BOLETÍN DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008
 
 
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España y vivienda
 
ZAPATERO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN 3.000 MILLONES AL RESCATE
EuropaPress.es - 10 de septiembre de 2008
 
'rescate' financiero del sector inmobiliario

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hoy que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pondrá en marcha una nueva línea de mediación, dotada inicialmente con 3.000 millones de euros, que permitirá a los promotores inmobiliarios ampliar los plazos de sus préstamos para construcción de viviendas a cambio de que pongan éstas en el mercado del alquiler durante un periodo determinado de tiempo.

Durante su intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar de la situación económica, el presidente avanzó también que el Ejecutivo autorizará las presencia de sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que gozarán de un "régimen fiscal favorable", facilitando el acceso a la inversión en inmuebles al pequeño y mediano ahorrador y aportando liquidez al sector.

En materia de empleo, Zapatero señaló que los Presupuestos de 2009 recogerán un "esfuerzo adicional" directamente vinculado con las consecuencias del "estancamiento" económico, a través de una dotación de 1.500 millones euros adicionales para cubrir las prestaciones por desempleo.

Antes de presentar estas nuevas iniciativas, Zapatero reconoció que desde el mes de julio, cuando compareció por última vez, se ha confirmado un escenario económico "serio y preocupante" e incluso se ha "agravado" esta percepción.

Sin embargo, subrayó el "positivo" descenso del precio del petróleo durante este periodo. En este sentido, apuntó que si esta variabilidad se mantiene en los niveles actuales, todo permite prever una caída de la inflación en septiembre de cuatro décimas, al igual que en agosto, hasta cerrar el año por debajo del 4%.

Zapatero señaló, por otra parte, que el Gobierno afronta la situación con "plena consciencia y responsabilidad". Si bien, avisó que "el grueso de medidas que dependen sólo del Gobierno ya está aprobado" y que no hay que esperar, a parte de las medidas anunciadas hoy, "una nueva batería de anuncios y propuestas", ya que "no tiene sentido improvisar o aprobar todos los días nuevas iniciativas".

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LAS CCAA SE LANZAN AL RESCATE DE LOS PROMOTORES
Expansión.com - 28 de agosto de 2008
 
La Comunidad de Madrid, Castilla La-Mancha y Cataluña acaban de poner en marcha planes para reactivar el mercado de la vivienda y facilitar la compra de un piso a los ciudadanos.

No ha hecho falta esperar mucho. Tan solo que la crisis inmobiliaria empiece a dar muestras de su potencia para triturar empleos. Atrás quedó la voluntad del vicepresidente Solbes de que el sector purgase en solitario sus pecados. El terror se ha adueñado de los responsables públicos. Y las administraciones autonómicas se han embarcado en un proyecto tan ambicioso como polémico: salvar al inmobiliario.

En el último mes se han conocido los planes de socorro de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla La-Mancha. A éstos se suman los proyectos de Murcia, Baleares y Aragón en un sentido parecido. Según las declaraciones de sus responsables, el objetivo es “facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos”, pero a nadie se le escapa que de camino se le va a echar una mano a los promotores.

“El sector de la construcción no son sólo los empresarios, sino miles y miles de trabajadores. Éso es lo que nos preocupa”, concede Julián Sánchez Pingarrón, consejero de Vivienda de Castilla La-Mancha. A pesar de este fin común, los tres planes más recientes difieren mucho en su contenido, aunque todos han obtenido el beneplácito de la industria del ladrillo.

En el caso de Madrid y Cataluña, la idea es dar salida al stock de vivienda acumulado sin vender. En cambio, el plan de Castilla La-Mancha busca que se sigan construyendo inmuebles –para evitar más pérdida de empleo–, aunque más accesibles al bolsillo de todos los ciudadanos.

Madrid ha llegado a un acuerdo con los promotores y con las entidades financieras: ellos bajan hasta un 20% los precios y ellas dan créditos que antes no daban (alrededor de 3.500 millones de euros), “en condiciones preferentes”, tal y como afirma la consejera de Vivienda de la CAM, Ana Isabel Mariño.

En Cataluña, se establecen, igual que en Madrid, unos precios máximos para que el inmueble acceda al programa. Pero también un máximo de renta, que ronda los 46.000 euros brutos anuales, para que los ciudadanos puedan entrar en el mismo –ver gráfico–. El plan catalán cuenta además con créditos a interés fijo del 5,70%, –hasta 18 entidades financieras, entre ellas, las mayores del país, se han comprometido a ofrecerlos–. Asimismo, la Generalitat subvenciona con el 2% del precio la compra del inmueble y avala un crédito extraordinario del 20% del precio –no el principal, del 80%–.

Estas diferencias se explican, a ojos de Josep Donés, secretario de la federación catalana de la APCE –la patronal de constructores y promotores– porque Cataluña, a diferencia de Madrid, “no ha hecho casi nada de vivienda protegida (VPO) en los últimos años”.

El decreto catalán se asemeja a un nuevo tipo de VPO de precio medio, pero con la diferencia de que cualquier particular o promotor puede vender bajo ese paraguas, si cumple las condiciones de precio. En cambio, el acuerdo de Madrid intenta solucionar el problema del stock de los promotores, pactando una rebaja en el precio, aunque hay dudas de su viabilidad. “La CAM no acaba de darse cuenta de que el problema es de liquidez. En el acuerdo, nadie se compromete a nada”, indica Pedro Juez, profesor titular de Economía Aplicada de la UNED. La ventaja es su coste: cero euros; por 14.000 millones del plan de la Generalitat.

Caso distinto es el de Castilla La-Mancha, cuya estrategia se dirige a promociones que se construyan a partir de ahora. La Junta apuesta también por unos requisitos de precio y de renta, pero se reserva el derecho a incluir las promociones en el programa. Es decir, sólo entrarán las que la Junta estime “necesarias”, explica Sánchez.

Lo más llamativo de este último plan es que la Consejería se compromete a comprar aquellas viviendas que los promotores no puedan vender en el plazo de un año. “Pero vamos a analizar primero la demanda y luego firmaremos el convenio con el promotor. Puede que fallen uno o dos compradores en cada promoción, pero no más”, estima el consejero.

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LA VIÑETA: DEUDAS, DEUDAS Y MÁS DEUDAS
FinanzasSanas.com - 24 de septiembre de 2008
 
 
 
 
SÓLO MITAD DE JÓVENES QUE HAN SOLICITADO AYUDA HAN COBRADO
LibertadDigital.com - 18 de septiembre de 2008
 
 
Tras ocho meses de la puesta en marcha de la Renta Básica de Emancipación, tan sólo el 45,5% de los jóvenes que cuyas solicitudes han sido admitidas han cobrado el dinero de la ayuda. Según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, a 31 de agosto se habían presentado 167.000 solicitudes, de las que las CCAA resolvieron ya 105.000, y de ellas 83.000 fueron calificadas como positivas. Sin embargo, tan sólo 37.000 han recibido el dinero.

Más de 37.000 jóvenes están recibiendo ya la Renta Básica de Emancipación, la ayuda al alquiler de 210 euros al mes para personas de entre 22 y 30 años, aseguró hoy la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en su comparecencia ante la Comisión de Vivienda en el Senado.

Corredor concretó que a 31 de agosto de este año se habían presentado 167.000 solicitudes, de las que las comunidades autónomas resolvieron ya 105.000, y de ellas 83.000 fueron calificadas como positivas.

En los ocho primeros meses del año, los jóvenes de Andalucía presentaron 20.603 solicitudes que derivaron en 4.270 pagos; en Aragón se registraron 4.795 peticiones que se resolvieron en 1.956 pagos, en Asturias hubo 4.682 solicitudes y 2.188 pagos, y en Canarias 8.073 peticiones y 1.027 pagos. En Andalucía tan sólo han cobrado el 20% de los solicitantes

En la comunidad de Cantabria se presentaron 1.107 solicitudes que derivaron en 408 pagos; en Castilla y León 12.511 peticiones que dieron lugar a 3.793, en Castilla-La Mancha hubo 8.060 solicitudes y 3.941 pagos, y en Cataluña 26.702 peticiones y 3.888 pagos.

En la ciudad autónoma de Ceuta, 151 jóvenes presentaron la solicitud para la ayuda y se efectuaron 65 pagos, en Extremadura hubo 3.241 solicitudes y 1.137 pagos; en Baleares, 3.477 solicitudes y 1.228 pagos, y en Galicia 15.970 peticiones y 2.812 pagos.

La Rioja recibió 813 solicitudes para recibir la ayuda que derivaron en 84 pagos, en Madrid fueron 37.740 peticiones y 2.441 pagos, mientras que en la ciudad de Melilla se contabilizaron 331 solicitudes y 133 pagos. Las cifras son “manifiestamente mejorables”, según Corredor

La comunidad autónoma de Murcia recibió 1.954 solicitudes y 626 pagos; Navarra contabilizó 2.654 peticiones y 1.428 pagos; País Vasco, 1.020 solicitudes y 3.042 pagos, y la Comunidad Valenciana tuvo 9.579 peticiones y 3.275 pagos.

La ministra de Vivienda explicó este jueves que estas cifras son "manifiestamente mejorables" y expresó su confianza en que las comunidades autónomas puedan resolver el índice de solicitudes recibidas "en los próximos meses".

Asimismo, insistió en que el Gobierno está realizando "puntualmente" la totalidad del pago de la renta básica de emancipación, ante las acusaciones lanzadas por varios de los senadores, y aseguró que son algunas comunidades autónomas las que no resuelven las solicitudes.

En este sentido, Corredor indicó que mientras comunidades como Castilla-La Mancha han tramitado el 99 por ciento de las solicitudes, hay otras que no, "como Madrid, que apenas ha resuelto el 38 por ciento", a pesar de ser la que más peticiones ha recibido, más de 37.000.

En los últimos meses algunos colectivos de jóvenes han denunciado el retraso en el pago de las ayudas, debido a la demora en la tramitación de las solicitudes por parte de algunas comunidades autónomas, así como al control del fraude que desde el verano lleva a cabo el Gobierno sobre los beneficiarios de esta iniciativa. El Congreso insta a efectuar el pago en un plazo máximo de 2 meses

Para paliar esta situación, el Congreso de los Diputados aprobó el miércoles una proposición no de ley que insta al Gobierno a efectuar el pago de la renta básica de emancipación con un plazo máximo de dos meses desde la aprobación de la solicitud por parte de las Comunidades Autónomas.

La iniciativa, presentada por CiU en la Comisión de Vivienda de la Cámara y que incluía una enmienda de transacción del PSOE, insta también a las comunidades autónomas a agilizar los trámites para el reconocimiento de la ayuda de 210 euros mensuales.

Durante su intervención de ayer, el presidente de la Comisión Pere Macias denunció que el Real Decreto que regula la renta básica de emancipación no recoja "ningún plazo" para que el Ministerio de Vivienda proceda a pagar la ayuda, a pesar de que dicta un máximo de 2 meses a las Comunidades Autónomas para resolver las solicitudes.

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SEIS DE CADA DIEZ VIVIENDAS ALQUILADAS NO SE DECLARA
ABC - 06 de octubre de 2008
 
 
El 60% de los alquileres (más de 1.028.000 arrendamientos) no se declaran anualmente a Hacienda, porcentaje que, con todo, se ha reducido en seis puntos porcentuales en el último trienio, según a II edición del Estudios sobre Evolución sobre los Alquileres Sumergidos en España, del colectivo de los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Además, el informe -elaborado a partir del cruce de los datos relativos al periodo 2004-2006 del Ministerio de Vivienda y la declaración del IRPF- apunta que las rentas derivadas del arrendamiento de vivienda aumentaron un 1,6% en el trienio analizado, hasta alcanzar los 2. 100 millones de euros anuales.

Por otro lado, Gestha destaca que, si bien las medidas adoptadas por el Ejecutivo contribuyeron a dinamizar "incipientemente" el mercado del alquiler, con un incremento de 118.045 declarantes en estos tres años, el 14,8% de la viviendas aún están vacías.

Además, el rendimiento medio por alquiler declarado creció por encima del número de declarantes, situándose en una media de 3.924 euros anuales, lo que supone un incremento del 4,7%, apenas unos 90 euros en todo el periodo.

Posibles medidas

Ante este panorama, Gestha aboga por que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario.

Asimismo, el colectivo plantea modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y un incremento del número de juzgados para agilizar estos procesos.

Cataluña, a la cabeza

Por comunidades autónomas, Cataluña concentró el mayor número de rentas sumergidas en 2006, con 299.065 viviendas, seguida de Madrid (201. 392), Andalucía (184. 586), Comunidad Valenciana (69. 725), Canarias (63. 202), Galicia (42. 350), Baleares (33. 126), Castilla y León (32. 585) y Asturias (26. 168).

Cierran la lista, Extremadura (22. 417), Murcia (18. 830), Castilla-La Mancha (15. 812), Aragón (10. 643), Cantabria (6. 427) y La Rioja (1. 701).

Asimismo, el porcentaje de viviendas alquiladas y no declaradas en relación al total alcanzó el 73, 5% en Andalucía, seguida de Extremadura (71, 8%), Canarias (66, 5%), Murcia (64, 9%) y Cataluña (64, 7%).

A continuación se situaron Madrid (60%), Baleares (58, 5%), Comunidad Valenciana (54, 8%), Asturias (52, 7%), Galicia (44, 7%), Cantabria (44, 5%) y Castilla-La Mancha (42, 6%). A la cola se situaron Castilla y León (42, 5%), La Rioja (23, 1%) y Aragón (22, 7%).

Por otro lado, el fraude estimado de alquileres de viviendas entre cayó entre 2004 y 2006 un descenduió un 51, 9% en La Rioja, por delante de Castilla-La Mancha (-27, 9%), Aragón (-26, 7%), Cantabria (-21, 1%), Galicia (-12, 5%), Castilla y León (-12, 02%), Murcia (-16, 5%), Extremadura (-6, 7%), Asturias (-4, 6%), Comunidad Valenciana (-4, 2%) y Baleares (-0, 4%).

En el capítulo de incrementos, se situaron Cataluña (+10, 5%), Madrid (+8, 6%), Canarias (5, 05%) y Andalucía (+1, 09%).

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MÁS DE 900.000 VIVIENDAS DE AÑOS DEL‘BOOM’ ESTÁN VACÍAS
Cotizalia.com - 28 de agosto de 2008
 
El espectacular crecimiento de la oferta de viviendas registrado en los últimos años tiene su cara amarga. En un país en el que el precio del metro cuadrado está por las nubes (2.095 euros por metro cuadrado de media para la vivienda libre en el conjunto del territorio), el stock de viviendas vacías ha crecido de forma vertiginosa en los últimos años. En concreto, en torno a las 900.000. O dicho de otra forma, de las 3,5 millones de viviendas que se han construido desde el año 2001, “no menos del 28%” pueden considerarse vacías.

Los datos los acaban de publicar los profesores Bielsa Callau y Duarte Pac (del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza) en un publicación oficial, Información Comercial Española (ICE), y ponen de manifiesto hasta que punto la demanda de vivienda en los últimos años tiene un fuerte componente especulativo. Es decir, que se han comprado casas no para ser habitadas sino para obtener plusvalías.

Los datos del informe se han elaborado a partir de una comparación entre el número de viviendas construidas (nuevas) y el de hogares creados en los últimos años, contando para ello como fuente la información que suministra el Instituto Nacional de Estadística (INE) Y el resultado refleja inicialmente que desde el año 2001 se han construido 1,8 millones de viviendas nuevas que pueden considerarse ‘no principales’, ya que en ellas no viven sus propietarios. Los autores del estudio, sin embargo, matizan que buena parte de las casas construidas “son segundas residencias en sentido estricto”, por lo que no pueden considerarse vacías, ya que sus dueños las ocupan de forma esporádica. Según sus conclusiones, en esta situación se encontrarían unas 900.000 viviendas nuevas, por lo que el resto (hasta 1,8 millones) pueden considerarse vacías.

A su juicio, “esto significa que con toda probabilidad hemos aumentado la proporción de viviendas vacías y segundas residencias que había en 2001, pero esta vez con obra nueva”. En el Censo de 2001 -el ultimado de estas características publicado por el INE- ya se hablaba de la existencia de tres millones de pisos (de los casi 21 millones que había por entonces) desocupados por sus propietarios, ya que ni los utilizaban como vivienda principal ni como secundaria. Esto significa que en estos momentos habría unos cuatro millones de pisos sin inquilino.

Para realizar esta estudio, los profesores Bielsa y Duarte no han tenido en cuenta el número de viviendas de segunda mano que han salido al mercado en los últimos años, y que lógicamente han sido compradas (en un número indeterminado) por los individuos o parejas que han formado nuevos hogares. Si se añadiera esa cantidad de viviendas que ha salido al mercado, el resultado sería que el número de casas nuevas construidas desde 2001 que permanecen desocupadas, serían notablemente superior. Según se desprende del estudio, “aún en el hipotético caso de que la totalidad de los nuevos hogares se instalase en una vivienda nueva, habríamos generado un stock de vivienda no principal de cerca de un millón de unidades”.

La sobreoferta de viviendas, según la mayoría de los analistas, es una de las causas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, toda vez que el desajuste entre oferta y demanda ha ido creciendo de forma cada vez más intenso en paralelo a la subida de los tipos de interés, que ha encarecido el crédito y con ello ha restringido la adquisición de viviendas.

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BRUSELAS ESTRECHA EL CERCO A 250 URBANIZACIONES ESPAÑOLAS
Expansión.com - 27 de septiembre de 2008
 
 
La investigación afecta a urbanizaciones proyectadas o en construcción en Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha.

La Comisión Europea (CE) ha pedido información a España sobre más de 250 urbanizaciones proyectadas o en fase de construcción que no disponen de recursos hídricos suficientes. El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, anunció ayer la decisión de Bruselas en respuesta a una pregunta parlamentaria de David Hammerstein, eurodiputado español de Los Verdes.

Los proyectos, ubicados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, cuentan con permiso de construcción o están pendientes de su obtención pese a no haber recibido el visto bueno de las confederaciones hidrográficas autonómicas, según explicó Hammerstein.

El responsable europeo también reclamó a Madrid un listado de “desarrollos urbanísticos rechazados por la confederación hidrográfica respectiva y que están pendientes de la aprobación”. Asimismo, pidió al Gobierno español que explique sus planes “para garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua” de la Unión Europea, concebida para preservar la calidad y cantidad de los recursos hídricos a medio y largo plazo. Esta directiva, aprobada el año 2000, obliga a los Estados miembros a “garantizar el abastecimiento de agua potable a la población”.

Según el europarlamentario ecologista, la investigación de la CE “puede poner en entredicho legal centenares de miles de viviendas que se proyecta construir en zonas con una escasez hídrica endémica”.

Crisis inmobiliaria

El aviso de Bruselas a España llega en plena crisis inmobiliaria, con proyectos de construcción paralizados por la crisis y muchas empresas del sector con graves problemas para dar salida a los inmuebles ya construidos. Hammerstein avanzó ayer que entre las urbanizaciones que se van a investigar figuran “muchas urbanizaciones muy grandes y muy importantes”, aunque no desveló cuáles son.

El dictamen sobre la disponibilidad de recursos hídricos elaborado por una confederación hidrográfica es preceptivo, pero no jurídicamente vinculante, ya que la Directiva Marco del Agua de la CE no entra en vigor hasta 2009. No obstante, las autoridades europeas tienen competencia para actuar contra aquellos proyectos que comprometan el futuro cumplimiento de la directiva.

La decisión de la Comisión Europea no afecta únicamente al sector de la construcción, sino que entra de lleno en la denominada guerra del agua, una lucha encarnizada que sigue enfrentando a las comunidades autónomas sin tener en cuenta su color político, ya que el esfuerzo de PSOE y PP por diseñar una política de partido con respecto al agua no termina de cuajar por los intereses contrapuestos que mantienen en esta materia las comunidades del centro y de la costa mediterránea.

Bruselas etiquetará en la botella el origen del aceite de oliva

Si la nueva propuesta de la Comisión Europea (CE) sale adelante, en un futuro inmediato, deberá aparecer en todas las etiquetas de aceite de oliva de origen español, virgen y extra-vírgen que se vendan en la Unión Europea dicha denominación de manera obligatoria. La CE está preparando un reglamento para que se instaure de manera obligatoria que en las etiquetas de aceite de oliva virgen y extra-virgen, se especifique el origen geográfico de ese aceite.

Hasta ahora la normativa europea, en vigor desde 2002, estipula que el etiquetado del origen del aceite de oliva será solo optativo, lo que según ha dicho la CE no ha dado los resultados esperados.

Es decir, hasta ahora los consumidores europeos tienen una información insuficiente y en muchos casos errónea sobre la procedencia del aceite que consumen. La CE estima que los aceites de oliva son diferentes por su sabor, olor y calidad, que en gran medida depende de su origen geográfico, así como de las tradiciones agrícolas y las prácticas regionales, entre las que se incluye también la manera de extraerlo y cómo se hacen las mezclas.

La propuesta que prepara la CE prevé que cuando el aceite de oliva venga de un solo país, deberá llevar en la etiqueta el nombre de ese país. Si, en cambio, proviene de mezclas de aceites de diferentes países, se deberá poner en la etiqueta que ese aceite procede de “una mezcla de aceites de oliva de la Unión Europea” o indicaciones equivalentes.

Además se incorporarán de manera obligatoria una serie de características referentes al gusto y olor de los aceites de oliva virgen y extra-virgen, que han sido definidos por el Consejo internacional de aceite de oliva. La última palabra la tienen ahora los Estados miembros y será ahí donde se vea si España tiene fuerza suficiente para superar la esperada oposición de Italia, el principal cliente del aceite de oliva español, campeón en los mercados internacionales. El voto debería decidirse antes de finales de año y en caso favorable este reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2009.

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Más de 300.000 casas, riesgo de expropiación por Ley Costas
CincoDías.com - 02 de septiembre de 2008
 
 
El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado la expropiación de más de 300.000 casas en los últimos años al encontrarse situadas en los primeros cien metros del litoral y vulnerar lo establecido por la Ley de Costas. Los afectados, que aún ocupan sus casas, amenazan con dejar de pagar las hipotecas y ya han elevado una queja formal al Parlamento Europeo ante la actitud 'arbitraria y abusiva' de Medio Ambiente.

Tener una casa a pie de playa es el sueño de muchos españoles. Pero si esa vivienda se encuentra dentro de la zona de protección del litoral (el denominado dominio público marítimo terrestre), fijada en la Ley de Costas, puede ser expropiada y el sueño puede convertirse en pesadilla.

En esa situación se encuentran en la actualidad más de 300.000 familias, según los cálculos realizados por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que agrupa a 20.000 personas que han perdido la propiedad de su domicilio al encontrarse amenos de 100 metros de la línea de mar.

El primer paso para llevar a cabo la expropiación lo realiza el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, que abre un expediente de deslinde, normalmente de oficio, sin necesidad de que medie una denuncia. De esta forma, el Estado recupera la titularidad del suelo en el que se asienta la vivienda, ya que ese terreno es considerado zona protegida. A cambio, se otorga al propietario una concesión administrativa para que ocupe la casa durante 30 años, prorrogables otros 30. Sin embargo, esa concesión puede ser revocada en cualquier momento sin previo aviso, tal y como denuncia Carmen del Amo, portavoz de la Plataforma. "Esa decisión crea una inseguridad jurídica para los propietarios, que ven como se les despoja de su casa y en muchos casos acaban en la calle con una deuda millonaria", señala. Fuentes de la administración reconocen que la falta de ingresos es lo que provoca en muchos casos, el retraso en el desalojo de las familias, ya que es en ese momento cuando hay que indemnizarlas.

Los expedientes habían permanecido paralizados hasta 2004, fecha en la que llegó Cristina Narbona a Medio Ambiente. La lucha contra la presión urbanística se convirtió en una prioridad y el deslinde del litoral se aceleró. "Quiso hacer en cuatro años lo que no se había hecho en los 15 anteriores", recalca Del Amo. En tres años (2005- 2007) se alcanzó un récord al deslindarse 1.500 kilómetros de costa.

En este escenario, los miembros de la Plataforma han intentado, sin éxito, alcanzar un acuerdo con bancos y cajas para lograr condiciones especiales que les permitieran alargar los créditos. "No hemos obtenido ninguna respuesta y hemos amenazado con no pagar las hipotecas. No tiene sentido seguir haciéndolo, si van a derribar las casas", apunta Del Amo.

El siguiente paso ha sido presentar un escrito ante el Parlamento Europeo por la aplicación "retroactiva, arbitraria y abusiva" que, a su juicio, Medio Ambiente hace de esa norma. "La aplicación de la ley podría vulnerar la libre circulación de capitales. Hay muchos extranjeros que vendieron su patrimonio y vinieron a España para jubilarse", apunta Del Amo. "Si ahora se les expropia la casa, ¿qué les queda?", dice.

Centrados en las viviendas iniciadas en los 60 y 70

Una de las principales reivindicaciones de los afectados por los expedientes de deslinde es la arbitrariedad con la que actúa el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Costas. "El trabajo de expropiación se ha centrado en abrir expedientes de deslinde, con carácter retroactivo, sobre edificaciones que fueron iniciadas en los años 60 ó 70, muchos años antes de 1988, cuando fue aprobada la ley de Costas, y se ha dejado de lado a todas las casas que se comenzaron en los años del boom inmobiliario", apunta Del Amo.

De hecho, la explosión urbanística se produjo a finales de la década de los 90, con la ley de Costas ya en vigor. Entonces, la presión de promotores y ayuntamientos permitió introducir modificaciones en dicha norma para eludir la prohibición de construir cerca del mar.

Así lo denuncian desde Greenpeace, donde señalan que en 2002 se introdujo un cambio en la legislación, que, a su juicio, ha sido el principal responsable del crecimiento de la presión urbanística en el litoral.

Esa modificación fue la que permitió, según la organización ecologista, que se pudiera construir en suelo urbano a menos de veinte metros de la línea del mar, siempre y cuando existiera otro conjunto de edificaciones que se encontraran a esa distancia.

La Plataforma ya ha solicitado una reunión con la nueva directora general de Costas, Alicia Paz, cuyo nombramiento se hizo oficial el 4 de julio, con la que esperan tener mejor sintonía que con su antecesor en el cargo, José Fernández.

LEGISLACIÓN: Distancia mínima de cien metros al mar

¿Cuándo se aprobó la Ley de Costas y cuáles eran sus principales objetivos?

La Ley de Costas fue aprobada en julio de 1988 y sus principales objetivos eran proteger al litoral español del crecimiento de la población y de la intensificación de usos agrícolas, turísticos o industriales.

¿Qué distancia mínima establece para la construcción de una vivienda?

El espacio mínimo es de 100 metros entre la vivienda y la línea de costa. La ley faculta a la Administración del Estado, siempre que alcance un acuerdo con las comunidades autónomas y los entes locales, a ampliar esa distancia mínima otros 100 metros cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la protección.

¿Qué ocurre cuando una casa no respeta la distancia establecida por la ley?

La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, puede abrir de oficio un expediente de deslinde sobre cualquier propiedad que se encuentre en el dominio público. De esta forma, la propiedad del suelo pasa directamente al Estado.

Una vez resuelto el expediente, ¿cuáles son las posibilidades que le quedan al propietario de la casa?

Finalizado el expediente, Medio Ambiente otorga una concesión de ocupación por 30 años, ampliable a otros 30. No obstante, desde la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas advierten que esa concesión puede verse anulada de forma discrecional en cualquier momento, "lo que eleva la incertidumbre sobre miles de hogares endeudados con hipotecas".

Si se anula la concesión de ocupación, ¿se recibe algún tipo de indemnización?

Sí. Medio Ambiente realiza una valoración de la casa sin tener en cuenta el suelo e indemniza al dueño. Las cuantías suelen oscilar entre los 10.000 y 15.000 euros, según los afectados.

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Gobierno ampliará el límite de los ingresos para acceder VPO
El Mundo - 29 de octubre de 2008
 
El nuevo Plan de Vivienda incluirá facilidades para alquilar casas protegidas. Se ampliará la horquilla de ingresos a 4,5 veces el IPREM para la ayuda a la entrada

El Gobierno quiere ampliar el número de beneficiarios que puedan acogerse a las ayudas para acceder a una vivienda protegida. Esta es una de las iniciativas que recoge el Ministerio de Vivienda en el borrador del nuevo Plan 2009-2012 y que discutirá mañana con las autonomías en conferencia sectorial, asegunda en ters meses. La primera de ellas tuvo lugar en junio.

El Departamento que dirige Beatriz Corredor es consciente de que los desorbitados precios que han adquirido los inmuebles en los últimos años dejan fuera del mercado libre a muchas familias pero que, por volumen de ingresos, tampoco pueden solicitar a una VPO. Por ello, se ampliará la horquilla de ingresos hasta 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para acogerse a la ayuda directa a la entrada. Así, los hogares con ingresos hasta 27.912 euros tendrán derecho a solicitar esta subvención para la compra de un piso protegido.

Vivienda también quiere aprovechar la redacción del nuevo plan para ampliar las posibilidades de acceso a una casa protegida en alquiler. Así, extenderá el límite de ingresos hasta seis veces el IPREM (37.216 euros al año) para poder ocupar como inquilino una vivienda pública.

De otra parte, el Gobierno pretende hacer compatible el disfrute de la renta básica de emancipación (RBE) -210 euros mensuales para el alquiler de los jóvenes- con la ocupación de una VPO en régimen de arrendamiento.

En el campo de las ayudas, Vivienda quiere suprimir la subvención de 6.000 euros del actual plan para aquéllos propietarios que saquen sus inmuebles al mercado del alquiler.

El ministerio incluye otras novedades en el documento encaminadas a potenciar la vivienda protegida en alquiler, la rehabilitación de edificios y la creación de suelo para construir pisos a un precio asequible:

- Colectivos específicos. El nuevo plan dispondrá de líneas de financiación para la edificación de alojamientos protegidos en alquiler destinados a la comunidad docente (investigadores o científicos) y grupos con necesidades como mujeres maltratadas, separados, divorciados, personas mayores o discapacitados.

- Registro de demandantes. Obligará también a las autonomías a crear un registro de demandantes de pisos protegidos en compra o en alquiler en un plazo máximo de un año para poder solicitar financiación pública y complementar sus planes de viviendas.

- Ayudas a promotores. Aumentará la ayuda y la financiación a los promotores para adquirir y urbanizar suelo, siempre y cuando un 50% de esos terrenos se dedique a VPO. Si esa cifra se eleva al 75%, las compensaciones serán superiores. Superficie. Las CCAA tendrán libertad para determinar los metros de los pisos públicos. En ningún caso, el Ministerio financiará construcciones por encima de los 90 metros cuadrados.

- Alquiler con opción de compra. Se financiarán VPO en alquiler sobre las que los inquilinos podrán ejercer su derecho a convertirse en propietarios transcurridos 10 años.

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Solbes dice que el Gobierno 'no puede pagar las hipotecas'
Invertia.com - 24 de septiembre de 2008
 
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, explicó hoy en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo "no puede pagar las hipotecas por cuenta de quien las tiene". En respuesta a las mejoras económicas que propuso el diputado del grupo parlamentario popular Pablo Matos, Solbes aseguró que no le parece una "buena idea incrementar la devolución por adquisición de vivienda".

Explicó que esta medida aplicada "de forma injustificada" ha sido criticada por los organismos internacionales como "una de las causas por las que creció el precio de la vivienda en España más que en otras zonas".

El diputado popular pidió al Ejecutivo que tenga en cuenta el pago de las hipotecas a la hora de calcular las retenciones que se aplican mensualmente en los salarios y que reduzca el Impuesto de Sociedades al 20% para todas las pymes.

Además, Matos exigió al Gobierno que permita que las pymes, "que son las que lo están pasando peor", se beneficien también de la línea de créditos del ICO de 3.000 millones de euros anunciada por el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, para los promotores inmobiliarios.

Solbes respondió que esta iniciativa va destinada a poner más viviendas en el mercado del alquiler y a facilitar el acceso a aquellas familias que carecen de ella, y recordó al diputado popular que hay una línea del ICO para pequeñas y medianas empresas a la que ya tienen acceso.

En cuanto a la petición de los populares para que el Gobierno permita también a las pymes ampliar el plazo de sus préstamos, Solbes espetó: "yo creía que los créditos los concedía la banca y no el sector".

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El Senado pide la desaparición del Ministerio Vivienda
Finanzas.com - 16 de septiembre de 2008
 
 
El Senado aprobó hoy una moción del Grupo Parlamentario Popular que contó con el apoyo de PNV y CiU y que incluye una enmienda del grupo catalán pidiendo la desaparición del Ministerio Vivienda y la dotación de sus recursos a las Comunidades Autónomas.

La iniciativa contó con 128 votos a favor frente a 120 en contra (del PSOE y Entesa) y salió adelante a pesar de que sólo votaron 248 de los 264 senadores, al contar el grupo socialista con minoría en la citada Cámara.

La moción reclama una serie de medidas al Gobierno para mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, entre ellas un acuerdo nacional sobre vivienda y suelo que reúna a los sectores financieros e inmobiliarios para luchar contra el fraude y la corrupción urbanística.

El texto, defendido en la Cámara por el senador popular García Ballesteros, fue rechazado en un principio por el Grupo Nacionalista Vasco, que cambió finalmente su voto tras conocer la aprobación de la enmienda de CiU que proponía destinar los recursos del Ministerio que dirige Beatriz Corredor a las Comunidades Autónomas.

La moción también contempla deducciones por la adquisición de vivienda de hasta 10.000 euros con un tipo de interés del 25 por ciento máximo, así como incentivos a los Ayuntamientos para que desarrollen más suelo en plazos más breves y a precios más asequibles.

El grupo socialista rechazó la moción al considerar que las propuestas "no contribuirían" a la moderación de los precios de la vivienda, al tiempo que recordó que diversos organismos internacionales e incluso el mismo ex ministro popular de Economía Rodrigo Rato rechazaron las reducciones fiscales a la adquisición de vivienda al considerar que fomentan la construcción abusiva de inmuebles.

Por su parte, la senadora del Grupo Entesa Catalana de Progrés Maite Arqué desestimó la moción al considerar que la propuesta del PP de formar una "mesa nacional" para la vivienda ya está siendo llevada a cabo por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en su intención de aunar las voluntades de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en el texto que conformará el próximo Pacto Estatal para la Vivienda 2009-2012.

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España sigue ganando puestos en mapa de países más corruptos
ElEconomista.es - 08 de septiembre de 2008
 
 
La corrupción ha empeorado en España, según la opinión de analistas y empresarios, lo que representa un "grave" problema para el país, ya que un aumento de la percepción de la corrupción conlleva una pérdida de la inversión extranjera.

Así se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción 2008 de Transparency Internacional, que mide el grado de corrupción percibido en funcionarios y políticos de 180 países y que fue presentado hoy en Madrid por el presidente de la organización en España, Jesús Lizcano, y el catedrático Manuel Villoria.

España ha perdido en un sólo año tres puestos en el ránking de los países menos corruptos, al pasar del lugar 25 al 28, en tanto que su puntuación ha bajado 0,60 puntos desde 2004, año en el que obtuvo una nota de 7,10, frente al 6,50 que ha logrado en 2008.

Villoria explicó que este empeoramiento obedece más al hecho de que han aflorado los casos de corrupción subyacente que existían en España, principalmente relacionados con el ámbito del urbanismo, que a que la corrupción haya aumentado realmente.

En su opinión, la publicación de más información sobre corrupción influye en la percepción de los expertos, que ante la aparición de noticias que implican a alcaldes, jueces o guardia civiles tienden a pensar que hay más corrupción de la que creían.

Añadió que estos casos han aflorado gracias a que hay una mayor exigencia legal, con nuevas normas que afectan a aspectos como la ordenación del suelo, conflictos de interés de altos cargos o sobre financiación de partidos, así como a que los ciudadanos cada vez más reclaman más información y persecución a los corruptos.

190 sentencias relacionadas con el urbanismo

En este sentido, subrayó que en 2007 se dictaron 190 sentencias condenatorias por delitos contra la ordenación del territorio, frente a las 141 de 2006, y que el año pasado había 1.096 procesos abiertos por abusos urbanísticos, frente a los 869 de 2006.

El catedrático avanzó que seguirán aflorando nuevos casos de corrupción, aunque consideró que se reducirán porque hay un mayor control legal y porque, en momentos de crisis como el actual, el sector urbanístico, motor de la corrupción en España, dispone de menos dinero.

No obstante, subrayó que el Gobierno debe seguir trabajando para mejorar la percepción de la corrupción en España, ya que se estima que perder un punto en el índice implica perder inversión extranjera equivalente al 0,5 por ciento del PIB.

Recordó que España necesita mucha inversión extranjera y señaló que el Ejecutivo aún "no ha hecho todos los deberes".

Así, destacó, se necesita "urgentemente" el nuevo Código Penal, que quedó paralizado con el cambio de legislatura, para regular la responsabilidad penal del sector privado en temas de corrupción o dotar de más protección a los que denuncian casos de corrupción.

Reino Unido, Portugal e Italia los que más empeoran Por su parte, Lizcano apuntó que España no es de los países que más empeora del ránking, y destacó que naciones como el Reino Unido, Portugal o Italia han sufrido mayores retrocesos.

En lo que respecta a las conclusiones globales del estudio, subrayó que se mantiene la relación entre pobreza y corrupción, y señaló que lo más preocupante es que el 60% de los 180 países "suspende" en temas de corrupción.

Apuntó que la transparencia "es el mejor antídoto contra la corrupción" y auguró que ésta bajará en España con la caída del sector inmobiliario.

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Los alcaldes tendrán que dar a conocer el sueldo
Levante-EMV.com - 15 de septiembre de 2008
 
 
y todas sus propiedades

Los ciudadanos podrán conocer los bienes y el sueldo de sus alcaldes si prospera la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que está elaborando un Código de Buen Gobierno para garantizar la máxima transparencia en la gestión local.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha explicado que la iniciativa pretende que la declaración de bienes "no esté sólo en los despachos", sino que se publique en la página web de cada ayuntamiento y se facilite a los medios de comunicación al objeto de ser "absolutamente transparentes". También los sueldos de alcaldes tienen cabida en este Código del Buen Gobierno, por lo que la próxima Ejecutiva de la FEMP, que se celebrará a finales de septiembre en Valladolid, estudiará una serie de criterios básicos que fijarían el salario de los regidores.

Según explicó Castro, los sueldos irían en relación al número de habitantes y, así, habría un salario para alcaldes de municipios de menos de 25.000 habitantes, otro para ayuntamientos de 25.000 a 50.000, y así sucesivamente. "Se trata -dijo- de que no se dé la situación actual de que el alcalde de un municipio pequeño cobre más que el presidente de Gobierno". No obstante, apuntó que también se tendrán en cuenta otros criterios y que se hará de una manera racional y auguró que con el modelo que se adopte "unos sueldos se verían mermados y otros podrían subir".

En el Código del Buen Gobierno también se apelará a la participación de los ayuntamientos en los presupuestos a fin de alcanzar un sistema de cogestión, "para que los ciudadanos sean partícipes de su propio futuro". Añadió que esta coparticipación alcanzaría a los planes generales de urbanismo, de forma que cuando se vaya a modificar un plan general, "el proceso sea transparente y público". De esta forma, los ciudadanos tendrán la misma información de la que dispone el órgano de Gobierno de su municipio, "al mismo tiempo y con la misma calidad".

Dos grandes retos

Castro afirmó que sus dos grandes retos son lograr un nuevo marco para la financiación local y un Estatuto de Autonomía local. Para el desarrollo de este último ha instado al Ministerio de Administraciones Públicas a que se cree una Comisión de trabajo que le dé forma.

A juicio de Castro, se trata de gestar una Ley que regule las competencias de los ayuntamientos, que en este momento "son aleatorias" porque "cada alcalde hace de su capa un sayo".

La actual Ley de Bases de Régimen Local data de 1985 y si bien en la pasada legislatura hubo varios intentos de aprobar una normativa para la Administración Local, el hecho es que fue aplazada sin fecha en numerosas ocasiones.

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La VPO se desploma
Expansión.com - 31 de agosto de 2008
 
 
La principal arma electoral del Gobierno ha comenzado a dar sus primeros pasos con el pie cambiado, zancadilleando todas sus pretensiones en sólo tres meses. El PSOE acudió a los pasados comicios generales con una gran idea para mitigar el impacto de la crisis del ladrillo: impulsar la vivienda protegida (VPO) y la obra pública.

José Luis Rodríguez Zapatero puso especial interés en la VPO, ya que le serviría para aportar soluciones en diversos ámbitos, decía. En el empleo, ya que mitigaría la brusca caída del número de trabajadores en la construcción residencial. En el sector inmobiliario, ya que suavizaría el “aterrizaje”, que comenzaba a ser brusco.

Goteaban ya los primeros concursos de acreedores, y fomentar la construcción de pisos protegidos no garantizaría recuperar el nivel de beneficios de la época dorada del boom, pero sí daría unos márgenes de alrededor del 8%, apetecibles hasta para quienes obtenían sistemáticamente más de un 20% de rentabilidad.

Son sólo dos ejemplos de lo que no ha ocurrido. De hecho, la iniciación de VPO no sólo no ha crecido a los niveles que pretendía el Ejecutivo de Zapatero, sino que ha descendido nada menos que un 58,3%. Ello demuestra que las soflamas electoralistas no estaban teniendo continuidad en acciones concretas.

Llama la atención que un Gobierno que promete 150.000 VPO anuales durante diez años vaya camino, hasta ahora, de no promover ni 50.000 en su primer ejercicio. Y la licitación de obra pública no le va a la zaga, ya que cayó un 28% en el primer semestre. Sin embargo, el presidente sigue diciendo, sonrisa en ristre, que ambas actividades siguen “acelerando” gracias a su empeño.

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Los vicios de la vivienda
El Mundo (Su Vivienda) - 19 de septiembre de 2008
 
 
El 'boom' del ladrillo trajo 'chiringuitos' de construcción poco profesionales. Humedades, grietas y malos acabados, los principales defectos de los nuevos pisos. El 95% de los inmuebles que se entregan tienen más de 10 reparaciones pendientes. Las casas, como los coches, tienen una garantía de una década para grandes 'averías'

Vicio: Se denomina así a lo que produce la "falta de rectitud o defecto moral en las acciones", según la Real Academia Española (RAE). En el argot de la construcción, este término también posee connotaciones negativas. Se refiere a los defectos de obra con los que se entrega una casa. Estos han aumentado en los últimos años de la mano del 'boom' de ladrillo. Hasta 6.160 reclamaciones y consultas (un 40% del total -15.431-) ha recibido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2007 relacionadas con la vivienda correspondieron a este apartado. suvivienda.es visita un chalé que reúne gran parte de ellos: grietas, humedades, malos acabados, etc.

La burbuja inmobiliaria vivida ha hecho que se levanten millones de pisos nuevos en todos los rincones del país. En 2007, se alcanzó el récord con 640.000 unidades acabadas. La demanda sobrepasaba a la oferta y las prisas acuciaron a constructores y promotores, que en algunos casos aislados descuidaron la calidad física de los nuevos hogares a pesar de los altos precios que pagaban los compradores.

Malos acabados, humedades, grietas, goteras, etc. son algunos de los pecados capitales que han cometido, sobre todo, los ya conocidos 'chiringuitos' de la construcción emanados con la llegada del 'boom'. "Los constructores y promotores han finalizado las obras lo antes posible porque tenían otras a las que tenían que acudir. Al final, todo esto repercute en la calidad de ejecución", indica Andrés Vilacoba, abogado de la Asociación de Defensa de Propietarios de Vivienda (ADEPROVI)

Esta asociación recoge anualmente más de 1.000 quejas sobre defectos en las casas y bajas calidades. "Entre estos vicios priman, por encima de todos, las humedades, bien por condensación, filtración o por capilaridad. En cuanto a calidades, los sanitarios y las puertas son los materiales donde más intentan recortar gastos los promotores y constructores colocando marcas similares a las acordadas", avisa Vilacoba.

El 'III Estudio Acerta de Gestión Postventa en España' apunta en la misma dirección. Éste refleja que el 95% de las viviendas que se entregan en España tienen más de 10 reparaciones pendientes y el porcentaje con más de 25 desperfectos asciende al 39%. Del total de incidencias, el 60% están directamente relacionadas con la mano de obra y un 15% con la mala calidad de los materiales. Porcentajes poco alentadores e incitan a que los compradores estén más pendientes que nunca del estado de entrega de sus viviendas.

Ante estas delicadas situaciones, Iliana Izverniceanu, portavoz de la OCU, recuerda que los compradores "tienen derecho a que se les entregue la vivienda tal y como figuraba en el contrato de compraventa o en la publicidad, que es contractual". "El inmueble se debe entregar según la memoria de calidades y aquí no vale la leyenda 'similar' o 'parecido'", sentencia Izverniceanu. "Es verdad que en este sector hay mucho más intrusismo que en otros. Todo el mundo se ha montado una constructora y es bueno que los intrusos y los 'chiringuitos' caigan porque son los que han construido con menor calidad para conseguir mayores beneficios en poco tiempo", declara la portavoz de la OCU.

En este sentido, la OCU denuncia que el constructor y el promotor ofrecen un periodo de tiempo -una garantía- muy escaso para que el comprador identifique las imperfecciones tras la entrega. "La Ley, que prima sobre las cláusulas que se firman entre la empresa y el particular, da unos plazos más largos: un año para defectos de acabados, tres para defectos que merman la habitabilidad y 10 para defectos grandes, de estructura", indica Izverniceanu. Desde que el propietario identifica el defecto, tiene dos años para reclamar. Se aconseja que lo haga por escrito, por burofax con certificación de texto para que este documento sirva como prueba judicial. Tras esta reclamación, el constructor o promotor tiene un mes para reparar los defectos antes de pasar a la vía judicial.

Según apunta Vilacoba, "este tipo de juicio suele durar lo normal en una reclamación de este tipo en primera instancia en una gran ciudad como Madrid, unos 12 meses. En segunda instancia, un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, está en torno al medio año o 10 meses. En total, entre dos y dos años y medio podemos tener una sentencia definitiva. Si se tratara de un procedimiento en el que ser reclaman más de 250.000 euros, el Tribunal Supremo tarda entre cuatro y cinco años". Eso sí, en la mayoría de los casos, el comprador consigue, como mínimo, una estimación parcial de la demanda.

Para evitar llegar a este punto, Izverniceanu aconseja no comprar sobre plano. "Ahora hay muchas promociones acabadas y a buen precio. En una casa finalizada ya se pueden ver los acabados". Donde coinciden la OCU y ADEPROVI es a la hora de apuntar a internet como una buena herramienta para investigar sobre el prestigio de las constructoras y promotoras. En los foros de la Red se puede leer si una empresa ha dado ya problemas con anterioridad y, de esa manera, prevenir males mayores.

Víctimas del 'preboom' inmobiliario

Adolfo Sancho y su mujer firmaron la construcción de su chalé cuando aún circulaban las pesetas a un precio muy bajo si lo comparamos con las cantidades que se barajarían meses después. El pequeño constructor con el que sellaron el acuerdo debía haberles entregado la vivienda el 29 de enero de 2003. Más de cinco años después, la que iba a ser su segunda residencia no está acabada y lo construido está repleto de imperfectos: humedades, tejas de cemento en lugar de cerámica, puertas que no abren, tabiques que no aparecían en el proyecto, etc. Variaciones que buscaban un único fin: el abaratamiento de costes.

Mi error principal fue anticipar las cantidades sin haber estado hechas las certificaciones de obra. Me confié demasiado. Para la Justicia, esto es simplemente un incumplimiento de contrato cuando para todo el mundo es una estafa. Estamos totalmente indefensos. El consejo que yo daría a los futuros compradores de casas sería que hicieran todo con el abogado, aunque les cueste dinero. Que le den el dinero al abogado porque es que se lo van a ahorrar en disgustos. Por lo menos, esto ya le impone un respeto a la parte contraria", declara resentido Sancho, que espera la sentencia de su caso este mes.

Si la Justicia le da la razón, la constructora debería abonar a Adolfo 58.000 euros por el retraso en la entrega, 9.500 euros para las reparaciones de lo que está ya hecho y otra cantidad que reflejaría la obra que queda por hacer en el chalé. Cantidades que, sin duda, no pagan el sufrimiento que ha viviendo en el último lustro.

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Como una casa ardiendo
El País - 15 de septiembre de 2008
 
 
Cuanto más rápido caiga el precio de la vivienda, más rápida será la recuperación

Los promotores inmobiliarios españoles sienten el dolor causado por el estallido de la burbuja de la vivienda. Las ventas de casas se están desplomando, con lo que está desapareciendo el efectivo que tanto se necesita para pagar las deudas. Al Gobierno español se le han ocurrido dos medidas más para intentar ayudar. Pero no tendrán mucho impacto, porque el inflado mercado de la vivienda español tiene demasiados problemas como para que la solución sea rápida.

Zapatero ha prometido a los promotores 3.000 millones de euros -a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)- para refinanciar préstamos existentes. El objetivo es darles acceso a financiación a más largo plazo hasta que el mercado se recupere. A cambio, los promotores deben alquilar las viviendas, algo que el Gobierno espera que estimule el anémico mercado de alquiler.

Pero los 3.000 millones del Gobierno son una gota en el océano frente a la enorme reserva de casas sin vender. Con un precio medio por vivienda de 200.000 euros, y asumiendo que están financiados al 50% con deuda, el dinero del Gobierno sólo afectará a 30.000 viviendas. Es equivalente al 3% del millón de casas sin vender que UBS calcula que andan por el mercado. Es más, el mercado del alquiler no florecerá realmente mientras el Gobierno no apruebe una ley que flexibilice el arrendamiento para los arrendatarios.

Zapatero quiere también introducir sociedades de inversión inmobiliaria para fomentar la inversión en el sector. Estas sociedades de inversión, ampliamente utilizadas en Estados Unidos y más recientemente en Reino Unido, reducen los obstáculos y los impuestos a las inversiones conjuntas en inmuebles. Pero la experiencia británica muestra que podrían tardar años en desarrollarse. Un retraso quizá útil, porque resulta difícil ver quién va a querer invertir en ellas ahora mismo.

Éste no es el primer intento gubernamental de intentar que arranque el moribundo sector de la construcción. Ya ha prometido ayudas a la financiación de viviendas protegidas, entre otras cosas. Pero hay mejores usos para el dinero, como reconvertir a los trabajadores de la construcción desempleados.

La triste verdad es que la burbuja inmobiliaria española es demasiado grande como para encontrar una solución sencilla. El sector necesita una dolorosa reestructuración. Los precios de las viviendas se han triplicado en una década. Su reducción devolverá el equilibrio al sector. Cuanto más rápidamente caigan, más rápida será la recuperación. -

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Dañina gente de paso
El País - 15 de septiembre de 2008
 
 
Han sido dos pequeñas noticias que han pasado casi inadvertidas y que ni siquiera tuve la prudencia de guardar, por lo que no las recuerdo con exactitud. Una hablaba de un alcalde de una población granadina, creo, que se había declarado en huelga de hambre para protestar por la "asfixia económica" a la que están sometidos los ayuntamientos en general y supongo que el suyo en particular. La otra se hacía eco de las quejas de los alcaldes de España por el "escaso poder" de que disponen, y se anunciaba una reforma con vistas a incrementárselo; y, si no me equivoco, en este mismo diario hubo un editorial que les daba la razón (!). ¿Asfixia económica? ¿Escaso poder? O estoy muy mal informado y veo visiones a mi alrededor -no lo descarto-, o nuestros primeros ediles son unos jetas. Lo que sé con certeza es que no soy el único ante esta disyuntiva o con esta perplejidad.

Un notabilísimo número de ayuntamientos de este país se distingue por las desvergonzadas recalificaciones de terrenos y los consiguientes pelotazos inmobiliarios con que se benefician, tanto en las grandes como en las pequeñas ciudades como en los pueblos, en las costas como en el interior, en el norte como en el sur como en el este como en el oeste. De todos es sabido que España se ha convertido en los últimos años en el reino de la especulación, la barbarie urbanística, la destrucción del paisaje y del medio ambiente, la edificación salvaje y sin sentido y el dinero negro o mafioso que todo ello trae consigo; y que nada de esto habría sido posible sin la connivencia o complicidad de los ayuntamientos, que son los que otorgan permisos, expropian terrenos, hacen concesiones a los constructores y cobran grandes cantidades a cambio. No son pocos, además, los que lo hacen sin ni siquiera una apariencia de legalidad, y estamos hartos de leer en la prensa sobre casos de corrupción municipal aquí o allá, con gobiernos del PP, del PSOE o de San Juan Crisóstomo, tanto da. Pero no es sólo eso: en cualquier ciudad -pero empezando por Madrid, que se lleva siempre la palma-, a uno lo asaltan las continuas y demenciales obras que las más de las veces son o parecen enteramente innecesarias, esto es, sólo explicables como manera de que hagan caja tanto los ayuntamientos que las inventan, propician, autorizan y encargan como las empresas que las ejecutan. La impresión que tiene cualquiera es justamente la contraria de la que ha movido a ese excéntrico alcalde granadino a iniciar una melodramática huelga de hambre, a saber: que los ayuntamientos se hinchan a ganar dinero -a costa del tormento de sus ciudadanos-, y que les sobra tanto que además pueden endeudarse hasta las cejas (ya saben que sólo los riquísimos están facultados para contraer monstruosas deudas).

En cuanto a su "escaso poder", uno tiene asimismo la sensación contraria: los alcaldes abusan del que se les otorga y éste es excesivo a todas luces, con la agravante de que lo que acometen suele ser irreversible, además de hortera y dañino en general. Destrozan las ciudades y eso no tiene vuelta de hoja, y las utilizan como si fueran el salón de su casa, sin que nada ni nadie los pueda frenar. ¿Y exigen más poder todavía? Es una tendencia de la España actual: con el pretexto de la descentralización, conveniente y necesaria en muchos aspectos, hay un afán por trocear cada vez más las parcelas. Es como si legiones de españoles precisaran mandar, en algún sitio, aunque sea en un patio de vecinos. Y la única forma de contentar y aplacar a esos millones de megalómanos ansiosos de algún poder, es repartir éste hasta la brizna y blindar las competencias de cada uno de ellos en su menudencia.

Los alcaldes y concejales han pasado a contarse, como dije aquí hace algún tiempo, entre los villanos de la nación. Hacen lo que les da la gana, destruyen sus localidades. El de Madrid va a destripar, dentro de nada, el Paseo del Prado -maldita la falta que hace tocarlo: uno de los pocos lugares bonitos de la capital- y la calle de Serrano, lo cual supondrá el más sádico martirio y el más absoluto caos. El de Soria -ciudad que conozco bien- va a excavar un aparcamiento en pleno centro y se va a cargar la ribera del Duero y la visión de las ruinas de Numancia con la construcción de un polígono industrial totalmente superfluo y para el cual, en todo caso, sobraba terreno más propicio en una provincia extensa y semivacía; y lo va a hacer no sólo con el apoyo de su grupo socialista -cuando al PSOE le da por el negocio hay que temerlo tanto como al PP-, sino de los demás sin excepción y de la Junta de Castilla y León, y en contra del criterio de todas las Academias y organismos, nacionales y extranjeros, que defienden la cultura, la historia, las artes, el paisaje y la conservación del entorno. Esa gente sabia y responsable, al ayuntamiento cafre de Soria y a la vandálica Junta les parecen unos capullos y se la pasan por el forro.

A todos estos alcaldes españoles que piden más y más, y nos quitan más y más, se les olvida que están de paso y que nadie se va a acordar nunca de ellos, como no sea para maldecirlos. La prueba, el más famoso de la democracia, Tierno Galván: la gente se echó folklóricamente a la calle para verlo enterrar, pero hoy ya nadie sabe qué hizo o dejó de hacer. Sólo que escribía unos bandos chistosos y que una noche lo fotografiaron junto a una actriz con las tetas al aire. Qué legado.

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San Mercado contra el Imperio del Mal
Cotizalia.com - 21 de septiembre de 2008
 
 
“Este Paulson me parece un tío cojonudo”. Quien así se manifestaba, hace apenas 24 horas, es un economista español de pura cepa y más de derechas que el caballo de Santiago, encantado con la orgía intervencionista desplegada por la Administración Bush. El mundo al revés. Mientras la progresía patria despotrica contra la intervención del Estado en la economía, porque es USA, claro está, y es el malvado Bush, la derechona bate palmas entusiasmada. El fin del paradigma y al cubo de la basura las teorías económicas que acompañaron nuestros años mozos. Todo patas arriba. “Ni un minuto más podíamos seguir con esta incertidumbre en los mercados”, decía, en rueda de prensa, el secretario del Tesoro de USA. ¿Y eso cuánto va a costar?, preguntaba un emocionado periodista. “Cientos de miles de millones de dólares”, respondía rotundo. Sin especificar. Sin cálculo posible. Cientos de miles. “Este es un gran sacrificio para el taxpayer americano”, aclaraba el mister, “pero la alternativa era infinitamente peor para ese taxpayer”.

¿Cómo puede ser que un entramado financiero y bancario, sometido a todo tipo de controles, inspecciones, auditorias, agencias de rating, medios de comunicación, etc., haya devenido en este gran fiasco? ¿Qué ha pasado aquí? “Se ha demostrado que el sistema regulatorio estaba obsoleto, lo que ha hecho posible estas irregularidades”, responden en la Reserva Federal. El controlado caminando siempre por delante del controlador. El delincuente, siempre por delante de la ley. “Y yo les garantizo que esto no va a volver a pasar”, remacha Paulson, ex Goldman Sachs, y una carcajada universal recorre las cuatro esquinas del planeta. ¿Será capaz el trío Bush, Bernanke y Paulson de acabar con los sueldos astronómicos, las indemnizaciones millonarias y los bonus escandalosos que se reparte un ramillete de CEO’s?

Un puñado de altos ejecutivos, seguramente no más de 50 personas al frente de la gran banca comercial y de negocios, hace y deshace a su antojo, poseídos de esa “fatal arrogancia” de la que hablaba Hayek, con la vista puesta en el enriquecimiento ilimitado. Tras asegurar que llamar “economía de mercado” al sistema en el que vivimos carece de sentido, J. K. Galbraith (La economía del fraude inocente) prefiere bautizarlo como sistema corporativo: “Que nadie lo dude: en cualquier empresa suficientemente grande, los accionistas, esto es, los propietarios, y sus supuestos representantes, los miembros del consejo de administración, están subordinados por completo a la dirección. Aunque parezca que es el propietario quien detenta la autoridad, este no tiene en realidad ningún poder. Una vez más estamos ante un fraude aceptado”.

Lo advirtió el ex ministro francés Raymond Barre, un liberal de tomo y lomo: “el sistema financiero internacional no cuenta con medios institucionales propios para enfrentar los desafíos de la globalización y la apertura general de los mercados”. En la misma línea se expresó Butros Ghali, ex secretario general de la ONU: “la realidad del poder mundial escapa totalmente del control del Estado. La globalización implica el surgimiento de nuevos poderes que trascienden las estructuras estáticas”. Frente a ese ramillete de avariciosos chairman dispuestos a empaquetar hipotecas basura y venderlas por el ancho mundo contaminando el sistema financiero internacional para poder cobrar sus bonus, el ciudadano, el simple consumidor, está inerme, víctima de una avalancha de noticias que, en la aldea global, le impide saber cuándo y cómo llegará esa próxima recesión que le pondrá en el paro. Lo dijo nuestro Gracián: “Vívese lo más de información, es lo menos lo que vemos: vivimos de fe ajena. Es el oído puerta segunda de la verdad y principal de la mentira”.

Decía también Gracián que “la Verdad siempre llega la última y tarde, cojeando, con el Tiempo...”. Los mercados han reaccionado con una euforia desmedida a la operación rescate de Bush & Co., mientras San Mercado se bate en retirada, víctima del avance imparable del Imperio del Mal, el intervencionismo del Gobierno americano. “Los bancos centrales, el propio Tesoro USA, son monopolios públicos gestionados por políticos dispuestos a seguir echando leña al fuego a base de inyectar liquidez”, asegura un irreductible liberal madrileño. “El intervencionismo de los poderes públicos ha demostrado hasta la saciedad su ineficacia. El ajuste, la purga a tanto exceso, tendrá que hacerla el mercado y eso significa, en USA y en España, liquidación de activos, fusiones y adquisiciones y quiebras. San Mercado no está muerto”.

Expectación y silencio

Los españoles hemos contemplado esta semana el incendio americano como espectadores dispuestos a asistir en primera fila y copa en mano a la mejor demostración de fuegos artificiales del mundo. Aunque aquí todavía no ha pasado nada, que las cifras de paro son apenas un aperitivo de lo por venir, el derrumbe de los mercados ha provocado en España un silencio sepulcral. Nadie se mueve. Miedo a flor de piel. Salvo Botín, dispuesto a pescar en río revuelto, todo el mundo ha echado la cancela y se ha escondido. Desde el poder político al económico. Callado está Francisco González (FG), presidente de un banco que podría aprovechar la coyuntura para pegar el gran salto adelante. El jueves noche, en plena vorágine, FG, César Alierta y Manuel Pizarro cenaban en el madrileño ‘Qüenco de Pepa’. Tres íntimos amigos del Gobierno Aznar, tres derivas distintas bajo el sol de Zapatero: el resistente, el complaciente, y el devorado por los leones de la vil política.

Casi al lado, José Manuel Entrecanales compartía mesa con varios miembros de su familia. He ahí un simpatizante del zetapismo, que ha multiplicado su fortuna a la sombra de este Gobierno. “He hecho yo más dinero en un año que toda mi familia en cien”. Prototipo del empresario español florecido en la orgía de dinero abundante y barato que ha presidido el quinquenio. Hoy Acciona arrastra una deuda neta de casi 18.000 millones, con unos recursos propios de 3.400 y unos beneficios semestrales de 318. Imposible no ya amortizar aquella deuda, sino refinanciarla, con un mercado de crédito más cerrado a cal y canto que nunca como consecuencia de los dramáticos sucesos de esta semana. No queda más remedio de vender activos a toda prisa e implorar la comprensión de los acreedores bancarios. Pero Acciona no es la única, ni siquiera la que está en peor situación.

El denominado sector del ladrillo reúne en sí mismo todos los síntomas del cáncer que amenaza nuestro futuro. El sector financiero español en su conjunto tiene prestado alrededor de 1,8 billones de euros, de los cuales 1,1 lo han sido al ladrillo (600.000 millones en forma de hipotecas; 320.000 a promotores, y 180.000 a construcción y rehabilitación). Nadie conoce la dimensión real de la morosidad latente en estos 1,1 billones, pero todo el mundo teme que puede poner en peligro la solvencia del sistema. Y la bomba nuclear: a aquellos 1,8 billones hay que añadir los 900.000 millones que bancos y cajas deben al exterior, de los cuales hay que pagar o refinanciar unos 90.000 al año. Unos y otras han prestado a largo financiando a corto, y desde luego no con los depósitos de sus clientes. Para hacer frente a tamaño reto, el sistema de cajas y bancos cuenta con recursos propios totales de 168.000 millones de euros. Echen cuentas.

Las cifras anteriores tienen su respaldo teórico: no es posible que un país mantenga de manera indefinida tasas de crecimiento del crédito muy superiores al de su PIB nominal, porque eso quiere decir que no hay actividad real que respalde ese crecimiento del crédito. Cuando eso ocurre es señal de que se están financiando vía deuda actividades meramente especulativas (compraventa de activos financieros y reales), por un lado, y aumentos del poder adquisitivo no respaldados por la actividad real -la economía productiva-, por otro. Durante años hemos comprado los Mercedes y BMW alemanes con el dinero que ahorraban los propios alemanes y nos prestaban los bancos y cajas alemanes. Llega el momento de pagar la fiesta. Gran parte de esos créditos devendrán insolventes en el futuro, generando pérdidas en las cuentas de resultados y dañando seriamente la solvencia de las entidades financieras.

La tasa de morosidad se situó en julio en el 2,2%, elevando la cifra total de impagados a 40.840 millones de euros. Ese mes, bancos y cajas vieron cómo sus clientes dejaban de pagarles 9.620 millones. Si tenemos en cuenta que en agosto habrá ocurrido lo mismo, y previsiblemente también en septiembre, e incluso más, y si por otro lado reparamos en que las reservas acumuladas (provisiones genéricas, riesgos país y demás) se elevan a unos 47.000 millones y los beneficios anuales del sistema (imputables a la actividad en España) alcanzaron en 2007 unos 17.000 millones, llegamos a la demoledora conclusión que antes de fin de año, siendo muy generosos, la morosidad se habrá comido provisiones y beneficios del sistema financiero entero.

Lo peor para el pequeño y mediano empresario quizá sea el cerrojazo que está sufriendo el descuento en ventanilla de papel comercial, letras a 60 y 90 días con las que se financia una maraña de empresas auxiliares de la construcción, entre otras, y que en algún momento tendrán que dejar de pagar a su gente. Ante semejante panorama, los responsables de la cosa (Solbes, MAFO y por ahí) han dicho dos cosas que demuestras el talento que les adorna: que la crisis financiera no iba con nosotros (¡el país más endeudado del Planeta!), por un lado, y que tranquilos, porque tenemos el sistema financiero más sólido del mundo (¡el 52% del cual está en manos de políticos locales y autonómicos!), por otro. Zapatero ha dicho más: ha engolado la voz, como en las grandes ocasiones, dispuesto a transmitir al mundo la verdad revelada: ¡han sido los yanquis...! Y se ha ido a dormir.

Y si es cierto que tenemos el Gobierno peor pertrechado para hacer frente a la crisis que se nos viene encima, con un good for nothing por presidente cuya legitimidad democrática es solo comparable a su incapacidad técnica para hacer frente a situación tan comprometida, no lo es menos que contamos también con la clase empresarial más gregaria del occidente cristiano. El presidente de los empresarios ha dicho que no estaría de más poner el mercado entre corchetes por un rato. ¿Cuánto rato? Tal vez el suficiente como para que Moncloa le arregle sus problemas. La CEOE debería probar con Gaspar Llamazares. Y el Círculo de Empresarios, lo más liberal del lugar, se hace arropar por el ministro Sebastián para presentar su más significado acto anual. Tranquilo Popper: en España, el poder económico siempre será gregario del político. Lo poco que quedaba de sociedad civil se pone de rodillas ante el poder político, se tienta la cartera y, como el indio de la pradera, pega al oído al suelo esperando percibir el galope del BOE que viene raudo y dispuesto a echar una mano. Átense los machos, españolitos que están el mundo: esta ronda la van a pagar ustedes.

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Hasta que la hipoteca nos separe
elcorreodigital.finanzas.com - 25 de agosto de 2008
 
 
Las adversidades unen a la pareja, pero la crisis inmobiliaria está obligando a algunas a convivir una vez que han decidido separarse

El sueño de cualquier pareja joven es comprar una casa para compartir su vida. Una tarea difícil en los tiempos que corren. El alto precio de la vivienda se convierte en una barrera casi insalvable. Pero una vez superado este obstáculo, el sueño se puede tornar en pesadilla cuando el amor se rompe y por medio hay una hipoteca de la que es imposible deshacerse.

Es el caso de Laura de 24 años. Hace dos años convenció a su novio para lanzarse a la aventura de comprarse un piso. Encontraron su hogar en pueblo entre Toledo y Madrid, Yecles. “Era imposible permitirnos un piso en la ciudad, así que empezamos a ampliar el radio de búsqueda”, asegura. hasta que cuadraron la letra de la hipoteca que pidieron por 144.000 euros con los dos sueldos.

Pasado un año la convivencia se convirtió en un infierno y decidieron cortar la relación. “El amor se gastó de tanto usarlo” asevera Laura, que pasa por encima de los motivos de la ruptura. La solución estaba en un principio clara: poner en venta el piso, liquidar el compromiso con el banco y si sobraba algo, repartirlo.

Pero la crisis inmobiliaria y los bancos, que han cerrado el grifo a los créditos, no entiende de los problemas del corazón. “Sólo han venido a ver el piso una decena de personas en seis meses y las interesadas no lograban que le concedieran la hipoteca”, explica Laura.

Planes alternativos

En el cartel ya no solo pone “se vende”, sino también “se alquila”. De momento, cohabitan en medio de una guerra civil. “El día a día se hace duro porque tan solo nos decimos hola y adiós”, afirma la joven. En poco tiempo pasaron de novios a compañeros de piso por obligación, con las reglas propias de una casa compartida. Los gastos, divididos con exactitud. El frigorífico repartido por baldas. El territorio delimitado: un cuarto de baño para cada uno, reparto de habitaciones individuales y en las zonas comunes, visitarlas cuando están libres. La alcoba de matrimonio, nadie la utiliza.

“El primero que llega tiene preferencia para ver la tele o para cenar, y el otro se mete en su cuarto”, apunta. Laura no se explica muy bien cómo han llegado a esta situación. “Nos sentamos en la cocina para decidir que hacíamos con el piso hasta que nos saliera comprador” pero ninguno quiso ceder para irse de casa. Así que pasaron a negociar la convivencia.

“La única regla que impuso él fue nada de ligues en casa”, lo que Laura aprovechó para prohibir también las visitas de amiguetes. Ambos tienen familia, pero han elegido el camino más difícil por no volver a casas de sus padres. “Lo peor, aguantar las malas caras”, asegura Laura, “por lo demás es como vivir en un piso de estudiantes”.

La piscina sirve de lugar de escape -”estoy cogiendo un moreno...”, bromea- de una situación de dificil solución por el duro ajuste del ladrillo y el vuelva usted mañana de los bancos.

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Economía y laboral
 
EL REPUNTE DEL EURIBOR ELEVA EL TIPO HIPOTECARIO MEDIO AL 6%
CincoDías.com - 29 de septiembre de 2008
 
 
Los tipos de interés nominales medios que aplican las entidades financieras a los préstamos hipotecarios superarán este mes el umbral del 6%, el nivel más alto desde 1997, debido a los últimos repuntes del euríbor. Se trata de una de las peores noticias posibles, ya que supone un nuevo incremento del esfuerzo de pago de las familias en un entorno de débil consumo.

De mantenerse el euríbor a doce meses en los niveles actuales, el viernes cerró en el 5,471%, el indicador al que se referencian casi la totalidad de las hipotecas a tipo variable culminará septiembre en el entorno del 5,374%, frente al 5,323% de agosto.

Este nuevo repunte rompe la tendencia bajista iniciada el mes pasado y tendrá un efecto arrastre sobre los tipos efectivos (euríbor más el diferencial de cada crédito) que aplican a las hipotecas bancos y cajas, que ya estuvieron muy próximos a ese 6% en julio (últimos datos disponibles según el Banco de España). Así, el tipo medio ponderado al que se suscriben los nuevos préstamos alcanzó en julio el 5,80%, aunque en las hipotecas a más de 10 años ese valor se moderó ligeramente al 5,61%. Si se tiene en cuenta la tasa anual equivalente, TAE, o lo que es lo mismo, el tipo de interés más el coste de las comisiones, la última cifra oficial marcó ya el 5,93% ese mismo mes.

Por tanto, a falta de dos sesiones para que concluya septiembre, la media mensual queda a dos centésimas del máximo histórico de julio, cuando marcó el 5,393%. Las tensiones que siguen azotando al mercado interbancario, como consecuencia de la desconfianza y la incertidumbre que invaden a las entidades financieras, son las que están motivando estas nuevas alzas del euríbor, admiten los analistas.

Lo peor es que si la situación del sistema financiero de EE UU no mejora, la confianza no volverá a corto plazo a los mercados y lo normal es que la tendencia al alza del euríbor perdure. Por ello, los expertos no descartan que este indicador finalice el año en torno al 5,60%. Para las familias que contrataran su préstamo hace un año por un importe medio de 150.000 euros y un plazo de 25 años, el incremento que registrará su cuota al revisar ahora será de más de 55 euros al mes o 682 euros al año. Esta subida viene a sumarse a las que llevan registrando todas las hipotecas vivas en estos momentos casi de manera ininterrumpida desde finales de 2005, cuando el Banco Central Europeo (BCE) inició el endurecimiento de su política monetaria.

Ahora, el parón de la actividad que viven todas las grandes economías occidentales parece haber frenado el encarecimiento del precio del dinero (en el 4,25%), pero la escasez de liquidez continúa metiendo presión y nadie se atreve a vaticinar dónde estará el techo del euríbor y cuándo lo marcará. Además, es una contrariedad que los hogares, ya fuertemente endeudados, tengan que destinar cada vez más recursos al pago de su hipoteca. Sobre todo cuando el consumo crece a tasas desconocidas desde la crisis del 93 y la morosidad de bancos y cajas se ha duplicado en doce meses. De hecho, el Gobierno se ha mostrado preocupado por un cambio de escenario tan rápido y brusco.

Las claves

Grandes números del mercado inmobiliario

• Ventas: Las transacciones cayeron en julio un 26%, cifra que irá a peor.

• Menos créditos: La contratación de hipotecas disminuye ya a un ritmo de casi el 30%

• Importe: Menos créditos y por un menor importe; 140.402 euros es la media.

La riqueza financiera de las familias se deteriora

El valor de los activos financieros de los hogares ascendió a 1,8 billones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone una pérdida de 110.000 millones respecto al último trimestre de 2007. Este deterioro estuvo motivado por la caída de valor de las acciones cotizadas y otras participaciones como consecuencia de la negativa evolución de la Bolsa (el Ibex cayó un 12,6% en ese periodo). Así, la riqueza financiera neta de las familias (la diferencia entre activos y pasivos) disminuyó 123.000 millones.

Este cambio de tendencia representa volver a niveles de finales de 2006 y rompe la senda alcista marcada desde 2000, periodo en el que las familias vieron como aumentó el valor de dichos activos un 90%. El deterioro no viene sólo como consecuencia de la pérdida de valor del activo. La situación se agrava si en paralelo continúa aumentando el pasivo financiero (préstamos y otras cuentas pendientes de pago) de los hogares. Según las últimas cifras del Banco de España, los créditos a largo plazo de las familias sumaron a finales de marzo 850.027 millones de euros, un 1,5% más que en el trimestre anterior.

En una situación en la que se recorta el valor de los activos financieros y el pasivo no deja de aumentar, aunque sea de manera más suave que en el pasado, la pérdida de riqueza neta asciende a esos 123.000 millones. En términos de PIB, el retroceso es más fulgurante, al haber pasado del 93,6% al 80,8% en 90 días. Tal y como ha seguido evolucionando la Bolsa en el segundo trimestre (con una caída del 9,2%), esta situación sin duda se habrá agravado, con el consiguiente 'efecto riqueza a la inversa' que ello genera. De ahí que los expertos no duden que el consumo crecerá aún menos el año que viene.

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LA VIVIENDA CAYÓ UN 4,6% EN AGOSTO, EL SEXTO MES CONSECUTIVO
ElEconomista.es - 09 de septiembre de 2008
 
El precio de la vivienda continuó su descenso en agosto, al caer un 4,6% en relación al mismo mes del ejercicio anterior, con lo que encadena seis meses consecutivos de descensos, según el Indice de Mercados Inmobiliarios Españoles (IMIE) de la tasadora Tinsa, que tiene en cuenta la evolución del valor por metro cuadrado de vivienda libre.

La entidad destacó que esta caída es la más importante desde que el índice entró en zona negativa el pasado mes de marzo. La costa mediterránea fue la zona en la que más bajó el precio, con una caída del 8,3% en agosto frente al 6,2% correspondiente al mes de julio, marcando de nuevo el peor registro de las cinco zonas y aumentado el diferencial respecto al descenso general.

Las otras dos zonas que peor se comportaron fueron las capitales y grandes ciudades, que bajaron un 5,7%, y las áreas metropolitanas, cuyo descenso fue del 7,1%. Los descensos menos acusados fueron para las Islas Baleares y Canarias, con un 3,8%, y el resto de municipios, con una caída del 1% respecto al índice de agosto del año pasado.

La tasadora explica que la diferencia entre las zonas con el mayor y el menor descenso relativo superó en agosto los siete puntos porcentuales, lo que demuestra que los mercados inmobiliarios tienen un marcado carácter local.

Descenso progresivo

El descenso en el precio de la vivienda ha ido aumentando de manera progresiva desde el pasado mes de marzo, primer mes del año en el que comenzó a caer, con un descenso del 0,3%. En abril, la caída aumentó hasta el 0,6% y en mayo dio el salto hasta el 2%, lo que supuso un acusado descenso de 1,4 puntos porcentuales. En junio, la caída aumentó hasta el 2,5% y en julio se elevó hasta el 3,9%.

Precisamente, la tasadora ya anunció a principios del mes de julio que el precio de la vivienda todavía tendría que bajar "bastante más" si el mercado quería dar salida al stock actual de 400.000 inmuebles.

Asimismo, la entidad destacó entonces que, de acuerdo al IMIE, el descenso del valor de la vivienda provocará que el esfuerzo financiero bruto siga corrigiéndose para acercarse a niveles previos a 2006, es decir, "cercanos al 25%" frente al casi 32% actual.

Por otro lado, subrayó que el stock de vivienda nueva podría llegar a los 800.000-900.000 inmuebles a final de año, unas existencias que tardarían en desaparecer entre uno y dos años dependiendo del número de casas que se iniciaran y de la capacidad de las entidades financieras para conceder créditos.

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Los pisos en España están sobrevalorados en un 40%
Expansión.com - 03 de septiembre de 2008
 
Los pisos en España sobrevalorados en un 40%, según concluye un estudio realizado por el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana. Los responsables del informe han tomando como referencia la relación entre los precios de venta de las viviendas y el precio del alquiler.

A esta relación la han llamado PER, como en el lenguaje bursátil se denomina al número de veces que el beneficio neto de una empresa se encuentra incluido en el precio de cada una de sus acciones.

Con este indicador, el Observatorio señala que a finales de 2007 los inmuebles españoles presentaban una sobrevaloración cercana al 40%, dado que el PER de la vivienda se situó en 32,2 frente a una media histórica, entre 1985 y 1999, de 19,5.

La subida ha resultado especialmente marcada durante los últimos diez años, periodo que coincide con ejercicios de fuertes reducciones en los tipos de interés.

Estos datos del PER de la vivienda pueden ponerse en relación con otros similares, tanto internos como externos. Así, el PER medio del Ibex 35 ha oscilado en 2007 entre 13 y 15, esto es, menos de la mitad que el de la vivienda.

En el contexto internacional, el PER de se ha incrementado notablemente durante los últimos años, todavía presenta una imagen muy inferior a la española. Así, a excepción de Mónaco, España es el país occidental con un PER más elevado en la vivienda.

Según los responsables del estudio, durante los últimos años los inversores han soportado rentabilidades del alquiler reducidas por la permanente escalada de los precios de la vivienda. Esta situación generaba unas fuertes plusvalías latentes, pero parece claro que el PER de la vivienda tendrá que regresar a valores cercanos a 20.

Así, debe reducirse alrededor de un 38% y tendrá que hacerlo bien a través de caídas en los precios de adquisición de la vivienda, bien mediante subidas de los alquileres o con una combinación de ambas.

Para evitar que este ajuste se produzca de forma brusca, desde el Instituto Juan de Mariana creen que debería frenarse tanto el crecimiento artificial de la demanda gracias a la política monetaria expansiva como la contracción de la oferta por las restricciones actuales a la urbanización de suelo para la edificación.

Además, consideran "imprescindible reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para otorgar mayor seguridad jurídica al propietario" de un piso.

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España sigue liderando en junio la caída de construcción UE
Cotizalia.com - 21 de agosto de 2008
 
 
Con un descenso del 16%

La actividad de la construcción disminuyó en España en junio el 15,9% en relación al mismo mes de 2007, la caída más acusada de toda la Unión Europea (UE), según los datos difundidos hoy por Eurostat, la oficina estadística comunitaria.

En comparación con mayo, la construcción también retrocedió en España, el 3,1%, aunque menos que en Eslovenia y el Reino Unido.

La actividad constructora está perdiendo fuerza en la mayoría de los Estados miembros y, como resultado, en la eurozona el sector bajó en los últimos doce meses el 2,4%, mientras que en toda la UE el descenso fue del 1,8%.

En términos mensuales, el bajón fue del 0,6% para los países de la moneda única y del 1,5% para los Veintisiete.

La información facilitada hoy por Eurostat sólo incluye a trece Estados miembros, pues algunos no están obligados a facilitar estos datos, en otros es confidencial y en otros todavía no está disponible.

En junio reculó tanto la construcción de edificios como la obra civil, el 0,6% y 0,4% en la eurozona, y el 1,5% y 3,2% en la Unión.

La caída del sector en España sigue a la relativa recuperación que se produjo en mayo, cuando la actividad subió el 2,4% en términos mensuales, lo que redujo el descenso interanual hasta el 11,6%.

Los otros Estados miembros en los que la construcción también mostró una evolución negativa en junio son Eslovenia (-5,8%), el Reino Unido (-5,4%), Alemania (-2,1%), Bulgaria (-2%), Eslovaquia (-1,9%) y la República Checa (-0,4%).

En los seis países restantes de los que hay información, la construcción mejoró, especialmente en Portugal y Rumanía (2,9% en ambos casos), Polonia (2,6%), Holanda (1,2%), Francia (0,7%) y Suecia (0,4%).

En comparación con junio de 2007, destaca la aceleración de la construcción en algunos de los nuevos socios de la UE, como Polonia (20,8%), Eslovenia (14,9%), Rumanía (12,7%) y Bulgaria (10,3%).

Además de en España, el sector acumula retrocesos en el Reino Unido (-4,7%), la República Checa (-3,3%) y Portugal (-3%).

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¿Dónde nos recolocamos? Sólo hay ladrillo
Cotizalia.com - 03 de septiembre de 2008
 
 
Llega septiembre y, para muchos, el síndrome postvacacional. Otros no tienen tanta suerte: su inicio del curso laboral transcurre en la sala de espera de las oficinas del INEM. Este diario ha pasado la mañana en la oficina de Santa Eugenia, barrio de sufridos trabajadores. Nada más bajar del tren de cercanías, en la misma línea que fue brutalmente atacada por las bombas del 11-M, llama la atención algo que no se ve pero que está presente todo el tiempo: el hedor que desprende la cercana incineradora de Valdemíngomez. En ese ambiente irrespirable transcurre la cola de los parados más madrugadores.

Las puertas abren a las nueve de la mañana, pero desde una hora antes ya hay un centenar de personas esperando. Este martes, 2 de septiembre, el INEM ha arrojado las cifras de parados del mes de agosto: ya hay más de dos millones y medio de desempleados, el dato más alto desde el año 98. Hoy hay más desempleados que ayer pero menos que mañana. El de Santa Eugenia es uno de tantos puntos en los que, traspasando las frías estadísticas, se puede mirar a los ojos a los que, estando en edad productiva, son expulsados del mercado laboral: hombres hechos y derechos, mujeres con sus hijos a cuestas, algunos demasiado jóvenes.

“Es la primera vez que vengo”, contesta una madre de 23 años que trabajaba en una oficina de la red inmobiliaria Tecnocasa. “Han cerrado porque ya no se vende nada”, explica. Acarrea un bebé y viene desde Villaverde acompañada por su pareja, también comercial, del sector del automóvil, que sí tiene la suerte de conservar su empleo. Aguardan de pie, en el pasillo, porque las sillas de la sala de espera están abarrotadas.

Según los datos del INEM de esta mañana, el paro femenino ha crecido un 11,3% frente al masculino, que lo ha hecho un 45,3%. Sin embargo, la oficina del INEM está abarrotada de mujeres. Tal vez porque también son necesarios sus ingresos para poder pagar la hipoteca. También es la primera vez en la cola del paro para una administrativa de artes gráficas de 33 años. “El dueño era constructor”, añade. “El trabajo lo veo muy mal, porque cada vez hay más gente. Y el INEM funciona fatal. Fíjate: van por el número 101 y yo tengo el 18”.

“Me han llegado más de diez ofertas de empleo pero las empresas no me aceptan”

Un trabajador del metal en la construcción ha sido más madrugador. Lleva haciendo cola desde las 8 de la mañana “y ya tenía a 80 delante”. Tiene experiencia: “Llevo cobrando el paro desde agosto del año pasado”, reconoce. Le dieron el despido improcedente tras un contrato ilegal. Desde entonces, no ha vuelto a trabajar. “Yo he estado buscando trabajo y no lo he encontrado. Tengo 64 años. Me han llegado más de diez ofertas de empleo, pero cuando me presento y ven mi edad, no me aceptan”. Al mes que viene se jubila, pero este mes de septiembre ya no recibe subsidio. Ve el panorama laboral muy sombrío y confía en que la construcción se reponga pronto. “En España, ¿Dónde nos recolocamos? Sólo hay ladrillo”.

Los parados dan cuenta de la precariedad de la calidad del empleo en este país. Un chaval de 24 años tiene trabajos intermitentes en una gran constructora cotizada. “He tenido contratos de seis meses en vacaciones y luego he hecho suplencias consecutivas de un mes cada una”. Vive con sus padres y, por el momento, ni se plantea independizarse. Se ha desplazado a Santa Eugenia desde el Puente de Vallecas, porque allí han cerrado la oficina. “En vez de cerrarlas, deberían abrir más. Aquí mismo, podrían contratar a más gente. Hay sitio para más mesas”, observa. Ayer cogió número y no pudo ser atendido. Tiene un grado medio en formación profesional y quiere hacer cursos de formación. Preguntado sobre si ve como una amenaza la inmigración, asegura que no le preocupa, “el más cualificado será el que consiga trabajo”.

A su lado, un boliviano con papeles de su misma edad, también del sector de la construcción, pero especializado en obra civil, reconoce que “he escuchado muchas veces que los inmigrantes nos quitan el trabajo a los españoles”, pero no sabe qué responder ante eso. Desde que llegó de Bolivia, hace cuatro años, nunca le ha faltado trabajo. “Muchas familias se están volviendo, –asegura- sobre todo los que no tienen papeles. Porque aquí si no trabajas, no puedes vivir”. Pero él está contento. Confía en ser recolocado en su empresa, aunque les han echado temporalmente, dizque “por falta de material”.

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España, rica en niños y ancianos pobres
Expansión.com - 09 de septiembre de 2008
 
 
Los buenos resultados económicos de los últimos años no se han acompañado de un descenso del número de pobres, al contrario: España registra una de las mayores tasas de pobreza de la UE, una situación especialmente grave entre los niños y ancianos.

Los niños y los ancianos son los colectivos más débiles y a los primeros que, tradicionalmente, hay que socorrer en situaciones de emergencia. Hablando de pobreza, la realidad es justamente la opuesta: la infancia y la vejez son las etapas de la vida más vulnerables a padecer privación económica, y las medidas de protección social son insuficientes, especialmente en los menores.

En España, los datos son contundentes: el 24% de los niños y el 31% de los mayores de 65 años vive en una situación de pobreza moderada (disponen de unos ingresos anuales por persona de 6.347 euros), muy por encima del 20% de la tasa media del país. Además, existe el agravante de que “España no ha aprovechado el ciclo expansivo para proteger a la población más vulnerable, y es el único país en el que en los últimos años ha empeorado la capacidad de reducir la pobreza infantil y de los ancianos”, aseguró ayer Pau Marí-Klose, director científico del Informe de la Inclusión Social 2008, de la Obra Social de Caixa Catalunya, durante la presentación de las conclusiones. Los malos datos se agudizan entre los niños inmigrantes no europeos, ya que el 50% vive en situación de pobreza.

Riesgo de pobreza infantil La coordinadora del documento, Carme Gómez-Grandell, subrayó que en nuestro país hay más de un millón y medio de menores en situación de riesgo de pobreza, lo que supone “un problema muy grave que precisa una solución política urgente, con medidas integrales que incluyan prestaciones sociales, de apoyo educativo y políticas de empleo. Nos jugamos el futuro y el presente de muchos niños”.

El informe analiza la pobreza y la exclusión social a partir del ciclo de la vida (infancia, adolescencia, juventud, primeras etapas de la vida adulta, madurez y ancianidad). Así, los autores han constatado que el mayor riesgo de exclusión económica en la infancia se da en los hogares monoparentales donde el progenitor no trabaja. En este caso, el 62% de los menores vive en la pobreza. Y en la vejez, ser mujer y vivir sola aumenta de forma considerable el riego de pobreza.

Los expertos citados en el informe advierten de la pobreza encubierta en la que viven buena parte de los jóvenes españoles. “El bienestar que disfrutan es producto de su dependencia residencial y económica del hogar familiar de origen. Si se emanciparan siguiendo el modelo tradicional de una pareja con un solo sustentador, siete de cada diez jóvenes que siguen viviendo con sus padres serían pobres”.

La precariedad de las condiciones de trabajo y los salarios bajos hacen que la pobreza afecte cada vez más a la población trabajadora. Los jóvenes son un colectivo especialmente vulnerable, ya que tienen mayor riesgo de desempleo, de inestabilidad laboral y de baja remuneración. Su bienestar material no se resiente porque aplazan su emancipación del hogar familiar, pero esta situación lleva aparejados problemas de frustración y bajas nupcialidad y natalidad.

El análisis de la Obra Social Caixa Catalunya también contempla el impacto de las hipotecas, “que aumenta las situaciones de pobreza entre las parejas jóvenes recién emancipadas”, indicó Klose. Por todo, Gómez-Granell destacó que “en las sociedades postindustriales el concepto de exclusión se ha ampliado y afecta a todos los campos vitales de la personal, no sólo al económico-laboral”, y añadió que “en las sociedades actuales cada vez es más frecuente la figura de una persona desclasada que nunca pensó que podría caer en la exclusión”.

Para los autores, la pelota se encuentra actualmente en el tejado de los gobernantes: “La políticas públicas, en una época de cambios sociales, deben redefinir sus agenda y prioridades para responder a las necesidades cambiante de la población”.

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Un antisistema logra 492.000 € en créditos y dice cómo hacer
El Mundo - 17 de septiembre de 2008
 
 
Y dice cómo hacerlo antes de huir del país. Destina parte del dinero a una revista que se publica hoy y dice que no lo devolverá. Publica en la revista una por una las entidades financieras a las que ha defraudado. "He robado a los que nos roban", dice.

Un joven activista y antisistema se ha apropiado durante algo más de dos años de un total de 492.000 euros de 39 entidades bancarias gracias a 68 operaciones de crédito.

Lejos, pero que muy lejos, de devolver esta suma, ha invertido parte de este dinero en crear una revista cuyo único número se repartirá durante esta mañana en 150 puntos en toda Cataluña, gracias a la colaboración de decenas de personas que distribuirán de forma gratuita 200.000 ejemplares.

En ellos se explica con pelos y señales cómo ha conseguido "robar", según sus propias palabras, semejante cantidad de dinero a las entidades bancarias y anuncia que no lo devolverá.

La revista, que lleva como título el nombre de 'Crisis. Publicación gratuita para sobrevivir a las turbulencias económicas', contiene, según ha podido saber EL MUNDO, dos páginas en las que el propio joven, de 32 años y que responde al nombre de Enric Duran, relata cómo ideó la estafa y a qué ha destinado el dinero, además de invertirlo en la revista.

Fuentes cercanas al activista explicaron que ya ha huido del país sabedor de que, en sus propias palabras, "el sistema judicial del Estado español a partir de esta confesión podría acusarle de estafa mayor e insolvencia punible", delitos que conllevan penas de hasta seis años de cárcel.

El activista, muy conocido en los ámbitos antisistema, explica que se trata de "una acción individual de insumisión a la banca" que ha realizado premeditadamente para "denunciar el sistema bancario y para destinar el dinero a iniciativas que alerten de la crisis sistemática" que la sociedad está "comenzando a vivir" y que "traten de construir una alternativa de la sociedad". El joven, que define la estafa como "una acción ajena a cualquier tipo de violencia", reivindica el sistema empleado como "una nueva forma de desobediencia civil".

En primavera de 2006, tras estudiar el funcionamiento de las entidades financieras, el activista empezó a pedir créditos a bancos, cajas y financieras haciendo creer que iba a reformar el piso o a comprar un coche. Para otros casos creó una empresa para poder justificar determinadas inversiones como la compra de material audiovisual para una productora.

El joven cuenta que la ventaja de pedir préstamos a través de una sociedad es que la deuda no aparece ni en el historial personal ni en el CIRBE, el sistema de información de impagados del Banco de España. Para obtener otros créditos, el propio activista admite que se inventó una profesión y "una buena nómina falsa que hacía creer que ganaba de sobra para acceder a la financiación". Además, aporta alguna de las claves para obtener este dinero de forma ilícita: "Con una impresora, fotocopiadora, unas tijeras y celo se hacen maravillas".

Por lo que respecta al destino del dinero, el antisistema afirma que tras pagar comisiones, intereses, notarios, impuestos y gastos le quedaron 360.000 euros que se han destinado a la publicación y a otras acciones, "a concienciar sobre la crisis sistemática" y a tirar adelante "un amplio movimiento social que ponga en marcha otras formas de vivir en sociedad" que disten del capitalismo actual.

Por si fuera poco, este activista publica una por una las entidades financieras a las que ha defraudado y el importe que no les devolverá.

Para resumir el proyecto de este joven lo más sencillo es leer el titular de su artículo: "He robado 492.000 euros a los que más nos roban para denunciarlos y construir alternativas de sociedad".

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La verdad sobre la cartera crediticia de la banca española
Finanzas.com - 09 de septiembre de 2008
 
 
La profesión de bombero está en auge. Y no es porque la superficie quemada en nuestros bosques haya aumentado, por suerte, este verano. El casco y el traje ignífugo se lo ha puesto la banca española, que lleva meses con la manguera a cuestas apagando los fuegos que le llegan desde todos los ángulos del mercado. Primero fue que ningún entidad estaba salpicada por las hipotecas subprime. Segundo, que la salud del sistema financiero español era de roble y que nuestros bancos y cajas eran inmunes a la crisis crediticia. Después, una vez que la crudeza de la realidad no admitía más mensajes inocuos, pasaron a contarnos que las provisiones genéricas acumuladas desde hace años por obligación del Banco de España eran suficientes para hacer frente a la morosidad porque es la más baja de Europa.

La última que hemos oído es que las garantías adicionales que exige el Banco Central Europeo (BCE) para prestarles el dinero que no le dan en el mercado interbancario tampoco tendrá repercusión en la gestión de su balance. Perdón por la contundencia, pero esto suena a, como diría un amigo, mentira como el cine.

No hay más que ver el desplome generalizado de los principales bancos españoles en bolsa, con derrumbes de más del 40% en algunos casos, para intuir que la realidad es otra y que los inversores están descontando a pasos agigantados que los problemas son mayores de los que reconoce la patronal AEB y las propias entidades en sus presentaciones de resultados.

¿O alguien se cree que BBVA y Santander estarían cotizando a cerca de 200 puntos básicos, el nivel más alto en cinco meses, en los índices que miden el riesgo de impago (credit default) si no pasara nada? ¿O que Caja Madrid y la CAM lo hicieran a más de 400 puntos? Parece obvio que no, porque, declaraciones defensivas aparte, el valor que se paga por determinados activos es lo que mejor mide la salud de cada cual.

Cualquier restricción, por pequeña que sea, afecta y mucho a la banca española, bien gestionada en general, pero que en los últimos años se ha inflado a ganar dinero a cambio de asumir excesivos riesgos. Esos riesgos afloran ahora y lo hacen a una velocidad de vértigo, más de los ritmos del 25% al que crecía la concesión de créditos, la mayoría hipotecarios, hasta hace dos telediarios.

Por tanto, la morosidad no es esa del 1,8% que nos cuenta, sino mucho mayor, porque los impagos que han comenzado a contaminar los balances son la mayoría de los préstamos salvajes que se dieron en los tres últimos años, aquellos que permitían comprar vivienda sobrevaloradas por nuestros pobres promotores, coche y muebles por el 120% del valor del inmueble o compañías enteras adquiridas con primas del 50%, llámense Fadesa, Riofisa o Reyal.

Y el BCE, que mira con lupa la cartera que le da la banca española a cambio de dinero, no es tonto y sabe. En los tiempos que corren, son más necesarios que nunca luz y taquígrafos, que la ingeniería financiera tiene las patas muy cortas.

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El colchón de provisiones de diez cajas ya no cubre dudosos
Expansión.com - 22 de agosto de 2008
 
 
Casi un tercio de estas entidades han superado ya el 2% de morosidad, que es la previsión hecha oficialmente por la CECA para finales de este año. El deterioro en los impagos es más fuerte en las cajas que en los bancos.

El repunte de los impagos está haciendo mella en el colchón de provisiones que las cajas de ahorro habían acumulado para hacer frente al cambio de ciclo. Son ya una decena de entidades cuya ratio de cobertura ha bajado del 100%: es decir, que no cubren todos sus créditos morosos con provisiones.

El dato, que se consideraría normal en el resto de los sistemas financieros europeos, llama la atención en España, cuya banca ha gozado en los últimos años de coberturas muy por encima del 100%. Sin ir más lejos, al cierre de 2007, la cobertura de las cajas estaba en el 212%, lo que demuestra la rapidez con la que puede deteriorarse este indicador.

El presidente de la Ceca, Juan Ramón Quintás, estimó hace un mes que la morosidad de las cajas se situará ligeramente por encima del 2% este año y que podría llegar al 4% en 2009. Sin embargo, cuando se empiezan a conocer los datos del primer semestre de casi todas las cajas, surge la duda de que la estimación para este ejercicio podría haberse quedado corta. La ratio de morosidad del sector aún no se conoce (aunque varias cajas la han situado en el 1,89%), pero los datos individuales muestran que casi un tercio de estas entidades ya ha superado el 2% de impagados.

En concreto, de las 35 cajas que han informado sobre la evolución de este indicador al cierre del primer semestre, once tienen créditos impagados que superan el 2% de su cartera crediticia. Ninguno de los principales bancos cotizados ha alcanzado aún estas cotas, aunque el deterioro crediticio también les afecta de forma agresiva. La morosidad de los siete bancos analizados (ver gráfico) se elevó en promedio 55 puntos básicos, hasta el 1,15%.

Cabe destacar que varias cajas han visto afectado negativamente su dato del semestre por el concurso de acreedores de Martinsa Fadesa, que tiene una deuda de 4.000 millones con 45 entidades (entre cajas y bancos nacionales y extranjeros). Caixa Sabadell, por ejemplo, explicó a EXPANSIÓN que la fuerte subida de su morosidad, hasta el 3,24%, se debe en buena parte al concurso de la inmobiliaria y aseguró que, para septiembre, prevé reducir su ratio.

Caja España, que también presentó resultados el pasado jueves, y es la caja que, con un 3,9%, tiene más morosidad –entre las que han informado– revela que ha duplicado sus provisiones, incluyendo también una dotación prudencial de 23 millones. Sin embargo, no ha informado de su ratio de cobertura.

Entre las cajas más grandes, CAM es la que presenta el ratio de cobertura más bajo, con un 50,6%, seguido por Caixa Catalunya, con un 91,7%. En el lado opuesto, apenas seis cajas mantienen una morosidad inferior al 1%, y tan sólo cinco cuentan con una cobertura superior al 200%.

Hay que señalar que no todos los activos dudosos acaban transformándose en pérdidas para las entidades. Buena parte de la morosidad de los bancos y las cajas procede del segmento hipotecario (promotores y particulares), es decir de créditos que están cubiertos con garantía real, lo que implica que, en la peor de las hipótesis, la entidad podrá recuperar al menos parte de lo que prestó a través de la venta del activo.

También hay que tener en cuenta que los bancos y las cajas está centrando sus esfuerzos en potenciar la recuperación de morosos. Un crédito se clasifica como dudoso cuando tiene tres meses de retraso en el pago, y vuelve a salir del computo de la mora cuando el cliente regulariza la posición. Además, varias entidades han empezado a vender sus carteras de morosos: recuperan sólo una parte de lo que prestaron, así que pierden dinero, pero sacan los activos del cómputo de la mora.

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BdE pasa al Plan B y amenaza con intervenir una caja
elcorreodigital.finanzas.com - 23 de agosto de 2008
 
 
Muchas cajas no cubren ya sus créditos dudosos

La crisis financiera que afecta a los bancos y cajas españoles puede recrudecerse por el imparable aumento de la morosidad, que ha alcanzado su nivel más alto en la última década, y la sequía absoluta de los mercados de créditos. Según fuentes del mercado, el Banco de España, consciente de esta situación, ha pasado a una estrategia más agresiva en su labor supervisora< y podría intervenir alguna entidad de mediano tamaño en las próximas semanas.

La crisis financiera que afecta a los bancos y cajas españoles puede recrudecerse por el imparable aumento de la morosidad, que ha alcanzado su nivel más alto en la última década, y la sequía absoluta de los mercados de créditos. Según fuentes del mercado, el Banco de España, consciente de esta situación, ha pasado a una estrategia más agresiva en su labor supervisora y podría intervenir alguna entidad de mediano tamaño en las próximas semanas.

Pese a las reiteradas voces que piden tranquilidad sobre la salud de los bancos y las cajas españolas por el colchón que suponen las llamadas provisiones genéricas, lo cierto es que el organismo supervisor está cada vez más preocupado por la velocidad a la que han crecido los créditos impagados. La tasa ha pasado del 0,67 al 1,60% en el conjunto del sistema en los últimos doce meses, lo que ha dejado a varias entidades en situaciones críticas en cuanto a su capitalización medida por sus recursos propios.

Tras conocerse estos datos, Pedro Solbes, ministro de Economía, lanzó un mensaje de calma al asegurar que dicha morosidad no pondría en apuros a la banca española. Tan sólo matizó que aquellas con mayor exposición al parón inmobiliario podrían verse más afectadas, pero que con la información de la que disponía le permitía estar muy tranquilo.

Sin embargo, fuentes próximas al Banco de España no opinan lo mismo. La institución lleva más de un año con advertencias a los bancos y cajas por la alegría con la que concedían créditos, tanto a particulares como a empresas, y cerca de diez con inspecciones más profundas en las entidades que se han visto involucradas en procesos de suspensiones de pagos inmobiliarias o refinanciaciones de urgencia, como ha ocurrido con Martinsa-Fadesa, Habitat, Colonial, Afirma o Llanera.

El Banco de España puso su lupa sobre la salud del balance de cajas como Bancaja, Caixa Galicia, Caja Castilla-La Mancha, la CAM y Caja España, entre otras, en un Plan A que se ha visto superado por la evolución de los acontecimientos. Además, en las últimas semanas ha extremado su vigilancia sobre las entidades que han visto como su tasa de mora se ha multiplicado por cuatro, cinco, seis y hasta siete veces. Entre estas últimas están Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Girona.

En total, diez cajas ya no disponen de las provisiones suficientes para cubrir los créditos dudosos -en esta cesta están la CAM, Cajastur, Caja Cantabria, Sa Nostra, Caixa Catalunya, Caixa Manlleu, Caixa Sababell, Caixa Tarragona, Caixa Sabadell y Caixa Terrasasa- y un tercio ya tiene una tasa de impagos superior al 2%.

El organismo supervisor está muy preocupado por las cajas que no disponen de cartera industrial para vender participaciones con las que compensar la incapacidad de acudir al mercado para conseguir financiación. De hecho, desde hace casi tres meses apenas se han registrado emisiones de deuda, ya sean de bonos o titulizaciones, porque los inversores extranjeros no están dispuestos a adquirirlas incluso si la entidad ofrece una prima desorbitada.

Por estos motivos, y teniendo en cuenta que en el sistema hay más de 200.000 millones de euros en créditos cuya devolución puede complicarse aún más por el crecimiento casi cero de la economía española, el Banco de España podría tener que tomar medidas de urgencia sobre alguna caja uniprovincial, hecho que puede pasar en las próximas semanas, según distintas fuentes.

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Aumenta un 25% crédito hipotecario no destinado a vivienda
Expansión.com - 23 de agosto de 2008
 
 
Al cierre del primer trimestre del año, la cuantía de los préstamos hipotecarios que se concedieron a los hogares españoles con fines diferentes de la compra de vivienda aumentaron un 25% según el Banco de España.

En concreto, el importe acumulado alcanzó al terminar marzo los 42.366 millones de euros, frente a los 33.871 millones de euros que se registraron en el mismo periodo del año anterior.

Estos datos contrastan con el saldo acumulado al cierre de 2005, cuando las hipotecas que tuvieron como destino la compra de bienes diferentes a la vivienda sumaban 25.834 millones. Esto supone que el volumen ha aumentado casi un 64% en poco más de dos años.

Este repunte también contrasta con el ritmo de crecimiento del crédito hipotecario total, que se ralentizó en el primer trimestre del año. Además, la morosidad en este tipo de crédito también ha aumentado considerablemente, ya que ha pasado del 0,6% que suponía al cierre de 2005 al 1,36%.

Garantía: la vivienda

Este tipo de préstamos utilizan como garantía la vivienda, pero se destinan a financiar otro tipo de productos que nada tienen que ver con el inmueble, como invertir en negocios, comprar un coche o financiar las vacaciones. A este respecto, un portavoz de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (Adicae) ha explicado que algunas familias optan por recargar la hipoteca de su vivienda para financiar bienes de consumo, una práctica que considera "no es de recibo".

En principio, esta fórmula puede parecer beneficiosa, porque se evitan los gastos de constitución de otro préstamo y el tipo de interés es más bajo que el de un crédito al consumo, pero "a la larga el consumidor acaba pagando más" y el banco le suele exigir un aval, con lo que no sólo compromete su vivienda, sino también la de quien le respalda.

Por ello, Adicae anima a las familias a "ejercer la cultura del crédito con responsabilidad" y no recargar la hipoteca, salvo que la relación entre ingresos y gastos sea desahogada. En caso contrario, esta fórmula no es "razonable", ya que se pone en juego la vivienda, algo que no ocurre de forma tan directa cuando no se abona la cuota de un préstamo al consumo.

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El origen de la crisis en EEUU y en España es el mismo
Cotizalia.com - 23 de septiembre de 2008
 
 
apostar a que el precio de la vivienda nunca baja

“El origen de la crisis en EEUU y en España es el mismo: apostar a que el precio de la vivienda nunca baja”, sostiene José García Montalvo, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y profesor del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El Confidencial se puso en contacto con él a propósito de los acontecimientos financieros acaecidos en EEUU, que sigue a diario en su blog. En esta entrevista, compara la crisis estadounidense con la española. “Aquí es peor”, asegura.

P.- ¿Considera que sirven para algo las medidas adoptadas por las autoridades para atajar la crisis?

R.- Todo esto es consecuencia de un proceso que no se cerró bien y que ha ahora está dando coletazos. Lo único que se está haciendo es ganar tiempo, pero no dejan de ser parches, porque no se está dando soluciones al problema fundamental. La semana pasada sucedieron tres cosas que modifican sustancialmente las reglas del juego: primero, se han prohibido las ventas a corto. Habría que preguntarse por qué no hubo límites cuando la tendencia era hacia arriba. Segundo, la garantía federal de todos los fondos monetarios. Y tercero, el Secretario del Tesoro tiene autoridad para comprar los activos tóxicos de los bancos. En este punto surge la duda de si no es mejor regular antes que tener que limpiar luego los desastres. Porque ahora nos encontramos ante un riesgo sistémico. Realmente, las medidas adoptadas estos días, tales como prohibir las ventas a corto, o detener los mercados varios días (como en Rusia) son muy extraordinarias.

P.- ¿Cuál es el problema fundamental al que se refiere?

R.- El problema fundamental es que todos apostaron a que el precio de la vivienda no bajaría. Y todas esas apuestas han salido mal. Ése es el origen de todos los problemas. Pero no se está actuando sobre este problema, sino sobre sus consecuencias financieras.

P.- O sea, ¿el origen de la crisis es el mismo en EEUU que en nuestro país?

R.- Sí, pero aquí es peor. En Estados Unidos, el precio agregado nunca había bajado. Pero aquí sí que había sucedido. No creo que pueda hablarse de desconocimiento.

P.- Aunque con distinto timing ¿la burbuja inmobiliaria española puede pasar por las mismas fases que la estadounidense?

R.- Sí. Hay un efecto espejo con EEUU. De hecho,vamos un año o un año y medio por detrás. Habrá que ver si el sistema financiero español es tan sólido como dicen. Por ejemplo, los APIS de Barcelona ya están registrando caídas de precios de la vivienda del 7%. Los datos ya existentes y los que están por venir van a dejar en evidencia que ese supuesto básico de que los precios de la vivienda nunca bajan no se cumple. Muchos de esos activos van a perder valor y las agencias calificadoras empezarán a degradar entidades financieras (de hecho este proceso ya ha comenzado). Si el subyacente vale menos, el título es más arriesgado. Al final, subprime sólo quiere decir que el señor que ha contratado una hipoteca tiene una probabilidad significativa de no devolver el préstamo. ¿Cuántos de estos señores va a haber en la economía española? Pues bastantes. Especialmente si el desempleo sigue creciendo. Ya está cerrada incluso la refinanciación.

P.- Siguiendo el paralelismo, en España ha habido burbuja de crédito y de precios. Pero en EEUU la burbuja de construcción de viviendas no ha tenido la dimensión de la española

R.- Es verdad. El stock [número de viviendas sin vender] en EEUU cubriría once meses y medio al ritmo actual de ventas. En España, a final de 2008 habrá viviendas nuevas en el mercado sin vender para más de 4 años (al ritmo actual de ventas). De hecho, es el mejor indicador para valorar la dimensión de la crisis en España.

P.- ¿Qué otras diferencias hay entre ambos mercados?

R.- En EEUU, hay mucho cliente subprime que ha firmado una hipoteca sabiendo que seguramente no podría pagar. Era como pagar un alquiler y esperar a ver si los precios de la vivienda subían. Pero allí, a diferencia de aquí, lo resuelven devolviendo las llaves.

P.- ¿Quiénes son los culpables de la crisis?

R.- Hay mucha culpa compartida. En este juego hahabido muchos jugadores. En España, quien más quien menos ha querido jugar a ser 'El Pocero'. Pero ha habido responsabilidades privadas y públicas. Se ha jugado con las expectativas y también ha habido un problema de incentivos clásico a la hora de empaquetar y colocar hipotecas. En el caso de las calificadoras, ha habido incentivos perversos, porque las entidades han pagado para obtener la máxima calificación, en lo que se conoce como rating shopping.

P.- ¿También se podría hablar de 'tasing' shopping?

R.- También. En España, las tasaciones en muchas ocasiones se han ajustado a las necesidades del comprador. Además, las hipotecas concedidas por más del 100% del valor real de tasación se pueden interpretar como que un mismo acto hipotecario se ha dado un préstamo por el 80% y otro adicional por la diferencia. Por tanto, en España se han concedido gran cantidad de hipotecas que llevan implícito un home equity loan.

P.- ¿Cuál es la perspectiva para los bancos y, especialmente, las cajas de ahorros españolas? Ya se está hablando abiertamente de la posibilidad de que las cajas comiencen un proceso de fusiones.

R.- En un cálculo simple (sin considerar las nuevas provisiones específicas a medida que aumenta la morosidad) las garantías de las provisiones genéricas se acabarían rápido: tan pronto como se alcance el 3,5% ó el 4% de morosidad. Y los banqueros ya están aceptando sin recato índices de morosidad cercanos al 3%. Las fusiones difícilmente serán la solución pues el riesgo es difícilmente diversificable. Si miramos a EEUU, Bank of America compró Countrywide, cargado de subprime. Y Merrill Lynch estaba asfixiado por títulos tóxicos. Bank of America se hizo con Merrill la semana pasada. ¿Dónde está la diversificación? Simplemente ser más grande tiene ventajas (mayor probabilidad de que el gobierno acuda al salvamento) pero lasf usiones no tienen mucho sentido como fuente de diversificación de riesgo. Con las cajas pasa lo mismo: ganar tamaño puede suponer la capacidad para ser salvadas. El tamaño en este caso importa.

P.- ¿En este proceso de socialización de las pérdidas, ¿quién va a pagar la fiesta?

R.- Los contribuyentes. Por otra parte, los accionistas de las empresas rescatadas tampoco deben de estar muy contentos.

P.- IndyMac ha sido estatalizado por la Administración norteamericana y al poco tiempo ha quebrado. ¿Es previsible que las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG quiebren después de ser nacionalizadas?

R.- No es descartable. Ha habido un descontrol absoluto. En el caso de Fannie y Freddie hay agravantes. Antes de ser nacionalizadas, absorbieron gran parte de las hipotecas tóxicas de otras entidades. Además, han estado haciendo contabilidad creativa a pesar de ser empresas esponsorizadas por el Gobierno Federal.

P.- A nivel ideológico, hay a quien le sorprende que estas medidas las tome precisamente EEUU, precisamente la Administración Bush

R.- En EEUU hay dos niveles ideológicos. El estadounidense es un tipo muy práctico y muy liberal. Cuando hay que actuar, actúa. No es la primera vez: ya se salvó a Chrysler en el 79, actuó en la crisis de las cajas de ahorros e intervino con LTCM. Está interviniendo constantemente.

P.- Bank of China ha anunciado que comprará el 20% de Edmond de Rothschild, Nomura se ha hecho con los activos asiáticos de Lehman Brothers, capital árabe es accionista de Citigroup ¿Cuál es la trascendencia geopolítica de lo que está pasando?

R.- Se está dando algo que yo llamaría justicia poética: los que han creado el problema se están tragando parte de aire de la burbuja a medida que escapa.

P.- ¿Es posible que las entidades nacionalizadas puedan ser privatizadas cuando serecuperen? ¿Eso no supondría una nueva privatización de las ganancias?

R.- En principio, la idea es precisamente volver a vender los activos adquiridos ahora una vez pasen los problemas y, si es posible, que cueste lo menos posible al contribuyente. La cuestión importante es saber a qué precio se comprarán los activos tóxicos de las entidades financieras. Habrá presiones para que el Gobierno Federal pague más de su valor real que, por cierto, es muy difícil de determinar. Durante la Gran Depresión, el Congreso de EE.UU. puso en marcha la HOLC (Home Owners Loan Corporation), que tenía por objeto comprar hipotecas de ciudadanos que tenían problemas para pagarlas. La HOLC se financiaba en los mercados de capitales y a través del Tesoro y cerró sus operaciones en 1951 con un pequeño beneficio, a pesar del enorme riesgo de la operación. Nótese la diferencia entre la HOLC y la operación del viernes pasado: en la Gran Depresión, el objetivo era ayudar a reestructurar las hipotecas de las familias que tenían problemas para pagar. La semana pasada, las medidas fueron dirigidas a salvar a los bancos que, en buena medida, son los causantes últimos del desbarajuste actual.

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Los bancos españoles pueden ejecutar las hipotecas
DiarioExterior.com - 30 de agosto de 2008
 
 
Si los activos pierden valor. Los bancos pueden ejecutar las hipotecas si los pisos o el suelo que las inmobiliarias pusieron como garantía empiezan a devaluarse con fuerza, como prevén los analistas para el último trimestre del año. Es una vuelta de tuerca más a la crisis del ladrillo en España.

No hay nadie en España que no esté preocupado por el fuerte endeudamiento de las empresas inmobiliarias. De su capacidad para seguir financiándose depende que la crisis se convierta en una fuerte recesión durante el segundo semestre de 2008.

Para financiarse, como les falta un dinero que ya no fluye a raudales en el mercado, necesitan pedir prestado a los bancos y que las entidades financieras no les cancelen los créditos anteriores. Para ello, es fundamental que sus principales activos, el suelo y los pisos, no aceleren su desplome porque es lo único que pueden poner ahora mismo como garantía.

"Antes era muy fácil pedir dinero para una inmobiliaria: el precio de tasación del suelo urbano recalificado y el de los pisos siempre iba a ser menor que el de los próximos años. Los bancos estábamos seguros de que si había algún problema no sólo nos reembolsaríamos lo que les habíamos prestado con sus intereses sino que venderíamos los activos por más de lo que les habían costado a ellos", explica un ejecutivo de banca de empresas de una entidad española.

Por otro lado, los bancos, desde el estallido de la crisis subprime en agosto del año pasado, no quieren prestar nada que no puedan recuperar fácilmente. Y la previsible bajada de los pisos, según las estimaciones del FMI un 20 por ciento y según el Deutsche Bank un 32 por ciento, no parece encajar con las necesidades las entidades españolas.

Los primeras víctimas

En el primer trimestre del año, la única firma cotizada que actualizó voluntariamente el valor de su cartera fue Colonial, cuyos activos registraron en tres meses una depreciación del 4,5 por ciento, lo que significa que su deuda pasó del 67 a casi el 74 por ciento de sus fondos propios.

Esta semana, Afirma ha anunciado que la depreciación de sus activos les ha costado 406 millones de euros y que su ratio de endeudamiento aumente en más de 22 puntos, del 43,9 por ciento hasta el 66,2 por ciento.

A última hora de ayer, Reyal Urbis confirmó que el valor de sus activos ha descendido en más de un 10 por ciento, por lo que ha necesitado provisionar para salir adelante 252 millones de euros.

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La banca rechaza dar créditos a las viviendas protegidas
Expansión.com - 05 de septiembre de 2008
 
 
Y frustra el plan del Gobierno

Los promotores constatan el “rechazo masivo” de las entidades financieras a la concesión de préstamos para pisos protegidos. Las dudas sobre la solvencia de los compradores complican el programa de avales del ICO.

La mezcla de las crisis inmobiliaria y financiera puede resultar explosiva. La construcción residencial depende en gran parte del acceso a la liquidez, y el sector se ahoga por las restricciones de crédito para promover vivienda libre.

La tabla de salvación propuesta por el Gobierno era impulsar la vivienda protegida (VPO), que proporciona un margen menor que los pisos libres (el 8% de beneficio frente a más del 20%) pero parecía una apuesta segura. Sin embargo, ahora también pende de un hilo, porque bancos y cajas ya rechazan de forma “masiva” conceder créditos hipotecarios para este tipo de inmuebles, según reconocen los propios promotores.

“VPO construida es VPO vendida”, rezaba el axioma recurrente en el sector, acuñado por el propio presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote. Pero a la vuelta de vacaciones en su patronal se han encontrado con numerosas quejas de empresarios inmobiliarios: “No les dan préstamos ni para la vivienda protegida”, señalan.

“La VPO nunca se había visto afectada por la crisis financiera, hasta ahora, que se están notando sobremanera las restricciones de liquidez”, aseguraron a EXPANSIÓN fuentes oficiales de APCE.

Que bancos y cajas hayan cerrado el grifo a la VPO supone un obstáculo más para las intenciones del Ejecutivo, que pretende que se inicien 150.000 pisos sociales al año. Es decir, casi el doble que en 2007 (83.859). Esto ya resultaba muy difícil tras el dato del primer trimestre de 2008, que arrojó una caída del 60% con respecto a igual periodo del año pasado.

Ante el parón de la financiación para VPO que constatan los promotores, también peligra el éxito del plan de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, ha habilitado líneas para titulización de créditos hipotecarios de VPO que en 2008, 2009 y 2010 sumarán 15.000 millones de euros. Con ello se rompía en cierta medida el caparazón de la financiación inmobiliaria.

Pero ahora los expertos temen que el ICO no “sume” viviendas protegidas al contador total, sino que “sólo” cubra las carencias que derivan de la depresión financiera y maquille la caída. Lucio Rivas, técnico urbanista y socio del bufete Urbe Asesores Jurídicos, opina que el “cierre súbito” de la financiación arroja un panorama “bastante inquietante, ya que el único nicho de mercado con salida es, hoy por hoy, la vivienda protegida”. No en vano, los empresarios del ladrillo acumulan entre 0,8 y 1,2 millones de pisos libres nuevos sin vender.

Precisamente para mitigar el impacto de la crisis financiera en la VPO, el Gobierno ultima una modificación reglamentaria del régimen de los títulos del mercado hipotecario, mediante la cual se permitirá a las entidades financieras utilizar los préstamos de viviendas en derecho de superficie –fundamentalmente, VPO– como garantía de las emisiones de cédulas hipotecarias y bonos (ver este diario del 26 de agosto). Esta reforma se espera para “finales de otoño”, según fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda.

“Menos solvencia”

Pero las fuentes bancarias consultadas aseguran que esta medida no solucionará el problema, porque éste es “mayor”. “La coyuntura ha cambiado para todos y eso se traduce en que empresarios y particulares presentan un perfil de solvencia menor que antes”, aseguran. Es decir, que “cada entidad elige a quién le concede financiación”, y a los que “hace tres años se les daba el préstamo, ahora ya no”, añaden. Así, dudan sobre todo de la solvencia de los compradores de VPO, por sus especiales características económicas (en general, menor salario y condiciones laborales menos seguras).

Un último aspecto que tienen en cuenta los analistas es qué pasará con la compra gubernamental de suelo por valor de 300 millones de euros para construir en él VPO. “¿Quién va gestionar ese suelo y esas viviendas? ¿Es posible asegurar su financiación? ¿Es más beneficioso construir VPO privada que vender el suelo a la Administración?”, se pregunta Lucio Rivas.

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Jueces, banca y crisis inmobiliaria
CincoDías.com - 30 de septiembre de 2008
 
 
La idea del juez Sánchez es esta: en procesos concursales seguidos en inmobiliarias podría entenderse que existe un 'título de responsabilidad' por parte de los bancos que soportaban la deuda de la compañía. El magistrado comentó que si los bancos que han negociado la deuda de la inmobiliaria con sus administradores han impuesto en esa negociación extremos como el precio al que la compañía debía vender las viviendas, es decir, que si la banca hubiese actuado 'como administrador de hecho' de la inmobiliaria podría considerarse a la banca 'cómplice' de la situación de la empresa.

Si la banca fuera nombrada responsable, por ejemplo, en el concurso de Martinsa Fadesa 'se facilitaría la salida de la situación concursal', comentó el viernes Antonia Magdaleno. 'Pero se cerraría definitivamente la financiación de las compañías inmobiliarias por parte de la banca', añadió.

En el caso de la compañía presidida por Fernando Martín, que solicitó concurso de acreedores el pasado 15 de julio protagonizando la mayor suspensión de pagos en España, la empresa negoció con la banca acreedora -la deuda de Martinsa Fadesa es de 5.201 millones de euros- una política de venta de activos cuyos ingresos se destinarían a la reducción de la deuda. Pero, aseguran en la inmobiliaria, nunca se llegó al extremo de que la banca impusiera qué activos vender ni a qué precio.

La idea del juez Sánchez choca con el escollo de definir qué actitud convierte a la banca en administrador de hecho de una inmobiliaria. Porque la mayoría de compañías del sector han tenido que presentar un plan de negocio a la banca para conseguir determinado crédito. O comprometerse a alcanzar un nivel concreto de ingresos, de desinversiones, de número de empleados... para refinanciar la deuda previamente asumida. ¿El estudio por parte de los bancos de un plan de negocio de una compañía los convierte en administradores de hecho de la misma? La planificación del negocio futuro de la empresa acordado con la banca ¿hace a las entidades financieras gestoras de facto?

Habría que definir si el hecho de imponer unas condiciones de negocio (beneficio, nivel de deuda, facturación) equivale a gestionar la compañía. Si es así, cabe decir que la mayoría de grandes inmobiliarias españolas son gestionadas por bancos.

'Si vas a montar una cafetería y pides un préstamo a un banco', comenta un portavoz de una inmobiliaria, 'el banco no te va a exigir que cobres los cafés a tal precio'. La relación entre una inmobiliaria y un banco no debería ser muy distinta a la hora de pedir un crédito. 'Es una barbaridad', señala un directivo del sector financiero. 'Con estas propuestas no se va a resolver ningún concurso', dice.

Acceder a las condiciones de negocio impuestas por la banca a las empresas del sector para seguir financiando su actividad no es fácil. En el caso de las cotizadas se apuntan algunas condiciones al mercado, pero nunca la letra pequeña de esos contratos.

La inmobiliaria Afirma logró firmar con la banca un importante acuerdo sobre el pago de su deuda a principios de junio. La compañía no amortizará capital hasta 2010 a cambio de cumplir un ratio de endeudamiento del 70% (deuda/valor de activos) que se irá reduciendo ejercicio tras ejercicio, informó la empresa a la CNMV en sus últimos resultados semestrales; en caso contrario, la banca ejecutará los préstamos (ahora mismo el ratio de Afirma está por encima del 62%).

Reyal, con 5.516 millones de deuda, también firmó un acuerdo similar con la banca a la hora de negociar el crédito solicitado para asumir la compra de Urbis (operación realizada a mediados de 2006 valorada en 3.317 millones de euros). Según informó en sus resultados de los primeros seis meses del año, había incumplido 'determinados ratios' asociados a uno de sus préstamos sindicados. Y ha presentado un documento 'de términos y condiciones que se encuentra pendiente de la aceptación unánime de las entidades financieras involucradas'.

La dificultad de definir qué es la responsabilidad efectiva de la banca en esta cuestión hace poco viable pedir cuentas a entidades financieras en un proceso concursal como si se trataran de los administradores reales de la compañía. Además, en el poco probable caso de que esta responsabilidad de la banca fuera aludida en un proceso concursal, la propuesta alargaría la situación concursal de la inmobiliaria poniendo aún más en peligro su vuelta a la normalidad, ante la previsible defensa de la banca.

Otra cuestión sería tratar la responsabilidad de la banca a la hora de otorgar créditos para llevar a cabo un buen número de operaciones inmobiliarias realizadas en España en los últimos años que -ciertamente ahora es fácil decir- un comité de riesgos no debería haber aprobado. Compañías del sector han logrado créditos bancarios aportando como garantía la valoración de sus activos. La nueva ley del suelo impide valorar terreno rústico por las expectativas de que éste fuera recalificado. Ni los bancos ni nadie podían adivinar que dicha ley fuera a ser modificada, ni en qué términos pero, ¿de verdad creían que el terreno ocupado por una huerta valía tanto como un solar sobre el que construir un hotel de lujo?

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Golpe a la banca española
El País - 22 de septiembre de 2008
 
 
La incertidumbre internacional dispara el coste de la financiación de las entidades en el exterior

"Ha ocurrido lo que nadie podía pensar: el Gobierno de EE UU ha dejado quebrar al cuarto mayor banco de inversión, Lehman Brothers. Es un grave error. El viernes, tras el anuncio de que el Gobierno de EE UU rescatará a las entidades en peligro, se puede mitigar el riesgo de crisis del sistema financiero, pero lo que no se soluciona es el impacto sobre las infraestructuras financieras y la operativa de mercados", comenta José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. La situación parece mejorar, pero los expertos no quieren echar campanas al vuelo.

Este giro inesperado del viernes pasado ha rebajado la tensión en los mercados donde bancos y cajas buscan dinero para dar créditos, pero persisten las dificultades. Salvo los dos grandes bancos, los expertos creen que el resto del sistema financiero tendrá dificultades para obtener financiación en los mercados internacionales después de que la percepción de riesgo se haya disparado en los últimos días. Los grandes inversores temen que la caída del mercado inmobiliario español traiga problemas a bancos y cajas que necesitan ahorro exterior para financiar los créditos en España.

En el mundo financiero la globalización es casi absoluta. Lo malo es que las noticias negativas afectan con más rapidez que las positivas. Los directivos de algunas cajas de ahorros y bancos españoles vieron con preocupación cómo, en los últimos días, se ha disparado el indicador de confianza financiera a unos niveles nunca vistos. En el complejo mundo del dinero todo se mide y el indicador que se ha puesto más de moda es el Credit Default Swap (CDS). Este número, que oscila a diario, refleja el riesgo de que se deje de pagar las deudas. Cuando un inversor compra renta fija de una entidad y teme que no vaya a cobrar en la fecha de vencimiento, pide que alguien le asegure que recibirá el dinero.

Este seguro es el CDS y varía en función de la confianza que transmite la entidad que ha emitido el bono. Por eso, a los buenos pagadores se les cobra poco dinero por asegurar la deuda y a los que se cree que pueden pasarlo mal, se eleva el precio. "Es un seguro de impago. En definitiva, es lo que cuesta quitar el riesgo a la deuda que compra un inversor. La cuota sube cuando el riesgo de impago es alto", describe un analista bancario.

Tras la quiebra de Lehman, todos pensaron que el siguiente sería Morgan Stanley y sus CDS a cinco años se dispararon hasta los 1.000 puntos básicos (10 puntos porcentuales), que equivale a decir "el mercado espera su caída inminente, por lo que sólo un loco le prestaría dinero".

Una semana antes, se cobraba 311 puntos básicos por la deuda de Morgan. Para reflejar con números la magnitud de la crisis de confianza que vive el sistema financiero internacional, cabe señalar que el índice de riesgo de impago de la media de las 135 mayores compañías de Estados Unidos y Canadá ha subido hasta los 240 puntos, el doble de lo que estaba hace unas semanas.

¿Y qué está ocurriendo en España? Nadie se ha salvado de la quema, pero no ha afectado a todos de la misma manera. Hace un año, el coste de asegurar la deuda de las entidades españolas era de entre 6 y 12 puntos. "Estos niveles significan riesgo cero de que haya problemas", apunta un experto. Hoy, en el mejor de los casos, el del BBVA y el Santander, se han multiplicado por más de 10. En otros, como Bancaja, la percepción de riesgo se ha multiplicado por 70, en niveles cercanos a los bancos de inversión estadounidenses con problemas.

"Lo significativo no son los puntos de los CDS que tiene un banco o una caja porque el mercado está roto. Sin embargo, es significativo que la crisis financiera ha clasificado a las entidades españolas en tres niveles de riesgo diferentes: bajo, medio y alto. Creo que seguirán en estos niveles durante bastante tiempo", comenta el director financiero de una gran entidad. "Esto significa", añade, "que los mercados de capitales se han cerrado para casi todos, excepto los dos grandes bancos". José Carlos Díez, de Intermoney, resume la situación diciendo que el mercado está penalizado por tres factores. "El primero es para todos por el riesgo España. También por el peso del crédito inmobiliario sobre el balance y, en último lugar, por la dependencia de los mercados de capitales para financiarse. Cuanto mayor sea ésta, se entiende que está en un peligro mayor".

La deuda de Bancaja está en el nivel más alto, es decir, el CDS más caro. La entidad reconoce que afecta a su imagen y reputación, pero insiste en que "sin que haya empeorado la cuenta de resultados, los CDS han aumentado. Se debe a un movimiento especulativo con el que algunos están haciendo mucho dinero. Además, se ha disparado el miedo, que es irracional por lo que está pasando en EE UU". Bancaja recuerda que su morosidad es del 1,85%, por debajo de la media del sector y que hasta final de año vencen 1.600 millones, "que están más de cinco veces cubiertos con los depósitos".

Su vecina la CAM es la que está en el segundo peor lugar. Fuentes de la entidad consideran que, estos días, los niveles que refleja el mercado "no son significativos porque se cruzan muy pocas operaciones". La CAM recuerda que este año le vencen sólo 230 millones y algo más de 3.000 millones en 2009. En un nivel intermedio de riesgo están La Caixa, Bankinter, Banco Popular, Caja Madrid, Banco Pastor y Banco Sabadell. Fuentes de la entidad catalana insistieron en que "no son razones de fondo por lo que está subiendo la percepción de riesgo. Sólo es por la volatilidad del mercado".

En el mejor nivel, no sólo nacional sino también internacional, están el BBVA y el Santander. En la entidad cántabra coinciden con sus colegas en que los precios "no son reales por la enorme volatilidad". El BBVA asegura que puede estar 2,5 años sin acudir a los mercados. Captar depósitos, ventas de cartera industrial y de créditos, pasar fondos a depósitos son los caminos, según los expertos.

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El cambio en las subastas del BCE perjudicará a España
El País - 02 de septiembre de 2008
 
 
La economía española, al borde de la recesión por el encarecimiento del crédito, encontrará aún más difícil conseguir dinero cuando el Banco Central Europeo (BCE) endurezca las condiciones de las subastas de liquidez. Los bancos españoles han acumulado 89.000 millones de euros en bonos titulizados propios, más que cualquier otro país de la eurozona, porque el BCE los acepta en sus subastas.

Pero el Banco Central quiere cambiar las reglas, según dijo Yves Mersch, miembro del consejo del BCE, el pasado 23 de agosto. "La decisión podría afectar negativamente a la rentabilidad de los bancos españoles y a su disposición a prestar", afirma Willem Buiter, profesor en la London School of Economics. "Podría llevar a un menor crecimiento económico", añade. Los bancos españoles han dependido del dinero barato del BCE para proporcionar crédito a consumidores y empresas en plena crisis inmobiliaria. Sin estos préstamos, el país sería más dependiente de los inversores extranjeros, que exigen mayores retornos antes de comprometer recursos.

Los responsables del BCE han decidido afinar sus normas en respuesta a los intentos de algunos bancos de "abusar del sistema", dijo Mersch. Axel Weber, otro miembro del consejo, añade que el BCE debe asegurarse de que no haya más abusos.

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Los ingresos tributarios propios de las autonomías caen 35%
El Periódico de Catalunya - 08 de septiembre de 2008
 
La pérdida de recaudación afecta a todas las figuras impositivas cedidas. Valencia, Murcia y Cantabria registran mermas del 42,5%, 42,1% y 38,6%

La caída de ingresos tributarios de las autonomías está plenamente consolidada. El conjunto de comunidades de régimen común (todas menos Navarra y Euskadi) experimentaron hasta el pasado 30 de junio un desplome de su recaudación por tributos cedidos del 34,9%, hasta los 7.355 millones de euros. Dentro de ese capítulo se incluyen, por orden de importancia, los gravámenes de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), sucesiones y donaciones, tasas de juego y patrimonio, todos ellos afectados por una actividad económica al ralentí y, por tanto, una recaudación inferior a la de hace un año.

CASI 4.000 MILLONES MENOS

Los resultados obtenidos durante el primer semestre de este año suponen que, hasta la mitad del ejercicio, las comunidades autónomas han dejado de ingresar casi 4.000 millones menos que en el mismo periodo del año pasado, según las cifras que han facilitado al Ministerio de Economía y Hacienda. De seguir la caída al ritmo actual, la recaudación se verá reducida este año en unos 8.000 millones de euros. Es un elemento más a tener en cuenta en la actual discusión de un nuevo sistema de financiación autonómica y un auténtico sudoku que el titular de Economía, Pedro Solbes, deberá resolver.

Las comunidades valenciana, murciana y cántabra encabezan los retrocesos, con caídas de ingresos del 42,5%, el 42,1% y el 38,6%, respectivamente, si bien el descenso afecta a todas las autonomías. Extremadura es la única de todas las de régimen común que registra un retroceso de solo un dígito (5,3%). Entre las autonomías con mayor volumen de recursos, además de Valencia, destacan los fuertes descensos de Madrid (37,1%), Catalunya (35%) y Andalucía (34,5%).

La caída de la recaudación, que comenzó a gestarse durante la segunda mitad del año pasado a la vez que el inicio de la crisis inmobiliaria, afecta a todas las figuras impositivas, incluida la tasa del juego. Con todo es en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), impuestos estrechamente vinculados a la construcción, donde se registran auténticos desplomes cercanos al 50%.

MENOS SUCESIONES

El grueso del recorte de los ingresos -- entorno a 3.800 millones-- proviene de esos impuestos ligados a la actividad inmobiliaria. Estos gravámenes suponen, en promedio, el 69,4% del total de los ingresos autonómicos por tributos cedidos. Aunque ahora, este impuesto aporta casi 10 puntos menos que el año pasado. En cambio ha ganado peso porcentual el impuesto de sucesiones, con 1.290 millones y un descenso del 2,6%, pero que ha pasado de suponer el 11,7% del total de este tipo de impuestos, al 17,5%. En este apartado impactan esencialmente las medidas de recorte aplicadas por algunas comunidades como la de Madrid y otras también gobernadas por el PP, donde los familiares directos están prácticamente eximidos del tributo.

Pero no es el único impuesto afectado. El tributo de patrimonio, que dejará de cobrarse el 2009, registró, en conjunto, una caída del 13%. Y, en el capítulo de impuestos concertados --no incluidos en la suma de ingresos por impuestos cedidos--, destaca también la reducción del 3,2%, hasta 2.458 millones, en la recaudación del IVA. Aunque, gracias a la cesión del IRPF y otros gravámenes sobre los que las comunidades tienen derecho a una parte, la merma de ingresos ha sido menor.

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EE UU lanza un plan de intervención 'sin precedentes'
El País - 20 de septiembre de 2008
 
 
El Tesoro, la Reserva Federal y la autoridad bursátil movilizan cientos de miles de millones para retirar los activos hipotecarios que colapsan el mercado

La mayor intervención pública conocida para salvar al capitalismo. La Administración que preside George Bush, en una maniobra conjunta "sin precedentes" con la Reserva Federal y la autoridad del mercado de valores (SEC), va a movilizar "cientos de miles de millones de dólares" para limpiar el sector financiero de los estragos causados por las hipotecas subprime. Bush dijo que esta operación de rescate de la crisis de Wall Street, la de mayor envergadura desde la Gran Depresión, es "esencial" y está "justificada" para proteger la economía.

Estados Unidos levantó ayer un verdadero muro defensivo para marcar el fin de la crisis financiera. La acción, que busca reactivar el flujo de dinero entre bancos, bloqueado por el coágulo de las subprime, se sustenta en la creación de un nuevo vehículo (o agencia) para sacar cientos de miles de millones de dólares de deuda dañada de los balances de los bancos, dar una garantía multimillonaria a los fondos de dinero y la prohibición temporal a la venta al descubierto de las acciones de 799 sociedades.

La economía, según Bush, pasa por un momento crucial. Y para superar los retos sin precedentes a los que se enfrenta el sistema financiero, dijo que se requieren medidas "sin precedentes". "Hay que intervenir sólo cuando es necesario. En las condiciones actuales no sólo está justificada [la intervención], es esencial", precisó, mientras explicaba que el objetivo último es preservar la salud de la economía.

Tras una semana caótica en los parqués mundiales, que se llevó por delante a Lehman Brothers, puso bajo tutela pública a AIG y forzó la venta de Merrill Lynch, el Gobierno de EE UU reconoció oficialmente que los males originados por el colapso de las hipotecas basura tienen efectos perversos en el conjunto de la economía, y que para salir del agujero no es suficiente con marcar líneas en la arena como hasta ahora.

George Bush apareció custodiado por el secretario del Tesoro, Henry Paulson, el presidente de la Fed, Ben Bernanke, y el de la SEC, Christopher Cox. Una hora antes, Paulson dijo que con el plan procede a atajar el problema de raíz. El enemigo son los activos sin liquidez que taponan el sistema financiero, que están minando el gasto y la inversión. Éstas son las principales medidas puestas en marcha:

- Agencia anticrisis. Es el corazón del plan de rescate. A través de esta vía, el Gobierno movilizará en torno a medio billón de dólares para retirar del mercado los activos sin liquidez, como hipotecas subprime y otros créditos contaminados, y ayudar así a recomponer los balances de los bancos. Paulson dejó claro que el mecanismo se diseñará para que tenga el mayor impacto en el sistema financiero, y proteja a la vez al contribuyente. Durante el fin de semana, el secretario del Tesoro trabajará con el Congreso para dar forma a este nuevo organismo.

- Fondo de estabilización. El Tesoro establece un fondo temporal dotado con hasta 50.000 millones para garantizar el principal de los fondos de dinero (cuentas de ahorro remuneradas), para que así puedan devolver a sus clientes el efectivo que invirtieron. Los fondos de dinero, un sector que maneja 3,4 billones, están sufriendo un fuerte deterioro por las restricciones en el crédito y minando la confianza de los inversores, que están retirando sus depósitos.

- Préstamos a bancos. La Fed permite a los bancos que compren activos dañados de los fondos de dinero que acudan a la ventanilla de descuento y utilicen esos activos como garantía. En paralelo, el banco central de EE UU comprará activos ligados a obligaciones de deuda a corto plazo emitidas por las hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac, y la Federal Loan Banks.

- Acciones al descubierto. La SEC ha prohibido de forma inmediata y con carácter temporal la negociación de acciones al descubierto (short shelling), o venta de acciones sin tener la propiedad, de una lista de 799 empresas que cotizan en Bolsa para evitar abusos o manipulaciones. La medida estará en vigor durante 10 días, y podrían extenderse hasta un mes si se considera necesario para dar transparencia a las transacciones.

Henry Paulson espera que el Congreso de EE UU adopte cuanto antes las decisiones legislativas que necesita para llevar el plan a la práctica. Ayer volvió a poner énfasis en que la crisis está poniendo en evidencia que el sistema de supervisión actual está "obsoleto" y lleno de duplicidades. Por eso dijo que su estructura debe modernizarse. "La seguridad financiera de los estadounidenses depende de nuestra habilidad para restaurar nuestras instituciones financieras", concluyó.

Acciones de choque - Agencia de nueva creación para asumir activos sin liquidez. Manejará medio billón de dólares.

- Fondo de 50.000 millones para garantizar las inversiones en fondos de dinero (cuentas remuneradas)

- La Reserva Federal dará facilidades a los bancos que compren activos dañados.

- La Reserva Federal comprará activos ligados a obligaciones de deuda de las principales hipotecarias.

- Prohibición de operaciones al descubierto con acciones de 799 entidades.

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'Esto es sólo el principio de la crisis'
Publico - 20 de septiembre de 2008
 
 
El paquete de intervención del Gobierno de EEUU no resolverá la raíz del problema, según el Nobel de economía Joseph Stiglitz

El paquete de intervención a gran escala en los mercados anunciado por el Gobierno de EEUU está desatinado, pues no responde directamente a la crisis inmobiliaria, la raíz del problema, según el Nobel de economía Joseph Stiglitz, para quien "esto sólo es el principio de la crisis".

Los mercados han recibido con exuberancia el anuncio de una intervención de cientos de miles de millones de dólares, pero Stiglitz dijo en una entrevista que el ciudadano común debería estar muy preocupado, pues el país, a su juicio, está al borde de la recesión.

En lugar de comprar la deuda "tóxica" de los bancos, que nadie quiere, el Gobierno debería conseguir la renegociación de las hipotecas de las personas que están con el agua al cuello, dijo. Stiglitz cree que la crisis es una consecuencia de la "mala gestión" de la administración republicana y de la Reserva Federal, que no supervisó debidamente el sistema financiero y emborrachó a Wall Street con liquidez antes de la crisis.

También la vincula con Irak, que es "La guerra de los tres billones de dólares", según reza el título de su último libro, en el que da una estimativa "conservadora", según él, del costo del conflicto para Estados Unidos.

Stiglitz, quien recibió el Nobel en 2001 y ahora es profesor en la Universidad de Columbia, habla desde el bando demócrata y con conocimiento de los entresijos del Gobierno, pues fue el principal consejero económico de Bill Clinton cuando era presidente.

Actualmente asesora a Barack Obama, el candidato presidencial demócrata, pero en la entrevista dijo hablar en nombre propio.

¿Qué opina del programa de intervención en los mercados financieros anunciado por el Gobierno de EEUU? Creo que ni es suficiente, ni se ha hecho de forma correcta, ni aborda el problema fundamental, que es la gran cantidad de ejecuciones de hipotecas. El sistema se está desangrando por el peso de la deuda y parte de esa deuda se debe a la guerra en Irak.

¿Usted ve un vínculo directo entre ese conflicto y la crisis financiera? La guerra ha contribuido al debilitamiento de la economía. En el 2008-2009 está previsto que tengamos el mayor déficit presupuestario de nuestra historia.La guerra también ha contribuido al alto precio del petróleo. Hemos drenado nuestra economía para comprar petróleo. Eso fue el motivo de la amplia liquidez (suministrada por la Reserva Federal antes de la crisis): aminorar los efectos de un gasto tan alto en Irak, pero por supuesto, con eso se creaba un problema en el futuro.

Es sorprendente que la economía estadounidense siga creciendo, aunque lentamente, pese a la crisis financiera. ¿Cómo ve usted sus perspectivas?

El desempleo ha subido, al 6,1 por ciento, y probablemente se eleve sustancialmente más. Esa es una de las razones por las que esto es sólo el principio de la crisis.Nos dirigimos lentamente hacia un descarrilamiento económico que exacerbará los problemas financieros. A medida que los ingresos caigan, los precios de la vivienda bajarán más y habrá más desahucios, así que estamos dentro de una espiral y nadie hace nada para pararla.Hay una probabilidad significativa de una recesión en los próximos trimestres.

¿Cómo evalúa la situación actual de los mercados?

La situación es mucho peor de lo que usted imagina, como demuestra que el mercado monetario casi se colapsara el jueves. Incluso gigantes industriales pueden afrontar problemas de liquidez ahora. Los problemas son muy graves. Es lógico que tras ocho años de mala gestión económica (el mandato de George W. Bush) haya esta falta de confianza.

¿Qué debería hacer el Gobierno para frenar la crisis? Podemos fomentar la renegociación de las hipotecas para que menos personas tengan que declarar la bancarrota. No le ayuda a nadie que la gente se vean obligadas a salir de sus casas.

¿Cree que una regulación deficiente ha jugado un papel en la crisis? No hay duda. El problema no es sólo la falta de regulación, sino la falta de aplicación de las normas.Hemos aprendido que no se puede dejar a los bancos de inversión regularse a sí mismos. No se puede dejar a la Reserva Federal, que está aliada estrechamente con los banqueros, a cargo de toda la regulación del sistema financiero. Se suponía que la Reserva se llevaba el ponche cuando la fiesta se vuelve escandalosa, pero en su lugar echó más alcohol.

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Dinero a cambio de basura
El País - 28 de septiembre de 2008
 
 
Algunos escépticos llaman al plan de rescate de 480.000 millones de euros propuesto por Henry Paulson "dinero a cambio de basura". Otros han bautizado la legislación propuesta Autorización para el Uso de la Fuerza Financiera, en referencia a la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, la infame ley que dio al Gobierno de Bush luz verde para invadir Irak.

Hay algo de razón en estas pullas. Todos coinciden en que debe hacerse algo grande. Pero lo que Paulson solicita para sí mismo -y para su sucesor- es un poder extraordinario para emplear el dinero de los contribuyentes en un plan que, en mi opinión, no tiene ni pies ni cabeza.

Algunos dicen que debemos sencillamente confiar en Paulson porque es un tipo inteligente que sabe lo que hace. Pero eso es sólo verdad a medias: es un tipo inteligente, pero, ¿qué exactamente en la experiencia del pasado año y medio -un periodo durante el cual Paulson ha declarado repetidamente que la crisis financiera estaba "contenida", y después ha ofrecido remedios que no servían- justifica la creencia de que sabe lo que hace? Se lo inventa a medida que avanza, como el resto de nosotros.

Por eso, pensemos por nosotros mismos. Yo veo cuatro fases en la crisis financiera:

1. El estallido de la burbuja de la vivienda provoca un drástico aumento de la morosidad y de las ejecuciones hipotecarias, lo cual a su vez induce una caída de los precios de los activos hipotecarios, activos cuyo valor se deriva en última instancia de los pagos hipotecarios.

2. Estas pérdidas financieras dejan a muchas instituciones financieras muy escasas de capital: muy pocos activos en comparación con su deuda. Este problema es especialmente grave porque todo el mundo contrajo muchas deudas durante los años de la burbuja.

3. Como las instituciones financieras tienen demasiado poco capital en relación con su deuda, no pueden, o no quieren, proporcionar el crédito que la economía necesita.

4. Las instituciones financieras intentan pagar su deuda mediante la venta de activos, incluidos los activos hipotecarios, pero esto hace bajar los precios de los activos y empeora aún más su posición financiera. Este círculo vicioso es lo que algunos denominan la paradoja del desendeudamiento.

El plan de Paulson se basa en la compra por parte del Gobierno federal de activos problemáticos, principalmente activos hipotecarios, por valor de hasta 486.000 millones de euros. ¿Cómo resuelve esto la crisis?

Bien, podría romper el círculo vicioso del desendeudamiento, la cuarta fase de mi esquemática descripción. Pero ni siquiera eso está claro: están sometidos a presión los precios de muchos activos, no sólo los de aquellos que el Tesoro propone comprar. Y aunque el círculo vicioso sea limitado, el sistema financiero seguirá paralizado por la escasez de capital.

O mejor dicho, seguirá paralizado por la escasez de capital a no ser que el Gobierno federal pague por los activos que compra un precio muy superior al real, proporcionando a las empresas financieras -y a sus accionistas y ejecutivos- una gigantesca lluvia de dinero a costa de los contribuyentes. ¿He mencionado que este plan no me convence?

La lógica de la crisis parece exigir que la intervención no se dé en la cuarta fase, sino en la segunda: el sistema financiero necesita más capital. Y si el Gobierno va a proporcionar capital a las empresas financieras, debería obtener aquello que corresponde a quien aporta capital: una parte de la propiedad, de modo que si el plan de rescate funciona, no vayan todos los beneficios a parar a los que provocaron el caos en primer lugar.

Eso es lo que ocurrió con la crisis de las cajas de ahorros: los federales se hicieron con la propiedad de los bancos malos, no sólo de sus activos malos. Y también es lo que ha ocurrido con Fannie y Freddie. (Y por cierto, ese rescate ha hecho lo que se suponía que debía hacer. Los tipos de interés hipotecario han bajado drásticamente desde la absorción estatal).

Pero Paulson insiste en que quiere un plan "limpio". En este contexto, "limpio" significa una ayuda financiera proporcionada por los contribuyentes sin condiciones a cambio: ninguna contrapartida por parte de los que reciben la ayuda. ¿Por qué es eso bueno? Si a eso le sumamos el hecho de que Paulson también exige una autoridad dictatorial, además de inmunidad frente a una revisión "por parte de cualquier tribunal u organismo administrativo", el resultado es una propuesta inaceptable.

Soy consciente de que el Congreso está sometido a una enorme presión para que apruebe el plan de Paulson en los próximos días, con unas cuantas modificaciones que, como mucho, harán que sea un poco menos malo. Básicamente, después de haberse pasado año y medio diciéndonos a todos que la situación estaba controlada, el Gobierno de Bush notifica que el cielo se nos viene encima, y que para salvar el mundo tenemos que hacer exactamente lo que nos dice, ya mismo.

Pero yo insto al Congreso a que se detenga a pensar un minuto, respire hondo, e intente en serio rehacer la estructura del plan, convirtiéndolo en un plan que ataje el problema real. No dejen que los avasallen; si este plan se aprueba en su forma actual o algo remotamente parecido, todos lo lamentaremos enormemente en un futuro no muy lejano. -

Paul Krugman es profesor de Economía en la Universidad de Princeton. © New York Times Service, 2008.

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¿Es Greenspan culpable de la crisis?
Cotizalia.com - 19 de septiembre de 2008
 
 
Hace algún tiempo, un lector de El Confidencial envió un delicioso comentario que rezaba lo siguiente: Ocurrió en el año 1921, cuando la inflación en Austria había provocado aumentos de precios del 300% mensuales. Ante tal coyuntura, el ministro de Hacienda del Gobierno austriaco le pidió consejo a un economista para atajar la situación. Este le dijo que se reuniera con él a las 12 del mediodía de esa misma mañana en la entrada de la Fábrica de Moneda. Y así se hizo. A la hora convenida, se encontraron ambos, y el ministro le preguntó: ¿Cómo podemos parar la inflación? El economista pegó una mano a su oreja y le respondió: ¿Oye ese ruido? Pues acabe con él”. El economista se llamaba Ludwig Von Mises, quien junto con Hayek, según nuestro interlocutor, fue el único en predecir la Gran Depresión de 1929.

A estas alturas de la película económica hay pocas dudas de que el tsunami financiero que recorre el mundo (y que ha hecho emplearse a fondo a los bancos centrales y quebrar los principios ideológicos de muchos defensores del libre mercado) tiene que ver con la oferta monetaria. Es decir, con el número de horas que trabaje esa máquina ‘infernal’ de hacer billetes que tanto chirriaba a los oídos de Von Mises.

Para muchos, estamos ante la madre de todos los problemas: el exceso de liquidez genera inflación, y si esa abundancia llega a alcanzar niveles desorbitados -como ha ocurrido en los últimos años de la mano de una política monetaria extraordinariamente laxa- la fiesta del dinero puede acabar en una tragedia griega en forma de credit crunch. Dicho en otros términos, alguien ha retirado las copas en medio de la fiesta. Y los invitados tienen sed. Mucha sed. Tienen dos opciones: o dejar de beber (lo que abocaría al mundo a una recesión) o irse a un bar clandestino de los que había durante la Ley Seca (los legendarios speakeasies de Nueva York) en forma de ventanilla de emergencia regentada por los banqueros centrales para aguantar el tirón.

Burbuja inmobiliaria

¿Y quién ha sido el maestro de ceremonias? ¿El gran brujo que ha dirigido este oficio de tinieblas? ¿El encargado de apretar cada mañana el botón que hace funcionar la máquina de hacer billetes? Para un número creciente de analistas, el hacedor de tantos entuertos responde al nombre de Alan Greenspan, asesor de tres inquilinos de la Casa Blanca y presidente de la Reserva Federal durante 18 años y medio, a quien se acusa de mirar para otro lado y de alimentar la burbuja inmobiliaria en EEUU con su irresponsable estrategia monetaria. No es una acusación cualquiera. Recae sobre alguien de quien el New York Times llegó a decir: “Para qué queremos a Dios si tenemos a Greenspan”. De él también se dijo, como recordaba el otro día Financial Times, que estábamos ante ‘el hombre que salvó al mundo’ tras el derrumbe de las torres gemelas.

Al ‘maestro’, como le llamó Bob Woodward en su biografía casi oficial, le llueven ahora chuzos de punta. Se acusa a Greenspan de ser el principal culpable de situar los tipos de interés en niveles extraordinariamente bajos durante un periodo prolongado de tiempo, creando el caldo de cultivo idóneo para que la burbuja (¿o habría que decir las burbujas?) estallaran. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Y no sólo por eso. El anterior presidente de la Reserva Federal respaldó la suicida bajada de los impuestos decretada por George W. Bush para estimular artificialmente el consumo, lo que provocó un gigantesco déficit presupuestario del que EEUU todavía no se ha recuperado. Y para más inri, permitió que los tiburones de Wall Street camparan a sus anchas cometiendo todo tipo de tropelías con salarios de escándalo.

No acaba ahí la lista de agravios. El principal de sus errores fue, según sus críticos, haber permitido a los bancos de inversión (Morgan, Merrill, Lehman...) asumir riesgos imposibles de cumplir. Creando, en una palabra, monstruos financieros con pies de barro que tarde o temprano tendrían que desmoronarse a la misma velocidad que ha estallado la burbuja inmobiliaria.

No es casualidad que a Greenspan se le llamara el ‘amigo’ de los mercados, con quien siempre mantuvo algo muy parecido a un compadreo, dicho en tono castizo. Una sola insinuación suya, sin necesidad de alterar los tipos de interés, era capaz de mover Wall Street, ya que sus ‘amigos’ sabían de antemano lo que quería decir el ‘maestro’. Alguien ha escrito que el Greenspan de la Reserva Federal era una mezcla de político y rigor técnico, y sin duda que así actuó durante casi dos décadas. Dando ‘toques’ a los mercados en forma de advertencia (su célebre expresión de exuberancia irracional), pero sin intervenir de forma resuelta y decidida. Como cuando en la primavera de 1998 el jefe de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) le mostró su preocupación sobre el imparable crecimiento del mercado de derivados. Greenspan no mostró inquietud alguna y sugirió que una regulación más estricta sólo perturbaría su funcionamiento.

Un hombre del establishment

Como se ve, muchas acusaciones contra un personaje acostumbrado a los cenáculos de Washington, y que durante tres décadas formó parte del establishment del poder político republicano (si bien es verdad que los demócratas no hicieron ascos a su compañía), al contrario que su sucesor, Ben Bernanke, procedente del mundo académico y que no quiere saber nada de contubernios políticos ni de guiños al poder de los mercados. Al contrario que el ex presidente de la Reserva Federal, para quien los reguladores sólo entorpecen el buen funcionamiento de los mercados.

¿Es culpable Greenspan de tanto desorden? Lo primero que hay que decir es que la abundancia del dinero barato no es un fenómeno nuevo. Como se ha podido acreditar empíricamente, la mayoría de las principales crisis bancarias en los últimos 25 años se han producido a raíz de períodos de muy rápido crecimiento del crédito. Sin embargo, como admite un reciente estudio de los profesores Giovanni Del´Áriccia, Deniz Igan y Luc Laeven, no Yet, not all credit booms are followed by banking crises.todos los auges de crédito necesariamente acaban en una crisis bancaria como la actual, que puede costar a los contribuyentes entre 400.000 y 500.000 millones de dólares, una cantidad equivalente a la tercera parte del PIB español. Según los autores citados, la mayoría de estudios concluye que, mientras que la probabilidad de una crisis del sistema financiero aumenta significativamente (entre un 50% y un 75%) durante los auges de liquidez, lo cierto es que históricamente sólo un 20% de los episodios de ‘boom’ han terminado en una crisis.

Es decir, que la orgía de liquidez no tenía por qué haber acabado necesariamente en tragedia. Pero lo cierto es que así ha sido. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, lo exculpa en parte. No lo considera culpable de su política monetaria teniendo en cuenta que en los años 90 el mundo vivió una doble deflación, por un lado la vinculada con la caída de precios procedentes de China, y por otro la relacionada con los avances tecnológicos, que abarataron las transacciones internacionales. Había peligro real de caer en un proceso de deflación generalizado (con las consecuencias negativas que ello conlleva), y Greenspan, en su opinión, no tenía más remedio que relajar su política monetaria para estimular el consumo. Las consecuencias de esa estrategia son de todos conocidas. Tras el pinchazo de la burbuja tecnológica, se incubó una enfermedad más importante, la relacionada con el mercado inmobiliario.

Un error de cálculo

Un par de datos ilustran el fenómeno. En el año 2000, se construyeron en EEUU 1,5 millones de viviendas, pero es que en enero de 2006 el número superaba ya los 2,3 millones de casas, lo que supone un aumento de prácticamente el 50% en apenas un quinquenio. Desde luego, mucho más que el crecimiento de su población. Y aquí entra la opinión de uno de los mayores críticos de Greenspan, el Premio Nobel Joseph Stiglitz, para quien el presidente de la Reserva Federal no se dio cuenta con el tiempo suficiente de la que se le venía encima. Y en lugar de endurecer su política monetaria para evitar la formación de una burbuja, lo que hizo fue contentar a los mercados con tipos de interés anormalmente bajos. Cuando vio que el peligro acechaba, cambió el sesgo de sus decisiones monetarias, pero era ya demasiado tarde.

La burbuja había estallado, y con ella los cimientos del capitalismo financiero que hemos conocido en los últimos 20 años, desde que George Bush padre aprobara la Ley de Modernización de los Servicios Financieros, con Greenspan en la cresta de la ola. Se rompía una tradición ‘proteccionista’ (para los depositantes y los accionistas) inspirada por la Gran Depresión. La Ley Glass-Seagall (de 1933) impuso la radical separación entre las actividades de banca comercial y las operaciones de banca de inversión. Los bancos, incluso, fueron privados de ofrecer una amplia gama de productos de seguro a sus clientes, toda vez que la supervisión la ejercían los propios Estados, y no una agencia específica.

Ese modelo de banca fue el que se quebró en 1999 con la aprobación de la Ley Gramm-Leach-Blieley, que permitió a las compañías tenedoras de acciones bancarias convertirse en sociedades holding que a su vez podrían emprender cualquier tipo de actividad financiera. Aquí empezó el lío. Greenspan permitió que se creara un “mercado en la sombra”, opaco para la SEC, el organismo encargado de supervisar las actividades de la banca de inversión. Y no hay ninguna duda de que con su capacidad de influencia sobre la clase política de Washington, la Fed hubiera tenido más poderes de supervisión. El final de la película es de sobra conocido. Entidades con pocos recursos propios y escasamente capitalizadas asumieron riesgos inimaginables que finalmente han estallado en sus propias manos. O mejor dicho, en las de todos nosotros.

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Precio de vivienda en EEUU baja el 17% en grandes ciudades
Cotizalia.com - 26 de agosto de 2008
 
 
El precio de la vivienda en las diez mayores ciudades de Estados Unidos bajó un 17 por ciento en junio con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone la mayor caída en los últimos 21 años, según el índice Case-Shiller, difundido este martes por Standard & Poor's. Desde que la agencia de evaluación de riesgo empezó a publicar estos datos en 1987, nunca antes se había registrado un descenso anual tan pronunciado. El descenso registrado en junio superó el récord alcanzado en mayo, cuando la bajada fue del 16,9 por ciento.

En las veinte principales ciudades del país, las viviendas se abarataron el 15,9 por ciento entre los meses de junio de 2007 y de 2008, lo que también supone su mayor caída anual desde que se amplió el alcance del índice Case-Shiller en 2000. En mayo, el precio de la vivienda en esas veinte ciudades cayó el 15,8 por ciento.

Con respecto a mayo, los precios descendieron en junio un 0,6 por ciento en las veinte principales ciudades estadounidenses y un 0,5 por ciento en las diez mayores, lo que supone una ligera ralentización en el ritmo de abaratamiento de las viviendas respecto a un mes antes.

El presidente del comité de índices de Standard & Poor's, David Blitzer, señaló que "aunque no hay un cambio de sentido en la evolución de los precios del sector inmobiliario residencial, algunas zonas del país están tratando de recuperarse, lo que se traduce en una cierta moderación en la caída a nivel nacional".

"Se han registrados descensos anuales récord tanto en el índice de diez y veinte ciudades en junio, sin embargo, están muy cerca de los valores registrados en mayo", apuntó Blitzer.

Sin embargo, advirtió de que siete de las áreas metropolitanas (estadounidenses) estudiadas registraron descensos (anuales) de más del 20 por ciento.

Las Vegas sigue como la gran ciudad estadounidense más afectada por la caída de precios de la vivienda con un descenso anual del 28,6 por ciento, seguida de Miami y Phoenix, con una caída anual del 28,3 y del 27,9 por ciento, respectivamente.

Los ángeles (-25,3%), San Diego (-24,2%), San Francisco (-23,7%) y Tampa (-20,1%) completan la lista de ciudades con un descenso anual de más del 20 por ciento.

La ciudad de Nueva York tampoco fue inmune a la crisis inmobiliaria, con un descenso anual del 7,3 por ciento, mientras que en Washington la caída fue del 15,9 por ciento.

Standard & Poor's destaca en su informe que aquellas áreas que protagonizaron el 'boom' del mercado inmobiliario en Estados Unidos "continúan siendo las que lideran el actual descenso" de los precios de la vivienda.

La agencia de evaluación de riesgo advierte de que "aunque hay algunas mejorías en cifras regionales, en su conjunto el mercado inmobiliario residencial continúa débil".

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FBI investiga por fraude a las empresas involucradas crisis
Público - 24 de septiembre de 2008
 
 
La investigación, que se encuentra en fase preliminar, está centrada en inspeccionar a los ejecutivos que controlan grandes entidades como Fannie Mae y Freddie Mac o Lehman Brothers y AIG

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha iniciado una pesquisa sobre cuatro instituciones financieras involucradas en la crisis económica que sacude a Estados Unidos por un presunto fraude hipotecario: Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers y la aseguradora American International Group (AIG).

La investigación se encuentra en fase preliminar y está centrada en los ejecutivos que las controlaban.

Rescate del gobierno

El colapso de estas cuatro importantes instituciones agravó la crisis financiera y provocó la intervención del Gobierno estadouidense y de la Reserva Federal Estadounidense.

Fannie Mae, Freddie Mac y AIG fueron objeto este mes de un rescate ordenado por el Gobierno al agravarse la crisis que se desató como resultado del colapso del mercado de hipotecas este año, en tanto que Lehman Brothers se declaró en quiebra.

Fannie Mae y Freddie Mac son las mayores empresas hipotecarias del país y para el plan de rescate de cada una de esas compañías el Gobierno ha asignado 100.000 millones de dólares.

En el caso de AIG, la Reserva Federal anunció un paquete de 85.000 millones para impedir su bancarrota y asumió el control del 80% de sus operaciones.

En cambio, Lehman Brothers se declaró en quiebra después de que fueron infructuosos los intentos por conseguir un plan privado de rescate.

Sin identificarlas, hace una semana el director del FBI, Robert Mueller, señaló que había 24 grandes empresas financieras que estaban bajo investigación.

El proceso centrado en las cuatro empresas financieras se dio a conocer en momentos en que el Gobierno y el Congreso negocian un plan de rescate por 700.000 millones de dólares que daría amplias facultades al Ejecutivo para adquirir los activos de las instituciones más afectadas por la crisis.

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Comunidad de Madrid
 
EL PRECIO DEL SUELO CAE UN 19,2% EN MADRID
ABC (Comunidad de Madrid) - 24 de septiembre de 2008
 
 
mientras la media española baja un 7,8%

El precio del suelo urbano en la Comunidad de Madrid bajó un 19,2% en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2007, mientras que la media española registró un descenso de un 7,8%, según los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Vivienda. Los descensos de la comunidad madrileña junto a la de Aragón (-20,2%) duplican, al menos, al resto de las demás autonomías, ya que les siguen Cataluña y Valencia con caídas idénticas de un 10,2%, mientras que en Canarias se incrementaron en un 11,8%, en Cantabria un 10,3% y en Navarra un 8,9%.

Los precios más elevados de terrenos edificables se localizan en los municipios de más de 50.000 habitantes, con una media de 627,8 euros el metro cuadrado, lo que representa una caída de un 8,8% respecto al mismo periodo de 2007.

En las ciudades de entre 10.000 y 50.000 habitantes se registró una bajada en los precios del 3,3%, hasta los 314,8 euros el metro cuadrado, mientras que en los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes el precio alcanzó 191,9 euros, un 2,4% inferior al que se registró en el segundo trimestre del pasado año.

Los precios más elevados en los grandes municipios se sitúan en Barcelona (1.142,1 euros el metro cuadrado), Álava (1.045,4 euros) y Madrid (1.006,9 euros). Por el contrario, los suelos más baratos están en Jaén (283,8 euros), Orense (364,7 euros) y Toledo (400,4 euros).

Un 38% menos de transacciones

También hay que destacar que entre abril y junio se realizaron 7.956 transacciones de suelo, lo que supone un 38,1% menos que en el mismo periodo de 2007 y un 10,5% menos que en el primer trimestre de este año, según los datos del Ministerio de Vivienda.

La superficie transmitida en el segundo trimestre de este año fue de 10,1 millones de metros cuadrados por un valor de 2.707,5 millones de euros, un 57,5% menos respecto al segundo trimestre de 2007.

Por comunidades autónomas, el mayor número de transacciones de suelo se registró en Andalucía (2.093 operaciones), por un valor de 471,4 millones de euros y que afecta a una superficie de 1,6 millones de metros cuadrados. Andalucía aglutina el 15,9% de la superficie intercambiada a nivel nacional.

La siguen Castilla-La Mancha (1.217) y Cataluña (1.058). Por el contrario, se situaron a la cola Ceuta y Melilla (cuatro), Cantabria (93) y La Rioja (102).

Asimismo, el 18,5% de la superficie intercambiada en el citado periodo corresponde a Cataluña, el 15,9% a Andalucía, el 11,9% a Castilla-La Mancha y el 9,2% a Madrid.

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Críticas a Aguirre porque sólo 1.563 de 150.000 viviendas
TerceraInformacion.es (Comunidad de Madrid) - 28 de agosto de 2008
 
 
En mayo de 2007, en plena campaña electoral, Esperanza Aguirre se comprometió con los votantes a entregar en la presente legislatura 150.000 pisos de alquiler con opción a compra. Según datos de la propia Comunidad de Madrid, en el primer semestre de 2008 sólo se han entregado 1.563 de estos pisos, es decir el 1%, e iniciado la construcción de casi 13.000, lo que a juicio de muchos observadores hace prácticamente imposible que Aguirre cumpla lo prometido hasta 2011.

Precisamente, el portavoz socialista de Vivienda, el diputado Antonio Fernández Gordillo, recordó que “apenas han comenzado a construir las 45.000 viviendas del parque público de alquiler prometidas para este periodo por la presidenta regional”. El parlamentario socialista indica que la creación de un parque público de alquiler “es la gran asignatura pendiente en la Comunidad de Madrid” para equipararse a las regiones europeas de nuestro entorno, en las que este tipo de vivienda roza el 18% y el 20% frente al 1% en nuestra región.

En este sentido, Gordillo recuerda que los socialistas presentaron una serie de enmiendas parciales a los presupuestos de 2008 -que el PP rechazó-, para invertir este año 241 millones de euros y así crear un parque público de vivienda en alquiler, para aumentar en 10 millones las ayudas a la vivienda y para incrementar el dinero destinado al IVIMA para la promoción de vivienda protegida en 23,5 millones de euros.

“La actual situación del mercado de la vivienda en la Comunidad de Madrid obliga a que el Gobierno regional revise su política de vivienda como la ha estado practicando hasta el momento”, explica Fernández Gordillo.

El socialista afirma que “hay que invertir desde la Comunidad en la construcción de más vivienda pública, tanto de alquiler como con opción de compra. Esto revitalizaría el sector en nuestra región y permitiría el acceso a una casa a miles de madrileños para los que una vivienda en el mercado libre sigue estando fuera de su alcance”.

Finalmente, Gordillo recordó “la necesidad de consensuar entre la administración regional, las fuerzas políticas y los agentes sociales, una política pública de vivienda que actúe como instrumento anticíclo del sector inmobiliario, consenso al que, sin embargo, Esperanza Aguirre se ha negado repetidamente y el PP ha rechazado en la Asamblea”, concluyó el diputado.

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Nuevos barrios: ni se compra ni se vende
El País (Comunidad de Madrid) - 02 de septiembre de 2008
 
 
El parón inmobiliario se agudiza en zonas como Las Tablas y Sanchinarro

El centro comercial inmobiliario del Ensanche de Vallecas era un desierto en agosto. Y no sólo por el calor. De la veintena de casetas instaladas en la calle Real de Arganda, apenas cuatro o cinco mantenían sus puertas abiertas.

"La crisis se está notando mucho. Hace un año y medio yo tenía a gente esperando para informarles de los pisos, aunque fuera agosto. Ahora no hay nadie. Apenas si atendemos a una persona o dos cada día", explica Francisco Javier Barba. La promotora para la que trabaja ha construido un bloque de edificios en el barrio, pero no han vendido todos los pisos, por lo que el inicio de su segunda promoción, también en ese PAU, deberá esperar. "Estamos en crisis, la gente no compra pisos y las promotoras prefieren esperar a vender lo anterior para empezar obra nueva".

A varios kilómetros de Vallecas, en la calle de Adriano de Utrecht de Sanchinarro, una valla impide el paso a una parcela aún sin construir. No hay cartel de obra, ni información sobre el destino de la finca. El portero del bloque de viviendas situado justo enfrente tampoco sabe nada. "Eso se lo dicen en el Ayuntamiento", dice mientras se encoge de hombros a la sombra de su garita.

Según los datos del Ayuntamiento de Madrid, el ritmo de licencias de obra otorgadas en los nuevos barrios "es bueno". Así, mientras que en el PAU de Carabanchel (11.467 viviendas previstas) se habría dado luz verde al cien por cien de las mismas, en otros barrios, como Sanchinarro (13.568 viviendas) y Las Tablas (12.272 viviendas), las licencias de construcción entregadas superan ya el 90%. Los barrios más retrasados -el Ensanche de Vallecas (26.046 pisos) y Montecarmelo (8.547 pisos)- cuentan con el 83 y el 78% de las licencias de obra otorgadas. Urbanismo, sin embargo, asegura "desconocer" cuántas de estas viviendas no se han empezado a construir aún.

La realidad es un tanto diferente a las cifras. Bien lo saben los vecinos de estos nuevos desarrollos residenciales. "El Ayuntamiento podrá decir que ha entregado todas las licencias, pero, por ejemplo en Carabanchel hay aún un 10% de las parcelas sin edificar y ni siquiera tienen cartel que anuncia una promoción futura", destaca Juan Fernández, presidente de la asociación de vecinos del Ensanche de Carabanchel, el más avanzado de los cinco en marcha. Pero la crisis del ladrillo también se nota allí. Los bloques de color blanco de la calle de Joaquín Turina son un ejemplo: "La manzana es de 246 viviendas, pero sólo está vendido al 30% o el 40%", reconoce José María Flor, empleado de la empresa que los comercializa.

Los edificios en construcción no se detienen, pero no se venden la totalidad de sus viviendas. Las parcelas vacías se quedan como están a la espera de tiempos mejores. "Las empresas se están planteando esperar un par de años para empezar obras", indica José Antonio de las Heras en Vallecas. Su empresa ha construido dos bloques: de uno, con 77 viviendas, quedan por vender ocho; el otro está en construcción. "En el primero ya estamos haciendo un descuento de un 20%", precisa.

"Es verdad que ahora se vende menos, pero eso de que bajan los precios es un cuento", recalca la comercial de un bloque de medio centenar de pisos en Sanchinarro. En los barrios del norte no bajan de los 400.000 euros. Uno de 3 habitaciones en Las Tablas cuesta 582.000 euros y en Sanchinarro 475.000 euros. En Vallecas y Carabanchel el coste es menor: 365.000 por un piso de 3 habitaciones y 321.000 euros por uno de 2 habitaciones.

Si la venta de vivienda nueva se ha complicado en el último año, la de segunda mano afronta una situación aún peor. "Trabajamos más el alquiler. Tenemos casi 150 pisos a precios que van desde los 1.190 a los 1.250 euros, con dos habitaciones", explica la encargada de una inmobiliaria en la calle de Miralles (Las Tablas).

En Sanchinarro hay un cartel de "se vende" en un balcón de la calle de Isabel de Valois. Miguel ofrece su piso de un dormitorio con tres años de antigüedad, con garaje y trastero, por 370.000 euros "negociables". Lleva varios meses y aún no ha tenido suerte.

"Cuando se entregaron los primeros pisos florecieron los carteles de venta de pisos. Ahora, que han pasado 2 o 3 años, casi no hay ninguno", señala Alberto Navazo, presidente de la asociación de vecinos de Montecarmelo. "El 80% de los pisos están entregados, pero sólo un tercio está ocupado realmente. Quien compró para vender ahora no puede hacerlo".

La crisis no sólo afecta a la compraventa de pisos. Apenas si hay locales comerciales ocupados en la zona -los precios alcanzan 6.000 euros el metro cuadrado-. "Vivimos en barrios fantasma", explica Eloísa de Dios, vecina de Sanchinarro. Cualquier acto cotidiano es un problema. Paz Rodríguez vive en Montecarmelo, pero sigue empadronada en el barrio de sus padres. Donde vive no hay un centro de salud. "Andando sólo puedo ir a comprar el pan, para el resto tengo que utilizar el coche", cuenta.

Olga Hernández vive con su novio en un piso en el Ensanche de Vallecas y sabe bien lo que es un barrio sin servicios: "Aquí sólo hay bancos y cajas de ahorro, nada más".

Las Tablas: No tiene ambulatorio

El barrio de Las Tablas tiene unos 25.000 vecinos en las más de 9.000 viviendas ya terminadas y con licencia de primera ocupación. Cuando esté acabado, contará con 12.272 pisos.

Pese al gran número de vecinos, no cuenta con un centro de atención primaria. Hoy es la prioridad número uno para las familias. "Tenemos a todo el mundo movilizado por la causa. Hace unos meses ya entregamos 14.000 firmas en la Consejería de Educación para el ambulatorio, que estaba previsto en 2006", explica el portavoz de la asociación de vecinos, José Antonio Real. Tienen que conformarse con ir a Sanchinarro.

El centro de salud no es la única necesidad. La asociación de vecinos exige la construcción de un instituto y dos escuelas infantiles de 0 a 3 años, que se sumen a la que ya existe. La consejería construye un segundo colegio de primaria, que empezará a funcionar este curso.

"Hay otras peticiones que no se han cumplido, como un polideportivo, un centro cultural o una comisaría", destaca Real, quien asegura que aún existen "miles de metros cuadrados para equipamientos sin desarrollar" en el barrio.

Sanchinarro: Un instituto y una comisaría

En Sanchinarro viven cerca de 20.000 personas. De los más de 13.500 pisos previstos, 11.064 están ya acabados, según el Ayuntamiento. Sin embargo, el de los equipamientos es, como en el resto de los PAU, la asignatura pendiente. "No se han hecho bien las cosas. El crecimiento de los barrios debería haber ido en paralelo a la construcción de servicios para quienes vivimos aquí", señalan en la asociación de vecinos.

Cuentan desde hace algunos meses con un centro de salud; sin embargo, ahora piden un centro de especialidades que les permita no tener que desplazarse hasta Hortaleza. También tienen un colegio público que, a partir de este curso, incorporará nuevas aulas para educación infantil en el tramo de 0 a 3 años. Sin embargo, carecen de instituto de secundaria.

"Para este año estaban presupuestados un polideportivo municipal y un centro cultural, pero no tenemos noticias. Esperamos que, al menos, empiecen a construirse antes de acabar el año". Otro de sus anhelos, una comisaría, cuenta con el beneplácito de la Delegación del Gobierno, aunque se hará realidad "a medio o largo plazo".

Montecarmelo: Algún tipo de servicio cultural

De los nuevos barrios que han ido poblando el norte de Madrid, Montecarmelo es el que cuenta con menor número de habitantes, unos 10.000 según los cálculos de la asociación de vecinos. De las 8.547 viviendas que tendrá en el futuro, actualmente están terminadas algo más de 6.000. Puede que la construcción vaya a buen ritmo, pero en el barrio se consideran "abandonados" por las administraciones en lo que a equipamientos públicos se refiere.

"La previsión ha brillado por su ausencia y ahora nos faltan equipamientos básicos", insiste el presidente de la asociación de vecinos de Montecarmelo, Alberto Navazo. Entre las muchas carencias que hay que reivindicar, un centro de salud ocupa el primer lugar de la lista. Detrás le siguen un instituto y un segundo colegio de primaria, así como algún tipo de servicio cultural, del que actualmente carecen.

"La respuesta suele ser siempre la misma, ya sea el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid: decir a todo que sí, incluso situarte la parcela en la que se construirá el equipamiento. Pero luego añaden que no hay dinero", se queja Alberto Navazo.

PAU de Carabanchel: Otro colegio público

El Ensanche de Carabanchel parece a simple vista un barrio totalmente consolidado. En parte es cierto. Es el más avanzado de los cinco nuevos PAU de Madrid. Viven más de 20.000 personas y se han entregado 10.181 viviendas de las casi 11.500 previstas inicialmente. Sin embargo, bajo ese aspecto exterior de barrio "completo", hay aún muchas carencias, en opinión de los vecinos que ya viven allí.

"El Ayuntamiento cedió hace tiempo una parcela para un centro de salud en el barrio, pero no tenemos ni siquiera plazos de construcción", denuncia el presidente de la asociación vecinal del PAU de Carabanchel, Juan Fernández. Algo similar ocurre con el instituto previsto en el barrio: "Existe una parcela, pero nada más".

Las reivindicaciones no paran ahí. Los vecinos piden un colegio público que se una al ya existente y a los dos centros concertados, uno ya en marcha y el otro en construcción. Por suerte, en septiembre abrirá sus puertas el nuevo polideportivo, aunque "con mucho retraso", recuerdan los portavoces vecinales, que también echan en falta un centro cultural o una biblioteca pública.

PAU de Vallecas: Sin espacios deportivos

El PAU de Vallecas es la "joya de la corona" de los nuevos desarrollos. Al menos en relación a su número de viviendas: 26.046, de las que se han entregado ya 8.400. Lo de los servicios y los equipamientos ya es otro cantar para los cerca de 15.000 vecinos del barrio.

"Nos hace falta un colegio público que complemente al que ya existe y en el que ahora mismo se están mezclando en una misma aula alumnos de diferentes cursos", explica la presidenta de la asociación vecinal, Rosa María Pérez Mateo. Este curso abrirá sus puertas una nueva escuela infantil, acabada hace ya más de un año.

No obstante, las principales carencias se centran en materia deportiva y cultural. El Ayuntamiento se ha comprometido a levantar un polideportivo en la zona, pero no estará listo "hasta 2010 como pronto", precisa Pérez Mateo. Asegura "no tener claro" si la ciudad deportiva del Rayo Vallecano que se levantará en la zona dará servicio a los vecinos. La lista de peticiones se completa con una comisaría o un centro de especialidades que evite que los residentes tengan que trasladarse al de Puente de Vallecas.

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Catalunya
 
Beneficiarios de viviendas protegidas las pierden
El País (Catalunya) - 05 de octubre de 2008
 
 
por falta de hipotecas. Una promoción de 220 pisos en Poblenou, casi vacía al renunciar los ganadores

Prácticamente cuatro de cada 10 adjudicatarios de una promoción de 220 pisos de precio concertado de la calle del Pallars de Barcelona se han visto obligados a renunciar al piso que les había tocado en suerte porque el banco no les ha concedido las hipotecas pactadas. Muchos de ellos ya habían firmado un precontrato con la promotora Espais y hasta habían tomado medidas de las viviendas. "Los sábados vienen muchos a ver los pisos que les han tocado, pero vivir, viven pocos", explicaba un trabajador de la promoción.

Son cinco bloques que se alzan en el triángulo formado entre la Diagonal y las calles del Pallars, Provençals y Fluvià, en el corazón de las nuevas áreas de Sant Martí. Meses después de haberse terminado la promoción, siguen casi vacíos. "Se han instalado unos 16 o 17 contadores de luz, no más", apuntaba un operario. Es decir, por ahora sólo viven esas familias, algo que salta a la vista porque no se ve ni un alma: ventanas y persianas están cerradas a cal y canto. "Se están escriturando", afirmó un portavoz de la promotora, que no quiso aclarar cuántos.

Esa promoción pone en evidencia que la crisis estrangula también el mercado de la vivienda protegida concertada, un tipo intermedio entre la de protección social y el mercado libre que se creó, precisamente, para facilitar el acceso a la vivienda a quienes no pueden optar a la pública porque sus ingresos son superiores al máximo requerido pero tampoco llegan a afrontar los precios del mercado libre.

El coste para el comprador de la concertada se sitúa en torno al 70% del precio de mercado -unos 200.000 euros de media- y pueden optar a ella quienes tengan una renta que no supere 6,5 veces el IPREM (salario mínimo). El panorama no ha mejorado después de que las 10 cajas catalanas y media docena de bancos firmaran el pasado mes de julio un convenio con la Generalitat al que se le quiso dar la máxima solemnidad con la asistencia del presidente, José Montilla. Las entidades se comprometieron a destinar 12.000 millones de euros con financiación preferente para dar confianza al sector y a los ciudadanos.

Como dice el refrán, del dicho al hecho va mucho trecho. El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda reconoció a este periódico que el pacto no se cumple. "Hay entidades que está denegando las hipotecas pese a que los adjudicatarios cumplen los requisitos", señalaron fuentes de ese departamento. No quisieron, en cambio, precisar cuántas promociones pueden estar en la misma situación que la de la calle del Pallars y qué entidades están denegando los préstamos. La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, ha pedido explicaciones a algunas de las entidades que suscribieron el pacto. Los bancos se comprometieron a financiar hasta el 80% del valor del pisos a tipo fijo (5,7% o 5,8%) y a largo plazo (30 o 40 años). El 20% del coste restante se financiaría a tipo variable con préstamos a 10 o 20 años a un interés de salida del 6,6%.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona -que realizó el sorteo de esa promoción junto con otras de alquiler social en 2007- tienen constancia de que el 36% de los adjudicatarios de los pisos de la promoción de la calle del Pallars han acabado renunciando a ellos por problemas económicos. Es decir, les deniegan los préstamos. "A la mayoría se les exige el 20% de entrada y no se les concede el crédito puente que establecía el convenio", puntualizó un portavoz municipal. Los responsables de una oficina de Caixa de Catalunya -entidad titular de la hipoteca con Espais y que tiene que subrogarla- atribuían las denegaciones de los préstamos a que "las circunstancias han cambiado".

Un largo proceso

El último sorteo de viviendas del Ayuntamiento de Barcelona se hizo en febrero de 2007 y de las 25 promociones se han entregado 18. Todas menos una -la de la calle del Pallars- eran de pisos de alquiler social.

Cuando se trata de precio concertado, el proceso administrativo es tan largo que hasta llega a Madrid. En el sorteo sólo entran los que cumplen lo requisitos de renta familiar marcados: un límite de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para hacerse una idea, en 2008 serían unos ingresos como máximo de 47.000 euros.

Los afortunados en el sorteo suscriben un precontrato con la promotora que recibe el visto bueno del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Éste envía todo el expediente a la entidad bancaria para subrogar la hipoteca de la promotora al comprador. Y es precisamente en ese punto donde, en el caso de la promoción del Poblenou, se han estrellado las ilusiones de muchos de los afortunados en el sorteo porque no han llegado a ocupar los pisos que escogieron sobre plano. En no pocos casos se han enfrentado con sucesivas negativas de bancos.

Una vez que renuncian, el proceso vuelve a empezar con el siguiente en la lista de los agraciados en el sorteo. Y si todo acaba bien, la compra del piso en cuestión se registra, por último, en el Ministerio de Vivienda.

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El Pacto por la Vivienda peligra
El País (Catalunya) - 07 de octubre de 2008
 
 
Porque la banca no concede créditos. Sindicatos y cooperativas exigen a las cajas que den los 12.000 millones acordados

La falta de liquidez amenaza uno de los proyectos estrella del Gobierno catalán. Los principales firmantes del Pacto Nacional por la Vivienda acudirán a la comisión de seguimiento convocada mañana por la Generalitat para quejarse de los incumplimientos del acuerdo en los que, a su juicio, las entidades financieras están incurriendo sistemáticamente.

Inmobiliarias, cooperativas y sindicatos denunciarán que la banca deniega multitud hipotecas para vivienda de protección oficial (VPO) a pesar de que el pasado julio se comprometió a dar 12.000 millones de euros en tres años para financiar la compra de pisos sociales.

Mañana el Pacto por la Vivienda cumple un año. Y varios de sus firmantes sostienen que ya habría que revisarlo, puesto que el objetivo de dar alojamiento a más de 160.000 familias es casi inalcanzable por la tormenta financiera. Las principales quejas se dirigen a las cajas de ahorros. Dos de las mayores cooperativas consultadas explican que las entidades financieras rechazan a multitud de solicitantes de vivienda porque los tachan de insolventes. Un promotor explica, por ejemplo, que en un bloque de Mollet del Vallès tiene dos pisos sin vender. Pues bien, han pasado por ellos 180 solicitantes y ninguno ha obtenido el crédito.

Fuentes de UGT añaden que el Gobierno debería presionar más a la banca, y recuerdan que los solicitantes de VPO pasan primero un el filtro de la Generalitat y cumplen todas las condiciones para recibir un piso. CC OO coincide en que se deniegan créditos. Fuentes del sindicato señalan que la banca ya no presta si la cuota hipotecaria supone más del 40% de los ingresos mensuales. Un mileurista, pues, no podría pagar más de 400 euros.

Las más quejosas son las cooperativas, que cada año construyen el 25% de los pisos protegidos. Y hasta 2016 deben levantarse más de 160.000. Tanto es el descontento que varias entidades de la Federación de Cooperativas propondrán el jueves, en una reunión interna, la redacción de un manifiesto en el que solicitarán varias medidas a la Generalitat. Fuentes de la federación explican que pedirán que se alargue el periodo de amortización de las hipotecas para VPO de 25 a 35 años para que las cuotas sean de menos del 40% de los ingresos. Además, exigirán que las cajas no puedan denegar créditos a quienes la Generalitat haya concedido un piso.

Otras demandas están dirigidas a la Generalitat. Las mismas fuentes sostienen que el suelo que les vende el Incasòl, dependiente del Ejecutivo catalán, cuesta más del 15% del precio final de venta de la vivienda que prevé la ley, lo cual eleva los costes y hace inviables algunas promociones.

La restricción al crédito explica que las ventas de vivienda protegida en Cataluña hayan caído el 45,4% hasta el mes de julio respecto a los siete primeros meses de 2007, según el Instituto Nacional de Estadística (véase gráfico). Fuentes de la patronal de las inmobiliarias, APCE, explican que en la reunión de mañana irán a la comisión de seguimiento con la misma queja. También lo planteará el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, aunque el organismo opina que la crisis crediticia es un asunto internacional que no se puede resolver desde la Generalitat.

Uno de los firmantes del pacto, que pide no ser identificado, explica que el acuerdo incluso debería revisarse. Cuando se elaboró, asegura, el Ejecutivo esperaba que los promotores privados aparcaran la vivienda libre y se centraran en la protegida por el cambio de ciclo. Pero esto no ha sucedido por la gravedad de la crisis financiera. Una cooperativa duda de que los ensanches que deben crearse con el 50% de pisos públicos y el 50% de libres tenga salida y afirma que pedirá que el Gobierno se concentre sólo en los que sean viables. Ni la Federación de Cajas de Ahorros ni el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, que hoy deben reunirse, hicieron comentarios sobre este tema.

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La Generalitat desbloquea el aval universal al alquiler
El Periódico de Catalunya (Catalunya) - 26 de agosto de 2008
 
 
El Govern pagará seis cuotas a los arrendadores en caso de impago

El Avalloguer, el aval universal que garantiza que los propietarios que alquilen un piso cobren de la Generalitat las cuotas de hasta seis meses en caso de impago del inquilino, entrará finalmente en vigor en los próximos días gracias a que el Govern aprobará hoy una modificación del decreto inicial.

La entrada en vigor del decreto, aprobado por el Ejecutivo catalán el pasado 11 de marzo y que busca facilitar la salida al mercado de miles de pisos vacíos que no se alquilan por el temor de sus propietarios a situaciones de impago reiterado, estaba supeditada a la contratación de un seguro para dar cobertura a las compensaciones previstas. Pero la situación económica, social y del mercado inmobiliario han llevado al Govern a asumir inicialmente los riegos derivados de la aplicación de la norma para "estimular el mercado del alquiler y contribuir a paliar la situación del sector", según fuentes de la conselleria de Medi Ambient i Habitatge.

PAGO EN DOS MESES

Con el Avalloguer, el Govern pagará hasta seis meses de alquiler siempre y cuando el propietario haya instado y obtenido una sentencia de desahucio por impago. Una vez obtenida y presentada la documentación al Institut Català del Sòl, el arrendador recibirá, en el plazo de dos meses, las mensualidades no cobradas desde el inicio de la acción judicial.

El importe máximo de las rentas mensuales avaladas oscila entre 1.500 euros en la ciudad de Barcelona y 600 en localidades del interior, y la fianza exigida por el propietario no puede ser superior a dos cuotas mensuales. El contrato deberá estar depositado en el Incasòl. En Catalunya hay unas 350.000 familias que viven del aquiler de viviendas. El año pasado se firmaron 60.000 contratos de alquiler y se instaron cerca de 6.500 procesos judiciales por impago del coste de arrendamiento de pisos y casas (el 1,8%del total de contratos).

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Només un de cada deu joves amb dret ha començat a cobrar
3cat24.cat (Catalunya) - 28 de agosto de 2008
 
 
Milers de joves encara estan pendents per cobrar l'ajuda de 210 euros mensuals -l'anomenada "renda d'emancipació"- que va anunciar el Ministeri de l'Habitatge ara fa nou mesos. La llavors ministra Carme Chacón va assegurar que tots els que complissin els requisits cobrarien els ajuts aproximadament dos mesos després de cursar la sol·licitud. Una ajuda que, tot i que surt de les arques del govern espanyol, és la Generalitat qui s'encarrega de recollir les sol·licituds i decidir qui compleix les condicions per cobrar-la. De moment, Habitatge ha rebut unes 26.000 sol·licituds, de les quals se n'ha acceptat unes 18.000. Tot i això, només una de cada deu persones han arribat a cobrar.

Més de 26.000 joves catalans han sol·licitat l'ajuda de 210 euros mensuals que va anunciar el Ministeri de l'Habitatge l'any passat. Nou mesos després de posar en marxa aquests ajuts al lloguer, Habitatge n'ha concedit a més de 18.000, i Catalunya encapçala el nombre de resolucions acceptades, amb 12.150 sol·licituds. Tanmateix, actualment només la cobra un de cada deu joves a Catalunya.

El Ministeri d'Habitatge, però, justifica els retards per l'allau de sol·licituds que han rebut demanant l'ajuda i assegura que també cal fer molts tràmits per evitar fraus. Per garantir que qui cobri l'ajuda té efectivament dret a rebre-la, segons han explicat fonts del govern espanyol, es realitzen uns controls bancaris "complexos però necessaris" que poden fer demorar el cobrament de l'ajuda uns dos mesos des que se'ls reconeix el dret a cobrar-la.

Tot i que l'ajuda surt de les arques del govern espanyol, és la Generalitat qui s'encarrega de recollir les sol·licituds i decidir qui compleix les condicions per cobrar-la. Un cop s'ha obtingut la resolució positiva per part de l'administració autonòmica s'ha de comunicar a l'entitat financera. L'entitat, d'altra banda, ha de verificar que el jove paga el lloguer corresponent a finals de mes. Després que l'entitat financera ho comprova i remet aquesta informació, el Ministeri d'Habitatge dóna l'ordre al Banc d'Espanya per a l'ingrés dels 210 euros. Finalment, el jove rep la confirmació del cobrament de l'ajuda a través d'un SMS del ministeri i la ingressa al seu compte en els dies següents.

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Veïns de Lloret pengen pancartes
VilaWeb.cat (Catalunya) - 22 de agosto de 2008
 
 
Per denunciar que els van vendre uns habitatges plens de defectes. Es queixen que les promotores no volen arreglar les coses que estan mal fetes. Farts que les promotores no els facin cas, els veïns de la comunitat Turó del Mar Fase III, a la zona de Santa Clotilde de Lloret de Mar, han penjat aquesta setmana diverses pancartes als balcons en què denuncien que les promotores Reàlia i Acciona els han lliurat uns blocs plens de defectes i que es neguen a arreglar-los. Els veïns pensen presentar una demanda contra aquestes dues promotores el proper mes de setembre. Aquest diari no va poder aconseguir ahir la versió de les promotores.

Els problemes afecten la comunitat Turó del Mar Fase III, que engloba deu escales i 209 pisos, que es van acabar de fer l'any 2006 i es van lliurar entre aquell mateix any i el 2007. Els veïns denuncien, entre d'altres coses, que quan plou el pàrquing s'inunda en algunes zones fins al turmell, que les esquerdes afecten tot l'edifici, que hi ha filtracions en alguns lavabos provinents dels lavabos del pis de dalt, que la piscina comunitària perd sempre aigua que no se sap per on s'escapa, que s'han fet moltes jardineres sense reg, que molts cops fallen els llums de l'espai comunitari perquè les instal·lacions elèctriques estan sota terra prop de zones molt humides i que el desguàs de les aigües negres s'ha hagut d'arreglar tres cops en tres mesos perquè s'embussa i la porqueria cau al pàrquing.

Per denunciar el que consideren una feina mal feta de les promotores, que afirmen que tampoc no van a arreglar aquests defectes, els veïns han penjat un bon munt de pancartes perfectament visibles a la façana dels edificis. Aquesta és la primera acció que porten a terme per denunciar aquesta situació, però al setembre aniran més enllà i presentaran una demanda formal contra Reàlia i Acciona, amb representants de les quals s'han reunit diverses vegades, però no han aconseguit que els solucionin res més que petits defectes, i encara malament, diuen, perquè hi ha diverses esquerdes que s'havien arreglat que al cap de poc han tornat a sortir.

La promoció Turó del Mar ja consta d'altres blocs a la zona, i precisament just davant del bloc dels veïns que han penjat les pancartes reivindicatives se n'està construint una altra fase.

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Comunidad Valenciana
 
SOLO UN ASPIRANTE AL SORTEO DE 30 VPO
LasProvincias.es (Comunidad Valenciana) - 04 de octubre de 2008
 
Una joven se convierte en la única en optar a las viviendas en Algemesí, tras renunciar 110 personas

Joaquín Camarasa se quedó de piedra al observar que era la única persona que asistió al sorteo de 30 viviendas protegidas en la localidad valenciana Algemesí. Este vecino, que aún se encontraba convaleciente debido a una operación quirúrgica, acudió para representar a su hija María, una de las aspirantes a este piso, quien no pudo asistir porque estaba trabajando.

De esta forma, el Teatro Municipal se quedaba más que grande para este acto, que esperaba reunir a más de un centenar de personas, en lo que iba a ser una mañana llena de alegrías. Sin embargo, esta jornada sorprendió a los concejales de los diferentes partidos políticos de la oposición, a los miembros de la empresa promotora Patrimonios del Levante, así como al alcalde de la localidad, Vicent Ramón García, quienes se quedaron perplejos ante la inexistencia de público.

De esta manera, unas 110 personas, entre adjudicatarios y reservas, renunciaron a estos pisos en el primer sorteo de julio, debido al aumento del precio de los mismos, que osciló entre los 28.000 y los 34.000 euros.

García atribuyó esta falta de asistencia a que es una época "en que los vecinos ya han empezado a estudiar y a trabajar, estamos en el inicio de la campaña de la naranja y hay mucha gente que se encuentra fuera y no ha podido venir".

Respecto a este tema, el único asistente aseguró que "resto parece una protesta por todo lo que ha ocurrido con estos pisos".

Más caras que las libres

Y es que la VPO ya no es un chollo para quienes desean adquirir una vivienda. En estos momentos, una de renta libre es más barata que una VPO en Algemesí, ya que ahora las viviendas protegidas cuestan 20.000 euros más que una normal, que tienen un precio de 125.000 euros la más barata y 130.000 la que tiene más metros.

"En estos momentos Algemesí tiene viviendas de renta libre de entre 125.000 y 130.000 euros cuando hace unos años se vendían por 200.000 euros. El precio está bajando bastante porque no se vende nada", aseguró García.

"La diferencia entre la promesa electoral del PSPV, de un coste de 120.000 euros, a la baremación final de entre 148.000 y 154.000 es el resultado de una mala gestión que realizó el anterior gobierno socialista, al solicitar VPO de régimen concertado en vez de régimen general, que en estos momentos resulta más económica", sostuvo Vicent Ramón García.

Otro factor era las condiciones de pago que obligaban a los futuros propietarios a abonar el 20% del precio final en septiembre y más de 8.000 euros a la entrega de llaves, prevista para julio de 2009.

El sorteo de ayer es la segunda convocatoria, ya que sólo seis personas, de las 36 y los 80 reservas elegidos el pasado mes de julio, se quedaron con una de las viviendas de las torres Residencial Los Sueños, con garaje y trastero.

A pesar del inexistente público, el sorteo de las viviendas que quedan por adjudicar transcurrió como estaba previsto. De esta forma, se asignó un orden de reserva para las 228 personas que se quedaron fuera en el primer sorteo celebrado el pasado mes de julio y que ahora vuelven a tener una oportunidad para conseguir una de estas casas.

Las papeletas que contenían todos los nombres de los vecinos que solicitaron estas viviendas se metieron en las tres urnas colocadas encima de la mesa, que correspondían a los diferentes tipos de pisos, entre los que se encuentran dos viviendas adaptadas para minusválidos, y una portavoz se encargó de ir leyendo los nombres y el orden que le correspondía a cada uno.

Por su parte, Joaquín Camarasa comentó que su hija "tiene ilusión de que le toque esta casa, pero no sé si será posible a ver si tenemos suerte con la hipoteca".

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LA UE ABRE JUICIO POR LA LEY URBANÍSTICA VALENCIANA
Levante-EMV (Comunidad valenciana) - 28 de agosto de 2008
 
 
La UE abre juicio a España por la Ley Urbanística Valenciana El ejecutivo comunitario acusa a la LUV y a su reglamento de "incumplir" dos directivas

La Comisión Europea ha sentado ya en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) a las dos leyes urbanísticas valencianas. El ejecutivo comunitario ha presentado ya el escrito de denuncia, que formalmente se dirige "contra el Reino de España", pero que va directo a la línea de flotación del urbanismo valenciano de los últimos catorce años.

El ejecutivo comunitario considera que se han "incumplido" dos directivas europeas al adjudicar los programas de actuación integrada (PAI) conforme a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus herederos: la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Rogtu). Éste último es una novedad que aparezca en las denuncias, ya que hasta ahora las críticas de la Comisión Europea se dirigían hacia la LRAU, primero, y la LUV, después.

Las directivas incumplidas son las referidas a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (Directiva 93/37/CEE) y la de adjudicación de contratos públicos de obras y servicios (Directiva 2004/18/CE). Por ello se pide al Tribunal de Justicia Europeo que sentencie el incumplimiento y que "se condene en costas al Reino de España".

Los motivos que alega la Comisión Europea en su escrito de denuncia son ya viejos conocidos, lo que revela la ineficacia de las alegaciones enviadas desde la Generalitat y desde el Gobierno en los últimos años.

El ejecutivo comunitario considera que "las adjudicaciones de PAI se refieren a obras públicas, que de ben adjudicarse siguiendo lo dispuesto en las directivas 93/37/CEE y 2004/18/CE". "En otras palabras -continúa el escrito de denuncia- la Comisión afirma que los PAI son contratos públicos de obras adjudicados por entidades locales (los ayuntamientos) que incluyen la realización de obras públicas de infraestructuras por parte de agentes urbanizadores seleccionados por la administración local".

Aspectos concretos

A continuación la Comisión Europea detalla los "aspectos" que la LUV incumple de las directivas citadas: "la posición privilegiada del primer licitador, a la experiencia de los licitadores en contratos similares, a la presentación de alternativas a la propuesta del primer licitador en sobre abierto, a la regulación de las variantes, a los criterios de adjudicación de los PAI, a la posibilidad de modificar el contrato tras su adjudicación (por ejemplo, la posibilidad de incrementar cargas de urbanización) y a la regulación de los supuestos de ejecución incompleta del contrato por parte del licitador adjudicatario".

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El cierre de créditos ahoga a la VPO como salida
El Periodico Mediterráneo (Comunidad valenciana) - 07 de octubre de 2008
 
 
EN LA PROVINCIA HAY PLANES DE PROMOCIÓN DE GENERALITAT Y MINISTERIO El cierre de créditos ahoga a la VPO como salida para el sector La Apecc constata que "sin financiación" la vivienda protegida por sí sola no es la solución para el futuro.Según las asociaciones de consumidores, la banca ´desconfía´ de un comprador con menos ingresos.

La Vivienda de Protección Oficial (VPO), ya castigada en la provincia de Castellón por la escasez de promociones --71 visados en lo que va de año, hasta agosto--, sufre ahora también el varapalo de la restricción del crédito a los potenciales compradores que ya viene afectando a la libre.

Una situación que constatan asociaciones de consumidores y la propia patronal de la construcción. Desde la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apecc), que siempre ha considerado la potenciación de la VPO como una de las tablas de salvación para el sector, expusieron que "sin financiación, la VPO por sí sola no es una vía de escape". Así, resaltaron que el endurecimiento de la concesión de préstamos afecta a todo el mercado inmobiliario y es una prioridad a resolver. Y añadieron que "en Castellón no se ha planteado ninguna reunión de constructores con los bancos, pero en la Comunitat y España se debería hacer. Son cuestiones de más alto nivel".

CONSULTAS DIARIAS Las entidades en defensa del consumidor reconocen recibir "a diario" consultas sobre préstamos. El delegado de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en Castellón, Vicente Bellido, indicó que "en efecto, hasta para la VPO no se da financiación. Los bancos no tienen obligación de prestar el dinero y consideran que son préstamos de máximo riesgo al ser los compradores ciudadanos con pocos recursos económicos".

En opinión de Bellido, también influye que "la tasación va a ser más ajustada al mercado y el banco puede pensar que igual ese piso en tres años vale un 20% menos y, si al final se lo queda por impagos y lo saca a subasta va a obtener un valor menor que por otro de renta libre". Bellido resaltó que esta restricción del crédito sí puede llevar en la provincia a situaciones como la registrada de Algemesí (Valencia), donde los beneficiarios en un sorteo de VPO las rechazaron al no poder afrontar los pagos previos ni obtener hipoteca.

SORTEOS SIN ASPIRANTES En la misma línea, el portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, comentó: "Sí, aquí va a suceder igual que en Algemesí, solo que aún no se plantea tanto el problema porque casi no hay VPO". En cualquier caso, Insa añadió que "los bancos piden más garantías y cantidades más elevadas porque se han actualizado los módulos y el piso de protección se ha encarecido".

El representante de la UCE incidió en las dificultades para el colectivo juvenil: "Ni un mileurista ni un joven con un empleo normal, que cumpliría requisitos, pueden acceder. Hace un año se daban préstamos sin casi garantías". Ahora, está latente el temor a una reproducción en las hipotecas para VPO de las subprime de Estados Unidos, que no pudieron pagar personas con pocos recursos económicos y que han dejado a la banca al límite.

En cualquier caso, la Administración sigue adelante con los planes de potenciar la VPO. Desde la Generalitat están ultimando la firma para promoverlas entre 10 y 14 localidades; y el Ministerio ya anunció para este mes la compra de suelo en municipios de toda España que necesiten vivienda protegida.

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Renuncia a pisos apalabrados y con señal agrava crisis
DiarioInformacion.com (Comunidad Valenciana) - 24 de septiembre de 2008
 
 
Compradores de casas nuevas en Alicante aplazan la inversión ante las dificultades para vender su vivienda habitual y encontrar más financiación

La crisis económica que sacude España y especialmente al sector inmobiliario de la provincia de Alicante se ha agravado en las últimas semanas por la devolución a los promotores de decenas de viviendas cuya venta estaba apalabrada con la correspondiente firma del precontrato y la entrega de un señal económica. Las dificultades para suscribir el préstamo hipotecario y, sobre todo, los problemas para vender el piso con el que completar la financiación de la nueva vivienda provocan que muchos compradores se estén echando atrás, incluso después de haber entregado cantidades a cuenta en una horquilla de entre seis mil y doce mil euros. Los promotores se encuentran, por este motivo, con un nuevo problema: el stock de viviendas nuevas sin vender -cincuenta mil casas- crece aún más con la incorporación de los pisos apalabrados cuyos compradores deciden aplazar la inversión.

Fuentes de la patronal de la construcción y de las entidades de crédito de la provincia apuntaron ayer que "el goteo de compradores de clase media que se echa para atrás es diario porque mucha gente se encuentra con que no puede afrontar dos créditos ya que no halla comprador para la vivienda que quiere cambiar. Prefieren perder una parte de la inversión a no tener que enfrentarse a dos créditos al mismo tiempo".

Promotores dejando caducar la licencia, empresas que fueron auténticos gigantes durante el "boom" de la edificación que han prescindido hasta de un 60% del personal en seis meses, constructores que se han ido al Caribe o Centroeuropa, miles de viviendas sin comprador y, ahora, los pocos pisos que se habían apalabrado vuelven al promotor que ve cortada de golpe la vía para hacer caja. Este es el nuevo escenario en el que que se encuentra el sector tras un verano donde la situación se ha ido agravando un poco más y llevado a la práctica paralización del ladrillo por la falta de compradores.

Ramón Jerez, presidente de la Federación de la Construcción (Fecia) apuntó ayer, en este sentido, que "el gran problema de este país es su crisis financiera y esto se debe arreglar sentándose Gobierno, cajas y bancos para buscar soluciones. En otros países como Alemania ya se ha hecho y no pasa nada". Jerez propuso recuperar una fórmula que funcionó en los años 90, también marcados por una crisis inmobiliaria. "La compra de una VPO debe tener exenciones fiscales durante 15 años".

Por otro lado, tanto Fecia como Provia recelan del plan anunciado la semana pasada por el presidente Zapatero para paliar la situación del ladrillo, inyectando 3.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial para refinanciar las deuda de las promotoras a cambio de que están destinen parte de stock al alquiler. En este sentido, Jesualdo Ros, secretario general de Provia apuntó que "la medida puede beneficiar tan sólo a unas 2.000 casas en la provincia. No está mal a nivel social pero para el sector no es una solución a corto plazo". La patronal tiene también mucha dudas sobre cómo se repartirá el dinero. "El Gobierno debe explicarlo mejor", subrayó Jerez desde Fecia. "Lo que no podemos estar todos los días es entre acusaciones políticas de unos y otros", aseveró el presidente de la Federación de la Construcción.

ESTRATEGIA

Provia organiza un curso para aprender a vender La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante -Provia- ha organizado junto a Structuralia -escuela líder nacional en la formación especializada en la construcción- un curso intensivo para mejorar las técnicas de venta en el sector inmobiliario. El curso es de 30 horas, catorce "on-line" y dieciséis en el aula de Provia. El curso comienza el 29 de octubre y el objetivo fundamental, en un momento en el que no se vende nada, es potenciar las habilidades y cambiar actitudes personales en el trato con el cliente "para aumentar la capacidad de influir y de vender más y mejor, dando más atención a las necesidades e intereses de los clientes y buscando dejar auténtica huella en la relación con ellos", según reza en el boletín de inscripción que Provia ha distribuido entre sus asociados.

VPO

Por otra parte, el conseller de Vivienda, José Ramón García Antón, firmó ayer nuevos convenios con otros 41 ayuntamientos, esta vez de de la provincia de Valencia, para favorecer la construcción de 32.300 viviendas protegidas (VPP), que es la cifra que el Plan Estratégico de Vivienda estima necesarias para los próximos cuatro años en Valencia. En Alicante el plan ha tenido una gran acogida entre los ayuntamientos.

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El salón inmobiliario de Sagunt no vende ni uno
Levante-EMV.com (Comunidad Valenciana) - 07 de octubre de 2008
 
 
De los 149 inmuebles a subasta. Descuentos de hasta el 40% no llegan a seducir a ninguno de los casi 500 asistentes

El primer certamen de la Comunitat Valenciana de subastas de inmuebles a la baja se cerró en Sagunt sin lograr ninguna venta. A pesar de que los descuentos llegaron hasta el 40%, los 149 inmuebles ofertados durante cuatro sesiones en La Nau se quedaron sin comprador.

Durante los tres días que duró el Salón Inmobiliario Civitas, alrededor de 500 personas se acercaron a la zona de subastas con la certeza de que lograrían una rebaja mínima del 15%. Esta cantidad se superó en la mayoría de los casos hasta dar una media del 20%.

Sin embargo, ningún asistente llegó a quedarse con alguno de los muchos pisos o plazas de garaje que salieron a la venta, junto a varios adosados e incluso hasta un edificio en construcción situado en el casco urbano de Benavites. Las empresas que instalaron un expositor para publicitar sus nuevas promociones de pisos también acabaron el certamen con muchos interesados, pero apenas operaciones cerradas. Y eso que algunos, como la empresa Iconsa, incluso regalaban los electrodomésticos de la cocina para aquellos que compraran su piso de Protección Oficial en la feria "Ni aún así se han animado", decía un responsable de la empresa, quien consideraba que al certamen le faltó publicidad y más visitantes.

El impulsor de la iniciativa incluso daba por seguro que el año que viene se volverá a celebrar otro salón inmobiliario en La Nau en el que se intentarán mejorar algunos aspectos como la limitación de inmuebles, motivar más la compra o atraer a entidades financieras para que formen parte de la feria. El empresario, además, ha señalado que su intención es continuar haciendo subastas a la inversa, de manera trimestral, pero en lugares "menos ambiciosos que La Nau". Así pues, entre diciembre y enero del año próximo, Ágora volverá a organizar un evento similar al de Sagunt, aunque no desveló dónde.

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El PSOE tilda de 'desfasada' la deducción del IRPF
Panorama-Actual.es (Comunidad Valenciana) - 24 de septiembre de 2008
 
 
anunciada por Camps.

La portavoz socialista de Economía en el Congreso y secretaria de Ordenación del Territorio y Vivienda del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, tildó este miércoles de "desfasada, oportunista e irresponsable" la deducción del IRPF que anunció el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, durante el debate de política general y le instó a "invertir en I+D+i como apuesta de futuro para fortalecer la economía española".


Al respecto, la portavoz socialista argumentó que los organismos internacionales "se han manifestado en contra de medidas como la anunciada por el jefe del Consell por entender que han contribuido a inflar la burbuja inmobiliaria".

La diputada socialista subrayó que la nueva deducción en la declaración del IRPF para compensar la subida de hipotecas es "oportunista e irresponsable", por lo que instó a Camps a "tomar ejemplo del trabajo desarrollado por el Gobierno de España para reactivar la economía e impulsar el cambio de modelo de crecimiento económico".

Asimismo, explicó que los socialistas "apostamos por incentivar las deducciones fiscales en I+D+i, a través de las deducciones fiscales y las políticas activas de gasto, como apuesta de futuro para fortalecer la economía española". Esta es la vía que, a su juicio, "debería seguir Camps para evitar que la Comunitat siga siendo la autonomía más castigada por la crisis", precisó.

Rodríguez Piñero destacó que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el texto impulsado por el PSOE para que las deducciones fiscales en I+D+i se prolonguen más allá de 2011. "Esto -agregó- es apostar por el futuro, mientras que medidas como las ayudas a las hipotecas anunciada por Camps pertenecen al pasado" porque "son el origen de la burbuja inmobiliaria", recalcó.

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El alquiler ´social´ solución para los jóvenes
El Periódico Mediterráneo (Comunidad valenciana) - 04 de octubre de 2008
 
 
EL 90% DE SOLICITANTES DE AYUDAS PARA COMPRAR PISO EN CASTELLÓN SON PERSONAS DE HASTA 35 AÑOS, CON SALARIO PRECARIO.

El alquiler ´social´ de la vivienda, única vía para la emancipación de los jóvenes.

Asociaciones de consumidores consideran que ya existe dificultad incluso para pagar la cuota de VPO.Clientes de bancos piden promover arrendamientos por no más de 250 euros al mes, al estilo europeo.


El alquiler social --barato-- es, para asociaciones de consumidores y sindicatos, una de las principales vías, sino la única, para el acceso a una vivienda digna de un joven en Castellón, dada la amplia diferencia entre el precio de un inmueble y su precario salario. Así, tal y como ya publicó Mediterráneo, el Observatorio Joven de la Vivienda constató, en el primer trimestre del 2008, que un castellonense de hasta 35 años necesita un sueldo de 2.705,90 euros al mes y ganar un 126% más de su salario actual para acceder a una vivienda libre. Para comprar una de 172.300 euros precisaría destinar el 68% de su sueldo.

Al respecto, el portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, subrayó que "los jóvenes tienen vetada la posibilidad de emanciparse salvo el alquiler social, a precios asequibles, o la VPO de alquiler, pues en VPO nueva los módulos han subido y no se logran créditos".

La delegada de CCOO Encarna Barragán apostó por "VPO, alquiler y cumplir el Pacto Valenciano por el Empleo". Y desde UGT han reclamado en varias ocasiones un salario joven "digno".

El delegado de la Asociación de Usuarios de Bancos en Castellón, Vicente Bellido, echó en falta "una política social de alquiler como en Europa, con cuotas de no más de 250 euros", y recordó la negativa a conceder hipotecas, "ni con tres nóminas en un mismo hogar". La patronal de la construcción Apecc coincidió en que "la mayoría de compradores tienen dificultades para obtener financiación, indistintamente de la edad".

De las 200 ayudas otorgadas por Generalitat y Ministerio del 1 de junio de 2007 al 31 de agosto del 2008 en la provincia para comprar VPO nueva, un 89% son de jóvenes de hasta 35 años; y de las 217 autonómicas a pisos concertados, el 90,7%.

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Ninguna VPP en Castelló en el primer trimestre de año
Levante-EMV (Comunidad valenciana) - 22 de septiembre de 2008
 
 
El Consell no ha iniciado ni terminado ninguna VPP en Castelló en el primer trimestre de año. Un balance del Gobierno constata el parón en la ejecución de viviendas de protección.

La construcción de viviendas de protección pública en Castelló se mantiene en una situación de punto muerto. A pesar de ser una de las principales apuestas de la Generalitat para hacer frente a la crisis económica, el último balance del Ministerio de Vivienda revela que en el primer trimestre de año no se ha iniciado ni terminado ninguna VPP en Castelló. A este ritmo se atisba complicado que se puedan levantar las 16.000 viviendas de este tipo que necesitará la provincia en tres años, tal como establece el estudio de demanda elaborado por el Consell.

Los datos del ministerio son demoledores: 0 VPP iniciadas y 0 VPP terminadas en Castelló en los tres primeros meses de año. Es la única provincia de las tres de la Comunitat Valenciana en la que no se han empezado o acabado promociones de protección pública. En Valencia se han construido un total de 666 entre enero y marzo y en Alicante 528. A esta estadística del ministerio hay que sumar las últimas cifras aportadas por la Asociación de Empresarios de la Construcción de Castelló. Según Apecc, el Colegio de Arquitectos ha visado hasta agosto 71 VPP, lo que supone una caída de un 65% respecto al mismo periodo de 2007(206). En todo el año anterior se promovieron 477 proyectos.

Fuentes de la Conselleria de Urbanismo y Vivienda explicaron, por su parte, que en Castelló se tramita en estos momentos un total de 6.209 VPP en tres municipios de la provincia; 3.398 en la capital de la Plana, 2.330 en la Vall d'Uixó y 481 en Vinaròs. Informaron que entre 2005 y el 31 de agosto de 2008 se han erigido 1.308 habitáculos sociales, y añadieron que en breve se impulsaran otros 706 en Castelló capital. El Consell tiene la intención de desarrollar más de 16.000 VPP en los tres próximos años(12.700 en venta y 3.400 en alquiler). A este respecto, el conseller de Agua, Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, José Ramón García Antón, anunció en enero que iba a firmar un convenio con municipios de la provincia con el objeto de liberar suelo público para VPP.

A estas alturas, el Ejecutivo valenciano sigue sin cerrar este acuerdo, tal como admitieron ayer fuentes de la conselleria, quienes avanzaron que la intención de la Generalitat es firmar dicho convenio con ayuntamientos de Castelló "en un plazo de no más de 15 días". Desde el departamento de García Antón apuntaron que de momento se han interesado en esta medida siete de diez localidades con más de 10.000 habitantes: Almassora, Burriana, Castelló de la Plana, la Vall d'Uixó, Onda, Nules y Vinaròs, además de otros municipios con menor población, como Alcalà de Xivert, Cabanes y Orpesa del Mar.

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Policía detiene en Alicante a 6 directivos de Riviera Invest
El Mundo (Comunidad Valenciana) - 12 de septiembre de 2008
 
 
Por una estafa millonaria. Los agentes los interceptaron cuando se disponían a salir del país en un jet privado

Miembros de la Unidad de Delitos Económicos detuvieron este jueves en el aeropuerto de Alicante a la cúpula directiva de la promotora Riviera Coast Invest por un presunto delito de estafa inmobiliaria. La empresa presentó el pasado 3 de septiembre concurso de acreedores.

Los arrestados, entre los que se encuentra el famoso empresario afincado en Benidorm y máximo dirigente de la firma, Claude Roch Tabarot, además de otros cinco directivos y empleados de la sociedad, se disponían a tomar un jet privado con destino a Marruecos cuando fueron sorprendidos por los agentes en el autobús que les llevaba al avión.

De momento, los detenidos se encuentran en la comisaría centro de Alicante a la espera de pasar a disposición judicial. El arresto de estas cinco personas se produjo tras la orden de detención dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por el alto de riesgo de fuga.

La operación, en la que participan agentes de Alicante y Madrid, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, según confirmaron a EL MUNDO fuentes de la investigación.

La supuesta estafa tiene un punto de partida poco sospechoso. La empresa ofrecía a los posibles inversores la obtención de una gran y rápida rentabilidad mediante la adquisición de un estudio o un apartamento en una de las residencias de estudiantes o de la tercera edad que promociona la firma en Alicante.

Alquiler tras la compra

Tras abonar las cantidades acordadas, tenían la posibilidad de alquilar el estudio a una sociedad dependiente de la empresa, obteniendo de esta manera un 6% anual de rentabilidad que se pagaba mensualmente.

El inmueble se arrendaba a un tercero a través de esta filial. Riviera cumplió con los pagos hasta abril y, cuando vendió los últimos apartamentos de los complejos, dejó de pagar las mensualidades a los inversores.

La estafa se cifra en más de un millón de euros por las rentas no abonadas. A ellos se añaden las deudas con proveedores y entidades financieras, que superan los 20 millones.

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Canarias
 
El Gobierno de Canarias invertirá 4 millones para deshaucios
El Mundo (Su Vivienda) (Canarias) - 21 de agosto de 2008
 
 
Se intenta reforzar así la ayuda económica a las familias en "situación extrema" La subvención es compatibles con las que otorgan otras Administraciones

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias invertirá 4 millones de euros "extra" para ayudar a las familias con ingresos inferiores a 10.000 euros y se encuentren en una situación de inminente desahucio o corte del suministro eléctrico o de agua por el impago de facturas, según publica este miércoles el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Esta cantidad para subvenciones será ampliable según la demanda, para las familias más necesitadas, que se hallen en una situación de emergencia social y cuenten con ingresos que no superen 1,5 el Iprem.

La Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, afirmó que el objetivo de esta convocatoria, que se gestionará a través de los Ayuntamientos, es ayudar a las familias que no puedan hacer frente al pago de los alquileres, al pago de los recibos de agua o luz, o tengan amenaza de desahucio.

"De esta forma -indicó Rojas- se intenta reforzar la ayuda económica de la administración pública a las familias que se encuentran en una situación extrema, de emergencia social, acentuada por la crisis internacional que estamos padeciendo, y que no han podido hacer frente a los diferentes pagos de recibos o alquiler de su vivienda habitual".

"Además, -añadió- evitamos que se tengan que enfrentar a una situación de desahucio y se queden en la calle".

Según especifican las bases de la convocatoria, las subvenciones se dirigen, de forma específica, a atender situaciones de emergencia social en el área de la vivienda habitual y serán compatibles con las que puedan ser otorgadas por otras Administraciones con el mismo objeto.

Las subvenciones deberán destinarse al equipamiento, uso y mantenimiento de la vivienda habitual, al pago de las rentas no abonadas cuando concurran circunstancias que hagan previsible el desahucio, o de las cantidades adeudadas en los casos de inminente corte del suministro eléctrico y de agua.

A partir de la publicación de esta convocatoria los Ayuntamientos canarios cuentan con un plazo de dos meses para presentar en el Registro General del Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias la correspondiente solicitud acompañada de una memoria explicativa de las necesidades del municipio, en las que conste el total de ayudas concedidas desde el 1 de enero de 2008, las previsiones que estiman hasta final de año en atención a las necesidades detectadas por cada Ayuntamiento, el número de habitantes del municipio y el importe total de la subvención que se solicita.

Dentro de los límites presupuestarios, el Gobierno de Canarias atenderá a todas las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

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Andalucía
 
EL JUEZ ACUSA A LA JUNTA DE PREVARICACIÓN EN EL ALGARROBICO
El País (Andalucía) - 06 de septiembre de 2008
 
 
Anula el hotel y pide investigar la actuación autonómica

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), del PSOE, ignoraron la Ley de Costas y su propio plan del parque natural del Cabo de Gata al autorizar el hotel del Algarrobico, de 20 plantas a 28 metros del mar. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, Jesús Rivera, declaró ayer nula la licencia del hotel y pidió al fiscal que investigue a los responsables locales y autonómicos porque ve indicios de corrupción.

La dura sentencia da la razón al recurso de la organización ecologista Salvemos Mojácar, al que luego se sumó la Junta. Contra la resolución cabe recurso. Que el hotel sea ilegal cuestiona la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero público, algo improcedente al ser ilegal.

La sentencia afirma que la Junta manipuló sus planos sobre el parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal, pese a que en la planimetría original, de 1988, el hotel ocupaba una zona imposible de edificar. La Junta defendió durante años que el hotel es legal. Su presidente, Manuel Chaves, sin embargo, declaró ayer que la sentencia "da la razón a la Junta".

El juez insiste en que la obra fue aprobada días después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, de 1988, por lo que no podía estar a menos de 100 metros del mar. La Junta insiste aún en que la distancia legal son 50 metros, pese a que desde hace 20 años el ministerio advierte de que son 100 y así lo dictó la Audiencia Nacional.

El magistrado pide a la fiscalía que investigue al ayuntamiento y a la Junta por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La Junta, según el juez, actuó "de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico" y usó una "burda maniobra" al presentar una cartografía "falsa e insólita". Y concluye que "la abulia y desidia" de estas administraciones "en defensa del interés general" merecen ser investigadas.

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La vivienda es otra de las preocupaciones de consumidores
EmarTV.com (Andalucía) - 05 de septiembre de 2008
 
 
Desde el ejecutivo andaluz se asegura que la futura ley de derecho a la vivienda va incluir un registro autonómico de demandante de vivienda de protección oficial. Será una de las medidas para facilitar la adquisición a este bien básico.

Sin embargo, organizaciones como la Plataforma Nacional por una vivienda digna desconfían, y aseguran, que las políticas deben ir dirigidas a asegurar el acceso, y no a garantizar la compra.

Las asociaciones de consumidores denuncian además, que la bajada de los precios en el sector inmobiliario no está facilitando el acceso a la vivienda. La razón es que hoy las entidades bancarias ponen más trabas a la concesión de créditos.

Desde las organizaciones ciudadanas aseguran que, hasta el momento, las políticas de vivienda sólo ha beneficiado a promotores y propietarios y han inflado la burbuja inmobiliaria.

Creen, además, que para asegurar el acceso a la vivienda en nuestra comunidad no es preciso construir más, sino ejecutar políticas de aprovechamiento de los recursos yo existentes, como, por ejemplo, sacar al mercado los inmuebles vacíos o fomentar el alquiler.

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Comedores sociales empiezan a recibir a familias ahogadas
LaVozDigital.es (Andalucía) - 15 de septiembre de 2008
 
 
Por la hipoteca y el paro. El número de gaditanos que vive por debajo del umbral de pobreza se ha disparado en el último semestre Los servicios sociales de la Bahía comienzan a saturarse

La inopinable crisis económica ha obligado a muchos ciudadanos a apretarse el cinturón, de manera que tengan que prescindir de algunos caprichos adquiridos casi como costumbres durante los años de bonanza: como quitarse del café de la mañana en el bar, para tomarlo en casa, o recurrir a las rebajas en lugar de la ropa de temporada, el almuerzo de fin de semana o a nuestro pesar, comprar el periódico todos los días. Sin embargo existe una cara más amarga, que la representan aquellos a los que la crisis les ha privado incluso la capacidad de pagar los recibos de la luz, del agua o incluso, para asumir todos esos gastos anteriores, reducir la cantidad de comida en el plato cada día. Se trata de un rostro menos visible, aparentemente minoritario, aunque por desgracia no es un sector de la población pequeño y además tiende a crecer con la nueva situación económica.

En la provincia de Cádiz, según un informe sobre exclusión de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) -apoyado a su vez en informes de Cáritas y del Instituto Nacional de Estadística-, se estima que unas 12.259 personas viven en estado de exclusión social.

Pobreza severa

Cádiz es por tanto -según el mismo informe- la provincia con mayor porcentaje de personas que se engloban dentro de este grupo social, que estadísticamente se les etiqueta dentro de la llamada «pobreza severa» y que disponen de unos ingresos inferiores al 25% de la Renta Media Disponible, que según Apdha, se sitúa en los 600 euros en España.

Los datos, sin embargo, suelen llegar siempre más tarde que la realidad, y en este caso los últimos se remontan a 2005, en plena bonanza económica, por lo que con la nueva situación económica el número de gaditanos que se identifique con estas condiciones puede ser superior.

Además, no todo depende del nivel de ingresos: el endeudamiento de créditos e hipotecas ha creado, por ejemplo, una nueva figura de necesitados a quienes la crisis llega a ahogar no por sufrir niveles bajos de ingresos sino por padecer niveles altos de deudas.

De este modo, parejas que hasta ahora compartían salarios 'mileuristas', muy por encima del umbral de pobreza, se enfrentan a pagos mensuales que superan los 700 euros -la mensualidad media de los créditos en Cádiz-.

La tendencia, además, es ascendente y cada mes se añaden nuevas familias, según confirman en los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos de ciudades gaditanas. «Están llegando personas a las que les ha sorprendido la crisis», asegura José Macías Teodoro, delegado de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cádiz, que suscribe que tanto en los servicios sociales del consistorio de la capital como en centros relacionados, el perfil de los que demandan ayudas se ha modificado para acoger una nueva figura.

Cada vez más familias de clase media u obrera, que en años de bonanza llegaron a embarcarse en compras de envergadura como viviendas o vehículos, y que ahora son incapaces de afrontar la situación, reclaman asistencia por parte de trabajadores sociales. «Son personas que compraron un piso y, o bien les ha subido la hipoteca o han perdido el empleo, y ahora no les llega ni para comer», explica el concejal gaditano.

«Overbooking»

En municipios como San Fernando, reconocen que el aumento de las citas de ciudadanos que desean entrevistarse con trabajadores sociales para contar la situación que padecen en sus hogares no para de crecer, y hablan ya abiertamente de «saturación» y «overbooking» a la hora de ofrecer sus servicios: así describe la situación la delegada de Servicios Sociales del municipio de San Fernando, Susana Rocamonde: «no damos abasto, cada vez llegan más peticiones de ayuda porque la crisis ha resentido mucho a las familias isleñas». En la capital gaditana, la demanda ha llegado motivar, por ejemplo, que el Equipo de gobierno municipal redoble el esfuerzo económico y revise algunos presupuestos iniciales destinados a ofrecer ayudas sociales, al haberse agotado ciertas partidas como las destinadas a subvenciones por alquiler, para la que el área de Bienestar Social contaba este año con hasta un millón de euros. «Se ha superado el presupuesto, por lo que el pasado Pleno municipal debimos pedir una ampliación a la Junta de Andalucía». El aumento de la demanda es difícil de medir, pero ya se nota en las oficinas de asuntos sociales y en algunos comedores sociales como el de la Fundación Virgen Poderosa, a cargo de la congregación religiosa de las Hijas de la Caridad y que atiende cada día a decenas de personas.

Ahogados por las deudas

En este comedor -uno de los dos que funcionan en la ciudad-, «desde mediados de agosto hasta ahora la demanda ha aumentado de manera exagerada, sobre todo de nuevas familias, que no tenían problemas económicos de generación en generación, ni están desestructuradas», reconoce Sor Teresa, madre superiora de la congregación. «Antes este tipo de familia era muy puntual, en el último mes hemos recibido a más de veinte», afirma.

«Cuando recurren a nosotros es porque tienen la soga al cuello, porque le cortan la luz en casa; con este tipo de familias se hace otro seguimiento, no vienen todos los días, sino una vez a la semana o al mes, porque para ellos es una humillación».

Según la religiosa, existen muchos perfiles de cuantos acuden al comedor, aunque generalmente «son personas mayores o de mediana edad -de 40 a 50 años- y son más habituales los hombres que las mujeres».

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Emvisesa ignora cifra de afectados que no pueden pagar VPO
Diario de Sevilla (Andalucía) - 26 de agosto de 2008
 
 
La empresa se escuda en que actualmente tiene muchas promociones en marcha

La crisis económica afecta a los beneficiarios de las viviendas de protección oficial. El gerente de Empresa Municipal de Viviendas de Sevilla (Emvisesa), Juan Carlos León, admite que conoce los problemas por los que están pasando los adjudicatarios de las VPO actualmente, pero afirma que todavía no se ha contabilizado el número de afectados, ya que sostiene que es muy difícil saber cuántos hay porque existen muchas promociones diferentes.

El gerente insiste que en las promociones de régimen especial es muy difícil que se dé esta cuestión, mientras que en las de régimen general últimamente son muchos los perjudicados por la falta de créditos bancarios. Sin embargo, el responsable de Emvisesa, aclara que "ahora no es que haya más dificultades por parte de los bancos y cajas de ahorros, sino que éstas piden más garantías a los adjudicatarios porque ellos no pueden prestar dinero sin cautela". Añade que entre los nuevos requisitos ya se ha hecho imprescindible tener un avalista y que el dinero que se destine para la hipoteca no supere el 30 o 35% de la renta, cuando antes era del 45%.

Juan Carlos León asegura que entre los solicitantes de las viviendas de protección oficial hay muchas personas que no disponen del dinero cuando tienen que pagar la entrada del piso y tienen "que tirar de la lista de espera".

Aclara que esta dificultad no se producía antes con tanta asiduidad porque los bancos concedían un préstamo personal que luego se ampliaba con una hipoteca puente para pagar la casa. Ahora las entidades no dan créditos personales a quienes no cumplan los requisitos y esto provoca que los adjudicatarios no dispongan del dinero a la hora de efectuar los pagos. "En mi opinión, el verdadero problema radica en la aportación del 20% que hay que dar de entrada para asegurarte el piso, más incluso que durante la entrega de llaves", sostiene León.

Matiza que hay que distinguir entre las promociones que tienen un tiempo amplio entre la adjudicación en el sorteo y la entrega de llaves, que dan un margen para poder ahorrar la cantidad que se pide de entrada, y las que tienen la entrega al poco tiempo de ser sorteada, ya que los adjudicatarios no disponen del dinero en el acto.

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40% de la venta de viviendas no se rematan por insolvencia
Ideal.es (Andalucía) - 05 de septiembre de 2008
 
 
El sector estima que tan sólo en junio pudieron desbaratarse entre 400 y 600 operaciones, con un importante coste económico para las partes intervinientes Denegación de hipoteca o quedarse en el paro, causas que fuerzan la situación

El parón que sufre la actividad inmobiliaria en la provincia de Granada, con operaciones de compraventa de viviendas bajo mínimos, depara situaciones impensables tan sólo un año atrás. Una de las más preocupantes -y de las más recientes- es la renuncia final a la adquisición de un piso o una casa por parte de quien se embarcó en la operación año y medio o dos años antes. Poco podía pensar que la situación económica diese el vuelco que ha dado, hasta el punto de no poder materializar la operación.

La Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) cifra en un 40% el número de viviendas de nueva construcción que finalmente se quedan sin vender, en los últimos meses, justo cuando el comprador ha de escriturar las mismas y formalizar (subrogarse o contratar) la hipoteca. Tal cantidad la eleva el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria hasta el 60%, lo que agravaría aún más la repercusión de estos hechos.

En el caso de la vivienda usada, tres cuartos de lo mismo aunque en niveles algo mayores por el hecho de que el plazo desde que se entabla la negociación entre comprador y vendedor hasta que se materializa la venta, es significativamente menor. Y menor es la capacidad de reacción.

De 400 a 600

Si damos por buenos los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al mercado provincial de compraventa de vivienda y que supusieron en junio un total de 1.109 operaciones, hemos de concluir que entre 443 y 665 viviendas -según se haga caso a una fuente u otra- se quedaron finalmente sin vender justo en el último trámite de la operación.

Una cifra la anterior ciertamente elevada para tratarse de un solo mes y que refleja de forma nítida hasta qué punto se ha cebado la crisis con el sector inmobiliario. O con la economía doméstica de quien se había embarcado en la compraventa y finalmente no pudo responder de la misma.

«Por desgracia, esta situación es cada vez más común y el perjuicio no sólo es para los compradores sino muy especialmente para el promotor», afirma Francisco Martínez Cañavate, gerente de la ACP. En este mismo sentido se manifiesta el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Germán Navarro, quien además vaticina que esta situación «tiene recorrido, irá a más y no sabemos cuándo tocará fondo ante la gravedad de la crisis a la que nos enfrentamos y no sólo en el sector inmobiliario español».

Las causas

Las causas que explican la situación descrita son múltiples y todas ellas desembocan en la imposibilidad del comprador de hacerse cargo del pago de la vivienda que acaba de adquirir. Desde la ACP se señalan algunas de las más comunes. Como el hecho de que el comprador no consiga el crédito hipotecario para financiar su vivienda, ante el 'cerrojazo' que las entidades financieras han dado a este tipo de préstamos por el repunte que padecen en la morosidad.

Otra razón no menos destacable es el hecho de que la compra de vivienda como inversión se ha venido abajo en el último año. «Nadie en su sano juicio cree hoy que va a vender con los márgenes de ganancia de hace dos o tres años», señala Martínez Cañavate. Muy por el contrario, se arriesga a obtener un rendimiento mínimo e incluso a perder dinero.

También, por desgracia, es cada vez más frecuente el caso de quien ha perdido el trabajo durante el periodo que va desde que pagó 'la entrada' de su piso hasta que tuvo que formalizar la hipoteca.

Por último, otra situación ciertamente habitual es con la que se enfrentan quienes esperaban vender un piso para poder comprar otro. Iniciaron la segunda parte de la operación, pero no pudieron llevar a buen término la primera. La conclusión es que tampoco pueden finalizar esta última.

Segunda mano

Especial relevancia tiene el fracaso a la hora de materializar la adquisición de una vivienda en el caso de las de segunda mano. Francisco Iglesias, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Granada (Aingra), señala a este respecto que sus empresas asociadas viven cada día un buen número de operaciones que se quedan en el aire.

«No importa que el comprador haya dado una señal a cuenta, a veces importante; si se arrepiente lo hace de forma definitiva, sin posibilidad de marcha atrás porque verdaderamente le resulta imposible asumir la deuda y por un periodo de tiempo elevado», señala Iglesias. A falta de datos concretos en este segmento, lo cierto es que las operaciones que sí finalizaron en junio cayeron un 25,4% con respecto las de un año anterior. Todo un síntoma.

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Una docena de voluntarios rehabilitará 18 viviendas
ElCorreodeAndalucia.es (Andalucía) - 23 de septiembre de 2008
 
 
Doce voluntarios han sido los encargados de iniciar la XII operación de rehabilitación de viviendas que hoy comienza de forma simultánea en el barrio de los Pajaritos y Juan XXIII, destinada a la remodelación de 18 casas para personas de escasos recursos.

Tú sí que pintas es el lema de la campaña que acoge la organización promotora de este proyecto,Cooperación Internacional ONG, presentada en la mañana de ayer. La labor de 90 voluntarios, prolongada hasta el mes de diciembre, tiene la intención de aliviar la difícil situación que sufren estas viviendas del barrio de los Pajaritos y Juan XIII con graves problemas de acondicionamiento.

Sesiones de mañana y tarde, en grupos de 4 y 5 personas, ayudarán a conseguir que sus inquilinos tengan una vivienda digna. La labor que cubrirán estos voluntarios será la reparación de grietas y humedades, además de la tarea de pintar toda la casa.

El perfil de los jóvenes que se encuentran inmersos en este proyecto son en su mayoría estudiantes universitarios, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, que poseen una clara preocupación por los problemas sociales vividos en su ciudad.

La Operación de Rehabilitación de viviendas, patrocinada por la obra social de la entidad Cajasol, ha permitido la realización de este proyecto gracias al premio otorgado en la VI edición de la Iniciativa Solidaria de empleados de este banco, en la que el cantante rapero Haze, así como el empleado de la entidad, Angel Medina, llevaron a cabo en calidad de padrimos, con una colaboración de 40.000 euros para esta labor, que la citada ONG, desarrolla desde el año 1996.

En el día de ayer dio comienzo la andadura en claros puntos de la ciudad. La calle Golondrinas en los Pajaritos y la tercera fase de las Casas Bajas del barrio de Juan XIII han sido los enclaves elegidos para dar luz verde a este proyecto en nuestra ciudad, participando en la primera jornada un total de 12 voluntarios.

La estimación que apuntaba el director de proyectos de Cooperación Internacional ONG, Rafael Mosteyrín, anuncia que la primera fase de esta operación se llevará a cabo desde el 23 de septiembre hasta el 5 de octubre, en función de la cantidad de voluntarios que se sumen a esta labor solidaria.

Los vecinos beneficiarios de esta ayuda son elegidos a través del análisis de diferentes agentes sociales de la zona como son asociaciones que prestan su labor desinteresada en estos barrios. 3.000 viviendas, Santa Teresa, Carretera Su Eminencia y Triana serán los próximos destinos de este programa, que permitirá con su labor, una sueño inalcanzable para sus propietarios.

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Consideran que turismo residencial desaparecera con POTA
Finanzas.com (Andalucía) - 25 de septiembre de 2008
 
 
La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial alertó hoy de que, con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), el sector del turismo residencial está "abocado a desaparecer".

Los asociados a este colectivo, que celebró el pasado viernes una asamblea extraordinaria, mostraron en dicho encuentro su preocupación respecto a dos temas de este documento, como son el 30 por ciento de reserva de suelo para Viviendas de Protección Oficial (VPO) y el control del crecimiento de los pueblos.

En la asamblea, presidida por Ricardo Arranz, se debatió como primer punto cómo afecta este porcentaje de reserva a las urbanizaciones turístico residenciales, considerando que se trata de un asunto que "carece completamente de sentido".

Al respecto, señalaron en un comunicado que el propio cliente de este tipo de viviendas sociales "rechaza vivir en una urbanización, sin los servicios básicos que requiere como farmacias, bares, colegios, transportes o médicos".

"La urbanización residencial, tradicionalmente concebida como zona de descanso o recreo para aquellos turistas extranjeros o nacionales que disponen de una primera vivienda o vivienda habitual en otros países o zonas metropolitanas, no reúne los servicios necesarios para el ciudadano que trabaja en la ciudad y lleva a sus hijos al colegio, ya que se encuentra alejada de las ciudades o grandes grupos poblacionales, lo que dificulta el desplazamiento", según recordaron.

Por otro lado, la federación indicó que el ciudadano que demanda viviendas sociales no cuenta con una capacidad suficiente "para afrontar gastos de comunidad elevados, que incluyen conceptos como seguridad, recogida de basura, mantenimiento de zonas verdes, limpieza de calles, que los ayuntamientos históricamente se han negado a financiar y que recaen en la propia urbanización".

Además, a estos gastos hay que sumar el IBI, por lo que destacaron que la urbanización "es gravada doblemente, lo que aumenta considerablemente los gastos soportados por los propietarios de sus viviendas".

En lo que se refiere a la limitación del crecimiento de los municipios, entendieron que, en los términos que establece el POTA, resulta "del todo incongruente", ya que "son muchos los pueblos de la Costa del Sol y del litoral de Huelva, Cádiz o Almería que no tienen censos reales".

Se trata por tanto, explicaron, de "un grave problema que afecta a todos los focos turístico residenciales, que en algunos casos se han aventurado a llamar 'ciudades dormitorios', donde las familias que disponen de viviendas secundarias, se hayan censadas en su vivienda habitual, en la mayoría de los casos fuera de esa población".

Por tanto, los urbanizadores solicitaron que, para establecer límites, "habría que tener también en cuenta otra serie de factores, como la capacidad real de crecimiento del municipio en lo referente a su extensión geográfica o infraestructuras", ya que, en caso contrario, "existirán núcleos poblacionales que no puedan afrontar el crecimiento establecido en la ley aún estando en disposición legal de hacerlo y viceversa". MARBELLA

Por otro lado, se hizo especial hincapié en el caso de Marbella, donde "las licencias de primera ocupación provisionales no han solucionado los problemas que plantea la no aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

Los urbanizadores lamentaron en este sentido que acogerse a las licencias provisionales o en precario "supondría perder los derechos de licencias por silencio administrativo".

Otros asuntos abordados en la asamblea fueron las líneas de actuación a nivel turístico-promocional para el nuevo ejercicio, con la participación activa de la federación en un programa de ferias centrado en países que en estos momentos tienen una gran capacidad de inversión como los Emiratos Arabes, Rusia, el Benelux y los países nórdicos.

Finalmente, plantearon la conveniencia de renovar el convenio de colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte con el objetivo de continuar con la promoción del segmento turístico residencial.

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Galicia
 
La compra de un piso el 71,9% del sueldo de jóvenes gallegos
La Voz de Galicia (Galicia) - 30 de septiembre de 2008
 
 
El Ministerio de Vivienda recomienda que la adquisición o el alquiler de una VPO no suponga nunca un desembolso de más del 33% de los ingresos.

El Consejo de la Juventud volvió a poner de relieve este martes con toda crudeza la dificultad, casi insalvable, a la que se enfrentan los menores de 35 años en España que aspiran a convertirse en propietarios de una casa. Algo que, destacó el organismo, es casi una quimera. Toda una misión imposible, puesto que el joven gallego que aspire a comprar un piso debería dedicar al pago de la hipoteca nada menos que el 71,9% de su suelgo neto, una cifra que ascienda al 83,3% en el caso del conjunto de los españoles, según el Objovi, un informe estadístico de la institución centrado en el acceso a la vivienda. Un porcentaje que en algunas zonas -aunque parezca mentira- supera el 100%.

Los números ponen en evidencia las ideas de la ministra del ramo, Beatriz Corredor, que ha sugerido a las comunidades la conveniencia de que el pago por la compra o el alquiler de una VPO no supere nunca el 33% de los ingresos brutos.

Los tipos de interés, los altos precios de la vivienda y la negativa de las instituciones financieras no ya a alargar los plazos de los créditos sino a darlos siquiera ha complicado sobremanera la compra de vivienda. Aún más a los jóvenes, que en general no tienen ni ahorros, ni un soporte laboral estable. Los cálculos del Consejo de la Juventud señalan que los vascos son los que más difícil lo tienen, pues deben reservar para la hipoteca un 105% de sus ingresos netos o, lo que es lo mismo, más dinero del que ganan al mes. Tampoco lo tienen fácil los baleares y madrileños (101%), los catalanes (91,7%), los cántabros (88%) o los canarios (85,7%). En términos provinciales, el acceso a la propiedad se complica en mayor medida en Vizcaya (112%) y Barcelona (104%).

Porcentajes

Beatriz Corredor recomendó este martes a las comunidades autónomas -durante la denominada Conferencia Sectorial de Vivienda, que prepara el Plan 2009/2012- que tomen medidas para que el acceso a la VPO, en cualquiera de sus regímenes, no suponga un esfuerzo superior al 33% de los ingresos brutos. Es un porcentaje que, señala el Ministerio, que está recomendado por todos los expertos y puede evitar problemas de sobreendeudamiento. La sugerencia no ha gustado a las autonomías, que ven en ella una injerencia en sus competencias. Y a la vista de los datos del Injuve, supone un verdadero 'palo' para los jóvenes, que en ningún lugar de España pagan menos del 49% de su salario por la hipoteca. Por un piso libre eso sí, aunque los salarios tampoco dan en muchas ocasiones para la VPO.

Las aspiraciones de Vivienda chocan con la situación de los menores de 35 años, que de media deben cobrar un 172% más de lo que ganan para poder hipotecarse al 33% de sus ingresos en el mercado libre. Esa proporción de dinero extra llega al 249% en el País Vasco, al 238% en Baleares o al 193% en Cantabria. De hecho, si se dedicara un tercio del sueldo a la vivienda en propiedad, el joven medio español estaría condenado a vivir -en base a los precios actuales- en tan sólo 35,8 metros cuadrados.

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Galicia resiste la crisis inmobiliaria
Xornal.com (Galicia) - 23 de septiembre de 2008
 
 
Aunque no se libra del bajón. La venta de viviendas cayó un 25,3% en los últimos 12 meses. En Galicia, el procentaje se reduce al 7,6%.

El número de viviendas vendidas en los últimos doce meses (julio 07-junio 08) fue de 693.503, un 25,3% menos que en el mismo periodo precedente. Del total de transacciones, 385.939 corresponden a obra nueva, con un descenso interanual del 8,5% y 307.564 a ventas de segunda mano, un 39,3% menos que en los 12 meses anteriores.

En el segundo trimestre de 2008 se vendieron un total de 155.861 viviendas, un 2% menos que en el primer trimestre. De ellas, 90.905 fueron obra nueva, con un incremento del 0,5% sobre el periodo enero-marzo y 64.956 fueron usadas, un 5,3% menos.

En tasas interanuales (segundo trimestre de 2008 sobre segundo trimestre de 2007) el descenso en las ventas fue de un 31,5%. En viviendas nuevas la bajada fue de un 13,6% y en segunda mano del 46,9%.

Ventas por Comunidades Autónomas y Municipios

En todas las CCAA se registró un descenso de las transacciones en los cuatro últimos trimestres con respecto al mismo periodo anterior. Por encima de la media nacional (-25,3%) se sitúan Cataluña (-42,2%), Ceuta y Melilla (-41,9%), Baleares (-35,3%), Navarra (-31,9%), Comunidad Valenciana (-31,5%), La Rioja (-29,8%), Madrid (-28,9%) y Canarias (-26,4%). Por debajo de la media quedaron Murcia (-22%), Castilla y León (-21,2%), Andalucía (-20,3%), Cantabria ( -16,4%), Asturias (-16,1%), Aragón (-16%), País Vasco (-15,7%), Galicia (-7,6%), Castilla-La Mancha (-4,5%) y Extremadura (-1,7%).

Por municipios, las capitales con mayores ventas en el trimestre fueron: Madrid (6.493), Barcelona (2.512), Murcia (2.356) y Zaragoza (1.845). La lista de las ciudades no capitales viene encabezada por Torrevieja (987), Cartagena (948), Vigo (901) y Jerez de la Frontera (881).

Compras realizadas por extranjeros

El número de viviendas compradas por extranjeros residentes en España fue en el segundo trimestre de 10.695, un 12,2% menos que en el primer trimestre de 2008 y un 57,4% por debajo de las adquiridas en el mismo periodo de 2007. Las compras de extranjeros no residentes subieron un 1,87% con respecto al primer trimestre hasta las 979.

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Denunciado por cobrar por casas que no construía
20 Minutos (Galicia) - 12 de agosto de 2008
 
 
# Los juzgados gallegos tramitan 50 denuncias contra la empresa 'Seiseme', en Catoira (Pontevedra). # Imputan al constructor presuntos delitos de estafa y apropiación indenida por cobros de casas que no construyó. # Ofrecían viviendas unifamiliares de 90 m2 con parcelas de 400 m2. Cobraban una parte como señal y primeras entregas, pero luego no hacía la casa.

Diversos juzgados gallegos tramitan al menos 50 denuncias contra el gerente de una inmobiliaria de Catoria (Pontevedra) como presunto autor de estafa y apropiación indebida, por supuestos cobros por casas que no construyó, según fuentes letradas, judiciales y de afectados consultadas por Efe.

Las denuncias fueron presentadas contra el gerente de la inmobiliaria 'Seiseme', Juan Iglesias Rodríguez, en su mayor parte ante el juzgado de Vilagarcía de Arousa, por su proximidad a la sede de la empresa, pero éste se inhibió en favor del juzgado de Pontevedra, donde se tramitó la primera denuncia, explicó el letrado Carlos Hermelo, de Cangas.

Según este abogado, y otros consultados, el "modus operandi" de la firma denunciada tiene elementos comunes en toda Galicia ya que ofrecía, a través de inmobiliarias intermedias, viviendas unifamiliares de al menos 90 metros cuadrados, con parcelas de unos 400 metros cuadrados a un precio final de 144.000 euros como mínimo y la mayor parte de los compradores pidió un "préstamo-puente".

El promotor aseguró a los compradores, según dijo el portavoz de los afectados de Ourense Modesto González, que no tendrían que pagar nada hasta que tuviesen las llaves en mano "pero pidió una señal de 3.000 euros y luego una primera entrega que en mi caso fue de 28.000 euros, y hasta 35.000 euros para los que firmaron contrato después".

Algunos abonaron esa primera entrega en efectivo pero la mayoría pidió un "préstamo-puente" en dos entidades bancarias que centralizaron las gestiones "y aprobaron estos préstamos incluso después de que la empresa tuviese sentencias condenatorias por denuncias de trabajadores y proveedores desde finales de 2007", lamentó el también letrado Miguel Costa.

El promotor aseguró a los compradores que él se hacía cargo de las cuotas mensuales del préstamo pero, según el abogado, siempre aplicó la estrategia de pagar uno o dos meses, o ninguno, y los bancos reclamaron y cobraron cuotas a los compradores de la casa.

"Ahora estas familias están pagando un préstamo-puente de 28.000 a 60.000 euros en algunos casos, cobrados por Juan Ángel Rodríguez López, con pagos mensuales de hasta 1.100 euros y a cambio no tienen casa y tendrán que luchar para recuperar el dinero", agregó.

El abogado lamentó que mientras caen las denuncias contra la empresa promotora, las entidades prestamistas "siguen haciendo caja" con nuevos compradores y criticó que el juzgado no ejecutase ninguna medida cautelar sobre todo tras comprobar "en todos los Registros de la Propiedad" que la inmobiliaria no tiene inscritos ni derechos ni bienes de ninguna clase, añadió.

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Son más de 500 las viviendas de Mahía que investiga Hacienda
El Correo Gallego (Galicia) - 23 de septiembre de 2008
 
 
Un número importante de presuntas compras con dinero negro se realizó en tres urbanizaciones de Brión ·· La Agencia Tributaria sólo llamó a unas decenas de personas de todas las que adquirieron pisos y chalés

Los alrededor de 7.600.000 euros presuntamente sustraídos a la Agencia Tributaria española a través de la compra de viviendas de la inmobiliaria Mahía con dinero negro durante los años 2002 y 2003 corresponden a la adquisición de 530 pisos, chalés y locales comerciales de los 1.800 que aparecen en los documentos entregados a la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santiago, Ana López-Suevos Fraguela, según pudo saber ayer EL CORREO.

Durante el pasado mes de julio y después de que Hacienda encontrara indicios de delito en los listados que la magistrada le había remitido, decenas de vecinos del área de Compostela fueron llamados por los inspectores del fisco para explicar por qué aparecían en los documentos como compradores con dinero negro de viviendas.

Llamados al azar

Sin embargo, no fueron todos los que aparecen en la relación los que tuvieron que personarse en la sede de Salgueiriños, sino solamente una parte de ellos elegida al azar. Aun así, la muestra debió de ser suficientemente clarificadora, ya que la Agencia Tributaria remitió los documentos a la magistrada advirtiéndole de que había claros indicios de delito en las compraventas. Responsables de la propia Agencia Tributaria rechazaron ayer realizar declaraciones sobre este caso y la investigación fiscal, ya que "Hacienda garantiza la confidencialidad en sus investigaciones y preserva la presunción de inocencia en sus actuaciones".

Una parte significativa de las adquisiciones con fraude fiscal corresponden a tres urbanizaciones del vecino municipio de Brión: Monte Balado, Agro Novo y los chalés construidos al lado del colegio del propio Brión.

14.300 euros de media

Aunque las cantidades pagadas al margen del fisco español son muy dispares unas de otras, la media de todo lo defraudado en las promociones de que dispone Ana López-Suevos Fraguela superaría los 14.300 euros.

Este presunto delito fiscal que ahora se comienza a investigar a fondo estuvo a punto de prescribir el pasado mes de julio si no hubiera mediado la diligencia de la magistrada de Instrucción número uno de Santiago.

Es muy posible que se amplíe la investigación a las ventas de otros ejercicios posteriores para intentar evitar que pudieran prescribir posibles actuaciones irregulares como la que ahora está en manos de las autoridades judiciales y fiscales de Galicia.

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10.000 infracciones de Urbanismo para 1 abogada en Vigo
Faro de Vigo (Galicia) - 23 de septiembre de 2008
 
 
Diez inspectores controlan la legalidad en viviendas, negocios e industrias.

La oficina de infracciones urbanísticas está hasta los topes de expedientes. El Concello acumula más de 10.000 abiertos por presuntas ilegalidades en viviendas, negocios e industrias, según las fuentes municipales consultadas, y sólo una abogada se encarga de instruir, hacer el seguimiento y resolver todos los casos en trámite. La plantilla de inspectores es también escasa. Diez funcionarios se encargan de controlar todo el territorio municipal.

La acumulación de expedientes de infracción y la falta de personal suficiente para agilizarlos es un problema antiguo en el Concello que han admitido los últimos gobiernos municipales. En el anterior mandato se habían contabilizado 14.000, pero la cifra incluía casos ya archivados o prescritos. Con motivo de la elaboración del Plan de Inspección Municipal, presentado meses atrás por el actual gobierno local para marcar las prioridades a la hora de realizar el control de la legalidad urbanística, se realizó un "filtrado" de los datos, y tras la criba el número de casos quedó fijado en 10.000. La sobrecarga de actividad, además, ha provocado que en algunos casos caducasen los plazos para emitir informes o adoptar resoluciones, con lo que estos expedientes han prescrito sin que se restaure la legalidad.

Letrados

A ello se une la reducción a la mitad en el número de instructores. El departamento contaba hasta hace cuatro meses con dos abogadas que incoaban y seguían los expedientes hasta su resolución final, pero una de ellas ha pasado a la Inspección de Tributos sin que por el momento tenga sustituta. Con motivo del incendio de la macronave de O Gorxal el alcalde también asumió la escasez de plantilla, y alega que la situación es "heredada". Los medios de inspección no se incrementarán a corto plazo, aunque Caballero ordenó al concejal de Urbanismo que revise el plan para dar prioridad a las empresas "sin descuidar otros apartados".

Por otra parte, la Gerencia ha remitido a la Tesorería municipal un listado de 27 empresas y particulares multados por infracciones urbanísticas que no han abonado la multa en el periodo voluntario. El Concello dictará orden de apremio para cobrar los 250.000 euros que suman las cantidades. Casi la mitad corresponden a una infracción de una inmobiliaria. El punto pasó ayer por la Junta de Gobierno. Las cantidades se traspasarán posteriormente a la propia Gerencia para financiar su actividad.

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El nuevo PXOM Vigo generará 90mil millones de € en construcc
Faro de Vigo (Galicia) - 27 de agosto de 2008
 
 
Entra en vigor la tramitación de licencias, con más personal en Urbanismo

"El momento que llevamos esperando treinta años". Con esas palabras el alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró la entrada en vigor ayer del Plan Xeral de Ordenación Municipal, y lo presentó con una cifra: 90.000 millones de euros (15 billones de las antiguas pesetas, según el cálculo del regidor) de volumen de recursos económicos que se moverán en Vigo ligados al sector de la construcción, la edificación y la obra pública incluidas en el nuevo planeamiento urbanístico. El antes y después de la aplicación del Plan se apreciará en la "mejora de calidad de vida de los ciudadanos y en el impulso de la economía", aseguró. Caballero justifica los beneficios en estos dos "pilares" porque la construcción de 130.000 nuevas viviendas en los próximos años hará caer el precio de los pisos. Ligadas a éstas, la dotación de otras 62.000 con algún tipo de protección y "libres de especulación" -destacó- hará que el 80% de la población pueda acceder a una casa a mitad del precio de mercado.

Esta práctica, resumió, hará que los promotores dejen de cobrar 1.500 millones de euros en plusvalías. Y, por último, anunció, "está disponible a partir de hoy" la creación de 4,5 millones de metros cuadrados brutos de suelo industrial, lo que vendrá a oxigenar las carencias de las empresas.

El difícil parto del nuevo Plan se extendió ocho años y quedó latente en su tramitación, que pasó por cuatro gobiernos locales de diferentes colores políticos hasta publicarse el pasado 6 de agosto en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra). Además, la aprobación municipal (el 29 de diciembre de 2007) estuvo envuelta en la polémica por una entrada supuestamente restringida al pleno que favoreció a militantes políticos en detrimento de vecinos. Actualmente, más de un millar de viviendas se encuentran en situación ilegal, con sentencias de derribo en contra.

Documento "blindado"

En ese sentido, Caballero se mostró "despreocupado" por los recursos o porque algún colectivo inicie medidas legales: "El plan es un documento impecable y está blindado jurídicamente", sostuvo. Y recordó también que el fiscal general del Estado ya estuvo atento a algunos de los recursos presentados en Vigo.

El momento en que llega este Plan es "idóneo"; "viene con retraso pero en el momento preciso", porque paliará la crisis económica que aqueja el sector de la construcción en el resto del Estado. "En Vigo se dará el proceso contrario", vaticinó el alcalde. Las construcciones, nuevos viales, la Ronda de Vigo, nuevas infraestructuras como túneles de Plaza España, Beiramar y Julián Estévez o zonas verdes harán que confluyan en Vigo promotores de toda España, sostuvo el alcalde.

Como muestra de la velocidad con que se articula el documento, Caballero explicó que ya hay entre 14 y 15 convenios urbanísticos firmados, de un total de 17, y que arrancarán de forma inmediata tras una tramitación de pocos meses. Los restantes se ratificarán en los próximos días, aseguró el alcalde, lo que confirmaría el interés de los promotores por comenzar a ejecutar el PXOM. "Hay un número de promotores individuales y grupos que ahora están yendo a Urbanismo para firmar el convenio, aunque no lo hicieron en su día", explicó. La motivación que esconden, según su explicación, es ganar tiempo, porque haber cerrado los documentos les permitiría ganar un año en trámites. Consciente de la actividad que se avecina en las dependencias más vinculadas al Urbanismo vigués, el personal de la Gerencia municipal se ha incrementado en unos quince trabajadores.

Uno de los aspectos más importantes y en los que más énfasis ha hecho el actual equipo de gobierno es la dotación de un 43% de suelo reservado a la construcción de viviendas protegidas. Como ejemplo para ilustrar la accesibilidad a estos pisos de todos los perfiles sociales, el alcalde explicó que él mismo, como catedrático universitario, podría optar a una de las viviendas protegidas.

Otro de los argumentos que enfatizó el alcalde fue el hecho de que Vigo es la única ciudad de Galicia que tiene un plan de ordenación que abarca todo el municipio. "Es un plan que potencia el ámbito urbano y rural; una aplicación espacial equilibrada y uniforme", resumió.

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El nuevo PXOM de Santiago prevé 37.000 viviendas
El Correo Gallego (Galicia) - 02 de septiembre de 2008
 
 
Bugallo subraya que se reserva el 45,5% del suelo residencial programado para regímenes de protección pública.

El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Santiago de Compostela, aprobado hoy de manera definitiva por la Consellería de Política Territorial, prevé un máximo de 37.188 nuevas viviendas y 8 millones de metros cuadrados de suelo producto hasta el año 2020, cuatro veces más que los 2 millones con los que cuenta en la actualidad.

Así lo destacó hoy el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, quien expresó su "inmensa satisfacción" y un "suspiro de alivio" por concluir de manera definitiva un trabajo iniciado en 2001. Santiago se convierte en la primera de las principales urbes de Galicia en tener aprobado totalmente su PGOM, pues Vigo también lo tiene, pero sólo de forma parcial.

Política Territorial había otorgado en octubre de 2007 la aprobación parcial de este plan y, ahora tras subsanar el ayuntamiento las deficiencias detectadas, que tenían que ver con determinadas áreas de suelo urbano y urbanizable que fueron suspendidas y correcciones en el suelo del núcleo rural, le dio el beneplácito definitivo.

Bugallo explicó que lo más significativo es que "hubo que renunciar a los polígonos 16 y 17 de Castiñeiriño", por lo que desde la aprobación inicial se perdieron cerca de 900 viviendas, al pasar de una previsión máxima de 38.071 a una de 37.188.

Más vivienda protegida

Además, el porcentaje que representan las viviendas sometidas a cualquiera de los regímenes de protección pública en el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable inmediato o delimitado pasa del 45,3 al 45,5 por ciento.

En este sentido, el regidor subrayó que Compostela supera incluso la reserva del 40 por ciento que introduce la nueva normativa aprobada este año y que ni siquiera afectaba a este PGOM por estar ya vigente de manera parcial.

Xosé Sánchez Bugallo justificó este sobrecumplimiento en que Santiago "quiere ser la ciudad modelo en materia urbanística, pues es la urbe más premiada de España" y Compostela "no puede firmar un plan que no apueste por la excelencia urbanística", insistió.

El alcalde, que agradeció el esfuerzo de los técnicos municipales y de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, explicó que ahora "es precisa desarrollar el PGOM hasta el año 2015" cuando considera que la corporación que esté en ese momento tendrá que pensar en el siguiente. El ahora aprobado tendrá una vigencia hasta 2020, con una posibilidad de prórroga de otros cuatro años.

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Castilla y León
 
Afectados VPO piden que VIVA y la Junta 'no se laven manos'
NorteCastilla.es (Castilla y León) - 06 de octubre de 2008
 
 
Adjudicatarios de Los Santos Pilarica sufren subidas «ilegales» del precio deentre 30.000 y 50.000 euros, mientras «la Administración mira para otro lado»

Aseguran que van a llegar hasta el final, tanto que ya han pedido una entrevista con el Ministerio de la Vivienda para que «meta mano en el escándalo de Los Santos Pilarica», donde el precio de los pisos «se ha incrementado de forma abusiva sobre el previsto, entre 30.000 y 50.000 euros», según sus estimaciones. Más de doscientos adjudicatarios de viviendas de protección oficial de este futuro barrio de la capital mostraron ayer su «indignación y desamparo» por parte de las administraciones públicas en una asamblea celebrada en el Instituto Juan de Juni. «La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda y la Consejería de Fomento no puedan lavarse la manos porque estamos hablando de suelo público, esto es una vergüenza», recalcan.

Lo que en principio parecía maná del cielo -un piso a un coste asequible tras un sorteo público- se ha convertido en una «pesadilla». «En su momento la cosa era clara: muchas promotoras decían 'si quieres el piso es con la segunda plaza de garaje y si no ya puedes irte por donde has venido', luego nos enteramos de que no es obligatorio. Estamos hablando de plazas que cuestan más de 20.000 euros», explican.

En las primeras consultas, VIVA les dice que las constructoras pueden exigir la compra de esta parcela para el coche, pero más tarde, tras las quejas y consultas de los adjudicatarios, la empresa municipal da marcha atrás y reconoce que no es obligatoria la compra, tal y como recoge en su página web.

A ello se añade la subida «ilegal» del precio del módulo un 13%, lo que supone unos 300 euros más el metro cuadrado. Según explicó ayer Eduardo Villarramiel, de la Asociación Los Santos Pilarica, el pliego de adjudicación del suelo de VIVA, de fecha 13 de julio del 2006, establecía un plazo de un año a las promotoras para escriturar y recibir la calificación provisional de la parcela. Este periodo finalizaba el 13 de julio del 2007. «Está claro que el modulo a aplicar es el de ese año y no el del 2008, con una subida del 4,7% del IPC, ni el incremento del 13% que se produjo en mayo de este año como consecuencia del cambio de categoría de Valladolid», aclaran.

En resumen, un piso de ochenta metros cuadrados con una plaza de garaje y un trastero que debería costar 138.000 euros con el módulo del 2007 se ha disparado hasta los 174.000 tras la «coacción» de la promotora para adquirir la segunda parcela para el coche y aplicar las dos subidas del 2008: 4,7% del IPC y 13% del cambio de categoría de la ciudad.

Durante la asamblea informativa, los afectados rellenaron dos documentos. El primero, destinado a la Dirección de Vivienda de la Junta en el que piden que se les dé la calificación provisional de la parcela de su vivienda para asegurar que se hizo en el 2007, como establecía el pliego, y por lo tanto hay que aplicar el precio de ese año. El otro documento se enviará a la Oficina del Consumidor del Ayuntamiento para denunciar la situación. «Van a tener que trabajar más que en toda su ida», anunciaba Villarramiel a los afectados. Los portavoces advirtieron de que el Ejecutivo regional tiene la obligación de facilitarles toda la información sobre sus expedientes.

La Asociación de Vecinos Los Santos Pilarica ya ha contactado con el Procurador del Común para reclamar su intervención y no descarta acudir a la vía judicial. «La gente está desesperada, porque a esto hay que añadir las cláusulas abusivas de las promotoras en las que se establece que si renuncias al piso tienes que pagar o el 20% del total del valor de la vivienda o el 40% de las cantidades aportadas», subrayan.

En los contactos mantenidos con VIVA, añaden, la respuesta ha sido que «su responsabilidad acababa en el momento en que vendieron las parcelas» y el director general de Vivienda de la Junta «nos ha dicho que él no sabía nada, cuando los expedientes llevan en su departamento muchos meses, es escandaloso», zanjan.

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Un constructor de Tordesillas desaparece con el dinero
20 Minutos (Castilla y León) - 02 de septiembre de 2008
 
 
De cinco promociones. La posible estafa es de 5 millones de euros.Unas 15 subcontratas no han cobrado.Las obras se habían hecho en cinco promociones.Puede haber unas 30 familias afectadas.

Al menos 15 subcontratas de la constructora Rialca T., con sede en Tordesillas, buscan desesperadamente a su administrador, Ricardo Alonso, desaparecido desde el lunes 25 de agosto.

Le acusan de haber huido con el dinero que les debía desde abril por los trabajos realizados en cinco promociones de Aldeamayor, Cigales, Mojados y Arroyo. En total suman alrededor de cien viviendas que se encuentran en distintas fases.

De acuerdo con los primeros cálculos, la presunta estafa puede ascender a unos 5 millones de euros (3 millones a las subcontratas y 1,9 a los bancos), según ha sabido 20 minutos.

La voz de alarma la han dado las empresas, pero detrás puede haber al menos una treintena de familias afectadas porque la mayoría de las casas estaban ya vendidas. El número de familias no es mayor debido a que el resto de viviendas están entregadas o acabadas.

Investigación

Cinco de las subcontratas han denunciado los hechos ante la Guardia Civil cuya policía judicial investiga el caso desde el viernes. Según la denuncia, Ricardo Alonso habría percibido los pagarés de las promotoras para las que trabajaba y habría dispuesto, también, del préstamo hipotecario.

Los denunciantes exigen su inmediata detención pues creen que pudiera abandonar España. Este periódico se puso en contacto con la sede de la empresa, en Tordesillas, donde se dijo que no logran contactar con el administrador desde hace una semana.

Obras afectadas

Aldeamayor: Rialca T. levantaba 24 unifamiliares en la urbanización Cañada del Conde, promovidos por la empresa Bauhomes (foto). La mayoría están vendidos principalmente a compradores de Madrid. Además, en la urbanización El Soto, Rialca T. tiene otras nueve viviendas de promoción propia.

Aldeamayor Golf: Otras 30 viviendas para Bauhomes. Están terminadas y buena parte entregadas aunque alguna de las subcontratas no ha cobrado todo el dinero.

Cigales: 30 chalés para la promotora Ronda de la Muralla. En este caso, Rialca T. habría liquidado las deudas con la promotora, no así con todas las subcontratas.

Mojados y Arroyo: Tres subcontratas reclaman 39.000 euros no abonados.

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País Vasco
 
El GV ha detectado fraude en el 12,6% de las VPO
DiarioVasco.com (País Vasco) - 12 de septiembre de 2008
 
 
Los inspectores han descubierto pisos vacíos, cesiones a parientes y contratos irregulares

El Gobierno Vasco descubrió 3.900 pisos protegidos que estaban siendo utilizados de forma fraudulenta entre 2004 y 2007, lo que representa el 12,6% de las 31.000 inspecciones realizadas durante ese periodo. Según un informe del Departamento de Vivienda, a lo largo del citado periodo fue revisado el 56% del parque público de la comunidad autónoma, que está constituido por más de 55.000 pisos, si bien la mayoría de las visitas se realizaron a partir de 2006, cuando la consejería de Javier Madrazo anunció que daría un fuerte impulso a la lucha contra el fraude en la vivienda de protección oficial (VPO).

De hecho, la vigilancia no sólo se mantendrá en los próximos años, sino que se intensificará con la puesta a punto del Servicio de Inspección del Departamento de Vivienda, cuyos miembros -una decena en total-, ya han sido designados en un concurso oposición y van tomar posesión de sus cargos antes de que acabe este año. Hasta ahora, las revisiones de las VPO y de los pisos de alquiler social las ha estado realizando una empresa que fue contratada por la Administración autónoma repasar de forma exhaustiva todo el parque público de Euskadi, fijando las pautas de trabajo de los inspectores. Entre 2006 y 2007 se efectuaron unas 23.000 visitas, casi tres veces más que las contabilizadas durante los dos años anteriores.

El estudio del Departamento de Vivienda no desglosa los casos de fraude por territorios históricos, pero pone de relieve que la irregularidad más frecuente consiste en mantener el inmueble desocupado después de la adjudicación. «También se ha observado una proporción significativa de casos en los que se ha alquilado la vivienda sin autorización o se ha realizado una compraventa», indican los autores del informe. Igualmente, han detectado inmuebles que estaban siendo habitados por personas distintas de los titulares.

Infracciones prescritas

Según la consejería de Madrazo, las 31.000 inspecciones efectuadas entre 2004 y 2007 demuestran «el énfasis que ha puesto el Gobierno Vasco para asegurar que las viviendas protegidas cumplen la función prevista». El porcentaje de fraudes detectados hasta el año pasado (uno por cada ocho revisiones) ha aumentado respecto a estudios anteriores en los que la muestra de pisos era sensiblemente inferior. Por ejemplo, en 2005, cuando sólo se habían controlado algo más de 7.000 inmuebles, se abrieron expedientes en el 8% de ellos, la mitad de los cuales porque el domicilio estaba desocupado.

De todos modos, el Departamento de Vivienda ya había advertido de que, posiblemente, podrían detectarse infracciones en el 15% de todas viviendas protegidas, pues no habían sido sometidas a control durante bastantes años. De hecho, el Ejecutivo autónomo ha reconocido la imposibilidad de cerrar una buena parte de los expedientes incoados con una sanción, debido a que las infracciones han prescrito. Por regla general, las multas oscilan entre 1.200 y 6.000 euros, aunque podrían imponerse una y otra vez si la irregularidad persistiese, hasta alcanzar el valor total de la vivienda. «Si alguien no tiene intención de ocuparla, lo mejor que puede hacer es devolverla», declaró el consejero Madrazo. A comienzos de 2007, el Gobierno Vasco había recuperado 46 inmuebles.

El Ejecutivo autónomo, a su vez, ha comprado unas quinientas VPO a sus adjudicatarios iniciales entre 2004 y 2007, en aplicación del derecho de tanteo y retracto. Esas operaciones, de las que 158 se realizaron en 2007, se ponen en marcha cuando una persona quiere vender su piso protegido, pues el Ejecutivo autónomo tiene preferencia para adquirirlo al precio al que fue entregado en su día, corregido por el aumento de la inflación.

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GV aumenta en un 60% ingresos requeridos para alquiler VPO
Finanzas.com (País Vasco) - 05 de septiembre de 2008
 
 
Y en un 16% los precisos para compra

El Departamento de Vivienda incrementará en un 60 por ciento los ingresos mínimos requeridos a los ciudadanos para acceder a viviendas de protección pública, y en un 16 por ciento los precisos para adquisición de los pisos, según se recoge en la Orden de actualización de ingresos anuales ponderados exigibles para acceso a Vivienda de Protección Oficial, aprobada el pasado 1 de septimbre en Consejo de Gobierno, y que actualiza el anterior decreto del año 2002.

Según explicó hoy el consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, durante su comparacencia en Comisión en el Paralemento vasco, a instancias del Grupo socialista, la nueva medida también facilitará la inscripción conjunta de personas jóvenes y parejas, al permitirles acreditar unos ingresos mayores que si optaran por separado.

Madrazo afirmó que la medida, que entrará en vigor el 8 de septiembre, tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), "viene a reforzar la recogida en la Orden que regula los Procedimientos de Adjudicación, por la que se asignan dos números a las solicitudes inscritas en el registro de demandantes que sean suscritas por parejas y tres números a las solicitudes que incluyan hijos menores a cargo o personas bajo tutela".

En concreto, según precisó el consejero, los importes fijados en el Decreto y la actualización fijada en la Orden establecen en 22.000 euros los ingresos para alquiler social, frente a los 15.100 del anterior, en 35.000 euros los de alquiler y compra de VPO (33.100 euros, con anteriodad) y en 45.500 euros las perecepciones de quienes pretendan acceder a viviendas tasadas autonómicas.

"La normativa establece asimismo unos coeficientes de ponderación que permiten adecuar el requisito de ingresos a la realidad de cada unidad convivencial de manera aún más beneficiosa que los establecidos por el anterior Decreto, de cara al cómputo de los ingresos máximos", agregó. CARACTER INTEGRAL

El responsable vasco de Vivienda indicó que la reforma normativa introducida tiene un "carácter integral", pues "no sólo se regulan los ingresos máximos de los demandantes de VPO," sino que "también se incluye a las personas demandantes de viviendas sociales en alquiler, alojamientos dotacionales en alquiler y viviendas tasadas". "No sólo se modifican los ingresos máximos para la compra o derecho de superficie, sino que se regulan los ingresos máximos para el acceso en alquiler", aclaró.

Madrazo afirmó que los Alojamientos Dotacionales en Alquiler (ADA) y las Viviendas Tasadas (VT) constituyen dos nuevas figuras de protección que instituye la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. Las primera se materializan a través de pisos de entre 40 y 50 metros cuadrados, construidos sobre suelos destinados a equipamientos públicos, "pensados especialmente para personas jóvenes", mientras las Viviendas Tasadas son pisos protegidos, de precio medio entre la vivienda libre y la VPO convencional.

"Con estas medidas, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales culmina la adaptación de Etxebide y los procedimientos de adjudicación de vivienda de protección pública a las exigencias de la Ley del Suelo", aseguró.

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La Ley de Vivienda se queda en cimientos
ElCorreoDigital.com (País Vasco) - 28 de agosto de 2008
 
 
Los socialistas vascos anticipan su rechazo a uno de los proyectos 'estrella' del Gobierno vasco, lo que impedirá aprobarlo esta legislatura

La Ley de Vivienda, uno de los proyectos 'estrella' del tripartito, parece condenado al fracaso al carecer de apoyos suficientes para salir adelante esta legislatura. El PSE-EE, el partido en el que confiaba el Ejecutivo vasco para su aprobación, ya ha adelantado que no respaldará la iniciativa, que el departamento de Javier Madrazo prevé presentar en septiembre al Consejo de Gobierno para que reciba su 'luz verde'. Los socialistas creen que, con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina -se celebrarán la próxima primavera-, apenas queda tiempo para lograr una norma consensuada con los ayuntamientos, las diputaciones y las principales fuerzas políticas; un paso que consideran necesario antes de que se inicie su tramitación en el Parlamento, en una fecha aún por determinar.

«El proyecto es crucial para que la Ley del Suelo sea efectiva y, en definitiva, para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda», admite el portavoz del PSE en la Cámara de Vitoria, José Antonio Pastor. «Pero tenían que haberlo presentado el año pasado por estas fechas. No queremos abordarlo deprisa y corriendo en periodo preelectoral, sobre todo teniendo en cuenta la situación del Gobierno de Ibarretxe y el actual clima de incertidumbre. ¿Por qué tenemos que dar bazas a quienes sólo tratan de marcarse un tanto?», se pregunta. Los socialistas subrayan que su concurso es decisivo para que la normativa sea aprobada, ya que no ven probable que el tripartito intente impulsarla con los votos de EHAK o del PP, que han expresado un frontal rechazo al texto. Pastor también hace hincapié en que, dentro de la coalición de Gobierno, el PNV se ha enfrentado a Madrazo a causa de aspectos sustanciales del borrador, como el canon de 9 euros diarios para penalizar las viviendas vacías, que Ezker Batua defiende a capa y espada.

En realidad, el contenido de la Ley de Vivienda se está terminando de negociar dentro del Ejecutivo vasco, aunque las principales novedades ya se conocen desde 2007 a través del anteproyecto que elaboró el departamento que controla EB. Aparte del gravamen sobre los pisos desocupados, el texto reconoce el derecho de los ciudadanos a exigir a partir de 2012 un alquiler subvencionado que no supere la tercera parte de sus ingresos.

Igualmente, la consejería ha introducido, entre otras medidas, una muy controvertida: la obligación que tendrían los adjudicatarios de una vivienda de protección oficial (VPO) de desprenderse de ella en cuanto compraran un piso en el mercado libre. Ese nuevo requisito, así como el canon, se perfilan como dos cuestiones socialmente vidriosas, pues han despertado incluso el rechazo de los ciudadanos que participan en los sondeos realizados por el Ejecutivo autónomo en Internet.

Sondeos en la Red

Aunque esas encuestas no tienen valor científico, el Gobierno vasco los utiliza para hacerse una idea del impacto que pueden tener sus iniciativas. Precisamente, el impuesto sobre las viviendas vacías y la prohibición de poseer al mismo tiempo una VPO y otro inmueble son las únicas propuestas que han sido rechazadas en las encuestas de la Red, y también las que más votantes han congregado. En cualquier caso, fuentes próximas a Madrazo insisten en que el proyecto que aprobará el Gobierno vasco en septiembre incluirá, a grandes rasgos, las directrices ya anunciadas por la consejería. De hecho, en el Departamento de Vivienda siempre han recalcado que el propio lehendakari respaldó el canon en su día, a pesar de que el entonces presidente del PNV, Josu Jon Imaz, lo criticó abiertamente. Y añaden que ese partido y EA, socios del tripartito, están de acuerdo en garantizar que las VPO sean utilizadas por quienes realmente las necesitan.

Las mismas fuentes sostienen que, en teoría, hay margen de maniobra para que la ley pueda tramitarse en el Parlamento de Vitoria, una vez que el Ejecutivo de Ibarretxe le dé el visto bueno el próximo mes. Según sus cálculos, con el horizonte de las elecciones autonómicas en marzo de 2009, el proyecto podría salir adelante entre octubre y enero. «Si existe un acuerdo político, es posible», subrayan.

En este sentido, el Departamento de Vivienda ha emplazado a los socialistas a «desligar del debate político las iniciativas que responden a necesidades sociales». A fin de cuentas, reconocen los medios próximos al consejero, «Ezker Batua no ha obtenido más votos con las leyes que ha impulsado desde el Gobierno vasco».

Sin embargo, el PSE parece haber tomado una decisión. «No es posible conseguir los consensos que faltan en tres meses», sostiene Pastor que, además de portavoz en la Cámara de Vitoria, es secretario general de su partido en Vizcaya. «La Ley de Vivienda necesita acuerdos muy amplios con los ayuntamientos, las diputaciones y las formaciones políticas. Y ese trabajo no se ha realizado».

El dirigente socialista reconoce que su grupo mantiene «acuerdos y desacuerdos» con Madrazo en materia de vivienda -suscribió un pacto parlamentario con EB y otras fuerzas de izquierda para impulsar el alquiler social en el País Vasco-. «Pero no se puede esperar un año para presentar el proyecto de ley y sacarlo unos meses antes de las elecciones», insiste.

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Castilla-La Mancha
 
Una mujer se pone en huelga de hambre en Guadalajara
ElDigitalCastillalaMancha.es (Castilla-La Mancha) - 02 de octubre de 2008
 
 
Pilar Viejo, vecina de Guadalajara, ha comenzado una huelga de hambre que no piensa abandonar hasta que la den las llaves de la vivienda de protección oficial que le corresponde.

Pilar Viejo comenzó el martes su protesta frente a la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda con un cartel donde se leía "Cuándo me dan las llaves". A base de agua piensa seguir viviendo hasta que alguien dé solución a un problema que se remonta a hace un año, cuando le tocó, a ella y a su marido, una vivienda de protección oficial, informa El Día de Guadalajara.

Después de haber firmado el contrato con la empresa promotora de las VPO y de haber hecho dos pagos, aún faltan por firmar las escrituras para poder entregar las llaves. Pilar cumple todos los requisitos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha exige, pero cuando llegó el momento de presentar la hipoteca aparecieron los retrasos. Pilar explica que "a mí sí me habían concedido la hipoteca, pero ahora se conoce que no".

La explicación a esta duda se la ha dado el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Fernando Senesteva, que, después de haberse puesto en contacto con ella a las nueve de la mañana del martes, la citó a las 12 en la Delegación. En dicha reunión, le explicó que la caja de ahorros no le había concedido el préstamo hipotecario. "Ella fue llamada a escriturar pero no hubo posibilidad de formalizar ese compromiso porque tenía problemas económicos en ese momento y ella era consciente", explica Senesteva. "Esto es una relación entre particulares, nosotros lo que hemos hecho ha sido otorgar una ayuda y en cuanto la vivienda esté escriturada tramitaremos el pago de la misma".

No la convencen

Sin embargo, a Pilar esta respuesta no la convence ya que está convencida de que es la Junta "quien tiene que hacer cumplir el contrato", por ello, hasta que esta Delegación no interceda, Pilar seguirá en huelga de hambre. Senesteva argumenta que "ella tenía un concepto equivocado de la responsabilidad que teníamos nosotros en este caso. Nosotros velamos porque el contrato se cumpla los requisitos y por eso ya lo hemos visado. En ningún momento podemos garantizar que una persona obtenga los compromisos que ha firmado a través de nosotros. Sólo comprobamos que la labor de las partes es correcta".

"Lo que Pilar tiene que hacer es hacerse cargo de su vivienda lo antes posible. La hipoteca la tienen entre la entidad de ahorro y la promotora, y la adjudicataria tiene la posibilidad de subrogarse a esa hipoteca, pero a mí no me consta que lo haya hecho", explica Senesteva. "También se puede subrogar a otro banco" pagando los gastos que esto conlleva. Sin embargo, "yo no puedo pagar ese dinero", afirma Pilar.

No es el primer caso

Senesteva propone además, que si Pilar considera que hay algo que está fuera de la legalidad, "después de haberse hecho cargo de su vivienda podrá reclamar las cantidades que considere". No es el primer caso en el que una persona tiene que renunciar a su VPO porque no le conceden una hipoteca.

Fernando Senesteva ha atendido a Pilar Viejo en cuanto se ha enterado de su amenaza de ponerse en huelga de hambre si nadie trata de solucionar su problema. Pilar Viejo no responsabiliza a la empresa promotora ni a la caja de ahorros de ser las causantes de su problema, pero sí pide responsabilidades a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que se cumpla el contrato. Sin embargo, el delegado de Vivienda no puede hacerse cargo de este asunto ya que es "algo entre particulares.

La labor de esta Delegación es otorgar las ayudas y visar el contrato. Si alguna de las partes no cumple los requisitos es algo que tienen que arreglar entre ellos. No obstante, los técnicos de la Delegación ya se han puesto en contacto con la promotora para ver qué se puede hacer".

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Región de Murcia
 
Una constructora baja a la mitad el precio de sus pisos
La Opinion de Murcia (Región de Murcia) - 05 de octubre de 2008
 
 
Promobilia también tiene previsto paralizar los proyectos que aún no ha puesto en marcha por la crisis

La constructora Promobilia ha rebajado el precio de los pisos que está construyendo en la calle del Duque más de cincuenta mil euros para tratar de venderlos ya que debido a la crisis económica apenas hay gente interesada en comprar.

Promobilia está construyendo veintiocho casas en la calle del Duque, junto a la plaza San Ginés, de las que sólo ha vendido ocho. El precio inicial era de 140.000 euros. La primera rebaja las dejó en 120.000 y actualmente se pueden adquirir por ochenta mil. Este es el caso de las viviendas más pequeñas, de dos dormitorios, mientras que los de tres, situadas en la última planta del inmueble, cuestan 150.000 euros ya que antes alcanzaban los 200.000 euros.

A pesar de estas rebajas, de momento nadie se ha interesado por la adquisición de estos inmuebles que están en una zona céntrica y cuya construcción está muy avanzada.

Promobilia tiene previsto llevar a cabo una campaña publicitaria agresiva en las próximas semanas con el objetivo de venderlas cuantos antes.

Según fuentes de esta constructora, situaciones como esta son consecuencia de la crisis, "que no ha hecho más que empezar. Todo esto irá a peor en los próximos meses". Por este motivo, la empresa está decidida a paralizar todos los proyectos que iba a poner en marcha en los próximos meses hasta que la situación mejore.

Esto no implica que vayan a paralizarse las obras que ya están en marcha, ya que tienen previsto terminarlas porque, entre otras cosas, los escasos compradores que hay actualmente prefieren adquirir pisos totalmente terminados y no sobre plano, como era norma generalizada hasta hace unos meses.

Fuentes de Promobilia indicaron que a pesar de la crisis, los compradores prefieren el casco antiguo frente al Ensanche.

Promobilia no es la primera constructora que opta por reducir el precio de las viviendas para poder venderlas. De hecho, este verano la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte recibió la primera solicitud de una promotora para recalificar seis casas de nueva construcción de renta libre y transformarlas en Viviendas de Protección Oficial (VPO). De esta forma, el precio de los inmuebles se reduce y se facilita su venta.

La construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) se ha convertido en la mejor opción para superar la crisis, según ha indicado en numerosas ocasiones el presidente de los constructores locales, Miguel Martínez. Sin embargo, en el Ayuntamiento aún no se ha presentado ninguna promoción nueva de este tipo.

Lo que sí se ha puesto en marcha es la primera promoción de viviendas en alquiler de promoción pública. En total, se construirán 27 viviendas en el barrio de San Antón destinadas al alquiler. La mercantil que ha puesto en marcha esta promoción es Eleeire SL. El ministerio de Vivienda ya ha dado el visto bueno a la financiación de estos pisos. El alquiler será a diez años y la renta será básica.

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Aragón
 
Mayores de 65 años con jóvenes universitarios
RadioHuesca.com (Aragón) - 01 de octubre de 2008
 
 
una nueva forma de alojamiento

Los alumnos del campus oscense de la Universidad de Zaragoza cuentan con una posibilidad más para vivir en Huesca. A la oferta del Colegio Mayor Universitario, residencias universitarias o pisos de alquiler, se suma ahora una iniciativa solidaria: el programa "Vive y convive", que propone que un chico o una chica compartan piso con una persona mayor de 65 años. Piso gratis a cambio de compañía y un poco de ayuda en las tareas de casa parece ser el atractivo de esta posibilidad. Se trata de que las personas mayores no estén solas.

Para el estudiante, el alojamiento es gratuito, y la persona mayor tiene como contrapartida la compañía de una persona joven. Además, el propietario del piso tiene una ayuda para asumir el incremento de gastos que pueda ocasionar la presencia en su casa del alumno, como el agua, la luz o la calefacción.

En Huesca ya ha habido interés por esta modalidad de compartir piso. A lo largo de estos últimos días, se han estado realizando entrevistas en la sede del Vicerrectorado, para comprobar la compatibilidad de los mayores y los estudiantes. En el caso de que se vea que puede haber una buena relación, se inicia un periodo de prueba de un mes, tras el cual si la convivencia es positiva, se puede firmar un contrato por la duración del curso lectivo.

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Extremadura
 
Los 14.000 pisos sociales salen a un precio medio de 16.000€
Hoy.es (Extremadura) - 23 de agosto de 2008
 
La Junta descuenta los alquileres pagados y ofrece subvenciones y préstamos bancarios Prepara una operación en concierto con entidades financieras, notarios y registradores de la propiedad

Hacerse con la propiedad de un piso por sólo 16.000 euros. Es la oferta que va a lanzar a partir del próximo otoño la Junta de Extremadura para deshacerse de 14.000 pisos sociales que llevan más de cinco años alquilados a sus adjudicatarios.

Esta gran operación está diseñándose desde el Gobierno regional y comprende la firma de un acuerdo con bancos y cajas de ahorro para que concedan a los adjudicatarios los préstamos necesarios, además de otro con los colegios de notarios y registradores de la propiedad a fin de abaratar el papeleo de las escrituras.

Las personas que acrediten una especial falta de recursos podrán contar también con subvenciones, anunció ayer el consejero de Fomento, José Luis Quintana, que intentó resolver las dudas que ha suscitado el anuncio hecho hace ocho días por el presidente Guillermo Fernández Vara.

Ayudar a las familias

Para empezar se corrige el dato total. No son 21.000 sino 18.000 el número de viviendas sociales -adjudicadas en régimen de alquiler- que gestiona la Consejería de Fomento, y de ellas en esta operación de venta masiva entran sólo 14.000.

Las otras 4.000 no pueden venderse, porque se construyeron hace menos de cinco años o porque en el régimen legal de esos edificios -algunos provenientes del régimen anterior a la democracia- está igualmente prohibida su venta.

El consejero José Luis Quintana afirma que el principal objetivo de esta operación es ayudar a todas estas familias.

«Llevan mucho tiempo pagando alquileres, así que vamos a ponerles fácil la posibilidad de comprar definitivamente esas viviendas; que por fin puedan convertirse en propietarios». La oferta va dirigida en exclusiva a los actuales ocupantes, «no a otras personas», advierte el consejero.

16.000 euros de media

Las facilidades empiezan por descontar a los adjudicatarios todos los alquileres que hayan pagado. Fomento ha hecho unos cálculos y estima que finalmente el precio medio que tienen que pagar los que de forma voluntaria quieran comprar los pisos es 16.000 euros.

La Junta prepara una línea de subvenciones para ayudar a la compra por parte de colectivos desfavorecidos y familias de especial protección, y acuerdos de colaboración con notarios y registradores de la propiedad.

Las entidades financieras, mediante convenios, pondrían el dinero a disposición de estas familias pero además Fomento cuenta con los préstamos estatales Ico (Instituto de Crédito Oficial) anunciados para fomentar la vivienda de protección oficial (VPO), y que sirven tanto para esta operación como para hacer nuevas promociones de régimen especial y régimen general.

El consejero José Luis Quintana está convencido del éxito del proyecto porque los españoles «tenemos el sentido de la propiedad grabado en la cabeza»; cuando sean propietarios los inquilinos tendrán más aprecio a los edificios y si hay deterioro social la situación «se normaliza».

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Islas Baleares
 
PEOR IMPOSIBLE
Diario de Mallorca (Islas Baleares) - 07 de octubre de 2008
 
 
Tras la escena de la búsqueda del tesoro en el jardín de Antònia Ordinas e Isabel Rosselló -"una imagen horrible para la política", según una apreciación del president Antich que seguramente comparten la inmensa mayoría de ciudadanos de las islas- llegó ayer el día de las explicaciones, desde las que dio en Eivissa -o mejor dicho, dejó de dar- el ex conseller de Comercio e Industria, Josep Juan Cardona, hasta la impecable sugerencia del presidente del Comité de ética del PP, Romà Piña Homs, invitando a comparecer ante dicha instancia a Cardona y al mismísimo Jaume Matas, como responsable máximo de un govern que pasará a la historia por haber albergado y alimentado el mayor porcentaje de políticos corruptos de todo nuestro entorno. Hasta Antoni Montserrat, el juez que por dos veces archivó el caso Formentera y que acaba de ser nombrado vocal del Poder Judicial a instancias del PP, ha tachado de "lamentable espectáculo" las reiteradas secuencias de corrupción que Balears está exportando. Es, en efecto, la peor imagen posible, lo que ha llevado a la actual presidenta popular y mano derecha de Matas durante toda la pasada legislatura a asegurar que ahora misma es incapaz de poner la mano en el fuego por nadie.

¿Qué más puede añadirse? Desde el Bloc, y hasta UM, exigen al PP que asuma responsabilidades, la dimisión de Cardona como diputado y la comparecencia de Jaume Matas. Desde el Parlament está claro que los partidos del Pacte no desaprovecharán la ocasión para cercar a un PP que, afectado por la corrupción y por sus problemas internos, se bate en retirada. No poner la mano en el fuego por nadie es lo peor que le puede pasar a un dirigente político y esto es, justamente, lo que le sucede y le sucederá a Rosa Estaràs -y por extensión a todo el Partido Popular- en tanto que no se conozcan los niveles de corrupción alcanzados y el ex presidente dé explicaciones. A Romà Piña le preguntaron ayer en IB3 Radio si Matas estaba limpio y la respuesta fue todo lo enigmática que cabía esperar: "¿Quién lo está?" se preguntó a su vez el atedrático de Historia del Derecho.

El mal causado por todos los casos de corrupción, tanto los probados como el de Andratx, como los que está claro que sucedieron (Rodrigo de Santos, Bitel, Turismo Jove y CDEIB) y los que están siendo investigados (Son Oms, que afecta directamente a UM) es ya irreparable. La imagen que se da al exterior es la de una sociedad que no es de fiar, lo que exige no sólo depurar responsabilidades sino establecer todos los controles que sean necesarios para evitar que en el futuro se den situaciones como la que estamos viviendo. Matas debe comparecer ante el comité de ética del PP como seguramente lo hará Cardona, aunque sólo sea para reiterar que siendo conseller no se enteró de nada. Pero, sobre todo, lo que es exigible a quiénes nos gobernaron la pasada legislatura es comparecer ante la opinión pública para dar explicaciones de porqué no quisieron enterarse. Es imposible que tanta corrupción pasara por su lado sin darse cuenta.

Mientras, los ciudadanos de a pie seguiremos escandalizándonos. Del menú del día a base de langosta o de la "irresistible tentación" de poner la mano en la caja pública para mantener un alto ritmo de vida se ha llegado al reciclaje de las viejas caja de colacao. Aquel negrito tropical que nos retrotrae a lo peor de las repúblicas bananeras. Todo, sin olvidarnos del túnel de Sóller y del todavía no resuelto tema de la financiación de los partidos políticos.

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Comunidad foral de Navarra
 
Los fraudes más habituales con las VPO
Diario de Navarra (Comunidad Foral de Navarra) - 28 de agosto de 2008
 
Los servicios de inspección de los departamentos de Vivienda de las distintas comunidades autónomas tienen mucho trabajo. Los fraudes y engaños para vender, alquilar, no habitar o utilizar como segunda residencia una VPO son cada vez más habituales

NO ocupar la vivienda protegida, cederla a otra persona, vender el piso sin que supere el período necesario para descalificarlo o realquilarlo sin permiso a un precio superior al permitido son algunas de las prácticas contra las que llevan años luchando las administraciones públicas. Algunas ilegalidades suponen para el infractor multas elevadas y las más graves implican la pérdida de la VPO. Ante un fraude masivo, el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia, como Navarra, se han puesto manos a la obra para endurecer la legislación y reforzar la inspección.

Muchos demandantes desconocen que cuando se les otorga la VPO tienen que pagar como entrada el 20% del coste total porque sólo se financia el 80% mediante hipoteca, mientras que en la vivienda libre el porcentaje financiable puede ascender al 100%. No hacer frente a esta cantidad es una de las causas que provocan que el piso se conceda a otra persona.

Para atajar el fraude en las viviendas de protección, las comunidades autónomas están creando servicios especiales que se dedican exclusivamente a la inspección de las mismas. El objetivo es garantizar que ninguna de las VPO que se entregan sea ocupada por personas distintas a las adjudicatarias, que no se vendan o alquilen de manera irregular, o que permanezcan vacías.

Entre los compromisos que adquiere la persona que compra una VPO se encuentra el de vivir en ella de manera habitual y utilizarla como primera residencia. Solamente se pueden pasar fuera tres meses al año, aunque dependiendo de la región en que se habite este período puede variar. Es más común de lo que se piensa que el titular del piso de protección oficial tenga otras residencias adquiridas posteriormente (a su nombre o al de otras personas) y que utilice la primera como lugar de vacaciones, lo que constituye una falta muy grave.

También se puede dar el caso de que la VPO permanezca vacía. Cuando se firma el contrato, las cláusulas reflejan la obligación de entrar a vivir en el piso en un período de tiempo determinado. Si el titular no cumple, puede perder la propiedad. Tirando de una persiana bajada durante un mes, el buzón lleno de correspondencia o el contador de la luz, el agua o el gas a cero, los inspectores pueden preguntar a los vecinos y visitar en varias ocasiones la casa hasta llegar a la conclusión de que está vacía. Muchos pisos ya han sido retirados por esto.

Otro fraude es vender la vivienda protegida sin estar autorizado. No se puede transferir una VPO a otro dueño hasta que pase un período de tiempo determinado. Para venderla, ha de solicitar previamente su descalificación y que ésta se lleve a cabo. El fraude consiste en poner a la venta la vivienda por el precio máximo que permite la comunidad autónoma y añadir un importe que el comprador paga en negro. Suele ser una cantidad bastante elevada pero que, sumada a lo que cuesta el piso, no asciende a lo que se paga en el mercado libre. De este modo, tanto el comprador como el vendedor resultan beneficiados. La venta del piso de forma fraudulenta es una de las prácticas más graves según la normativa. La VPO puede ser expropiada si permanece vacía y si se cede o alquila de manera fraudulenta.

Es muy común que los titulares de la vivienda protegida la cedan a familiares o amigos de manera gratuita o recibiendo dinero mediante fórmulas que se alejan de la legalidad. Muchas veces esta ilegalidad se advierte a través de las facturas de la luz, el gas o la correspondencia certificada que llega al buzón con el nombre de personas que no son titulares de la casa.

Tampoco se puede alquilar un piso protegido sin un permiso previo. En todo caso, si el arrendamiento se permite, ha de ser a precio de VPO y no del mercado, ya que el titular no puede lucrarse con esta vivienda ni utilizarla para especular.

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