dueño regrese, como se dice, el lunes, se ponga al frente de la empresa y tome las decisiones que hay que tomar". Pero "tememos la espantada". Y es que, según este representante de UGT, "se fue a Brasil hace quince días, cuando sabía cuál era la situación de crisis que había aquí". Además, "se está produciendo un vacío de poder, pues ningún cargo de la empresa asume decisiones ni es capaz de presentar concurso de acreedores o quiebra. Nadie toma las riendas en su ausencia".

Por otro lado, "desde una perspectiva sindical, y visto los precedentes que se han dado en otras firmas y con otros empresarios, da qué pensar que se haya ido a Brasil...", señala. Y, a la pregunta del periodista de por qué motivo cree que se fue, Calvo responde que "no lo sé. Parece que se mezclan asuntos de negocios y personales pero, realmente, no tenemos conocimiento de la razón, ni si tiene pensado regresar, aunque ojalá lo haga".

Este diario también se puso ayer en contacto con el jefe de Producción de Construcciones Carreira y Martínez, quien declaró que "hasta el lunes no puedo decir nada", comentó. Este alto cargo añadió, sin embargo, que "hay una crisis a nivel general, pero las cosas deben tener una solución, y hay que buscarla encima de la mesa". También dejó ver que "no es cierto que haya vacío de poder", y que "la empresa ha hablado con todos los obreros".

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Inicio de demolición de construcciones en 1ª línea de playa
xornal.com (Galicia) - 12 de mayo de 2008
 
 
La Demarcación de Costas en Galicia articula esta actuación en Pontedeume (A Coruña). Se demolerá un restaurante, y tras el verano, un hotel situado a su lado.

La Demarcación de Costas del Estado en Galicia, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, inicia la demolición del restaurante Anduriña en la primera línea de la Playa de Ber, en el Concello coruñés de Pontedeume. Esta construcción fue adquirida junto con un hotel colindante (hotel Marmolito) por el Gobierno el pasado mes de agosto, dentro del Programa de Adquisición de Fincas en el litoral español. El coste de esta adquisición ascendió a 3 millones de euros al que se suman los casi 600.000 euros del coste de la demolición, que ejecuta la empresa pública Tragsa.

La compra de fincas en la costa es una forma de ensanchar la estrecha franja del dominio público marítimo-terrestre, que sufre la creciente presión urbanística y de usos en el litoral, al tiempo que los efectos cada vez más perceptibles del cambio climático. El objetivo final es recuperar la costa respetando las características medioambientales y paisajísticas de cada zona y facilitando el uso y disfrute de ésta a todos los ciudadanos.

Proceso de demolición

El proceso de demolición se inicia con el restaurante Anduriña mientras que le hotel se demolerá después del verano. El restaurante es un edificio de dos pisos con planta de 300 metros cuadrados y fachada de ladrillo. En total, se retirarán más de 2.000 m3 de residuos, que serán remitidos a un gestor autorizado para su tratamiento. En el trabajo de demolición se emplea una retroexcavadora sobre orugas, una pala cargadora sobre ruedas, cuatro camiones de transporte y cuatro contenedores de separación de residuos de obra, junto con personal técnico y cuadrillas de apoyo.

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Ley del Hábitat: La Fegamp espera la llamada de Vivenda
La Voz de Galicia (Galicia) - 07 de mayo de 2008
 
 
Pide un marco de diálogo específico para tratar el asunto al margen del comité asesor

La dirección de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) apremió ayer a la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas (BNG), a habilitar un marco específico de diálogo para debatir el impacto de las Normas do Hábitat aprobadas por la Xunta en la autonomía de los concellos. El presidente del órgano municipalista, el socialista Carlos Fernández, aseguró que no han recibido ninguna llamada de la conselleira para tratar de llegar a un acuerdo que evitaría la presentación final del recurso contencioso contra ese decreto que ya han anunciado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Fernández reiteró que el ámbito del comité asesor previsto dentro de las Normas do Hábitat, y que se constituirá en los próximos días con representación de los alcaldes y del resto de los sectores implicados, «non é o foro apropiado» para abordar las quejas de la Fegamp. Alegó que ese comité trata de resolver cuestiones puntuales sobre la aplicación de las normas, pero no aspectos de su propia naturaleza que, a juicio de los alcaldes de PSOE y PP, afectan a la autonomía municipal e interfieren en los planeamientos.

En una comparecencia ante la prensa en que estuvo acompañado del vicepresidente del órgano, Perfecto Rodríguez (PP), Carlos Fernández puso como ejemplo de la posibilidad de llegar a un acuerdo la negociación sobre el anteproyecto de Lei de Vivenda, que permitió modificar 29 artículos del texto inicial. «Iso mesmo queremos facer co decreto do hábitat», incidió. El responsable de la Fegamp puntualizó que esa actitud no supone un paso atrás respecto a la decisión de presentar una demanda explícita contra las normas, aunque «se fose posible negociar antes» del plazo para hacerla efectiva «non a formularíamos e os nosos avogados deixarían decaer ese contencioso», comprometió.

Carlos Fernández remarcó que los alcaldes no tienen nada en contra de la mejora de las viviendas ni ninguna «animadversión» contra la gestión del BNG en la Xunta.

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El TSXG paraliza una promoción de 700 viviendas en Miño
La Voz de Galicia (Galicia) - 13 de mayo de 2008
 
 
La firma Vallehermoso impugna el plan parcial para desarrollar la obra que perdió frente a una UTE de Lugo. La sentencia del Tribunal Superior paraliza un proyecto que preveía edificar unas 15 hectáreas.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado un auto de paralización de una urbanización de 700 viviendas en una zona del municipio coruñés de Miño llamada monte Piñeiro. El desarrollo de esta área, conocida ya como el nuevo Miño, fue impugnado por dos de las firmas que optaron al concurso, Vallehermoso y Areal, que perdieron frente a una UTE formada por tres empresas de Lugo.

Uno de los procesos iniciados por la empresa Vallehermoso es el que ha terminado en una paralización cautelar, que ha sido recurrida por el Concello, desde donde aseguran que no se les dio opción a presentar alegaciones. Por su parte, Vallehermoso pide la anulación del plan parcial para esta área por errores en su tramitación. El alcalde, el popular Juan Maceiras, defiende la transparencia del proceso y del concurso en contra de lo que afirman las empresas afectadas, el PSOE de Miño, una plataforma de afectados y varias asociaciones ecologistas.

Los socialistas consideran que la aprobación fue «cuando menos turbia», sobre todo en cuanto a las expropiaciones -las segundas más elevadas en el municipio después de las realizadas por Fadesa para la construcción de 1.500 viviendas- y a la sostenibilidad del proyecto, que incluye la construcción de más de 700 casas, un edificio municipal, además de zonas comerciales, aparcamientos y parques en una superficie total de 15 hectáreas.

La plataforma de afectados se queja del modo en el que se gestionó el proyecto y por eso se ha personado en parte de la decena de causas abiertas contra el mismo. Además, entidades ecologistas como Verdegaia o Alternativa Miñoterra alertan de que amenaza a la marisma de Baixoi, ya que el propio estudio medioambiental alerta de que «las repercusiones alcanzarían a los procesos de sedimentación de la marisma, a su vegetación y sobre todo a su fauna». También dicen que el funcionamiento del sistema de drenaje artificial de pluviales implicará un cambio en la salinidad de la marisma. Por último, critican que se pretenda «urbanizar innecesariamente un dos escasos espazos verdes que quedan no municipio, susceptible de ser aproveitado como o grande pulmón verde da vila de Miño».

En fase de expropiaciones

El Concello de Miño logró aprobar el plan parcial el año pasado y ahora se estaban llevando a cabo las expropiaciones (el 60% de las 15 hectáreas). Curiosamente, además de algún particular, son dos firmas las afectadas y cobrarán un precio mucho menor al de otros propietarios, según denuncia la plataforma de afectados.

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El Ayuntamiento de Ourense recurrirá la anulación del PXOM
La Región (Galicia) - 00 de de 0000
 
 
Caride garantiza las inversiones de los ourensanos y anuncia un convenio para cofinanciar el 50% de la ejecución del plan

El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, anunció hoy en Santiago que el Ayuntamiento presentará un recurso de casación en el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ouresano, que será revisado, mientras que los servicios jurídicos de la Xunta estudia también la presentación de un recurso.

Tras la reunión mantenida hoy con la conselleira de Política Territorial, María José Caride, el regidor ourensano aseguró que el desarrollo urbano de la ciudad ‘no va a sufrir ningún parón’ y garantizó una ‘situación de normalidad’.

En este sentido, avanzó que en los próximos días se elaborarán un pliego que permita adjudicar en breve una revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal con el objetivo de trabajar para ‘garantizar el pleno y normal desarrollo de la actividad urbanística de Ourense’.

Rodríguez insistió en que el PXOM, en vigor desde 2003, ‘era inviable técnicamente y no defendía el interés de Ourense ni de sus ciudadanos’. No obstante, no aclaró si la intención del Ayuntamiento consiste en revisar el plan actual únicamente para efectuar cambios o elaborar uno nuevo. ‘A priori estamos pensando en aprovechar lo aprovechable del plan y revisar todas las cosas que están mal’, aseveró.

Caride lanzó un mensaje de ‘tranquilidad para todas las inversiones en Ourense’ y apostó por ‘resolver los problemas que se puedan derivar de la sentencia judicial’ para que ‘la evolución de la ciudad no se vea limitada’, por lo que valoró la ‘responsabilidad’ del Ayuntamiento de recurrir la sentencia, para lo que dispone de nueve días de plazo, y comentó que la Xunta evaluará la posibilidad ‘de interponer o no’ un recurso de casación.

Caride explicó, al respecto, que el recurso de casación permite ‘tener margen para resolver problemas’ que presenta el PGOM, por lo que apostó por ‘corregir los problemas’ del plan ‘para dar todas las garantías a los ciudadanos’.

Asimismo, la conselleira anunció que ‘de inmediato’ trabajarán en un convenio de colaboración entre ambas administraciones que permita cofinanciar el 50% de la ejecución del plan general ‘como ocurre en las ciudades de Galicia’. ‘El Ayuntamiento revisará el planeamiento para que sea perfectamente legal y se resuelvan los problemas que está detectando’, subrayó.

INCOHERENCIAS.

El regidor municipal apuntó ‘incoherencias’ en el documento urbanístico, tanto de carácter técnico como de ejecución, como ‘recalificaciones de zonas no urbanizables’, viales que no debían estar y otros que no están y deberían, entre otras.

De este modo, aclaró que con el recurso, pretenden ‘tener un tiempo para trabajar en modificar’ las incoherencias. Por ello, justificó la decisión de recurrir la sentencia del TSXG para ‘que permita trabajar’ --en caso contrario entraría en vigor el PXOM de 1986--.

También la conselleira de Política Territorial incidió en que en la aprobación del planeamiento se registró ‘un problema grave de ausencia de rigor’ y abogó por ‘evitar que entre en vigor el anterior plan’. ‘No se puede permitir’, aseveró y apostó por ‘atacar el problema de fondo’ para que los ciudadanos ‘tengan total garantía sobre las inversiones’.

MAXIMO CONSENSO.

La titular de Política Territorial apeló a buscar el ‘máximo consenso’ para que el documento urbanístico ‘salga con la máxima agilidad y Ourense no vea limitadas las posibilidades de crecer’. ‘El alcalde va a tener un esfuerzo intenso en la búsqueda de máximo consenso’, apostilló.

‘La Alcaldía no va a escatimar esfuerzos para conseguir el consenso’, apuntó el regidor local, al tiempo que matizó que ‘un planeamiento trasciende más allá de un periodo de gobierno’. ‘Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario’, reconoció al respecto de alcanzar un consenso con los partidos políticos y el sector de la construcción para contar con un documento ‘que permita un desarrollo tranquilo y ordenador para la ciudad’.

Con todo, Rodríguez calificó de ‘grave’ la exposición pública incorrecta del PXOM anulado, por lo que abogó porque ‘si de esto se derivan otras responsabilidades --penales--, alguien tendría que responder de ellas’. ‘Si hubo alguna responsabilidad habría que dirimirla’, sentenció.

OTROS PLANES.

Preguntada por situaciones similares en otros municipios, Caride recordó que ‘hay más recursos en otros’ ayuntamientos, en los que hay documentos urbanísticos anulados por sentencia judicial, como en el caso de Carballo --que está recurrido-y de Verín y Gondomar --con sentencia firme--.

Esa situación, según reconoció, provoca ‘problemas graves’, por lo que insistió en que ‘se pongan a trabajar ya en el nuevo PXOM’. Con todo, la conselleira defendió el trabajo de la Xunta que, según puntualizó, realiza ‘con rigor’.

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La Xunta tumba el PXOM de Moaña por su previsión irreal
La Voz de Galicia (Galicia) - 07 de mayo de 2008
 
 
El documento vuelve al Concello para que corrija los múltiples errores

La Xunta denegó la aprobación definitiva al Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moaña por su excesiva previsión de viviendas, por infringir la Ley de Costas, por presentar numerosos errores en la clasificación de los distintos tipos de suelo, por carecer de los informes de Costas y Puertos del Estado (que llegaron al Concello fuera de plazo) y por contar con uno negativo de Patrimonio.

El documento vuelve al Concello para, una vez corregidas las deficiencias, ser sometido de nuevo a aprobación provisional por el pleno, previa a la aprobación definitiva por la Consellería de Política Territorial. El informe especifica que la capacidad residencial que prevé el plan significa duplicar el número de viviendas existentes (6.876 en el 2001, cuando se inició la redacción del PXOM y, aproximadamente, 7.700 en la actualidad).

El documento contempla una superficie total residencial de 2,7 millones de metros cuadrados. La Xunta estima que darían pie a 13.772 viviendas, un incremento que no se justifica con el crecimiento demográfico de Moaña, que cuenta con 18.578 habitantes y una previsión, considerando la hipótesis más optimista, de 528 nuevos vecinos en el 2017, el año en el horizonte del PXOM.

«O plan debe ser coherente coas expectativas de crecemento reais. A capacidade residencial ten que ser congruente coa previsión da demanda que se cuantifique», dice el informe. No es, a juicio de la Xunta, el caso. El Plan Xeral de Moaña no presenta una cuantificación razonada de la demanda estimada de viviendas.

El informe cuestiona la mayoría de los 17 espacios urbanizables no delimitados que contempla el plan y varios de los 12 delimitados. En unos casos, por estar afectados por la zona de protección de la costa; en otros, por cruzarlos cursos fluviales; y en varios, por haber sido catalogados en las normas aún en vigor como suelos de protección agrícola o forestal.

Polígono industrial

La Xunta tumba también el polígono industrial previsto en Cruz da Maceira, impulsado por un grupo de empresarios de la localidad. El principal motivo es que la totalidad de su superficie está en el espacio natural Montes do Morrazo, por lo que debe ser clasificado como suelo rústico de especial protección de espacios naturales. Lo sabían tanto los promotores como la corporación, pero las presiones de los primeros llevaron a los políticos a mantener el polígono en el Plan Xeral, a pesar del informe en contra previo de la Xunta.

El alcalde moañés resta importancia a este revés. Dice que si bien estaban ya pactadas varias correcciones, se esperó al informe para seguir una a una las exigencias de la Xunta.

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Castilla y León
 
Las Cortes de CyL piden un 'gran pacto nacional urgente'
Terra (Castilla y León) - 30 de abril de 2008
 
 
Las Cortes de Castilla y León han reclamado hoy que el Gobierno de la Nación promueva de forma urgente un 'gran pacto nacional' en materia de vivienda, que aborde los problemas derivados de la situación económica actual, tanto de las familias como de las empresas del sector de la construcción.

Con los votos favorables del Grupo Popular, argumentados por el procurador Juan Ramón Represa, la proposición no de ley aprobada incluye una batería de siete medidas para 'facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y reactivar el sector de la construcción de obra residencial'.

En concreto, se demanda una reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de la Ley de Propiedad Intelectual y de Enjuiciamiento Civil y la aplicación de un IVA reducido a todas las viviendas protegidas, que pase del 7 al 4 por ciento en viviendas protegidas de promoción privada, ya que las públicas ya llevan consigo esta reducción.

Además, la propuesta aprobada demanda que se revise el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda que concluye en el presente ejercicio, el incremento de los recursos estatales destinados a la vivienda, la modificación de la Ley del Suelo y el incremento de la licitación pública.

El Grupo Socialista, que se ha abstenido, ha defendido una enmienda de sustitución de la proposición del PP, porque considera que se trata de una iniciativa 'extemporánea', ya que el Ministerio del ramo ha propuesto ya un 'Pacto Estatal por la Vivienda', que involucraría a los mismos agentes citados por el PP.

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País Vasco
 
La mitad de hogares vascos en situación de pobreza extrema
NoticiasdeGuipuzkoa.com (País Vasco) - 06 de mayo de 2008
 
 
Pertenecen a inmigrantes. Más de 10.000 personas viven en esta situación en Euskadi. Un estudio del Gobierno Vasco constata que el 11% de la población quiere formar un hogar y no puede

La mitad de los hogares vascos convertidos en triste escenario de las formas de privación más graves y lacerantes por falta de medios económicos pertenecen a inmigrantes, un dato que resulta especialmente elocuente teniendo en cuenta que el colectivo, a pesar de su progresiva implantación, ni siquiera representa a día de hoy el 5% de la población vasca.

En más de 3.500 viviendas de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se vive de un modo habitual el penoso trance de no tener garantizado siquiera el alimento, de soportar los rigores del frío debido a la deplorable situación en la que se encuentran las destartaladas moradas, amén de un sinfín de penalidades para llegar a cubrir las necesidades más básicas.

Son más de 10.000 las personas que se levantan cada día en Euskadi abocadas a vivir esta encrucijada, y el 40% de ellas son inmigrantes.

El consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, presentó ayer en Donostia los resultados de la primera Estadística de Demanda de Servicios Sociales, elaborada tras realizar 4.500 encuestas en hogares vascos durante el último trimestre de 2006.

En un contexto global, el estudio refleja "la notable disminución de la pobreza subjetiva" -aquella que es percibida por los propios encuestados- , que desciende del 3,2% al 1% entre la población que se considera "pobre". Del mismo modo, el número de personas que ha dejado de vivir una situación de "privación multidimensional", que aboca a la reducción del gasto en las necesidades más básicas, también se ha reducido a la mitad, de 80.983 a poco más de 42.269 afectados.

Dentro de la evolución de la pobreza en el bienio 2004-2006, que Azkarraga llegó a calificar de "positiva", no se puede obviar el hecho de que las personas extranjeras sean las más afectadas, una realidad reflejada año tras año en informes solventes y cercanos a esta realidad como los que elabora Cáritas.

Así, el hecho de que un 21% de los hogares encabezados por personas extranjeras presenten "problemas multidimensionales de privación" frente al 1% que afecta a las moradas encabezadas por personas autóctonas, no pasó desapercibido ayer para el abogado y miembro de SOS Racismo Mikel Mazkiarán, quien lamentó las consecuencias que, a su entender, está trayendo consigo una Ley de Extranjería demasiado "severa".

"La situación está afectando de un modo especialmente grave a las mujeres de procedencia extra comunitaria, muchas de las cuales se ven abocadas a la marginalidad. Si queremos acabar con esta situación es preciso facilitar de una vez por todas el acceso al mercado de trabajo", sopesó.

El propio informe del Gobierno Vasco viene a avalar esta impresión y constata que la mayor prevalencia de las situaciones graves de privación se está dando en hogares encabezados por mujeres -en un 6,2% de los casos, frente al 2,3% de los hombres- y en personas cada vez más jóvenes, frecuentemente por debajo de los 35 años.

En cualquier caso, parece evidente que la pobreza y la privación se concentran de "forma desproporcionada" entre la población inmigrante.

desempleo La estadística también pone de manifiesto la estrecha relación existente entre esa privación y el desempleo. Así, el 3,7% de la población vasca en edad de trabajar -53.880 personas- tiene algún tipo de problema de inserción laboral y llega a soportar por ello la precariedad del empleo sumergido. En otras ocasiones, el desenlace es convertirse en un parado de larga duración.

En el 5% de los hogares vascos, -38.500 viviendas-, se encuentra alguno de estos sufrientes que, por mucho que buscan, no llegan a encontrar el empleo deseado y observan el futuro como un nubarrón de lo más negro.

Todo ello tiene un "doloroso" peaje. De hecho, un 11,5% de la población vasca asegura que quiere formar un hogar independiente y no puede hacerlo acuciada por unos problemas económicos que se antojan insalvables, a pesar de que tres de cada cuatro afectados están ocupados.

En algunos casos, la única alternativa posible es recurrir a las prestaciones de renta básica y Ayudas de Emergencia Social (AES), que percibió el 4,1% de los hogares vascos durante el bienio analizado.

Para paliar esta cruda realidad, Azkarraga apostó por continuar reforzando las políticas de activación socio-laboral, derivando a los perceptores de estas ayudas sociales hacia los servicios de empleo de manera que puedan acceder a puestos de trabajo de mayor calidad.

El consejero insistió en la necesidad de aumentar el salario mínimo interprofesional -competencia del Gobierno estatal- y posibilitar el acceso a una vivienda que merezca el apelativo de digna.

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Aumento del 40% en el número de suicidios
20 Minutos (País Vasco) - 23 de abril de 2008
 
La crisis económica es la principal causa. Según el Instituto Vasco de Medicina Legal, cada vez más vascos sufren patologías psiquiátricas. Advierte, además, de que es "muy difícil prevenir" una muerte de este tipo.

El mundo está en crisis y hay personas que no lo pueden soportar. La recesión económica que se vive a nivel global es una de las principales causas de que en Euskadi haya aumentado el número de suicidios en un 40% en tan sólo un año.

Mientras que desde 2002 había ido bajando poco a poco el número de suicidios, el año pasado se produjo un repunte: 176 las personas acabaron quitándose la vida, frente a las 123 que lo hicieron el año anterior, según el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML), que ha presentado hoy el balance de actividades del año pasado.

"Para algunas personas, la evolución socioeconómica y sociolaboral y, en general, afrontar la situación personal ante el déficit económico, les genera un estrés imposible de superar y les aboca al suicidio", ha señalado Carlos Cubero, director del IVML.

Asimismo, Cubero asegura que en los últimos años se ha constatado que el ritmo de vida ha provocado que cada vez haya más personas en Euskadi que padecen patologías psiquiátricas como la depresión y la ansiedad, y que éstas "pueden derivar en deseos de destrucción".

Además, según el director del centro, actualmente es difícil prevenir estos casos, debido a que "los que sufren estas enfermedades ya no están ingresados en centros", sino que se tiende a que vivan en familia y hagan vida normal.

Tres autopsias diarias

La Memoria del IVML, presentada por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, ha revelado que los forenses que ejercen en esta comunidad autónoma realizaron el año pasado 1.024 autopsias, una media de tres al día, de las que la mitad se debieron a muertes violentas (514). De éstas, la primera causa de fallecimiento fue precisamente el suicidio, seguida de las muertes casuales (167), debidas principalmente a caídas y al consumo de drogas.

En tercer lugar, con 125 fallecidos, aparecen los accidentes de tráfico. Los forenses detallaron que las autopsias realizadas a los cadáveres de los 63 conductores fallecidos confirmaron que diez de ellos conducían tras haber bebido alcohol y que nueve habían tomado drogas o psicofármacos.

Además, según ese estudio, en Euskadi murieron 37 trabajadores en accidente laboral, la mayoría de ellos por caídas en altura o aplastamientos, y se produjeron 9 homicidios, un 30% más que el año anterior, causados casi todos por arma blanca y en la comarca de Bilbao.

La evolución de los datos sobre la actividad que realizan los expertos en medicina legal desde hace cinco años describe, según ha destacado Azkarraga, un incremento de un 67% de los reconocimientos a víctimas de violencia de género y casi un 20% los reconocimientos tras agresiones sexuales.

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Castilla-La Mancha
 
BARREDA COMPRARÁ LOS PISOS 'INVENDIBLES' DEL POCERO
ReporteroDigital.com (Castilla-La Mancha) - 09 de mayo de 2008
 
 
Es de aurora boreal. Primero le dejaron construir a mansalva en una zona donde no había ni agua. Después le arroparon, cuando arreciaban las c´roticas contra él. Y ahora, en medio de la crisis, el presidente Barreda intenta sacar del pozo inmobiliario a el Pocero, comprándole los pisos.

El próximo lunes, día 12, se hará público el Plan que ha diseñado el presidente de Castilla-La Mancha, Barreda, para que el multimillonario Francisco Hernando, “el Pocero”, no tenga pisos sin vender ni dinero que perder.

Tras varios días de silencio, anunciará que se convierte en “agente inmobiliario” y con dinero de los ciudadanos va a comprar los pisos que en Castilla-La Mancha aún no se hayan vendido.

Barreda ha incumplido sistemáticamente sus propias propuestas y promesas electorales en materia de vivienda: construcción de 50.000 viviendas y aprobación de una Ley de Garantías.

Tras prometer mucho y no hacer nada, ahora, en plena crisis económica, opta por destinar el dinero de los castellano manchegos a solucionar el problema de “ciertos promotores urbanísticos” sobre los que no quiere dar explicación alguna. El presidente socialista de Castilla y La Mancha

Oscurantismo, falta de información y tremendas dudas que quizá el lunes, día 12, sean solventados por el presidente socialista de Castilla-La Mancha.

Hay mucha expectación por conocer si ese día, acompañado por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dará respuesta a tanto asunto turbio y si reconocerá que su gobierno socialista va a seguir ayudando y respaldando la macrourbanización de 13.500 viviendas que Francisco Hernando, “el Pocero”, ha venido construyendo en Seseña (Toledo).

Conviene recordar que –el denominado por los medios de comunicación como “pelotazo de la Sagra toledana”- ha venido estrechamente relacionado con el gobierno autónomo de Barreda, y que está inmerso en varios procedimientos judiciales.

La actuación urbanística realizada en el municipio toledano de Seseña consistió en promover suelo prescindiendo completamente del planeamiento urbanístico. Se hizo por medio de un Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) que es una figura de planeamiento parcial subordinada al Planeamiento General (Plan General y Plan de Ordenación Municipal).

Se trata de una propuesta mayor que todo el suelo urbano de Seseña, sin contemplar el PAU, sistemas generales, dotaciones adicionales o medidas de integración del núcleo urbano en el diseño propuesto.

Se construye una pequeña ciudad sobre el término municipal de un pueblo, completamente desconectada del mismo. Se hace aprovechando la total discrecionalidad del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, presidido por José Bono y con José Mª Barreda de vicepresidente.

Tiene lugar gracias a la información privilegiada en relación con la construcción de determinadas infraestructuras públicas. Se ejecuta por un promotor privado cuyos beneficios los obtiene al comprar suelo barato para recalificar y aprovecharse de las inversiones públicas de la zona sin que revierta nada de ese beneficio en las Administraciones públicas.

EL POZO DEL POCERO

El precio de la vivienda bajó de enero de 2007 a enero de 2008 un 3,08%, tras haber subido una media del 12,8% en los seis años anteriores. 2003, el año en que El Pocero puso en marcha su urbanización, fue el año del pico de los precios: subieron un 18% respecto al año anterior.

"Tardará años en vender lo construido y seguir con el plan de 13.000 casas sería suicida", opina una experto.

"Ha construido al margen de la demanda, de los puestos de trabajo, de la disposición de agua y de transporte... Tal y como está diseñada, esta urbanización iba más encaminada a inversores que a gente que quisiera vivir allí, pero los que compraron lo hicieron con unas expectativas de revalorización que ahora no existen. Seseña es el símbolo de los excesos urbanísticos del periodo anterior", explica Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario.

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El Pocero reclama al Ayuntamiento de Seseña 46 millones
Cotizalia.com (Castilla-La Mancha) - 30 de abril de 2008
 
 
porque no vende pisos

Francisco Hernando, el Pocero, está sufriendo con toda su crudeza el brusco estallido de la burbuja inmobiliaria española. De las 13.508 viviendas proyectadas en el Residencial Francisco Hernando de Seseña, sólo tiene 5.096 licencias de edificación, 2.536 de primera ocupación y 900 vecinos censados. Como quiera que la compraventa de viviendas desciende a pasos agigantados, también en Seseña, a Hernando no se le ha ocurrido otra cosa que reclamarle al Ayuntamiento, a quien acusa de ser el origen de todos sus males, 46 millones de euros... porque no vende pisos.

Pero es que además, los precios de los pisos han comenzado a caer. Según el informe del portal inmobiliario Idealista, mientras los precios de las viviendas en Toledo subieron un 1% en el primer trimestre -nótese que la subida es sustancialmente inferior a la inflación, lo que significa caídas reales-, en Seseña cayeron un -1,4%, la mayor rebaja de toda Castilla La Mancha. Por cierto, en el portal, el número de viviendas a la venta en Seseña en abril del año pasado era de 294, mientras que en abril de este año la cifra ascendió a 400, un 36,1% más.

Ayer lunes, el Ayuntamiento de Seseña celebró un pleno en el que se desestimó dicha reclamación patrimonial, interpuesta el pasado mes de septiembre. “Si el Ayuntamiento tiene que pagar a la constructora de Hernando 46 millones de euros porque no vende pisos, ya podemos cerrar las puertas del consistorio”, ha declarado Manuel Fuentes, alcalde del municipio.

Dicha reclamación patrimonial se suma al rosario de querellas -hasta nueve- que el Pocero le ha interpuesto al edil de Izquierda Unida por distintos conceptos. Fuentes ha llegado a manifestar públicamente que Hernando le quiere retirar de la alcaldía por una vía, la judicial, distinta a las urnas. “Seguimos sin tener noticias de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, pero yo sigo teniendo que ir a los juzgados por demandas de la mercantil Onde 2000”, se queja.

Descienden los ingresos del Ayuntamiento por licencias de construcción

En su ofensiva legal, Paco Hernando ha llegado a pedir a la jueza que aparte cautelarmente al alcalde de la política para que no perjudique más a la empresa. Por su parte, el edil esgrime que el Ayuntamiento no puede dar más licencias hasta que la urbanización no disponga de infraestructuras y servicios básicos como son vías de acceso, depósitos de agua o retirada de una línea de alta tensión.

Seseña, municipio de algo más de 10.000 habitantes –sin contar con las 13.508 viviendas proyectadas en El Quiñón de el Pocero- está notando, según su alcalde, los efectos de la crisis. De hecho, el consistorio ha pasado de ingresar siete u ocho millones de euros “en los mejores años” a dos o tres millones en concepto de licencias de construcción.

Pese a la hostilidad manifiesta entre Pocero y alcalde, lo cortés no quita lo valiente. El pasado viernes, uno de los hijos de Paco, Francisco Hernando del Saz, fue víctima de un intento de secuestro a punta de pistola. A consecuencia del incidente, resultó herido en la cabeza por los golpes que le propinaron con el arma. El agredido es el hijo de Hernando que más relación tiene con el Ayuntamiento, ya que es el responsable de la oficina de promoción del Residencial. En cuanto supo de la agresión, el alcalde se desplazó al consultorio médico para preocuparse por su estado. “El hijo es una persona amable, educada y cordial en el trato. Otra cosa es el administrador único de Onde 2000”, confiesa Fuentes.

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Las viviendas subvencionadas de CLM son más caras que libres
El Confidencial (Castilla-La Mancha) - 19 de mayo de 2008
 
 
El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha firmado el pasado lunes por la Junta que preside José María Barreda, la ministra del ramo, Beatriz Corredor, sindicatos y empresarios de la región es superado por la realidad del mercado. Sucede que las viviendas público-privadas (VIPP) que el pacto propone para que los jóvenes mileuristas accedan a una vivienda digna son más caras que las libres. ¿Supone este plan una socialización encubierta de las pérdidas para ladrilleros y sus financiadores?

El precio del metro cuadrado de cada vivienda VIPP oscila entre los 1.857 y los 2.142 euros. Precio sensiblemente superior a los 1.447,5 euros por metro cuadrado que costaba de media en la región la vivienda libre en el primer trimestre de 2008, según el propio Ministerio de Vivienda que dirige Corredor, firmante del pacto propuesto por Barreda. Los datos oficiales muestran cómo el metro cuadrado de vivienda libre en Guadalajara y Cuenca ya es más barato este año que en el trimestre anterior. El propio texto original, que pueden consultar aquí, sitúa el precio medio de la vivienda libre en Castilla-La Mancha en 1.519 euros por metro cuadrado.

Como quiera que las estadísticas del Ministerio de Vivienda son frecuentemente cuestionadas por los expertos, este diario ha comparado los precios de las viviendas subvencionadas de Barreda con los precios a la venta de viviendas de obra nueva en las localidades más pobladas de Castilla La Mancha en portales inmobiliarios. El resultado es que se pueden encontrar viviendas nuevas en Toledo capital por 1.063 euros por metro cuadrado, incluso en el casco histórico por 2.050 euros, menos aún que la parte alta de la horquilla de precios propuesta por Barreda. Lo mismo ocurre en Guadalajara, donde no es difícil hallar obra nueva a 1.617 euros por metro cuadrado. La media baja considerablemente a medida que las promociones se alejan de los centros de las capitales. Por ejemplo, el precio medio de la zona de La Sagra, área cercana a Madrid donde se levanta el Residencial Francisco Hernando de El Pocero en Seseña, está fijado en 1.769 euros por metro cuadrado.

PP: "No pueden ser los jóvenes los que paguen las pérdidas del ladrillo"

El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha repite a lo largo de sus 21 folios el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna garantizado en el artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, desde que se ha conocido el contenido del texto, las críticas han arreciado.

Especialmente virulenta ha sido la reacción del PP. El secretario general del Grupo Popular de las Cortes autonómicas, Marcial Marín, ha acusado a Barreda de contribuir a una escalada de precios "sin precedente" y de firmar la "pena de muerte" para la vivienda de protección oficial. En su opinión, los jóvenes de Castilla-La Mancha no pueden hipotecar el 87% de su sueldo durante cincuenta años. "No pueden ser ellos los que paguen las pérdidas del ladrillo. Barreda se burla de esta manera de todos ellos y de su escaso poder adquisitivo, máxime cuando se compara con su sueldo VIP, que es más de cien veces superior al de un joven castellano-manchego", ha afirmado.

Asimismo, ha estimado que si el Gobierno autonómico encargase construir viviendas VIPP para cada demandante registrado, tendría que presupuestar la cifra de 7.176 millones de euros adicionales para garantizar su venta a los promotores, el 81% del presupuesto regional. Marín ha puntualizado además que en la región existen 26.945 empresas que se dedican a la construcción y tienen el derecho de participar en este plan de construcción, "aunque el presidente autonómico se empeñe en que sólo unos 25 serán los promotores".

Para el PP, Barreda, con este plan, va contra la autonomía y la financiación de los ayuntamientos, puesto que promoverá mediante concurso público, de carácter supramunicipal o de interés regional, transferencias y reclasificación de suelo desde la propia Junta, "quitando la financiación a los propios municipios. Creemos que financiar viviendas de promoción privada en suelo privado no es la labor de un gobierno", ha señalado. Finalmente, ha destacado que es un plan "inexplicable" que oculta algunos intereses "que no nos quieren confesar".

El 65% de los trabajadores de la región cobran menos de mil euros

Desde Izquierda Unida no pueden comprender cómo "los mismos sindicatos que aseguran que el 65% de los trabajadores de la región cobran menos de mil euros al mes son capaces de firmar este Pacto por la Vivienda". Según los datos que maneja esta formación política, "en Castilla La Mancha hay 84.000 viviendas sin vender y 48.000 personas que no las pueden pagar. Evidentemente, hay un desajuste que este pacto no soluciona", aseguran.

Incluso una patronal que agrupa a empresarios del sector como APCE se ha mostrado crítica con la iniciativa de Barreda. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, aseguraba tras conocer el pacto que el modelo de Viviendas Público-Privadas (VIPP) propuestas por el Gobierno de Barreda no sirve para solucionar el problema real de los constructores. Mientras, al sector constructor regional, que será, en teoría, el mayor beneficiado por el Pacto de la Vivienda, le preocupa el stock de la que ya está construida y no se vende.

Así lo expresó el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Toledo (Aprointo), Aurelio Vázquez, quien manifestó sus reticencias al Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha porque, a su entender, ofrece soluciones a largo plazo pero no corrige la problemática actual. Según Vázquez, la iniciativa del Gobierno regional no da solución al stock de vivienda ya construida. Aseguró que de los 47.800 demandantes de vivienda en la región, según el Gobierno regional, "ninguno está pensando en obtener una vivienda dentro de cinco o seis años, sino ya, y esas viviendas existen".

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Tres de cada cuatro nuevas viviendas no llega a venderse
DiarioLaTribuna.com (Castilla-La Mancha) - 11 de mayo de 2008
 
 
El mercado inmobiliario de la provincia de Ciudad Real edificó entre febrero de 2007 y el mismo mes de 2008 cerca de 10.000 viviendas de las que tan sólo se vendieron cerca de 3.000

La crisis y la desaceleración económica en la provincia de Ciudad Real se comienza a cobrar una nueva víctima, la de las viviendas finalizadas que no se consiguen vender.

Así, según las cifras de certificados de final de obra concedidos por realizadas por el Ministerio de Fomento, que se obtienen a partir de los visados de dirección de obra de los colegios de arquitectos técnicos, unidos los datos del Instituto Nacional de Estadística referido a las compraventas de viviendas del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, entre febrero de 2007 a febrero de 2008 se quedaron sin vender casi tres de cada cuatro viviendas nuevas finalizadas, esto es, el 72,2 por ciento. 2.952 ventas. Según Fomento, en ese periodo de tiempo obtuvieron el certificado de fin de obra 9.980 viviendas, mientras que tan sólo se vendieron 2.952 viviendas nuevas, según el Colegio de Registradores.

La imagen de bloques y promociones finalizadas a la espera de la llegada de sus nuevos propietarios comienza a hacerse más frecuente en determinados puntos de la provincia.

Así, el porcentaje de viviendas que se terminaron pero que no encontraron comprador se elevó especialmente en los meses del pasado verano, es lo que la construcción registró sus mejores datos, rondando las mil residencias finalizadas, mientras que las transacciones de viviendas apenas superaron las 200.

Ese dato de viviendas sin dueño se volvió a incrementar a partir del mes de octubre, debido al efecto de las hipotecas subprime estadounidenses.

En Castilla-La Mancha, la situación es prácticamente similar a la experimentada en la provincia. Entre los meses de febrero de 2007 a febrero de 2008 se finalizaron 52.763 viviendas, de las que apenas se llegaron a vender 13.475.

Por lo que se refiere a la provincia de Ciudad Real, la situación incluso se ha ido agravando en estos primeros meses del año 2008, en los que se han sumado 1.316 viviendas sin despacharse y de cara a los próximos meses puede ser aún más preocupante, ya que, por ejemplo, el pasado año 2007 se cerró la construcción en la provincia de Ciudad Real de 11.176 viviendas, un 16,8% más que el año anterior, según datos del Ministerio de Fomento. Remontándose a la serie histórica de los datos del Ministerio de Fomento, desde el 2002 la cifra de pisos que se terminaron de construir no ha dejado de crecer cada año. La de 2007 es la cifra más alta de los últimos ejercicios, y suma más que la totalidad de edificios y viviendas construidos entre los años 2001 y 2002, cuando se edificaron 4.141 y 5.084 edificios y viviendas, respectivamente.

Algunos constructores de Ciudad Real han comenzado a sugerir a los ayuntamientos de que rebajen el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con el objetivo de impulsar las empresas del sector y ayudarlas ante la situación de crisis que padece la economía española.

La Junta de Castilla-La Mancha también ha tomado cartas en el asunto y recientemente el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunciaba la creación de un nuevo tipo de viviendas, de iniciativa público-privada (VIPP), que serán construidas a iniciativa de promotores particulares pero contarán con financiación pública para su construcción. Además, el Gobierno regional se comprometerá a garantizar la existencia de comprador para las viviendas desde el día del inicio de la obra.

Impuesto de construcción. Por su parte, algunos consistorios de la provincia de Ciudad Real incluso habrían dado ya el paso adelante con la voluntad de dinamizar la edificación de viviendas y de seguir generando puestos de trabajo, de manera que se intenten frenar los efectos negativos de la crisis económica.

Y es que esta situación de desaceleración por la que atraviesa el sector inmobiliario no sólo está afectando a las agencias dedicadas a la venta y alquiler de pisos y a los promotores de las viviendas, sino que sus efectos también se están dejando sentir en todas aquellas empresas relacionadas con el hogar. Negocios como los de la decoración, el textil y el mobiliario, así como de electrodomésticos se han visto arrastrados por la caída estrepitosa de la construcción.

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Vivienda: socializando la crisis
LaCronica.net (Castilla-La Mancha) - 24 de abril de 2008
 
 
El quinquenio de 2001 a 2005 ha sido el período de tiempo en que más ha subido la vivienda. En nuestra región, Castilla-La Mancha, esta subida de precios ha sido más fuerte en aquellas provincias colindantes con la Comunidad de Madrid. En efecto, Guadalajara y Toledo han sido las capitales donde el acceso a la vivienda se ha hecho muy difícil para la inmensa mayoría de los ciudadanos, especialmente para los más jóvenes. Esto quedó palpablemente demostrado con las inscripciones que se produjeron en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, que el Partido Popular desmanteló nada más llegar a la Alcaldía. Cerca de 6.000 personas que buscaban el acceso a una vivienda digna, de forma que la pudiesen pagar. Ese es el tributo que la ciudad de Guadalajara ha tenido que pagar porque el Gobierno Regional no llevó a cabo ninguna política de vivienda que interviniese en un mercado inmobiliario desbocado que hacía que cada día la subida de los precios hiciese más inalcanzable el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda. Los números lo dicen todo: en Guadalajara de las 21.000 viviendas construidas en ese quinquenio, sólo el 2,86 % eran protegidas. El acceso a este bien de primera necesidad se dejó en manos de las sacrosantas leyes del mercado.

No fue hasta 2006 cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha empieza a prometer la construcción de no sé cuantos miles de vivienda a lo largo y ancho de la región. También prometieron que en Guadalajara se iban a hacer 1.000 en el Fuerte de San Francisco y 5.000 entre la Ronda Norte y la R2 (ya veremos). Fue también en 2006 cuando el Gobierno Regional acuerda subidas del módulo de vivienda protegida de hasta el 45%, pudiendo llegar ésta a alcanzar un precio de hasta 300.000 euros en la ciudad de Guadalajara.

Naturalmente, estas políticas tienen beneficiados y perjudicados. Durante el quinquenio de referencia, los beneficiados han sido los promotores inmobiliarios, que no han tenido ningún obstáculo para poner el precio que les daba la gana por las viviendas que construían, con unos márgenes comerciales que pocos negocios decentes, además de la banca, son capaces de obtener. Los más perjudicados, durante esos cinco años, han sido los ciudadanos, que querían acceder a una vivienda digna y a los que su salario no les permitía hacerlo en condiciones decentes. El Gobierno Regional no ha tenido prisa en actuar, no le preocuparon los ciudadanos.

Ahora que los promotores inmobiliarios se han quejado de que no venden sus viviendas con la misma facilidad con que lo han hecho, se han anunciado por parte del Presidente Barreda unas medidas, con una diligencia abrumadora, que choca con la impasibilidad del pasado y que tienen también unos beneficiados y unos perjudicados. Los beneficiados, una vez más, los promotores inmobiliarios, que ahora no se aferran a las leyes del mercado porque les perjudican: para vender tendrían que bajar más los precios y para eso se ha prestado al juego la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que les compre las casas antes de que bajen más. Los perjudicados, de nuevo, los ciudadanos que con un mercado a la baja no van a poder resarcirse (en términos sociales) de los efectos del ciclo anterior. El Presidente Barreda se presta al juego de los promotores y pretende, además, que nos guste y que le estemos agradecidos. Es lo de siempre: privatizar la bonanza y socializar la crisis.

José Luis Maximiliano Romo es Coordinador Provincial de Izquierda Unida

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Región de Murcia
 
MURCIA, PRIMERA CCAA APROBAR QUE VIVIENDAS LIBRES SEAN VPO
El Mundo (Región de Murcia) - 11 de mayo de 2008
 
 
Chaves, que lo anunció hace una semana, podría ser la segunda en aplicar la medida. Otras comunidades como Castilla-La Mancha y Aragón también se pronunciaron a favor

El Consejo de Gobierno murciano aprobó reformar la normativa que regula las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo con el fin de poder calificar una vivienda libre como protegida.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, que lo anunció hace una semana, podría hacer lo propio en Andalucía en los próximos días, aunque, curiosamente, se ha encontrado con la oposición de PP, IU y CCOO, porque supondrá una "subida encubierta de precios", según la portavoz de vivienda del PP. Castilla-La Mancha y Aragón también barajan introducir la medida.

El primero en poner los medios legales para poner en marcha la medida ha sido el Gobierno murciano, aunque la finalidad de las modificaciones contenidas en el nuevo decreto es incorporar la reforma realizada por el Gobierno central en materia de vivienda a la normativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Las líneas básicas del nuevo texto se centran en la promoción de vivienda protegida, incluyendo la calificación como tal de vivienda libre; la adecuación de los precios máximos de venta y de renta de viviendas protegidas; y la modificación de las áreas geográficas en las que están encuadrados los municipios.

El decreto permite convertir una vivienda libre en protegida, para lo cual se establecen dos procedimientos: por un lado, calificar viviendas libres individuales cuya promoción esté iniciada con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, bien que estén en construcción, bien que lleven finalizadas un año.

Por otra parte, calificar promociones completas de viviendas que estén iniciadas como libres. Los requisitos para cumplimentar estas líneas de actuación los establece el Plan de Vivienda 2005-2008.

Según el Gobierno murciano, la posibilidad de convertir una vivienda libre en protegida incrementará el número de viviendas protegidas a disposición de los ciudadanos y permitirá atender la demanda de viviendas de la población que, por sus características, no puede acceder a otro tipo de vivienda.

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Polaris contrató a dos altos cargos del Gobierno de Murcia
EcoDiario.es (Región de Murcia) - 05 de mayo de 2008
 
 
en plena expansión

Mantener buenas relaciones con el Gobierno murciano. Ésa es, posiblemente, una de las razones por las que la inmobiliaria Polaris World, una de las mayores empresas de la región, ha fichado desde 2006 a dos altos cargos del Ejecutivo que preside Ramón Luis Valcárcel. Se trata de Francisco Sardina y de Fernando de la Cierva, que habían sido hasta su incorporación a la compañía, el primero, director del Instituto de Fomento de Murcia, y el segundo, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno.

Ambos se incorporaron cuando la compañía afrontaba planes de expansión, en los municipios de Torre Pacheco y Alhama de Murcia, con la intención de construir más de 25.000 casas en la región.

El primero en dar el paso fue Sardina. En el verano de 2006 decidió dejar su puesto en la Administración para incorporarse como subdirector general a Polaris , a pesar de haber mantenido una relación mercantil con Pedro García Meroño, fundador de la promotora y accionista de referencia de la misma.

Lo dice la ley

Pero no fue el único. En julio de 2007, el consejero de Presidencia y portavoz en funciones del Ejecutivo regional, Fernando de la Cierva, anunciaba su retirada de la vida política "para recuperar espacios familiares", tras confesar que estaba pasando "un mal momento personal". Pero las cosas cambiaron y apenas dos meses después, en septiembre del año pasado, ya estaba trabajando en el departamento jurídico de una de las compañías del holding de García Meroño.

La legislación murciana prohíbe expresamente a cualquier persona que ha ocupado un alto cargo en la Administración regional marcharse antes de dos años a una empresa privada con la que ha tenido cualquier tipo de relación comercial o mercantil. Un portavoz de Polaris ha asegurado a elEconomista que "éste no es el caso ni de De la Cierva ni de Sardina, que no tuvieron ningún contacto con la compañía".

Relación con un accionista de Polaris

Sin embargo, y según los datos del Registro Mercantil de Murcia, Sardina sí que tuvo relación con García Meroño a través de la sociedad Elecpoint desde el año 2001, Invermurcia, un fondo del Instituto de Fomento de la región, que dirigía Sardina, se alió con GMI, una empresa de García Meroño, para crear esta compañía, dedicada al comercio electrónico. Sardina ha reconocido a elEconomista que tuvo relación con el máximo accionista de Polaris, antes de trabajar para él, aunque insiste también en que "eso fue antes de que se creara la promotora".

La relación con la empresa de Fernando de la Cierva, que fue también consejero de Cultura, no parece tan clara. No obstante, en el PSOE murciano sí que dan por hecho que se saltó la ley de incompatibilidades, porque aunque no firmara ninguna licencia ni plan de urbanismo, ocupaba un puesto de especial relevancia en el Gobierno de Valcárcel y tenía pleno poder de decisión. La situación de Polaris World en Murcia se ha complicado en las últimas semanas, después de que el presidente de la compañía, José Luis Hernández del Arce, y el ex director financiero, Juan Marcos Fernández Ferrugia, hayan tenido que declarar como imputados por un presunto caso de corrupción ante los juzgados de San Javier.

Imputado por corrupción

La fiscalía acusa a Daniel García Madrid, alcalde de Torre Pacheco de un posible delito de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. De acuerdo con las diligencias abiertas, el edil habría dado un trato de favor a la constructora, consiguiendo a cambio, entre otras cosas, una casa a precio irrisorio, tal y como publicó este periódico el pasado 5 de abril.

Pedro Meroño vendió al alcalde la vivienda con trastero y plaza de garaje en el centro de Torre Pacheco por sólo 59.910 euros, casi un tercio por debajo de su valor real. Pocos días antes de las pasadas elecciones municipales, el alcalde ya se mostraba nervioso por este tema. De acuerdo con la transcripción de la Policía Judicial, fue Fernando de la Cierva, entonces consejero de la Presidencia del Gobierno de Murcia y ahora empleado de Polaris , el que intentó que se tranquilizara.

"Parece que podría salir a relucir algo de una casa no sé si tuya o de quién. El fiscal estaría intentando algún tipo de golpe de efecto antes del domingo, pero la jueza se resiste a hacer ningún tipo de actuación antes de las elecciones", aseguraba entonces De la Cierva. El destino ha querido que ahora él trabaje para el grupo.

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Aragón
 
Multa de 24.000 € por venta de una VPO usada con sobreprecio
El Periódico de Aragón (Aragón) - 16 de mayo de 2008
 
 
El Gobierno de Aragón sanciona a la propietaria y a la agencia inmobiliaria. El caso se destapó porque la dueña se echó para atrás y no devolvió la fianza.

El Gobierno de Aragón ha multado con 24.000 euros la venta, a través de una inmobiliaria, de un piso protegido a un precio superior al establecido para las viviendas de protección oficial. El caso fue denunciado en el 2006 por la Unión de Consumidores de Aragón. Ha sido ahora cuando Inspección ha impuesto una sanción económica tanto a la propietaria como a la agencia encargada de la venta, de 12.000 euros a cada una.

Los hechos ocurrieron en septiembre del 2006, cuando la propietaria de una vivienda protegida de promoción pública pretendió venderla a través de una agencia inmobiliaria, y contrató con esta el proceso de venta, dando al piso un valor que superaba el precio máximo de venta permitido por la DGA para una VPO.

Tal y como recuerdan desde la UCA, para poder vender una vivienda protegida hay que pedir una autorización a la DGA y su precio no puede superar unos baremos establecidos por la Administración para estos casos.

Posteriormente, y una vez obtenida la autorización, la dueña del piso se retractó de su intención de vender, pero ni ella ni la agencia devolvieron los 1.500 euros de señal dados por los interesados en su adquisición como reserva de dicha vivienda. Este fue el detonante para que acudieran a denunciar la situación de venta ilegal.

La Unión de Consumidores de Aragón, al tener conocimientos de este caso, decide interponer denuncia administrativa ante la Inspección de Vivienda por "infracción relativa a la celebración de contratos con sobreprecios en una vivienda de promoción pública".

Este mismo mes, el Gobierno de Aragón ha resuelto imponer una multa de 12.001 euros a la agencia inmobiliaria, y otros tantos a la propietaria de la VPO, por la oferta de venta con sobreprecio de una vivienda de protección oficial de promoción pública.

DERECHO DE TANTEO

Este no es un caso único de venta irregular de este tipo de inmuebles en la comunidad. Por lo general, estos casos no se suelen denunciar, ya que la operación resulta provechosa para ambas partes. Pero, en esta ocasión, la no devolución de la fianza ha originado la sanción.

También es cierto que la venta (de la que no se ha facilitado la promoción o localización del piso) se produjo hace unos dos años. Entonces, la Dirección General de Vivienda no había puesto en marcha todavía el derecho de tanteo y compra que le concede la Ley de Vivienda Protegida. Un derecho que quiere ampliarlo lo máximo posible, de manera que sea de nuevo el Gobierno de Aragón quien revenda la VPO de segunda mano a los precios preestablecidos para esta tipología y dificulte el negocio de la compraventa con dinero negro.

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Principado de Asturias
 
CC.OO. y UGT apuestan por un cambio en el modelo producción
TeleAsturias.com (Principado de Asturias) - 24 de abril de 2008
 
 
Con motivo del 1 de mayo, CC.OO. y UGT han celebrado una rueda de prensa conjunta para analizar los puntos de actuación para esta legislatura. Ambos sindicatos coinciden en la necesidad de reorientar nuestro sistema de crecimiento productivo, y apuestan por la reforma del Estatuto debido a las limitaciones del actual.

130 empresas asturianas están en suspensión de pagos, el 80% pertenece al sector de la construcción. Por ello, CC.OO. y UGT piensan que es necesario un cambio del modelo productivo estatal, que se busquen fórmulas para reforzar leyes de protección social y medidas que disminuyan el impacto de la pérdida de empleo.

CC.OO. y UGT han hecho un análisis conjunto de los puntos sobre los que el Gobierno debe actuar en esta legislatura. En lo que se refiere a la reforma del Estatuto de Autonomía coinciden en que es una oportunidad para avanzar porque el actual tiene muchas limitaciones en comparación con el de otras comunidades.

Estas conclusiones las han expuesto en la rueda de prensa que CC.OO. y UGT han mantenido con motivo de la convocatoria del 1 de mayo, y en la que hablaron, además, de la necesidad de desarrollar de una manera efectiva las Leyes de Dependencia e Igualdad.

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Islas Baleares
 
POLÍTICOS EN EL BANQUILLO
Diario de Mallorca (Islas Baleares) - 06 de mayo de 2008
 
 
Más de cincuenta cargos públicos se encuentran inmersos en procesos judiciales

Desarrollan su trabajo en el Parlament, en el Consell, al frente de un consistorio o en alguna otra institución pública o, simplemente, están alejados de la política pero fueron imputados durante su trabajo en la cosa pública. Más de cincuenta políticos o ex políticos se encuentran inmersos en procesos judiciales, alguno de los cuales se inició con la vista puesta en altos cargos que finalmente fueron exonerados por la justicia, que acabó acusando a meros funcionarios o empleados públicos de menor nivel. Estos son los casos en los que están implicados, de una u otra forma, políticos de Balears y cuyas primeras vistas comienzan en breve. La más inmediata, la que abre la serie del caso Andratx, arranca mañana.

CASO ANDRATX

La fiscalía anticorrupción, en estrecha colaboración con la Agencia Tributaria, puso en marcha el 27 de noviembre de 2006 una gran operación contra la corrupción urbanística en Andratx. Ese mismo día, dos políticos del PP fueron detenidos: el entonces alcalde del municipio de Ponent, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, que ostentaba el cargo de director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas.

Uno de los principales artífices de esta trama de corrupción urbanística, el celador municipal Jaime Gibert, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable, lo que ha dado un espectacular giro a la instrucción de un complejo sumario en el que hay abiertas hasta setenta piezas separadas. El ex empleado municipal podría ser acusado de varios delitos de falsedad documental y de cooperador necesario en delitos de prevaricación urbanística.

La asunción de culpas de Gibert contrasta con la actitud de los dos políticos implicados, que siempre han negado todos los cargos presentados contra ellos. La primera consecuencia de este pacto Gibert-fiscalía se podrá ver mañana en la sección segunda de la Audiencia de Palma, donde tendrán lugar el primer juicio por una pieza separada del caso Andratx. Se juzga la construcción de una vivienda unifamiliar del ex primer edil en un área de especial protección. Hidalgo y Massot están imputados por falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio.

CASO PTM

Uno de los casos de corrupción más sonados destapados últimamente es el del Plan Territorial de Mallorca (PTM). El magistrado Miquel Florit, por el momento, ha citado en calidad de imputados a Bartomeu Vicens, diputado y portavoz de UM en el Parlament, y a Jaume Font, conseller y portavoz popular en el Consell de Mallorca. Junto a ellos, dos notorios promotores inmobiliarios, Vicenç Grande y Mateo Sastre. El presunto delito: el uso de información privilegiada sobre futuras recalificaciones de fincas rústicas a urbanizables, un proceso que materializó el Plan Territorial de Mallorca a través de las Áreas de Reconversión Territorial (ART). Los canjes urbanísticos de diferentes terrenos contemplados en el PTM habrían generado unos pelotazos estimados inicialmente en más de 300 millones de euros. Florit tomará declaración a Vicens, que en la época de autos, los años 2003-2004, era conseller de Territori, el lunes 12 de mayo. Font pasará por los juzgados el viernes 23.

CASO SON OMS

La fiscalía también está investigando quién se quedó con un 15% de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms. El promotor Ángel Ochando denunció que dos dirigentes de UM, Bartomeu Vicens y Maximilià Morales, le habían exigido la cesión de un 15% de sus parcelas en caso de que la zona se recalificase. Morales, ex presidente del Parlament, y Vicens desvincularon sus actuaciones en Son Oms de sus responsabilidades políticas y alegaron que su intervención se ciño a su actividad privada.

CASO CAN DOMENGE

El empresario catalán Josep Lluís Núñez se ha querellado contra todos los consellers del PP y de UM en el Consell de Mallorca durante la pasada legislatura que votaron a favor de la adjudicación de los terrenos de Can Domenge por un valor que considera inferior al precio del mercado. Núñez acusa a los querellados de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales. Los políticos de UM implicados son Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Dolça Mulet. Los del PP: Fernando Rubio, María Binimelis, Rafel Bosch, Bartomeu Vallori, Eduardo Puche, Carme Feliu, Joan Font, Antoni Coll, Miquel Munar, Gaspar Oliver, Miquel Canàves, Catalina Sureda, Andreu Obrador, Carlos Luis Veramendi, Miquel Amengual y Francesc Cañelles. El juzgado número 12 de Palma sigue investigando el asunto, sobre el que han encargado dictámenes tanto el Consell como el Colegio de Arquitectos.

CASO AYUDAS

La presunta trama de corrupción en torno a las subvenciones públicas otorgadas en la anterior legislatura por el Consell de Mallorca a varias entidades afines a UM recibió el sobrenombre de Caso Ayudas. Pese a que la denuncia inicial incluía a más políticos, entre ellos la entonces presidenta Munar, en el sumario sólo figuraban como imputados Dolça Mulet, vicepresidenta entonces del Consell y hoy en día consellera ejecutiva de Esports y Promoció Social de la institución insular, y Joan Josep Mas, ex director insular de Patrimonio Histórico-Artístico. No obstante, el 9 de abril el juez Pedro Barceló exoneró a ambos políticos tras archivar parcialmente el sumario al no ver indicios delictivos en la concesión de los fondos públicos. Sin embargo, la resolución dejó abierto el caso para 11 de los responsables de las entidades beneficiadas por presunto desvío de las ayudas a fines nos subvencionados y falsedades. Anticorrupción estudia recurrir el archivo y el PP, como acusación particular, ya ha anunciado su recurso.

CASO DE SANTOS

Uno de los casos más mediáticos por la truculencia de los hechos ha sido el protagonizado por el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, investigado por una presunta malversación de fondos públicos usando abusivamente una tarjeta de crédito municipal para pagar servicios en clubs de alterne homosexuales. Pese a haberse gastado una cantidad superior a los 50.000 euros usando la visa de la EMOP, como el propio imputado ha admitido al devolver esta cantidad, la jueza que instruye la querella formulada por la fiscalía anticorrupción accedió a adelantar la comparecencia del ex alto cargo público que gestionaba el urbanismo de Ciutat para evitarle el "acoso" de los medios de comunicación. Bronceado y con buen aspecto, el ex edil compareció ante la magistrada Ana San José durante apenas 5 minutos, tras lo cual quedó en libertad para regresar a Madrid, donde sigue un tratamiento por su adicción al sexo y a las drogas que, según alegó ante la jueza, no le permiten explicarse.

CASO CASTILLO INFANTIL

El anterior no es el único caso en el que está implicado De Santos. La fiscalía también investiga una presunta prevaricación y otros delitos por el contrato verbal con el que el ex responsable de urbanismo adjudicó a la empresa sueca Hags la construcción del castillo infantil que imita al de Bellver para el Parc de sa Riera. En las diligencias de la fiscalía figuraba también como imputada Gloria Penalva, ex gerente de la EMOP y mano derecha de De Santos. La empresa Hags reclama al Ayuntamiento 1,4 millones de euros, trescientos mil más de lo presupuestado.

CASO BITEL II

Un nuevo escándalo sacudió al PP a finales del pasado mes de abril. Damià Vidal, hombre de confianza del ex president Matas y colocado por éste al frente de la empresa Bitel, es detenido por una presunta malversación de 700.000 euros. Damià Vidal, junto a otras 5 personas, está acusado de los delitos de malversación de caudales, cohecho, defraudación y falsedad en documento mercantil. Anticorrupción postula que Vidal supuestamente urdió con los otros encausados un entramado societario para vaciar las arcas de Bitel. Lo último: los actuales gestores de Bitel han descubierto un segundo descuadre de 440.000 euros que Vidal habría autorizado para aumentar la seguridad de la empresa y de cuyo destino real apenas hay justificación.

CASO MAPAU

De la docena de personas que llegaron a estar imputadas en el sumario del caso Mapau, la presunta trama para la captación ilícita de votos de emigrados a Argentina y Uruguay en favor del PP en las autonómicas de 1999, la jueza instructora ha dictado un auto de "procesamiento" (pase a procedimiento abreviado) contra tres funcionarios del Govern a los que se acusa de falsedad documental y prevaricación continuada por la contratación irregular por el Institut Balear de Desenvolupament Industrial de Maria de la Pau Segura, supuesta agente electoral del entramado. Los tres procesados son Rosa Grijalba, Angel Gallego y Joan Fortuny, que formaron parte de la mesa de contratación convocada para cubrir una plaza de traductor.

CASO GARCÍAS-ESTARÀS

El diputado socialista en el Congreso Antoni Garcías se ha querellado contra la presidenta del PP, Rosa Estaràs, por un delito de calumnias tras haberle acusado ésta de malversación de fondos con unos billetes de un viaje oficial a Cuba durante su etapa de conseller. El juzgado de instrucción 7 lleva las diligencias y ya citó a declarar como imputada a Estaràs el pasado día 10 de abril. Su abogado defensor, Rafael Perera, ha pedido el sobreseimiento de las diligencias al considerar que el asunto no tiene ninguna relevancia penal, ya que, en su opinión, se trata de un asunto limitado al ámbito parlamentario. El juez Antoni Garcías, de mismo nombre que el querellante, habrá de decidirse por esta opción o elevar una consulta al TSJB para imputar a la diputada del PP.

CASO NÁJERA

La sección primera de la Audiencia ha ordenado la reapertura de la última de las causas abiertas contra la ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, referida a la presunta venta a bajo precio por parte del entonces recaudador municipal del municipio, Jaime Riera, de un solar urbanizable a Manuel Barajas,ex marido de la actual consellera de Trabajo. Según afirma el denunciante, el primer edil calvianer Carlos Delgado, Nájera habría mejorado el contrato del recaudador municipal para conseguir este trato de favor hacia su ex marido.

CASO CABALLISTAS

La implicación de la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, entre la decena de alcaldes, ex alcaldes y funcionarios implicados en la trama de presuntas certificaciones falsas por las que el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, legalizó su vivienda de na Fonda como un club hípico, ha obligado al TSJB a instruir el caso dada la condición de diputada, y por tanto de aforada, de la primera edil felanitxera.

Será el magistrado Antoni Monserrat quien llevará el caso en el que el anterior magistrado Antoni Rotger, que se inhibió a favor del primero, imputaba un presunto delito de falsedad documental, penado con seis años de privación de libertad y otros tantos de inhabilitación para ejercer cargo público, a la alcaldesa de Felanitx, al alcalde de Santanyí, Miquel Vidal; al alcalde de Selva, Joan Rotger; al de Montuïri, Gabriel Matas; al ex alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo; al ex primer edil de Lloret, Joan Jaume Ramis; al ex alcalde de sa Pobla, Antoni Serra. y al teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet. En Inca, las certificaciones fueron firmadas por el edil Joan Rubert, para el que se pide la misma pena que a los anteriores.

El ex alcalde de Campos y actual conseller del PP, Andreu Prohens, se enfrenta a dos años de suspensión al ser acusado de presunta falsedad en connivencia con el secretario Sebastià Portell. El presunto causante de este aluvión de certificaciones falsas, el ex alcalde saliner Sebastià Vidal, afrontará una petición de 66 años de privación de libertad y una multa de 800.000 euros.

CASOS DE STELLA MATUTES

La hija del ex ministro de Exteriores Abel Matutes, Stella, tiene abiertos dos pleitos judiciales en la pitiusa mayor por sendas denuncias interpuesta por el GEN, el equivalente ibicenco al GOB mallorquín. En la anterior legislatura, cuando era consellera de Carreteras y Obras del Consell de Eivissa, votó a favor de un Plan Territorial insular que presuntamente permitía la edificabilidad en unos terrenos propiedad de unas empresas en las que la consellera tendría participación. Además de para Stella Matutes, el fiscal ha pedido la imputación por esta presunta recalificación de terrenos de Joan Marí Tur, en el momento de la denuncia conseller de Patrimonio de la institución insular y vicepresidente del Parlament, de su hermano Antoni Marí Tur, ex diputado del Parlament, y José Sala, entonces y ahora alcalde de Sant Antoni.

El otro frente judicial que tiene Stella Matutes, con diligencias penales abiertas por varios delitos pero aún no imputada, es por el presunto vertido de tierras procedentes de las obras de las autovías de Eivissa en unos terrenos de su propiedad que servirían de base para la formación de un campo de golf. Matutes anunció la pasada semana su retirada de la política para dedicarse a la actividad privada.

CASO IBIZA CENTRO

En el caso de las presuntas comisiones en la construcción de un centro comercial en Eivissa figura como imputado José Marí Ribas, en la actualidad alcalde de Sant Josep y en el momento de la denuncia formulada por Roque López, ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, gerente de la empresa pública que acometía las obras del centro comercial. También está imputado el ex teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo. López pidió la imputación del actual presidente del Consell insular, Xicu Tarrés, y el secretario de organización, Miquel Mestre, petición que finalmente no prosperó.

CASO LICENCIAS

La alcaldesa de Felanitx está imputada por presuntamente "retener irregularmente" la entrada en vigor de una norma urbanística restrictiva que habría permitido la concesión de treinta licencias para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. Catalina Soler, en su declaración del pasado 3 de diciembre, atribuyó el retraso de la norma al Consell de Mallorca.

CASO RABASCO

La primera semana de julio se celebrará el juicio contra el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, y el ex edil de ASI, Joaquín Rabasco, por varios delitos con presunto fraude de fondos públicos ya que la acusación postula que, entre 1999 y 2002, Tomàs permitió y auspició el desvío de casi 950.000 euros de las arcas municipales a empresas ligadas al ex regidor.

CASO RENT A CAR

La presunta trama de evasión fiscal a través de un entramado de sociedades en los sectores de coches de alquiler y empresas náuticas que señalaban como imputado al alcalde de Montuïri, Gabriel Matas, ha quedado al albur tras emitir Hacienda un informe que consideraba que las presuntas prácticas irregulares no constituían delito. No obstante, el caso continúa abierto.

CASO VARADERO

La empresa Boat Yard Palma (BYP) acusa al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger, de irregularidades en la concesión de varadero del puerto de Ciutat. BYP achaca a Verger los presuntos delitos de fraude a la Administración y negociaciones prohibidas a los funcionarios al haber adjudicado la concesión a una UTE en la que participaba un ex socio suyo, Juan Antonio Riutord. Verger sostuvo en su declaración ante el juez el pasado mes de septiembre que la decisión de la adjudicación fue tomada por todo el consejo de administración de manera colegiada y que, por tanto, nunca fue decisivo para la resolución final.

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Comunidad foral de Navarra
 
LA PVD EN EL PARLAMENTO NAVARRO
Redacción PVD (Comunidad Foral de Navarra) - 17 de mayo de 2008
 
La Plataforma por una Vivienda Digna presentará en el pleno del parlamento Navarro las 40 medidas que, desde su punto de vista, son necesarias llevar a cabo para que la situación actual cambie, y que los precios se adecuen a la capacidad económica de los españoles.

El próximo Miércoles día 21 de Mayo, a las 18:00 y a puerta cerrada, la plataforma por una vivienda digna hará eco de las miles de voces comarcales y estatales que, en este tema, se proclaman una y otra vez sin ser oídas.

Gracias a las oportunidades que el Parlamento Navarro brinda a grupos sociales como este, la plataforma por una vivienda digna participará en la sesión de trabajo de la Comisión de Vivienda y Ordenación del territorio.

En ella, pretenden explicar, de forma clara, cuál es su objetivo esencial, y presentar además las 40 propuestas que, desde los diversos grupos de trabajo existentes en todo el estado, han elaborado para solucionar, de manera definitiva, el problema del acceso a la vivienda.

Los puntos principales de estas 40 propuestas son:

- Potenciar las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler

- Reformar la ley de arrendamientos urbanos, para dar más seguridad a arrendadores e inquilinos

- Eliminar de forma progresiva y no retroactiva, las desgravaciones fiscales a la compra, que están produciendo un incremento artificial de los precios

- Realizar un censo de las viviendas vacías existentes en Pamplona y comarca, y establecer gravámenes fiscales incrementales, según el número de viviendas vacías en propiedad

- Reformar la ley hipotecaria, para limitar, como en otros países europeos, los plazos de las hipotecas a 20 o 25 años, con un nivel de endeudamiento máximo del 25%

- Crear una oficina de tasación pública, que realice tasaciones acordes a la realidad.

Estas y otras propuestas serán tratadas el día 21 en el Parlamento Navarro. La plataforma por una vivienda digna invita a todos los ciudadanos a que consulten dichas medidas en la página Web :www.viviendadigna.org

Juntos podemos.

Plataforma por una Vivienda Digna
Comité de Pamplona
http://www.viviendadigna.org
navarra@viviendadigna.org

 
UPN, PSN y CDN vacían de contenido dos proposiciones de ley
EuropaPress (Navarra) - 29 de abril de 2008
 
 
UPN, PSN y CDN vacían de contenido dos proposiciones de ley para reconocer el derecho subjetivo a la vivienda

La suma de fuerzas de UPN, PSN y CDN vaciaron de contenido esta mañana dos proposiciones de ley presentadas por IUN y Nafarroa Bai que pedían el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la vivienda. Para UPN, PSN y CDN, es necesaria una reflexión profunda en esta materia y defendieron el Pacto Foral por la Vivienda como el mejor marco donde abordar este tema.

La Comisión de Vivienda y Ordenación del Territorio debatió esta mañana una proposición de ley de IUN de reconocimiento y ejercicio del derecho subjetivo de acceso a la vivienda y otra de Nafarroa Bai que pedía la modificación de la Ley de Protección Pública a la Vivienda en Navarra para el reconocimiento del mismo derecho.

PSN presentó enmiendas al texto de IUN para dejarlo prácticamente sin contenido. El dictamen aprobado en la comisión, que se votará en pleno, tan sólo recoge una enmienda socialista que expone que será el Gobierno de Navarra el que presente al Parlamento un proyecto de Ley foral de modificación de la Ley de Protección Pública a la Vivienda en Navarra que recoja cuantas medidas se estimen oportunas para mejor la garantía de este derecho.

La propuesta de IUN recogía como titulares del derecho a las personas con residencia en Navarra con un periodo de empadronamiento de tres años y que cumplieran los requisitos de la Ley Foral de Protección Pública a la Vivienda. Exponía que el Gobierno tenía obligación de garantizar el derecho en un plazo no superior a tres años.

Al texto de Nafarroa Bai, UPN y CDN presentaron cuatro enmiendas de supresión, que fueron también apoyadas por el PSN, que dejaron completamente vacía la proposición de ley. Recogía que el Gobierno garantizara el derecho en un plazo máximo de cinco años.

"SALTO CUALITATIVO"

El portavoz de Nafarroa Bai, Maiorga Ramirez, defendió que la propuesta de ley pretende dar un "salto cualitativo" en "clave de progreso y de izquierdas" para reconocer el derecho subjetivo a la vivienda y "comprometer" a la Administración a que garantice el ejercicio de ese derecho.

Señaló que se trataba de una "oportunidad histórica" para reconocer el derecho. "Estas leyes permitirían a los ciudadanos a exigir a la Administración tener derecho a una vivienda y a la Administración a poner las medidas adecuadas para acceder a ese derecho".

Ion Erro, de IUN, opinó que podría haber sido una "muy buena" ley y censuró que el PSN haya presentado enmiendas a su texto para dejarlo sin contenido. "Hoy UPN y PSN unen sus votos para dar una bofetada a los ciudadanos que no tienen una vivienda y la demandan", dijo.

Calificó de "insuficiente" la política del Gobierno en esta materia. "A Izquierda Unida le duele que el PSN se haya prestado a registrar las enmiendas del Gobierno; flaco favor hacer al progresismo navarro", dijo, y señaló que los socialistas "impiden" qeu en Navarra se desarrolle el derecho a la vivienda.

Amaya Otamendi, de UPN, consideró que no es el momento ni la forma de abordar este tema, ya que a su juicio es preciso hacer una "reflexión profunda" para poner en el mercado vivienda protegida. "No nos gusta esta ley", dijo, para añadir que el mejor marco para hacer un análisis de esta materia es el Pacto Foral por la Vivienda.

Según expuso, hay que tratar este asunto con "consenso y cabeza" y "no generando más normativa". "No hay que crear falsas expectativas a los ciudadanos", sostuvo, para señaló que la ley no soluciona el problema

El parlamentario socialista Samuel Caro abogó por abrir un marco de debate "más apropiado" para abordar el derecho a la vivienda. A su juicio, la proposición de IUN era "equivocada" y "mala". "Cuando se construye una ley que pretende llegar a un fin concreto no puede hacerse sólo para apremiar a la Administración, sino que se debe introducir medidas que faciliten al Gobierno y ayuntamientos esta labor", dijo.

Defendió también el Pacto Foral por la Vivienda para analizar esta materia. "No podemos engañar a la ciudadanía con debates falsos, ya que con la propuesta de ley no está resuelto el problema de la vivienda", reiteró, y abogó por conseguir un "consenso" para alcanzar nuevas medidas.

El representante de CDN José Andrés Burguete manifestó que es necesario un Plan Foral por la vivienda y que en ello está trabajando el Gobierno foral. En su opinión, las propuestas de IUN y NaBai tienen mucho de "literatura y voluntarismo" y "poca enjundia". Consideró además que tienen un componente "mediático y de propaganda"

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