BOLETÍN DEL 21 DE AGOSTO DE 2008
 
 
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España y vivienda
 
CORREDOR ANUNCIA QUE EL GOBIERNO COMPRARÁ SUELO PRIVADO
El Mundo - 23 de julio de 2008
 
Dedicará 300 millones a comprar suelo privado y hacer VPO. Se dará prioridad a los terrenos que permitan una transformación inmediata para VPO. Las CCAA y ayuntamientos tendrán un papel protagonista, precisó la ministra de Vivienda. Esta novedosa medida se llevará a cabo a través de la entidad pública de suelo, SEPES

Justo una semana después, lo que era una posibilidad se ha convertido en una realidad. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que su departamento realizará una primera oferta de suelo público en octubre por valor de 300 millones de euros ampliables. Según señaló en su intervención en el 'Foro Cinco Días', esta línea de actuación tendrá una vigencia de cuatro años y se llevará a cabo a través de la entidad pública de suelo, SEPES.

La presentación de las ofertas comenzará en el mes de octubre, de forma que el concurso durará tres meses. Estas ofertas serán evaluadas por una comisión en la que comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán un papel protagonista, precisó la ministra de Vivienda. Será con las CCAA y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con quienes se consensúen los criterios de selección que determinarán los futuros espacios a adquirir por parte del Ejecutivo.

Corredor avanzó que en este proceso se dará prioridad a aquellos suelos que permitan una transformación inmediata para la construcción de VPO situados en territorios con mayor demanda. Horas antes, el vicepresidente económico y ministro de Economía, Pedro Solbes, ya había adelantado que si esta actuación se llevara a cabo sería para cubrir las necesidades del Ejecutivo y desarrollar políticas de Estado, pero no para ayudar a las empresas privadas.

De esta manera, tras el plazo de selección, que se producirá entre octubre y diciembre, el Gobierno se reservará una opción de compra para los suelos escogidos de seis meses. En ese periodo, realizará un estudio sobre la viabilidad económica de la operación. Sobre el precio de compra, la ministra explicó que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien dejó claro que siempre estará en función del precio de la VPO.

Al término del plazo de las ofertas, SEPES dispondrá durante seis meses del derecho de compra de todos los suelos presentados a concurso, de tal forma que pueda contar con el tiempo suficiente para evaluar los terrenos conforme a sus características y a las necesidades de los ciudadanos. Según explicó la ministra, la oferta inicial de 300 millones podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención del Gobierno es que esta iniciativa tenga carácter anual.

Aunque en los planes del Ejecutivo está dotar cada año una partida para esta iniciativa en el presupuesto, el importe para próximos concursos dependerá de las necesidades y de la oferta. Asimismo, Corredor anunció que a partir del próximo año el presupuesto ordinario que SEPES destina anualmente a la compra de suelo aumentará de 100 millones de euros actuales a 150 millones.

La ministra negó que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y afirmó que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible. En este sentido, dijo que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década.

"Siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era insostenible con una construcción de viviendas por encima de la demanda", dijo Corredor, quien añadió que al frenazo de las ventas se ha unido la escasez de crédito, lo que agrava la crisis que atraviesa el sector. Ambas circunstancias se unen, explicó, al hecho de que muchas empresas inmobiliarias están fuertemente endeudadas y citó el caso de Martinsa-Fadesa, que la pasada semana solicitó el concurso voluntario de acreedores, lo que calificó de "mala noticia" para los trabajadores, compradores, ciudadanos y Gobierno.

Por esta razón pidió a las entidades financieras que confíen en el tejido empresarial español y le ofrezcan liquidez para llevar a cabo sus nuevos retos. Asimismo, solicitó a los empresarios del sector confianza en un Gobierno, que pondrá a su alcance "los medios necesarios para conseguir un mercado fuerte". Una confianza que es recíproca, según Corredor, quien reconoció que los empresarios del sector han tenido que convivir en los últimos años con "oportunistas y especuladores profanos que aprovechando la bonanza económica acudieron al mercado inmobiliario para enriquecerse".

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MARTINSA: MÁS DE LA MITAD DE LAS CASAS NO TIENEN LICENCIA
LaNacion.es - 02 de agosto de 2008
 
 
DE OBRA

Más de la mitad de las 12.500 casas que Martinsa estaba construyendo carecían de licencia de obras. Es una de las graves irregularidades que han salido a la luz con la suspensión de pagos de la compañía presidida por Fernando Martín.

La fórmula a la que ha recurrido Fernando Martín no tiene precedentes en nuestro país; al menos en el caso de un empresario con su patrimonio, que otra cosa es que familias con pocos recursos se declaren judicialmente insolventes para evitar los embargos.

Los clientes de Martinsa-Fadesa creen conocer las razones que han llevado al presidente y primer accionista de la inmobiliaria a tomar esa decisión.

Según han contado a Intereconomía, a raíz de la presentación del concurso de acreedores el pasado 15 de julio, han descubierto que más de la mitad de las 12.500 casas que la compañía estaba construyendo carecían de licencia de obras.

Bien porque nunca se concedió, bien porque había transcurrido más de un año sin que las máquinas iniciaran los primeros trabajos de vaciado, lo que evidencia que 2007 no fue ni mucho menos un año de fuertes ventas para Martinsa-Fadesa.

De hecho, aunque sean 12.500 las viviendas inacabadas, entre las de precio libre y las VPOs, los afectados apenas llegan a los 10.000 puesto que los 2.500 inmuebles restantes nunca llegaron a venderse.

EL 80% DE LOS CONTRATOS FIRMADOS NO TIENE AVAL

Otra irregularidad con la que se ha topado buena parte de esos 10.000 afectados: los bancos se niegan ahora a ejecutar el aval por la entrada que dieron en su día -entre 20.000 y 80.000 euros, según la vivienda-.

El motivo es que la inmobiliaria de Fernando Martín nunca depositó el dinero en la cuenta corriente que figura en los contratos. Calculan las asociaciones que se han ido constituyendo en estas últimas semanas que el 80% de los contratos firmados no tiene aval.

Aunque están repartidas por toda la geografía española, las promociones inacabadas de Martinsa-Fadesa se ubican sobre todo en la Comunidad de Madrid, en Galicia, en Cataluña, Valencia y Andalucía.

SOLO QUIEREN QUE LES DEVUELVAN EL DINERO

Muchas de las familias que habían comprado a un precio de entre 200.000 y 350.000 euros, ya no quieren el piso o el chalé; sólo que les devuelvan su dinero. Los que ven las obras más avanzadas, todavía albergan alguna esperanza.

El resto, la ha perdido, mas todos coinciden en el mismo diagnóstico: Fernando Martín ha suspendido pagos antes de que los administradores judiciales empiecen a tirar de la manta, a descubrir una irregularidad tras otra y decidan actuar contra el consejo de administración de la compañía con él a la cabeza.

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LA VIÑETA: EL CHIKIESPECULA
VdeVivienda BCN - 20 de agosto de 2008
 
 


 
 
LAS TASADORAS LIGADAS A LA BANCA COPAN LA MITAD DEL NEGOCIO
La Gaceta de los Negocios - 18 de agosto de 2008
 
 
El Banco de España ha denunciado la alta dependencia que las entidades tienen con 13 firmas que se reparten el 52% de los ingresos.

Oficialmente, reguladores y autoridades, sostienen que las tasadoras no están bajo sospecha. Que las valoraciones de inmuebles que realizan no presentan indicios de sobrevaloraciones, pero la lluvia de normas en garantía de su “independencia” es incesante. Y si hay un colectivo más cuestionado que otro son las firmas participadas por la banca. Son pocas: sólo 13 de las 56 activas (en 1997, con una de las primeras regulaciones del sector, su censo rondaba las 200), pero manejan la mitad del negocio global.

En conjunto, existen unas seis tasadoras propiedad de cajas de ahorros, dos de bancos y tres más de servicios internos de tasación de entidades financieras, junto a unas cinco o seis participadas por una o varias entidades de crédito. En censo, son el 22% de la industria. En importancia: realizaron el 47% del número de valoraciones en 2007, representaron el 52% del importe total tasado y casi el 52% también de los ingresos totales obtenidos por el sector, según los últimos datos del Banco de España. El grado de concentración y dependencia de esta industria cobra mayor relieve cuando se constata que otras 18 firmas, éstas no participadas por entidades de crédito, efectúan el 86% de su negocio con unos pocos clientes significativos. Lo que preocupa a supervisores y reguladores es que la relación con accionistas financieros, en el primer caso, e industriales en el segundo, lejos de remitir va a más. Si se echa la vista atrás, en 2004, las firmas con accionariado bancario acaparaban el 46,2% de los ingresos de la industria (suma hasta 5,8 puntos porcentuales en apenas tres años). Y ¿hasta qué grado puede ser imparcial una tasación si la empresa necesita, por ejemplo, del banco o la caja que concederá la hipoteca al cliente que compra la vivienda?



El 90% ligado a hipotecas.

Al sector tasador se le mira con recelo desde antaño, ante la tentación de ajustar las valoraciones a las necesidades del cliente o la misma entidad financiera. No hay que olvidar que más del 80% del negocio son actuaciones ligadas a préstamos hipotecarios. En el 70% de los casos el cliente que está detrás es además un banco, una caja de ahorros y una cooperativa de crédito.

Empresas y asociaciones de tasación rebaten la denuncia. Alegan que sus estimaciones son todo menos subjetivas porque utilizan modelos parametrizados, con amplias series históricas e incontables variables para diferenciar el precio de los inmuebles según factores como la ubicación en la población, tipo de vivienda, comunicación, facilidades de transporte, etc.

El techo en el 80%.

A la banca tampoco le interesa “inflar” las valoraciones para asumir un crédito superior a la garantía que financia (el piso o casa), sobre todo, cuando el riesgo de impago se ha disparado con la actual crisis inmobiliaria. Pero en el pasado reciente, la sospecha de que hiciesen la vista gorda para poder otorgar un préstamo a un cliente sin ahorros o que le pedía dinero extra para reformar la vivienda era una realidad. Y es que, como el Banco de España ve con malos ojos los préstamos que superen el 80% de la tasación, la única forma de no rebasar la barrera era en muchos casos elevar la valoración.

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LA TRAMPA DEL HORMIGÓN
Soitu.es - 19 de agosto de 2008
 
 
España está enladrillada y Europa lo sabe

Paloma ha comprado un apartamento minúsculo y no demasiado bonito, tras el pago de cuya hipoteca dispone mensualmente, pese al contrato laboral de jornada completa, de algo más de 200 euros que aseguran su dependencia de las croquetas de mamá; Miriam y David han adquirido un piso en una ciudad fantasma, o mejor dicho, todavía inexistente, a medio construir, carente de todo tipo de servicios y a muchos kilómetros de atasco de sus lugares de trabajo; en Villacañas, muchos hogares viven pendientes de que la policía localice y detenga al propietario de la fábrica de puertas que, ante el inminente colapso del sector, “salió a por tabaco y no ha vuelto”, olvidándose, por supuesto, del salario de sus empleados.

Estas historias, familiares para la mayoría de los españoles, empiezan a serlo ya también para los europeos que se despiden, al evocar nuestro país, de la imagen del pueblo blanco adormilado en una ladera, pero también del paraíso vacacional incentivado por la compra-venta de bienes inmuebles con fines especulativos. En Alemania, el canal de televisión Phoenix ha emitido recientemente el reportaje de Thomas Schneider “Die Betonfalle - Wie Spanien sich die Zukunft verbaut” (literalmente: “La trampa de hormigón: cómo España obstruye su futuro”, el juego de palabras entre construir y obstruir funciona con mayor o menor eficacia en ambos idiomas), producido para el estudio madrileño de la primera cadena alemana ARD, para la que Schneider trabaja como corresponsal, y repetido al menos cuatro veces en diferentes franjas horarias.

El documental tematiza las dificultades de los jóvenes españoles para acceder a una vivienda en propiedad, como marca el deseo y la presión social, o de alquiler, a fuer de la necesidad, explora los primeros impactos del temido estallido de la burbuja inmobiliaria (inflada por una sobrevaloración de los precios reales de la vivienda que The Economist tasa en un 52%) y muestra en todo su patetismo el drama de una generación atrapada entre la deuda al banco, la dependencia de sus mayores y la inestabilidad laboral. El diagnóstico de Schneider, expresado ya en el subtítulo de su crónica, es taxativo: dejándose llevar por el canto de sirenas de una prosperidad económica impulsada durante muchos años por el incontrolable frenesí del mercado inmobiliario y la facilidad de crédito, la pujante y dinámica España de la democracia, que sigue siendo, como cabe añadir, el país empozado de la recalificación, el chanchullo y el pelotazo urbanístico, ha encerrado su futuro detrás de un muro de ladrillo paradójicamente sólido y bien construido.

Ahora que, según titulaba el diario francés La Tribune, la fiesta se ha acabado, la mayoría de los que en ella participaron y, a fin de cuentas, todos los ciudadanos españoles, excepción hecha de ventajistas, pícaros, delicuentes y demás espabilados, empiezan a sufrir en sus bolsillos los efectos de la devastadora borrachera: el endeudamiento, la disminución de las rentas y del valor patrimonial, la pérdida de la inversión con la consiguiente destrucción de riqueza, el aumento del desempleo y la caída del consumo privado. Con una demanda incapaz de absorber el exceso delirante de oferta, la sintomatología era tan evidente que no hacía falta ser un experto en mercados finacieros para vaticinar el advenimiento de esa crisis violenta que hoy sólo los promotores se empeñan obstinadamente en negar, en el intento desesperado por deshacerse de algunas más de esas cientos de miles de viviendas edificadas y vacías que nadie necesita y que no valen ni la mitad de lo que cuestan.

Y sin embargo es innegable que la avaricia del sector ha matado a “la gallina de las casas de oro”, la fábula de la economía española según la concebían las periodistas Ruth Ugalde y Carmen Canfrán en la edición digital de El Economista, ese cuento que todos hemos escuchado de niños y cuya sencilla moraleja empresarios y políticos parecen no haber comprendido. Ahora tendrán una buena oportunidad para hacerlo. Las compañías que se declaren en bancarrota difícilmente hallarán excusa en la crisis coyuntural o en un precipitado cambio de ciclo. En los foros de wallstreet:online, por citar un ejemplo, hay más de 790 páginas dedicadas a la cuestión del colapso inmobiliario en España, con alrededor de 7.930 contribuciones de los lectores; teniendo en cuenta que el tema de discusión se abrió en 2004, no hay duda de que el batacazo de la construcción era todo menos imprevisible.

Los sucesivos gobiernos, temerosos de la mala publicidad que suscita entre los votantes la presentación de unas cifras macroeconómicas negativas, y para no dar argumentos a la siempre beligerante oposición, no han mostrado, pese a ello, una voluntad decidida de atajar el problema, ni desde el Ministerio de Economía, ni desde el de Fomento ni desde ninguna otra instancia (las ayudas a la promoción del alquiler y a la emancipación llegan tarde y son insuficientes, los millones destinados a impulsar la vivienda protegida parecen más bien un salvavidas lanzado a las empresas constructoras). La cortedad de vista de los representantes políticos no les impide asombrarse luego del descrédito en que ha caído su actividad, la sospecha permanente de cohecho, la desidia y falta de integridad que les atribuye el ciudadano y la desconfianza total en su capacidad de intervenir en defensa de lo común frente a grupos de presión o intereses mercantiles.

Esta pérdida de credibilidad de la política y, en general, de lo público, es uno más de los daños colaterales de un crecimiento engañoso, fraudulento no por ilegal —o no sólo por eso—, sino por los desmesurados costes sociales, culturales, medioambientales y, en definitiva, económicos, que ha conllevado y que hacen que su debe empiece a pesar ya considerablemente más que su haber. No cabe, no obstante, culpar unicamente a políticos y especuladores de tan desfavorable balance; como acertadamente titulara Luis Fernández-Galiano su magistral artículo, Marbella somos todos. El nuevo modelo urbanístico, la proliferación del ladrillo y del asfalto, la destrucción del entorno natural son, no me resisto a citar literalmente sus palabras, “producto de la vitalidad y el dinamismo de una sociedad próspera y hedonista, que multiplica sus exigencias con impaciencia abrupta. El territorio es siempre un retrato físico de la cultura que lo ha modelado y, nos guste o no, los nuevos paisajes españoles reflejan con exactitud lo que hoy somos: acomodados, vulgares y satisfechos”.

Miriam y David no tienen más que asomarse a la ventana para ver el rostro mal encarado de esa nueva realidad española. El apartamento que han comprado o siguen comprando es parte de una urbe artificial, surgida de la nada para albergar a más de 30.000 habitantes y en la que hoy día perviven ciento y pico familias aisladas, sin transporte público, infraestructura educativa o sanitaria suficiente, comercios, restaurantes u otros locales de ocio y encomendados a la protección de vigilantes privados. Curiosamente, para construir Ciudad Valdeluz, ejemplo paradigmático de ese crecimiento aberrante producto del afán de enriquecimiento más cerril, fue necesaria la decisión política de levantar la estación del AVE Madrid-Barcelona no en Guadalajara, capital de provincia de 67.000 habitantes, sino en un páramo desierto situado a 13 kilómetros de su casco urbano. No es el único caso en que por misteriosas razonas una pomposa estación del trazado de alta velocidad se construye en terreno rústico baldío, como ha ocurrido en las cercanías de Antequera, pero esa es otra —y la misma— historia…

El reventón de la burbuja significa para Miriam y David que las calles de su ciudad nunca se llenarán de niños, como anhelan pensando en los que desearían tener, y posiblemente ni siquiera lleguen a verla terminada, porque las promociones no van a venderse y únicamente hay completada una de las cuatro fases previstas del proyecto; si ellos mismos quisieran deshacerse ahora de su vivienda, sólo podrían hacerlo afrontando enormes pérdidas. De manera que son prisioneros entre sus propias cuatro paredes.

¿En qué consiste, pues, la trampa de la que habla Schneider, el cepo de ladrillo y cemento en que ha caído, como mínimo, toda una generación? Es la trampa del endeudamiento perpetuo, sin lugar a dudas, pero también la condena a la fealdad, a habitar espacios urbanos devaluados, a la estrechez de viviendas pagadas a precio de oro pero construidas a precios de saldo (el presupuesto se ha diezmado en los bolsillos del promotor, del intermediario, del concejal o el consejero), en ciudades-dormitorio o en urbanizaciones inhabitables florecidas en la autopista y muchas veces carentes de los más elementales servicios; es la trampa del juego especulativo estimulado por políticos, economistas y expertos, del dudoso festín a cuya mesa se han sentado tantos ciudadanos; es la trampa que impide emanciparse a los jóvenes, que los obliga a trabajar por sueldos de miseria y a renunciar a sus derechos por miedo a perder ese salario que los más afortunados destinan casi íntegramente a cubrir la hipoteca; es la trampa, por tanto, de cuyas víctimas se alimenta la precariedad laboral y que hace de tener hijos un lujo que muy pocas parejas pueden permitirse. Es, para concluir, la trampa en la que agonizan costas y paisajes naturales, que modifica para siempre, y siempre para mal, la fisonomia de nuestra tierra, la trampa de la falta de escrúpulos o de perspectiva, de una mentalidad de nuevo rico tan ambiciosa como limitada.

No quiere, sin embargo, el corresponsal alemán, excluir del documental todo atisbo de esperanza y relata la historia del emprendedor Álvaro, que ocupando junto a otros jóvenes un antiguo hospicio para leprosos cerca de Barcelona, disfruta por primera vez del gustazo de un vivienda acondicionada a su antojo y con su esfuerzo, con jardín y ventana con vistas al skyline de la ciudad condal. La autogestión de espacios ocupados no representa, lamentablemente, una opción factible, imaginable para el grueso de la población, de sortear la penuria inmobiliaria, de manera que los bancos y las administraciones de lotería siguen frotándose las manos… Que Dios y el Euribor nos guarden.

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¿España es diferente?
Publico.es - 21 de julio de 2008
 
 
Un porcentaje muy elevado de ciudadanos residentes en España no puede acceder a la vivienda o se hipoteca de por vida para hacerlo porque insiste en tenerla en propiedad. En comparación con lo que ocurre en otros países, como Alemania o Reino Unido, el autor sugiere varias medidas para intentar solucionar este problema. El desarrollo del régimen de viviendas públicas en alquiler, la licitación de suelo a los promotores en concesión por un periodo limitado de años o la aplicación de un impuesto directo y elevado a la tierra son algunas de sus propuestas. Así podría evitarse la especulación que se ha producido con el suelo en los últimos años.

Lo primero que debería tener un ser humano al comenzar su vida independiente es un lugar donde vivir decentemente. La Constitución Española reconoce este derecho fundamental. Sin embargo, entre un 20% y un 25% de la población española carece totalmente de la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Otro porcentaje importante, quizás otro 25% o 30%, ha debido hipotecar su futuro para poder acceder a la propiedad. Estos especulan, es cierto, con que el aumento de los valores inmobiliarios –una constante en los últimos 20 años– les permitirá afrontar la situación dando un pequeño pelotazo. Pero esto no siempre sucede.

Puede sobrevenir, como ahora, la crisis. Los valores inmobiliarios caen –el Ministro Solbes dice que esto es bueno– y también el poder de compra de la gente. O sea, que la ecuación sigue igual. El problema de la vivienda no se resuelve por la ley de la oferta y la demanda, porque la tierra –que es el núcleo del problema– es un monopolio, le guste o no le guste a los economistas del establishment. De las experiencias de otros países podemos extraer conclusiones que quizás nos ayuden en España.

La realidad pura y dura: alrededor de un 80% de las viviendas ocupadas en España lo son en régimen de propiedad romana. Solo una pequeña parte lo es en régimen de arrendamiento. Todo el desarrollo de los últimos años en España se ha basado en el tirón de la construcción y la especulación inmobiliaria. Desmontar esto es una tarea larga y difícil. Pero lo cierto es que dentro del esquema de la propiedad romana, que incluye los valores especulativos del suelo, no hay solución. Por más que se construyan viviendas protegidas, siempre la demanda será mucho mayor que la oferta. Como las viviendas protegidas se venden en propiedad absoluta, aunque no se puedan vender por un cierto número de años, se planta así la semilla de especulaciones futuras.

De las experiencias de otros países –especialmente Alemania– se puede concluir que la oferta de vivienda pública en régimen de arrendamiento es una parte de la solución. Sea construida directamente por los Ayuntamientos o por licitaciones privadas, pero condicionadas y regladas, que no puedan venderse y en tierra otorgada en concesión, la existencia de ese mercado permitiría acceder a la vivienda a amplios sectores de bajos ingresos y desalentar la especulación.

Construir viviendas protegidas para otorgarlas en régimen de propiedad –tierra incluida– es la pescadilla que se muerde la cola. A la larga, crea nuevos privilegiados y deja al margen a las nuevas generaciones.

Pero el caso inglés muestra que la oferta de vivienda pública en régimen de arrendamiento no es suficiente para resolver el problema. El concurso de la oferta privada es absolutamente necesario. La iniciativa pública no puede cubrir todas las necesidades habitacionales de la población. Como en Hong Kong y en Singapur, la iniciativa privada es necesaria. En España la ha habido, es cierto, pero ha estado gravemente afectada por los valores especulativos del suelo que, en vivienda nueva, representan el 50% o 60% del precio final.

En consecuencia, el camino que debe emprenderse en España pasa necesariamente por deflacionar los valores del suelo, para lo cual la legislación comparada ofrece muchas soluciones: la primera quizás licitar la tierra a los promotores en concesión por un período de años, para que el peso muerto del valor del suelo incida en menor medida sobre el precio final. Los apartamentos podrían venderse, incluso a perpetuidad, pero no la tierra que, al finalizar la concesión (por ejemplo, 99 años) debería renovarse pagando el precio al Ayuntamiento. Otra fórmula es gravar drásticamente las plusvalías surgidas por el incremento del valor de la tierra declarada urbanizable, lo que inmediatamente incidiría sobre su precio, sin caer en el error de los laboristas británicos de gravarla con un 100%, lo cual –evidentemente– desalentaría a los promotores.

La fórmula más sensata y usada en muchos países anglosajones es, simplemente, gravar la renta de la tierra mediante un impuesto directo y suficientemente alto sobre el valor del suelo libre de mejoras. Si el impuesto se lleva parte de la renta, ésta no puede capitalizarse y el valor de la tierra cae. La tierra no tiene costo de producción, su precio no es otra cosa que la renta futura que puede obtenerse de ella, capitalizada al interés corriente. La tierra es un bien natural. Es como el aire o la luz del sol y como ellos es indispensable para la vida. En España –y en muchos otros países– se ha convertido en un medio de especular y atesorar riqueza. Tarde o temprano este sistema se agota.

Depende de nuestros políticos el que, al menos en España, el final sea lo menos doloroso posible.

Alemania. Un país europeo que no sabe lo que es el problema de la vivienda

Alemania es, sin duda, el país europeo que –al menos durante gran parte de su historia reciente– no ha sufrido el problema de la vivienda. Lo primero que debe llamar nuestra atención es la gran preponderancia del arrendamiento sobre la propiedad. Casi el 60% de la población alemana vive en régimen de alquiler, lo que indica la importancia que tuvo la regulación de esta figura. La legislación establece normas a favor de los inquilinos más severas que las españolas, entre ellas la que se conoce como Kappungsgrenze, por la cual el alquiler no puede subirse más de un 20% en tres años y no puede superar la mensualidad usual en la localidad para pisos comparables.

La gran oferta de viviendas en arrendamiento y el control estricto de éstas explican ese alto porcentaje de la población que utiliza el sistema. La especulación inmobiliaria no ha existido en Alemania, por lo menos hasta hace pocos años.

Una primera explicación de la gran oferta en alquiler la encontramos en las inteligentes disposiciones del Impuesto sobre la Renta. Después de la I Guerra Mundial, Alemania instrumentalizó un sistema de desgravaciones para inversiones en áreas que se deseaban promover, entre las cuales estaba la construcción de viviendas sociales para arrendamiento. Si el empresario no invertía debía pagar impuestos y si invertía se desgravaba por la cantidad empleada y podía deducir las pérdidas de su inversión durante años.

Otra fuente está en las Leyes de Construcción de Vivienda promulgadas en los cincuenta, que canalizaron la concesión de créditos a bajo o ningún interés para la construcción y/o compra de viviendas sociales, con la obligación de alquilar la vivienda a personas o familias que no superasen un determinado nivel de ingresos y, además, por un monto de alquiler cuidadosamente regulado. Esta obligación cesaba cuando se terminaba de pagar el crédito. Las grandes empresas industriales invertían en la construcción de viviendas y resolvían en problema de vivienda de sus trabajadores.

Lamentablemente, en los últimos años, a medida que los créditos se iban terminando de pagar, muchas empresas vendieron los bloques a inversores que inmediatamente las vendían o incrementaban los alquileres. En 2006, se transfirieron las competencias en materia de vivienda social a los Länder y se suprimieron las ayudas a la vivienda social.

La tendencia general es ahora de retroceso para esta fórmula. No obstante, se mantienen subsidios para los necesitados de vivienda en alquiler. A partir de 1996 se dictaron leyes para fomentar la adquisición de viviendas, concediendo ayudas importantes a quienes tuvieran niveles de ingresos bajos y se fomentó el sistema de Ahorro-Construcción, una modalidad de cuenta de ahorro destinada a financiar la compra de vivienda. Esta mayor tendencia a la propiedad ha provocado por primera vez problemas de vivienda en Alemania, pero el arrendamiento sigue teniendo una presencia fuertemente enraizada.

Históricamente, también ha sido importante la existencia de un sector público que poseía hasta el 8% del total de viviendas, en general en manos de los ayuntamientos, que las arriendan. Esas viviendas se han vendido a inversores en los últimos años, lo que, unido a la venta de las que poseían las empresas, ha generado un amplio debate político y social, así como protestas por parte de los inquilinos.

Hong Kong. La ventaja de no tener suelo en propiedad

Tiene una superficie total de 1.095 Km2 y siete millones de habitantes. Su densidad de población es aproximadamente de 6.500 habitantes por Km2, aunque gran parte vive en apenas un 25% del territorio, pues el resto son reservas naturales. Es una de las densidades más altas del mundo, superada sólo por Macao, Mónaco y Singapur. A pesar de esa enorme concentración, Hong Kong no tuvo nunca, ni tiene, problema de vivienda. Es, además, uno de los centros financieros más importantes del planeta, con el promedio de vida más alto del mundo: 81,9 años.

¿Cómo resolvió el problema de la vivienda? Al igual que en Reino Unido, nunca existió la propiedad privada de la tierra: toda pertenecía a la Corona (fue colonia inglesa) y sólo se otorgaban concesiones (leases) por un máximo de 75 años y otras por 21 años. El Estado chino, al recibir la colonia en 1997, mantuvo intacto el sistema y extendió el horizonte de los leases hasta 2047.

Así, el Estado siempre tuvo cuantiosos ingresos originados en la concesión y renovación de leases a nuevos titulares y el 50% de la infraestructura fue financiada directamente por la renta de la tierra. Debido a esta propiedad estatal de la tierra, Hong Kong desarrolló un gran sector de viviendas públicas subsidiadas. En 1994, se calculaba que tres millones de personas (casi la mitad de la población) vivía en apartamentos públicos; 2,5 millones, en régimen de alquiler, y 593.000 en lease. El resto de la población vivía en viviendas adquiridas o arrendadas a propietarios privados.

Desde 1999, el Estado chino ha construido 85.000 viviendas por año y se calcula que ya en 2007, el 70% de la población son dueños de sus leases. Como el Estado no tiene que comprar la tierra, es el único terrateniente, el coste de las viviendas no soporta el peso inicial del valor del suelo y ello permite acceder a la vivienda a los sectores de más bajos ingresos y mantener relativamente bajo el coste de la vida. El secreto, pues, de Hong Kong está a la vista: un fabuloso desarrollo capitalista sin propiedad privada de la tierra.

Singapur. Cuando el Estado es el casero y el alquiler permite bajar impuestos

Singapur es una pequeña Ciudad-Estado situada en una isla en el sudeste asiático. Su densidad de población es de 7.091 habitantes por Km2. Fue fundada como un centro comercial británico por Sir Stamford Raffles en 1819.

En 1824, en virtud de un tratado entre el Gobierno británico y los gobernantes de la vecina Malasia, se cede en perpetuidad el dominio de Singapur y todas las islas hasta 10 millas de su costa a la compañía británica East India Company y a sus herederos. Ya desde 1826 se aplicaban en la isla las leyes británicas (statutes) y los principios de la Ley de los Comunes y de Equidad típicos del derecho inglés, donde no existe la propiedad privada de la tierra.

Ello significó que, al menos en teoría, toda la tierra perteneció primero a la East India Company, luego a la Corona Británica, que la sucedió en el dominio, y actualmente al Estado. No obstante, bajo el Gobierno británico se hicieron concesiones de tierras, algunas a perpetuidad, otras en arrendamientos por 999 años y otras por períodos breves.

El dominio eminente de la tierra siempre continuó en manos de la Corona.

Singapur obtuvo el auto-gobierno en 1959 y desde 1965 es una República independiente. El Partido de Acción Popular ha ganado todas las elecciones desde entonces. Existen las libertades democráticas, pero en la práctica el Partido de Acción Popular ejerce un domino hegemónico. Singapur se ha convertido paulatinamente en lo que es hoy día: uno de los centros financieros más importantes del mundo, con un gran desarrollo capitalista y un alto nivel de vida. No existen problemas de vivienda, a pesar de la enorme concentración de población. El sistema tiene una peculiaridad similar a la de Hong Kong: no existe la propiedad privada de la tierra.

En 1960, el Estado detentaba en forma directa el 44% de la tierra y aunque en teoría toda la tierra le pertenecía, había importantes extensiones en concesión perpetua. El Gobierno encaró un drástico programa de readquisición de tierras a través de la Land Adquisition Act de 1967 y en 1984 el 76% de la tierra estaba ya en sus manos. En 2007, en una entrevista con el autor de estas líneas, las autoridades de Singapur le informaron de que prácticamente no quedaban tierras en domino privado. La tierra se concede en arrendamientos por períodos que llegan hasta 99 años y en las concesiones se establece con precisión el destino de la misma. Como consecuencia de este sistema, el Estado percibe grandes ingresos provenientes de la renta del suelo y ha ido disminuyendo el Impuesto sobre los Beneficios y el de Sociedades. La tasa actual de este último es del 25%.

El problema de la vivienda no existe como tal. El programa de vivienda pública es bien conocido y es un motivo de orgullo para el Gobierno. Se calcula que el 86% de la población vive en viviendas públicas, ya sea bajo régimen de arrendamiento por períodos cortos o bajo el régimen de compra de los arrendamientos a largo plazo por 99 años. Éstos se venden a precios subsidiados, ya que no incluyen el valor de la tierra. Existe también un mercado abierto en el cual los interesados pueden comprar leases a los promotores. A estos promotores se les concede la tierra por 99 años y ellos, a su vez, venden los apartamentos en sub-leasespor 99 años.

Los precios son más altos, pero lógicamente al no incluir la propiedad absoluta de la tierra y debiendo enfrentar la competencia de la vivienda pública, los precios distan de los valores especulativos conocidos en Occidente. De esta forma, Singapur ha logrado resolver sin angustias un problema que, sin embargo, atenaza a las grandes ciudades de Occidente.

Reino Unido. Un empeño laborista borrado con cada gobierno conservador

En Gran Bretaña, las tentativas para resolver el problema de la vivienda se realizaron especialmente bajo los gobiernos laboristas. Nunca tuvieron un éxito completo y siempre contaron con la oposición tenaz del Partido Conservador que, en cuanto accedía al poder, revocaba o coartaba los planes laboristas. De este proceso de marchas y contramarchas debe excluirse al Ejecutivo de Tony Blair, que no hizo absolutamente nada respecto al problema, que ahora está peor que nunca.

Para entender lo sucedido en Gran Bretaña deben tenerse en cuenta las peculiaridades del sistema británico de propiedad. No existe la propiedad romana como en España. Toda la tierra pertenece a la Corona. Existe lo que se llama el freehold (tenencia libre) que, aunque en teoría es un arrendamiento, en la práctica funciona como la propiedad romana, porque la renta del suelo es apropiada por el freeholder. Comprar un freehold en el centro de las grandes ciudades es difícil. Son concesiones que se otorgan a organizaciones (como la Iglesia) o a grandes terratenientes. No obstante, los titulares del freehold están obligados a vender en determinadas circunstancias.

Tampoco existe en Gran Bretaña la propiedad horizontal. Para poder tener un freehold hay que tener la tierra. Los dueños de apartamentos, lo más que pueden poseer son arrendamientos a largo plazo, llamados leases (que pueden llegar hasta los 99 años, aunque en las mejores zonas no pasan de 30, 40 o 60 años). Para comprar un freehold en un edificio donde hay varios apartamentos con leases, todos los arrendatarios deben ponerse de acuerdo para plantear conjuntamente la compra del edificio, tierra incluida, al Freeholder.

En 1947, el Gobierno laborista dictó leyes para adquirir compulsivamente tierra de los freeholders y dedicarlas a la construcción de viviendas sociales. Los proyectos privados se gravaban con hasta el 100% de las plusvalías, lo que desalentó la inversión. El Gobierno Conservador revocó en 1951 estas medidas e inmediatamente se desató la especulación inmobiliaria. En su turno, el gobierno laborista determinó los sitios a desarrollar y el uso que debía darse a la tierra, pudiendo urbanizar directamente o por medio de promociones privadas. El impuesto a las plusvalías originadas se reestableció, pero reducido al 40%. La construcción de viviendas sociales en régimen de arrendamiento recibió un gran impulso, luego debilitado por un nuevo Gobierno conservador. Los laboristas otorgaron en los setenta facilidades para la adquisición compulsiva de tierras.

El sistema aceleró la construcción de las viviendas sociales en régimen de arrendamiento, pero en 1979 la normativa fue derogada por Margaret Thatcher, quien poco después resolvió vender las viviendas sociales a los arrendatarios, quienes, por supuesto, las compraron. Desde entonces, el problema de la vivienda en Gran Bretaña ha adquirido proporciones colosales.

Lo importante es que ni aun en los mejores momentos, la vivienda social en arrendamiento fue suficiente para satisfacer la demanda. En definitiva: nunca tuvo el mismo impulso ni la misma continuidad que en Alemania. Si bien se hacía en régimen de alquiler, las sucesivas paralizaciones por parte de los Gobiernos conservadores y los errores de los mismos laboristas obstaculizaron su desarrollo.

Las promociones privadas carecieron de control y ayudas. Con los astronómicos valores de los freeholds, sus precios las hicieron inaccesibles para la población. Actualmente, Gran Bretaña enfrenta un gravísimo problema sin solución a la vista.

* El autor es Presidente de la International Union For Land Taxation and Free Trade y miembro del Grupo de Fulham en Londres

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Corredor: 'Aumentar la deducción por compra de casa es...'
El Mundo - 24 de julio de 2008
 
...como apagar fuego con gasolina'. Este tipo de actuaciones 'calientan el mercado y llevan los precios hacia arriba'. El PP defienda la ampliación de estos beneficios fiscales del 15% actual hasta el 25%

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, advirtió al PP que aumentar las deducciones fiscales por compra de vivienda es como "apagar fuego con gasolina o llevar bacalao a Escocia".

Así se expresó Corredor durante una comparecencia en el 'Foro Cinco Días', en la que criticó que el PP defienda que una buena medida para hacer frente a la actual situación económica sea ampliar la deducción por vivienda del 15 al 25%.

"Ni se pueden ni se deben aumentar los beneficios fiscales y eso lo dicen todos los especialistas", prosiguió la ministra, quien indicó que este tipo de actuaciones "calientan el mercado y llevan los precios hacia arriba".

Asimismo, indicó que las deducciones por vivienda le cuestan al Estado 4.000 millones de euros anuales y además favorecen la compra y penalizan al alquiler. Por todo ello, concluyó que el incremento de las deducciones "va en contra de las prioridades del Gobierno y de la lógica del momento", aunque descartó que el Ejecutivo pueda rebajarlas.

Calcula que los promotores tardarán tres años en absorber el 'stock'

Los promotores tardarán unos tres años en absorber las cerca de 800.000 viviendas que acumularán en su 'stock' al final de este año por el frenazo de la compraventa de viviendas, siempre que se mantenga un "ritmo normal" de demanda, según calcula la ministra de Vivienda.

Estos cálculos se basan en una demanda por creación de hogares de entre las 400.000 y 450.000 viviendas anuales, frente a un ritmo de construcción de alrededor de 200.000 inmuebles en el mismo periodo de tiempo. Según la ecuación de Corredor, la nueva construcción dejaría al descubierto cada año entre 200.000 y 250.000 viviendas demandadas, que deberían ser cubiertas por el 'stock' de los promotores, de forma que en tres años se habría dado salida a entre 600.000 y 750.000 viviendas vacías.

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Corredor: 'Los ministros somos personas sin hogar'
Libertad Digital - 11 de agosto de 2008
 
 
La ministra bromea en El Mundo de casi todo. Reconoce que su casa tiene "60 metros por planta" y tiene tres pero señala que "los ministros somos personas sin hogar". Su casa ideal es "con vistas al mar". También dice que le "tocó el cheque bebé" y que quiso tirar todos sus muebles en la última mudanza "para no tener que volver a colocarlos". De momento, su departamento sigue ofreciendo dudas. El acceso a la vivienda es cada vez más complicado y en cuanto al alquiler, cada agente de la Sociedad Pública de Alquiler tarda casi 3 años en cerrar dos contratos.

En “camisa de once varas” se mete la ministra de Vivienda para hablar de su casa ideal, de su pasado y de su mala suerte. “Nunca pensé que cumpliría 40 años tan estupendamente como lo estoy cumpliendo”, dice Beatriz Corredor. Preguntada por su vivienda ideal, asegura que ésta sería “con vistas al mar”. “Yo soy madrileña, todos mis recuerdos son buenos, de verano y de vacaciones. A mi el mar me relaja mucho”, argumenta.

Para la nueva responsable de Vivienda, los mini-pisos no son la solución y el tamaño “sí importa”. Su casa, dice, tiene “muchos metros cuadrados”. En total, “setenta metros” en cada una de las tres plantas de su domicilio. “Cuando somos muchos sí importa el tamaño, y eso que somos una familia numerosa y se notan las ayudas”, afirma, para después añadir: “A mí me tocó el cheque bebé, los 2.500 euros que daban”.

Después de hablar de su majestuoso hogar, se pone seria y habla de las infraviviendas. "Yo esto lo he vivido desde el ayuntamiento. Es un problema de los casos históricos que hay que afrontar. Con el problema añadido del acoso inmobiliario, que es un drama", asevera. Además, dice sin reírse: "La vivienda digna es un derecho constitucional".

"¿Bermejo o Trujillo?" le pregunta el entrevistador, Pedro Simón. La respuesta refleja sus ya conocidas discrepancias con su antecesora: "Trato más con Bermejo".

El ministro de Justicia, le recuerdan, se gastó 250.000 euros de dinero público para adecentar su piso. Corredor justifica su actitud: "Casi todos los ministros somos personas sin hogar. No vivimos en nuestras casas. Mis hijas me lo reprochan todos los días. Eso sí, nunca he faltado a la actuación de fin de años. Ese día me lo reservo".

En clave de humor, Corredor asegura que si ve "los partidos decisivos, España pierde. Es una teoría que tengo desde pequeña. Muchas veces están jugando, llego, me siento, nos meten gol… Si Nadal juega una final con Federer y la veo yo, pierde".

También habla de Estados Unidos y de la Casa Blanca, a la que espera llegue el candidato demócrata, para decir que "con Obama espero que cambie la política internacional, que es a que nos afecta más".

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El Gobierno promete 10.000 millones para VPO
20 Minutos - 15 de agosto de 2008
 
ante el estancamiento económico. Ha hablado tras la reunión del Consejo de Ministros.En términos interanuales "España crece más que la zona euro".Admitió el periodo de dificultad de todas las economías desarrolladas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió este jueves que la economía española tiene "una situación de estancamiento y frenazo" y que en términos interanuales España sigue "creciendo más que la zona euro y que los principales socios europeos".

A pesar de esta situación de "frenazo", "nuestro país sigue teniendo una capacidad mayor que el resto de las economías" de la zona euro, apuntó.

La comparecencia de Zapatero se ha producido tras la aprobación de un programa de 24 reformas económicas que se pondrán en marcha entre este año y el que viene en sectores como la vivienda, el transporte, la energía, las telecomunicaciones y el medio ambiente.

Periodo de dificultad

Rodríguez Zapatero admitió el periodo de dificultad que atraviesan todas las economías desarrolladas y recordó que todavía España continúa creciendo más que la zona euro y que la Unión Europea.

Destacó que la actual situación exige una actividad permanente de política económica y subrayó que el Gobierno trabaja en ello desde el primer día de la legislatura.

El presidente del Gobierno señaló que la actual coyuntura económica afecta a las familias, al empleo, a las empresas y a las expectativas de crecimiento y del ritmo de bienestar que ha caracterizado a la sociedad española.

Medidas

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) renovará en 2009 y 2010 la línea de avales destinados a impulsar la financiación de vivienda de protección oficial (VPO) por un importe de 5.000 millones de euros en cada ejercicio.

También se mejorarán las condiciones para el alquiler, para lo que se reformarán varias leyes, entre ellas la de Arrendamientos Urbanos o la de Enjuiciamiento Civil.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), también recibirán ayuda en forma de facilidades de acceso a la financiación y liquidez. El Ministerio de Economía propone otorgar avales con un importe máximo de 6.000 millones de euros divididos entre 2009 y 2010 a partes iguales.

También se ha aprobado el Proyecto de Ley que suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, tendrá efecto a partir del 1 de enero, y generaliza el sistema de devolución mensual en el IVA, entre otras modificaciones en la normativa tributaria.

Ambas iniciativas supondrán una inyección de liquidez para la economía de unos 7.800 millones de euros.

Se han incluido también las medidas fiscales que el Gobierno acordó con los representantes del transporte por carretera, como los cambios introducidos en el Impuesto sobre Actividades Económicas, como una bonificación del 50% en las cuotas del sector del transporte por carretera para 2008.

En cuanto al Impuesto sobre Primas de Seguros, se introduce una bonificación del 75% en 2008 y 2009 para las operaciones aseguradoras relacionadas con el transporte público urbano y por carretera de mercancías o viajeros.

Asimismo, la nueva norma incluirá también algunas modificaciones en el Impuesto de Sociedades y se elevan las cuantías de los productos que se pueden introducir libres de impuestos en el país.

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Gobierno aprueba norma para agilizar los desahucios
Finanzas.com - 15 de agosto de 2008
 
 
Y el cobro de impagados

El Consejo de Ministros aprobó hoy la norma de impulso del mercado de la vivienda en alquiler, que recortará y abaratará los procesos de desahucio de inquilinos morosos y la reclamación de las cantidades impagadas, y ampliará los supuestos en los que es posible no prorrogar el contrato de alquiler.

El Anteproyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas y Eficiencia Energética de los Edificios, que busca incrementar la seguridad jurídica de los propietarios con el objetivo de elevar el parque de vivienda en alquiler, obligará a reformar tres normas, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de Propiedad Horizontal.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil permitirá agilizar los "largos y onerosos" trámites judiciales que debe afrontar el propietario de una vivienda para desahuciar a un inquilino moroso y cobrar las rentas pendientes; un proceso que hasta ahora podía durar entre 9 y 18 meses y que supone un gasto mínimo en asesores jurídicos de entre 2.000 y 3.000 euros, según fuentes del sector.

La reforma de la ley reducirá de dos meses a un mes el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador exige vía requerimiento el pago de las deudas atrasadas y el momento en el que puede presentar demanda; un acto que podrá evitar el inquilino si paga todas las mensualidades atrasadas en ese período.

Además, todas las reclamaciones de desahucio y rentas podrán resolverse a través del "proceso monitorio", un tipo de juicio para reclamaciones de cantidades no superiores a 30.000 euros, que no exige abogado ni procurador y que sólo requiere que la deuda de dinero esté vencida y que se acompañe de una documentación que lo acredite o demuestre.

En cualquier caso, las reclamaciones por impago de rentas que hasta ahora se analizaban en juicios ordinarios pasarán a abordarse en un juicio verbal, "más simple, sencillo y rápido que el anterior".

Además, la sentencia sobre reclamaciones de rentas atrasadas incluirá no sólo las que se hubieran dejado de pagar con anterioridad a que el arrendador presente la demanda, sino también con posterioridad, evitando así al propietario un nuevo juicio, como ocurre ahora.

La sentencia de desahucio de un juez será "título suficiente para la ejecución directa del desahucio", señala el Gobierno en la referencia oficial.

Por otro lado, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos ampliará los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler, que tiene una duración de cinco años.

El propietario podrá rescindir el contrato en el caso de que necesite ocupar la vivienda no sólo para uso propio, como ocurría hasta ahora, sino por sus padres o hijos.

La reforma exigirá que el arrendador haga constar esa posibilidad expresamente en el contrato y se verá obligado a indemnizar al inquilino si incumple su obligación de ocupar la vivienda transcurridos tres meses desde la extinción del contrato.

En este caso, tendrá que permitir que el inquilino ocupe de nuevo el inmueble por un período de hasta cinco años y deberá pagarle el importe de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera causado hasta la reocupación, o bien una indemnización por una cantidad igual al importe de la renta por los años que quedasen hasta completar los cinco de contrato.

Las medidas adoptadas hoy incluyen una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de que las comunidades de propietarios puedan aprobar con menos apoyos las obras de mejora de la eficiencia energética de un edificio.

La modificación facilita las obras de rehabilitación de los edificios residenciales que tengan por objeto mejorar la eficiencia energética y, en consecuencia, es importante para favorecer la eficacia del Plan Renove de las Viviendas, que está elaborando el departamento dirigido por Beatriz Corredor.

El fomento del alquiler era una de las principales exigencias del sector inmobiliario, de la que se hizo eco el pasado 24 de junio el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que reclamó la eliminación de las "restricciones" en la duración de los contratos y el incremento de la seguridad jurídica.

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Crisis se convierte en antídoto para corrupción urbanística
Cotizalia.com - 05 de agosto de 2008
 
 
Si la bonanza económica ha propiciado los actos de corrupción urbanística entre cargos públicos y constructores y promotores, la crisis se está convirtiendo en aliada de aquellas organizaciones que se han visto perjudicadas por la especulación inmobiliaria, y que pretenden modificar la legislación actual, aprovechando los momentos de debilidad que atraviesa el sector.

Enrique Climent Laguarda es presidente de Abusos Urbanísticos NO, una asociación sin ánimo de lucro que representa a propietarios negativamente afectados por el desarrollo urbanístico en la Comunidad Valenciana. Climent es probablemente uno de los pocos españoles que contemplan a contrarreloj la crisis económica que atraviesa el país. “Tenemos que aprovechar el momento porque una crisis como esta no va a ser eterna”, dijo a El Confidencial. Climent estima que a partir del 2011 resurgirá de nuevo la actividad inmobiliaria y cuenta con este periodo de tiempo para llevar a cabo las reformas pertinentes de la vigente legislación urbanística.

Este lunes en el curso de verano de El Escorial, La transparencia como antídoto a la corrupción, Climent aseguró que se reduciría considerablemente el nivel de corrupción si el Gobierno Central recuperara las competencias de urbanismo que se cedieron en su día a las Autonomías y a los Ayuntamientos. “Tenemos a más de 7,000 municipios en España lo que multiplica por 7,000 las oportunidades de corrupción”, afirmó.

El antiguo auditor del Estado tiene preparado para septiembre el lanzamiento de una federación española que agrupará a un número de asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a luchar contra los abusos urbanísticos y medioambientales. Una organización estatal con la que pretende conseguir que “la caja de resonancia sea mucho más ruidosa” de lo que ha sido hasta ahora su pequeña organización.

Pero no ha pasado desapercibida la labor que hasta la fecha ha realizado Abusos Urbanísticos NO. Su historia es una historia de perseverancia. Después de presentar sin mucho éxito sus quejas y denuncias ante los diferentes órganos de gobierno españoles, se dirigió a la Comisión Europea como último recurso. “Nos dimos cuenta de que era el único sitio que nos podía brindar una cierta ayuda”, dijo. Ante la Comisión la organización presentó alrededor de 15,000 quejas civiles, un gran porcentaje de las cuales provenían de jubilados extranjeros que viven en la costa mediterránea española. “Esto ayudó a que la Comisión se lo tomara realmente en serio”, dijo Climent. Y, efectivamente, el organismo europeo envió a España tres comisiones de investigación, concluyendo la tercera de ellas en la derogación de la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística, que se sustituyó a finales del 2005 por la actual ley de 2006. A pesar del éxito, el proceso no estuvo exento de dificultades. “La reacción a las visitas europeas por parte de los cargos públicos autonómicos fue tan lamentable que en un artículo escribí que me avergonzaba de ser valenciano si serlo implicaba tener un gobierno como el que tenemos”.

Actualmente, la organización se mantiene a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra el gobierno de España por incumplimiento de Directivas Europeas en materia urbanística que podría implicar una sanción de elevada cuantía. Cuando un político valenciano, cuyo nombre no quiso citar, se enteró de la posibilidad de la sanción, Climent le escuchó comentar, “que nos pongan multas, al fin y al cabo España nunca paga las multas que le pone la Comunidad Europea”.

Climent atribuye el salvaje desarrollo urbanístico en parte a las ingentes cantidades de dinero que buscaban (y siguen buscando) en el sector inmobiliario un destino para sus inversiones. Dinero blanco procedente del estallido de la burbuja tecnológica se sumó al negro procedente del cambio de la moneda única, o de la delincuencia internacional. “Esto era el paraíso para cualquier delincuente donde el trinomio de robo, corrupción y blanqueo encajaba como el mecanismo de un reloj”, afirmó Climent. “Nos hemos enterado de la noche a la mañana que tenemos instaladas a pan y cuchillo a Mafias rusas, rumanas, kosovares, sicilianas, napolitanas y colombianas”.

El fenómeno de movilización social que Climent está llevando a cabo resulta poco frecuente en nuestro país. “La sociedad española es una sociedad muy manipulada”, dijo Climent a El Confidencial. “Hay una indiferencia que hace que se pierda el interés por cualquier cosa que pueda afectarnos”.

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Investigan la relación de imputados en Malaya con casos CLM
ElConfidencial.com - 23 de julio de 2008
 
 
El juez de la Operación Malaya en Marbella ha ordenado que se investigue un escrito anónimo recibido por el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que contiene información que “vincula a algún imputado en el caso Malaya con los casos de corrupción inmobiliaria en Castilla-La Mancha”. El magistrado ha derivado estos documentos a los responsables de Udyco (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado), precisando que se los hace llegar por "si la información contenida fuera de relevancia para las presentes actuaciones" de la causa.

Todo indica que el garganta profunda que inició la investigación de Malaya, está aportando datos con este escrito, que podría destapar un nuevo escándalo de corrupción entre imputados del caso marbellí con asuntos “de trama ilegal urbanística” y corrupción de la comunidad castellana-manchega.

Según consta en el tomo XIV, folio 4.165 de las previas 4796/05 del sumario Malaya, el informante señala que “conforme vaya recopilando más información y su investigación avance, no dude que iré facilitándole más datos por si son de su interés”.

Y parece ser que ha cumplido su promesa. Hace una semana, el 11 de julio, el fiscal López Caballero recibió un escrito anónimo y un CD que contenía información referente a la vinculación entre la trama marbellí y la de Castilla-La Mancha. Al igual que en su día hiciera el representante del Ministerio Público, dejó constancia del material en el Juzgado número 5 de Marbella que, a su vez, fue remitido al grupo III de Blanqueo de la Udyco para que investigue la veracidad de la información que se refleja en los documentos recibidos.

El Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, regentado ahora por el magistrado Óscar Pérez Corrales, ha iniciado una serie de pesquisas que determinen las posibles relaciones con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla-La Mancha.

Fuentes cercanas a la investigación señalan a El Confidencial que “se siguen desglosando tramas paralelas a la raíz central de la causa. Los entramados son muy complejos y es por lo que es muy difícil cerrar la instrucción de la investigación”.

Un parco comunicado de dos líneas

En el oficio remitido por López Caballero a Oscar Pérez se dice que “el 11 de julio, recibió un CD junto con un escrito sin firma, en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en Malaya con casos de corrupción inmobiliaria en Castilla-La Mancha”.

A diferencia del primer anónimo, prolijo en detalles, en este nuevo documento del 11 de julio la parquedad de palabras del remitente es notoria. Sólo “consta de dos líneas escritas a ordenador pero suficientes para iniciar una investigación paralela al caso”, según fuentes cercanas.

En el sumario de Malaya, el remitente anónimo decía textualmente que Juan Antonio Roca, el cerebro marbellí, utiliza “cada vez más” despachos de abogados para “camuflar” su amplia fortuna, y aludía sin tapujos “como claros ejemplos”, y entre otros, al bufete de los letrados Blas Camacho & Antonio Díaz de Mera.

Se da el caso de que Antonio Díaz de Mera, el nombre que aparece en este primer anónimo, es un conocido abogado de Castilla-La Mancha, hermano de Domingo Díaz de Mera, importante empresario de la construcción en Ciudad Real, estrechamente ligado al gobierno de José María Barreda, que también es ciudadrealeño. El nombre de Antonio Díaz de Mera aparece vinculado al de Luis Portillo, ex presidente de Colonial en los negocios marbellís, plaza de Toros S.A y edificio Puerta Grande, y con el de Aurelio González Villarejo, accionistas de Colonial.

El nombre del letrado Díaz de Mera aparece en el consejo de administración de NH Hoteles a través de NH Ciudad Real. Se da el caso de que en este consejo se sienta también Heraclio López-Sevillano, que aparece en las agendas de Roca y era asiduo a las fiestas privadas del regidor de urbanismo marbellí.

El confidente seguirá facilitando datos

En el escrito anónimo, el tiempo demostró que los datos que reflejaba el confidente resultaron ser sorprendentemente exactos, salvo en lo que se refiere a los letrados Blas Camacho y Díaz de Mera. Ninguno de ellos ha sido investigado hasta el momento en el caso Malaya. El propio Antonio Díaz de Mera negó en una carta enviada a los medios de comunicación cualquier relación con Roca. En esa carta, fechada el 22 de septiembre del 2006, De Mera informaba que no tenía relación con el despacho de Blas Camacho desde septiembre de 2003; que Agustín Díaz de Mera, que fuera Director General de Policía y que tuvo cierta relevancia en el juicio del 11-M, no tiene ningún parentesco con él, y que desconocía que en la instrucción del Caso Malaya existiera el anónimo en cuestión. El tiempo ha demostrado al letrado que su nombre sí aparece reflejado hasta en el sumario del caso.

Los letrados que defienden a los encausados en la trama Malaya aprovechan de nuevo esta nueva ramificación de la trama para pedir que el caso se derive a la Audiencia Nacional, que seria el órgano competente en cuestión para juzgar un caso de índole nacional. El letrado J.A.C. considera fuera de la norma que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue delitos que afectan a varias provincias: en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), en Madrid, Mallorca y Cádiz… y ahora en Castilla La-Mancha.

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Afectados estafas urbanísticas 'cercan' la casa de J. Blanco
El Mundo - 08 de agosto de 2008
 
 
La Guardia Civil frustra la asistencia la mayoría de los manifestantes Pretendían denunciar la pasividad de la Fiscalía ante la corrupción urbanística

Se esperaba a 150 personas pero al final sólo han acudido 10 ó 12. "Había más medios de comunicación que manifestantes", comenta Raimundo Piñeiro, vicepresidente de la Confederación de Afectados por Estafas Inmobiliarias (Cafines). Al parecer, "dos controles intencionados de la Guardia Civil pararon en la madrugada a los autobuses convocados en Osuna (Sevilla) y El Burgo de Osma (Soria)". "Como no iban a llegar, les hemos mandado de vuelta a sus casas", añade.

De esta manera, lo que ayer se anunciaba como un encadenamiento de más de un centenar de personas ante la residencia veraniega de José Blanco en A Illa de Arousa (Pontevedra, 4.400 hab.), en la urbanización conocida como 'Villa PSOE', ha quedado reducida a una marcha por el complejo en la que los pocos asistentes han puesto "mucho corazón, más que presencia física", comenta Piñeiro.

Finalmente, bajo el lema "No somos estafadores, somos estafados", una decena de personas se ha reunido a eso de las 8.30 h. frente a la casa del socialista José Blanco, "que se encontraba en el interior pero no ha salido", afirma Piñeiro. Posteriormente los convocados han recorrido la urbanización, en la que otros políticos del mismo partido poseen propiedades, sin registrar ningún incidente con la policía.

El objetivo de esta marcha ha sido, según el portavoz de Cafines, "llamar la atención de la opinión pública sobre la pasividad de la Fiscalía ante la situación de desamparo e ilegalidad que se da en toda España". Han escogido en enclave de A Illa de Arousa, y en particular la llamada "Villa PSOE", porque "es un claro ejemplo de diseño escandaloso e ilegal".

'Villa PSOE', 'ilegal'

La urbanización donde veranea el dirigente socialista es conocida como "Villa PSOE" por albergar residencias de varios altos cargos socialistas

Piñeiro anuncia que la organización pretende "llevar todo esto a la Audiencia Nacional". Cafines había denunciado el caso de la vivienda de Blanco presentando documentación y fotografías para demostrar que la edificación es ilegal. Según la asociación, la residencia vulnera la Ley de Costas (se encuentra a menos de 100 metros de la línea de mar), la normativa de altura y reúne otras deficiencias.

Por su parte el alcalde del municipio, el socialista José Vázquez, asegura que las licencias se concedieron antes de que la normativa sobre la cercanía a la costa estuviera vigente. Sin embargo, se han derribado con posterioridad otros edificios cercanos a la urbanización y erigidos a mayor distancia del mar que la residencia de Blanco.

Cafines se puso en marcha hace dos años y medio para combatir "el chiringuito financiero", como Piñeiro se refiere a las estafas fruto de la reunificación de pagos, timos financieros y problemas con inmobiliarias. A día de hoy, la asociación está respaldada por unos 6.000 afiliados en toda España.

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La UPV con Hipotecas Impagables se concentra ante TSJM
Aesco-ong.org - 29 de julio de 2008
 
 
La Unión de Propietarios de Viviendas con Hipotecas Impagables se concentró hoy frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reivindicar una reducción de la cuota a "cantidades materialmente pagables" por el deudor.

Bajo el lema "contra la explotación especulativa de nuestras viviendas" y "por la creación del Fondo de Garantía Hipotecaria" más de un centenar de personas pertenecientes al colectivo inmigrante se reunieron a las 11 de la mañana frente a la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reivindicar soluciones a la situación a la que se enfrentan al no poder sostener el pago de las hipotecas que han suscrito con sus respectivas entidades bancarias.

Según explicó en declaraciones a EFE el abogado de la plataforma, Gustavo Fajardo, "las personas que accedieron a créditos con intereses normales se han encontrado con que el precio del dinero ha subido a consecuencia de la especulación financiera que ha elevado en ocasionas hasta más del 100 por ciento la cuota de la hipoteca suscrita".

Fajardo también explicó cómo "el colectivo inmigrante supuso en su día un mercado muy interesante para los bancos, sobre todo en viviendas de segunda mano, pues, muchas veces, no cumplían los requisitos que se les pedían para alquilar".

Por ello, la plataforma solicita la "creación de un fondo de de garantía hipotecaria, para viviendas familiares habitadas por sus titulares, cuando sea la única de que disponen y acrediten imposibilidad de pago, por causa de su incremento y/o pérdida de empleo o reducción de la jornada de trabajo".

La Unión de Propietarios de Viviendas Familiares con Hipotecas Impagables cuenta con el respaldo de la ONG Aesco, cuyo presidente, Juan Carlos Roig, acompañó también a todos los afectados en la concentración.

Varios de los organizadores de la protesta explicaron a EFE que el propósito de la plataforma es dirigirse a "las más de 120.000 familias que sufren este problema en España y no sólo al colectivo inmigrante".

Por ello, ponen a disposición de cualquier interesado la página web www.anticrisis.es desde la cual pueden ponerse en contacto con la plataforma.

La organización de la protesta confirmó a EFE que mañana, serán recibidos por un asesor del ministerio de la Vivienda que escuchará sus peticiones.

El día 29 de julio ha tenido lugar la presentación, ante la sede del Tribual Superior de Justicia de Madrid, máximo órgano judicial de la Comunidad de Madrid, de la campaña auspiciada por AESCO a favor de una solución legal y jurisdiccional que permita a las personas que compraron su primera vivienda con hipoteca, actualmente exorbitadas por los tipos de interés,.hacer frente a las amortizaciones hipotecarias.

La campaña se ha iniciado con una concentración ante la sede del alto tribunal madrileño, frente al Tribunal Supremo, en la que han participado cerca de 300 personas que han presentado a las autoridades judiciales sus solicitudes de justicia gratuita para poder litigar en acción de concurso de acreedores, para mostrar al juez la situación de solvencia de los interesados e intenta que éste ofrezca una salida que permita pagar las hipotecas y las restantes deudas de una forma razonable y compatible con los restantes gastos familiares.

A su vez, mañana miércoles, representantes de AESCO mantendrán una reunión con el Ministerio de Vivienda para buscar una solución que habilite celeridad y un cauce administrativo más directo y eficaz a los procesos de concurso de acreedores familiar, así como para proponer la figura de un fondo de garantía, integrado por recursos públicos, de las entidades crediticias y de los propios usuarios de créditos hipotecarios, que sirva de aval y garantía para conseguir una moratoria parcial de pago de los excesivos intereses producto del aumento del Euribor y durante el tiempo que dure la crisis.

No se trata de pedir que se condone o regale nada, sino de exigir que se permita a las personas afectadas por el problema hipotecario y en relación a la primera vivienda un modo de pago que permita afrontar de forma razonable las deudas y poder afrontar la crisis económica en condiciones de dignidad familiar.

Aunque AESCO es una ONG y una asociación de inmigrantes, la propuesta de trabajo se dirige a toda la ciudadanía y a la misma se han sumado diversos colectivos fuera de los inmigrantes, como son mil euristas, jóvenes en situación de copropiedad y personas que se sobre-endeudaron por la burbuja inmobiliaria y se encuentran ahora atrapados en intereses inasumibles.

Los inmigrantes

La peor parte se la llevan los que habían conseguido una estabilidad y ahora han perdido sus trabajos Cruz Roja ha recibido en lo que va de año un 25% más de solicitudes de retorno con respecto a 2007.

La Historia nos ha enseñado que en tiempos difíciles los ricos son -o parecen- más ricos y los pobres, irremediablemente, son más pobres. Los primeros afectados por la crisis financiera que atraviesa España son las clases más bajas de las sociedad. Allí están los inmigrantes. En Granada, este colectivo pasa por una transición complicada ante la falta de trabajo y la imposibilidad de pagar sus hipotecas o alquileres. Una situación que está multiplicando los casos de retornos voluntarios entre aquellos que dejaron sus tierras natales en busca de una vida mejor, cargados de ilusiones hoy rotas por la inestabilidad económica.

El objetivo final de la mayoría de los inmigrantes es conseguir el dinero suficiente para mejorar su calidad de vida y la de los familiares que dejaron atrás. Así, según datos proporcionados por CajaGranada el colectivo mantiene el incremento en el número de clientes y de remesas enviadas. En el primer trimestre de este año hay un crecimiento del 51% con respecto a 2007. Sin embargo, la referencia real está en la comparación con los datos de años anteriores. Caja Rural, por ejemplo, también experimentó un crecimiento del 11% en la cantidad de dinero enviado con respecto al mismo periodo de 2007. Un aumento mínimo si lo comparamos con el 66% que hubo en 2007 con respecto a 2006.

Si consideramos en términos absolutos la evolución de los envíos de enero a junio en Caja Rural, vemos como han disminuido un 19%, lo que subraya la fragilidad de este colectivo en tiempos de crisis. El resultado lo da Cruz Roja, que en lo que va de año ha experimentado un crecimiento de un 25% en las solicitudes de retorno por parte de los inmigrantes. Mientras que en 2007 fueron 54, este año son 68 solicitudes estudiadas más 37 que aún están pendientes de tratar.

Charo Gorostegui, directora de Granada Acoge, admite que están encontrando un gran porcentaje de inmigrantes afectados por la crisis. «Los que han ahorrado algo ven este momento como el perfecto para regresar a su país. En vez de pasar una situación difícil aquí, prefieren hacerlo en casa, con sus familias». Gorostegui asegura que encontrar empleo es muy complicado por lo que sostener la vivienda es «casi imposible».

«No hay ofertas de trabajo para hombres -sigue la directora-, que venían copando el sector agrario y de la construcción. El sector servicios es fundamentalmente para mujeres, pero la crisis también afecta a las familias españolas que controlan más sus gastos. Por lo tanto no es tan frecuente tener una empleada en casa. Es un terrible efecto dominó».

En el oficina de empleo de Cáritas explican que hasta hace poco las constructoras iban a la oenegé buscando oficiales y cuadrillas para la obra. «Ya, nada. Antes no había ninguna en paro y ahora hay oficiales de primera sin trabajo».

La crueldad aparece entre los inmigrantes que habían conseguido una estabilidad en Granada. Según analizan desde Cáritas, estas personas habían aprovechado la bonanza económica para traer a sus familias a vivir con ellos (hijos, maridos, mujeres) a casas que, incluso, habían comprado. La crisis ha fulminado miles de trabajos y ha dejado al colectivo en busca de un empleo. Los expertos consideran que los inmigrantes sin dependencias no tienen problemas en tiempos de crisis. De hecho, apuntan que son ellos los que mejor pueden afrontarla ya que no tienen que rendir cuentas en ningún sitio. Si no les va bien aquí, marchan a otra ciudad, o país.

En el caso de los establecidos no pueden permitirse cualquier trabajo. De hecho, la mayoría de ofertas que llegan a las oenegés y asociaciones es para ser asistente social interna en un domicilio particular. «Algo que no pueden permitirse las mujeres. No pueden abandonar a sus hijos», sentencian desde Cáritas.

Arraigo

Elías Melchor, economista, investigador y profesor de la Universidad de Granada, es experto en temas de inmigración. Destaca que «buena parte de los inmigrantes presentan escasa formación y ocupan los segmentos laborales de peores condiciones y retribución, tanto en ramas agrarias como de servicios, por lo que es a ellos a los que más les afecta la crisis económica».

El economista sostiene que gran parte de este colectivo ha hecho una apuesta decidida por este país -y la muestra más clara es la adquisición de una vivienda-, «si a ellos se le une su mayor predisposición a la movilidad podríamos pensar que no se dará un retorno de inmigrantes relevante. Sin embargo, la imposibilidad de hacer frente a las mensualidades de su hipoteca les empujan a abandonar el país, con el quebranto que ello supone tanto para el inmigrante como para la entidad financiera que concedió en su día el préstamo», concluye Melchor.

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Revuelta popular en Varsovia por una vivienda digna
Colpisa.com - 30 de julio de 2008
 
 
-Colectivos ciudadanos se organizan contra los desahucios y para hacer frente a la subida astronómica de los alquileres.

“Tenemos que seguir luchando por nuestras casas y la justicia social. Nos quieren echar de nuestras viviendas porque somos pobres”, dice una mujer entrada en años. Una chica joven le contesta: “No lo pueden conseguir. Los especuladores quieren enriquecerse a nuestra costa y no pueden ganar esta batalla. El derecho a una vivienda digna es básico en una sociedad que pretende ser democrática”. Todo el mundo asiente con la cabeza. Unas cien personas se han reunido en la sala de juntas de la sede de un partido político, en el número 30 de la avenida Jerozolimskie de Varsovia, en pleno centro de la capital polaca. El maestro de ceremonia es Piotr Ikonowicz, un activista de la izquierda radical que ha vivido en Cuba y en España y lleva años metido en mil batallas políticas y sociales. Asisten al encuentro personas sencillas y humildes que están a punto de perder sus casas.

Así son las cosas en la Polonia democrática que crece a un ritmo del 6% anual y se ha convertido en uno de los motores económicos de los antiguos países socialistas de Europa central y oriental. Quién no puede hacer frente a la subida astronómica de los alquileres en Varsovia, pero también en otras ciudades polacas, corre el riesgo de quedarse en la calle. Antes el Código Civil tenía una cláusula que protegía a niños, ancianos y jubilados y garantizaba una vivienda social a todos los ciudadanos. Esto se acabó. En los años 90 Polonia, que había pasado de la noche a la mañana del ‘socialismo real’ de corte autoritario al capitalismo salvaje, vivió una situación social dramática. Centenares de fábricas cerraron sus puertas o se vendieron a las multinacionales, la inflación se disparó hasta el 600% y el paro afectó a más del 20% de la población activa. Miles de familias fueron desahuciadas, al no poder pagar el alquiler de sus casas.

En la calle

Se encontraron de la noche a la mañana en la calle y tuvieron que ser realojadas en viviendas de amigos y familiares. Otras resistieron e iniciaron una batalla legal para quedarse en sus casas, que todavía no ha terminado. “Quieren pagar el alquiler, pero piden que sea moderado”, explica Ikonowicz. Según diversos estudios, un 25% de las familias varsovianas tiene problemas para pagar el alquiler. En todo el país, unos dos millones de inquilinos que antes vivían en casas que eran propiedad de empresas públicas que han sido privatizadas, corren el riesgo de quedarse en la calle. Muchas de estas viviendas han sido compradas por nuevos propietarios o inmobiliarias, como ‘Molinos de Polonia’ en Varsovia, que especulan con ellas.

“Los que antes pagaban una renta de unos 700 zlotych (unos 200 euros) al mes ahora pueden llegar a pagar hasta 2.000 zlotych (unos 600 euros)”, afirma Ikonowicz. Es mucho dinero en un país donde el sueldo medio es de unos 700 euros. La situación económica ha mejorado, el paro ha disminuido, en parte gracias a la emigración, y poco a poco las familias se recuperan, pero frente a la voracidad de los caseros, las inmobiliarias y los especuladores, los pobres no tienen más protección que la ayuda de Dios.

Justicia Social

Pero no todos son creyentes, y hartos de tanto sufrimiento, han creado la Asociación por la Justicia Social. Este colectivo agrupa a numerosas personas, en su mayoría parejas de mediana edad con pocos haberes económicos y jubilados cuyas pensiones no superan los 1.200 zlotych (300 euros) al mes. La asociación existe en Varsovia y otras ciudades cercanas como Minsk Mazowiecki, y pronto podría ver el día en Cracovia y otras grandes urbes del país. Su actividad tiene tres frentes: informar a los damnificados, negociar alquileres razonables e impedir los desahucios. “Las inmobiliarias y las cooperativas de viviendas suelen contratar abogados experimentados que tienen todas las de ganar frente a inquilinos que se sienten legalmente indefensos”, dice Urszula, una joven profesora de lengua castellana en la Universidad de Varsovia que acude a las reuniones de los damnificados por “solidaridad”.

A la reunión de Varsovia asisten gran parte de las 45 familias que viven en un edificio ubicado en un barrio popular que ha comprado ‘Molinos de Polonia’, una empresa en manos de Zbiniew Komorowski, un hombre de negocios que se apropió de estas casas, que antes eran propiedad del Ministerio de Industria, por cuatro duros (menos de un euro el metro cuadrado) y ahora pretende venderlas a más de 12 euros el metro cuadrado.

Muchos inquilinos explican que no pueden comprar sus viviendas, o porque están en paro o porque sus reducidos ingresos no les permiten pedir un crédito bancario. “Lo que quieren es echarnos de aquí y vender nuestras viviendas a gente que esté dispuesta a pagar mucho dinero”, grita Basia, una jubilada de 72 años. “Sí, esto es lo que quieren hacer. Quieren vaciar el centro de Varsovia y los barrios cercanos de las familias pobres y transformarlos en lugares de residencia para ricos y clases medias”, asiente Agnieszka, una vecina que no está dispuesta a “bajar los brazos”. “La especulación de unos es la miseria de otros”, agrega su esposo.

Piotr Ikonowicz pone orden en la sala. Los ánimos están caldeados. Muy pocos inquilinos han podido hacerse propietarios de sus viviendas. “Y los alquileres no paran de subir”, recuerda una mujer vestida de negro. “Pero no nos callarán ni nos echarán. Seguiremos luchando por nuestras casas”, advierte otra mujer. Las mujeres llevan la voz cantante. Ikonowicz interviene para convencer a los presentes de que “la única solución a vuestros problemas es seguir negociando con los propietarios una salida razonable al problema y conseguir una ley que ampare vuestros derechos”. Ikonowicz pregunta: “¿Tenéis fuerza para seguir luchando?” Todos contesta que sí. Nadie está dispuesto a bajar la guardia. Es todo un logro en un país donde las huelgas y protestas sociales no son frecuentes y los políticos, de derecha e izquierda, quieren resolverlo todo a golpe de privatizaciones y hacen más caso a las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que al sufrimiento y el desamparo de los más humildes.

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Una 'avalancha' de hipotecados en apuros acude a Cáritas
LibertadDigital.com - 19 de agosto de 2008
 
 
La morosidad se ha disparado en junio hasta el 1,61 por ciento. La tasa más alta desde agosto de 1999. Crece el número de familias españolas que no pueden hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias, hasta el punto de que están solicitando ayuda a Cáritas. La confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal, admite una avalancha de solicitudes en los últimos meses. Especialmente desde el pasado febrero.

El paro y las hipotecas están creando una nueva bolsa de pobres en España. Los bancos y cajas de ahorros concedieron préstamos para la compra de vivienda con criterios demasiado laxos en los últimos años del boom del ladrillo y ahora muchas familias no tienen dinero para pagar sus cuotas hipotecarias.

Y no es de extrañar, a tenor del último cierre del Euribor del mes de julio, el más alto de la historia, con una tasa media del 5,39 por ciento que encarece las hipotecas en 865 euros al año.

Pero en esta ocasión, el aumento del índice al cual se referencian la práctica totalidad de los créditos hipotecarios a tipo variable en España (más del 95 por ciento del total), está siendo acompañado por un aumento del desempleo, con una tasa del 10,4 por ciento, que aumentará a corto y medio plazo. En los últimos 12 meses, el paro ha crecido un 23 por ciento. Es decir, que en la actualidad hay 456.578 desempleados más que hace un año.

Todo ello, ha generado un incremento de las familias en riesgo de exclusión social, como confirma Caritas, organización que se encarga de ayudar a las personas que se encuentran en situación de precariedad. Según confirma el director de Caritas en Asturias, Adolfo Rivas, la entidad, que vive la realidad de los problemas sociales generados por la crisis a pie de calle, ha recibido en los últimos meses “una avalancha” de peticiones de ayuda por parte de los hogares que no pueden pagar sus hipotecas.

Sí hay crisis

Rivas se lamenta de la situación, pero aclara que Cáritas no puede ayudar a pagar créditos para la compra de vivienda. El director de la organización es contundente: “Nos encontramos en una crisis económica. Independientemente de que la reconozcan o no, las entidades que estamos en primera línea social podemos certificar que existe y que está afectando a los colectivos y personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social”.

El responsable de Cáritas en Asturias pone sobre la mesa dos casos: por un lado, los inmigrantes con hijos, “que tienen mucho miedo a quedarse sin vivienda”, y por otro, la trágica situación “de padres que abandonan a su familia porque ya no soportan la situación económica”.

Trabajadores de la construcción y empleadas de hogar

Pero no son estos los únicos colectivos afectados. Concha García, responsable de equipo técnico de Cáritas en Madrid, explica que “vienen muchas familias de cuatro miembros, dos adultos y dos niños, con ingresos de 800 a 1.200 euros netos al mes y una hipoteca de unos 600 y 700 euros".

Y es que, "normalmente, los ingresos procedían del varón, que trabajaba en la construcción, mientras que la mujer completaba los ingresos trabajando unas horillas a la semana como empleada de hogar. Pero está sucediendo que el cabeza de familia se queda sin trabajo, con lo que se reducen sustancialmente los ingresos, hasta los 500 ó los 600 euros”, asegura.

Paralelamente, las hipotecas han subido de manera espectacular y ahora esta familia tipo paga 800 euros mensuales de hipoteca, con lo que los gastos superan los ingresos. Además, no puede vender el piso, porque nadie compra, con lo que la desesperación aumenta”, añade García.

En general, el perfil tipo de quienes piden ayuda suele rondar entre los 30 y los 40 años. “Hemos empezado a notar una mayor afluencia a partir de febrero de este año. En este semestre se ha agotado el presupuesto para formación de todo 2008 y hemos tenido que duplicar todos los cursos. La mayoría de los varones que vienen proceden del sector de la construcción”, indica la responsable de Cáritas Madrid.

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'Estamos temblando con la siguiente revisión de la hipoteca'
El País - 24 de julio de 2008
 
 
Los lectores de ELPAÍS.com han respondido a nuestra convocatoria para que cuenten su experiencia ante la crisis inmobiliaria.

Marta López nos cuenta los problemas de una pareja media española, un ejemplo que seguro ilustra la situación de muchos: "Somos una pareja de jóvenes, que nos compramos nuestra vivienda hace tres años y medio en Madrid, en concreto en Parla. De aquella, era una de las zonas "más asequibles" (tampoco era una ganga, pero sí de lo más bajo de todos los sitios que miramos). No nos hipotecamos por encima de nuestras posibilidades, pero sí hemos visto aumentado nuestro pago mensual. De 850 euros que pagabamos hace 2 años y medio, ahora estamos en casi 1100, que si se suma mes a mes, es mucho dinero, y ahora estamos temblando con la siguiente revisión que la tenemos en octubre, con la subida de agosto, así que como en 2 semanas esto no cambie (sería un milagrito) nos va a subir casi 1 punto!!! No sé cuanto más mes a mes...Sumando a esto, está que me despidieron del trabajo el año pasado y en el actual cobro bastante menos (tengo que agradecer que por lo menos tengo, viendo como está la situación laboral )..Menos mal, que de momento, siendo dos, vamos pagándolo,privándonos de salir los findes, consumiendo menos.... y sin visión de futuro familiar.

Otro lector, Alejandro Baca, por su parte, pone el acento en la subida de tipos y en cómo ha afectado a quienes tienen una hipoteca. "Yo creo que, en contra de lo que se dice, los pisos no subían hace unos años: a todo el mundo le costaban unos 800-1000 al mes; lo que en realidad aumentaba era el plazo de las hipotecas, y claro, eso hace que sean más vulnerables a los tipos de interés, por eso es ahora cuando de verdad está subiendo el precio de los pisos.La gente no se daba cuenta que, además de comprar el piso, tenía que comprar el dinero (al banco) para comprar ese piso. Y comprar el dinero es muy caro".

"¿Por qué todos dejaron que la burbuja fuera tan grande?"

Entre estos casos destaca el de una lectora que asegura que no tiene problemas para pagar su casa porque, pese a Trichet, [el presidente del Banco Central Europeo], en pleno boom inmobiliario no se le "fue la cabeza", sino que compró "un piso según" sus posibilidades económicas "presentes y futuras". "Me negué, pese a ir contracorriente, a pagar en dinero negro las cantidades indecentes que se pedían con toda la naturalidad del mundo y resulté antipática a fuerza de afear a los vendedores el precio que pedían por inmuebles que no valían ni la mitad". "Hoy contemplo lo que pasa y no me sorprende, lo que me ha extrañado es que todos dejaran que se hiciera la bola, burbuja o pelotazo tan grande".

También subrayamos la situación de un divorciado hace "siete años". "Me quedé con todas las deudas del matrimonio y con la guarda y custodia de mis dos hijas de nueve y doce años. Mi salario es de 1.100 euros al mes. Mi hija pequeña es celiaca, enfermedad muy costosa por no subvencionar nada la Seguridad Social. Hemos podido vivir decentemente hasta ahora, incluso una de mis hijas convalida sus estudios de bachillerato con el conservatorio".

Pero con la actual crisis "los días" de su familia "están contados". "No puedo reunificar mis deudas a pesar de que mi vivienda en propiedad permite hacerlo, sin embargo la Junta de Andalucía no me permite descalificar mi vivienda para poder reunificar dichas deudas. La ayuda del gobierno andaluz es pura propaganda y con nula sensibilidad social. Es mi casa en propiedad y son mis hijas, para sobrevivir ahora necesito 1.500 euros al mes y solo gano 1.100".

Este lector se pregunta qué hace ahora. ¿Esperar embargos, perder el trabajo? "Desde aquí quiero dar las gracias a la Delegación de la Vivienda de la Junta de Andalucía por disponer de lo que no es suyo y sentenciarnos a la miseria".

Julián del Castillo habla de la publicidad engañosa. "Un préstamo hipotecario es aquel en el que la finca hipotecada sirve como garantía de pago, según la RAE" y "si esto no es así, los bancos incurren en publicidad engañosa".

Si los bancos no hacen un buen estudio del riesgo, es su problema. Deberán hacerse cargo de la deuda usando sólo el aval hipotecario que es lo que está firmado en el contrato y no embargando los sueldos de las personas que son su única forma de supervivencia. Si las notarías permiten el dinero bajo cuerda están viciando el sistema y generando una burbuja de dinero negro que se escapa al fisco y dinamita todos los sectores. Si el gobierno y las distintas administraciones no velan por el cumplimiento de las leyes y rectifica las que sean necesarias, anticipándose a los problemas, está agravando el problema y creando una sensación de todo vale, que han aprovechado inmobiliarias, constructoras, notarios, tasadores, ayuntamientos, etc

Hay otro punto en el que no se suele entrar a valorar y es la poca utilización de la cancelación parcial de los préstamos. Culpables, los propios hipotecados y la administración de Hacienda, al desgravar en el IRPF las cantidades depositadas en préstamos hipotecarios, dando el dinero al hipotecado, cuando en realidad tendría que ir directamente a una cancelación parcial del préstamo.

Este lector, ante la "situación de caos", aporta algunas soluciones:

1.- Utilizar fondos sociales de las cajas de ahorro a ayudar en las hipotecas a los clientes de dichas cajas que tengan dificultades y que con su dinero han aportado a dichos fondos sociales.

2.- Cancelación parcial obligada y automática de las reducciones del IRPF en los préstamos hipotecarios.

3.- El mercado hipotecario se recuperará, por lo que se debería obligar a bancos y cajas a una moratoria antes de sacar el bien embargado al mercado y compra preferente para el antiguo dueño.

"Yo le he dedicado a este escrito una hora, pero seguro que todos los departamentos de las distintas administraciones: estatales, autonómicas y locales, así como los juzgados y notarías que se sustentan con los impuestos de todos los españoles pueden encontrar muchas más propuestas y soluciones y no entrar en una espiral de desánimo y de tararear la canción: "Si te ha pillado la vaca j..".

Miquel se pregunta si no será "que el BCE sube los tipos de interés para atraer a los capitales internacionales además de por contener la inflación". En su opinión, "un poco de inflación no debe ser tan mala: los precios y los salarios siempre aumentan, más despacio o más deprisa. Pero claro, si yo soy un fondo de capital que tengo que invertir mis millones, me sale más a cuenta invertir donde los intereses son más altos". "Es decir, una forma de atraer inversiones extranjeras y de impedir que los capitales propios se vayan a otras economías, es subir los tipos de interés. Es ofrecer ganar más dinero al dinero".

Este lector añade que "el que un montón de ciudadanos vean cómo una cada vez más grande parte de sus ingresos se tiene que dar al banco debe ser sólo un efecto colateral más". "Yo no acabo de entender qué tiene de malo que dispongamos de más dinero para consumir. Al fin y al cabo, el consumo es la base de la actividad económica. Y, claro, según esta teoría, a base de restringir el consumo al subir las cuotas de los préstamos, la economía frena su crecimiento".

"A nuestra familia no nos ha afectado la crisis inmobiliaria porque tenemos casa desde antes de la caída de las inmobiliarias, pero nos afecta, y mucho, la subida de los tipos de interés, que es una de las causas de la crisis inmobiliaria. En concreto las cuotas de la hipoteca ya suponen más del 33% de los ingresos familiares". Finaliza Miquel añadiendo que "un infantil punto de vista nos muestra que en lugar de poder ir de vacaciones, le damos más dinero al banco a cambio de nada".

"Ni compro, ni ganas de ello"

Rubén Dorado y su pareja viven en Cáceres, ambos son ingenieros jóvenes y nos cuentan que "se han quedado fuera del mercado de la vivienda por haber esperado demasiado tiempo para comprar". El problema que les hizo desisitir, explican, fue "la desproporción entre salarios y precio de la vivienda por un lado, y entre hipoteca y alquiler por otro". Ahora prefieren el alquiler.

"El principal argumento que se suele esgrimir contra el alquiler es que se trata de dinero 'perdido', mientras que con la compra, ese dinero lo puedes recuperar. Esto ha sido cierto hasta cierto punto hasta que reventó la burbuja, pero hoy ya no lo es. Para empezar, teniendo en cuenta los intereses, por una hipoteca de 180.000 euros a 30 años, se acaban pagando 360.000 euros (¡exactamente el doble!). Es decir: después de 30 años has pagado tu casa y le has comprado otra igual al banco. Además, después de esos 30 años esa vivienda no vale los 360.000 euros que te permitirían recuperar la inversión. Es de esperar una cierta revalorización, pero también se tratará de un piso viejo, con 30 años, que necesitará reformas importantes (si no han sido ya asumidas por el propietario), lo que reduce su valor. Además, aunque quieras salir de esa casa antes, sigues necesitando una vivienda, luego no es un gasto del que te puedas librar."

"Pero eso no es todo: durante los primeros años, de los 1000 euros que pagas cada mes, 700 son limpios para el banco en concepto de intereses y solo 300 son para la amortización del capital. Sinceramente, prefiero 'regalar' 500 euros al casero y disfrutar yo los otros 500. Aunque claro, para poder tomar esa decisión, primero tendría que tener ahorrados 45.000. O buscar un préstamo semejante que acumular a la hipoteca.... En definitiva: que ni compro, ni ganas de ello."

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Tu vivienda vale menos de lo que te costó, cuidado con banco
MercadoAlquiler.com - 04 de agosto de 2008
 
El FMI se muestra pesimista, si el precio de los pisos sigue bajando, éstos van a acabar costando menos que las hipotecas. Ya vimos este problema en Japón en los noventa y los efectos para las familias fueron brutales, éstas pasaron a tener un activo (piso) cada vez más devaluado y con deudas por el mismo muy superiores a su valor. Como solución, el FMI indica frenar el mercado inmobiliario para lograr estabilizarlo. De momento, ya se están viendo viviendas con un precio algo más accesible para el bolsillo, por lo que se cree que podríamos estar comenzando con la deflación de activos.

¿Cuáles son éstos efectos para los ya hipotecados? Tener un crédito hipotecario por encima del valor de tu vivienda significa que en estos momentos si tasaran la vivienda valdría pongamos un 10 o un 15 por ciento menos, porcentaje que se conviete en deuda que tenemos contraída con el banco, pongamos cinco o seis millones que ha bajado el piso que no quedan cubiertos por la hipoteca. Así, si por ejemplo el banco te concedió el 100% de la hipoteca en su día, 40 millones, y pasan uno o dos años y hemos pagado 1 con lo que nos quedan 39 millones por pagar, pero en ese uno o dos años el piso ya no vale 40 por tasación sino 30, quedan en el aire 9 millones que debemos al banco. Sería la teoría inglesa del patrimonio negativo ("negative equity").

Con ello, nos estaremos convirtiendo en "sujetos fiancieramente peligrosos", pues a cada año que pase si los pisos siguen bajando probablemente nuestra deuda crezca más. De este modo, nuestra entidad bancaria aunque estemos pagando religiosamente la hipoteca no nos firmará un sólo crédito personal, pues para ella es como si ya lo tuviésemos por valor de esos nueve millones de los que hablábamos en el ejemplo de antes que han quedado al margen de la hipoteca (le debemos al banco la hipoteca más esos 9millones). No nos dará ningún crédito personal ni a nosotros ni a nuestros avalistas que también entran en el saco, quedando ambos ajenos a la confianza del banco en cuestión y en general de cualquier entidad bancaria. No queremos imaginarnos el impacto que provocará esto para toda la población que se ha acostumbrado a vivir de deuda sobre deuda, y además en cantidades abrumadoras en relación a sus ingresos reales.

Para estos casos, las entidades bancarias tienen prevista unas pautas de actuación. Lo más seguro es que en un primer momento, si tu activo desciende en un porcentaje que viene ya establecido en el contrato de hipoteca (normalmente se fija un 20% en las claúsulas del contrato de la hipoteca) te exijan que en un determinado plazo de tiempo tengas que presentar nuevas garantías que cubran esa cantidad que se excede de la hipoteca, o que en su caso amortizes el crédito en el quantum que no queda garantizado.

Si no presentas nuevos avales ni amortizas, el banco probablemente se proteja en una claúsula que viene en numerosos contratos hipotecarios, que determina que si el bien hipotecado (piso) es tasado por un valor inferior al del principal que se debe, el banco puede resolver el contrato exigiendo la devolución íntegra de lo solicitado (para justificar esta bajada del valor del inmueble de tendría que recurrir a una retasación, puesto que no puede decidir de forma unilateral que lo el piso vale menos) . Con esto el banco se asegura que, con la resolución anticipada del contrato, el sujeto para pagarle lo exigido venda el piso al precio actual del mercado aunque sea algo menor y no que siga con el contrato, su deuda progresivamente vaya aumentando a la vez que baja el valor del piso, y llegue un día en que el banco le embargue el piso y tenga que subastarlo a un precio que tiempo después será aún más bajo.

Este punto de resolución anticipada del contrato como decimos aparece en muchos contratos hipotecarios, pero aunque no viniese reflejada en el contrato también sería de aplicación, pues viene establecida para todos los contratos hipotecarios en la ley 2/1981 de 25 de Marzo de Regulación del Mercado Hipotecario, modificada por ley 41/2007. Según establece esta legislación, para todas las hipotecas constituidas antes del 08/12/1997 cabe la posibilidad de exigir la liquidacion del préstamo en caso de una bajada en la tasación. Para las constituidas tras esa fecha, en principio la ley descarta la liquidación del préstamo por una bajada en la tasación del bien hipotecado, pero deja esta regulación a desarrollos reglamentarios que no se han producido, por lo que en este caso de momento también cabería la resolución anticipada.

Siguiendo lo anterior, ésto podría sería denunciable ante la justicia, basándonos en la bajada de valor del inmueble que habría que ser demostrada, o incluso en la posible mala fe o abuso de derecho por parte del banco, así como en su responsabilidad a la hora de tasar.

En cualquier caso, no hay que ponerse en lo peor, puede que exista la aplicación del vencimiento anticipado, pero para que se dé no es suficiente con que el patrimonio del hipotecado haya sufrido una simple variación, el piso tendría que haber perdido mucho valor (hablamos de bajadas de un 40 o 50 por ciento). Además, creemos que es necesario que el sujeto no disponga de capacidad de pago, pues pensemos que para el banco es menos trágico ir cobrando mes a mes la mensualidad del crédito hipotecario, que subastar un piso que en el mercado está viendo disminuido cada vez mas su valor.

Eso para los ya hipotecados, para los que no lo seáis siempre es de advetir que en un momento de bajada de precios nunca es aconsejable comprar por el efecto del "negative equity" que explicábamos antes. Hay que ser cauto y esperar al momento en que los pisos hayan tocado suelo. Sobre ésto, si tienes dudas antes de comprar por si los precios aún puedan seguir bajando, podremos comprobar si el banco nos exige un aumento de avales para garantizar la deuda o si nos solicita liquidación para compensar la "posible" bajada de precio (además tenemos que ver si el banco tiene suficiente solvencia para afrontar la situación actual del sector).

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Los compradores de pisos se echan atrás
El País - 19 de agosto de 2008
 
 
La falta de financiación y la incertidumbre disparan el número de ventas anuladas

Lo de vender pisos se ha puesto tan mal que a los promotores les ha caído una nueva y más preocupante plaga. Ya no sufren sólo por la subida del Euríbor, ni porque los bancos hayan restringido el crédito a sus potenciales clientes. Ni siquiera porque convencer a alguien para que compre una vivienda sea ahora una misión imposible. Su mayor preocupación es lograr que no se arrepientan los que ya se han decidido a cerrar una compra.

El caso que mejor ilustra la magnitud del fenómeno es el de la división inmobiliaria de Acciona. El grupo de la familia Entrecanales ha logrado el extrañísimo récord de colocar menos viviendas entre enero y junio de este año que entre enero y marzo... ¡también de este año! Acciona ingresó en el primer trimestre 16 millones de euros por preventas (compromisos por los que el comprador da una entrada, pero todavía no ha escriturado el piso). Al ampliar el foco a todo el semestre, esta cifra se reduce a 13 millones de euros.

La explicación de este galimatías es que muchos de los que anticiparon dinero han preferido perder parte de esa cantidad y abortar la operación. Entre la firma del contrato de arras o cualquier otra señalización de la preventa y el acto final de escritura suelen pasar entre 18 y 24 meses. Es este limbo temporal el que se ha convertido en el peor enemigo de los promotores.

Las sumas perdidas varían en función del tipo de vivienda, pero en ocasiones pueden llegar a ser muy elevadas. Varias personas que habían anticipado dinero para dos promociones de lujo en el centro de Bilbao han perdido entre 19.000 y casi 20.000 euros por cada piso al que han renunciado. La mayoría, aclara una fuente conocedora del proceso, que pide anonimato, compró para revender después, no para vivir. Cada uno adquirió entre dos y 10 inmuebles, lo que implica que los más arriesgados han preferido renunciar a 200.000 euros a continuar con una operación incierta.

¿Las razones para dar marcha atrás? O bien los compradores se han dado cuenta de que no podrán afrontar el pago del piso -por factores como la pésima evolución del empleo o la subida del Euríbor, en máximos históricos- o bien el banco les ha denegado la hipoteca que pedían. La tercera posibilidad es que prefieran perder unos miles de euros y esperar a ver si encuentran una oportunidad con precios más razonables en los próximos meses.

En Acciona reconocen que esta disminución de ingresos se explica por las cancelaciones, pero rehúsan ofrecer más información sobre los que han dado el paso atrás. Pero si se tiene en cuenta que su producto está destinado a las clases medias, con precios que rondan los 250.000 euros, y suponiendo que en el segundo trimestre no hubieran vendido ni una sola vivienda, al menos una docena de compradores habrían cancelado la operación en ese periodo.

Ninguna estadística cuantifica el volumen de compras que no se materializan y en las empresas levantan sarpullidos las preguntas sobre el fantasma de las cancelaciones. Pero el reciente comentario de un empresario mediano da una idea de hasta qué punto este fantasma está presente: "Nuestros clientes oyen que los precios van a bajar o tienen miedo de que no les renueven en el trabajo y nosotros no sabemos cómo convencerles de que comprar ahora es una buena inversión". "Por lo menos un 15% de las ventas se están viniendo abajo. Y creo que me quedo corto", estima un experto que prefiere no dar su nombre. Este comentario lo hace a la vuelta de un viaje al norte de España, donde acaba de asesorar a una inmobiliaria sobre las soluciones a este problema.

Algunas promotoras sufren más que otras la marcha atrás de los compradores. El perfil de las más damnificadas es muy claro. Por una parte, las que se dedican a la segunda residencia, más prescindible. Por otra, las enfocadas a clientes con ingresos medios-bajos (inmigrantes y jóvenes, principalmente), los segmentos más castigados por el repunte del paro, que ha pasado en tan sólo un año del 7,95% al 10,44%.

El experto José Barta asegura que las empresas que hasta hace unos meses devolvían un pequeño porcentaje del dinero entregado se están negando a entregar la más mínima cantidad, entre otras cosas porque su tesorería ya está muy debilitada por el desplome en las ventas. "Las que peor lo pasan son las pequeñas y medianas, que tienen menos capacidad de aguantar la sangría de las cancelaciones", explica.

El presidente de la asociación de promotores de Madrid, José Manuel Galindo, cree que son las entidades financieras las principales responsables de la caída de preventas. Comparten su opinión en la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). En esta asociación apuntan directamente a la negativa de bancos y cajas a que el comprador subrogue hipotecas contraídas por el promotor.

En la APCE explican que lo más habitual es que la compra se cancele en los casos en los que se ha firmado únicamente un contrato de arras, y en el que se han ofrecido cantidades de reserva bajas, de algunos miles de euros. Y culpan de esta situación a "la psicosis" generada en torno al mercado inmobiliario.

"En los primeros meses del año llegó a su pico, creemos que ahora empieza a remitir el número de compradores que se echan atrás", apuntan en la APCE. Más pesimista es José Barta, que cree que el problema continuará hasta finales de año. "Será entonces cuando muchos pacientes se habrán recuperado", asegura. ¿Y el resto? "Los pacientes que no lo hayan hecho ya no tendrán que preocuparse porque ya habrán muerto".

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¡Quédense con mi piso!
El País - 21 de julio de 2008
 
 
Pagaron sus casas en España, durante el 'boom', cuando el dinero estaba barato, hipotecándose hasta las cejas. El alza del Euribor y la crisis económica con su secuela de paro han convertido en morosos a muchos inmigrantes

Marlon Flor es un hombre desesperado. El pasado mes de mayo expiró su último contrato de tres meses y ahora sobrevive con los raquíticos 460 euros que se saca los fines de semana trabajando en un restaurante de comida rápida. Marlon, un ecuatoriano de 43 años, no para de enviar currículos, de acudir a entrevistas de trabajo. Todavía sin éxito. "Me dicen 'ya te llamamos', pero nada". Las cosas están negras.

Marlon Flor ha vivido ya etapas difíciles. Sabe lo que es abrirse camino en un país como España, al que llegó de Guayaquil hace seis años sin papeles ni cualificación laboral. Sólo que entonces no tenía dos hijas que alimentar. Ahora son cuatro bocas en casa. O mejor dicho, cinco, contando a la más voraz de todas, la hipoteca. Ahora no pasa día sin que se arrepienta de haber solicitado ese maldito préstamo de 265.000 euros que no puede pagar. ¿Qué necesidad tenía de ese piso en el barrio de San Diego, distrito de Puente de Vallecas, en Madrid? "Es que uno se cansa de vivir de alquilado, de compartir casas con otros", asegura. "Y la casa es grande, era una oportunidad".

Yesenia, su mujer, admite que fue ella quien le animó. "Le dije: intentémoslo". El préstamo obtenido, a interés variable, era a 30 años. "Empecé con una cuota mensual alta, de 1.230 euros, pero ya subió a más de 1.500", cuenta desolado. "Yo pagué mientras pude, pero ya se me acabó el dinero".

Marlon Flor ha intentado renegociar su préstamo, pero su situación tiene mal arreglo. "Necesito un trabajo", repite. De lo contrario, las letras impagadas irán cayendo una tras otra y su préstamo engrosará la carpeta de morosidad. Una carpeta que empieza a ser preocupantemente abultada en cajas de ahorro y bancos españoles. Desde marzo del año pasado, el porcentaje de los que no pagan se ha duplicado. "No es preocupante. En España partimos de índices de morosidad muy bajos, del 0,6%, prácticamente estructurales. Además se ha hecho ya provisión de fondos -unos 35.000 millones de euros-, un colchón suficiente para tapar esos agujeros", afirma una fuente del sector. Las buenas palabras esconden, en realidad, un miedo fundado a que la morosidad se traduzca en pérdidas importantes para la banca, que tiene concedido al sector de la construcción préstamos por valor de más de un billón de euros, el 60% del total de créditos, el doble que en 1992. Las cajas de ahorro son las entidades más expuestas. A título de ejemplo, casi el 70% de los más de 6.000 millones de euros en créditos dudosos que ha concedido la banca a constructores, promotores y ciudadanos de a pie para comprar sus viviendas corresponde a las cajas.

La cuenta pendiente de Marlon Flor puede ser poca cosa, pero, junto al suyo, ahí están los casos de José Miguel Eraso, de Lidia Jiménez, de Alberto o Elsa, de cientos de miles de personas que han visto cómo sus hipotecas de cuota variable pegaban un salto descomunal al hilo de la subida del Euribor -el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos-, que ha batido récords situándose desde finales de junio por encima del 5,3%.

Aunque son muchos los españoles atrapados en la mortífera espiral de los tipos de interés, el colectivo de inmigrantes parece el más vulnerable. Han llegado los últimos al boom inmobiliario, y cuando han querido aprovecharlo se han visto sorprendidos por un fenómeno doblemente adverso: han comprado sus viviendas a precios exorbitantes y, a la hora de pagarlas, se han encontrado con la subida de los intereses de sus préstamos. Una combinación explosiva agravada por la crisis que está destruyendo empleo a toda velocidad en los sectores dominados por la mano de obra extranjera, especialmente la construcción. Desde comienzos de año, el paro en este colectivo ha aumentado en 100.000 personas, y todos los expertos coinciden en que, se llame como se llame, crisis o desaceleración, todavía no ha tocado fondo.

"Hay dos grupos especialmente vulnerables en el tema de las hipotecas: los trabajadores extranjeros y las parejas jóvenes que se han endeudado por encima del 50% de sus salarios para pagar el piso", señala una portavoz de Adicae, la asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorro y seguros. El primer grupo tiene menos recursos para hacer frente a situaciones de crisis y está más expuesto a ser víctima de abusos por parte de agencias e intermediarios. Eso dice al menos Elsa, una rumana con una casa recién comprada, que lleva 60 días de retraso en el pago de su hipoteca. "Nosotros no sabemos, no entendemos de estas cosas. Hasta hace poco yo no sabía qué era el Euribor", dice.

Elsa (no es su verdadero nombre, que prefiere esconder) y su marido, ambos en la treintena, pagaron 220.000 euros por un piso de segunda mano en Alcalá de Henares (a unos 30 kilómetros de Madrid) hace apenas tres años. El banco les financió hasta 240.000 euros. Empezaron pagando cuotas de 790 euros, más o menos el alquiler del piso anterior. Él trabajaba en la construcción; ella, en una empresa de limpieza. No tienen hijos. La suya era una vida austera, pero las cosas parecían marchar. Hasta que se acabó la obra, a él le despidieron y el Euribor empezó a asomar la cabeza. Ahora pagan más de 1.200 euros al mes, y no ha habido más remedio que alquilar las dos habitaciones libres del piso a una pareja de compatriotas con dos hijos pequeños.

Elsa le da vueltas todas las noches al tema. Y muchas veces sueña que ha regresado a su país, que es libre y no tiene ataduras ni hipotecas. Alberto C. (tampoco es su verdadero nombre), un colombiano de 29 años llegado a España en 2001, no se limitó a soñar. Sencillamente, desapareció. Dejó atrás el piso recién comprado, con la hipoteca sin pagar. Todo. Su caso puede ser extremo, pero no tan infrecuente como podría parecer. La odisea empezó hace tres años, cuando, harto de vivir de alquiler, pensó que comprar un piso podía ser una buena inversión. Encontró una casa usada a buen precio en Almería, firmó una hipoteca y se instaló en ella. Era un piso sórdido, que necesitaba una reforma urgente. El banco le prestó 120.000 euros, y Alberto comenzó a pagar sus cuotas religiosamente. Hasta que perdió el empleo.

"En Almería se agotaron los trabajos", explica. Un día, cuando más agobiado estaba por las presiones del banco, recibió la llamada de un familiar. Le hablaba de una posibilidad de trabajo en otro punto de España. No se lo pensó dos veces. Hizo la maleta y se fue con su mujer y sus dos hijos. Su esposa trabaja en la hostelería; él, en las obras de un túnel subterráneo. La incertidumbre le asalta algunas veces. "No sé qué hacer. Estoy en un jaque. Necesito que me aconsejen", explica por teléfono desde su nuevo paradero.

"Mucha gente ha llegado ya con las llaves del piso al banco y se las ha arrojado a los empleados, diciéndoles: 'Quédenselas, que no podemos pagar el piso", cuenta José Miguel Eraso. Él mismo asegura haber presenciado una escena así en la sucursal de la caja de ahorros de Torrevieja en la que contrató su hipoteca. Lo malo es que en España no existe relación entre el préstamo bancario y el bien adquirido con ese dinero, explica la abogada Victoria Plazuelo, especializada en hipotecas. "Cuando una persona no paga la hipoteca, el banco se queda con el piso y lo saca a subasta. Si el dinero obtenido no cubre el préstamo más los gastos originados en el proceso, puede ocurrir que te embarguen la nómina", advierte.

Antes de que le ocurra algo así, Eraso, un ecuatoriano de 44 años, espera poder alquilar su apartamento, que está en primera línea de playa en Torrevieja, según cuenta, muy relajado, en el salón de la casa de su cuñada, en Madrid, donde se instalaron a principios de año. Su historia se parece a otras muchas de inmigrantes que, después de bregar con los trabajos más duros, consiguieron papeles y una posición un poquito más desahogada y pensaron que comprar un piso era una inversión. "Lo malo es que nos atrapó la crisis", dice Eraso, pequeño de estatura, con un bigotito fino que da un aire antiguo a su persona.

Bregar, él ha bregado mucho. Desde que llegó a España ilegalmente, en un vuelo de KLM, hace nueve años, ha trabajado en el campo, en los servicios, en la construcción. Recogió tomates en Lorca (Murcia), descargó camiones en Mercamadrid, trabajó como hombre para todo para un señor que le firmó un contrato y le permitió regularizar su situación, y finalmente consiguió un buen empleo como encofrador en Torrevieja.

El trabajo era duro, pero el sueldo -1.800 euros al mes trabajando 11 horas al día- le compensaba. Entonces se trajo de Ecuador a su mujer y a tres de los cuatro hijos. "Ella no tenía empleo, trabajaba esporádicamente en la hostelería, pero es un sector muy competido", explica. Al principio vivieron de alquiler. Primero, en una habitación, por 240 euros al mes; luego, en un piso que costaba 600 euros al año. Así que optaron por tirarse a la piscina. "Acudimos a la agencia que vendía el piso, y ellos se ocuparon de buscar la financiación con el banco. El dueño sólo cobró 70.000 euros, pero a nosotros la vivienda nos salió por 139.000".

José Miguel Eraso y su mujer empezaron pagando una suma módica: 788 euros. En mayo de 2005, los tipos de interés registraban un mínimo histórico, con el Euribor al 2%. Los bancos regalaban el dinero. Pero el préstamo a 20 años era de interés variable. "Bien que le protesté al banco y les dije: 'Oiga, ¿por qué no me lo dan a mí a cuota fija? Pero no me hicieron caso". Las dificultades llegaron después. Se acabó el trabajo en Torrevieja, y la hipoteca, en marzo, subió a 1.060 euros. Demasiado dinero, al que hay que añadir la letra del Opel Shakira de segunda mano, que asciende a otros 258 euros al mes.

Eraso ha dejado de pagar y está a punto de ser un moroso. Una realidad a la que ya se incorporó Lidia Jiménez, una compatriota, que lleva cuatro meses de retraso en el pago de su hipoteca. Jiménez no quiere hablar mucho del tema. Sólo admite que la vida se le ha puesto en contra. "Cuando sacamos el préstamo, de 220.000 euros, hace dos años, pagábamos 750 euros al mes, pero nos fue subiendo y ahora está en 1.250". El piso, de apenas 54 metros cuadrados útiles, está en una urbanización de la periferia de Madrid. "Es un bloque bien antiguo, lleno de problemas. La hipoteca la saqué con mi hijo, de 25 años, el único que trabaja en estos momentos", cuenta Lidia, de 43 años, madre de otros tres hijos.

Las cosas funcionaron más o menos el primer año, con letras moderadas y casi todos los mayores de la casa con trabajo. Hasta que el panorama cambió. "Yo cuidaba de un niño y atendía una casa, pero estoy con anemia y faltaba mucho. La señora me dijo que no volviera". Su marido, empleado en la construcción, está ahora a la expectativa, y toda la economía familiar depende del hijo mayor. Lidia espera que las cosas mejoren y poder hacer frente otra vez a la hipoteca firmada por 30 años. De lo contrario sabe que perderá su piso. Aunque el proceso puede durar. ¿Cuánto exactamente? Expertos judiciales calculan que no más de ocho meses.

"Depende mucho de cada cliente. Nosotros intentamos negociar con cada uno, según cada situación particular", declara un portavoz de Caja Madrid, una de las entidades que más han sufrido el aumento de morosidad en sus créditos. ¿Se han pillado los dedos los bancos españoles en su afán de rentabilizar el maná que representaban las nóminas de centenares de miles de inmigrantes? "Nosotros teníamos que hacer frente a una demanda", dice una fuente del sector. Ahora todo apunta a que tendrán que hacer frente a una catástrofe. Decenas de miles de pisos devueltos; decenas de miles de subastas, de procesos. Un panorama nada halagüeño.

Tampoco pinta optimista el futuro para sus fallidos clientes, muchos de los cuales deshojan la margarita del regreso. "Volver ahora sería como una derrota", asegura Marlon Flor, y su mujer, Yesenia, asiente. Aunque ella se lo ha pensado ya más de una vez. ¿No se precipitaron en su compra?

Lo malo, reconoce ahora Marlon, es que al final la cuenta subió mucho. "Nos vendieron no sé cuántos seguros. Uno precisamente por si ocurría esto, que uno se quedara sin trabajo, pero ahora resulta que ese seguro sólo sirve a los que tienen un contrato indefinido", cuenta desolado. El banco no se lo explicó. También Alberto C. culpa de haberle fallado a la caja que le dio el préstamo. "Yo solicité una hipoteca a 35 ó 40 años, pero me la dieron a sólo 30 años. Cuando fui a quejarme había cambiado ya el director". Así que reconoce con un punto de drama: "Estoy en las manos de Dios". O más bien en las de la banca.

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Volver... a casa de los padres
ElPeriodico.com - 10 de agosto de 2008
 
 
El alza de las hipotecas y la precariedad en el empleo obligan a un joven de BCN ya emancipado a regresar a la vivienda familiar

• El crédito se paga con el alquiler a otra pareja


Eduardo García, de 34 años, se toma las cosas con el mejor humor posible: "O lo hago así, o mal vamos".

Aventurero "como deberían ser todos los jóvenes", hace tres años decidió sentar la cabeza. Llevaba desde los 22 años fuera de casa de sus padres, viviendo en pisos de alquiler o compartiendo habitación. "Decidí comprarme un piso. Y es la peor decisión que he tomado en mi vida", señala. Su relación con la crisis no es buena. Primero, por la subida del euríbor. "El piso me costó 24 millones de pesetas 144.000 euros. Estaba situado en la calle Santa Rosalia, en el barrio de la Teixonera", relata. Tenía un trabajo estable, cobrando 1.300 euros al mes, y decidió dar un pequeño gran paso y firmó una hipoteca por la que le tocaba pagar 609 euros al mes. Pero la escalada de los tipos de interés le fue asfixiando poco a poco.

"La cuota ha ido subiendo 100 euros cada año. Veía que subía y subía y que no se estabilizaba. Ahora pago 910 euros al mes, y encima hay que arreglar la fachada, que son 100 euros más", cuenta. En total, sumando los gastos, la libreta de las cuentas indica que, cada mes, se dejaba 1.300 euros. "O vivo o no vivo. Por eso decidí alquilarlo durante un año para sanear las cuentas y volver a vivir a casa de mis padres".

Se compró un ático pequeño, de 35 metros cuadrados, tipo loft, con una gran terraza. "Lo alquilo por 600 euros al mes, porque pedir 900 sería mucho". Se ha instalado una pareja, perro incluido, "que se pasa el día en la terraza". Compró el contrato en un estanco, puso él sus cláusulas, "asequibles para lo que es el mercado": 600 euros de paga y señal más la cuota mensual. "Puse el anuncio el jueves, y el viernes ya me estaban llamando". Así que desde principios de julio ha vuelto a casa... de sus padres.

Otro de los motivos de su decisión tiene que ver con el trabajo. "Tuve que cambiar de empresa. Pero es que ahora tampoco se vende tanto como antes", afirma. Es supervisor comercial de cárnicos y no le da para mucho, por lo que ha tenido que buscarse la vida con el pluriempleo. Así es su día a día: "Me levanto a las 6.30 y voy al mercado, donde monto una parada de carne para una mujer. Después empieza el trabajo normal, hasta las 13.30. Como, voy al gimnasio, y sigo con mi trabajo de 16.30 a 19.00. Y los fines de semana trabajo de noche en un bar, pero como ha bajado tanto el gasto de los clientes ahora solo voy fin de semana sí, fin de semana no". Visto lo visto, está buscando algún trabajo de 19.00 a 20.00 horas para compensar. Al menos ya termina de pagar la letra del coche (260 euros al mes). "Hay que apechugar. Mis padres están encantados de que haya vuelto. Monetariamente no me pueden ayudar, pero teniéndome en casa es como me echan una mano. Yo les ayudo con los gastos de la casa y ellos comprenden mi situación", asegura. "Comprar un piso es la tontería más grande que he hecho. Lo vas a tener toda la vida sin poder disfrutarlo. Para qué me compro un piso, ¿para otros? La gente de 30 a 40 años y soltera, que hay un mogollón como yo, no tiene ayudas de ningún tipo. Nosotros también somos jóvenes. Parece que no puedas vivir solo, que te obliguen a estar en casa", reclama.

Su conclusión es clara: "Ahora, si pudiera elegir, me iría de alquiler, que da menos problemas en todos los sentidos. De aquí a un año, cuando acabe el contrato con los inquilinos, veré qué hago".

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Economía y laboral
 
TÉCNICOS DE HACIENDA ALERTAN DE PRESCRIPCIÓN DE 8.800 MILL.
Cotizalia.com - 17 de julio de 2008
 
 
en dinero negro no declarado por inmobiliarias en 2003

El secretario general del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, alertó hoy de que el próximo viernes, día 25 de julio, prescribirán más de 8.800 millones de euros en impuestos procedentes de operaciones opacas efectuadas por empresas constructoras y promotoras en el año 2003, en su gran mayoría con billetes de 500 euros.

Mollinedo –que participó hoy en el Curso “Crítica y Crisis del Diseño y Gestión del Sistema Tributario y de Modelo de Gasto Público” que organiza la Universidad Complutense (UCM) en El Escorial- apuntó que la práctica totalidad de estas operaciones fraudulentas con billetes de 500 euros fueron realizadas por sociedades, principalmente del sector inmobiliario o relacionadas con la compraventa inmuebles, poniendo de manifiesto, una vez más, la estrecha relación existente entre este ramo y estos billetes de alto valor facial.

Gestha estima que el dinero negro acumulado hasta diciembre de 2003 ascendió a 23.491 millones de euros, lo que sitúa el impago del Impuesto sobre Sociedades –por el uso fraudulento de los billetes grandes- en un mínimo de 8.200 millones de euros derivados de la práctica habitual de escriturar un inmueble por debajo del valor real del mercado con el pago de la parte correspondiente en “B” en billetes de 500 euros.

Según los Técnicos de Hacienda, a esta suma hay que añadir 600 millones de euros que tienen su origen en “fraudes comunes”, entre los que destaca, por su cuantía y frecuencia, las tramas de facturas falsas de empresas auxiliares que ingresan entre cuatro y cinco millones de euros al año, así como la emisión de facturas falseadas por un valor superior al real de los trabajos realizados por empresarios individuales en el sistema de módulos.

Dentro de esta categoría de “fraudes comunes”, menos frecuente y menos gravoso, se encuentra el diferimiento en el pago de impuestos, con prácticas como la manipulación en la valoración de las existencias de inmuebles realizadas de común acuerdo entre promotor y constructor.

Sin motivos para “sacar pecho”

Gestha reconoce que, si bien las actuaciones de la Agencia Tributaria sobre el sector inmobiliario se han incrementado en los últimos años, la Ley Antifraude -aprobada hace casi dos años- no ha conseguido detectar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo donde parece que el dinero negro encontró un refugio rentable. La evasión fiscal en el sector inmobiliario supera los 8.800 millones de euros anuales y sólo las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia concentran el 67% de este fraude.

Los Técnicos de Hacienda estiman que la Agencia Tributaria no tiene motivos para “sacar pecho” de sus resultados en la investigación de los billetes de 500, ya que el importe de 142,8 millones de euros recaudados hasta mayo de 2008 por autoliquidaciones extemporáneas presentadas por los contribuyentes investigados, apenas representa el 1,7% del saldo de billetes de alta denominación a diciembre de 2003.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “la propia investigación tributaria viene a confirmar las denuncias que veníamos realizando de manera reiterada desde hace años, según las cuales los billetes de 500 euros son el instrumento preferido de los defraudadores para saldar negocios al margen del Fisco y, muy especialmente, en todas aquellas actividades relacionadas directamente con el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales”.

Un periodo de gracia para los grandes defraudadores

Asimismo, este colectivo denuncia que la AEAT haya alentado una práctica “demasiado benevolente” que ha permitido a buena parte de los grandes defraudadores eludir sus responsabilidades fiscales o penales al facilitarles “previo aviso” un periodo de gracia de un mes para que ingresen “voluntariamente” lo defraudado sin sanciones, ni denuncias por los delitos fiscales cuando el fraude supera los 120.000 euros. Gestha recuerda que apenas se han remitido a la Fiscalía algunos de los 12.000 casos detectados con más de 1.000 billetes de 500 utilizados entre 2003 y 2006.

Por otro lado, explica que la caída registrada en la cifra de billetes de 500 euros en circulación desde mediados del pasado año no es consecuencia directa del mayor número de inspecciones sino, principalmente, del “ajuste” experimentado por el sector inmobiliario. La caída de las operaciones de compra-venta ha truncado la tendencia fuertemente alcista de estos billetes de alta denominación, que alcanzaron su máximo histórico en julio de 2007 con 113,9 millones de unidades, hasta bajar el pasado mes de mayo a los 110,4 millones de billetes.

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LA DEUDA DE LAS CONSTRUCTORAS ES 3 VECES SUPERIOR A SU VALOR
LaVanguardia.es - 21 de julio de 2008
 
 
Las seis empresas más grandes del sector deben 94.821 millones y valen 35.000

Las cañas parecen haberse tornado lanzas. Cuando el dinero era fácil y barato, parecía lógico que las constructoras aprovecharan su enorme capacidad de endeudamiento para apalancarse con el fin de diversificar su negocio y despegarse de un ciclo económico que después de catorce años de crecimiento ininterrumpido empezaba a agotarse. Sin embargo, cuando las condiciones del mercado financiero han cambiado, las constructoras han quedado estranguladas por su elevada deuda. Esto les está obligando a vender con prisas para pagar lo que deben; de lo contrario, se enfrentan al temido concurso voluntario de acreedores.

La teoría del apalancamiento fue aplaudida desde el Gobierno hasta la CNMV, pasando por el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Era el nacimiento de un nuevo capitalismo en España: unos empresarios estaban siendo capaces de trasladar la riqueza que estaba produciendo el ladrillo a la industria.

El Gobierno se había quedado sin instrumentos para evitar la entrada de capital extranjero, ya que la estrategia diseñada por el anterior equipo gubernamental, liderado por Rodrigo Rato, había sido declarado ilegal por la UE por no respetar la libre circulación de capitales en la zona euro.

Por tanto, que Sacyr Vallehermoso con Luis del Rivero comprara el 20% de Repsol era perfecto, tanto como la compra del 25% de Endesa por parte de Acciona y el pacto con Enel para frenar a los alemanes. También se aplaudió la entrada de ACS en Fenosa y posteriormente en su rival Iberdrola. El sistema energético español había quedado blindado ante los tiburones extranjeros.

La fórmula diseñada por el equipo del Banco Santander era perfecta. El banco proporcionaba la financiación necesaria para afrontar la inversión, como aval se ponían las acciones adquiridas y los intereses del crédito se pagaban con los dividendos que repartieran las energéticas. El único fleco era que si las acciones bajaban del precio pactado habría que provisionar las minusvalías y en la mayor parte de los casos se ponían como aval las propias acciones de las constructoras. Durante los dos o tres primeros años del gran apalancamiento la teoría funcionó como un reloj.

Pero todo se fue al traste por las dichosas hipotecas basura. Las subprime fueron la espoleta de la crisis financiera internacional. La consecuencia es que el dinero se retiró y el dinero fácil ha desaparecido para siempre. Esto significa que el precio del dinero se ha disparado.

La segunda consecuencia es que han confluido la crisis financiera, el fuerte aumento del precio energético y el crac inmobiliario, lo que ha provocado el derrumbe de la bolsa. Las energéticas españolas han acumulado pérdidas en lo que va de año del 25% y las constructoras, de más del 30%. Los constructores, además, cometieron un error de manual. Todos se financiaron a corto, que era más barato que a largo plazo. El resultado es que antes de fin de año vence un tercio de la deuda asumida.

Si no hubiera habido restricciones crediticias, la renovación habría sido automática. Pero las cosas han cambiado y bancos y cajas quieren cobrar porque necesitan liquidez para hacer frente al vencimiento de su propia deuda. No hay dinero para refinanciarse y cuando lo encuentran es muy caro. Es decir, la teoría de que los dividendos pagan el servicio de la deuda ya no vale.

Esto ha llevado a una situación en que las constructoras están entre la espada y la pared. Las seis grandes que cotizan ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, Sacyr y OHL deben en conjunto 94.821 millones (datos al cierre del primer trimestre), lo que significa tres veces más de lo que valen en bolsa, que en conjunto sube a 35.000 millones, según los precios de cierre del viernes. Su patrimonio neto se limita a 27.000 millones.

Ante esta situación, sólo les queda una posibilidad: desandar el camino. Sacyr, gracias al apoyo del Gobierno, pudo vender sin perder demasiado Eiffage, lo que le dio un balón de oxígeno para mantenerse en Repsol. Florentino Pérez ha anunciado que pone en venta Fenosa porque antes de fin de año le vence el crédito que le dio Emilio Botín para su compra. La familia Entrecanales en Acciona está planteando la ruptura con Enel para cobrar las plusvalías que por contrato se garantizó en la operación. Ferrovial está vendiendo activos para aguantar la aventura aeroportuaria. Ahora resulta que FCC es la que mejor situación relativa tiene por haber sido la más torpe... Aunque el que más claro lo tenía era el ex ministro de Hacienda Juan Manuel Villar Mir, que dijo aquello de "zapatero, a tus zapatos".

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EL AJUSTE INMOBILIARIO SERÁ 'LARGO Y DOLOROSO'
ElEconomista.es - 30 de julio de 2008
 
Y HABRÁ UN 'PROLONGADO DESCENSO' DE LA VIVIENDA

S&P advirtió hoy de que el ajuste del sector inmobiliario en España será "largo y doloroso", y que el deterioro económico, la subida de los tipos de interés y el aumento del paro apuntan a un "prolongado descenso" de los precios de la vivienda. Además, espera "efectos extremos" como consecuencia de la ralentización y señala que estamos en la "fase inicial" de la desaceleración de la construcción.

A su parecer, los últimos datos sobre licencias de construcción desde mediados del pasado año y sobre demanda de cemento, que ha caído a su nivel más bajo en once años, sugieren que la actividad inmobiliaria se contraerá "de forma más dramática" en los próximos doce meses.

Este ajuste del sector de la construcción en España irá acompañado por los efectos derivados de la crisis financiera internacional, que ha puesto punto final a la financiación "barata y abundante" que determinó el modelo de crecimiento nacional basado en el ladrillo.

La firma de calificación crediticia y análisis insiste además en que la economía española es "especialmente vulnerable" a las restricciones de crédito teniendo en cuenta su elevada dependencia de la financiación externa, tal y como demuestra su elevado déficit por cuenta corriente, que supone el 10% del PIB.

S&P explica que las perspectivas inmobiliarias en España han empeorado significativamente por el hecho de que durante los últimos ocho años las construcciones de vivienda han excedido los niveles requeridos por la evolución demográfica, lo que ha dado lugar a un importante stock de casas sin vender.

S&P calcula que existen cerca de un millón de viviendas sin vender en España, de las que la mitad son de nueva construcción, desequilibrio al que se suma la cada vez menor demanda de segunda vivienda por parte de extranjeros, circunstancia que se ve agravada por el deterioro del cambio de la libra esterlina respecto al euro.

Efectos "extremos" de la ralentización

Ante este escenario, y que teniendo en cuenta que el sector de la construcción supone el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) y daba empleo a más de 2,7 millones de trabajadores en el ejercicio 2007, los efectos de la ralentización serán "extremos".

La firma resalta también que la subida del desempleo, que alcanzó el 10,4% en el segundo trimestre, se ha producido en la "fase inicial" de la desaceleración de la actividad de la construcción, y recuerda que los precios de la vivienda están sobrevalorados en un 30% según el Banco de España.

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LAS TASACIONES INFLADAS DE LA VIVIENDA GOLPEAN A LOS BONOS
ElEconomista.es - 01 de agosto de 2008
 
 
Las sociedades tasadoras sobrevaloraron notablemente los precios de las viviendas durante los últimos años.

Y estos activos son el respaldo de los 320.000 millones de euros de bonos hipotecarios emitidos por las entidades españolas y vendidos a inversores de todo el mundo. El problema es que con la caída de los precios, el valor real de las casas está muy por debajo de su valor oficial, lo que unido al aumento de la morosidad provoca que los bonos caigan.

José María González está intentando deshacerse de un piso de cuatro dormitorios en Madrid para poder pagar los 480.000 euros de la vivienda en la que vive ahora. Su problema podría acabar afectando a inversores que no conoce de Roma y Hong Kong. Ello es así porque los bonos hipotecarios emitidos por la entidad financiera de González están en manos de fondos gestionados por Pacific Investment Management Company LLC y Pioneer Investments.

Tasaciones infladas

Josep Prats, gestor de fondos en Ahorro Corporación en Madrid asegura que las sociedades tasadoras, que trabajan en interés de los bancos que las controlan, inflaron normalmente los precios de las viviendas. Tales activos están detrás de hasta los 320.000 millones de euros de esa deuda vendida a ahorradores de todo el mundo. "Las tasaciones no son realistas", dice Prats, que dirige un equipo que gestiona 11.000 millones de euros. "Las tasadoras emiten un informe por la cantidad que los gestores del banco están dispuestos a prestar?, afirma.

Esas tasaciones ayudaron a que los bancos españoles fomentaran la concesión de créditos al respaldar la venta de los bonos hipotecarios que alimentaron el mayor boom inmobiliario de Europa. La estrategia se truncó después de que la crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos provocara más de 310.000 millones de euros entre pérdidas y provisiones en todo el mundo. Ahora que los activos españoles están volviéndose a tasar, el país podría producir nuevas pérdidas.

Un buen ejemplo

La entidad del citado José María González , la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián, más conocida por La Kutxa, puede ser un bueno ejemplo de lo que está ocurriendo con los bonos hipotecarios españoles. Ha vendido 2.500 millones de euros de bonos titulizados desde finales de 2005. Pimco, con sede en California, y Pioneer Investments compraron bonos de la Kutxa para fondos vendidos a inversores de todo el mundo.

El Euro Bond Fund, de Pimco, vendido a ahorradores de Hong Kong, es el mayor inversor de la emisión de 2007 de Kutxa, según un documento presentado al regulador el 31 de marzo. El Fondo CIM Euro Fixed Income, de Pioneer Investments, que se vende a ahorradores italianos, tiene 11 millones de euros en los bonos.

Pimco, controlado mayoritariamente por la aseguradora Allianz, con sede en Munich, gestiona el mayor fondo mundial de bonos y tiene 829.500 millones de dólares (532.755 de euros) bajo gestión en representación de planes de pensiones de empresas. Pioneer Investments es la gestora de fondos filial del mayor banco de Italia, Uni Credit , con sede en Milán, que supervisa 190.500 millones de euros de 40 millones de clientes de 23 países.

Raffaele Bertoni, responsable en Dublín de renta fija de Pioneer Investments, dice que los bonos de la Kutxa están garantizados por un colateral sólido: viviendas en las áreas más ricas de Madrid, Barcelona y el País Vasco. Las hipotecas cubren de media el 78% del precio de los inmuebles, y el riesgo de impago es aún mayor dado el gran número de prestatarios. "El mercado español no es el mercado inmobiliario estadounidense", comenta Bertoni. "No tenemos las famosas subprime. En términos generales, el colateral de cada préstamo es siempre bastante alto", añade.

Eso no evitó que los bonos de Kutxa perdieran un 8% desde que fueran emitidos en febrero del año pasado. Eso contribuyó a que el fondo Pioneer tuviera un rendimiento de 2,7 puntos porcentuales menos que el índice JPMorgan EMU Bond en los últimos 12 meses.

Según Prats, de Ahorro Corporación, el temor es que el valor real de muchas viviendas españolas está muy por debajo de los precios oficiales, lo que significa que la llamada ratio del préstamo sobre el precio subestima el riesgo.

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SE VENDEN CASAS A 68 CÉNTIMOS EN EL CENTRO DE DETROIT
e-pesimo.blogspot.com (El Mundo) - 19 de agosto de 2008
 
Los bancos de EEUU 'regalan' viviendas que sus propietarios no pueden pagar para evitarse los gastos que acarrean

Qué se puede comprar con 68 céntimos? Una barra de pan, o una lata de Coca-Cola o una casa de 119 metros cuadrados con dos pisos, cuatro dormitorios y dos cuartos de baño en la calle Traverse, junto al aeropuerto de Detroit, la capital del automóvil en Estados Unidos. El sitio web www.realtor.com mostraba ayer una vivienda en venta en esta ciudad del Estado de Michigan -que, además, va a ser decisivo en las elecciones presidenciales del 4 de noviembre- por un dólar, es decir, 68 céntimos de euro.

Aunque si usted quiere una ganga acaso deba esperar un poco. La vivienda llevaba ayer en venta 23 días sin encontrar comprador. En enero, cuando el banco que ejecutó la hipoteca y expulsó al propietario la puso en venta, lo hizo por 1.100 dólares, o 750 euros. En noviembre de 2006 su propietario la había comprado por 65.000 dolares (44.000 euros). En otras palabras: en 21 meses, la vivienda solamente retiene el 0,0015% de su valor.

Es evidente que es un caso excepcional. La casa era la mejor de su barrio, según la prensa local pero, desde que se produjo el desahucio, ha sido saqueada. Los ladrones se han llevado hasta los cables eléctricos. Y no es el único ejemplo. Ayer www.realtor.com mostraba otras vivienda en venta en Detroit por un dólar. Otra también valía ese precio, pero había sido dañada por un incendio y la agencia inmobiliaria advertía al eventual comprador que debería gastar al menos 2.500 dolares para arreglarla. Y la foto incluida en la página web mostraba una vivienda ruinosa, al contrario que las otras dos.

Las estadísticas confirman esa tendencia. En el ultimo año y medio, el precio de la vivienda media ha caído un alucinante 75% en Detroit. En www.realtor.com hay 182 casas en venta en esa ciudad por menos de 1.000 dólares, o sea, 680 euros. Y esa es una cifra respetable, ya que supone el 1% del parque de viviendas que muestra esta página web para esa ciudad.

Además, esta venta es una ruina para el banco. Si se suman los costes administrativos, las comisiones de los agentes inmobiliarios y los atrasos del propietario en el pago de impuestos y de la factura del agua, la entidad que ejecutó la hipoteca va a tener que gastar unos 6.800 euros para deshacerse de la casa por 68 céntimos. Justo lo contrario que para un eventual comprador de la vivienda. Con el nuevo paquete de ayudas públicas aprobado por el Congreso y la Casa Blanca a finales del mes pasado, si alguien compra la casa obtendrá una exención fiscal de 5.100 euros, una cantidad con la que puede empezar a pagar la reparación de la vivienda.

La triste historia de la casa de la calle Traverse llega justo cuando EEUU entra en lo que parece una segunda fase de sus crisis hipotecaria. A medida que los impagos de las hipotecas subprime o de alto riesgo -otorgadas a clientes que teóricamente no cumplían los requisitos para la concesión de créditos- se frenan, los problemas se extienden ahora a las llamadas hipotecas Alt-A, teóricamente más solventes. Al mismo tiempo, por primera vez desde que hay estadísticas, el valor neto de las viviendas en EEUU es negativo. En otras palabras: todas las hipotecas juntas valen más dinero que todas las casas.

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El MVIV augura que el Euribor escalará hasta el 8% en 2012
LibertadDigital.com - 05 de agosto de 2008
 
 
Las predicciones del Ministerio de Vivienda apuntan al hundimiento del poder adquisitivo de las familias por la subida del coste de los créditos hipotecarios. A pesar de que Zapatero y Solbes afirman en público que el margen para futuras subidas del Euribor se está agotando, los técnicos del departamento que dirige Beatriz Corredor estiman que el índice se disparará hasta el 8 por ciento, frente al 5,39 por ciento actual.

Malas noticias para los esquilmados bolsillos de las familias españolas. Las cuotas hipotecarias van a subir hasta niveles prohibitivos como consecuencia de la escalada del Euribor, tipo al que se referencian la mayoría de los préstamos para la compra de casa en España.

Los informes internos del Ministerio de Vivienda a los que ha tenido acceso LD sitúan el Euribor en el 8 por ciento en 2012, para estabilizarse luego en el 6 por ciento durante, al menos otros seis años.



Las consecuencias para las rentas familiares, si su cumplen estas estimaciones, serán nefastas. En una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años (supuesto que la patronal hipotecaria utiliza para calcular la subida de las cuotas), el incremento mensual será de 245 euros respecto a las cifras actuales. Sin embargo, en la mayoría de las grandes urbes los precios de los pisos superan con creces los 150.000 euros, con unos plazos de pago más amplios. Así, para una hipoteca de 300.000 euros a 35 años, un Euribor al 8 por ciento encarecería las cuotas mensuales en 539 euros, una cifra difícil de asumir, sobre todo en un entorno de alta inflación y destrucción de empleo como el actual. Los bancos tendrán serios problemas para poder cobrar los préstamos y crecerá la morosidad, que ya en lo que va de año se ha duplicado respecto al cierre de 2007.

El endeudamiento se dispara

Los técnicos de Vivienda que han elaborado estas previsiones creen que el problema tiene difícil solución, al considerar que “incluso parando en seco la contratación hipotecaria, no por ello mejoraremos la situación, debido al peso de la deuda acumulada. En concreto, las amortizaciones generadas por la actividad crediticia desde 1985 (incluido el remanente anterior) ascienden a 1,32 billones de euros, de lo cuales sólo 0,27 billones han sido liquidados. Quedan pues 1,05 billones por pagar que se corresponden con el saldo vivo del Banco de España a 31 de diciembre de 2007. Los intereses ascienden a 1,10 billones de euros en total, de los que se han pagado 0,33 billones, es decir, que faltan por abonar 0,77 billones de euros. Así, de la deuda total contratada a partir de 1985, se han devuelto 0,60 billones y quedan por liquidar 1,82 billones de euros. A esta cifra hay que añadir la de las hipotecas contratadas en 2008.



En los datos internos del departamento de Corredor llama la atención la magnitud de los efectos deudores del último boom inmobiliario (2003-2007), cuyos 8,4 millones de hipotecados deberán encontrar 1,6 billones de euros para llegar a ser dueños de sus inmuebles, de los cuales sólo se ha liquidado una décima parte. El gráfico muestra la burbuja deudora según el periodo de contratación en función de la renta de los hogares:



Se aprecia, por tanto, la evolución del pasivo inmobiliario de las familias españolas hasta 2032, incluyendo una proyección de la bajada del auge prevista para 2012, aunque, como admiten los técnicos “al ritmo que van las cosas es posible que se toque fondo bastante antes”.

El Gobierno sigue negando la evidencia

Mientras, el Gobierno continúa empleando la táctica del avestruz y niega que el Euribor pueda llegar a estas cifras, al menos ante los medios de comunicación y ante la representación de la soberanía popular que es, o debería ser, el Congreso de los Diputados. Desde el pasado otoño, cada vez que se produce una subida de este índice, bien el presidente, bien la ministra de Vivienda, o el vicepresidente económico, aseguran que “ya ha tocado techo”. El último ha sido Solbes, en una entrevista concedida este lunes a RNE, aunque esta vez ha admitido que puede equivocarse. Sin embargo, en la trastienda de Moncloa ya saben que el Euribor va a ser el mayor quebradero de cabeza para los hipotecados. De momento, en 2008 el Euribor puede dar un respiro en los próximos meses -tal como avanzó LD- si la evolución de los precios permite al Banco Central Europeo (BCE) no aprobar nuevas subidas de los tipos de interés; siempre que los problemas internacionales de liquidez generados en Estados Unidos encuentren solución en el medio plazo.

El fantasma del credit crunch

Según expertos consultados del Observatorio de Coyuntura de Instituto Juan de Mariana, en los últimos meses se ha producido un curioso fenómeno para algunos: el Euribor se ha distanciado mucho del tipo de interés que establece el BCE. “La explicación se encuentra en la desconfianza que tienen los bancos entre sí a la hora de prestarse dinero”, explicaron a LD. Como muestra un botón, en mayo de 2004, momento en que los tipos del BCE estaban estabilizados en el 2 por ciento, el Euribor a 12 meses alcanzó el 2,3 por ciento (lo que representa una diferencia del 14 por ciento). Hoy, con los tipos estabilizados en el 4,25 por ciento, el Euribor a 12 meses se sitúa en el 5,4 por ciento y la brecha se sitúa en el 27 por ciento.

“Si el Euribor sigue subiendo, la carga financiera que soportarán las familias españolas aumentará, lo que, junto con el creciente desempleo, disparará la morosidad y pondrá en graves dificultades a las entidades bancarias. Es la temida dinámica del credit crunch o de la contracción crediticia, que tantos quieren evitar”, concluyen la fuentes consultadas.

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El precio está cayendo mucho más
Cotizalia.com - 17 de julio de 2008
 
Expertos cuestionan los datos ‘oficiales’ del Ministerio de Vivienda

Horas después de la quiebra de la primera promotora española por activos, Martinsa-Fadesa, el Ministerio de Vivienda anunció que el precio de la vivienda libre seguía subiendo un 2% en el segundo trimestre de 2008, pinchazo de la burbuja inmobiliaria mediante. Bien es cierto que la estadística oficial refleja un caída del 0,3% entre mayo y junio, la primera bajada en una década; y que la subida interanual del 2% es la más baja desde 1997 y que supone en realidad una caída del 3% -teniendo en cuenta que la inflación ha escalado al 5%-. Sin embargo, todos los analistas consultados por El Confidencial en el día de ayer cuestionaban estos datos y dudaban de que reflejaran la realidad actual del mercado. ¿Por qué nadie se cree los datos oficiales del Ministerio de Vivienda?

Las respuestas van desde la incredulidad a la metáfora, pasando por la broma: “Como persona de la calle, tengo la impresión de que los precios están cayendo mucho más”, valoran unos. “Los datos son de chiste: es como cuando un astrómo analiza la luz de una estrella que ya no existe”, afirman otros. “No refleja la realidad, porque esos precios se calculan a partir de precios de tasación, no de transacción y además van con retraso porque hacen referencia a viviendas apalabradas hace 18 meses”, explica José García Montalvo, profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

El tumor inmobiliario y la falta de medios para diagnosticarlo

Montalvo, en su publicación ¿Cuánto aumenta realmente el precio de la vivienda?, colgada en su página web, disecciona las estadísticas oficiales y señala sus lagunas: “Por desgracia, las estadísticas inmobiliarias españolas no están a la altura de la gravedad del problema. Parece claro que a la economía española le ha aparecido un tumor inmobiliario, especialmente en términos de precios. Sin embargo, existe un problema fundamental para afirmar en el diagnóstico (canceroso o benigno) del tumor inmobiliario: la información sobre los precios de la vivienda en España es bastante deficiente. En términos médicos, diríamos que en vez de hacer un TAC para ver la extensión del tumor, sólo podemos usar una lupa de pocos aumentos. Por tanto, no sabemos con precisión a qué ritmo está evolucionando el tumor”.

Montalvo hace hincapié en que este precio se calcula a partir de tasaciones suministradas por diversas sociedades. Los problemas asociados al cálculo de este índice son múltiples, pero se centra en dos: en primer lugar, no tiene en cuenta la calidad de las viviendas tasadas en cada periodo, a pesar de ser bienes muy heterodoxos. Y en segundo, “el contenido informativo se ve mermado por los sesgos asociados al utilizar precios de tasación y no precios de transacción. La tasación es una operación que sirve fundamentalmente para obtener un préstamo con garantía hipotecaria. (...) El simple hecho de utilizar como unidad de observación las viviendas que han sido objeto de tasación, introduce un problema adicional, al no incluir los precios de las viviendas cuyos propietarios no requieren de un préstamo para pagarlas y, por tanto, con una probabilidad alta no precisarán una tasación. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de billetes de 500 euros que circulan en nuestro país, y que el sector inmobiliario es foco fundamental de blanqueo de dinero, no es ilógico pensar que ese sesgo de selección tenga una cierta incidencia en la representatividad de los precios de tasación”.

El precio de los inmuebles crece en torno al IPC, según el Gobierno

Mención aparte merece la aseveración de la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, de que “estos datos se acercan al objetivo del Gobierno de que el precio de los inmuebles crezca en torno al IPC”. Montalvo no está de acuerdo: “Es kafkiano, llevan diciendo lo mismo trimestre tras trimestre. En realidad, nos estamos alejando del IPC”. Otros analistas consultados no son tan amables: incluso se cuestionan la idoneidad de la estadística -incluido el precio que cuesta hacerla-, de la directora general e incluso del Ministerio de Vivienda.

Sin embargo, el Gobierno ve esta “caída real” como una oportunidad única para conseguir un crecimiento del precio que no esté descompensado, en tanto que desde el sector promotor consideran que este ajuste es positivo, porque el precio de la vivienda había adquirido un nivel muy alto como consecuencia del encarecimiento del suelo”. Que se lo pregunten a Fernando Martín.

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El BCE bate otro récord de financiación a la banca española
El País - 15 de agosto de 2008
 
 
No hay mercado interbancario. Está seco. Los bancos europeos no se prestan entre sí porque sigue sin conocerse la profundidad del agujero causado por las hipotecas basura estadounidenses. En esa tesitura, la crisis de liquidez ha hecho que los bancos españoles piquen con mayor insistencia a la puerta del Banco Central Europeo (BCE). El organismo comunitario financió a la banca española en julio con 49.384 millones de euros, superando por quinta vez este año el récord en la cantidad concedida a las entidades bancarias residentes en España. Se trata de un nuevo máximo histórico. La cifra supone un aumento del 169% respecto a la demanda de financiación de los bancos españoles en julio de 2007 y un 5% más que en junio de este año.

En el resto del continente europeo, la demanda es menor. En el conjunto del Eurosistema el aumento fue más moderado en julio, con un importe total de 458.121 millones, un 1,18% más que hace un año, pero un 0,5% menos respecto a los 460.645 millones de junio. Las peticiones de financiación de las entidades españolas suponen ya un 10,7% del total otorgado por el organismo a todos los bancos de Europa, aunque esa cifra se corresponde con el peso de la banca española en el eurosistema.

Nuevas emisiones

En los últimos meses, y a raíz de la crisis financiera internacional, la banca europea ha recurrido cada vez más al BCE como alternativa a los mercados mayoristas. Ante las críticas de la prensa británica a los bancos españoles por esta operativa durante los últimos meses, tanto la patronal bancaria AEB como las cajas han destacado que el sector financió los créditos en 2007 con depósitos de clientes "en un porcentaje superior al 80%", mientras que la financiación exterior no superó el 20%.

En las últimas semanas, bancos y cajas han vuelto tímidamente a buscar financiación a los mercados a través de emisiones, aunque la situación dista mucho de ser tranquilizadora: las entidades españolas necesitan conseguir 62.000 millones de euros más hasta fin de año para hacer frente a los vencimientos de su endeudamiento.

Miguel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, reconoció hace unos días que "continúan bloqueadas las colocaciones entre inversores institucionales". El Banco de España considera que la banca ha afrontado las recientes turbulencias desde una posición sólida, aunque recomienda a las entidades la búsqueda de nuevos nichos de negocio y que acudan más a los mercados con emisiones de deuda.

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Morgan Stanley augura que la morosidad subirá al 6%
El País - 05 de agosto de 2008
 
 
Los impagos de los promotores a la banca pueden llegar al 14%

Los malos augurios sobre el sistema financiero español no dejan de llegar, cada vez con datos más inquietantes. Ayer fue el banco de inversión norteamericano Morgan Stanley el que advirtió de que los beneficios y dividendos de la banca española serán menores en el futuro, ante las cada vez mayores probabilidades de que se desate una crisis económica en España similar a la registrada a principios de los años 90.

Según sus cálculos, la tasa de impago podría alcanzar el 14% en el caso de los promotores inmobiliarios, y situarse entre el 5% y el 6% para el conjunto de la cartera crediticia (ahora alrededor del 2%), en caso de que la economía desemboque en una crisis como la de aquellos años. Para Morgan Stanley, cabe la posibilidad de que el Banco de España presione a los bancos españoles para reducir los dividendos en los próximos trimestres para reforzar sus bases de capital y anticiparse a problemas futuros. Morgan Stanley también cree que el supervisor presionará a los bancos para que realicen mayores provisiones y más cobertura para afrontar nuevos impagos.

Asimismo, advierte que las entidades podrían optar por la venta de activos para afrontar las dificultades derivadas de la desaceleración económica, lo que también podría comprometer su rentabilidad futura. Por eso, ha reducido las perspectivas de los bancos españoles, excepto el Santander, y ha rebajado el precio objetivo en Bolsa.

Al margen de las previsiones, la realidad es que las deudas impagadas que las empresas y las personas tenían con bancos, entidades financieras o grandes compañías a 31 de julio ascendía a 17.246 millones en España, el 74% más que un año antes. Según datos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef-Equifax), de ese total, el 91,32% correspondía a personas físicas, mientras que el 78,29% de las deudas era de españoles y el 21,71% de inmigrantes, informa Efe. Además, los impagos de préstamos hipotecarios se han disparado en los seis primeros meses del año, al aumentar el 129,93% entre diciembre de 2007 y junio de 2008, periodo en el que cerca de 2,5 millones de personas tenían deudas impagadas.

En la banca extranjera la situación no es muy boyante. HSBC, el mayor banco europeo, registró 4.952 millones de beneficio en el primer semestre, un 29% menos que entre enero y junio de 2007. Esta cifra supone ganar 220 millones más que el Santander. El banco teme un empeoramiento de la crisis y, por tanto, de sus resultados.

Por otro lado, la entidad belga holandesa Fortis (que participó con el Santander y Royal Bank of Scotland en la compra de ABN Amro) ganó un 41% menos, hasta los 1.638 millones.

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El desplome en las ventas agrava aún más la crisis
El País - 10 de agosto de 2008
 
Las inmobiliarias que han publicado resultados ganan un 87% menos

Cada día que pasa es peor. Las pocas inmobiliarias que han tenido el valor de presentar sus resultados del primer semestre, y no estirar hasta el máximo el plazo al que están obligadas las que cotizan en Bolsa, han arrojado unas cifras peores que las del primer trimestre. Y no era fácil superar el listón. Porque si el desplome en las ventas fue entonces el aviso de que el pinchazo de la burbuja iba en serio, los datos del semestre son directamente catastróficos: una reducción de beneficios del 87% y del 78% en las preventas de pisos.

Acciona, Metrovacesa, Realia y Vallehermoso ingresaron 260 millones de euros por la venta de viviendas, un 78,5% menos que en el primer semestre de 2007. Y si se añade a la lista Renta Corporación, inmobiliaria que no se dedica a la promoción, sino a la rotación de activos, los beneficios fueron un 86,9% inferiores a los del mismo periodo del año anterior. Renta es la única de este grupo que registró pérdidas, superiores a los 25 millones de euros.

Con ser malos, los datos podrían ser mucho peores si el resto de cotizadas ya hubieran presentado sus cuentas. Porque algunas de las que peores números ofrecieron en el trimestre anterior -como Reyal Urbis, Afirma o Martinsa-Fadesa- han preferido agotar el plazo que fija la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dar a conocer sus interioridades.

Tanto Reyal como Martinsa registraron pérdidas en los tres primeros meses. Y Afirma escapó gracias a una aportación de 120 millones de impuestos procedentes del fondo de comercio que la antigua Astroc provisionó. Así, lo previsible es que cuando estas empresas hagan públicos sus resultados la última semana de agosto o el 1 de septiembre, las cifras globales sean todavía peores que las ya conocidas.

El caso más espectacular es el de Acciona, que ha pasado de ingresar 171 millones de euros por ventas de viviendas a tan sólo 13 un año más tarde. Es decir, una caída del 92%. La suspensión de pagos que hace un mes declaró Martinsa no afecta a su calendario de presentación de resultados, que se conocerán el próximo 1 de septiembre. Los analistas auguran que ahondará la tendencia del primer trimestre, cuando perdió 85 millones de euros. Entonces le siguió por la cola Reyal Urbis, que en los tres primeros meses del año perdió 52 millones, al tiempo que veía cómo sus ventas se venían abajo, con un descenso del 97%.

En un sector tan atomizado como el inmobiliario, que se reparte entre 40.000 pequeñas, medianas y grandes empresas, la cifra de negocio de las cinco firmas analizadas representa menos del 5% del total. Pero es importante, porque da una idea de cómo se van agudizando los problemas del ladrillo. Pero el desplome en las ventas de las que informan las inmobiliarias no es exclusivo de las viviendas nuevas. Al contrario, la estadística que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) pone de relieve cómo el pinchazo del boom del ladrillo afecta más a los pisos de segunda mano, cuyos precios son más flexibles.

Así, según los datos del INE, las compraventas de pisos usados cayeron en los primeros cincos meses del año un 37%, frente al relativamente moderado 14% de las de primera mano. Este 14%, que se refiere a las operaciones ya cerradas, queda a una distancia sideral del 78% del que dan cuenta las promotoras. ¿Qué significa esto? Malas noticias para el sector, porque el desplome en las preventas anticipa futuros desplomes en las operaciones que se cerrarán en los próximos 24 meses.

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Estalla la burbuja de la inversión en campos de golf
CincoDias.com - 02 de agosto de 2008
 
 
El precio de las participaciones de clubes de golf se ha reducido más del 30% desde 2006

Los golfistas de La Moraleja, el club de golf más exclusivo de Madrid, y de otros campos de España tienen prisa por vender sus acciones como socios. Su precio se ha reducido en un 32% desde 2006, según Pilar Sánchez, administradora del club. 'Es la primera cosa de la que se deshacen'', dice Sánchez. 'La siguiente es la casa de la playa''.

María Dubois, una escritora de viajes de 37 años, pide 75.000 euros por la acción que ella y su marido poseen de un club junto al mar en Sancti Petri, cerca de Cádiz. La pareja destinará los ingresos a un nuevo apartamento y alquilará una participación en el club por unos 200 euros al mes. 'No estoy escasa de dinero, pero es un poco más difícil obtener un préstamo hipotecario'', dice Dubois, 'esto nos ayudará a costearlo''. Con los tipos de interés en torno al 6%, amortizar un préstamo para pagar los 75.000 euros es casi el doble de caro que pagar un alquiler para pertenecer en el mismo club.

'La gente con dinero compró acciones de clubes de golf como una inversión en la década pasada, cuando tenían crédito para lograrlo', dice Javier Olmos, copropietario del 18golf-club. Su empresa gestiona la venta de acciones de campos de golf. 'Se creó una burbuja de precios similar a la del mercado de la vivienda, donde los precios subieron aunque el alquiler era más barato'. El precio para hacerse socio en La Moraleja subió desde los 6.000 euros a finales de los 90 hasta un récord de 110.000 euros en 2006. Ahora puede conseguirse por unos 75.000 euros. Los miembros también pueden pagan mensualmente tarifas de derecho a juego (green fees) de hasta 300 euros.

El sector del golf en España ha subido en línea con el boom de la vivienda. Los inversores financiaron más de 100 nuevos campos en los últimos 10 años, convirtiendo el deporte en un negocio de 1.500 millones anuales. Muchos españoles empezaron a jugar después de la compra de casas anexas a los campos.

Las acciones de los clubes normalmente se negocian de forma privada: los compradores y vendedores se contactan entre sí a través del club o un broker especialista. Los precios de las acciones y derechos registrados en 18golfclub han caído un 30% en el último año, según Olmos.

La Moraleja está ubicada en el mismo lugar donde el ex jugador del Real Madrid, David Beckham, posee una casa. Los 6.000 socios del club pueden encontrarse jugando detrás del ex campeón del Masters de Estados Unidos, Severiano Ballesteros. 'El precio está siempre vinculado a la economía'', dice Sánchez, que lleva en La Moraleja 33 años y ha visto desplomes en 1976 y 1990. 'El golf es un lujo, no una necesidad''.

Ahora que el encarecimiento del crudo y la inflación han afectado la capacidad adquisitiva, otros lujos peligran también. Las ventas del modelo deportivo Q7 de Audi AG, un automóvil de 64.000 euros, el preferido en el centro de Madrid, se hundieron dos tercios en junio con respecto al año anterior, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones de España. Las ventas de Bulgari SpA, la tercera joyería del mundo, también están cayendo en España.

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Entrega masiva de viviendas en otoño augura ola de despidos
CincoDías.com - 12 de agosto de 2008
 
 
De enero de 2006 a marzo de 2007 se iniciaron en España cada mes más viviendas que nunca en la historia. A partir de septiembre de este año finaliza la construcción de esas casas y, como ahora se edifican cada vez menos, las empresas no tendrán más opción que reducir sus plantillas. Por ello, en los próximos meses se registrará una avalancha de despidos en la construcción.

La construcción se prepara para vivir tras el verano varios meses de ajuste en sus plantillas. No sólo el volumen de viviendas iniciadas ha caído un 57% hasta mayo, sino que a partir de septiembre y, en especial hasta marzo de 2009, está previsto que salgan al mercado ya acabadas las últimas casas que se iniciaron cuando todavía había euforia compradora en España.

Entonces se habrán terminado de construir prácticamente todas las casas iniciadas en los últimos años de mayor producción: 2006 finalizó con el récord de 865.561 y 2007 con un volumen de 651.427. Y es que el plazo de maduración de una promoción suele oscilar entre 18 y 24 meses, tal y como admiten expertos del sector. Esto explica por qué desde hace meses (mayo de 2007) el número de viviendas terminadas supera ya al de las iniciadas.

Entonces se estaban terminando las casas iniciadas en los coletazos del boom, pero ese proceso tiene los meses contados porque a partir de marzo de 2007 el volumen de obra nueva comenzó a desacelerarse y desde entonces no ha dejado de menguar. Por tanto, a partir de la primavera de 2009 cada vez se terminarán menos casas porque año y medio antes, en el verano de 2007, ya se iniciaron muchas menos que en el pasado.

Si a esto le unimos que hasta mayo apenas se han iniciado 144.000 casas y en dicho mes sólo 23.238, el nivel más bajo desde finales de los noventa, el panorama es desolador y anticipa varios meses de despidos masivos en la construcción. Es más, los promotores ya trabajan con la hipótesis de que a final de año se habrán iniciado sólo 200.000 viviendas, un 70% menos que el año anterior.

Son las empresas y el propio Ejecutivo quienes admiten que por cada casa que deje de construirse, se destruirán entre 2,5 y tres empleos. Al cruzar las estadísticas de viviendas iniciadas y terminadas con las de empleo y paro en la construcción se constata que el cambio de tendencia se trasladó casi de forma mimética.

Así, a partir de junio de 2007, coincidiendo con que ya se terminan más casas de las que se inician cada mes, la creación de empleo en la construcción se frena. Los números no dejan lugar a dudas. El volumen de afiliados a la Seguridad Social en la construcción alcanzó en junio de 2007 su registro máximo, con 2,5 millones de trabajadores. En julio de 2008 se situó en 2,2 millones. Al tiempo, crecieron los desempleados.

En junio de 2007 se contabilizaron 216.895 parados, trece meses después son ya 390.529. Los promotores admiten que según cómo evolucionen las ventas, así adaptan las entregas. "Cuando las casas están vendidas, se adelanta la entrega de llaves para obtener dinero y seguir invirtiendo", asegura una promotora. "Ahora, con elevado stock, se agotan los plazos para seguir captando clientes", añaden.

De promotores a caseros para capear el temporal

El rápido viraje que ha experimentado la coyuntura inmobiliaria ha sorprendido a numerosos promotores con todos los permisos en regla para iniciar las obras y muchas viviendas sin vender. Algunos han apostado por no empezar la obra, pero no siempre es posible, ya que el crédito suscrito para financiar la edificación apremia. Con el fin de sacar adelante el proyecto, muchas son las fórmulas que están poniendo en marcha.

"Bajar los precios cuando ya has vendido la mitad de la promoción no es fácil, pero al final no queda más remedio", reconoce un pequeño promotor. Otra de las opciones por las que se están decantando mayoritariamente es la del alquiler. Como saben que algunos posibles compradores están teniendo problemas para obtener financiación de los bancos, las promotoras les permiten arrendar la vivienda que les gusta entre tres y cinco años y al término de ese contrato ejecutar la compra descontando sobre el precio final parte de las rentas aportadas.

"El comprador resuelve su problema de falta de crédito o ahorro inicial para pagar la entrada y el promotor obtiene liquidez para ir haciendo frente a los pagos", indica un consultor. También se dan casos de empresas que, cuando la promoción se compone de varios bloques con distintos plazos de entrega, y aunque las casas vendidas estén dispersas entre ellos, negocian con los propietarios reubicarles en el edificio cuyas obras vayan más avanzadas para entregar el bloque completamente vendido y ralentizar, si fuera necesario, la culminación del resto. En tiempos de crisis, el ingenio se agudiza.

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El FMI cree que la crisis golpeará más a España en 2009
El País - 19 de julio de 2008
 
 
El Fondo mejora las previsiones para todas las economías, salvo la española

El Fondo Monetario Internacional arrojó ayer algo de luz sobre el sombrío cuadro de previsiones económicas que dibujó hace tres meses. Ahora cree que la evolución de la economía mundial será algo mejor, aunque alertó de una desaceleración "significativa" en los próximos meses. España es la llamativa excepción a esta ligera mejora en las expectativas del organismo internacional. El FMI reitera que la economía española sufrirá en 2008 el más brusco frenazo entre los países avanzados (mantiene la previsión de crecimiento en el 1,8%, frente al 3,8% del año pasado). Y, para 2009, sólo revisa a la baja el crecimiento español al dejarlo en el 1,2%, cinco décimas menos que en su estimación de abril.

"La economía mundial se encuentra atrapada entre una abrupta desaceleración de la demanda en muchas economías avanzadas y un nivel creciente de inflación en todo el mundo, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo", explicó Simon Johnson, economista jefe del organismo financiero. La mejora del pronóstico del FMI sobre la economía mundial viene de la mano del impacto de la crisis del mercado de crédito, que el organismo juzga ahora menos severo.

España se llevará el peor golpe de la crisis, según las estimaciones de los expertos del Fondo. No es sólo que la economía se frene en seco este año, o que el organismo internacional crea que la situación empeorará de forma notable en 2009. Además, en la sucinta información que distribuyó ayer el FMI se incluye la previsión de cuál será el crecimiento económico en el cuarto trimestre de cada año. Y el dato para el tramo final de 2009, cuando todos los expertos y el propio Ejecutivo español sitúan el inicio de la recuperación, es otra desagradable sorpresa: el 1,6% estimado para España es el avance más bajo entre las economías avanzadas, con la excepción de Italia. Y echa por tierra análisis previos del propio Fondo que auguraban una rápida recuperación para España.

La proyección española contrasta con las revisiones al alza anunciadas ayer por el FMI para la economía global, EE UU y los grandes países de la zona euro. Charles Collyns, responsable del departamento de investigación, explicó que la situación es "difícil" y que el "deterioro" en el arranque del año fue "más fuerte del proyectado". El ajuste en el sector de la vivienda se califica de "importante", a lo que se le suma el empeoramiento de la coyuntura en otros países europeos, el alto precio de las materias primas y unas condiciones financieras cada vez más restrictivas. "La economía seguirá muy débil lo que queda de año", aventuró.

Los países de la zona euro crecerán un 1,7% en 2008 y un 1,2% en 2009, tres y una décima más de lo dicho en primavera, un ritmo similar al español. Para EE UU, el informe prevé de un crecimiento del 1,3% este año, frente al medio punto que anticipó en abril, aunque proyecta un "estancamiento" o una "contracción modesta" en el segundo semestre, por el lastre en el consumo del alza del petróleo y los alimentos y las dificultades de acceso al crédito.

Los economistas del Fondo hablan de posibilidades de recesión global, a pesar de que se eleve al 4,1% la tasa de crecimiento para este año y al 3,9% el próximo. Los riesgos son los mismos, pero se complican con la escalada inflacionista. El problema mayor está en las economías emergentes, a las que recomienda subidas de tipos de interés, austeridad fiscal y flexibilidad del tipo de cambio. Y esto puede provocar que pierdan vigor.

Para los países avanzados, el organismo cree que el débil crecimiento impide una política monetaria más agresiva, por lo que aconseja estabilidad en los tipos. Sin embargo, Johnson advierte que la situación "puede cambiar con rapidez", porque la situación es muy volátil. El FMI cree que la desaceleración global ayudará a moderar los precios.

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La crisis provoca un brusco déficit
El País - 23 de julio de 2008
 
 
después de tres años de superavit. El Gobierno admite que el desequilibrio se mantendrá en los próximos meses

Seis meses han bastado para liquidar el excedente que las arcas públicas habían acumulado en los últimos tres años. La crisis y las inyecciones de liquidez que ha realizado el Gobierno para reanimar la actividad han resucitado el fantasma del déficit en las cuentas del Estado. Los números rojos suman 4.683 millones de euros hasta el mes de junio, un 0,42% del producto interior bruto (PIB). Con esta evolución tan adversa, el Gobierno ha admitido por primera vez que el año se cerrará con "unas décimas" de desequilibrio, de momento sólo en la Administración central.

El Gobierno, por tanto, ha visto desaparecer uno de los logros económicos más alabados en la anterior legislatura. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero presumió de haber desterrado el déficit histórico de las cuentas del Estado, aunque también avisó de que ese remanente se usaría en época de dificultades. Y las dificultades han llegado antes de lo previsto.

Junio suele ser un mes difícil para las arcas públicas porque los ingresos fiscales escasean. Pese a todo, los años de bonanza económica han arrojado superávit incluso en ese periodo. El último rastro de desequilibrio se produjo en junio de 2005, aunque el año se cerró con el primer excedente de la democracia. No ocurrirá lo mismo en 2008, pues el mal dato de junio presagia un cierre adverso. "El deterioro de las cuentas está en línea con el resto de datos económicos del país", argumentó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en la presentación de las cifras.

Este deterioro tan vertiginoso choca más si se tiene en cuenta que en la caída de ingresos del Estado aún no está incluida la medida que más minará la hucha pública: los 400 euros que el Gobierno está devolviendo a asalariados, pensionistas y autónomos en el IRPF. Aunque las empresas ya han reintegrado 200 a sus trabajadores en la nómina de junio, Hacienda aún no ha contabilizado esa menor recaudación, que resta 3.000 millones de euros. Sólo se han descontado 130 millones correspondientes a los funcionarios de la Administración central.

Lo que sí hace mella en las cuentas de junio son otras medidas de impulso de la actividad, como el pago del cheque-bebé, la segunda fase de la rebaja del impuesto de sociedades, el adelanto de las devoluciones de IVA y algunos cambios en la presentación del impuesto de sociedades (el que pagan las empresas por sus beneficios). Todas esas novedades restan 4.638 millones de euros, según una portavoz de Hacienda. Ése es prácticamente el déficit que se registra hasta junio, lo que supone que, sin medidas de reactivación, los ingresos estarían ahora equilibrados, no en déficit.

Pero el bache económico impide mejores resultados. La partida más afectada es el impuesto de sociedades, que cae un 17,6% en el último año. La atonía de los beneficios empresariales, la rebaja del impuesto que se ha aplicado este año y un cambio en la presentación de los pagos fraccionados han provocado el desplome de un tributo que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Casi el mismo deterioro ha sufrido el IVA, el mejor indicador del ritmo de consumo. Las pequeñas y medianas empresas, especialmente las de la construcción, lideran los descensos, lo que "pone de manifiesto la crisis inmobiliaria y el impacto del petróleo", según el secretario de Estado. De momento, las grandes empresas sortean los apuros con mayor fortuna. Sí crece aún el IVA de las importaciones, lo que refleja que la factura energética sigue engordando por los altos precios del crudo.

Al igual que en meses anteriores, el impuesto de carburantes revela que las subidas de las gasolinas retraen al consumidor a la hora de llenar el depósito. La recaudación por este tributo ha descendido un 2,5%.

El único capítulo que mantiene la buena salud es el IRPF, que crece un 14,9%. El motivo es que el empleo sigue creciendo -aunque con menos fuerza que antes- y que todavía no se ha registrado el impacto de los 400 euros.

Con todas esas partidas, la recaudación total cae un 0,9% en comparación con el primer semestre de 2007. Con esa cifra convive una subida del 4,2% en los gastos del Estado, lo que genera el desequilibrio. Entre esos gastos destaca el aumento de la inversión civil, principalmente motivado por el Ministerio de Medio Ambiente. Por el contrario, las inversiones de Fomento siguen cayendo. Esa partida crecerá previsiblemente a final de año, pues una de las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para capear la crisis es acelerar las licitaciones de obra pública, que en algún momento habrá que pagar.

Con el deterioro de las cuentas públicas, España se aproxima a sus socios comunitarios, cuyas cuentas públicas están en números rojos. La media de déficit de la zona euro cerró el año pasado en el 0,6%, según datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, mientras que España registró un superávit del 2,2%. Salvo los países nórdicos y algunos de los recién incorporados como Bulgaria y Chipre, la inmensa mayoría presentan desequilibrios.

El Partido Popular considera que la desaparición del superávit en una coyuntura como la actual "es añadir crisis sobre crisis". Así lo cree el portavoz económico de este partido en el Congreso, Cristóbal Montoro, para quien el Gobierno "debería haber sido más austero". El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, replica: "El superávit no es un objetivo en sí mismo".

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De la Champions League económica a los infiernos
Invertia.com - 19 de julio de 2008
 
 
Hace menos de un año España jugaba en la Champions League de las economías mundiales, en palabras de Zapatero. Ahora el país afronta la crisis más compleja de la historia, según la confesión de Pedro Solbes. Sólo ha pasado un año desde el estallido de la crisis subprime, pero el panorama económico ha dado un giro copernicano.

La bolsa ha perdido casi un cuarto de su valor, el mercado inmobiliario se ha paralizado, el crecimiento del PIB se ha ralentizado al 2,7% anual desde el 4% mientras que la inflación llega al 5% frente al 2,2% de hace un año. La crisis subprime ha dejado otros cadáveres: el paro roza ya el 10% de la población y los EREs se aceleran, sobre todo en el sector del ladrillo.

La crisis subprime, originada hace un año por la quiebra de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, ha arrastrado a los sectores constructor, inmobiliario y financiero, y con ellos al conjunto de la economía. Los bajos tipos de interés de principios de la década posibilitaron un mayor número de inversiones de lo deseable, especialmente en el sector del ladrillo. El incremento de tipos y la pérdida de valor de activos inmobiliarios desinflaron la burbuja de forma dramática en un proceso iniciado hace un año y para el que no se atisba el final.

El deterioro vertiginoso de todas las variables macroeconómicas, la caída de la bolsa y la sequía de liquidez, anegando el mercado de renta fija, han lastrado la rentabilidad de todos los productos financieros. Muy pocos rentan en positivo, y de éstos, prácticamente ninguno supera la inflación en los últimos doce meses. El año pasado por estas fechas, todos estos productos –con la excepción de la cuenta corriente tradicional- obtenían retornos muy superiores al coste de la vida.

Aparentemente, las cosas no eran tan distintas un año antes. Al igual que ahora, el panorama se mostraba convulso en Irán y Afganistán; Israel canjeaba prisioneros; se preparaba la enésima conferencia de paz en Oriente Medio; llegaban cayucos a las costas españolas y el Tour de Francia seguía envuelto en casos de dopaje. Además, Londres y Moscú vivían una guerra diplomática; Kosovo apuntaba hacia su independencia y Piqué dimitía como presidente del PP en Cataluña… Sin embargo, la economía todavía mostraba una cara bonancible.

Dramático deterioro de la confianza económica

“Estamos en el mejor año económico de la etapa democrática”, proclamaba Rodríguez Zapatero en mayo de 2007. La confianza del consumidor alcanzaba el elevado nivel de los 93 puntos. Tras caer a 86,5 puntos con los primeros indicios de la crisis, este indicador alcanzó los 51,7 puntos en su última medición de junio del presente ejercicio.

Otros índices menos subjetivos se muestran igual de elocuentes. A falta de pocos días para conocer el PIB del segundo trimestre –del que Solbes adelantó que crecerá entre el 0,1% y el 0,2% en tasa trimestral-, el dato de crecimiento del PIB interanual del primer trimestre fue del 2,7% (0,3% trimestral). Una notable reducción frente a la subida del 4% del año anterior.

Otra amenaza para las familias es la elevada inflación. El IPC se disparó hasta el 5% en junio. En julio del año pasado, la subida de los precios fue tan sólo del 2,2%. Uno de los factores que más influyen en el mayor coste de los precios es la imparable escalada del petróleo. El barril de Brent prácticamente ha duplicado su precio en un año. De cotizar a 76 dólares hace doce meses, llegó a registrar los 147,5 dólares por barril el pasado 11 de julio.

Como es lógico, los derivados del crudo, como la gasolina y el diesel, han experimentado un fuerte repunte alcanzando máximos históricos. El litro de gasóleo de automoción cuesta ahora 1,329 euros, mientras que la gasolina sin plomo 1,276 euros. Aunque en julio de 2007 los precios de los combustibles cotizaban al alza (la gasolina había subido un 12% en un año y el gasóleo un 6%), ha sido en estos últimos doce meses cuando sus precios se han disparado. El gasóleo cuesta un 56% más caro y la gasolina un 26,5% más.

Las materias primas, la mejor inversión del año

Ante el fracaso de las inversiones tradicionales, como los inmuebles y la renta variable, el dinero ha encontrado cobijo en las materias primas. La fuerte depreciación de las divisas, especialmente del dólar, moneda a la que se referencian la mayor parte de los productos, ha provocado el rechazo de los inversores a conservar sus ahorros en efectivo. Así, además del petróleo, otras commodities, como materiales preciosos (oro, plata, platino) han servido de valores-refugio en medio de la tormenta crediticia. También los productos alimenticios, que han sufrido fuertes alzas en este último año.

Precisamente son los fondos de inversión que invierten en materias primas los que mejor resultado han dado. Estos fondos suben casi un 17% en un año, frente a la pérdida del 13,5% que sufre el conjunto de fondos, según Morninstar. Un gramo de cal entre toneladas de arena. Tan sólo los fondos de renta fija a corto (2,8%), de renta fija a largo (0,6%) y los garantizados de renta fija (2,8%) consiguen retornos positivos en un año vista. Rentabilidades que, en cualquier caso, se encuentran por debajo de la inflación. Las mayores pérdidas son para los fondos de renta variable: los fondos de bolsa japonesa pierden un 27,5%, los europeos un 24,6% y los estadounidenses un 21,1%. Algo mejor marchan los fondos de renta variable nacional con una caída del 18,6%.

Hace un año, todas las categorías recogidas por Inverco rendían en positivo. La renta fija se movía en ganancias similares a la de este año, pero los fondos de bolsa recogían espectaculares retornos, con los españoles sumando un 32,2%. Sólo eran superados por los fondos de renta variable emergente (36,2%), hoy reducidos a pérdidas del 6%.

Debacle de la bolsa

Y es que la bolsa, uno de los mejores termómetros para calibrar la crisis, muestra un panorama bien diferente doce meses después. El Ibex obtenía un retorno anual superior al 30% hace un año. El oso se ha comido al toro alcista y el selectivo del mercado español acumula ahora pérdidas cercanas al 25%.

Además, sólo Gamesa y REE, en el selectivo, además ArcelorMittal, Cepsa, Prosegur y Tubacex en el mercado continúo, rinden en positivo a un año vista. Un tercio de las compañías cotizadas han perdido más de la mitad de su valor bursátil. La mayor parte de ellas pertenecen al sector del ladrillo, el más afectado por el zarpazo de las subprime. Pese a que el mayor batacazo lo encajan constructoras e inmobiliarias, ningún sector ha resultado inmune. La crisis ha dañado seriamente a medios de comunicación, con Prisa Antena 3 cediendo el 63,2%, Prisa el 61%, Vocento el 53,5% o Telecinco el 59,3%. Las compañías industriales han sufrido serios recortes: Sniace se deja un 73,5%, Seda de Barcelona un 68,2% y Tavex un 57,4%. Los altos precios del crudo han minado las compañias aéreas con Vueling cayendo un 82,9% e Iberia un 60,1%.

Tras los años de vacas gordas, las inmobiliarias cotizadas han pegado el petardazo. Su primer batacazo se anticipó al estallido de la crisis subprime. Ya en febrero, Afirma –por entonces Astroc- inició un tremendo desplome que la ha llevado a caer casi un 99% desde los máximos registrados ese mes. Astroc llegó a subir un 1035% en menos de un año desde el precio de su OPV (6,4 euros) de mayo de 2006 tras cotizar a 72,65 euros por acción. Ahora el precio de sus títulos es inferior a 1 euro.

El resto de cotizadas del sector del ladrillo presenta un similar panorama. En doce meses, las caídas son vertiginosas: Aisa (-91%), Colonial (-87%), Renta Corporación (-86%), Urbas (-85%), Inbesós (-76%), Sacyr (-63%), Martinsa-Fadesa (-60%), Cleop (-58%), Realia (-58%), Ferrovial (-54%), FCC (48%), Montebalito (-44%), OHL (-39%), Metrovacesa (-38%), Sotogrande (-37%), ACS (-35%), Parquesol (-30%), Testa (-23%) y Reyal Urbis (-14%).

Los bancos españoles, pese a que no contaban con hipotecas subprime en sus balances, no esquivan mucho mejor la crisis. El mercado ha castigado con dureza su exposición al viciado mercado inmobiliario. Los grandes bancos aguantan mejor el tipo que la banca mediana: Santander sólo cede un 20,2% y BBVA un 36,7%. Por su parte Bankinter se deja en doce meses el 53,4%, Pastor el 49,6%, Popular el 49%, Banesto el 43,5% y Sabadell el 36,5%. Las filiales del Popular pierden entre el 45% y el 50%.

El sector del ladrillo, presa de acreedores y EREs

La tormenta no amaina. Esta semana, Martinsa-Fadesa se vio obligada a anunciar concurso de acreedores, acuciada por las deudas. Su situación le llevó a perder en dos días la mitad de su valor bursátil y la suspensión indefinida de su cotización.

Fuera de las cotizadas, son muchas las compañías del sector que han solicitado el proceso concursal. Llanera y Ereaga estuvieron entre las primeras, todavía en el año 2007, pero en el primer trimestre del año las cifras se dispararon. Según Euler Hermes, el número de compañías del sector que recurrió al concurso de acreedores se incrementó un 147% durante el primer trimestre.

Pese a que el pinchazo sobrevino este año, durante el pasado ejercicio algunos indicios permitían aventurar la catástrofe. Precisamente en julio 2007 se conoció que la deuda de constructoras e inmobiliarias se había multiplicado por ocho desde 2001. El incremento de los tipos puso el corolario a esta crónica de una muerte anunciada.

Las cifras de vivienda asustan. Las viviendas iniciadas del primer trimestre fueron un 36% menos que las del mismo periodo del año anterior. Por primera vez en diez años, el precio de la vivienda libre cayó el 0,3% en el segundo trimestre, comparado con el trimestre anterior. En términos interanuales, todavía registra un mínimo aumento, del 2%. Con la inflación al 5%, esto supone una pérdida real del valor de los activos inmobiliarios. Hace un año, el precio crecía a un ritmo del 5,8%. La inflación, tan sólo al 2,2%.

Imparable repunte del Euribor

Si las noticias son malas para los inversores en renta variable e inmuebles, no son mejores para el consumidor. Pese a la caída de precios de la vivienda, que previsiblemente se hará más acusada en los próximos meses, el cada vez mayor coste de financiación dificulta el acceso a la vivienda. El Euribor, indicador que sirve de referencia para la mayoría de las hipotecas en España, cerró junio en el 5,361%, marcando un nuevo máximo histórico mensual.

Esto implica que los hipotecados verán incrementadas las cuotas mensuales en 72 euros hasta 899,21 euros, tomando como referencia una hipoteca media de 141.222 euros con un plazo de amortización de 25 años. Hace un año, el Euribor estaba situado en 4,5%. Los expertos opinan que las tensiones en el sector financiero mantendrán al alza los tipos de interés.

El encarecimiento del crédito se ha dejado notar en los mercados. El saldo hipotecario creció hasta mayo –según los últimos datos de AHE- sólo un 10%. Hace doce meses el incremento fue del 20,5%. Además, la morosidad del total de los créditos llegó en el mismo mes al 1,459%, más del doble que en mayo de 2007, cuando fue del 0,684%.

El escenario resultante apunta a la estanflación. Con otra amenaza pendiente: el creciente desempleo, una espada de Damocles permanente que la economía española no acaba de quitarse de encima nunca. El último dato de la EPA reveló un 9,6% en la tasa de desempleo del primer trimestre. Según la OCDE, esta tasa alcanzó el 9,9% en mayo frente al 5,7% del conjunto de estos países. Un año antes, tan sólo el 7,9% de los españoles no disfrutaba de un puesto de trabajo.

Parece que “el mejor año de la etapa democrática” ha llegado a su fin de forma abrupta. Las perspectivas no son muy buenas, con la recesión llamando a las puertas. De la Champion League a la Segunda División económica. Eso sí, Rafa Nadal ganó por fin Wimbledon y, sobre todo, España se impuso en la Eurocopa 44 años después.

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De 36 millones de euros de Sofico a los 7.000 de Martinsa
Terra - 21 de julio de 2008
 
 
Diversas y variadas, por sus causas, han sido las quiebras empresariales y escándalos financieros que han sacudido la actualidad económica española en los últimos 34 años y que acabaron con los ahorros de pequeños inversores, en unos casos, con la esperanza de una vivienda asequible, en otros, o han originado agujeros patrimoniales al Estado y pérdida de miles de empleos.

El primer gran fiasco financiero de la etapa predemocrática, Sofico, como el último, Martinsa-Fadesa tienen en común la actividad empresarial de los protagonistas, la construcción y promoción de viviendas, aunque el importe de los 'agujeros' patrimoniales distan años luz, aún teniendo en cuenta la inflación acumulada en los casi siete quinquenios.

Tampoco tienen nada en común las causas que hicieron de detonante, estafa pura y dura en el 'caso Sofico', mientras que Martinsa-Fadesa ha sido víctima de un estrangulamiento financiero provocado por la crisis de la construcción, la caída de la demanda de viviendas, la subida del precio del dinero y las restricciones del crédito.

Sofico, fundada en 1962, dedicada a la construcción, compra, arrendamiento de viviendas, terrenos y locales, especialmente en la Costa del Sol, 'entró en barrena' en 1974 y fueron necesarios 17 años de procesos judiciales para que la justicia condenara a los culpables, Eugenio Peydró Salmerón y su hijo, Eugenio Peydró Brillas por los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa.

Cerca de 3.000 pequeños ahorradores se vieron afectados y el agujero en las cuentas de Sofico ascendió a la entonces astronómica cifra de 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros actuales).

En el caso de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa no hay indicios de actuaciones punibles, simplemente de indigestión y especulación financiera.

La compra de Fadesa por parte de Martinsa fue una operación de 'ingeniería financiera', con la que el 'pez chico' intentó comerse al 'pez grande' con unas expectativas que se vieron truncadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Una deuda crediticia de 5.200 millones de euros a la que han que sumar otros 1.800 millones en deudas a proveedores y otros deudores.

En total 7.000 millones de euros (1,16 billones de las antiguas pesetas).

Doce entidades financieras acumulan 3.390 millones de euros del total de deuda crediticia de Martinsa-Fadesa.

Las más afectadas por el importe de los créditos concedidos a la inmobiliaria, -sujeta ahora a proceso concursal-, son Caja Madrid (1.000 millones), La Caixa (750), Banco Popular (400 millones), y Caixa Galicia (314 millones), que se han visto obligadas a provisionar 641 millones de euros en sus balances.

Además del impacto financiero, el impacto social. Más de 12.000 contratos de preventa tenía firmados Martinsa-Fadesa en el momento de declararse en situación concursal. Afectan a más de 12.000 familias que ya habían adelantado dinero para la compra de su vivienda, cuyas obras se encuentran paralizadas, y a los trabajadores del sector, que se han visto obligados a cesar su actividad.

En 23 de febrero de 1983 se produce una conmoción en el ámbito económico que luego tendría amplia repercusión social. El Gobierno socialista expropia el Grupo Rumasa por la situación de quiebra técnica y los riesgos acumulados por el entramado de 776 empresas que había credo el empresario jerezano, José María Ruiz Mateos.

Los datos oficiales cifraron el coste para el Estado derivado de la expropiación, gestión y reprivatización de Rumasa en unos 4.056 millones de euros 675.000 millones de pesetas (4.056 millones de euros).

En diciembre de 1992, el Grupo Torras, propiedad casi en su totalidad del grupo inversor kuwaití KIO, presentó suspensión de pagos, la mayor declarada hasta ese momento, con un pasivo de 240.000 millones de pesetas (1.428 millones de euros)

Los gestores de la compañía, Javier de la Rosa y otros directivos, fueron acusados de estafa y apropiación indebida, entre otros delitos. De la Rosa fue encarcelado en octubre de 1998. La crisis afectó a más de 30.000 empleos directos y al menos otros 100.000 indirectos.

Otro escándalo, esta vez derivado de una deficiente gestión, cercenó los sueños de muchas familias de obtener una vivienda digna a precio asequible. La suspensión de pagos de la cooperativa de viviendas IGS, promovida por UGT conmocionó a los casi 20.000 cooperativistas que habían adelantado más de 54.000 millones de pesetas (326 millones de euros).

En febrero de 1994 el Gobierno aprobó un aval de 51 millones de euros para concluir las cerca de 60 promociones paralizadas. Una parte de los cooperativistas recuperó el 75 por ciento de sus aportaciones y otros pudieron obtener sus viviendas pagando un 7 por ciento adicional.

Y otra gran conmoción, quizá una de las de mayor impacto mediático, fue la intervención de Banesto por parte del Banco de España, el 28 de diciembre de 1993, que halló un 'agujero patrimonial' de 830.000 millones de pesetas (5.000 millones de euros).

La imagen de los impositores ante las oficinas del banco para recuperar sus ahorros fue un duro golpe para la imagen de todo el sistema bancario español y suscitó un intenso debate sobre los sistemas de control de la autoridad monetaria.

Nueve años más tarde, el Tribunal Supremo condenó al presidente de Banesto, Mario Conde, a 20 años de prisión y otros seis directivos del banco fueron hallados culpables.

Javier de la Rosa, inculpado anteriormente por el 'caso Kio', volvió a ser protagonista de otra estafa, esta vez a través de la sociedad Gran Tibidabo, que sufrió una descapitalización estimada en unos 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros).

De la Rosa fue detenido y encarcelado el 14 de octubre de 1994 por irregularidades en la gestión, incluida estafa en un caso que generó gran preocupación social.

En el verano de 2001 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores Gescartera, propiedad de Antonio Camacho, y detectó un 'agujero' de unos 100 millones de euros (casi 17.000 millones de pesetas) que afectaba a sus 2.000 clientes.

Camacho fue condenado por la Audiencia Nacional a 11 años de cárcel, y La Caixa y Caja Madrid Bolsa fueron consideradas responsables subsidiarias del agujero patrimonial en la agencia de valores.

El gran último escándalo de gran impacto social por el número de ahorradores afectados se fraguó en torno a las sociedades de inversión Fórum Filatélico y Afinsa.

La Audiencia Nacional intervino ambas el 9 de mayo de 2006 al hallar indicios de estafa, blanqueo de dinero, insolvencia punible, administración desleal, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

La investigación estimó que el número de afectados superaba los 400.000 por la estafa financiera y cifró en 3.500 millones de euros el supuesto desfase patrimonial (1.105 millones de Afinsa y 2.416 de Fórum Filatélico) y en 7.500 millones el presunto fraude fiscal.

La policía detuvo a cuatro directivos de Fórum Filatélico, entre ellos su presidente, Francisco Briones, y a cinco directivos de Afinsa, entre ellos su presidente, Juan Antonio Cano, y su fundador Albertino de Figueiredo.

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Los afectados de Martinsa-Fadesa sólo tienen un mes
El Confidencial - 19 de julio de 2008
 
 
Para comunicar lo que han pagado si no quieren perder su dinero

Una vez se supo que Martinsa-Fadesa había presentado el concurso de acreedores voluntario, sus clientes –y así lo han manifestado algunos a este diario- temen tanto por su casa, como por el dinero que han adelantado. “Los compradores de casa a Martinsa-Fadesa tienen un mes improrrogable desde que se publica en el BOE y en el /los diarios que ordene el juez el Auto de declaración de concurso para comunicar a la administración concursal lo que han pagado. Si no lo hacen, podrían quedar excluidos del proceso”, advierte Iure Abogados, firma con sobrada experiencia en procesos concursales. Por sus manos han pasado acreedores de Fórum Filatélico y Afinsa, Arte y Naturaleza y Delphi, pero también de empresas del ladrillo tales como Llanera, Seop, Urazca y PromoDico. Iure ha reconocido a El Confidencial que, hasta la fecha, ya les han contactado 60 clientes de Martinsa-Fadesa de toda España. La mayoría de ellos, compradores de segunda residencia en la costa mediterránea, Galicia y Madrid, que han desembolsado en torno a unos 40.000 euros.

A esta primera fase de comunicar los pagos, fundamental si se quiere recuperar el dinero aportado, se le denomina “comunicación de créditos contingentes”. A partir de ahí, los administradores tienen dos meses para elaborar un informe de la administración concursal. Posteriormente, llega el momento de las impugnaciones. El acreedor que no ve reconocido su crédito, impugna la lista de acreedores. A este tipo de incidentes se les denomina “incidentes concursales” y, mientras se resuelven, se paraliza todo el proceso. “En ocasiones, los parones pueden durar un año. Si se hace bien, se agiliza bastante”, asegura Iure.

Una cuestión importante es que los compradores no son acreedores de dinero, sino titulares de un derecho. Esto significa que los compradores deben seguir pagando. En el momento en el que la compañía incumple el contrato, el comprador pasa a ser acreedor de dinero y pasaría a formar parte de la masa de acreedores, generalmente ordinarios, aunque en algunos casos sonados, el juez puede decidir que los compradores son acreedores privilegiados. “Los jueces mercantiles suelen mirar mucho por el consumidor y las cantidades que Martinsa-Fadesa adeuda a sus clientes tampoco son demasiado elevadas”, informa la firma de abogados.

Si el comprador quiere rescindir ya, puede hacerlo de dos maneras: o por incumplimiento de contrato o de manera unilateral. Por incumplimiento de contrato, hay una cláusula por la que les devuelven lo aportado más un 20% de penalización. Si la rescisión es unilateral por parte del cliente, la penalización es a la inversa. Pero ojo, los profesionales de Iure han comenzado a detectar que algunos contratos no permiten rescindir: “Estamos analizando esos casos porque estamos viendo que pueden incluir cláusulas abusivas”.

“El problema es que no nos han dado el aval”

Este diario se ha puesto en contacto con uno de los foros que aúna a compradores de piso de Martinsa-Fadesa de toda España. Uno de sus portavoces, José Antonio, cifra en 40 las personas que lo integran, correspondientes a promociones de Alcalá, Móstoles, Asturias, Valencia, Torrejón de Ardoz, Villanueva de la Cañada y Colmenar Viejo. Él forma parte de la promoción de 172 viviendas de protección pública limitada (VPPL) en Alcalá de Henares, a un precio de entre 180.000 (75 m2) y 215.000 euros (89 m2) con trasteros y dos garajes.

“Hemos pagado entre 1.000 euros –los que firmaron en el último SIMA- y 3.000 euros por los contratos de preventa”, asegura José Antonio. Según él, el documento de preventa no incluye garantía. El 50% de su promoción ha aportado aproximadamente 15.000 euros y un 20% ya ha firmado pagarés de 28 mensualidades de 850 euros cada uno que comienzan a finales de julio. Las viviendas aún no se han comenzado a construir y la entrega está prevista para el primer trimestre de 2011.

“El problema es que no nos han dado el aval. Por ley, tienen que avalar desde la preventa las cantidades que estás entregando. Según la cláusula 7 del contrato de compraventa, todas las cantidades depositadas están avaladas. Pero no nos han dado el aval, con lo que están incumpliendo el contrato”, afirma José Antonio. De momento, ya han enviado un burofax en el que consta la petición en 48 horas del aval bancario. Pero no es tan fácil: “el concurso lo bloquea todo y si denunciamos por incumplimiento de contrato, nos podríamos organizar como un acreedor más, y no en los primeros puestos de la cola, precisamente. Pero nosotros no podemos dejar de pagar”.

José Antonio ha transmitido a este diario que entre los miembros del foro de afectados hay dos sensibilidades distintas: la de los que no quieren arriesgar y desean que les devuelvan ya su dinero, y la de los que prefieren que la promoción siga adelante, aunque se hagan cargo de ella otras empresas.

Para estos temores, Iure también tiene respuesta. Según la firma de abogados, después de la fase de los incidentes concursales, se pasa a una segunda fase en la que la compañía tiene dos opciones: o bien la compañía continúa su actividad –normalmente muy adelgazada- y comienza a pagar en convenio de acreedores –por ejemplo: paga en dos años el 80% de lo que adeuda-; o bien la empresa no es viable, con lo que se procede a su cierre y liquidación, vende todo y reparte de forma prorrateada. Si Martinsa-Fadesa continúa su actividad, lo más probable es que continúe con algunas promociones y que revenda a terceros otras. Pero la firma consultada también advierte sus temores: “con el tamaño que tiene esta inmobiliaria, surge la duda de si otras empresas podrán absorber sus promociones”.

Comunicado de Martinsa-Fadesa

En la tarde de ayer, Martinsa-Fadesa envió un comunicado a los medios de comunicación dirigido a sus clientes, en el que aseguraba que “la compañía está contactando con todos sus clientes para tratar las posibles fórmulas de solución en cada una de las promociones”.

La compañía reiteraba que “la compañía continúa actualmente desarrollando su actividad con normalidad y es su intención mantener los compromisos adquiridos con sus clientes y respetar los contratos firmados” y que “posibilitará, bajo la supervisión de la administración concursal, las fórmulas más adecuadas para acabar las promociones y obras en curso y entregar todas viviendas comprometidas”.

Además, Martinsa-Fadesa, en su nota, informaba de que ha habilitado el siguiente número gratuito de atención al cliente: 900 380 900, operativo desde el viernes 18 de julio a las 9:00 horas, como línea de información además de los canales habituales. Finalmente, lamentaba profundamente “la incertidumbre que esta situación pueda causar a sus clientes” y reiteraba su “compromiso de trabajar intensamente para superar esta situación transitoria a la mayor brevedad”.

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'Rezo para que no los terminen'
ElPeriodico.com - 21 de julio de 2008
 
 
Los compradores de pisos de la promoción Torres Europa suspiran por que la inmobiliaria incumpla la fecha de entrega y no deban quedarse con viviendas de lujo devaluadas un 20% desde la firma de los contratos

Pisos de lujo en L'Hospitalet de Llobregat. Dani Sánchez, Carme Ferrer y Enric Carreras contrataron a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa unas viviendas de alto standing en el complejo residencial Torre Europa. Realizaron una gran inversión inicial, también de lujo, para unos pisos que deberían estar acabados a finales de este año. Pero tras la suspensión de pagos de la inmobiliaria, no saben qué pasará con sus pisos, si recuperarán el dinero o qué deben hacer. Todo empieza a finales del 2005, cuando la inmobiliaria comienza a comercializar Residencial Torres Europa, tres rascacielos de viviendas de lujo. La oferta y las condiciones de financiación atraen a decenas de familias dispuestas a un alto desembolso en pleno boom inmobiliario. "Nos enteramos de la promoción por una amiga. Hablamos con la compañía y nos dio confianza, así que decidimos comprar un piso", explica Ferrer. Se fijó en una vivienda de una habitación que valía unos 350.000 euros. Más caro era el piso de Sánchez: 600.000 euros por 60 metros cuadrados, dos habitaciones, terraza de 13 metros y aparcamiento.

Sánchez pagó 24.000 euros de entrada y, luego, 2.000 euros de letra cada mes. En diciembre deberá pagar la última letra, de 35.000 euros, que completará los 100.000 euros pactados por un contrato "abusivo" con la inmobiliaria. El problema es que tras la insolvencia, no sabe si tendrá el prometido piso o qué será de su dinero.

"Hace seis meses, un amigo del sector me comentó los problemas de la inmobiliaria", comenta Sánchez. Los tres son, en parte, afortunados, ya que disponen de un aval de una aseguradora que les garantiza la devolución de la inversión realizada si el 28 de febrero los pisos no están entregados. "Me costó sangre, sudor y lágrimas conseguirlo", señala Ferrer. Un papel que solo una pequeña parte de los propietarios posee porque, aunque todos tienen derecho a él, solo unos pocos lo pidieron. Los afectados también dudan de la solvencia de la aseguradora responsable del aval, HCC Europe, que ha declinado opinar sobre cualquier cuestión relacionada con el caso.

"Hace dos meses que no envían facturas, por lo que ya se veían venir los problemas, que no acabarían las obras o que estaban cerca de la quiebra. Incluso engañaron a algunos clientes diciéndoles 'oye, si no te va bien pagar ahora, firma un nuevo contrato de pago hasta el 2010', retrasando así la fecha de entrega", revela Ferrer. "Tenemos muchísimo dinero en juego. No sabemos si tendremos vivienda ni si lo recuperaremos, y encima nos dicen que sigamos pagando", comenta Sánchez.

"Aquellos que tienen firmada la entrega en el futuro deben seguir pagando y, si esta no se produce a tiempo, entonces reclamar", explica Montse Serrano, abogada del Col.lectiu Ronda. "En el caso de promociones que haya vencido la fecha de entrega sin resultado, los afectados ya pueden reclamar la devolución del importe invertido más daños y perjuicios", añade. "Lo más importante es mantener la calma. La ley está de parte de los consumidores", asegura Joan Carles Codina, director de la firma de Argentona Escoda & Codina Advocats, que ha creado una plataforma de afectados por la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa.

Obra por acabar

Pero mantener la calma cuando hay tanto dinero en juego es complicado. "Las obras avanzan, pero es difícil que estén acabadas para la fecha prevista. Además, todas las empresas subcontratadas han dejado de trabajar, por lo que solo quedan allí la veintena de trabajadores que están en nómina de Martinsa-Fadesa", dice Sánchez. Desde fuera los pisos parecen avanzados, pero en su interior "falta todo por hacer". "Eran pisos de lujo. Miedo da pensar en los acabados que harán ahora, tal y como está la situación", reflexiona Ferrer.

¿Piso o dinero? "Por mí, que no los acaben y nos devuelvan el dinero. Han perdido el 20% de su valor en este tiempo", confiesa Ferrer. Sánchez coincide: "Rezo para que no los terminen".

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La banca estadounidense se declara en bancarrota
Cotizalia.com - 13 de agosto de 2008
 
 
La crisis financiera llevará a la bancarrota a unos 650 bancos estadounidenses. Probablemente otros 1.000 recibirán algún tipo de ayuda por parte de las Autoridades Federales. Casi el 10 % del sistema financiero norteamericano. Costará 500.000 millones de dólares a sus contribuyentes. Pondrá en peligro los ahorros de una décima parte de los ciudadanos de ese país. El FBI investigará 10.000 casos de fraude. Cien cargos nombrados por la Administración serán acusados de conducta indebida. Habrá penas de prisión para algunos de los responsables ¿Apocalíptico? Ruego me disculpen. Me he tomado una pequeña licencia en los tiempos verbales. Estos sucesos deberían narrarse en pasado. Ocurrieron. En Estados Unidos. Durante la Administración Reagan. Hace escasamente 20 años. Una eternidad. ¿Tan poco hemos aprendido desde entonces?

Creo que se merecen una explicación.

A finales de los 80 hubo una crisis financiera, de la que casi nadie se acuerda, que tuvo las consecuencias descritas. Todavía no hemos alcanzado esas cifras. Al menos por ahora. Todo lo que se está leyendo estos días en la prensa acerca de la mayor crisis financiera de la historia al menos desde La Gran Depresión, de momento, no es verdad. Pero, si nos empeñamos, podría llegar a serlo.

Vayamos por partes.

Durante los últimos años 70 y primeros 80 del convulso siglo XX, como consecuencia de la crisis del petróleo, hubo recesión, inflación, paro y acciones por los suelos. Los mercados empezaron luego a recuperarse y Reagan llegó al poder. Con él se trajo, entre otras cosas, mayor desregulación y una ampliación por parte del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), el Fondo de Garantía de Depósitos americano, de hasta 100.000 dólares de las garantías de los depósitos de los ciudadanos americanos, afortunadamente para ellos.

Las nuevas tendencias políticas, la euforia bursátil y la mencionada desregulación produjeron una de las peligrosas innovaciones que fabrica la mal llamada ingeniería financiera (la ingeniería es algo más serio, no tiene nada que ver con las finanzas y si se hace mal cuesta vidas, además de dinero): los bonos basura (junk bonds) que permitían realizar compras apalancadas. ¿Recuerdan a la maravillosa Julia Roberts en Pretty Woman? Pues esos personajes existieron y no con un corazón tan blando como el de Richard Gere.

Michael Milken y la empresa Drexel fueron probablemente los principales protagonistas de esa época. Se dedicaban a emitir dichos bonos, llamados basura porque eran de alto riesgo y por lo tanto pagaban mayores intereses que la aburrida deuda pública. Con el dinero recaudado con los bonos se lanzaban LBO´s (Leveraged Buy Out, la palabreja de moda), generalmente agresivos y a precios cada vez más exagerados. La empresa adquirida, hiperapalancada como consecuencia de la operación, cargaba con el servicio de esa deuda con la caja que generaba. El sistema funcionaba con beneficios crecientes, pero podía hundir tanto a la empresa adquirida como a los bonistas cuando los beneficios no eran los previstos. Se ve que no hacían análisis de sensibilidad.

La operación más emblemática de aquella época fue la adquisición por 26.000 millones de dólares de RJR Nabisco en el año 1989. La revista Time lo denominó “A Game of Greed”, un juego de codicia. El fin de esa época, y el colapso del sistema, que provocó con una caída del 6% en un solo día del Dow Jones, fue producido por las operaciones fallidas de United Airlines, en Octubre de 1989, y el colapso de Campeau Corporation unos meses después. Un excéntrico inmobiliario canadiense, Robert Campeau, había conseguido tomar el control de los almacenes Bloomingdale´s por 11.000 millones de dólares, con un capital propio de únicamente 200. Sólo las comisiones que pagó a los bancos fueron superiores a un año entero de los beneficios de los grandes almacenes. Como suele ser en estos casos, junto con las quiebras se detectaron operaciones fraudulentas. El 21 de Noviembre de 1991 el Sr. Milken fue condenado a 10 años de cárcel y a pagar 600 millones de dólares en indemnizaciones.

*José María de la Viña Molleda es Ingeniero Naval y M.B.A. por el I.E., además de profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid.

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El banco IndyMac,intervenido por EEUU, se declara en quiebra
Cotizalia.com - 01 de agosto de 2008
 
 
El banco californiano IndyMac, que el pasado 11 de julio tuvo que ser intervenido por las autoridades federales de EEUU, ha solicitado la protección de la Ley de quiebras, según indicó la entidad.

"IndyMac Bancorp, planea solicitar hoy ante el Tribunal de Quiebras de EEUU del Distrito Central de California una petición voluntaria para acogerse a la protección del capítulo 7 del Título 11 del código de EEUU", anunció el que fuera el segundo mayor banco hipotecario privado del país antes de que las difcultades de liquidez y los problemas del mercado hipotecario provocaran la intervención del Gobierno.

En este sentido, IndyMac señaló que espera que el Tribunal de Quiebras designe inmediatamente un comité gestor.

IndyMac Bank, la segunda hipotecaria estadounidense, pasó a ser controlada por las autoridades federales el pasado 11 de julio, en lo que fue considerado por los reguladores de la Oficina de Supervisión de Entidades de Ahorro y Préstamo (OTS por su siglas en inglés) como "el segundo fracaso bancario más importante de la historia".

La operación de nacionalización de IndyMac, que contaba con activos por un valor de 32.000 millones de dólares (20.000 millones de euros), costará a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) entre 4.000 y 8.000 millones de dólares (entre 2.500 y 5.000 millones de euros).

IndyMac se convertía así en la segunda institución bancaria más importante en ser nacionalizada por las autoridades estadounidenses, después de que el Continental Illinois Bank y sus más de 40.000 millones de dólares en activos (más de 25.000 millones de euros), pasaran a ser controlados por el Gobierno federal en 1984.

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Colas en California para sacar el dinero de un banco
El País - 23 de julio de 2008
 
 
El gobierno de Estados Unidos acude al rescate de las mayores entidades hipotecarias del país.- Los principales operadores hipotecarios mueven una deuda por valor de 5,3 billones de dólares

La imagen de cientos de personas haciendo cola para sacar su dinero de las sucursales del banco hipotecario IndyMac, en Pasadena, en el Estado de California, se ha repetido desde primera hora del lunes. El banco ha abierto hoy por primera vez desde que el pasado viernes fuera puesto bajo control de las autoridades federales para evitar su quiebra. IndyMac es la segunda entidad hipotecaria estadounidense.

"Simplemente estamos nerviosos. Quizás ningún otro banco sea mejor, pero al menos no están intervenidos por la FDIC" (Corporación Federal de Garantía de Depósitos), ha declarado Jack Freed, uno de los primeros clientes en personarse en la sucursal de IndyMac en Santa Mónica.

Varias personas llegaron a presentarse en las sucursales a las cuatro de la madrugada -cinco horas antes de que abrieran las oficinas- provistos de sillas y café. Ante el gran numero de clientes, varios empleados de la FDIC, que asumió el control de esta entidad este fin de semana, tuvieron que personarse para atender a las dudas de las personas sobre el futuro de IndyMac. "En este momento éste es uno de los bancos mas sólidos del país", ha dicho el portavoz del FDIC, David Barr.

Sin embargo, el diario Los Angeles Times señala en su web que no todos los clientes de IndyMac podrán acceder a sus fondos, ya que sólo podrán retirar el 100% del dinero aquellos cuyos ahorros no excedan de 100.000 dolares en depósitos o de 250.000 dolares en una cuenta de jubilación, puesto que están asegurados por el Gobierno federal. En este sentido, el rotativo angelino indica que alrededor de 10.000 clientes de IndyMac cuentan con fondos por encima de los limites asegurados, ante lo que el FDIC ha anunciado que permitirá a esos clientes acceder al 50% de esos fondos no asegurados.

La nacionalización de IndyMac, que contaba con activos por un valor de 32.000 millones de dólares (20.000 millones de euros), costará a la FDIC entre 4.000 y 8.000 millones de dólares (entre 2.500 y 5.000 millones de euros). La OTS, regulador principal de IndyMac, culpó a los comentarios del senador demócrata por Nueva York Charles Schumer de la retirada de más de 1.300 millones de dólares (casi 820 millones de euros) en once días desde finales de junio, cuando Schumer expresó sus dudas sobre la capacidad de IndyMac para sobrevivir a la crisis de vivienda.

Al rescate de dos entidades

Las escenas de las colas ante oficinas de IndyMac se han sucedido el día en que el Gobierno de EE UU y la Reserva Federal han acudido al rescate de las dos principales entidades financieras de deuda hipotecaria, Fannie Mae y Freddie Mac. La falta de confianza de los mercados, traducida en caídas cercanas al 50% del valor bursátil de las compañías durante la semana pasada, ha llevado al Gobierno a actuar. Debido a la oleada de familias que se declararon en bancarrota y dejaron de pagar sus hipotecas las entidades se enfrentan a una fuerte crisis de liquidez al tener que asumir ellas los pagos.

Ambas compañías pertenecen a un tipo especial de entidad creada por el Congreso de EE UU: las Empresas Patrocinadas por el Gobierno (EPG). Las EPG son entidades de servicios financieros dirigidas a mantener e incrementar la liquidez en aquellos sectores estratégicos a los que están dirigidas. Fannie Mae y Freddie Mac están dedicadas a dinamizar el mercado de la deuda hipotecaria en EE UU, razón por la que se han visto entre los principales afectados por el derrumbe del mercado hipotecario a través de la crisis de las hipotecas basura conocidas como subprime. La deuda de ambas entidades había alcanzado recientemente los 800.000 millones de dólares para Fannie Mae y los 780.000 milliones de dólares para Freddie Mac.

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Comunidad de Madrid
 
PROMOTORES Y BANCOS PACTAN BAJAR UN 20% EL PRECIO
El País (Comunidad de Madrid) - 31 de julio de 2008
 
La medida busca colocar 25.000 viviendas que no encuentran comprador

Al fin, los promotores han admitido la posibilidad que se han hartado de negar en los últimos meses. Los que se dedican a levantar pisos se han dado cuenta de que, si quieren colocar el producto que ahora no consiguen vender, sólo hay una solución: bajar los precios. Por eso han llegado a un acuerdo con los principales bancos -Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Popular y Banesto- para ofrecer unas viviendas que se venderán en el mercado libre, pero a precios más bajos que los actuales. Está por ver si la medida se concreta en pisos menos caros o se queda en un golpe de efecto.

El objetivo del acuerdo firmado ayer con la pompa de las grandes ocasiones es sacar al mercado los 25.000 pisos nuevos que, según los cálculos de los impulsores de la iniciativa, tendrá la Comunidad a finales de año a la espera de un comprador que nunca llega. Las inmobiliarias que participen se comprometen a vender su stock a un precio máximo que oscilará, según el municipio, entre 2.000 y 3.200 euros por metro cuadrado. Por ejemplo, un piso de 100 metros en la capital no podrá costar más de 320.000 euros. Si se compara con los 4.128 euros por metro cuadrado que arroja la última estadística oficial, con la vivienda libre a precio concertado -éste es el nombre de la nueva iniciativa-, la rebaja en la ciudad de Madrid es del 29%.

El Gobierno regional calcula que los pisos que se acojan a esta iniciativa serán de media un 20% más baratos que los de mercado.

Las entidades financieras que participan en la iniciativa se comprometen por su parte a facilitar la financiación necesaria a los compradores de vivienda "en las condiciones más favorables".

Pero es mejor que no se emocionen demasiado los que anden a la caza del chollo. Porque, como se encarga de recordar el presidente de la asociación de promotores Asprima, José Manuel Galindo, cada empresa es libre de adherirse al acuerdo. Y anticipa que es de esperar que sólo lo hagan cuando el precio máximo no esté muy lejos del que se paga en el mercado. "Lo harán cuando los precios sean admisibles", especifica.

Para perfilar la vivienda concertada, se ha dividido el mapa de la región en cuatro zonas. La más cara, con un máximo de 3.200 euros por metro cuadrado, incluye municipios como Madrid, Alcobendas y Majadahonda. Le siguen la zona B (máximo de 2.600 euros, en ciudades como Getafe, Móstoles, Parla y Pinto), la C (2.300 euros en Alpedrete y otras) y la D (2.000 para el resto de la Comunidad). Todo el mundo podrá comprar los pisos que se oferten en estas condiciones, sin que sea necesario acreditar unos ingresos máximos.

Lo más relevante del acuerdo es el apoyo expreso de los grandes banqueros a los empresarios del ladrillo. Porque los promotores llevan meses quejándose de que parte de sus problemas provienen de que los bancos y cajas se niegan a financiar compras que antes aprobaban sin pestañear. Y la relevancia de los que ayer acudieron a la firma en la Puerta del Sol da una idea del apoyo del sector financiero. Asistieron, entre otros, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa; los consejeros delegados del BBVA y Banesto, José Ignacio Goirigolzarri y José García Cantera, y el vicepresidente del Popular, Roberto Higuera.

¿Y cuál es el papel de la Comunidad en este acuerdo? El Gobierno de Esperanza Aguirre, que ayer presidió el acto, se limita a impulsar el acuerdo, que tiene una duración de dos años, y a poner en marcha una página web que informará de las viviendas que se incorporen a la bolsa.

No hay un calendario para estas incorporaciones. En el Gobierno regional explican que cada empresa puede incluir sus promociones desde ahora mismo, y que la página www.madrid.org/oficinavivienda informará en cada momento de los cambios en la bolsa de pisos de precio concertado. Ayer, en esta web, sólo se encontraba información genérica sobre la política de vivienda de la consejería.

Otros que también se adaptan a las nuevas circunstancias del mercado son los notarios y registradores, que rebajarán sus tarifas en las operaciones de compraventa que afecten a las viviendas de precio concertado. Los primeros reducirán un 10% los aranceles notariales y los registradores de la propiedad rebajarán un 50% el coste de las notas simples.

El acuerdo incluye la modalidad de alquiler con opción de compra para los que no puedan hacer frente a una entrada. La renta anual equivaldrá al 4,5% del precio total de venta. Es decir, por una vivienda de 100 metros cuadrados se pagará un alquiler mensual máximo de entre 750 y 1.200 euros, que se actualizará en función del IPC.

Si a los tres años el inquilino ejerce el derecho de compra, el precio final será el fijado en el contrato inicial actualizado. Y a esta cantidad se le restará el 50% de las rentas pagadas a lo largo de ese periodo.

Tras la firma del documento, Aguirre salió en defensa de un sector que, dijo, ha sido maltratado. "Cuando estaba de moda denostar a los del ladrillo, como se les llamaba despectivamente, yo siempre defendí a un sector tan importante, que aporta casi un 10% de la riqueza de la región", dijo la presidenta. Y es cierto que esta iniciativa beneficia a los empresarios inmobiliarios. También puede venir bien a las familias con ingresos medios, pero es más dudoso que ayude a la gente con rentas más bajas.

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Viviendas de protección en Móstoles por sólo 250 euros / mes
ElDigitaldeMadrid.es (Comunidad de Madrid) - 28 de julio de 2008
 
 
El teniente de alcalde de Servicios al Ciudadano, Daniel Ortiz, acudió al sorteo de adjudicación de las 60 viviendas en arrendamiento de la Promoción 34 celebrado en el Pabellón polideportivo Villafontana y que se engloba en la primera convocatoria del Plan Vivienda Móstoles 2004-2008.

El acto se ha desarrollado por el sistema tradicional de bombos y se han realizado tantos sorteos como cupos se han establecido para esta promoción según se determina en la convocatoria publicada en B.O.C.M. de fecha 30 de junio de 2008.

La promoción 34, emplazada en el PAU-4 de Móstoles, ofertó 60 viviendas de protección oficial en Régimen Especial, con un precio de 250 euros mensuales y que cuentan con un dormitorio con garajes vinculados y tienen una superficie de 41,25 m² a 41,83 m². La superficie construida en residencial alcanza los 3.865,67 m² y la construida bajo rasante 2.090,72 m².

En el acto de adjudicación se sortearon 3 viviendas para personas con movilidad reducida, 6 viviendas para mayores de 65 años, 2 viviendas para personas situación de riesgo , 2 viviendas para personas con sentencia judicial de separación o divorcio sin asignación del uso de la vivienda que constituía la residencia habitual y 47 viviendas para jóvenes de hasta 35 años.

El Plan Municipal de Vivienda 2004-2008 está integrado por un total de cinco promociones destinadas al arrendamiento, con un total de cerca de 400 pisos. Las primeras en alcanzar el fin de la ejecución de las obras y ponerse a disposición de los inquilinos es la Promoción nº 34, ubicada en una parcela entre las calles Hércules y Casiopea. Todas las viviendas constan de salón, cocina, un dormitorio, un baño y plaza de garaje.

"El objetivo principal de esta promoción es poder hacer frente a un grave problema social como es la emancipación de los jóvenes, que, de esta manera, podrán disfrutar durante cinco años de su propia casa sin perder la capacidad de ahorro y posteriormente acometer la adquisición del piso ", señaló Daniel Ortiz.

Adjudicación

El procedimiento de adjudicación de las viviendas, como es habitual en el IMS, es el sorteo con publicidad y garantía de imparcialidad. Se celebra un sorteo para cada una de las promociones destinadas a arrendamiento que el IMS promueva, y en cada uno de ellos participarán todas las solicitudes en vigor inscritas en el RESVA hasta el último día del mes anterior a la fecha del acuerdo de convocatoria del sorteo.

Requisitos

En cuanto a los requisitos generales que los solicitantes deben cumplir para adquirir la condición de arrendatario de una vivienda de protección pública están establecidos en la normativa reguladora de las viviendas de protección pública (Decreto 12/2005, de 27 de enero) y en las Normas del RESVA; y los requisitos específicos se establecerán para cada una de las promociones atendiendo a la tipología de vivienda y en su caso a grupos de población con especial necesidad o mayores dificultades para acceder al uso de una vivienda digna.

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CDR denuncia una supuesta estafa a inquilinos de 64 pisos
El Mundo (Su Vivienda) (Comunidad de Madrid) - 12 de agosto de 2008
 
 
Los inquilinos de las viviendas pagan cantidades superiores a 800 euros al mes

El grupo municipal Ciudadanos de Rivas (CDR) denunció una supuesta estafa de los Planes Públicos de Vivienda en el caso de los inquilinos de 64 viviendas de protegida de alquiler que pagan cantidades superiores a 800 euros al mes por su arrendamiento, "con el consentimiento de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid".

Según CDR, el 23 de marzo de 2005 la Comunidad de Madrid otorgó la calificación definitiva de estas viviendas con Protección Pública, situadas en el número 29 de la calle Antonio López y el Ayuntamiento "que concedió posteriormente la correspondiente licencia de primera ocupación a un promotor privado el 11 de abril del 2005".

"Desde ese momento todas estas familias se han visto desamparadas e ignoradas ante sus reiteradas denuncias, no sólo por el cobro de estas exageradas cantidades, sino también por otros muchos atropellos a los que se han visto sometidos estos jóvenes vecinos", manifestó Ciudadanos de Rivas, que precisaron que estos inquilinos pagan 787 euros en concepto de alquiler y otros 90 "en supuestos gastos de mantenimiento".

Así, el partido político independiente exigió a las dos administraciones la "urgente investigación" de estos hechos, a fin de poder clarificar antes estas denuncias vecinales, "una supuesta estafa enmascarada dentro de estos Planes Públicos de viviendas de alquiler para menores de 35 años".

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Catalunya
 
Una ley para los 'pisos patera'
El País (Catalunya) - 19 de agosto de 2008
 
 
Badalona duda de la eficacia del decreto y seguirá confiando en la mediación

"Os dijimos que no podíais meter la chatarra en el piso porque luego hay bichos y los vecinos se quejan". Óscar Valverde adopta un tono entre severo y paternal cuando reprende a la chica rumana. El piso está en la calle de Enric Granados del barrio de Sant Roc, en Badalona. En sus 70 metros cuadrados se amontonan tres familias de gitanos rumanos, 15 personas en total.

Óscar es uno de los tres agentes que forman parte de la Unidad para la Convivencia (UCO) de la Guardia Urbana de Badalona, un cuerpo creado en 2005 para intervenir en casos de sobreocupación de inmuebles (los llamados pisos patera), escolarización de niños, piratería, talleres ilegales y otras materias relacionadas con la inmigración. Los rumanos del piso de Enric Granados no se sobresaltan cuando ven entrar al agente de la UCO. Ya le conocen. Son las 12.00 horas de un día laborable. Los 11 adultos están en casa, sin trabajar. Los cuatro menores tampoco están en el colegio. "Sabéis que aquí no podéis vivir tantos. Además está todo muy sucio. El lunes volveremos para ver si ha mejorado y os acompañaremos a escolarizar a estos niños", dice Óscar a los rumanos, que asienten respetuosamente.

Éste es uno de la decena de pisos patera "conflictivos" que quedan en Badalona. La cifra es anecdótica si se tiene en cuenta que hace sólo dos años había cerca de 200 de estos inmuebles, concentrados sobre todo en la parte sur de la ciudad. Los vecinos efectuaron múltiples protestas hartos de aguantar el ruido, la suciedad y los malos olores que llegaban de los pisos, en los que se hacinaban 20 o 30 personas. "Hemos conseguido este milagro con diálogo, paciencia y mediación, pero siempre con una posición de autoridad", señala Ferran Falcó, teniente de alcalde de Badalona.

La Generalitat ha sacado a exposición pública el decreto sobre las condiciones y la cédula de habitabilidad de la vivienda, uno de los reglamentos que servirán para desarrollar la Ley de la Vivienda. El documento define por primera vez qué es sobreocupación y pretende convertirse en una herramienta legal al servicio de los ayuntamientos para luchar contra los pisos patera. Plantea multas de hasta 900.000 euros para los que "promuevan" este tipo de prácticas. El documento establece una relación directa entre la superficie útil de la vivienda y el número de personas que la pueden habitar, aunque recoge una excepción: "las unidades de convivencia vinculadas por lazos de parentesco".

"¿Y cómo demostramos que son familia o no?", se pregunta Falcó. "Agradecemos que se hagan leyes para combatir este problema, pero no nos vamos a meter en complejos procesos administrativos que no sirven para agilizar las cosas, más bien todo lo contrario. Seguiremos confíando en la mediación y en el trabajo de calle", dice Falcó. Los agentes de la UCO recalcan, además, que es muy complicado establecer cuánta gente vive en un piso porque "van y vienen". "La mayoría de las veces no existe contrato de alquiler, ni están empadronados. Es muy difícil probar quién vive en el piso y quién no", dice Óscar.

Los agentes de la UCO conseguían que los pisos se fueran vaciando mediando entre los inquilinos y propietarios, muchos de los cuales no sabían que su inmueble alojaba a decenas de personas. Falcó calcula que en 2006 llegó a haber 3.000 rumanos de etnia gitana viviendo en la ciudad, de los que hoy sólo hay localizados unos 500. ¿Adónde se han ido el resto? "No lo sé, pero ya no están en Badalona", responde Falcó.

La numerosa comunidad china que vive en la ciudad también suele vivir en pisos sobreocupados. Los agentes de la UCO conocen la localización de estos inmuebles gracias a informaciones que les llegan de vecinos directamente o a través del distrito. Óscar llama a la puerta de uno de estos pisos. Dentro hay una mujer y tres niños pequeños. Ella no habla ni una palabra de castellano, por lo que la comunicación debe hacerse a través de un teléfono móvil en el que una traductora del Ayuntamiento hace de intérprete. Los niños, que tampoco van al colegio, juegan a las cartas apostando dinero. En el salón han improvisado una habitación a base de cortinas. "Sabemos que en este piso vive mucha más gente, aunque no sabemos cuánta exactamente", dice Óscar. El agente de la UCO volverá por la noche, cuando todos los inquilinos estén en casa.

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Catalunya no pot demanar a Solbes convertir 100 en 120
Avui.cat (Catalunya) - 26 de julio de 2008
 
En una entrevista a l'AVUI, el comissari d'Afers Econòmics i Monetaris europeu assegura que "punxar la bombolla immobiliària era tan difícil com retirar copes a mitja festa". També cue que "és lògic que la crisi deixi els comptes públics en números vermells". Per Alumnia, "els atacs a la independència del Banc Central Europeu no aporten ni resolen res"

El comissari d’Afers Econòmics i Monetaris europeu, Joaquín Almunia, nega en una entrevista a l’AVUI que la desacceleració econòmica i el dèficit dels comptes públics sigui cap excusa perquè Solbes ajorni el nou sistema de finançament de Catalunya, però reclama que la negociació sigui multilateral.

No punxar la bombolla immobiliària a temps és una irresponsabilitat dels governs d’Aznar i Zapatero? No ho van fer per desconeixement o perquè no dóna vots? Punxar la bombolla immobiliària era tan difícil com retirar les copes a mitja festa. I no es va trobar la manera de fer-ho. Però la responsabilitat és compartida, no sols és culpa dels governs sinó també de les empreses i dels ciutadans que participen en l’alegria d’inflar la bombolla, i de les autoritats monetàries i dels supervisors i reguladors dels mercats financers. Ja sabíem que el creixement del sector de l’habitatge a Espanya no era sostenible a mitjà termini i que tard o d’hora s’ajustaria de manera desordenada, però no ens imaginàvem que una crisi financera ho acceleraria tant.

Fulminar els tres anys de superàvit públic en només sis mesos de desacceleració és una temeritat? Sí, Espanya afronta aquesta desacceleració tan forta amb una molt bona posició pressupostària, el superàvit li dóna cert marge per esmorteir-ne les conseqüències. I l’atur creix, però continuem creant llocs de feina. És lògic que la crisi deixi els comptes públics en números vermells, els ingressos disminueixen i les despeses augmenten, i la política pressupostària ha d’ajudar a compensar la caiguda de l’activitat, sempre amb el límit de no endeutar-se més del 3%. I Espanya hi està molt lluny.

Preveu que l’economia espanyola pateixi algun trimestre de creixement zero? I una taxa de creació d’ocupació negativa? No es pot descartar res. No sóc cap profeta, només un comissari.

Espanya se situarà aviat al capdavant de la UE en atur, superant Eslovàquia, però serà per gaire temps? Malauradament no és previsible que la taxa d’atur millori els propers mesos, i no sols a Espanya. Però tot i que la desocupació creix, continuem creant llocs de treball en termes nets, i això és molt positiu. A la UE l’atur està en el seu nivell més baix dels últims vint anys, però la desacceleració no ens fa pensar que pugui continuar baixant.

Als bancs espanyols, la crisi els ha enxampat amb bones previsions i sense haver-se enganxat els dits en les hipoteques porqueria. Però si la morositat continua creixent i s’allarga més del previst, està en perill la supervivència d’alguna entitat? És una sort que no fessin inversions fallides en productes contaminats per les subprime, s’han estalviat moltes pèrdues, i que estiguin molt ben aprovisionats. Però la desacceleració, la frenada immobiliària, l’augment de la morositat i la dificultat de refinançar deutes per les tensions dels mercats financers els passen factura. Els resultats no seran tan bons com en anys anteriors i algun trimestre fins i tot seran negatius. I els ciutadans han de tenir confiança que els seus bancs i caixes estan ben vigilats.

Quines conseqüències tindran els atacs de Nicolas Sarkozy a la política del BCE d’apujar els tipus prioritzant la lluita contra la inflació? Els atacs a la independència del BCE són negatius, no aporten ni resolen res. El BCE té un estatus d’independència que en els seus deu anys d’existència li ha permès aconseguir una estabilitat de preus que no havíem conegut mai i uns tipus d’interès raonables que afavoreixen el creixement i el finançament de l’activitat econòmica. Podem discutir-ne les decisions, però no posar-ne en dubte la independència. Els governs s’han de concentrar a treballar també per l’estabilitat dels preus, no tota la inflació es combat amb política monetària. Espanya té, des que es va crear l’euro, una taxa d’inflació que supera la mitjana europea, i això no és gens bo, erosiona la competitivitat de l’economia espanyola.

La desacceleració econòmica i el dèficit públic són una excusa perquè el ministre Solbes ajorni el nou sistema de finançament per a Catalunya? No és cap excusa, mai hi ha un moment ideal per afrontar negociacions difícils. Si s’està en una fase ascendent del cicle econòmic, tothom té unes demandes extraordinàriament àmplies, i quan hi ha menys recursos en mans de les hisendes per la desacceleració és més difícil repartir. Confio que s’arribarà a un acord, però totes les autonomies han de participar en la negociació i estar disposades a escoltar les peticions dels altres i cedir per trobar una mica d’equilibri.

Però el nou Estatut fixa que la negociació ha de ser bilateral... És cert, però qualsevol negociació bilateral ha d’encaixar en un marc multilateral, per definició, perquè els números han de quadrar per a tots. Ni Catalunya ni cap altra comunitat no pot demanar a Solbes que converteixi 100 en 120 o que digui que dos i dos són cinc.

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'Portem molts mesos sense vendre'
Avui.cat (Catalunya) - 23 de julio de 2008
 
 
Diferents promotors afectats creen l’ACd’EI amb la intenció de gestionar solucions conjuntes. L'AVUI.cat recull el testimoni d'afectats per la crisi immobiliària

El col·lectiu dels petits promotors immobiliaris s’ha vist directament afectat per la sobtada baixada del preu dels pisos. Al costat de particulars amb dificultats per vendre pisos i empleats que s’han quedat a l’atur, els empresaris del sector han hagut de reaccionar a la ràpida caiguda de les vendes.

Emili Mas, promotor immobiliari del Vallès Occidental, assegura que ja porten “molts mesos sense vendre” i considera que “els bancs” són els principals responsables de la situació actual: “Els bancs –assegura Mas– no ajuden com ajudaven abans, i això fa que el client no tingui possibilitats ni avantatges per comprar”.

Davant una situació que ha obligat molts companys “a plegar”, els petits empresaris han optat per vendre els pisos a preus de cost i intentar recuperar el capital invertit. “Hem abaratit al màxim i estem venent al preu de cost. En aquests moments no hi guanyem res”, sosté Mas. Així mateix, també s’ha frenat la compra de solars a l’espera que els preus “es reajustin”.

“Desclavar” la situació

Mentrestant, un grup de “petits” promotors han creat l’Associació Corporativa d’Empresaris Immobiliaris (ACd’EI), dirigida per Valentí Oliveres, amb la intenció de “desclavar” la situació i “buscar solucions conjuntes”. “Un empresari sol poca cosa pot fer –continua Oliveres–, però si ens agrupem, alguna cosa més podrem aconseguir”. En aquest sentit, des de l’ACd’EI se segueixen amb atenció les propostes que ofereix l’administració pública per superar la crisi i es mostren “especialment crítics” amb programes d’ajudes únicament destinats “als grans promotors”.

L’ACd’EI, a més, espera que la baixada dels preus es freni quan s’ajusti el valor de compra d’immobles amb la seva correspondència al mercat de lloguer.

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Comunidad Valenciana
 
El Gobierno valenciano avalará con 300 millones a las cajas
Expansion.com (Comunidad Valenciana) - 07 de agosto de 2008
 
 
En plena avalancha de bajadas de calificación financiera, la administración autonómica respaldará hasta 300 millones para que las entidades obtengan liquidez, siempre y cuando la destinen a créditos para pymes de la región.

La Generalitat Valenciana ha decidido aliviar el peso que soportan las entidades financieras en la región y sale en apoyo del sector. Coincidiendo con el anuncio de la rebaja del ráting crediticio de las entidades más significativas de la región, el Instituto valenciano de Finanzas –brazo financiero de la Generalitat– presentó ayer tres medidas que este departamento va a emprender para mitigar las consecuencias de la crisis económica en la región, que está provocando procesos concursales y reducciones de empleo en numerosas empresas, especialmente pymes.

El anuncio coincidió con la rebaja de la calificación de CAM, Bancaja y Banco de Valencia por parte de la agencia Fitch, justo al día siguiente de que Moody’s rebajara la nota tanto a Bancaja como a la CAM –de A1 a A2–. Las rebajas de ráting suelen implicar un encarecimiento en la financiación.

Respaldo

La medida autonómica que más directamente influye en las entidades financieras consiste en avales por valor de 300 millones de euros para que las entidades financieras realicen titulizaciones de activos, siempre y cuando la liquidez que se obtenga redunde en nuevos créditos para las pequeñas y medianas empresas.

El conseller de Economía, Gerardo Camps, afirmó que la garantía pública permitirá el acceso a los mercados de capitales de las entidades financieras en mejores condiciones, una medida que adquiere más importancia tras la bajada de las calificaciones por parte de las agencias de rating. En España, estas rebajas afectan ya a más de 20 entidades.

La Generalitat vigilará que al menos el 80% de la liquidez que se obtenga se destine a créditos para las pymes valencianas. El resto podrán destinarlo las entidades como lo consideren conveniente. Camps añadió que se están preparando los convenios que se firmarán con las diferentes entidades, comenzando por las que tienen su sede en la Comunidad Valenciana, aunque puede extenderse a otras que tienen presencia en la región, siempre con la condición de que posteriormente contribuyan a financiar a las compañías locales.

Aunque la cantidad avalada por la Administración valenciana no es muy abultada, da un respiro a las entidades al permitirles sacar de sus balances una parte de sus créditos e incrementar la liquidez. Justamente, parte de las razones que señala Fitch en sus informes emitidos ayer sobre la bajada de calificación de Bancaja, CAM y Banco de Valencia se centran en el aumento de los créditos morosos y en un debilitamiento de los ratios de calidad de sus activos.

En todo caso, la agencia de ráting también advierte de la elevada exposición de las entidades en el sector inmobiliario y constructor, así como de la alta procedencia de recursos de los mercados mayoristas de capitales y la menor proporción de depósitos de clientes, y recomienda mejorar el mix con el aumento de los depósitos de clientes estables. Renegociaciones de deuda

Ésta no es la única medida financiera del Gobierno valenciano en su programa anti- crisis. También crea una nueva línea de financiación a pymes con 200 millones de euros. La parte más significativa, de 150 millones, es también peculiar, ya que no se trata de créditos para la inversión, sino destinados a la reestructuración de deuda y de circulante de las pymes, un problema que está acuciando a numerosas empresas locales y que está frenando no sólo el crecimiento sino también la continuidad de sus actividades ordinarias, con el siguiente impacto en el sector financiero.

La medida se completa con una línea de inversión micropyme, con 40 millones, y otra de renovación de flota, con diez millones.

La tercera medida del IVF va dirigido a las empresas contratistas de infraestructuras públicas y consiste en una línea de financiación en condiciones ventajosas dotada con cien millones de euros. Camps afirmó que con esta acción se beneficia también la propia administración, ya que podrá obtener precios medios mejores en las licitaciones.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan de impulso anticrisis anunciado el pasado mayo por la Generalitat, y que está dotado en total con 1.394 millones de euros entre este año y el próximo. Además de las medidas financieras se destinan 334 millones al estímulo de la vivienda protegida y también hay acciones para impulsar la industria, como el desarrollo de 5,3 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial antes de que termine el próximo año.

La CAM saca pecho en bolsa

Las bajadas de calificación no están haciendo mella en la cotización de Caja Mediterráneo (CAM). Muy al contrario, los dos días seguidos en que se han anunciado han terminado con saldos positivos en bolsa.

El martes, cuando Moodys rebajó la perspectiva –junto a las calificaciones de otras siete entidades españolas– las cuotas participativas de la entidad alicantina subieron en el mercado un 2,26 por ciento. Ayer, cuando Fitch revisó a la baja la calificación a largo plazo, los títulos terminaron la sesión cotizando un 1,66% por encima del cierre anterior, al terminar en 5,51 euros.

En el mercado no se encontraba ayer una explicación concreta a estas alzas, más allá de que la caja se subió al carro de los avances en el conjunto del sector financiero español y que los descensos acumulados en jornadas anteriores hacían augurar que en algún momento tendría que llegar el repunte. Sin embargo, aún no ha llegado a recuperar el precio de su salida a bolsa, el 23 de julio, de 5,84 euros.

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Canarias
 
Joven que pagará casa con 72 años gana I Concurso Hipotecas
ElDia.es (Canarias) - 19 de agosto de 2008
 
 
La sarcástica iniciativa de IUC trata de mostrar las dificultades de los jóvenes para afrontar la compra de casas y obtener trabajos estables y bien remunerados. La modalidad del contrato más precario e inhumano la ganó una joven que firmó en dos meses y medio 10 acuerdos de dos días de duración con la misma empresa.

El jurado del I Concurso a la Hipoteca Más Inhumana y Contrato Más Precario organizado por la asamblea local de IUC en el Puerto de la Cruz concedió recientemente los premios coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud. El ganador de la "hipoteca más inhumana" fue un joven portuense que concluirá de abonar las letras con 72 años, para lo que ahora dedica el 65% del salario. La otra modalidad de esta sarcástica iniciativa, con la que se intenta evidenciar las dificultades casi insalvables de muchos jóvenes para vivir dignamente, la ganó una joven residente en La Laguna que, en un periodo inferior a dos meses y medio, firmó 10 contratos de dos días de duración cada uno con la misma empresa.

El portavoz local de IUC, Jonás González, subrayó ayer que, en ambos casos, su formación ha comprobado la "fiabilidad de los datos, solicitando a los afortunados la documentación oportuna". Los premios consistieron en un vale de 30 euros para libros y un ejemplar de la Constitución Española en el primer caso, así como el mismo dinero y un ejemplar del Estatuto de los Trabajadores en el segundo.

IUC entiende que ha cumplido con los objetivos de los concursos, "que eran denunciar la precariedad laboral que padecen los jóvenes que consiguen encontrar un empleo y hacer visibles las enormes dificultades que se encuentran para acceder a una vivienda en condiciones dignas. El eco mediático que ha tenido los dos concursos ha conseguido mostrar a la ciudadanía unas deficiencias que muchas veces son más padecidas que conocidas".

González considera que los resultados de los concursos muestran "la realidad tal como es, sin edulcorantes", y anuncia que su formación "continuará elaborando propuestas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y que contribuyan a que las consecuencias de la actual crisis económica no recaigan en los sectores más desfavorecidos".

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Un matrimonio y sus tres hijos acampan en Playa Jardín
ElDia.es (Canarias) - 28 de julio de 2008
 
 
Por carecer de casa. Un matrimonio y sus tres hijos acampan desde hace tres semanas en una tienda de campaña en Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, por carecer de una vivienda digna y trabajo. Su situación es dramática y desesperada, y se ve agravada por las quemaduras que sufre uno de los niños en la planta de los pies.

Un matrimonio y sus tres hijos acampan desde hace tres semanas en una tienda de campaña en Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, por carecer de una vivienda digna y trabajo. Su situación es dramática y desesperada, y se ve agravada por las quemaduras que sufre la menor de los niños en la planta de los pies. La joven pareja está empadronada en la Ciudad Turística, aunque el cabeza de familia, natural de Icod de los Vinos, según cuenta a EL DÍA, vive en el municipio desde que tenía 16 años y ahora tiene 33 cumplidos, mientras que su esposa sí nació en el mismo. La pérdida de su vivienda por un incendio y el desahucio de un apartamento por falta de pago del alquiler, tras haber quedado en paro, complicaron su existencia hasta el extremo de verse obligados a mal vivir en la calle y depender de la solidaridad de los vecinos. En septiembre se le vencerá el subsidio de pago y aunque el ayuntamiento del Puerto de la Cruz concedió una ayuda de emergencia de 600 euros, ese dinero se ha destinado para la compra de alimentos y de la tienda de campaña que sirve de hogar a esta familia. Con esa cantidad sólo daría para el pago de una mensualidad de alquiler, sin contar la fianza. En el municipio resulta imposible encontrar casa por 300 euros y no consiguen nada.

Bruno y Mari sólo piden que se les consiga un alojamiento o casa provisional hasta que encuentren un trabajo y dicen no entender determinados agravios comparativos a la hora de establecer los criterios de asignación de prioridades.

Su esposa insiste en que "nosotros queremos que nos faciliten una vivienda por unos meses hasta que encuentre alguna ocupación, no pedimos una casa de por vida. Sólo pedimos un cuartucho con cuatro paredes, con lo indispensable para vivir adecuadamente".

"Si mi niña coge una infección en la playa -indica Mari - no respondo de mí. Desde octubre estamos en una situación muy precaria, aunque agradecemos el gesto que tuvo el ex alcalde del Puerto de la Cruz Marcos Brito de pagar de su bolsillo los gastos de hospedaje durante unos días", afirma.

Este joven matrimonio se queja de la falta de sensibilidad de la administración local por su caso, pese a la ayuda de emergencia.

Bruno tiene claro que "no vale la pena embroncarse con la Policía" para denunciar su precaria situación, pero advierte de que "nadie venga o intente quitarnos a mis hijos. A mis hijos no me los quitan por nada del mundo. Los niños están atendidos, no les falta comida, y todo gracias a la gente y a los medios de comunicación que nos ayudan".

"Yo puedo aguantar lo que sea -añade- pero mis hijos no y menos los más pequeños. No pedimos la vivienda para nosotros, sino para nuestros hijos".

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Andalucía
 
CIEN FAMILIAS RECHAZAN VPO EN FUENGIROLA POR SU ALTO PRECIO
DiariodeSevilla.es (Andalucía) - 12 de agosto de 2008
 
Los adjudicatarios consideran excesivo los 170.000 euros que deben abonar por el piso

Las 102 familias que consiguieron una de las viviendas protegidas que el Ayuntamiento de Fuengirola sorteó en la zona de Los Pacos han renunciado al piso por no poder hacer frente a los precios de las casas. Estas VPO se adjudicaron por 170.000 euros, cantidad que representaba una letra mensual de 600 euros, según han precisado fuentes del grupo socialista.

La alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña (PP), les recordó ayer a estos adjudicatarios de viviendas de protección oficial que el resto de las promociones municipales - independientes de las de VPO- se destinarán únicamente a los sectores más desfavorecidos de la población, por lo que la única opción que les queda para acceder a una vivienda es la de renta libre. Oña diferenció en un comunicado las actuales VPO de las promociones de viviendas de iniciativa municipal, ya que en las primeras el Consistorio sólo puede facilitar las gestiones, abriendo un plazo de solicitudes y remitiéndolas a la constructora. La alcaldesa y parlamentaria del PP añadió que es la Junta de Andalucía la que fija los precios de la vivienda protegida.

La alcaldesa recordó que las viviendas sociales que el Ayuntamiento hace directamente "salen mucho más baratas ya que no nos acogemos a los módulos de VPO, se subvenciona el suelo y no somos una empresa privada con ánimo de lucro". En lo casos de viviendas de promoción municipal, el Consistorio establece un baremo en el que puntúan aspectos como el ser mujer víctima de malos tratos o ser una persona viuda con hijos a su cargo. Asimismo, en este caso la adjudicación se hace a través del estudio técnico de las solicitudes presentadas y no por sorteos.

El partido socialista de Fuengirola respondió que la Consejería de Vivienda ofrece un abanico en el cual hay un precio mínimo y otro máximo y que si éste llega al coste más alto es porque detrás hay una entidad privada que vende el suelo a precios desorbitados. Según los socialistas, el gran impacto de la repercusión del terreno en el precio final de la VPO es el causante de que muchos de los adjudicatarios se arrepientan de la compra.

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Roca confiesa pagó 73.800 euros al juez Urquía en dos sobres
El País (Andalucía) - 23 de julio de 2008
 
 
El ex asesor urbanístico de Marbella pidió al magistrado que vetara un reportaje

La sorpresa saltó a las 9.45 de ayer. Por primera vez desde su detención por la trama de corrupción marbellí investigada en el caso Malaya, el ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca se autoinculpaba ante un juez. "Yo pagué 73.800 euros a [el juez Francisco Javier de] Urquía para la compra de su casa.

Preparé los pagos personalmente y se lo entregué en dos sobres distintos. Quedamos en vernos a mediodía, sobre las tres de la tarde, cuando no había nadie en mi oficina".

Roca estaba en pleno juicio, acusado de pagar al magistrado para conseguir favores judiciales como la suspensión de un programa de televisión sobre su enorme patrimonio emitido en una cadena local. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le juzga estos días junto al magistrado Urquía, antiguo titular del Juzgado número 2 de Marbella, y el empresario marbellí Arnaud Fabrice Albouhair en una causa derivada del caso Malaya. Todos se enfrentan a tres años de prisión por delitos de cohecho y negociación prohibida a funcionario público.

Era el turno de Roca para decir si estaba de acuerdo o no con los cargos. "Estoy parcialmente de acuerdo respecto del cohecho", dijo. La presidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, le pidió que se acercara al micrófono para oír mejor lo que estaba diciendo. "Mi cliente no tiene muchos conocimientos jurídicos", excusó a Roca su abogado, José Aníbal Álvarez, al ver el desconcierto de la magistrada. "He decidido decir la verdad en contra del consejo de mi abogado", añadió minutos después. "Para mí no es fácil declarar hoy lo que estoy declarando", añadió.

El giro de Roca, que en dos declaraciones anteriores había negado los cargos, cayó como un rayo en la defensa del magistrado Urquía. El abogado Antonio González Cuéllar trató, sin éxito, de volver a suspender el juicio. Cuando llegó el turno de Urquía, lo negó todo. "Roca miente (...) el dinero me lo dieron mi padre y mi esposa", dijo. Y atribuyó el cambio en la declaración de Roca a unos "rumores" procedentes de "compañeros de Madrid y de Granada" sobre un "acuerdo para que Roca consiga trato de favor en otras instancias". El ex asesor de Urbanismo lo negó.

Durante la instrucción, los investigadores repasaban las conversaciones telefónicas de Roca y descubrieron una con Albouhair, en la que una voz en segundo plano aconsejaba al ex asesor de Urbanismo sobre la mejor forma de conseguir la retirada del programa televisivo. "Fue el propio Miguel Ángel Torres quien reconoció la voz del juez Urquía en la conversación telefónica", coincidieron.

Dos inspectores de Hacienda explicaron ayer que en el caso Malaya se intervinieron 10 gigas de información y 40.000 documentos que aún están analizando. "Todavía hay aportes no identificados", dijo uno de ellos.

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Crisis del ladrillo se cobra su primera víctima en Granada
Ideal.es (Andalucía) - 24 de julio de 2008
 
 
El juez de Lo Mercantil admite la suspensión de pagos y toma las riendas de la empresa tras pedirlo Barcklays, uno de los acreedores La falta de liquidez impide pagar las deudas y paraliza toda su actividad

La crisis del ladrillo azota fuerte a las empresas granadinas. Y algunas no han sido capaces de soportar el embate. La primera gran víctima de esta nefasta coyuntura ya tiene nombre: Mayoral. La administración de esta empresa ya se encuentra en manos judiciales después de que los bancos solicitasen que se acordara un concurso de acreedores -antes llamado suspensión de pagos- ante la impotencia de la sociedad para afrontar los compromisos adquiridos por falta de liquidez. Además, en la actualidad, la actividad se encuentra paralizada.

La situación económica de la empresa, como otras muchas, comenzó a verse resentida con la crisis del sector de los últimos años. Según la última cuenta de resultados publicada -correspondiente a 2006 y depositada a principios de este año 2008- los beneficios ascendían a unos escasos 260.000 euros. Pero las expectativas no eran precisamente de mejora y en el año 2008 se ha llegado a la citada suspensión de pagos.

Terrenos sin rendimiento

La compra de terrenos a crédito, que no han cumplido las expectativas en cuanto a su revalorización se encuentra entre la lista de problemas de la sociedad. Algo que se ha convertido en la tónica general de muchos promotores y constructores que se encuentran asfixiados. Si a esto se suma el descenso generalizado en la venta de viviendas, el resultado es claro.

El concurso de acreedores, tal y como se denomina este paso tras la implantación de la Ley Concursal, fue instado por la entidad bancaria Barcklays. El impago de una póliza de crédito -que no era la más abultada que tenía contratada la empresa- desencadenó el procedimiento judicial. No ha sido la empresa, cuyo control tomó Felipe García a primeros de años tras el cambio del administrador el año pasado, la que ha presentado la suspensión de pagos de forma voluntaria. Esto no significa más que la empresa ha intentado subsanar las deudas existentes vendiendo sus activos -inmuebles, terrenos, etc.- antes de llegar a la intervención judicial. Pero finalmente no ha habido acuerdo.

El juzgado de Lo Mercantil admitió recientemente el concurso de acreedores, o sea, la antigua suspensión de pagos. Con la Ley Concursal, a partir de entonces, el juez nombra un administrador externo a la empresa que realiza un cómputo del total de la deuda y de los acreedores existentes. Una vez se haya realizado este cálculo la autoridad judicial decide quién cobra, qué cobra (si hay acuerdo por parte de los afectados) y en qué orden.

Acreedores

Popular y Barcklays eran las entidades con las que tenía los créditos más abultados. El primero se 'cobró' con las instalaciones de la promotora en el emblemático edificio Zaida, además de otros activos de la empresa, como terrenos. El segundo, al no cubrirlas fue quien interpuso la demanda.

Según las últimas cuentas presentadas, el pasivo de Mayoral ascendía a 100 millones de euros en 2006, entre acreedores a largo y corto plazo. Además de los bancos, y entre estos últimos, pueden encontrarse proveedores y pequeños constructores con los que tuviese suscrito algún tipo de contrato. El cese de su actividad y la quiebra económica tiene un efecto dominó entre estos últimos.

Delimitar el montante total de la deuda actual, entre unos y otros y después de la venta de activos que se produjo para paliar parte de ellas en los últimos meses, es el trabajo que tienen ahora por delante los administradores judiciales.

El pasado día 15 de julio se produjo lo que en términos judiciales se denomina el allanamiento. Esto es: la empresa admitió la decisión judicial de abrir el concurso de acreedores y con ello poner la empresa y su colaboración a disposición del juez ante la imposibilidad de solucionar la quiebra por falta de liquidez. Ahora da comienzo el plazo para la personación de los perjudicados.

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Galicia
 
LOS MUNICIPIOS GALLEGOS, LOS Q MENOS SUELO DESTINARON A VPO
La Opinión (Galicia) - 11 de agosto de 2008
 
 
El número de pisos con alguno de los tres posibles tipos de protección nunca superó los 4.000 durante los años del ´boom´ de la construcción, en los que se levantaron 40.000 en cada ejercicio.

Ahora que la crisis inmobiliaria es evidente, desde las administraciones y las empresas relacionadas con el sector recetan como uno de los antídotos para superar el bache la apuesta por la vivienda protegida. Fue uno de los acuerdos alcanzados por la Xunta con los constructores y promotores de la comunidad gallega en el día que anunció una inversión de 300 millones de euros el próximo otoño para adquirir suelo destinado a pisos de promoción pública.

Lo cierto es que hasta el momento, los inmuebles de protección han sido los niños menos mimados de la familia del ladrillo, incluidos los ayuntamientos, que reservaban un porcentaje casi anecdótico de su patrimonio municipal en terrenos a este tipo de edificación. ¿Cuánto? Pues alrededor de un 4% en el caso de los gallegos, según un estudio que ha realizado el Tribunal de Cuentas, con datos de 2004. Muy lejos de la media nacional, un 16,3%, y del 30% y el 40% que, en función de su tamaño, tienen que reservar con la nueva normativa del suelo en Galicia en todos los desarrollos urbanísticos.

Por ley se garantizará una oferta a la que en el mercado libre se le dio la espalda. Los números hablan por sí solos. Frente a volúmenes de 38.000, de 40.000 viviendas levantadas cada ejercicio durante los años del boom del sector en Galicia, el número de pisos con alguno de los tres posibles tipos de protección nunca superó los 4.000. El pasado ejercicio, por ejemplo, se terminaron 3.774 y se iniciaron las obras de otros 3.000.

¿A qué se dedican entonces los terrenos que los concellos tienen en propiedad, con la suma de los sucesivos 10% de los aprovechamientos urbanísticos que se desarrollan y que la legislación obliga a cederles? Pues la inmensa mayoría, el 79,2%, a fines, usos y actividades de interés social. Exactamente, el 69,3% a la urbanización y la ejecución de dotaciones y sistemas generales. Desde un ambulatorio a un parque. El resto, a otros fines sociales, como la conservación y mejora del patrimonio histórico, artístico o cultural u operaciones de promoción económica. Otro 16% va para usos que no están recogidos en la normativa de la Xunta y que los ayuntamientos no tienen detallados, según recoge el informe del Tribunal de Cuentas.

Desde el sector tienen varias explicaciones para dar una respuesta a esta distribución. El suelo, para muchos ayuntamientos, ha sido durante muchos años un alivio a sus ahogadas cuentas, a la falta de otros mecanismos de financiación. Una opción, en todo caso, legal, ya que la mitad del suelo que los promotores dejan a los ayuntamientos cada vez que actúan en una zona se puede utilizar para ponerla en el mercado de la construcción. "Se monetarizaba", explica Javier Garrido, presidente de la Federación Gallega de Promotores.

Con sólo el 3,9% de su patrimonio municipal de suelo destinado a la construcción de viviendas oficiales, los municipios gallegos están a la cola de España en reserva de terrenos para este tipo de inmuebles. Una posición que comparten con los de comunidades como Cantabria o Canarias, donde el porcentaje destinado a este fin cae hasta el 0%, y Extremadura, con un 1,3%.

Por encima de los datos de la comunidad gallega, pero sin sobrepasar la media nacional, Andalucía, donde se alcanzó el 4,5%; País Vasco, que llegó hasta el 5,2%; los municipios madrileños, con un 8,1%; y los de las Islas Baleares, que rozaron el 11%.

A partir de ahí, las grandes diferencias. Porque en el resto de autonomías, la cesión de suelo de los ayuntamientos para pisos de protección supera el 20%. Como Murcia (20,5%) y Cataluña (29,1%). En Asturias, una región con características similares en población a Galicia, se llegó al 31%. Al 31,6% entre los ayuntamientos navarros; al 34,2% en la Comunidad Valenciana; al 36,2% en Castilla y León. Ya por encima del 40%, las administraciones locales de La Rioja y Castilla-La Mancha, con un 42,7% ambas. Y en lo más alto, las de Aragón, donde se alcanzó el 44%. A los planes municipales de urbanismo de los concellos no les quedará otro remedio que dar la vuelta a estas reservas. En toda promoción habrá que dejar hasta un 30% de espacio para viviendas de protección en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y el 40% en el resto de localidades. Antes de la reforma de la Lei do Solo, la obligación se ceñía únicamente al 20%. Se llegará incluso al 50% en los suelos urbanizables no delimitados. Y todos, además, son porcentajes mínimos: si hay más demanda de pisos de protección, más suelo habrá que reservar. Con todas estas medidas, el Gobierno gallego pretende conseguir que el 40% de todos los pisos que se construyan a partir de ahora sean de protección y frenar en seco el acelerón del precio del metro cuadrado.

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Rebaja en pisos nuevos hasta 24% en ciudades y 50% en costa
LaVozdeGalicia.es (Galicia) - 19 de agosto de 2008
 
Los descuentos en algunas promociones ya terminadas oscilan entre los 30.000 y los 70.000 euros. El parón de las ventas obliga a competir con agresivas ofertas, como la de amueblar la casa o regalar un coche

El parón de las ventas como consecuencia de la crisis inmobiliaria ha desatado una guerra de ofertas entre las promotoras para hallar compradores. Un chequeo elaborado por La Voz en los principales núcleos urbanos revela que los descuentos de 70.000 euros, equivalentes a una rebaja del 24%, anunciados en una promoción de lujo en A Coruña -frente a la torre de Hércules- tienen también reflejo en otros puntos de la comunidad. A pesar de que muchos promotores todavía se resisten a aplicar recortes y a que la caída de precios afecta sobre todo a la vivienda usada, hay firmas que han comenzado a mover ficha. En Santiago, la empresa Urbis, en una urbanización del sur de la ciudad, hace descuentos desde abril y mayo que se elevan al 15%. Al igual que en otros casos de Galicia, la firma quiere liquidar la promoción para impedir que el banco siga cobrando las hipotecas por los pisos no vendidos.

También en las inmediaciones de la capital gallega, en un proyecto de chalés se ofrecen descuentos que alcanzan los 60.000 euros. Buena parte de los promotores preguntados sobre las posibles rebajas advierten de que estas no afectarán a los pisos nuevos. Pero existen casos en los que se producen recortes en el precio sin política publicitaria. En Vilagarcía, por ejemplo, se están ofertando rebajas de hasta 30.000 euros en un edificio de reciente construcción en la plaza de Galicia. El precio de los pisos, de lujo, rondaba los 300.000 euros, con lo que el recorte es del 10%. Los mayores descuentos se concentran en las promociones de vivienda de una mayor calidad y con un precio más alto. En Lugo y en Ourense, así como en otras villas gallegas, el precio de los pisos es más reducido, y no es fácil hallar cuantiosas rebajas en las nuevos proyectos residenciales. Pero la guerra para captar clientes no solo está en el valor de venta del inmueble. En Lalín, Gescoventa, regala los muebles de toda la casa con la compra de un piso. Son residencias de una, dos y tres habitaciones y los precios van de los 79.000 a los 160.000 euros. Además de los muebles, este importe incluye también el garaje. La oferta corresponde a la promoción de la urbanización Nova Carballeira.

En Pontevedra, las inmobiliarias de la provincia se enfrentan desde finales del 2007 a un mercado casi congelado, que precisa de nuevos estímulos. Las promotores llegan a ofrecer automóviles -otro sector en crisis- por la compra de un piso, como ocurre en el municipio de Arcade. También es habitual que utilicen como reclamo y descuento el pago de las primeras letras de la hipoteca. Una de las compañías pioneras en regalos y descuentos fue, precisamente, Martinsa-Fadesa. La experiencia, por lo que parece, no salió bien. La multinacional presidida por Fernando Martín ofrecía con la compra de sus viviendas de lujo en Sanxenxo una participación en el Club Náutico de la localidad, valorada en hasta 12.000 euros.

La política de promociones en la segunda residencia de costa, segmento mucho más afectado por la crisis, es muy agresiva. La promotora Urbig, con sede en A Coruña, publica en su propia página web descuentos que alcanzan el 50% del precio del coste para nuevas viviendas ubicadas en Carballo, Arteixo, Malpica y Mugardos. Desde el sector inmobiliario apuntan a que rebajas de entre el 10 y el 30% se ofrecen en otras muchas localidades turísticas de costa, como pueden ser Ribeira y núcleos de A Mariña, que ha sufrido un vertiginoso desarrollo urbanístico en los últimos años.

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Sólo 2/15 gallegos que pidieron la ayuda alquiler la cobran
Faro de Vigo (Galicia) - 20 de agosto de 2008
 
 
La Xunta recibió casi 15.600 solicitudes de la renta de emancipación y el Gobierno central sólo abonó 2.002

A la anunciadísima renta de emancipación le está ocurriendo lo mismo que a la también famosa Ley de la Dependencia. Que le cuesta despegar. Los complicados trámites burocráticos, las peticiones constantes de más información están frenando el examen de las solicitudes y, por lo tanto, el cobro de la ayuda destinada al pago del alquiler, hasta 210 euros, a lo que se añade en algunos casos el préstamo de otros 600 euros para la fianza y 120 euros más para costear la tramitación del aval, cada vez más frecuente en los contratos de arrendamiento.

Siete meses después de la puesta en marcha del plan, unos 2.000 gallegos tienen ya ingresado el dinero. Ni están todos los que son, porque hay otras 3.700 peticiones que cuentan con el visto bueno de la Consellería de Vivenda y están todavía a la espera de que el Gobierno central las abone. Ni son todos los que están. Hasta el pasado día 13 se habían presentado en la comunidad 15.592 solicitudes. Así que sólo están cobrando dos de cada quince jóvenes gallegos que demandaron una subvención.

Y eso que Galicia es una de las autonomías en las que se ha dictado un mayor número de resoluciones. Los Gobiernos regionales se encargan de recibir y analizar las solicitudes, que luego la Administración central paga. Según la Consellería de Vivenda, se ha dado el visto bueno entre el 1 de enero y mediados de este mes a 5.756 peticiones de las casi 15.600 que se acumularon durante ese periodo. Más de 2.100 son de la provincia de Pontevedra; otras 1.592 de la de A Coruña; 1.198 de Ourense y 1.592 de Lugo. Pero menos de la mitad ha empezado a cobrar.

Desde el Ministerio de Vivienda, que se encarga de notificar el número exacto de jóvenes que tienen ya la ayuda en sus cuentas bancarias, ofrecen datos a cierre del primer semestre, con 14.388 peticiones, 3.695 resoluciones a favor, otras 647 positivas provisionalmente, 850 negativas y 2.002 pagos realizados. Galicia es la cuarta comunidad en abonos de la renta de emancipación -la cuarta también con mayor demanda-, por detrás de Andalucía, donde se han hecho efectivas 2.873 transacciones; Castilla-La Mancha, con 2.860; y la Comunidad Valenciana, con 2.186.

Vigo es con muchísima diferencia la ciudad de Galicia que concentra más peticiones, hasta 529. De ellas, 306 presentadas por mujeres y 223 por hombres. Una constante en las solicitudes en toda España: el 55,7% son beneficiarias. Está también en la cabeza del ranking entre todos los municipios españoles, junto con Valencia, Pamplona, Zaragoza y Madrid. En Ourense se oficializaron 254 demandas; 248 en Lugo; 143 en A Coruña; 106 en Pontevedra; y 79 en Santiago de Compostela. Las seis principales localidades gallegas absorben el 68% de las solicitudes de toda la comunidad.

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La nueva ley eleva a 60.000 euros la multa mínima
LaVozdeGalicia.es (Galicia) - 21 de julio de 2008
 
 
Por no usar la casa de precio tasado como residencia habitual

Las prácticas fraudulentas detectadas por los servicios de inspección de la consellería han provocado un fuerte endurecimiento de las sanciones en el proyecto de ley que el Consello de la Xunta aprobó el jueves pasado. El departamento de la nacionalista Teresa Táboas ha previsto medidas ejemplarizantes para disuadir a los propietarios de pisos protegidos que, en contra de la ley, no los utilizan como vivienda habitual. La multa mínima pasará de los 3.000 euros actuales a 60.000.

Con la norma en vigor, que está previsto que sea reemplazada a finales de año por la entrada en vigor de la nueva, los adjudicatarios de pisos de precio tasado pueden permitirse especular con ellos porque la sanción económica a la que se arriesgan es asumible. El propósito de Vivenda es eliminar ese escenario. Por eso la nueva legislación tipifica como muy grave que el dueño de un piso protegido no lo habite. En el mismo capítulo entra también el establecimiento de precios de venta y alquiler de viviendas protegidas superiores a los fijados por la Xunta. En ese supuesto, el infractor corre el riesgo de que ese mínimo de 60.000 euros se aproxime al máximo de un millón.

Posibilidad de desahucio

Entre las medidas incorporadas al régimen sancionador del proyecto de ley figura la posibilidad de que la Administración pueda desahuciar a los inquilinos de pisos de promoción pública que no abonen las rentas pactadas, que los ocupen sin título legal o que sean sancionados por infracciones consideradas graves o muy graves. Vivenda quedará facultada, además, para «o lanzamento das persoas ocupantes das vivendas da súa propiedade» cuando incurran en irregularidades como las referidas.

La consellería ha previsto estas medidas extremas para las viviendas protegidas de promoción pública, financiadas en su totalidad con recursos públicos y que se ofertan, normalmente en alquiler, a unos precios muy inferiores a los de mercado.

Estas medidas extremas entran en vigor coincidiendo también con un plan de impulso a la construcción de vivienda protegidas, para tratar de incidir en los precios de un sector que se ha encarecido en exceso en los últimos años. Así, la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, presentó hace un mes un plan que prevé poner en el mercado 45.000 pisos protegidos en los próximos diez años, 30.000 de los cuales estarían listos ya en el 2012.

Además de contribuir a contener los elevados precios de los pisos, el plan prevé generar 300.000 empleos y mover recursos por valor de 5.200 millones, lo que debería contribuir a dinamizar un sector muy afectado por la ralentización de la economía.

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Ribadeo multa a 5 empresas con 1 mill € por exceso de edific
La Voz de Galicia (Galicia) - 15 de agosto de 2008
 
 
El Ayuntamiento las obliga a demoler las obras ilegales y también sanciona a aparejadores y arquitectos.

El alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez, ha sancionado a cinco constructores con multas que suman casi un millón de euros por el exceso de edificabilidad. Además, les obliga a reponer la legalidad, lo que supone demoler la parte de las edificaciones que no se ajusta a la licencia concedida en su día. Los arquitectos y aparejadores que dirigieron las obras tampoco se libran de la sanción y son multados, cada uno, con 6.001 euros. Concluido el período de alegaciones, la resolución se ha hecho firme y la vía administrativa se da por finalizada.

El período de pago voluntario -que depende de la fecha de notificación- concluye en torno al 8 de septiembre. De abonarse las cantidades que les imponen, los constructores obtendrían un descuento del 30%, pero, según desveló ayer el departamento de Intervención del Concello de Ribadeo, por ahora nadie ha pagado.

La decisión supone un paso más en un enrevesado proceso cuyos orígenes se remontan a varios años atrás. Casi todos los edificios están habitados, pero sus ocupantes carecen de licencia de primera ocupación. Ante las quejas de unos 140 afectados que querían regularizar su situación, la corporación municipal intentó buscar una solución. El asunto fue objeto de enfrentamientos políticos entre los diferentes partidos en este y el pasado mandato, hasta que se buscó la solución de legalizar solo la parte correctamente edificada, para evitar así mayores perjuicios a los dueños de pisos legales y que pudiesen obtener la licencia de primera ocupación. Pero como condición previa a esto se puso la de resolver antes los expedientes sancionadores a los constructores. Fernando Suárez propuso las multas, por valor de casi un millón de euros. La medida fue acogida con disparidad de opiniones.

La sanción de mayor cuantía ha sido impuesta a Construcciones G. Cao, por valor de 400.601 euros. El arquitecto es sancionado con 6.001 euros y el expediente abierto al aparejador queda pendiente de resolución, a la espera de que se concluya otro ya iniciado. La segunda multa, por su cuantía, recae en Construcciones Coto: 387.128 euros. Le siguen Pulpeiro con 87.360; Julio y Anselmo, con 52.000, y Herederos de Manuel Rodríguez Martínez, con 37.440. En todos los casos los aparejadores y arquitectos son multados con 6.001 euros.

Los cálculos

Para calcular la multa, el procedimiento seguido por el técnico municipal fue el de tomar los metros cuadrados construidos por encima de la licencia, multiplicarlos por el valor de mercado del suelo construido y restarle los costes de edificación. Las irregularidades cometidas en los cinco inmuebles son dispares, desde la edificación de una planta de más hasta el aprovechamiento del bajo cubierta para vivienda, entre otras.

Aunque algún promotor planteó que el expediente había caducado, a juicio del arquitecto municipal ninguno ha prescrito, ya que no han transcurrido seis años desde la conclusión de las obras.

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Crisis del ladrillo deja al descubierto a falsos promotores
El Correo Gallego (Galicia) - 18 de agosto de 2008
 
 
La crisis ha dejado al descubierto a promotores especuladores que venden incluso lo que no es suyo

El bum del ladrillo en España provocó el enriquecimiento de muchos empresarios que vieron en el frenesí constructor el parnaso. Se introdujeron en un mundo sin ley donde primero recibían el dinero y luego tramitaban licencias. Quien quisiera comprar un piso debía ajustarse a las normas y éstas las dictaba el promotor. La crisis ha golpeado la estrategia especulativa de muchos de ellos, que han caído incluso en estafas, vendiendo terrenos de los que todavía no eran propietarios o careciendo de licencia de obras. Los estafados son las víctimas de una crisis que no se lleva el patrimonio de los empresarios, resguardado como el del presidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, que en un año se embolsó más de lo que pagaba su firma en sueldos. Él seguirá siendo rico mientras los obreros o quienes adquirieron una vivienda se desvelan.

El mercado del ladrillo sedujo a Juan Iglesias, quien al frente de Seiseme protagoniza uno de los casos más dramáticos de Galicia. Acumula cincuenta denuncias en los juzgados gallegos y está desaparecido. No contesta al móvil y sus víctimas están desquiciadas. Paloma y su marido compraron un chalé en Rois por 122.000 euros en septiembre del año pasado, pero no se ha puesto ni un ladrillo en la finca. Lo mismo sucede en otras dos fincas de la parroquia. Ella anuló el contrato, pero antes tuvo que suscribir un crédito puente de 30.000 euros, al igual que el resto de afectados, que podrían alcanzar los 300 en promociones en Sarriá, Pontevedra, Vigo, Rianxo, Boiro u Ourense.

Con Rólex y Lamborghini

El contrato, que más tarde rescindió, establecía que Seiseme, inmobiliaria con sede en Catoira, se haría cargo de los pagos de ese crédito puente, suscrito con La Caixa, pero desde febrero es Paloma quien paga 200 euros mensuales de intereses. Luego tendrá que devolver los 30.000. "É como se tirase os cartos pola fiestra. Nós estamos así e el segue por aí co seu rólex de ouro e o Lamborghini. Pídolle á Xustiza que faga algo", clama.

Modesto también se fió de Juan Iglesias y se lanzó a comprar una casa en una urbanización de A Cabeanca, cerca de Ourense. Entregó una señal de 3.000 y luego firmó otro crédito puente de 25.000. En total entregó 28.000, aunque algunos afectados alcanzan la cifra de 60.000. La mayor parte de ellos se ha integrado en una asociación y han interpuesto una querella criminal por estafa contra Juan Iglesias.

Tras dos años de espera, Modesto se enteró de que parte de la finca no pertenecía al promotor y no se ha levantado ni un ladrillo. "Pero él sigue con la oficina abierta y recaudando", lamenta.

No ha pedido licencia

En el caso de Paloma también existen irregularidades, pues en una respuesta del Ayuntamiento se certifica que la empresa no ha solicitado licencia de obra para construir su chalé. "Tampoco se presentó aval bancario, cuando lo obliga la ley, y el dinero se pasó a la contabilidad de la empresa, cuando legalmente debe ir destinado a una cuenta aparte", dice Modesto.

Creen que no recuperarán su dinero y varias proveedoras están a punto de cerrar. Son las víctimas del ladrillo.

VENDÍA PISOS FANTASMA El timo del sobrino del alcalde

En el juzgado de Ponteareas entró esta semana esposado José Manuel Grandal, sobrino del alcalde de Salvaterra de Miño, y acusado de otra estafa inmobiliaria. Denuncian que vendía pisos que no eran de su propiedad o incluso no existían aprovechándose del barniz de confianza que le otorgaba su vinculación familiar con el regidor. Se encuentra en prisión sin fianza acusado de un delito de estafa, a pesar de que sus familiares insisten en su inocencia. El fraude podría superar el millón de euros y afectar a propiedades en Salvaterra y O Morrazo.

Más conocido como Josiño, el presunto estafador podría haber timado ya a cien personas en toda España. A 13 de ellos les esquilmó alrededor de 250.000 euros, el diez por ciento del valor de las viviendas que habían reservado y que nunca disfrutarán.

Cuando todo se destapó, Josiño desapareció del mapa y fue arrestado en un lujoso hotel de San Sebastián. No actuaba solo, pues José Carlos Barros Romero, O Carpinteiro, y Diana Patricia López Carmona, su pareja sentimental, servían de enlace y gancho para vender propiedades sobre las que no tenían ningún derecho. Ambos están desaparecidos .

LOS DATOS

1. El crac de Marbar y el embargo de 300 pisos


A comienzos de año las comarcas de O Baixo Miño y A Cañiza despertaron perplejas y temerosas. La incipiente crisis que sacudía el ladrillo provocó la quiebra de la constructora Marbar, que despidió a sus 56 empleados y dejó deudas a multitud de proveedores y subcontratistas. Uno de los graves problemas que dejó fue el de 300 personas que habían comprado un piso y ya habían adelantado una cantidad para el mismo, que en algún caso alcanzaba los 60.000 euros. Las propiedades estaban embargadas por varios bancos debido a las deudas del propietario de Marbar, con sede en Tomiño, Manuel Martínez, desaparecido desde entonces. Tanto los empleados como los proveedores montaron guardia frente a las instalaciones de la empresa para evitar que desapareciese maquinaria o material.

2. Psicosis ante la supuesta huida a Brasil

En el mes de mayo la psicosis se apoderó de los empleados de Carreira y Martínez, firma compostelana con 300 empleados en toda España, cuando el dueño de la misma, Juan Manuel Carreira, viajó a Brasil. Pensaban que se había fugado ahogado por las deudas derivadas de sus arriesgadas operaciones. Había ido al país americano para vender terrenos y obtener liquidez para hacer frente a los pagos. La empresa se desmanteló y en junio falleció Carreira. Más de sesenta empleados gallegos esperan juicio por despidos improcedentes.

3. Los sobreprecios de Construcuatro

La vivienda pública no resultaba tan económica si quien la vendía era Construcuatro. La primera denuncia se tramitó a finales de 2006 por el cobro de sobreprecios por viviendas en San Paio de Navia de hasta 30.000 euros aparte del precio estipulado por la vivienda. Era dinero negro y las víctimas no recibían justificantes. Tras las dos primeras denuncias se unieron otras 22 que se sentían estafados por la constructora, de la que era socio el dirigente popular Telmo Martín. El asunto está en los tribunales .

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'Los planes de urbanismo resultan irrealizables'
El País (Galicia) - 11 de agosto de 2008
 
 
Venía avisando del pinchazo inmobiliario y sus previsiones se han cumplido. El máximo representante de los arquitectos gallegos pide agilidad urbanística a la Administración y mayor concreción a las Normas del Hábitat. ENTREVISTA: CELESTINO GARCÍA BRAÑA Decano del Colegio de Arquitectos de Galicia

El decano de los arquitectos gallegos, Celestino García Braña (Santillana de Mieres, 1945), asume la responsabilidad del colectivo profesional en los desmanes en la costa. Urge a la Xunta a aprobar cuando antes el Plan del Litoral.

Pregunta. 200.000 viviendas visadas en siete años en Galicia. ¿Era previsible el parón en la construcción?

Respuesta. Yo llevaba mucho tiempo diciendo que esto no podía ser. La demografía no se corresponde con el crecimiento del parque de viviendas y debe haber una relación entre ambos parámetros. Sucedía algo extraño.

P. ¿Especulación?

R. Sí, pero también la atracción que siempre ha tenido la vivienda, que parte de la tradición reciente española que convierte la vivienda en un sector refugio para la inversión de dinero. España y sobre todo Galicia no tienen asentada la cultura del alquiler. Para los jóvenes la compra no es la mejor solución porque reduce la movilidad.

P. ¿Los arquitectos no tienen responsabilidad en este festín?

R. No somos el eslabón más fuerte de la cadena. Nuestra responsabilidad es resolver los problemas concretos que se nos plantean en el tablero de dibujo. En lo otro, no; son factores económicos y culturales que sobrepasan con mucho a los profesionales que están al servicio.

P. ¿Tampoco en los desmanes en la costa?

R. Sí, eso es así. Creo que los arquitectos debemos tener unos límites. Un arquitecto no es el que sabe en qué consiste un edificio, sino el que sabe si debe hacerse o no. Detrás de cualquier intervención brutal o dudosa hay una firma. Y esa responsabilidad debemos asumirla. Es más, creo que el porvenir de las profesiones liberales es aplicar códigos deontológicos más estrictos, aplicar más responsabilidad social.

P. La Xunta asegura que el futuro es la rehabilitación y la protección oficial. ¿Comparte esa visión?

R. Sí. Yo creo que en una situación de crisis como ésta, hay que aprovechar los aspectos positivos: la modernización en la organización empresarial, en la aplicación de técnicas constructivas más actuales, en una puesta al día de la eficacia y rentabilidad constructiva. Y la Administración debe agilizar el proceso urbanístico, que es lento. En términos globales, cuanto mejor es el planeamiento, más altas son las inversiones en vivienda. La concesión de licencias es un proceso lento. Rapidez significa economía y eso debe aprenderlo la Administración.

P. Las diferentes leyes del suelo han impedido a los ayuntamientos adaptar sus planes.

R. El procedimiento que regula la aprobación de los planes urbanísticos ha creado un monstruo. Todos hemos ido cargando de puntualizaciones, normativas y exigencias unos planes que resultan irrealizables. El hecho de que sólo hay 23 planes municipales adaptados, no es un problema de dejadez sino de la dificultad de tramitación. Sólo con el cumplimiento estricto de los plazos un plan tarda cuatro años. Si además los plazos se dilatan podemos ir a siete años. Sería necesaria otra formulación para que el planeamiento general atienda a las grandes cuestiones y después el desarrollo se haga de forma cotidiana. La respuesta de la Administración a la crisis debiera ser un compromiso para acortar toda la tramitación urbanística.

P. ¿Es compatible agilizar la tramitación con que el necesario control del urbanismo?

R. Absolutamente. Yo diría que cuanto más tiempo más confusión, como la Justicia que cuanto más tarda más injusta. Agilizar la tramitación de permisos sería un impulso para el sector. Es desesperante que a veces las tramitaciones urbanísticas aun siendo claras se prolonguen durante ocho o 10 meses.

P. Los promotores se quejan de que el bipartito es demasiado intervencionista.

R. No lo comparto. No es un problema de intervencionismo, sino de lentitud de las administraciones.

P. Comparte la prohibición de construir a menos de 500 metros del mar.

R. Sí. Se adoptó en un momento determinado y se ha demostrado que no ha tenido repercusión sobre el sector puesto que ha coincidido con la crisis. Ha salvado intervenciones sobre el territorio más que dudosas. Dicho esto, hace falta que cuanto antes contemos con el Plan del Litoral para mover esa línea de los 500 metros y dejarla en lo razonable. En algunos sitios deberá bajar a 50 metros, a 100 o a cero y en otros sitios a 850 metros. Es una medida bien tomada pero no puede ser eterna.

P. Los colegios de arquitectos no se ponen de acuerdo sobre las Normas del Hábitat.

R. Lo que ha ocurrido es un diferente posicionamiento en función de sobre qué se analiza: si la oportunidad, o la necesidad, o la calidad de las normas. El Colegio de Galicia convino que después de 16 años eran necesarias unas nuevas normas. En eso hay unanimidad. Tenemos dudas de si las normas son suficientemente precisas o fáciles de aplicar.

P. Los constructores creen que el momento no es adecuado.

R. Eso es indiferente. Los perfeccionamientos llegan cuando la técnica lo permite, la economía lo posibilita. Creo que para una norma que perfecciona e intenta dar calidad a la vivienda siempre es buen momento. Si fuese ágil y clara no debería producir dudas, al contrario.

P. También se ha dicho que encarecerá la vivienda.

R. Depende de cómo lo midamos. En la medida en que fomenta el aislamiento, mayores superficies, esa vivienda será más cara. Pero si valoramos los términos energéticos, al cabo de cinco, seis u ocho años estará amortizada. Es demagógico decir que no encarecerá en un primer momento la vivienda, y también decir que eso es grave, porque según cómo midamos incluso se pueden abaratar esos pisos.

P. La apuesta del Gobierno central es la vivienda protegida, que ha sido la gran olvidada de los arquitectos.

R. Sí creo que ahí hay un reto. La vivienda que promueve la Administración debe dar pie a la experimentación. Una de las carencias de la construcción es el I+D+i que tanto recibe de otros sectores. La vivienda también lo precisa. Ese esfuerzo lo deben hacer los empresarios y sobre todo la Administración. En la vivienda de protección sobre todo, porque la vivienda libre no es una urgencia ya que hay entre tres o cuatro millones vacías.

P. ¿Cómo valora la gestión de la conselleira de Vivenda?

R. Razonablemente bien. Ha hecho grandes esfuerzos y es sensible a lo que planteamos. Precisamos que las Normas do Hábitat se concreten para que sean ágiles.

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Castilla y León
 
El ladrillo asedia Numancia
El País (Castilla y León) - 21 de julio de 2008
 
 
Proyectos urbanísticos en el entorno de la ciudad de Soria amenazan el asentamiento celtíbero y varios bienes de interés cultural

El ladrillo no sólo sacia su voracidad en las costas españolas. Los bienes paisajísticos, históricos, naturales y culturales constituyen ahora un nuevo reclamo para urbanizaciones de lujo y otros proyectos urbanísticos. Esa escalada es la que asedia actualmente Numancia, que se levanta en el recio paisaje soriano. Sobre una zona elevada conocida como cerro de la Muela, visible desde la capital de la provincia, están enclavadas las ruinas del asentamiento celtíbero que fue el paradigma de la resistencia frente a la ocupación romana, al sufrir 11 meses de férreo cerco. Unos postes blancos marcan la ubicación de los siete campamentos que el general Escipión ordenó construir en el año 134 y que unió entre sí con una muralla de nueve kilómetros de perímetro para someter a los rebeldes.

Cuesta imaginar la transformación que sufrirá ese paraje cuando se ejecuten los proyectos previstos. Paradójicamente, el desarrollo más lesivo con la naturaleza y el entorno numantino se denomina Ciudad del Medio Ambiente. Ocupará el espacio equivalente a 62 campos de fútbol y se emplazará sobre un humedal en el que hoy habitan varias especies protegidas. Para evitar cualquier obstáculo la Junta de Castilla y León (PP) decidió dar luz verde a su ejecución a través de una ley, que actualmente se encuentra recurrida ante el Constitucional por los socialistas. Este proyecto contempla la construcción de 800 viviendas, un hotel, oficinas, una escuela de equitación y un parque industrial. Pero este megaproyecto no es el único previsto en esta zona.

Lindando con dos de los vestigios romanos se levantarán otras 300 viviendas con vistas al histórico asentamiento. Poco más allá, en el legendario Monte de las Ánimas, habrá un cementerio privado con tanatorio. Y como guinda, el Ayuntamiento de la ciudad (PSOE) ha iniciado el proceso de expropiación de 120 hectáreas de una finca propiedad de la familia Marichalar para construir un polígono industrial y una depuradora a tan sólo 400 metros de los terrenos donde Escipión oteaba a los resistentes numantinos, en la margen izquierda del río Duero.

Según denuncian distintos organismos nacionales e internacionales, el proyecto causará un daño irreversible al entorno. Estudios económicos independientes lo califican como innecesario "porque Soria no necesita más suelo industrial". "Somos el único caso en Europa en que unos propietarios piden que sus tierras vuelvan a ser rústicas. No queremos construir, ni especular, sino que sigan como hasta ahora. Incluso nos han propuesto poner ahí molinos eólicos; que es muy rentable, pero ni nos lo planteamos", asegura Amalio, el mayor de los hermanos Marichalar, que pide al consistorio que justifique el interés general por el cual les despojará de una sexta parte de su finca.

La Real Academia de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando, así como distintas asociaciones, universidades y organismos culturales nacionales e internacionales, consideran que los planes en el entorno de Numancia causarán un grave daño a los valores naturales, paisajísticos, culturales e históricos. En la página web salvemosnumancia.org y en el sitio de Internet del Departamento de Historia Antigua de la Universidad a Distancia (UNED) se recogen firmas para que Numancia sea declarada Patrimonio de la Humanidad y evitar así el rodillo urbanístico. La directora de ese departamento, María Jesús Peréx, califica el proyecto de "barbaridad sin justificación y atentado paisajístico".

Soria, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, cuenta con suelo industrial para los próximos 30 años, porque ya se está ejecutando un polígono de 274 hectáreas. Según un estudio del profesor de Economía Aplicada de la UNED Gregorio Izquierdo, la ciudad tiene con esas 274 hectáreas una reserva de suelo industrial que, de ser utilizada en la proporción actual (1,5 hectáreas anuales), duraría casi dos siglos. Con esas estimaciones, la construcción de un segundo polígono parece no estar justificada.

La gestación de esa segunda zona industrial, que afectaría a siete bienes de interés cultural, es cuando menos extraña: el consistorio aprobó su Plan General en abril de 2006. En él no se incluyó ese proyecto. La familia Marichalar asegura que Gesturcal -sociedad de la Junta de Castilla y León- y el Ayuntamiento firmaron un convenio para el desarrollo del polémico polígono en junio de 2005, evitando incorporarlo al Plan, en tramitación en esa fecha, lo que califican como "fraude de ley". Recién estrenado el PGOU, el Ayuntamiento soriano propuso su modificación, que fue aprobada en mayo de 2007, para incorporar ese convenio.

La familia Marichalar sospecha que el objetivo de la operación es la recalificación de esas 120 hectáreas (a precio de expropiación) para construir viviendas, una vez que el tiempo demuestre que el polígono es inviable. Este diario ha intentado recabar, sin éxito, la versión de las Administraciones autonómica y local.

El propio concejal de Urbanismo de Soria, Luis Rey, reconocía en julio de 2007 en El Heraldo de Soria: "Ojalá haya demanda para llenar los dos polígonos, pero en principio parece cuando menos una mala previsión inicial". El actual alcalde socialista, Carlos Martínez, por su parte, siempre se mostró escéptico con el proyecto mientras fue jefe de la oposición.

El Ministerio de Cultura, encargado de velar por los Bienes Históricos, alega que las competencias corresponden a la Junta. Sin embargo, la profesora de la Universidad de Burgos Begoña Bernal señala que la ley obliga al Estado a proteger los bienes culturales, entre los que está incluido el paisaje. Bernal, que ha elaborado un exhaustivo informe para el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que asesora a la UNESCO, señala que "el proyecto pone en grave riesgo la integridad y conservación de los bienes" de interés cultural circundantes y que no cuenta con el preceptivo informe de impacto ambiental.

El Ayuntamiento pretende aprobar la expropiación de los terrenos este mes. Si nadie lo impide, Numancia también estará ahora cercada por excavadoras.

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Castilla-La Mancha
 
DECRETO DE BARREDA OBLIGA A CLM A COMPRAR LOS PISOS
El Mundo (Su Vivienda) (Castilla-La Mancha) - 07 de agosto de 2008
 
 
NUEVOS SIN VENDER

Afectará a un nuevo tipo de viviendas protegidas que se levantarán en suelo privado La Junta calcula una demanda de 50.000 viviendas pero en la CA hay 85.000 sin vender La norma recién aprobada también permite al constructor convertir pisos libres en VPO


La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista José María Barreda, se convertirá en una de las mayores agencias inmobiliarias privadas de España en los próximos años, gracias a un decreto que el Gobierno autónomo aprobó el pasado sábado. La medida, que es inédita en España, obligará a la Junta a comprar las viviendas nuevas construidas por promotores privados que éstos no logren vender en el plazo de un año.

Para ello, los asesores en materia de Vivienda de la Junta han creado una nueva tipología de pisos, las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), justificadas en el decreto por la alta demanda de casas que existe actualmente en Castilla-La Mancha (unas 50.000, según el Gobierno regional). Sin embargo, la oposición a Barreda le reprocha que esas viviendas benefician más a los promotores que a los demandantes de vivienda pública.

El primer punto que rompe drásticamente con las condiciones a que están sujetas las Viviendas de Protección Oficial es que las VIPP, definidas como "viviendas con protección pública específicas de la Comunidad", se podrán "promover y construir por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente a la promoción de viviendas de protección pública".

Es decir, los promotores podrán utilizar suelo sobrante, aunque no esté calificado específicamente para VPO, para construir pisos, siempre y cuando obtengan la autorización pertinente, que la Junta se reserva exclusivamente.

Lluvia de críticas

Pero lo que ha suscitado mayores críticas y que supondrá un alivio para muchas inmobiliarias que necesitan seguir construyendo y vendiendo en tiempos de extrema contracción del mercado inmobiliario es el artículo 14.

"Si transcurrido un año desde la declaración definitiva -como Vivienda de Iniciativa Público-Privada- existieran viviendas sin adjudicar, la promotora podrá instar a la Consejería competente en materia de vivienda a su adquisición en los términos previstos en el convenio". El sueño de cualquier promotor, construir pisos con una venta garantizada.

Además, las viviendas serán más rentables que las VPO, ya que su precio será un 10% más caro que las de mayor precio entre las de protección pública. Un piso de 70 metros (el tamaño máximo al que se podrán construir), saldrá por unos 180.000 euros, según los cálculos de EL MUNDO.

La norma sólo obliga a los promotores a vender "por sus propios medios" un 30% de las viviendas. El resto, tal y como reza el artículo, será problema del Gobierno de Castilla-La Mancha, que estará obligado a adquirir con dinero público todas esas viviendas, si no se venden, a un precio pactado de antemano con la inmobiliaria.

El decreto también incluye otro polémico artículo en la disposición adicional primera. En él, se permite que las viviendas libres de nueva construcción puedan pasar a ser calificadas como protegidas a petición del promotor.

El Pocero, gran favorecido

La medida ha suscitado las críticas de la oposición, que asegura que es un decreto "a la medida de El Pocero", el constructor que está desarrollando una macrourbanización en Seseña (Toledo), y de otros "promotores amigos" del presidente regional, para ayudarles a sacar adelante los pisos que no se venden.

"Barreda posibilitará que El Pocero, entre otros, conviertan sus viviendas libres sin vender de Seseña en VPO", denunció ayer Marcial Marín, secretario general del Grupo Popular. Según Marín, "no había ninguna necesidad de crear este tipo de viviendas, ya que se crea una nueva burbuja inmobiliaria, porque en la comunidad hay 85.000 pisos sin vender".

En la Junta, sin embargo, aseguran que ligar el decreto con El Pocero es una crítica "fácil y sin ninguna veracidad". "Las viviendas se construirán donde haya demanda, no donde quiera el promotor", explicó ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrán. "Y en Seseña apenas existen demandantes de vivienda".

Al rescate de los promotores

La Comunidad de Castilla-La Mancha no es la única que ha aprobado en las últimas semanas medidas sobre vivienda. La Comunidad de Madrid firmó el pasado 30 de julio un acuerdo con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y varias entidades bancarias para abaratar los pisos.

Las 25.000 viviendas libres que existen en la Comunidad podrán acogerse a un precio máximo fijado en función de los metros cuadrados y de la zona en la que esté ubicado cada piso. "Esta medida ha conseguido que sean los promotores privados los que rebajen el precio de las viviendas libres que no venden, sin coste alguno para las arcas del Gobierno regional, ya que no son viviendas protegidas", explicó un portavoz de la Comunidad de Madrid.

En el PP critican también otro peligroso punto de la ley de Barreda, aquel que deja en manos de la Junta la regulación del procedimiento de selección de promotoras para desarrollar las viviendas VIPP. "¿Estarán pensando en los 25 promotores que Barreda comentó que podrían llevar a cabo el proyecto?", se pregunta el diputado del PP.

La justificación que dan en la Junta para haber aprobado este polémico decreto es que hay que dar "garantía a los promotores de que tendrán comprador en unos momentos difíciles". Según el consejero de Territorio, "si no se venden los pisos se incorporarán al patrimonio público de la Comunidad". Y luego, ¿qué hará la Junta con ellos?.

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BARREDA AMPLIARÁ LA DEDUCCIÓN EN EL IRPF POR VIVIENDA UN 20%
ABC (Castilla-La Mancha) - 17 de julio de 2008
 
 
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció ayer que mejorará en un 20% la deducción en el IRPF que ya existe por la adquisición o rehabilitación de una vivienda con financiación ajena, así como por la adecuación de una vivienda si la realizan personas con discapacidad.

Barreda, que se reunió con los sindicatos y la patronal que forman parte del Pacto por el Desarrollo y Competitividad de la Comunidad para establecer otras medidas que ayuden inyectar financiación y reactivar la actividad en el sector de la construcción, explicó que la nueva deducción por vivienda tendrá efectos retroactivos a fecha de 1 de enero de este año y beneficiará a unos 250.000 declarantes.

El presidente castellano-manchego también se pronunció sobre la balanza fiscal, señalando que España debe seguir siendo un único espacio de solidaridad, frente a las tesis de Cataluña.

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UGT reclama a Junta que incentive el alquiler o rehabilite
EuropaPress.es (Castilla-La Mancha) - 31 de julio de 2008
 
 
UGT valoró hoy que el Gobierno regional haya aprobado esta semana el Decreto de medidas para la aplicación del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha, pero reclamó actuaciones complementarias a las recogidas en el pacto, como aquellas que incentiven el alquiler o rehabiliten zonas urbanas degradadas, "para que cualquier ciudadano pueda optar realmente entre alquiler y propiedad, aumentando el atractivo de la primera opción sobre la segunda".

En nota de prensa el sindicato defendió que dicho pacto puede contribuir decisivamente a que la vivienda digna sea un "derecho perfectamente asequible para los trabajadores y trabajadoras de la región".

A juicio de UGT, este decreto camina en la "senda adecuada", pues incluye las Viviendas de Iniciativa Público Privada (VIPP), que vienen a completar los tipos de vivienda protegida que ya existen en Castilla-La Mancha, y que en cualquier promoción según la legislación tiene que alcanzar el 50% de reserva de vivienda protegida, y que siguen contando con el mismo grado de apoyo público.

Defendieron también que con dicho decreto se mejora el régimen de adjudicación pública de viviendas protegidas, simplificando los trámites y agilizando su gestión, adaptando el registro de demandantes de vivienda para poder conectar la oferta y la demanda existente y mejorar los procedimientos administrativos de adjudicación de viviendas, disponiendo de una información más concreta y fiable.

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El Pocero pide el embargo del alcalde de Seseña
EcoDiario.es (Castilla-La Mancha) - 21 de julio de 2008
 
 
y de cuatro ediles de IU

El constructor Francisco Hernando, conocido como 'El Pocero', ha solicitado a la juez titular del Juzgado Número 4 de Illescas el embargo de los bienes particulares y cuentas del alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, y de cuatro concejales y ex concejales de IU, Mercedes Urosa, Nuria Muñoz, David García y Mercedes González.

Este Juzgado aún no ha comunicado a los miembros del gobierno de esta ciudad toledana esta solicitud de embargo, ni tampoco la decisión respecto a la petición de los ediles para que les sea aplazado el pago de los 133.333 euros que la jueza reclama como fianza por una de las querellas por presuntas calumnias presentadas contra ellos por El Pocero.

La Fiscalía, detrás del ex alcalde

La iniciativa de Hernando de solicitar el embargo de las cuentas de los cargos municipales de IU se produce una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción, tras dos años de investigaciones, presentara la pasada semana denuncia contra el ex alcalde socialista de Seseña, José Luis Martín, por las irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora "El Quiñón".

En su denuncia el Fiscal aprecia la existencia de los delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública, en la tramitación del PAU que la empresa Onde 2000 SL presentó ante el Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2002, y que incluía la recalificación de 1.833.147 metros cuadrados de suelo rústico para construir 13.508 viviendas que suponían una estimación poblacional de 40.500 habitantes.

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Extremadura
 
Vivir para ver:bancos instan escriturar viviendas sin acabar
ElConfidencial.com (Extremadura) - 28 de julio de 2008
 
 
Los compradores de viviendas de la promoción Residencial Reina Sofía de Mérida no dan crédito. La promotora, Prointisa, abocada a un concurso de acreedores inminente -según la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE)-, paralizó las obras el pasado mes de mayo, dejando la fase II sin rematar y la fase III al 50% de su ejecución. A pesar de lo cual, los bancos instan a los compradores a escriturar sin saber qué va a pasar con sus casas.

“La primera fase de la promoción fue bien, pero en la segunda ya empezaron a quedarse sin dinero. El problema es que las aproximadamente 70 viviendas no están para vivir, porque no tienen agua, ni luz ni gas y las zonas comunes (garajes, piscinas…) no están acabadas”, ha declarado a El Confidencial Javier, un comprador de la fase II, quien ha asegurado que “Caja Duero nos está presionando para que escrituremos y subroguemos las hipotecas bajo la amenaza de que, si no lo hacemos, Prointisa presenta el concurso de acreedores. La caja me ha llamado diez veces por teléfono para que firme la escritura y hasta me ha ofrecido una rebaja de 2.500 euros en la hipoteca”. Javier no se esperaba esa reacción de una entidad como Caja Duero, pero, según ha transmitido a este diario, aún le sorprende más que “el Ayuntamiento de Mérida ha concedido las cédulas de habitabilidad a unas viviendas sin terminar”.

La situación de la fase III es aún más complicada. Afecta a 83 viviendas de dos, tres y cuatro habitaciones del mismo Residencial, de las que ya habían sido adquiridas 37. Los compradores han aportado distintas cantidades, pero los pisos están a poco más del 50% de su construcción. Según detalla la prensa local, el pasado 19 de junio, Prointisa accedió a dar explicaciones ante los inquietos compradores de lo que estaba sucediendo. A la reunión acudieron Antonio del Río, presidente de Prointisa, un representante del BBVA, los abogados de los acreedores y los compradores. “En este encuentro confirmaron que la obra se encontraba parada”, ha explicado Juan Francisco Caro, representante de los afectados, quienes se han unido en un foro en Internet.

El fin de la reunión era llegar a un acuerdo entre todas las partes. La solución por parte de la empresa en líneas generales era que los inquilinos debían firmar cuanto antes las escrituras de las viviendas, que se encuentran en un 50% de construcción, y los acreedores les daban la garantía de que la construcción proseguiría. “Teniendo en cuenta que los acreedores iban a cobrar sus deudas en pisos, eran los primeros interesados en terminarlos”, según Caro. Los acreedores se quedarían con la parte proporcional de la deuda de los más de 40 pisos que aún quedan por vender. Según los medios extremeños, ha pasado un mes de esta reunión, y los afectados no saben más detalles.

“Miguel Ángel Gil González, economista y gerente de empresas que ha seguido el proceso, ha declarado al diario Región Digital que “el acuerdo solventará las deudas contraídas por la empresa con el banco y los acreedores, pero que los propietarios firmarán una escritura y una hipoteca de una casa que aún no está construida.

“En este sentido, -ha afirmado Gil- si Prointisa desaparece por falta de liquidez, una vez terminada la vivienda, si hubiese desperfectos en cuanto a calidades o acabados, los propietarios no tendrían a quién reclamar, puesto que los seguros decenales cubren desperfectos exclusivamente en la estructura”. Finalmente, el economista ha explicado que la firma actual de la escritura es "una locura", puesto que, además de escriturar e hipotecar una casa en construcción, "los compradores van a hipotecar un piso que ya no vale lo que valía cuando empezó a construirse".

Además del riesgo de firmar una escritura y la consiguiente hipoteca sin la vivienda terminada, los propietarios se enfrentan a otra incertidumbre: la del desconocimiento de si existe aval del banco como compromiso de devolución del dinero invertido si se incumplen los términos del contrato de la compra de la vivienda. Una situación que recuerda a la de los afectados tras el reciente concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa y que, desgraciadamente, comienza a generalizarse.

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Principado de Asturias
 
El Principado anuncia un incremento del 8% en el precio VPO
ElComercioDigital.com (Principado de Asturias) - 24 de julio de 2008
 
Afectará a los pisos de nueva construcción en Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y Llanera y, en menor medida, al resto de concejos. Migoya afirma que la medida «es necesaria» para compensar la subida del coste de la construcción y «buscar el equilibrio»

La vivienda protegida subirá más de un 8% en Asturias. El anuncio fue realizado ayer por la portavoz del Ejecutivo regional, Ana Rosa Migoya. Fue después de que el Consejo de Gobierno aprobase una modificación del decreto por el que se establecen los precios máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción.

Merced a ese cambio, el incremento para los precios máximos se situará «ligeramente» por encima del 8% para las viviendas protegidas de precio especial, general y concertado en los municipios de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y Llanera, explicó Migoya, que precisó que, en el resto de los concejos, la subida será menor. Además, se establece que, dentro de este grupo de cinco concejos, Gijón, con 3.000 viviendas proyectadas en Roces y 1.700 en Jove, y Oviedo, donde la Consejería de Vivienda tenía previstas 9.000 más durante la pasada legislatura, tendrán «un diferencial de precio superior al resto». La portavoz gubernamental justificó la medida alegando que el Principado trata de compensar el incremento del coste de la construcción de nuevas viviendas como consecuencia de la aplicación del nuevo Código Técnico de Edificación para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Con esta modificación, Asturias cumple, apuntó, tanto con el nuevo código como con los acuerdos de concertación, el anterior ADECE como el vigente ACEBA. Migoya aseguró además que se trata de una medida «necesaria» que se ha hecho con «prudencia y mesura» y explicó que la designación de precios irá adaptada a la realidad de cada municipio y a cada modalidad de protección de vivienda. «Hemos tratado de buscar el equilibrio entre las posiciones de los agentes sociales y el sector de la construcción», concluyó antes de recordar que el incremento de los precios máximos de este tipo de viviendas también ha sido abordado por el ministerio.

Con este aumento, el precio por metro cuadrado pasará en Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y Llanera de 1.242 a 1.270 en las viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial, mientras que en las de precio general el tope pasa de 1.443 a 1.570 euros. En el caso de las viviendas protegidas de nueva construcción de precio concertado, el tope fijado por este decreto asciende a 1.770 euros el metro, frente a los 1.623 actual.

Con estos incrementos, por un piso de 80 metros cuadrados sin garaje ni trastero construido en cualquiera de esos cinco municipios se podrá cobrar hasta 141.600 euros, unos 12.000 euros más de los que se permitían hasta ahora. En el caso de las viviendas de precio general, por un piso de las mismas características se pasa de los 115.458 euros a 125.600 euros de precio máximo. En el resto de los concejos asturianos, el incremento de precios determinado en este decreto sólo alcanza el 3%.

Críticas sindicales

La medida del Principado fue contestada por la secretaria de Política Social de Comisiones Obreras de Asturias, Ángeles Alegre, que expresó su malestar por la decisión y negó que la medida se hubiese adoptado en el marco del acuerdo de concertación ACEBA.

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Islas Baleares
 
Cinco empresarios han confesado los pagos ilegales a trama
El País (Islas Baleares) - 21 de agosto de 2008
 
 
Ya son nueve los detenidos, y hay cuatro ex cargos del PP imputados por el fiscal

La investigación de la presunta trama de corrupción que operaba desde la cúpula del Consorcio de Turismo Joven del anterior Gobierno balear encabezado por Jaume Matas (PP) no ceja: ya hay nueve detenidos, y cuatro ex cargos del gobierno imputados. La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Pedro Horrach y Juan Carrau, analiza los posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsificación documental cometidos supuestamente desde la entidad pública.

Ayer fueron detenidos otros tres empresarios, que se suman a las seis personas arrestadas entre el lunes y el martes y que, según fuentes de la investigación, "habrían participado en el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obras y servicios". En total son cinco los empresarios detenidos, y todos han confesado el pago de comisiones ilegales al consorcio público.

Los considerados cabecillas del entramado -Damián Amengual, ex gerente del consorcio; Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios; y María Auxiliadora Pérez, esposa de éste- pasarán hoy a disposición judicial, después de haber permanecido tres días en los calabozos de Palma. Ayer se confirmó, además, la imputación de otros dos ex altos cargos del PP: Juan Francisco Gálvez, miembro de Nuevas Generaciones y ex director general de Juventud, y María Reyes Carbonell, diputada del PP en el Consell de Mallorca entre 1995 y 1999.

Gálvez, que fuera superior directo de los presuntos líderes de la trama y hombre de confianza de la ex consejera de Presidencia Rosa Puig, compareció con el semblante serio y se negó a responder a las preguntas de los investigadores. Horas antes, María Reyes había negado toda relación con la trama. La dirigente acusó a Gosálbez y su esposa de implicarla, mediante la falsificación su firma, en una de las principales causas que se investigan: un lucrativo contrato por el cual Gosálbez se habría autoalquilado un local por valor de 54.000 euros anuales, manipulando posteriormente el documento para obtener un préstamo bancario por la misma cantidad.

Se da la circunstancia, no obstante, de que el inmueble había pertenecido previamente a un familiar directo de Carbonell. Asimismo, un segundo local propiedad de la misma familia acoge la sede de la Dirección General de Juventud, a través de un contrato de alquiler que, presuntamente, se realizó eludiendo los trámites administrativos obligatorios y se adjudicó a cambio de una comisión de 24.000 euros.

Ayer trascendió también parte de la declaración de María Auxiliadora Pérez, esposa de Gosálbez. La mujer figura, junto a su marido, como titular de la sociedad pantalla Grupo Fanodi Gestión, utilizada en los supuestos negocios sucios de Turismo Joven. Pero, ante las preguntas de los inspectores, se desmarcó por completo de la trama y acusó a su marido de haberla utilizado como testaferro. Pérez dijo haber firmado documentos "a ciegas" por orden de Gosálbez, del que aseguró encontrarse en trámites de separación.

Quién es quién en el entramado corrupto

- Juan Francisco Gosálbez (ex jefe de Servicios y Mantenimiento del Consorcio de Turismo Joven) es el supuesto cabecilla de la trama. Está imputado por el cobro de comisiones, por autoalquilarse un local por el importe exacto de su hipoteca y por pagarse viajes de lujo con dinero público. Se ha negado a declarar y pasará hoy a disposición judicial.

- Damián Amengual (ex gerente del Consorcio de Turismo Joven), considerado un "hombre de paja" a las órdenes de Gosálbez, está imputado por el alquiler irregular de dos locales a cambio de contraprestaciones económicas. Se ha negado a declarar y pasará hoy a disposición judicial.

- María Auxiliadora Pérez (esposa de Juan Francisco Gosálbez) figura, junto a su marido, como titular de la sociedad fantasma utilizada para desviar fondos públicos. Acusa a su marido de emplearla como testaferro. Pasará hoy a disposición judicial.

- Jaime Cerdá (ex contable del Consorcio de Turismo Joven) era el responsable de las arcas de la entidad pública durante el período en que se cometieron los presuntos delitos sin que quedara constancia alguna. Está en libertad con cargos.

- Marcos Pérez (empresario de la construcción) confesó haber pagado una comisión de 60.000 euros a Gosálbez por haberle encargado la reforma de un local. Está en libertad con cargos.

- Juan Francisco Gálvez (ex director general de Juventud del Gobierno del Jaume Matas) se negó ayer a declarar tras ser citado por Anticorrupción como imputado en la trama.

- María Reyes Carbonell (ex diputada del Partido Popular en el Consell de Mallorca) negó toda implicación en la trama y justificó la aparición de su firma en un alquiler fraudulento como una falsificación a cargo de Gosálbez y su esposa.

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Comunidad foral de Navarra
 
PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA DUDA DE MEDIDAS DEL PACTO
Finanzas.com (Comunidad Foral de Navarra) - 31 de julio de 2008
 
 
La plataforma por una vivienda digna (PVD) ha señalado en un comunicado que las medidas planteadas en el pacto foral por la vivienda "no son del todo acertadas" para solucionar los problemas existentes.

En este sentido, la PVD cree que, en general, las más de 50 medidas propuestas en el plan foral de vivienda "no van a hacer diana" en la solución del problema del acceso a la vivienda en el momento actual de crisis inmobiliaria.

Para la plataforma, el objetivo principal de la política en este área debería ser la bajada de precios tanto en la vivienda libre como en la protegida.

En el primer caso, la PVD afirma echar en falta medidas que ofrezcan a los ayuntamientos alternativas de financiación para que ésta no se base en la venta de suelo, lo que "encarece enormemente" el precio final de las viviendas.

Respecto a la vivienda protegida, la plataforma señala que en el pacto no se proponen bajadas del precio del módulo, lo que ha provocado que, "mientras los pisos libres bajan, las viviendas protegidas paradójicamente suben, haciendo que se diluya la función social de las mismas".

Lo demuestran, destaca la PVD, los 960 rechazos de viviendas protegidas de la última campaña de compra de VINSA de 2007.

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