BOLETÍN DEL 02 DE JULIO DE 2009
 
 
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España y vivienda
 
OCDE: ESPAÑA TIENE LAS CASAS MÁS CARAS DEL MUNDO
Idealista.com - 26 de junio de 2009
 
el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) rebaja las previsiones económicas para españa, pero también alerta sobre varios puntos negativos de la vivienda en nuestro país

el más importante es un cuadro en el que muestra que actualmente nos encontramos a la cola de todos los países analizados en lo que respecta a accesibilidad a una vivienda respecto a la media histórica de salarios y precios del alquiler, dos medidas clásicas para saber si la vivienda está cara o barata

según sus cálculos, en los que compara a españa con los 16 países más desarrollados del mundo, actualmente tenemos las viviendas más inalcazables e inaccesibles para los bolsillos de los ciudadanos de todos los países avanzados (estados unidos, japón, alemania, francia, italia, reino unido, canadá, australia, dinamarca, finalandia, irlanda, holanda, noruega, nueva zelanda, suecia y suiza)

así, la ocde, que no realiza previsiones de precios, demuestra que el tamaño de la burbuja inmobiliaria en españa es aún considerable respecto a los precios históricos y al poder adquisitivo de los españoles. en concreto, el precio de la vivienda está un 72% por encima de la media histórica si se analiza el precio como relación entre el precio de venta respecto al de alquiler de una casa. este dato puede ser dado la vuelta y concluiría que españa es el país donde es más barato estar de alquiler si se tienen en cuenta los actuales precios de venta. hay pañises, como japñon, alemania y suiza donde la situación es inversa

además, la vivienda está un 38% más cara en relación al histórico de sueldos, lo que le convierte en conjunto el país donde la vivienda es más inaccesible respecto a la media histórica. en este ratio, españa sólo es superado por holanda (que tiene un sobreprecio del 45%). en este capítulo, hay varios países donde el precio de la vivienda ya está por debajo del precio histórico en función de los salarios, como estados unidos, japón, alemania, finlandia y suiza



nota: price to rent ratio es el precio en función del alquiler y price to income ratio es en función de los salarios. cuanto más se acercase el dato a 100, más cerca estaría ese ratio de la media histórica

la ocde muestra como a esta cifra se ha llegado también después de un crecimiento record del precio de la vivienda entre 2000 y 2006. así, el organismo enseña cómo el precio de la vivienda en españa creció en términos reales (descontada la inflación) a una velocidad del 11,2% anual durante esos años, la más de todos los países analizados. la nación que más se acerca es francia, donde el precio de la vivienda real durante esos siete años creció a un ritmo del 9,5%

recomendaciones económicas e inmobiliarias

las recomendaciones de la ocde para que españa salga de su particular crisis económica e inmobiliaria, que llevará al paró al 19,6% en 2009 y a un par de años déficits superiores al 9% en las cuentas nacionales, son varias. en primer lugar recomienda mantener "neutral la política fiscal, dar espacio a los bancos para captar capital de manos privadas, reducir las barreras para las fusiones financieras y permitir caer las pequeñas firmas financieras con problemas de solvencia"

para tratar de salir de la crisis inmobiliaria, la ocde recomienda al gobierno "parar los programas de construcción de viviendas protegidas y proporcionar ayudas en efectivo a las familias más modestas en función de sus gastos de de alojamiento"

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DEDUCCIÓN POR VIVIENDA COSTÓ A ARCAS PÚBLICAS 53.000 MILL.
ABC - 01 de junio de 2009
 
EN LA ÚLTIMA DÉCADA.

La deducción por compra o construcción de vivienda es, sin duda, la más popular de todas las desgravaciones fiscales. De hecho, según las últimas cifras de la Agencia Tributaria, en España hay alrededor de siete millones de contribuyentes que se benefician de una deducción media superior a los 900 euros.

El número de personas que se acogen a esta deducción es cada año mayor y aunque los límites de la desgravación (9.015 euros) llevan estancados más de diez años, e incluso se han aprobado algunos recortes, el coste para las arcas públicas de esta deducción ha ido creciendo año tras año. Según datos del Ministerio de Hacienda, la deducción por vivienda en 2008 tuvo un coste para las arcas del Estado y las comunidades autónomas de cerca de 7.500 millones de euros y, en los últimos diez años, ha absorbido 53.000 millones de euros de los recursos públicos.

La deducción por compra de vivienda en España lleva arraigada casi desde el comienzo de la democracia, desde 1979, una treintena de años, por lo que hasta ahora ningún dirigente político se había atrevido a suprimirla a pesar de que algunos organismos internacionales, como el FMI o la OCDE, lo habían aconsejado durante los años del boom inmobiliario.

Ahora el presidente Rodríguez Zapatero ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2011 para rentas superiores a 17.000 euros se irá reduciendo de manera progresiva hasta su supresión total para aquellos contribuyentes con ingresos superiores a los 24.000 euros.

La intención del Ministerio de Hacienda es incluir la medida en alguna norma que se lleve al Parlamento el próximo otoño porque de este modo se da fiabilidad a la misma y se incentiva la compra de las viviendas que continúan en stock en manos de inmobiliarias y bancos. El Ministerio que dirige Elena Salgado defiende la bondad de la supresión de esta deducción. Argumenta que no cumple ninguno de los tres objetivos que justifican el uso de recursos públicos, incluyendo las deducciones: eficiencia, equidad y estabilización de los ciclos económicos.

Decisiones de ahorro

Respecto a la eficiencia, Hacienda argumenta que la deducción por vivienda tienen una influencia negativa en la neutralidad del IRPF ya que distorsiona las decisiones de ahorro de los hogares. La consecuencia es que en España el 90% de la riqueza de los hogares se materializa en vivienda y solo un 10% en riqueza financiera. Además, el 85% de los hogares tienen una vivienda en propiedad, frente al 64% de media en la UE.

Hacienda asegura, además, que esta deducción absorbe muchos recursos públicos, 7.500 millones el año pasado, que podrían destinarse a otras actividades como el I+D+i. «La deducción por vivienda es un lastre para cambiar el modelo de crecimiento de la economía española», concluyen fuentes del Ministerio.

En el extremo opuesto el Partido Popular no solo está en contra de suprimir la deducción, sino que propone un incremento de la misma.

Asegura el PP que en España hay una gran cultura de ahorrar a través de la compra de vivienda, y que es bueno que los poderes públicos premien el ahorro a largo plazo. Para evitar la discriminación entre la inversión en vivienda y otros tipos de ahorro proponen que se cree una nueva deducción para el ahorro a medio y largo plazo.

Bancas e inmobiliarias

El secretario de Economía de los populares, Álvaro Nadal, denuncia que con esta amenaza de supresión de la deducción por compra de vivienda no solo se atenta contra las clases medias, sino que se intenta manipular el mercado, impidiendo el ajuste entre el exceso de oferta y la demanda vía bajada de precios. «Para evitar pérdidas al sector bancario e inmobiliario, el Gobierno amenaza a los particulares para que se compren ya la casa, sin esperar a que bajen los precios», asegura Nadal.

Otro de los argumentos del Gobierno de Rodríguez Zapatero para suprimir la deducción es que no facilita a los ciudadanos con menos recursos el acceso a la vivienda. Señala Economía que con los 7.500 millones de la deducción se podrían haber puesto a disposición de los ciudadanos con menos recursos 10.000 viviendas de VPO de 70 metros cuadrados.

El PP responde a estas afirmaciones asegurando que una vez más son las clases medias, las que más impuestos pagan, y las que quedan fuera de todas las ayudas públicas. Defienden que la deducción está topada por arriba, al fijar un límite máximo de inversión de 9.015 euros, con lo que al final se perjudica al 80% de la clase media.

Impacto en los precios

Por último, el Gobierno asegura que la deducción por vivienda se ha traducido en un aumento de los precios, con lo que no se favorece el acceso a la misma. Según un estudio realizado por el Instituto de Estudio Fiscales, la deducción por compra de vivienda encarece su precio en un 23%.

Los populares, sin embargo, no comparten el criterio de que la deducción por compra de vivienda suponga un aumento de los precios. A su juicio los tipos de interés influyen más que cualquier deducción en la compra de una casa y el boom inmobiliario de los últimos años no es consecuencia de una deducción que lleva vigente desde hace treinta años, sino de los bajos tipos de interés.

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LA PVD RECHAZA LOS AVALES DE CORREDOR PARA LA VPO
Redacción PVD - 17 de junio de 2009
 
La ciudadanía no necesita que el Gobierno avale los préstamos para VPO, sino una política de vivienda protegida a precios no abusivos.

Ante el anuncio realizado por la Ministra de Vivienda -Beatriz Corredor- el pasado mes de mayo, sobre la nueva medida del aval del 50% del préstamo hipotecario para VPO por parte del Gobierno, la Plataforma por una Vivienda Digna quiere manifestar el más absoluto rechazo a medidas como esta, que perpetúan una situación de precios desorbitados en la vivienda protegida (en ocasiones con precios superiores a la vivienda libre), que deterioran la solvencia del país y no cambian nada en las raíces del problema de acceso a la vivienda en España.

La Vivienda Protegida ha ido sufriendo un aumento de precios a medida que la vivienda libre lo iba sufriendo también y paradójicamente, ahí se mantienen esos precios aún cuando la vivienda libre y suelos se están abaratando. El Gobierno y las distintas CCAA, no sólo han sido incapaces de contener y controlar los precios reales de la VPO, tal como deben hacer, sino que han aumentado de forma deliberada los precios del metro cuadrado en la vivienda protegida y propiciado la aparición de nuevas tipologías para rentas altas para contentar a los promotores que argumentaban que la VPO “no era rentable”.

La supuesta “poca” rentabilidad de la VPO ha resultado ser totalmente falsa. Hoy, la mayoría de las viviendas protegidas en grandes ciudades tienen márgenes de incremento de entre el 80 y el 180%, porcentajes demostrables y absolutamente escandalosos. La reclamación y aceptación de subidas de los últimos años se ha debido a la pretensión del sector privado de seguir con ganancias inaceptables, y a la perversa práctica consistente en que otras instituciones y organizaciones se financien de forma opaca con la vivienda pública. Para ello, el Ministerio no dudó en aumentar los tramos y obligar a la suculenta bolsa de demandantes a pagar beneficios injustificados a las promotoras, lo que resulta de todo punto imperdonable si pensamos que se trata de personas de pocos recursos y necesitadas de primera vivienda.

En 2009, y a causa de este aumento de precios, nos encontramos con que miles de familias no pueden acceder a la vivienda protegida que les fue adjudicada, ya que sus ingresos son insuficientes para afrontar una hipoteca tan elevada. Se ha producido una avalancha de renuncias en distintos puntos del país y, ¿cuál es la respuesta del Gobierno? Poner en riesgo dinero público para avalar los préstamos, manteniendo los elevadísimos precios de la VPO y continuando con esta situación irracional cuando, curiosamente, muestra muy poca diligencia en la aplicación de las bajadas de tipos de interés a los préstamos cualificados, lo que deja en clara desventaja a los adjudicatarios que ya disfrutan de una vivienda protegida. El colmo es siquiera que se plantee por algunas organizaciones extender estos avales al ámbito de la vivienda libre. Es preciso asumir de una vez que el problema del crédito, es un problema de precios inflados y de capacidad de pago de las familias.

En una época de crisis como la actual las consecuencias de las subidas de precios de la vivienda pública son nefastas en varios sentidos. Además de mantener las reducidas opciones de acceso a una vivienda para las clases desfavorecidas, tal como afirma la ONU en su informe sobre nuestro país, las subidas iniciadas por el Ministerio y aumentadas por la mayoría de las comunidades autónomas obligan a las familias a destinar una gran parte de su renta a vivienda, lo que impide la dinamización de otros sectores económicos. Analizando bien, resultará que la crisis no viene solamente de fuera, y además está muy relacionada con lo sucedido en la vivienda durante los últimos años.

Desde la PVD apelamos al sentido común y a la consideración de la vivienda como un bien esencial para las personas, que debe permanecer al margen de la lógica de maximización de beneficios de las empresas, dejar de servir para la financiación opaca de la administración y otras organizaciones, y pasar a tener una regulación efectiva, destinada a garantizar el acceso a la vivienda con unos precios acordes a los salarios. Por tanto, solicitamos la eliminación de los avales públicos para hipotecas de VPO creados para sostener precios inaceptablemente elevados y reclamamos, para toda España, la revisión rotunda a la baja de los precios de la vivienda protegida.



Plataforma por una Vivienda Digna Comité Interterritorial

info[arroba]viviendadigna.org http://www.viviendadigna.org



Información relacionada:

La PVD exige bajadas inmediatas en los precios de la vivienda protegida

40 propuestas por una Vivienda Digna



 
LA VIÑETA: BURBUJA AMERICANA VS ESPAÑOLA
CasasTristes.org - 14 de abril de 2009
 
 
Para este mes, hemos seleccionado una interesante presentación que ilustra la dimensión de la burbuja que tenemos en España:



Añadimos este documental del arquitecto Santiago Cirujeda, encontrado también en la página del proyecto Casas Tristes:





 
 
PLATAFORMA EUROPEA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA (2009)
habitants.org - 05 de junio de 2009
 
 
En vista del fracaso del enfoque neoliberal, las organizaciones sociales que obran en el campo de la vivienda han presentado a los gobiernos y a la Unión Europea una serie de propuestas para la promoción de políticas de coordinación entre las Naciones miembros de la UE, junto a un proceso de refuerzo de las competencias de los órganos de la UE.

Ya que no tiene sentido una Europa basada en los mercados, sino más bien en las pueblos y los derechos, de que vengan o menos aceptados dependerá la adhesión al proceso de unificación europea.

BASAR LA POLÍTICA HABITACIONAL Y LAS DIRECTIVAS EUROPEAS SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA

Actualización de la Plataforma presentada por la Alianza Internacional de los Habitantes al encuentro informal de los ministros europeos de la vivienda (Marsella, noviembre de 2008)

La cuestión habitacional es g/local

Todos los países de la Unión Europea han ratificado los tratados internacionales y las convenciones que reconocen y protegen el derecho a la vivienda: Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.25), el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (art.11), la Convención sobre los Derechos del Niño (art.27), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art.14 y 15), la Convención para la Protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (art.,la Carta Social Europea (art.15, 16, 19,23,30,31), la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea (art.2, inciso 94).

No obstante este reconocimiento legal de los estados miembros de la UE, frecuentemente reforzado por las constituciones y legislaciones nacionales, a despecho del empeño suplementario de los Estados para el Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 7-11, que prevé el mejoramiento de las condiciones habitacionales para 100 millones de personas mal alojadas antes de 2020, y a despecho de la Estrategia de Lisboa por la inclusión social a nivel europeo, el derecho a la vivienda es violado cada vez más.

En otras palabras, sea los Estados miembros de la Unión Europea como la UE misma, contribuyen al fracaso de estos objetivos mínimos, porque se prevé que la crisis global de la vivienda se agravará. A nivel global, en efecto, hay más de mil millones de personas que están sin techo o mal alojadas, un nivel que está previsto que alcanzará 1.7 mil millones en el 2020.

En Europa la crisis habitacional golpea 70 millones de personas mal alojadas, de las cuales 18 millones bajo desalojo y 3 millones sin techo. Tal número está creciendo en este último tiempo a causa de los efectos de la crisis financiera global, que está haciendo perder las viviendas a nivel europeo a cerca de 2 millones de familias por morosidad en el pago de la hipoteca.

Estas personas se encuentran excluidas del mercado habitacional y faltan políticas sociales adecuadas. Ni los Estados miembros, ni la autoridad local, están en grado de ofrecer por ellos mismos soluciones satisfactorias al problema.

En efecto, la crisis se agrava por la libre circulación de inversiones especulativas dentro de la UE (inclusive los Private Equity Fund, bancos de inversión, nuevas sociedades de inversión inmobiliaria y titularizaciones de las hipotecas), de las privatizaciones del sector habitacional público y social, de la mercantilización del mercado habitacional, también de la mayor parte de los nuevos Estados miembros, de las migraciones y de los asentamientos urbanos no equilibrados, de la expulsión de las clases populares, de los proyectos de desarrollo urbano orientado hacia las empresas y el turismo, de la expansión urbana a favor de la burguesía, de las políticas orientadas hacia el acceso a la propiedad, teniendo como resultado una enorme profundización de la desigualdad y la segregación social intraurbana.

El resultado es un aumento exorbitante del déficit de viviendas dignas y accesibles en lo que concierne a los precios y al alquiler, con disminución en la seguridad de la tenencia en los contratos, con un mayor riesgo de deuda respecto a las hipotecas, con amenaza de desalojo y de otras formas de acosos inmobiliarios que golpean a los jóvenes, ancianos, desocupados, pobres, inmigrantes, pero también a las familias de la clase media.

Esta situación lleva a lo opuesto de la inclusión social: marginación, precarización y segregación social; desarrolla la desigualdad, la especulación y la corrupción.

Esta desigualdad se profundizará hasta cuando la redistribución de las riquezas será reservada para los ricos y para los especuladores.

Las consecuencias no pueden ser afrontadas por los Estados miembros, a causa del recorte presupuestario impuesto por mecanismos de control del euro y las políticas monetarias del Banco Central Europeo, de la baja imposición fiscal impuesta por las políticas de mercado de la UE, de los altos costos para mejorar el estándar en los nuevos Estados miembros, de la globalización de los mercados financieros y del trabajo y del nivel de integración económica que el mercado europeo ya ha realizado. Sin la redistribución de los recursos necesarios, no es mucho lo que pueden lograr quienes, a menudo, en un nivel subnacional descentralizado, tienen la responsabilidad de las políticas urbanas y habitacionales a nivel estatal.

El fracaso del enfoque liberal de la UE al problema habitacional.

Mientras una competencia total de la UE en materia habitacional no es aceptada unanimente, todos concuerdan con el hecho de que muchos aspectos del problema urbano y habitacional son determinados por las políticas de la UE. Y que esta invasión no satisface para nada las necesidades habitacionales.

En efecto, en lugar de trabajar a favor del reconocimiento de políticas europeas para el derecho a la vivienda, la Comisión europea refuerza el aspecto mercantil del alojamiento a través de las Directivas sobre la construcción, la aseguración, las convocatorias, las tasaciones, los fondos FEDER y de la BEI, los programas urbanos etc.

La DG Competencia está haciendo grandes incursiones también en el sector habitacional público en varios países. Por ejemplo, criticando el sistema de inversiones del sector en Francia (Libreta Postal “A”), exigiendo en Holanda la privatización del sector cooperativo público, criticando las ventajas fiscales de las asociaciones comunales suecas para la vivienda, favoreciendo las emisiones de acciones libres de impuestos en los capitales por parte de las compañías alemanas habitacionales; obligando a las autoridades locales a vender los terrenos comunales según las reglas de la competencia, etc.

Al mismo tiempo, el Parlamento europeo ha votado la Directiva Bolkensten, considerando la liberación de los servicios públicos, excluyendo solamente el sector habitacional caritativo: esto quiere decir la muerte del sector habitacional público como alternativa general al mercado libre.

Reclamar el derecho a la vivienda como base para la Europa que deseamos

En vista del fracaso del enfoque neoliberal, las organizaciones sociales que obran en el campo de la vivienda han presentado a los gobiernos y a la Unión Europea una serie de propuestas para la promoción de políticas de coordinación entre las Naciones miembros de la UE, junto a un proceso de refuerzo de las competencias de los órganos de la UE.

Ya que no tiene sentido una Europa basada en los mercados, sino más bien en las pueblos y los derechos, de que vengan o menos aceptados dependerá la adhesión al proceso de unificación europea.

a) Reconocer claramente el derecho a la vivienda en la constitución de la UE

1. La UE debe adoptar oficial y totalmente los Convenios Internacionales (Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, etc), los organismos públicos, incluida la Comisión Europea, deben respetar las obligaciones legales y las responsabilidades producidas implementando políticas basadas sobre tales derechos a todos los niveles.

2. La UE tiene que adoptar Directivas que consientan la defensa judicial del derecho a la vivienda a favor de los sin techo y de los mal alojados, con la garantía legal y ejecutiva de poder tener acceso a una vivienda segura y digna. Si los Estados no pueden ofrecer viviendas dignas, los sin techo deben tener el derecho a vivir en las viviendas desocupadas de las que el sector público asuma el alquiler.

3. La UE debe adoptar Directivas a nivel europeo para reforzar las normas jurídicas que favorezcan el derecho a la vivienda, poniendo a disposición de todos los Estados miembros, los medios más eficaces.

Por ejemplo:

- Políticas legales y garantías públicas para que los contratos de alquiler sean justos y seguros

- Políticas legales ligadas al cálculo de los precios del alquiler y de los gastos anexos, que garanticen el derecho a reducciones en los casos en que sean incumplidos los contratos.

- Políticas legales para contrastar el acoso inmobiliario. - Prohibición de desalojo sin que haya posibilidad de realojo. Según el artículo 11 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, apoyado por las Observaciones generales N. 4 y 7, deben prohibirse los desalojos que no contemplen otras posibilidades dignas, seguras, accesibles y de común acuerdo con las personas afectadas. Los desalojos ilegales, así como otras formas de violentas presiones tienen que ser perseguidos públicamente como crímenes.

b) Lanzar un New Deal para la cohesión social gracias a un Servicio Europeo Público de Vivienda

1. La UE, así como los Estados miembros, tendrían que desarrollar un nuevo marco referencial para un Servicio Europeo Público de Viviendas , que incluya el sector de las organizaciones sin fines de lucro, así como el social y el cooperativo. Los diferentes tipos de sociedades para las viviendas no comerciales (según las circunstancias de cada país) que procuran viviendas dignas y de fácil acceso, y que respetan el marco de la UE con un trámite social y democrático, tienen que gozar del apoyo público, como rebajas fiscales o subvenciones, sin crear contradicciones con las reglas europeas.

2. Teniendo en cuenta que el 40% de energía viene utilizada por las viviendas, es necesaria una política europea para viviendas con consumo cero, es decir, que produzcan la misma cantidad de energía que consumen, anticipando el límite, aprobado recientemente por el Parlamento europeo, del 2018.

3. La UE, así como las Estados que la forman, tienen que desarrollar programas coordinados para invertir en políticas para la vivienda accesible y digna.

Estos proyectos deben permitir:

- Enfrentar el déficit habitacional: construyendo, recuperando o comprando, como mínimo, 18 millones de viviendas en un plazo de 5 años.

- Para mejorar el plan energético en los edificios existentes, desde el sector sin fines de lucro: establecer para el 2010 una Directiva europea para viviendas a consumo cero.

- Para subvencionar el plan de viviendas: la UE tiene que desarrollar un Fondo de cohesión para la vivienda concreto, que podría ser financiado por el impuesto nacional contra la especulación económica e inmobiliaria (ej.: a las transacciones inmobiliarias, a las viviendas vacantes y a los terrenos sin cultivar a causa de la especulación, a los edificios transformados en áreas comerciales, a los los inmuebles de lujo), además de los Fondos de Estructurales Europeos.

c) Detener la privatización, la comercialización y la descontrol del sector habitacional

El sector habitacional público tiene que estar totalmente fuera de la Directiva Bolkenstein sobre la liberalización de los servicios públicos de interés general.

- Los países miembros tienen que detener inmediatamente las privatizaciones en el sector habitacional público y desarrollar alternativas dentro de un nuevo servicio habitacional público europeo, incluyendo el nuevo sector sin fines de lucro.

- La introducción de nuevos grupos de inversión inmobiliaria a nivel local o a nivel europeo (REIT) debe ser detenida. En su lugar la UE tiene que crear un tipo de subvenciones bajo el control público.

- Es necesario reforzar el control público, la legislación y la fiscalidad de las REITS ya existentes, para que exista mayor transparencia pública, garantizando un capital adecuado para satisfacer una gestión sostenible de la propiedad, de modo que se reinviertan en viviendas en construcción o ya existentes. Así se facilitaría el pasaje de las herramientas financieras en assets menos especulativos, mejor aún, en estructuras de ayuda económica a la vivienda, como los Housing Finance Trust.

- Tienen que ser eliminados los productos especulativos, sobre todo los que incrementan el riesgo de hipotecar las viviendas.

d) Garantizar la sustentabilidad de los gastos de vivienda

- La UE debe desarrollar un plan que asegure que en todos los países miembros los gastos de vivienda (alquiler o hipoteca, más los gastos para los servicios) no superen una cierta parte de las ganancias del núcleo familiar. El interés máximo tiene que fijarse según el rédito. Para ciertos núcleos con ingresos medios, un tipo de porcentaje, que debe ser evidentemente inferior para los más pobres. Estos pagos nunca tendrían que condicionar a las personas, de modo que no puedan encontrarse bajo el umbral de pobreza.

- Entre las posibles medidas para reducir los gastos de alojamiento está el proveer viviendas públicas y sociales, normas jurídicas, controlar precios y alquileres, las tarifas sociales, las subvenciones directas a los mas pobres, la introducción de la renta mínima, el crédito público a porcentaje reducido para poder invertir en viviendas, las inversiones públicas y las ayudas para mejorar la eficacia de las redes de la energía y del agua, la optimización de las nuevas infraestructuras, la transparencia de los gastos del servicio público y, naturalmente, procurar una cantidad suficiente de viviendas dignas y accesibles.

- El welfare social y los ingresos para los desempleados deben garantizar como mínimo el pago de una vivienda digna según las normas locales, sin discriminar ni segregar. La parte de las ganancias destinadas a la vivienda debe estar bajo el control de los habitantes que tienen que ser libres de elegir y poder cambiar su domicilio.

e) Sostener la creatividad y la inclusión social de los habitantes

- La UE tiene que actuar un programa que sostenga el desarrollo de soluciones para viviendas alternativas y proyectos que experimenten una nueva forma de viviendas publicas, sensibles a la integración multicultural y a las problemáticas de segregación social, en partenariado con las autoridades locales, la sociedad civil y las ayudas económicas sociales, por ejemplo las cooperativas de habitantes de propiedades colectiva, las comunidades de autoconstrucción y auto recuperación de viviendas.

- Este programa tiene que apoyarse con un intercambio, entre las redes, en el estudio internacional, hacia una Europa con el derecho a la vivienda completamente en vigor.

- La UE debe promover el desarrollo de las leyes para que la sociedad pueda aprovechar de los inmuebles abandonados y apoyar su recuperación.

- Con esta finalidad, no deben ser considerados como crimines las ocupaciones, las oposiciones al desalojo y las huelgas de los alquileres.

Colaboraron en la traducción de este texto los Traductores voluntarios para el derecho a la vivienda sin fronteras de la AIH: Eva Lisbeth Liscano de Guzman, Marisa Cruzca, Lina Ambrosio

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DEFENSOR DEL PUEBLO CRITICA INACTIVIDAD DE VIVIENDA POR RBE
CincoDías.com - 01 de junio de 2009
 
 
El Defensor del Pueblo critica en su informe anual correspondiente a 2008 la "inactividad" del Ministerio de Vivienda a la hora de atender ciertas quejas de los ciudadanos por problemas en la gestión o cobro de la renta básica de emancipación.

Según consta en el informe, son "muy numerosas" las protestas ciudadanas llegadas al despacho de Enrique Múgica por dificultades en el cobro de la ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes de entre 22 y 30 años y con ingresos brutos inferiores a 22.000 euros anuales.

Concretamente, se presentaron 385 quejas a lo largo de 2008, de las que se admitieron 153; 98 por actuaciones del Ministerio de Vivienda y 55 de las comunidades autónomas, y, de entre éstas 28 por la gestión de la Comunidad de Madrid. El resto no se tramitaron por falta de datos de los reclamantes.

Una de las quejas más repetidas fue la demora al ordenarse la transferencia de la ayuda o la suspensión de las ingresos tras venirse realizando. Las explicaciones del gabinete dirigido por Beatriz Corredor fueron desde un problema del sistema informático a la no verificación de los trámites por parte de los solicitantes.

Al Defensor del Pueblo, en cambio, le resulta "difícil compartir el criterio ministerial". Así, recuerda que las entidades han de informar semanalmente de todas resoluciones de reconocimiento definitivo de las ayudas y dos veces al mes de las transferencias del alquiler efectuadas y devueltas.

Por ello, la Institución "no comprende cómo constando al Ministerio esas resoluciones por las propias comunidades autónomas, no se interesa seguidamente por su tramitación a cargo de las entidades bancarias, más aún cuando son las entidades financieras las que deben transmitir al ministerio toda esta información a efectos de control en la aplicación de la renta".

"Pero aún es más incomprensible la falta de actuación del Ministerio con las entidades de crédito tras conocer las quejas en las que se afirma haber hecho puntualmente el pago del alquiler y haber cumplido los trámites", añade.

Por otro lado, prosigue, "no resulta fácil comprender la diligencia que el Ministerio de Vivienda requiere de los beneficiarios de las ayudas, en su obligación de encontrarse al corriente en el pago del alquiler, pero no de demostrarlo de manera directa".

"Por consiguiente, no encontramos justificada la inactividad del Ministerio de Vivienda ante situaciones como las descritas" señala el informe, a lo que añade que, quizá de haber solicitado cierta información a las entidades financieras "se habría podido corregir buena parte de la demora en el ingreso de la ayuda".

Madrid, la peor autonomía

En el caso de las comunidades autónomas, la palma se la lleva la Comunidad de Madrid por el "gran retraso" con que dicta sus resoluciones para autorizar el cobro de la renta. "No hemos podido aceptar las justificaciones ofrecidas", añade.

Así pues, sorprende a la Institución que en el impreso oficial de solicitud no se haya incluido la necesidad de adjuntar el certificado de haberes, lo que ha motivado en la mayoría de las ocasiones su requerimiento posterior una vez transcurrido el plazo de dos meses para dictar resolución, con la consiguiente demora.

Según la Comunidad presidida por Esperanza Aguirre, dicho documento no fue incluido porque no figuraba en el impreso de solicitud aprobado, a lo que el Defensor del Pueblo alega que el impreso podría haberse modificado o se podría haber completado con una nota informativa para que los jóvenes adjuntaran a la solicitud toda la información necesaria, como se ha hecho en otras comunidades autónomas.

En cualquier caso, el Defensor del Pueblo deja otro 'recado' al Ministerio de Vivienda: "Si en el impreso aprobado hubiera figurado la exigencia del reseñado documento, se habría evitado parte de la demora en la tramitación de la solicitudes".

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El Congreso pide la supresión de Cultura,Vivienda e Igualdad
El País - 02 de julio de 2009
 
Los grupos reprochan al PP una iniciativa sobre víctimas ya en marcha

No tiene valor legal pero sí político. Esta es la opinión y la convicción del portavoz del Grupo de ERC, Joan Ridao, que ayer expresó en la tribuna de oradores del Congreso al defender, mediante una moción, la supresión de los ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad y que sus funciones pasen a los de Educación, Fomento y Sanidad y Asuntos Sociales. Todos los grupos lo apoyaron, aunque con argumentos diferentes, con lo que el PSOE cosechó su novena derrota en esta legislatura.

La iniciativa incluyó además la exigencia al Gobierno para que regule el uso de los inmuebles oficiales y de los medios de transporte por parte del presidente y los ministros. En el debate salieron a flote asuntos que los partidos han utilizado contra el Gobierno durante la campaña electoral como el uso del avión oficial del presidente para ir a un mitin y las acusaciones del PP contra el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, por supuesto trato de favor a la empresa en la que trabaja su hija.

El proponente, Joan Ridao, no revivió la batalla electoral sino que fijó sus propios argumentos. Ahorro y eficiencia, por un lado, y "reglas del juego claras" en el uso de los bienes públicos, es decir, en las instalaciones de descanso y en los medios de desplazamiento que utiliza el Gobierno.

Lo cierto es que las réplicas del PSOE no fueron contra Ridao sino que apuntaron al diputado del PP Rafael Merino, que sacó en el debate a Manuel Chaves, al Falcon de Zapatero y las "jornadas de pesca" del director del CNI, Alberto Sáiz. El portavoz socialista en este debate, Rafael Román, encandiló a los suyos al atacar con vehemencia "la incongruencia del PP al pedir junto a ERC la supresión del Ministerio de Cultura cuando en su programa electoral pedían su refuerzo y la creación de un órgano de coordinación entre Educación y Cultura".

El socialista Román, por su parte, trató de rebatir los argumentos de Ridao con la Constitución en la mano, en el artículo que deja en manos del gobierno, y no del Parlamento, la capacidad de organizar la estructura de los Ministerios. "No me venga con milongas de que esa es una función del Gobierno porque al Parlamento corresponde su control", se adelantó Ridao.

Competencia autonómica

Con tonos moderados y con apelaciones a la estructura territorial autonómica los portavoces de CiU y BNG, Jordi Jané y Francisco Jorquera, respectivamente, defendieron la supresión de esos ministerios porque esas competencias deben estar en las autonomías. Otro tanto, hizo el peneuvista Pedro Azpiazu. Todos ellos no pusieron en duda que el presidente del Gobierno utilice aviones oficiales, también los ministros, -"porque lo son las 24 horas del día", defendió Jané- pero que se regule. Lo cierto es que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en medio de la polémica, se comprometió a hacerlo.

Esa mayoría contra el PSOE, sin embargo, se rompió en una iniciativa del PP que pretendía exigir al Gobierno un plan de protección de víctimas, especialmente vulnerables, principalmente si son niños. El portavoz socialista, Alex Saiz, recordó al PP que los cambios están ya en marcha en el anteproyecto de reforma del Código Penal aprobado por el Ejecutivo.

IU forzará un debate sobre la crisis

Los grupos parlamentarios están a punto de reproducir situaciones anteriores en las que obligaron a comparecer al presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el pleno del Congreso para debatir sobre la crisis económica.

La petición la formalizó ayer Gaspar Llamazares (IU) ante la Mesa del Congreso, pero podría contar con respaldo suficiente para forzar la comparecencia del presidente del Gobierno.

Deberá decidirlo la próxima semana la Junta de Portavoces y podría tener lugar en los primeros días de julio. La petición se basa en el compromiso que el propio Zapatero adquirió el pasado febrero para celebrar plenos cada tres meses sobre la crisis. No será el único debate sobre economía antes del verano, puesto que el próximo miércoles será el asunto estrella en el debate sobre la cumbre europea del fin de semana y el Congreso debe aprobar el techo de gasto para los próximos Presupuestos. IU e ICV condicionan su voto favorable a que se suban los impuestos para las rentas más altas.

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El Congreso insta al gobierno a que cierre la SPA
El País - 10 de junio de 2009
 
 
La agencia que el Gobierno socialista creó en 2005 para impulsar el alquiler sufrió ayer un duro golpe. La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a disolver y liquidar la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).

La proposición, promovida por el PP y que sólo tuvo el voto en contra de los socialistas, reclama que los fondos de la SPA se transfieran a las comunidades autónomas. En sus cuatro años de existencia, esta agencia ha suscrito tan sólo 10.000 contratos de arrendamiento y arrastraba unas pérdidas de 21,2 millones de euros al cierre de su último ejercicio, cantidad superior a los 20 millones de capital social con la que se fundó.

El Congreso insta también al Gobierno a que se ocupe de que la liquidez puesta a disposición de las entidades financieras llegue a familias y empresas.

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El Senado pide por unanimidad un modelo de tasación de pisos
El Mundo - 18 de junio de 2009
 
 
'que proteja al consumidor'. Denuncia que existe una gran confluencia entre las sociedades de tasación y la banca Las valoraciones de éstas 'se reducen hasta un 40% y las de la Admnistración un 10%'. 'Es una situación de indefensión de los ciudadanos reconocida por la CNMV'

La Comisión de Economía del Senado ha aprobado por unanimidad una moción en la que insta al Gobierno a regular un modelo de sociedades de tasación de pisos que cumpla los principios básicos de "independencia y objetividad" y los principios constitucionales referentes a la "protección de los consumidores".

En la Cámara Alta, el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, ha defendido dos mociones dirigidas a "aliviar" los problemas de los ciudadanos cuando se ven en la situación de que sus viviendas han sido embargadas por no poder asumir las hipotecas.

El senador del Bloque ha explicado que en la actualidad existe una gran confluencia entre las sociedades de tasación y las entidades bancarias y que, de hecho, "muchas de esas sociedades están participadas por bancos". "Todo el mundo sabe que tasan los bienes inmuebles cuando los ciudadanos acuden a un banco para solicitar un préstamo por una vivienda", evidenció.

En este sentido, aludió a los estudios en los que se pone de manifiesto que las tasadoras tienden a generar un valor de tasación superior al valor real del inmueble y señaló que "el problema se multiplica en situaciones de crisis económica".

Así, Pérez Bouza puso el acento en que en los casos de desahucio y embargo de vivienda, las valoraciones de estas tasadoras "se reducen hasta un 40% cuando los órganos públicos sólo indican que el precio de la vivienda baja una media de un 10%".

A este respecto, concluyó que las familias "no sólo se quedan sin vivienda, sino que por encima tienen que hacer frente al resto del crédito". "Es una situación de indefensión de los ciudadanos reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores", subrayó.

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Congreso pide movilizar 'stock' para parque público alquiler
Finanzas.com - 09 de junio de 2009
 
La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad una proposición de ley de CiU, pactada con el PSOE y el PP, que insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a elaborar un "programa específico" de acceso a la vivienda "movilizando" el 'stock' en venta en manos de las promotoras, en el marco del Plan de Vivienda 2009-2012.

La iniciativa reclama que el Ejecutivo apruebe los instrumentos "económicos y financieros" que posibiliten la incorporación de este 'stock' al mercado dando, "en su caso", lugar a la construcción de un parque público de viviendas en régimen de alquiler.

En sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación, CiU proponía el impulso de un parque de alquiler a precio accesible de entre 250 y 400 euros, que podría acoger a unas 40.000 viviendas en toda España.

AGILIZAR LAS HIPOTECAS E INCENTIVOS FISCALES.

El texto defendido por el portavoz adjunto de CiU, Pere Macías, reclama además que el Ejecutivo realice en tres meses un censo del 'stock' de casas en venta para proceder a su posterior "movilización". Asimismo, emplaza al Gobierno a "impulsar" un acuerdo entre los promotores y el sector financiero para articular las medidas de financiación de este programa, articulando las iniciativas oportunas para agilizar la concesión de créditos hipotecarios.

Además, reclama que se doten las "ayudas necesarias" y se adapten los incentivos fiscales vigentes para la compra de vivienda a las "actuales circunstancias" con el fin de "facilitar" la compra.

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Corredor alaba las rebajas inmobiliarias
El Mundo - 15 de junio de 2009
 
'Bajar los precios no es renunciar a una ventaja sino aprovechar una oportunidad' 'El 'stock' es la mejor foto de lo que hemos sido y de lo que no queremos volver a ser'

Rara vez la ministra de Vivienda se pronuncia sobre el precio de los pisos. Haciendo una excepción, ha enviado un mensaje directo y claro a los promotores y demás vendedores de casas. Beatriz Corredor ha expresado a los profesionales del sector que "bajar los precios a un nivel de los ciudadanos puedan asumir no es renunciar a una ventaja sino aprovechar una oportunidad". Ha realizado esta afirmación durante la inauguración en Barcelona del I Salón de Oportunidades Inmobiliarias 'Low Cost' de Barcelona, donde habrá rebajas en los pisos superiores, incluso, al 30%.

"La ventaja a la hora de fijar precios ha estado casi siempre del lado de los promotores y no tanto del de los ciudadanos", ha recordado. Por ello, muchas familias "han tenido que optar por hogares que no se ajustaban ni a sus necesidades, ni a su capacidad, ni a sus preferencias".

En este sentido, ha subrayado que "hoy la situación es otra". "Los ciudadanos son cada vez más exigentes, buscan un hogar que puedan pagar y tienen la más amplia oferta de viviendas terminadas de los últimos años". Corredor también ha destacado la "capacidad de adaptación, determinación y audacia" del Salón y de sus participantes, "decididos a hacer frente a la situación actual con nuevas propuestas más cercanas a los intereses de los ciudadanos". Estos han realizado rebajas significativas sobre el precio de las viviendas y han puesto en el mercado productos financieros más flexibles, según la ministra. "El sector se está adaptando responsablemente a la demanda real de las familias y ello es una buena noticia para los ciudadanos", señala.

Califica el 'stock' como una fotografía 'de lo que no queremos volver a ser'

Corredor también se ha referido al informe publicado por el Ministerio que refleja la existencia de más de 613.000 viviendas terminadas sin vender. "Ésta es la mejor fotografía de lo que hemos sido y de lo que no queremos volver a ser. No podemos seguir construyendo como en estos 10 últimos años, ni en cantidad, ni en calidad", ha asegurado.

La máxima responsable de Vivienda ha explicado que "el 30% de esta bolsa sin vender, bien por su situación o bien por la falta de servicios y equipamientos básicos como colegios o centros salud, no puede ser considerado como vivienda adecuada para una familia". Además, ha destacado que la mitad de las viviendas en 'stock' se concentra en el litoral mediterráneo y que, a 31 de diciembre, las casas en construcción eran casi 627.000, aunque cuatro de cada 10 ya están vendidas.

"El sector sabe, mejor que nadie, lo necesario que es liberar el 'stock'", ha apuntado. De esta manera, ha recordado a promotores, constructores y demás profesionales inmobiliarios que el Gobierno de España ya ha puesto en marcha numerosas medidas para facilitar su drenaje, como el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, según ella, que favorece su conversión en vivienda protegida y la correspondiente Línea de Garantías para la compra de VPO.

Por último, Corredor ha indicado que "la economía española no va a prescindir de ninguno de los sectores económicos tradicionales que han generado empleo y riqueza en nuestro país", aunque sí ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo económico sostenible lo que requiere crecer "a un ritmo más equilibrado". "Hay que reinventarse. Y el sector residencial tiene que salir de esta crisis de la mano de la sostenibilidad. Se acabaron los excesos: se acabó la construcción insostenible de viviendas y de viviendas insostenibles", ha aseverado.

En esta dirección, ha recordado que el Gobierno tiene la firme determinación de aprovechar la crisis para cambiar el modelo de crecimiento por uno basado en la economía sostenible. "Los que primero se adapten al cambio de ciclo y a la nueva dimensión de la construcción residencial estarán mejor situados para afrontar el futuro", ha concluido.

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Cayo Lara (IU) pide no se embargue desempleados
eleconomista.es - 03 de junio de 2009
 
 
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, anunció hoy que su coalición ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que se solicita que no se embarguen las viviendas a aquellos desempleados que por falta de recursos no han podido hacer frente al pago de su hipoteca.

"En lo que va de 2009, el incremento que ha habido en deshaucios ha sido de un 43 por ciento respecto al año anterior", indicó Lara en una rueda de prensa en Málaga en la que compareció junto al número uno de la coalición para las elecciones europeas del 7 de junio, Willy Meyer, y el coordinador andaluz de la formación, Diego Valderas. Asimismo, subrayó que si esta propuesta no sale adelante, "la situación en 2010 puede ser peor mientras no cambien las condiciones laborales de estos desempleados".

Lara precisó que en el conjunto del país hay seis millones de personas hipotecadas, cuya deuda asciende al billón de euros, "similar al Producto Interior Bruto de España en un año". Ante este panorama, "en lo que va de año ha habido 84.000 expedientes de desahucios de vivienda debido a que hay trabajadores que se han quedado sin ingresos y no han podido hacer frente a sus hipotecas".

La PNL recoge una serie de propuestas entre las que el dirigente de izquierdas destacó la suspensión de estas ejecuciones de embagos a los trabajadores desempleados, así como reconocer el derecho de uso de la vivienda durante cinco años pagando un alquiler que no sea superior al tercio de los ingresos de los afectados.

Asimismo, se solicita que se analice si en la tramitación de la hipoteca hubo "abusos o gestión de riesgo por parte de las entidades financieras", así como la creación de organismos de arbitraje que regulen estos trámites y una reforma de la Ley Hipotecaria para que se limite la cantidad embargable de acuerdo al valor que tenía la vivienda en el momento en el que fue adquirida.

"Estas son nuestras propuestas concretas, para lo que exigimos respuestas concretas a los problemas que preocupan de verdad a los ciudadanos", concluyó Lara.

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Asociaciones de consumidores piden una normativa específica
discapnet.es - 16 de junio de 2009
 
 
que regule la situación de las familias que no afronten sus deudas

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) pidió hoy al gobierno que apruebe una normativa específica y de urgencia a la que puedan acogerse las familias que, por la actual coyuntura económica, se encuentren en dificultad para hacer frente a sus deudas.

Así se recoge en la memoria de 2008 del CCU en la que se analizan las causas sociales y económicas del elevado endeudamiento de las familias.

Esta nueva normativa trataría de evitar, hasta donde fuera posible, los desahucios y embargos y permitir a las familias, en tanto rehacen su situación económica, mantener las mínimas condiciones de una vida digna.

El CCU pide también un gran acuerdo general entre los representantes de los consumidores y las Instituciones financieras, tutelado por la Administración Publica, que conduzca a criterios generales de refinanciación de las deudas de las familias para evitar situaciones de morosidad, impagos, embargos y desahucios.

Este acuerdo, según los consumidores, sería beneficioso para todas las partes puesto que daría estabilidad financiera a corto y medio plazo tanto a entidades bancarias como a familias, evitando una espiral de situaciones de insolvencia que puede perjudicar a todos los agentes económicos.

También considera necesario que se amplíen los casos en que procedan las moratorias de pago, que actualmente se conceden de forma muy selectiva a algunos parados, para que puedan acogerse las familias que, por las condiciones adversas no puedan hacer frente a sus deudas.

Asimismo, solicita medidas que agilicen un reflejo más inmediato y ajustado de las bajadas de los tipos de interés (Euríbor) en las cuotas que deben pagar las familias por los préstamos contraídos.

Finalmente, pide promover la actuación de las administraciones públicas y otras entidades sociales, y los acuerdos entre las entidades financieras y las familias deudoras, para que en el caso de que no pudieran hacer frente a los pagos de las hipotecas de las viviendas, pudieran encontrarse otras vías (por ejemplo alquiler con opción de recompra) que impidan que estas familias sean desahuciadas y permitan que puedan rehacer su situación en un futuro.

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UCE denuncia que la banca no aplica la bajada del Euríbor
ADN.es - 30 de mayo de 2009
 
 
a los clientes

La Unión de Consumidores de España (UCE) denunció hoy la imposición a los ciudadanos de cláusulas "abusivas" e intereses "desproporcionados" por parte de las entidades bancarias, lo que impide que el beneficio de la bajada del Euríbor se aplique a las hipotecas.

Además, la UCE aseguró que las entidades financieras conceden menos hipotecas sobre viviendas y que cuando lo hacen es en unas condiciones "más duras" de las que establece la legislación.

Según un estudio de esta asociación, elaborado con los datos del Registro de la Propiedad, el número de hipotecas sobre viviendas suscritas durante el primer trimestre de 2009 descendió en 48.018 en relación con el mismo período del año anterior, el 19,51%, mientras que el capital hipotecado se redujo el 26,77%.

Con respecto al importe medio de las hipotecas sobre viviendas que, según la UCE, se situó en 131.500 euros durante los tres primeros meses del año, registró una reducción del 9,02% con respecto al mismo periodo de 2008.

El asesor jurídico de la UCE, Alberto Arzúa, explicó que de la comparación del número de compraventas con el de hipotecas suscritas se desprende que en la mayor parte de las comunidades autónomas el número de hipotecas nuevas "supera al de compra de vivienda", lo que indica un "aumento del sobreendeudamiento".

La Unión de Consumidores considera que el descenso en el número de hipotecas constituidas "tiene su origen en el endurecimiento de las condiciones por parte de las entidades bancarias", que "ponen trabas" a los usuarios a la hora de acceder al crédito.

Las dificultades más comunes a las que tienen que hacer frente los consumidores son el encarecimiento de los préstamos personales, los retrasos "sistemáticos" a la hora de revisar la hipoteca y el aumento de las cláusulas "abusivas", tanto en la contratación de hipotecas como en los préstamos y en el uso de las tarjetas de crédito.

En cuanto a los préstamos hipotecarios, la UCE señala que las entidades financieras ofrecen diferenciales "muy por encima" de los parámetros de hace un año, para compensar la bajada del Euríbor.

Además, en muchos casos, establecen un "suelo" que impide al consumidor beneficiarse de la bajada de este índice hipotecario.

A este respecto, Arzúa afirmó que la Unión de Consumidores denunciará esta práctica en el Instituto Nacional de Consumo y lamentó la "falta de cultura hipotecaria entre los españoles", que en muchas ocasiones "no son conscientes de lo que firman".

También denunció que la banca aplica un interés de demora del 25% para los consumidores que se retrasen en los pagos, lo que resulta "desproporcionado" teniendo en cuenta que, según la Ley de Crédito al Consumo, no se pueden aplicar "en ningún caso" tipos de interés que den lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero, que en abril estaba en el 4%.

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Viviendas protegidas con hipotecas caras
Ocu.org - 01 de junio de 2009
 
 
Ya se han aprobado los nuevos tipos de interés aplicables a los préstamos acogidos a los planes de vivienda. Muchos de ellos son más caros que las hipotecas que ofrecen entidades en el mercado libre. Quienes no reciban ayudas vinculadas a la contratación de ese préstamo, harán bien en cambiar de préstamo. Valore antes si le interesa.

Ya se ha aprobado el Plan de Vivienda 2009-2012. Y aunque todavía no se han firmado los convenios con las entidades para la concesión de préstamos que financien esas viviendas, sí se conoce que estarán referenciados al Euribor con un diferencial de entre el 0,25% y el 1,25% (intereses que superan muchos de los que se pueden encontrar en el mercado libre de hipotecas).

Hasta que no se firmen los convenios relativos al nuevo plan, los préstamos que se firmen en la actualidad seguirán rigiéndose por lo previsto en el Plan 2005-2008.

El tipo de interés aplicable a todos los préstamos acogidos a este Plan se ha fijado en el 4,01% TAE, también bastante por encima de las mejores ofertas en el mercado libre.

Nuestro consejo es que, aunque cumpla las condiciones para acogerse al Plan de Vivienda, no firme el préstamo que le ofrezcan, y se decante por pedir una hipoteca libre (salvo si recibe ayudas vinculadas a la contratación del préstamo cualificado). Y si ya tiene un préstamo firmado, puede optar por cambiarlo a otra entidad con mejores condiciones a través de una subrogación.

El nuevo tipo es aplicable tanto para los préstamos nuevos como para los anteriores acogidos a dicho plan. En este caso, el nuevo tipo de interés empezará a aplicarse cuando se produzca el primer vencimiento de una cuota desde el día 23 de mayo de 2009.

También se han aprobado los tipos de interés de algunos préstamos de planes de vivienda anteriores (como los acogidos al Plan de Vivienda 2002-2005, los préstamos del programa 1997 del plan 1996-1999, y los del programa 1994 del plan 1992-1995).

En el cuadro puede ver los tipos actualmente vigentes para préstamos cualificados (sin tener en cuenta los convenios de País Vasco y Navarra), así como la fecha en que esa actualización se publicó en el BOE.

Hasta el convenio de 1998 los tipos se aplican desde el inicio de la anualidad completa siguiente a la publicación en el BOE. Desde el Plan 1998-2001, el nuevo tipo empieza a aplicarse cuando se produzca el primer vencimiento de cuota una vez haya transcurrido un mes desde su publicación en el BOE.

En todos los casos en los que el interés sea más alto que el de mercado, le aconsejamos que cambie de entidad. Para saber si le interesa el cambio y cuánto puede ahorrarse, use nuestra calculadora de Cambio de préstamo hipotecario.

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Consejo Europa recomienda 'endurecer' penas por corrupción
es.noticias.yahoo.com - 29 de mayo de 2009
 
 
y tráfico de influencias. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) recomienda a España "endurecer" las penas relativas a los delitos de corrupción y tráfico de influencias e "intensificar" el control fiscal de los partidos políticos a través de auditorías internas.

Así consta en el Tercer Informe de Evaluación sobre España elaborado por este organismo, que analiza la lucha contra la corrupción y la transparencia de la financiación de los partidos políticos e incluye 15 recomendaciones a España cuya puesta en funcionamiento será evaluada en la primera mitad de 2011.

El informe, elaborado a partir de una visita que miembros del GRECO realizaron a España en septiembre de 2008, considera que algunas de las sanciones penales aplicables a los delitos de cohecho y tráfico de influencias son "demasiado leves".

A este respecto, apunta que "el complejo marco legal español es deficiente en su dimensión internacional" a la hora de perseguir los delitos de cohecho en el sector público, mientras que los sobornos en el sector privado no están perseguidos "en absoluto".

"IMPORTANTE LAGUNA"

Esta situación constituye, según el organismo del Consejo de Europa, "una importante laguna", al entender que "esta forma de corrupción puede ocasionar un daño significativo a la sociedad en general, dada la cuantía de las sumas (y de los potenciales sobornos) asociadas a transacciones económicas".

Con respecto a la lucha contra la corrupción, el informe señala que, a pesar de que España es miembro del GRECO desde 1999, todavía no ha ratificado el último Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción y su Protocolo Adicional, que fue firmado el 27 de mayo de 2009.

En relación con la transparencia de la financiación de los partidos políticos, el GRECO reconoce los esfuerzos desarrollados en este ámbito con la introducción de la legislación aprobada en 2007, al tiempo que aconseja los nuevos pasos que deben ser tomados para mejorar el sistema.

Entre ellos se encuentran los de garantizar el acceso público a información significativa sobre la contabilidad de los partidos, incluyendo la información fiscal relativa a fundaciones y agrupaciones locales.

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Polémica por exclusión de alcaldes y concejales del blanqueo
Cotizalia.com - 23 de junio de 2009
 
 
Polémica por la exclusión de alcaldes y concejales de la Ley contra el blanqueo de capitales

El Gobierno se plantea dar marcha atrás en su intención de que los alcaldes y concejales sean considerados de oficio sospechosos de blanqueo de capitales. Esta iniciativa se incluía en la primera redacción del proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, presentada en abril, que consideraba a los cargos políticos nacionales, autonómicos y municipales como sujetos a lo que se llama "diligencia reforzada", que significa que los bancos deben vigilarlos estrechamente como sospechosos de blanquear dinero.

Una medida que iba más allá de la directiva europea que traspone esta ley y que fue calificada de "realista" por los expertos ante la corrupción generalizada que asola a las corporaciones municipales en nuestro país. Sin embargo, ahora el Ejecutivo pretende excluir a alcaldes y concejales, según ha asegurado hoy Raquel Cabeza, consejera técnica de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio de Economía en un congreso de banca privada organizado por IIR.

Cabeza ha justificado su exclusión porque "es verdaderamente complicado controlar a todos estos cargos por la gran movilidad que hay en los cargos locales. Y no sólo se trata de los cargos, sino también de sus familiares". En todo caso, ha puntualizado que todavía no hay una decisión firme sobre este aspecto y que podría ser modificado en su tramitación parlamentaria. Lo que sí se mantendrá es este control especial para los cargos políticos nacionales y autonómicos, así como sobre los que detenten un cargo en el extranjero.

Otra dulcificación de la ley es que no serán las entidades financieras las que tengan la obligación de identificar a los políticos, sino que este deber recae sobre el propio político; es decir, es él el que debe comunicar a la entidad que es político al contratar un producto o servicio en el que podría colocar dinero procedente de un delito.

Según la representante del Tesoro, el proyecto de Ley también nacerá cojo en otros aspector. Por ejemplo, la directiva europea obliga a considerar sujeros obligados, es decir, entidades que tienen que adoptar medidas aniblanqueo, a todas las empresas que vendan bienes o servicios por un importe superior a 15.000 euros en efectivo independientemente de su actividad, lo que "es inmanejable desde el punto de vista práctico".

Otra novedad importante es que, entre los delitos que darán pie al blanqueo de capitales, se incluirá el fraude fiscal junto al narcotráfico, tráfico de armas o el terrorismo. Esta inclusión también ha desatado una fuerte polémica porque muchos despachos de abogados consideran que el fraude fiscal no puede equipararse con estos delitos. "El argumento es que los fondos se obtienen de una actividad ilícita, y en el momento en que hay una elusión de la cuota de un impuesto, esos fondos adquieren carácter ilícito. Por tanto, toda actividad dirigida a disimular ese origen supone blanqueo de capitales", explica Cabeza.

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No pagar el alquiler durante 2 meses es motivo de deshaucio
antena3noticias.com - 02 de junio de 2009
 
 
Sentencia del Supremo

Un segundo retraso en el pago del alquiler después de que el inquilino ya haya sido demandado justifica el desahucio, siempre que el contrato de arrendamiento estipule el plazo máximo de pago, según una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Así lo ha decidido el Alto Tribunal, tras desestimar un recurso de casación en el que se planteaba si procedía o no el desahucio en un caso de falta de pago de rentas cuando el demandado haya abonado la cuenta debida con unos días de retraso y antes de haber sido citado para la vista del juicio.

El Tribunal Supremo establece que, en los casos de demanda previa por impago, el inquilino ya no podrá gozar de la posibilidad de "enervar la acción de desahucio", porque el mero retraso en el pago se entenderá como "incumplimiento pleno de sus obligaciones" y no podrá evitar el desahucio.

El despacho de abogados Affirma interpuso una demanda contra una mujer que se había retrasado en el pago de una mensualidad y el juez de primera instancia la desestimó por considerar que no estaba acreditada la falta de pago sino que se había producido un "mero retraso" de quince días en el abono del alquiler de una vivienda.

La sentencia de apelación, en cambio, estimó esa demanda y falló a favor de la formalización del desahucio, basándose en que el contrato entre el propietario de la vivienda y la demandada exigía el pago anticipado de las rentas mensuales, y fijaba un plazo máximo de ocho días de retraso para llevar a cabo el desalojo.

De este modo, al haberse producido una demora de dos semanas en la renta correspondiente al mes de marzo de 2002, y al ser este retraso posterior a una acción de desahucio precedente, no suponía una demora sino un incumplimiento de la obligación de pago de la renta, por lo que no había abuso de derecho en el ejercicio de la acción del demandante.

Esta sentencia ha resuelto una cuestión sobre la que existían decisiones contradictorias de las audiencias provinciales, y sienta jurisprudencia, puesto que se suma a un dictamen previo del Alto Tribunal en el mismo sentido.

Para Affirma, se trata de una resolución que "impide que el inquilino decida a su antojo cuándo pagar".

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Los jóvenes necesitan el 86% de su renta para comprar piso
El País - 10 de junio de 2009
 
 
La venta de viviendas cae un 33%, el mayor desplome registrado en años

Comprar un piso es algo que está fuera del alcance de la mayor parte de los jóvenes desde hace ya años. Pero en los últimos meses ha descendido ligeramente el esfuerzo que deben hacer para convertirse en propietarios de un techo. Los que tienen entre 18 y 34 años deben desembolsar de media un 86% de sus ingresos para hacer frente a una casa. Por ello, los jóvenes tendrían que ganar el triple para acceder a una vivienda libre y no endeudarse demasiado, según los datos del Observatorio Joven de Vivienda del último trimestre de 2008. A pesar de seguir siendo inabarcable, el esfuerzo necesario se ha reducido un 2% respecto al trimestre anterior. La causa es la reducción de los tipos de interés y de los precios de la vivienda.

Además, el Ministerio de Vivienda hizo públicos ayer unos datos que demuestran que la crisis del ladrillo todavía no ha tocado suelo. Entre enero y marzo de este año se vendieron 104.703 viviendas, un 33,3% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Este desplome supera lo que ha registrado el ministerio desde 2004, y coincide a grandes rasgos con los datos que ya hizo públicos el INE.

Las transacciones de obra nueva, con un descenso del 21%, sufren más que las de segunda mano, que bajaron un 9%. Se invierte así una tendencia que comenzó cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2007.

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Vender viviendas, cada vez más caro
El País - 21 de junio de 2009
 
 
Las comunidades ignoran la caída del precio de los pisos al cobrar impuestos

El portal www.idealista.com ofrece un piso en la calle Dimas, en pleno centro de Madrid, de 90 metros cuadrados por 210.000 euros. Pero, según los cálculos del Gobierno regional, esa vivienda vale muchísimo más. Exactamente, 344.520 euros. Y este sobreprecio que estima la comunidad autónoma le va a salir muy caro al dueño. Porque en el hipotético caso de que encontrara comprador, no sólo tendría que rebajar sus expectativas y adaptar sus precios a estos tiempos de reventón del ladrillo, sino que además se verá obligado a soportar un gravamen mucho más alto de lo que en teoría le corresponde.

Gracias al impuesto de transmisiones patrimoniales, cada comunidad autónoma se queda con el 7% del importe de la compraventa de un inmueble. Cada administración regional utiliza sus propios métodos para evitar que los propietarios declaren que la operación se ha cerrado por una cantidad inferior a la real. El problema es que este mecanismo antifraude funcionaba en la época del boom, cuando los precios no dejaban de crecer y las ventas se cerraban por cantidades cada vez más altas. Pero ahora las regiones no se están dando la prisa necesaria para adecuar sus cálculos a la nueva -y deprimida- realidad del ladrillo.

Así, volviendo al ejemplo del piso madrileño en la calle Dimas, el Gobierno regional estima que debe ingresar unos 24.000 euros. Pero si el 7% se aplicara sobre los 210.000 euros teóricos a los que se cerrará la venta, las arcas de la comunidad se deberían conformar con 14.700 euros. Es decir, la falta de diligencia de la administración regional le cuesta al propietario del piso en cuestión más de 9.000 euros. Y eso suponiendo que la operación no se firme al final a un precio inferior, lo más habitual en estos tiempos en los que el comprador es el que dispone de más poder para negociar. Cuando la administración regional detecte que el contribuyente ha ingresado una cantidad inferior a la que esperaba hará una liquidación complementaria exigiendo la diferencia.

Los casos en que el sobreprecio es mayor afectan a aquellos que están dispuestos a rebajar más el precio de sus propiedades para venderlas. Así, los que más se adaptan a la nueva coyuntura son los más perjudicados.

"Nos encontramos con gente que vende por debajo de mercado y que tiene que pagar impuestos en función del valor que las comunidades han estimado del inmueble. Es profundamente injusto, cuando no inconstitucional porque viola el principio de la proporción en la carga tributaria", aseguran fuentes de los notarios.

Y lo peor de todo es que la injusticia de esta carga se irá agravando a medida que los precios caigan más y las comunidades no reflejen en sus valoraciones estos descensos. Fuentes de la Consejería de Economía de Madrid señalan que siguen muy de cerca lo que ocurre en la calle para adaptar sus valoraciones una vez al año, y que incluso lo hacen por debajo de los precios del mercado. Lo actualizaron por última vez el pasado mes de diciembre. "Es cierto que hemos recibido alguna queja, pero muy pocas; no significativas", señalan fuentes de la consejería.

Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales, explica que cada comunidad autónoma utiliza sus propios métodos para calcular las valoraciones: Madrid lo individualiza para cada inmueble, otras usan el valor catastral multiplicado por un coeficiente y otras, la tasación que se incluyó en el préstamo hipotecario. "Las quejas están llegando de varias comunidades. El afectado puede recurrir a una tasación pericial contradictoria para pagar el impuesto sólo por el dinero que efectivamente ha recibido. Pero el que se acoja a esta alternativa también asume riesgos, porque si pierde tendrá que pagar las costas del perito", señala Del Amo.

La solución a este problema, según fuentes notariales, es que las comunidades no sean perezosas y estén atentas a las bajadas de precios para actualizar las valoraciones. Pero que esto ocurra es especialmente dudoso en estos tiempos de crisis en los que la recaudación de las administraciones se ha desplomado.

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Incoherencias sobre las deducciones fiscales a la compra
leolo.blogspirit.com - 21 de mayo de 2009
 
y brotes verdes en otros asuntos ladrilliles

Acabo de ver a la Ministra de Vivienda en Antena 3 hablando de vivienda y economía. La mayor parte de las cosas que le he oído decir las suscribo sin problema alguno. Habla la Ministra del ramo de construir menos, rehabilitar más, favorecer el alquiler, propiciar la eficiencia energética del parque residencial ya existente, reducir la dependencia de nuestra economía del ladrillo (nuevo) y reconvertir el sector a base de inversión en I+D. Todo esto me parece muy acertado.

Ahora bien, hay un tema en el que me parece que la lógica patina un poco. Me refiero a las deducciones fiscales a la compra de vivienda, asunto del que hablaba hace poco en este blog. Dice la Ministra que las deducciones fiscales a la compra de vivienda acaban suponiendo un incremento del precio de la vivienda, la cual es menos accesible que sin deducciones. Afirma además que esto lo llevan años denunciando informes de todo tipo de organismo económicos internacionales. Hasta aquí todo bien. Pero ahora viene el salto mortal dialéctico. A partir del 2011 las deducciones se van a eliminar solo para las clases altas y se van a mantener para las clases medias y bajas. Reconozco que en este punto me pierdo.

Si las deducciones acaban suponiendo un incremento del precio de la vivienda, lo que hay que hacer es acabar con todas ellas para que bajen, en general, los precios de la vivienda. Si solo se eliminan para las clases altas asistiremos a un escenario en el que las viviendas normales (las que compran las clases medias y bajas) seguirán viendo incrementadas sus precios (al no retirarse las deducciones fiscales), las viviendas destinadas a las clases altas, al no tener deducciones fiscales podrían incluso bajar y el conjunto de la vivienda (en el que pesa mucho más la vivienda de las clases medias y bajas que la de las clases altas) seguirá teniendo un precio parecido, al menos en lo que al estímulo fiscal se refiere.

Para mí, todo esto es altamente incoherente. Si las deducciones a la compra de vivienda incrementan los precios de las mismas lo que hay que hacer es acabar con ellas. Lo que no tiene sentido es que decidamos que a las clases medias y bajas vamos a “beneficiarlas” a través de unos incentivos fiscales que encarecen el precio de sus viviendas. Lo que tampoco no tiene sentido es que a las clases altas las “castiguemos” con unas viviendas más baratas, a través de la eliminación de los incentivos fiscales a las subida de precios en este subsegmento del mercado.

¿Dónde reside el problema? Desde mi punto de vista, algunos partidos políticos no se sienten capacitados para explicarle a la ciudadanía que las deducciones fiscales a la compra de vivienda son malas para los compradores de vivienda, pues incrementan el precio de la misma. Una cosa es que los estudios económicos sean concluyentes (estos estímulos fiscales son inflacionistas) y otra muy diferente es que los partidos políticos sean capaces de hacer la pedagogía social necesaria para que la gente cuando le hablen de deducciones fiscales a la compra de vivienda se eche la mano al bolsillo. Creo que en el común de los ciudadanos sigue imperando la idea de que la deducción fiscal a la vivienda es una ayuda que le da el Estado, cuando en realidad está más que probado que son una ayuda a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de propietarios de suelo y promotores y a los Presupuestos de los Ayuntamientos.

Por cierto, la novedad que yo estimo más importante de todo este asunto es la única que los medios de comunicación no están ponderando: en España a partir del 2011 las clases medias y bajas se podrán tomar la misma deducción por compra que por alquiler, ergo la fiscalidad será neutra en relación a la decisión de compra o alquiler. Y aqui viene la parte mala, la neutralidad consistirá en que la fiscalidad íncrementará por igual el precio de las viviendas en compra y de los alquileres. Una jugada realmente maestra. En vez de eliminar las desgravaciones fiscales a la compra e introducir un incentivo fiscal al alquiler que lleve anexo el control públivo de los alquileres (en caso contrario, los alquileres privados y sin control también subirán), el Estado va a poner en pié de igualdad, es decir, igual de mal, la compra y el alquiler.

Para este viaje, quizás no hagan falta estas alforjas.

Por cierto, creo que el error del PSOE está desgraciadamente acompañado de un error de IU, ICV y ERC que exigen que las deducciones fiscales por compra de vivienda se mantengan para las rentas más humildes, que a partir de ahora en vivienda serán además de cornudas (ingresos modestos), apaleadas (mayores precios de vivienda por motivos fiscales).

Aunque, todo hay que decirlo, y quizás esto sea mucho más importante que lo anterior, IU e ICV en materia de vivienda han sacado amplia "tajada social" por su apoyo al gobierno. Estos dos partidos, con sus dos diputados, han conseguido que el PSOE se comprometa a lo siguiente (PSOE, IU, ICV y BNG votaron a favor; ERC se abstuvo):

- que los ingresos generados para Hacienda por la supresión parcial de las deducciones a la compra de vivienda a partir del 2011 se invierta en políticas públicas de vivienda protegida y alquiler público

- que se eleven los umbrales de inembargabilidad de renta en caso de ejecución hipotecaria (no serán embargables cantidades equivalentes al SMI, se entiende que como mínimo vital no embargable a los ejecutados hipotecarios)

- que se cree un Fondo de Garantía Hipotecaria para frenar los embargos por parte de entidades financieras de las viviendas habituales de familias en especiales dificultades económicas.

- y la puesta en marcha de un plan de 25.200 millones para la rehabilitación ecológica de edificios.

Ahora lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con estas resoluciones sobre la protección a los embargados, la vivienda y el alquiler públicos y la rehabilitación ecológica de edificios.

Tampoco estaría de más que la prensa 1.0 le prestara un poco de atención a todos estos temas, de capital importancia en el actual momento social y político español.

Pero quizás pedir que se hable de estas medidas en la prensa 1.0 y exigir al Gobierno que cumpla con estas resoluciones del Congreso sea pedirle peras al olmo.

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Trujillo: Y ahora... el mercado hipotecario español
elconfidencial.com - 17 de junio de 2009
 
Aún no está dicho todo sobre el sector inmobiliario. Me refiero al mercado hipotecario español. Cuando todavía no se han apagado los ecos sobre la reforma del IRPF en cuanto a la deducción por compra de vivienda habitual propuesta por el Presidente del Gobierno en el pasado Debate de Política General sobre el Estado de la Nación, aparece la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobando, parcialmente, una propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida -debatida en el Pleno de la Asamblea hace un par de semanas- sobre las garantías que deben cubrir los impagos hipotecarios por compra de vivienda.

En efecto, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida registró una Proposición no de Ley (la 32/2009), proponiendo que la Asamblea de Madrid instara al Gobierno Regional a que éste instara al Gobierno de la Nación a “la modificación de cuantas normas sean precisas a fin de imposibilitar que, consecuencia del impago de los créditos hipotecarios derivados de la adquisición de la vivienda habitual, el hipotecado deba responder con todos los bienes presentes y futuros caso de que, si subastado el bien que garantiza el crédito, no se cubra el mismo”. Casi nada. Izquierda Unida pretende darle la vuelta, como a un calcetín, al modelo hipotecario español.

Con esta iniciativa, este grupo también proponía, como medidas complementarias, la creación de mecanismos públicos de supervisión, control y regulación de las entidades bancarias que imposibiliten la sobrevaloración de las tasaciones de los bienes de garantía hipotecaria; la constitución de un Fondo de Garantía Hipotecaria, en el que estuvieran representados el Estado, las Comunidades Autónomas, la Federación de Municipios de España, las Asociaciones de Consumidores, organizaciones empresariales bancarias y financiera y sindicatos con una dotación inicial por parte del Gobierno de España de 500 millones de euros; y la regulación de un seguro de garantía de pago hipotecaria para la primera vivienda familiar.

Y no le faltaban argumentos para su defensa a IU. Tampoco un objeto para la presentación de esta iniciativa: paliar una de las consecuencias de la crisis económica “que golpea con especial virulencia a la clase trabajadora: el sobreendeudamiento familiar consecuencia del sistema hipotecario español (sic)”. Y también, reconocen, del aumento del desempleo. El aumento de la litigiosidad vinculada al sector inmobiliario está ahí. En varias ocasiones el CGPJ, por ejemplo, ha estimado un incremento sustancial de las acciones hipotecarias que los bancos llevarán a los juzgados españoles para pedir la subasta de pisos porque los propietarios no pueden hacer frente a sus obligaciones hipotecarias. Según este órgano, para 2009 se prevén más de 65.000 asuntos relativos a estas cuestiones. Y eso, que, según “la cultura de nuestro país”, la hipoteca es lo último que se deja de pagar.

Y ahora presenta IU esta iniciativa de reforma del modelo hipotecario. Ya no se trata de que los jóvenes no puedan acceder a una vivienda. El problema es más grave. Es que quienes compraron una vivienda -no sólo en los últimos años- no pueden pagarla porque se han quedado en paro o porque están sobreendeudados, entre otras circunstancias. Jóvenes, mayores, inmigrantes, inversores, promotores, etc. Y la maquinaria bancaria, es imparable, como la de la Justicia. Una vez que se pone en marcha puede resultar demoledora. La casa se la queda el banco. También es verdad que el banco era copropietario. ¿O alguien lo había olvidado o no lo sabía? Pero además de quedarte sin casa, puedes seguir teniendo deudas con el banco si tu casa valía menos que la hipoteca. Por no hablar de los avales y los avalistas. ¿Se quedarán sin sus casas?

Y es que nuestro modelo hipotecario es distinto al del mundo anglosajón. Y a Izquierda Unida no le convence el nuestro. Tampoco a muchos otros. El art. 105 de nuestra Ley Hipotecaria (y el art. 1911 del Código Civil)- como recuerda la Exposición de Motivos de esta Proposición no de Ley- dispone que, salvo pacto en contrario, la hipoteca no alterará la responsabilidad ilimitada del deudor. Es decir, que si el valor de la vivienda pasa a ser inferior al valor de la hipoteca el deudor no puede liberarse de la deuda entregando el inmueble a la entidad de crédito o dejando que ésta lo subaste. El deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros del exceso de deuda una vez subastado el inmueble. Es cierto que el art. 140 prevé también el pacto en contrario, pero este pacto no es habitual en España, al menos en los créditos hipotecarios de los últimos años. Si el banco que concede la hipoteca tiene toda la vida del deudor (y probablemente también la de sus herederos y avalistas, añadiría yo) para cobrar su deuda, el hecho de que el valor de las garantías se deprecie tiene una importancia sólo relativa para la entidad prestataria y graves consecuencias para el deudor en momentos de crisis económica. Si el modelo fuera otro, las sobrevaloraciones de las tasaciones de inmuebles las pagarían las entidades financieras y no las familias españolas. Como las subprime norteamericanas.

En el mundo anglosajón si el precio de la vivienda desciende por debajo del valor de la hipoteca, el deudor puede entregar la vivienda al banco y dar por cancelada la deuda pendiente de cobro. Es decir, la dación en pago de la vivienda hipotecada cancela la deuda hipotecaria. Esto se conoce, de forma muy gráfica, como el efecto sonajero, es decir, el tintineo que hacen las llaves al ser depositadas en el mostrador de la entidad financiera

Dos modelos distintos. En España, hemos modificado en varias ocasiones la legislación hipotecaria, dejando sin resolver los problemas que preocupan y sin conseguir la efectividad que se pretendía con su reforma. ¿Qué resultado ha tenido el abaratamiento de gastos en las cancelaciones, modificaciones y subrogaciones de los préstamos hipotecarios? ¿Y el control para las sociedades de tasación? ¿Y la innecesaria hipoteca inversa? Además, con la subida de los tipos de interés, las cuotas hipotecarias se incrementaron mes a mes. Pero con la bajada del precio del dinero y, consecuentemente, del EURIBOR, no ha pasado lo mismo. ¿Por qué? ¿Ha servido para algo la Ley 41/2007 de modificación del mercado hipotecario?

Como decía el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en una Proposición de Ley sobre medidas para proteger los intereses de los ciudadanos en el ámbito del mercado inmobiliario e hipotecario publicada en mayo del año pasado y todavía no debatida en el Congreso, la Ley 41/2007 no contiene los suficientes ni necesarios instrumentos para hacer frente al conjunto de situaciones problemáticas, sobretodo, respecto a aquellas que deberían proteger a los sectores sociales más desfavorecidos frente a las situaciones de insolvencia temporal, situaciones de paro transitorio, imposibilidad de atender a los incrementos de las cuotas hipotecarias y otras situaciones de endeudamiento, hasta llegar al último extremo de verse privadas de su vivienda después de haber destinado buena parte de sus ingresos familiares a pagos a cuenta, comisiones, honorarios, gastos innumerables y pago de cuotas con una nula o mínima recuperación del principal, que es decir tanto como haber vivido de alquiler, sin garantías y con un coste más elevado, sin posibilidad de recuperación alguna.

Pero algo hay que hacer. Ya en un artículo reciente escribí en relación con el sobreendeudamiento familiar y sobre los que nuestros colegas europeos -aunque también los norteamericanos- estaban haciendo. Para imitar.

Recientemente se ha debatido -y aprobado- en el Pleno del Congreso de los Diputados una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular sobre el establecimiento de mecanismos de apoyo en la mediación y arbitraje de soluciones para las familias sobreendeudadas en la negociación con las entidades bancarias. Hay otras muchas iniciativas, tanto en Pleno como en Comisión, que pretenden la reforma de nuestro modelo hipotecario desde distintas perspectivas.

Ahora se debate sobre ésta: la reforma del modelo hipotecario para impedir que, como consecuencia del impago de los créditos hipotecarios derivados de la compra de una vivienda el hipotecado deba responder con todos los bienes presentes y futuros en el caso de que, subastado el bien que garantiza el crédito, no se cubra la totalidad del mismo.

Y esto son palabras mayores. Las entidades financieras están blindadas en caso de que el propietario de una vivienda no pague las cuotas correspondientes. La legislación hipotecaria dispone que la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones del deudor y no alterará la responsabilidad personal ilimitada que establece el Código Civil que prevé que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros. Tampoco corre a cargo del banco que presta el dinero el riesgo de depreciación de los activos inmobiliarios. Este riesgo lo asume el propietario, que responderá con otros bienes ajenos a la vivienda. Y esto está pasando hoy en nuestro país. La casa vale menos que la hipoteca.

Ante esto, el Gobierno ha manifestado su escaso interés en cambiar la norma, puesto que “son las entidades financieras las que exigen las garantías”. Eso si, ya se preocupó que con el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/198, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, las familias españolas se sorprendieran mucho a la hora de revisar sus cuotas hipotecarias a la baja como consecuencia de la bajada del EURIBOR y no pudieran.

Mientras tanto, aquel efecto riqueza que para las familias españolas suponía la vivienda en propiedad y del que algunos hablaban se ha diluido y ahora la propiedad puede llegar a ser un problema de muchas familias para toda la vida. Algo hay que hacer. Y los Registradores y Notarios piensan lo mismo.

María Antonia Trujillo

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Penitentes por la hipoteca
lasprovincias.es - 24 de junio de 2009
 
 
La marcha de parados que salió de Valencia llega a Madrid tras diez días andando para pedir que se aplace el pago de las letras

Diez días de caminata y cerca de 400 kilómetros andados. La marcha de parados con hipoteca que salió desde Valencia el 16 de junio llegó ayer a Madrid. El objetivo está cumplido: entregar en el Congreso de los Diputados una petición para reclamar un aplazamiento de dos años en el pago de las hipotecas de los desempleados, para evitar así desahucios. La marcha la iniciaron una veintena de desempleados, en su mayoría inmigrantes, para llamar la atención sobre la situación de muchas familias hipotecadas que se enfrentan a desalojos, desahucios y a la subasta de sus viviendas al no poder hacer frente a los pagos. A la capital de España solo han llegado doce, según señala Edgar Constante, presidente de la Asociación Juan Montalvo, organizadora de la iniciativa. «Ha sido muy duro y algunos de los participantes se lesionaron, sufrieron ampollas en los pies o problemas musculares y muy a su pesar tuvieron que renunciar», explica Constante.

No obstante, los doce que finalmente lograron llegar a Madrid fueron recibidos por casi un centenar de personas de asociaciones de apoyo al inmigrante y por diputados del PSOE, PP e IU, así como por la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado. «El Gobierno ha entregado grandes cantidades de dinero a los bancos, pero los que verdaderamente están asfixiados son los parados que no pueden hacer frente a las letras», señala Constante. Por eso, en las reivindicaciones que entregaron a los diputados -y que formalizarán hoy por registro de entrada en el Congreso- la asociación reclama una moratoria de dos años, «un tiempo que permitiría a los afectados encontrar un empleo y evitar así el desahucio». Otra de las peticiones demanda la fiscalización de entidades bancarias, inmobiliarias, tasadores o notarios para que no se sobrevalore el precio de la vivienda. «No se puede permitir que los bancos se dediquen a montar inmobiliarias para seguir haciendo negocio ahora con los alquileres», denuncia Constante. También se pide que se controle el precio del suelo o que se delimite el endeudamiento al 30 por ciento de la capacidad de crédito de la persona y en un plazo máximo de 20 años.

Doce horas de caminar cada día, en los que han recibido el apoyo de los municipios que atravesaban «a excepción de un alcalde de un pueblo de Cuenca que se negó hasta a darnos agua», denuncia Constante.

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¿Derecho a la vivienda o a la especulación?
legaltoday.com - 12 de junio de 2009
 
 
El reconocimiento de cualquier derecho tiene unas implicaciones económicas anejas que si no se atienden conducen a que sea una burla política.

El derecho a la seguridad exige disponer de recursos públicos para mantener "gratuitamente" el orden ciudadano en la protección de los individuos y sus bienes. El derecho al voto, exige disponer de un orden electoral "gratuito" que impida el fraude en la construcción del censo y realización de los comicios, que acaban en la contabilidad del voto. También el derecho a la educación exige la disposición de unos recursos públicos para garantizar una enseñanza "gratuita" hasta la edad que cada país considere que alcanza el derecho individual.

Otros derechos, como el derecho a la vivienda, se reducen a que el que sea propietario de una o poseedor, a título de arrendatario o a cualquier otro, no pueda ser privado de él si no es de acuerdo con las leyes que, en principio, tienen que protegerlo. No hay, sin embargo, ninguna razón por la cual este derecho no se pueda ejercer con igual respaldo público que cualquiera de los anteriores salvo el desmesurado protección del derecho de propiedad que fomenta la especulación, incluso institucional, cuando su actividad debería ser la contraria.

El derecho a la vivienda lo es de uso. Si está suficientemente atendido no tiene por qué ser objeto ni de propiedad ni, en consecuencia, de herencia. Y su atención sólo exige una voluntad política de carácter social, la misma que condujo a la enseñanza "gratuita", a la sanidad "gratuita", a la seguridad "gratuita", es decir, previamente pagada de modo colectivo con nuestros impuestos.

Para algunos ha constituido un escándalo la declaración de algunos políticos que han dicho que "los ciudadanos tienen que darse cuenta de que si quieren más seguridad tendrán que pagársela", que es el colmo del "liberalismo insolidario". Ése fue el liberalismo por el que sólo unos pocos tenían acceso a la educación y a la justicia "porque se la podían pagar". Hoy felizmente, aunque sobreviven políticos con mentalidad del S. XIX, la mayoría, al menos, no se atreve a decir en alta voz lo que, sin embargo, si siguen pensando.

La reciente historia de la especulación del ladrillo ha sido consecuencia de una política, primero fomentada y luego consentida, de privatización de las plusvalías sociales consistente en la urbanización de terrenos rústicos y "concesión corrupta" de esos terrenos a unos pocos. Bastaba haber tenido unas ideas claras sobre el sentido social de la propiedad para que esto no hubiera ocurrido de lo que se hubiera deducido una gran prosperidad social para todos.

Reconociendo, sin más discusión, el derecho actual de propiedad de las tierras, incluido el derecho a dejarlas en herencia, se trata de un derecho de explotación agropecuaria. Cualquier otra actividad exige una autorización porque no está incluido en él. Sin embargo, sí está incluido el derecho a todo tipo de actividades relacionadas con la actividad agropecuaria, construcción de establos, bodegas, aprovechamientos lecheros, etc., por ser una ampliación del derecho primigenio, por el que, únicamente, se puede exigir el pago de las tasas correspondientes.

Frente al derecho de propiedad privado está el derecho social de la propiedad del resto de la humanidad, ¡nada menos que a 6.000 millones de personas menos una!. Es, pues, justa, la exigencia de que ese terreno produzca la riqueza que una explotación razonable permita. Tenerlo subexplotado o yermo, permite expropiarlo pagando lo que el terreno valga, según dice la CE.

Del desarrollo ciudadano e industrial surgió una sociedad necesitada de viviendas, servicios e industriales en zonas concentradas que, por falta de atención política aumenta su valor sin mérito del propietario, que no invirtió en generarlo. Se trata de una plusvalía generada por la sociedad en su conjunto que, por tanto, es la única legitimada para beneficiarse de ella. Proteger la apropiación de esas plusvalías sociales es proteger el enriquecimiento injusto. La riqueza procede de la declaración de zona urbanizable que es una opción a la corrupción, que genera no sólo un enriquecimiento injusto sino el empobrecimiento injusto de todas las víctimas, las que contribuyeron a generar esa riqueza al hacer más próspera una población.

Por ello es razonable el ejercicio del derecho de expropiación del terreno por parte de los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o del propio Estado. Ningún propietario resultaría perjudicado si recibe el justiprecio de su valor agropecuario, que es todo su derecho de propiedad.

En tales condiciones, las plusvalías existentes por las operaciones especulativas que se derivan de esta concepción antisocial de la propiedad no existirían, sino que revertirían en la colectividad al no gravar el precio real del terreno. Adquirido por la institución pública, procedería disponer de él en un sistema de explotación mediante un arrendamiento privado para una explotación concreta por plazos, por ej., de 5 o 10 años, mediante licitación pública.

Al ser menor el coste del terreno lo sería también el del arrendamiento, con notables ventajas. Así, se facilitaría la creación de empresas la reducir el monto de la inversión y de los gastos financieros. Por ello, aumentaría el monto de las tasas -lo que daría una financiación estable al Ayuntamiento - al resultar incentivada la creación de instalaciones industriales.

Como una aplicación industrial exige una inversión en equipos elevada, el arrendamiento podría ser por períodos más largos; en cualquier caso, su coste apenas gravaría las unidades producidas reduciendo el capital inicial que tuviera que desembolsar la Sociedad Industrial.

De este modo, cuando, como es normal, al crecer la ciudad alcanzara el cinturón industrial, sería prioritaria la construcción de viviendas sobre ese terreno. Bastaría avisar a la empresa con tiempo suficiente la no renovación del arrendamiento y, en su caso, facilitar uno nuevo en otro terreno situado en el nuevo cinturón industrial. La no propiedad del terreno no haría atractivo que las empresas multinacionales las cerraran provocando pérdidas ficticias durante un par de años para ejecutar el "pelotazo inmobiliario", como ocurre a veces

Este esquema de propiedad haría más accesible la vivienda mediante la licitación de explotación privada del alquiler de las viviendas, con límites en los valores de la renta adecuados a la inversión realizada y a los costes de mantenimiento y gestión. Así, los inquilinos de esas viviendas tendrían una mayor movilidad a medida que mejorara su situación salarial.

El menor coste del terreno repercutiría en el menor coste de la producción industrial y los servicios, abaratando el producto. Así resultaría menor el coste del alquiler de la vivienda, frente al pago del préstamo para su adquisición. Eso la haría realmente accesible a todo el mundo con un salario discreto. Además, nadie se vería obligado a endeudarse por toda la vida laboral, en un préstamo al que, por otra parte, no siempre tendría acceso. Este menor gasto mensual tendría su traslado a la menor exigencia salarial que, de nuevo, disminuiría el coste del producto fabricado por esos trabajadores creciendo así, otra vez, la productividad de las empresas y servicios.

La construcción de un exceso de viviendas con alquileres bajos facilitaría la movilidad laboral, sobre todo la estacional, equilibrando las zonas de trabajadores subsidiados y zonas con falta de trabajadores. Otra vez se reducirían los gastos de los PGE y crecería la renta.

Impidiendo el enriquecimiento injusto que producen estas plusvalías sociales cuando se apropia de ellas quien no tiene derecho a percibirlas, esta doble reducción del precio de producción crecería la competitividad a nivel internacional y nacional, Así aumentarían las exportaciones y la producción nacional y se frenarían las importaciones. Si a ello se sumara la técnicamente necesaria reducción de la jornada laboral, el precio aun disminuiría más.

Ello produciría una nueva mejora de la balanza de pagos y un aumento de la producción, que repercutiría en el aumento del empleo, incrementando la espiral de desarrollo: aumento de los PGE, mayor recaudación de IVA, IRPF, SS y menos prestaciones por desempleo. Se evitaría la corrupción política: quien quita la ocasión, quita el pecado

En cuanto a los actuales propietarios, seguirían como hasta ahora. Porque no se trata de hacer una revolución desposeyendo a nadie de sus derechos, sino de plantear su actualización. Al aumentar la magnitud del mercado del alquiler, porque ya no se harían más viviendas en propiedad, se produciría una contención de su precio, y sería un mercado paralelo que, en términos porcentuales iría significando cada vez menos dentro de todo el conjunto inmobiliario.

Invertir en este proyecto los millones que ahora se le dan a los bancos sería lo correcto. El dinero público llegaría a los bancos a través de las personas; al revés no llega nunca.

Pero el Presidente del Gobierno ¿socialista? ha preferido la solución capitalista y especulativa: la compra de la vivienda favorece más a los especuladores que a los ciudadanos.

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Cooperadores necesarios
gaceta.es - 17 de junio de 2009
 
 
Los precios del suelo comenzaron a subir en una espiral que parecía no tener fin.

Si analizamos el origen de nuestra particular crisis, acentuada por el derrumbe del sector inmobiliario, tendríamos que remontarnos a gobiernos anteriores, que pusieron como base del crecimiento de nuestra economía la construcción y la habilitación de espacios para construir en los diferentes pueblos y ciudades mediante las oportunas actuaciones urbanísticas, con lo que nuestros gobernantes pensaron haber encontrado la piedra filosofal, dado el efecto dinamizador que para nuestra economía siempre ha tenido la construcción.

A esto se sumarían una serie de circunstancias que posibilitaron el descenso de los intereses hipotecarios y los bancos y cajas se lanzaron a una carrera desbocada para ver quién prestaba más dinero, al tipo más bajo y al mayor plazo posible. Como consecuencia, los precios del suelo y por ende, de lo edificado, comenzaron a subir en una espiral que parecía no tener fin, mientras que los municipios seguían recalificando suelo para distintos usos, con lo que se ampliaban las posibilidades de edificar. Todo ello llevó a una especie de sugestión colectiva según la cual todos éramos ricos, pues nuestro piso, que hacía unos años había costado X, ahora había triplicado su valor, si no más, lo que hizo que mucha gente se lanzara por la vía de la especulación inmobiliaria y muchos otros a cambiar de vivienda.

Aquí ya vino la primera falacia del sistema, este incremento de riqueza se podría predicar de aquel que tuviera uno, dos… inmuebles pagados, vacíos, libres de cargas, ya que los podría enajenar y obtener un importante beneficio económico, del que descontar los correspondientes tributos (algo que parece siempre olvidarse). Pero para la mayoría de la gente, lo que había incrementado considerablemente de valor era su vivienda habitual, con lo que si la vendían normalmente comprarían otra mejor, pero también mucho más cara, por lo que el préstamo hipotecario al que habrían de hacer frente sería mucho mayor del que actualmente estaban pagando o habían acabado de pagar.

La segunda falacia vino del hecho de que se acostumbró a la gente a comprar propiedades inmobiliarias sin tener un euro ahorrado a tal fin e hipotecando todo el valor del bien adquirido dado el bajo coste mensual de la cuota a pagar y que las entidades daban con exceso por encima del 80% del valor de “tasación ajustado” que exige la Ley del Mercado Hipotecario, pero olvidando aparentemente que los tipos de interés podían subir y que la cuota que podían pagar muchas familias a un tipo inusualmente bajo estaba en el límite de su capacidad de ahorro.

La tercera falacia y derrumbe del sistema vino porque, además de lo anterior, algunas entidades bancarias y crediticias empezaron a arriesgar más de lo aconsejable al conceder préstamos a personas que pedían más de lo que realmente necesitaban o podían pagar, estimuladas por la facilidad del crédito. La codicia parece que se adueñó de dichas entidades y de las administraciones públicas relacionadas con el hecho urbanístico, quienes veían como se multiplicaban las cuentas de resultado de aquéllas y los ingresos de éstas por la vía de impuestos y tasas, lo que duró hasta que cambiaron las condiciones económicas. Cabría preguntarse: ¿Es que ninguna autoridad se dio cuenta de a dónde nos llevaba esa política?; ¿por qué no se puso orden en el mercado exigiendo el riguroso cumplimiento de la ley, lo que nos habría evitado la situación desesperada que tenemos?; ¿por qué los españoles tenemos que pagar la codicia e imprevisión de las entidades que no supieron o quisieron hacer bien su trabajo?; ¿por qué no se obliga a estas mismas entidades que con su conducta imprudente cooperaron a crear el desaguisado en que nos encontramos y ahora son culpables de agrandarlo, cerrando a las familias el crédito y a las pymes las pólizas de crédito y las líneas de descuento, a aplicar las ayudas estatales a estos fines necesarios de la economía real?; ¿acaso tampoco va a intervenir la autoridad monetaria ahora?

Evidentemente, España sigue siendo diferente, pero convendría tener en cuenta que, como decía Lucio Tarquino Colatino, “quien aplica mal la ley no es mejor que el culpable”.

Vicente J. García-Hinojal es jurista.

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Depresión inmobiliaria
El País - 04 de junio de 2009
 
 
El mercado de la vivienda, el pilar más firme del crecimiento de la economía española entre 1998 y 2007, está sufriendo un ajuste sin precedentes en la historia económica española que, según casi todas las evidencias disponibles, se prolongará al menos hasta mediados o finales de 2012. La persistencia de esta crisis se explica por el descomunal exceso de oferta de vivienda, acumulada durante la burbuja inmobiliaria, calculado en 1,2 millones de pisos sin vender que pesan como el plomo sobre las alas de constructoras, inmobiliarias y, ahora, de los bancos que han tenido que hacerse cargo de muchos de ellos para compensar los impagados.

Una de las condiciones de la recuperación económica es que el mercado absorba esos pisos. Pero para que el stock de viviendas comience a venderse parece necesario que se produzca un descenso de los precios, de forma que se equilibre de nuevo la relación entre oferta y demanda. Los informes recientes prevén para 2009 una caída de los precios del 10% y una más acusada del 12% en 2010. Cuanto más rápida y profunda sea esa caída, antes se recuperará la actividad inmobiliaria. Por eso son desaconsejables las subvenciones y apoyos públicos a promotoras y constructoras; y por eso el Gobierno debería moderar de momento sus planes entusiastas de construcción de viviendas protegidas.

Pero también es necesario que se recupere la actividad económica, de forma que el aumento de la renta permita a los potenciales compradores considerar la opción de comprar un piso. No hay expectativas de recuperación significativa de las rentas a corto plazo. Y las rebajas del coste del dinero no son suficiente estímulo para impulsar en estos momentos decisiones de inversión muy costosas para las familias.

La decisión del Gobierno de eliminar la deducción en el IRPF por compra de vivienda a partir de 2011 es acertada, puesto que estabiliza los precios a medio plazo, previene los factores que pueden favorecer una nueva burbuja inmobiliaria y constituye un acicate eficaz para que se avance en la venta de las viviendas sin salida. Pero para que esa decisión surta efecto debe aplicarse con rapidez y sin componendas. Es de temer que las presiones políticas de algunos socios parlamentarios potenciales del Gobierno consigan mantener la desgravación fiscal para franjas de renta superiores a los 18.000 euros anuales -el límite inicial fijado por el Ejecutivo-, con lo cual se perderían los dos efectos económicos mencionados y se prolongaría innecesariamente la crisis de la vivienda.

Las promesas de Rodríguez Zapatero sobre un nuevo patrón de crecimiento, más productivo y con mejor calidad de empleo, deben reservarse para el medio plazo; y es muy saludable aumentar las inversiones en educación y tecnología. Se ha perdido una legislatura y media por no haber tomado en su día esas decisiones de inversión. Pero a corto plazo, la vivienda y el turismo siguen siendo las paredes maestras del PIB. Eso debería estar tan claro como el cambio de patrón económico.

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El país que se toma la crisis a broma
El País - 28 de junio de 2009
 
 
En un país como España cuesta sobremanera tomarse en serio la actual crisis económica, no digamos las políticas encaminadas a combatirla, sean la del Gobierno o la de la oposición, aunque la de esta última ni siquiera sepamos en qué consiste. Lo cierto es que no se habla de otra cosa desde hace diez meses y sin embargo, en conjunto, nada cambia ni se prevé que lo haga. Claro que hay muchos más parados, y que a bastantes se les están ya acabando las ayudas al desempleo y se ignora qué será de ellos. Pueden añadir las dificultades de numerosas empresas, el previsto desmoronamiento de las inmobiliarias salvajes (contra cuyos abusos no hizo nada ningún político, pese a las incontables advertencias de quienes no somos políticos ni economistas, era una cuestión de mero sentido común), la falta de escrúpulos de la banca y lo que ustedes prefieran. Pero no hay manera de tomarse en serio esta crisis cuando yo me siento a escribir esta pieza el jueves 11 de junio y resulta que en mi Comunidad vuelve a ser fiesta, lo cual invitará a muchos ciudadanos a tomarse libre mañana, viernes –es decir, a hacer puente–, y a no reincorporarse a sus tareas hasta el lunes 15. Esto no es algo excepcional, sino la norma. En Madrid, en menos de tres meses, fue festivo el 19 de marzo, jueves, con el consiguiente puente hasta el lunes 23; a continuación, el viernes 3 de abril se inició la “operación salida” de Semana Santa, la cual terminó aquí el lunes 13, pero en muchas zonas del país el martes 14; el viernes y sábado 1 y 2 de mayo volvieron a ser fiesta, y de nuevo lo fue el viernes 15 de mayo, San Isidro; y, como si todo esto no bastara, hoy otra vez, Corpus Christi (?). Esto significa que entre el 15 de marzo y el 15 de junio, han sido más o menos inhábiles 39 fechas, contando sábados, domingos y la Semana Santa entera (pero no el Lunes de Pascua). O, lo que es lo mismo, el 43% de los días, cerca de la mitad de los transcurridos.

¿Es esto serio? ¿Es aconsejable? ¿Es propio de una sociedad inmersa, según se nos repite a diario con cabellos mesados y vestiduras rasgadas, en la más grave emergencia económica desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Tiene algún sentido que la producción y la actividad se interrumpan a lo bestia, cada dos por tres? (Y ya verán cómo en verano ninguna población suspende sus jornadas de holganza y ruido llamadas “fiestas patronales”.) Entre las medidas contra la famosa crisis, ¿cómo es que ni a un solo político se le ha ocurrido revisar el disparatado calendario y alterarlo temporalmente? (Confesaré al instante, para los suspicaces, que, al ser yo autónomo, lo normal es que trabaje todos los días, sábados, domingos y Semanas Santas incluidos, cuando me lo permiten las procesiones de los desocupados.)

Tampoco ayuda a tomársela en serio saber que mucha gente que gana al mes 1.500 euros de media está acudiendo a Cáritas a pedir comida porque necesita el dinero para pagar la hipoteca y las letras del coche. Y uno se pregunta quién diablos obliga a nadie a tener un piso en propiedad o a poseer un coche, o quién lo ha convencido de que esas dos cosas se cuentan entre las necesidades básicas e irrenunciables. Igualmente, cada vez que alguien va al paro y sale en televisión contando la miserable situación en que se queda, no suele dolerse de la falta de dinero para comer, o para vestir a sus hijos y llevarlos a la escuela, o para pagar la luz y el agua, sino que, machaconamente, se lamenta de las dificultades que lo aguardan para cumplir con la hipoteca y con los plazos del automóvil. Y vuelvo a preguntarme quién lo obligó a meterse en la adquisición de tales bienes prescindibles. Bueno, los bancos, que ahora escatiman los créditos, fueron los grandes tentadores hasta hace cuatro días, desde luego, pero no obligaban. (También para los suspicaces, me apresuro a decir que vivo en régimen de alquiler y que jamás he tenido coche.)

La morosidad se ha multiplicado en los últimos años, mucho antes de la crisis. ¿Qué clase de sociedad es esta en la que se considera normal vivir permanentemente por encima de las propias posibilidades, y solicitar créditos no para lo esencial ni para lo excepcional, sino para cualquier chuminada o capricho, para celebrar por todo lo alto la comunión de la niña, como si fuera una miniboda, o irse de vacaciones no aquí cerca, sino a Cancún o a Bali? Parece haber, además, una absoluta incapacidad para bajar de las nubes. ¿Cómo voy a renunciar a esto y aquello, si ya lo he tenido?, piensa casi todo el mundo, y, con el habitual espíritu pueril de nuestra época, se vuelve hacia el Estado, como si fuera el progenitor, para que ponga remedio a sus frustraciones particulares. Y el Estado, pusilánime e imbecilizado, da ayudas para que la gente siga comprándose coches (sólo de lujo y contaminantes, si se trata de esperanzaguirreños) y continúa manteniendo todos los improductivos y demenciales puentes que jalonan nuestro calendario. ¿Cómo pretenden los políticos, los economistas, los banqueros, los empresarios y los sindicatos que nos los tomemos en serio?

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Patéticamente inofensivos
Analitica.com - 11 de junio de 2009
 
 
“La pobreza no es natural. La crean los seres humanos. Vencer la pobreza no es caridad; es justicia, es proteger un derecho fundamental: el derecho a la dignidad, a una vida digna”. Nos lo dijo Nelson Mandela. Y el profesor Juan Torres sostiene que “la pobreza no es una desgracia. El hambre no es un desastre. La pobreza y el hambre son una infamia, un verdadero crimen organizado”. Estamos en crisis. La crisis ha aumentado en varias docenas de millones el número de pobres y hambrientos. Casi sesenta millones más. Pero además de la mitad de población mundial que apenas sobrevive con uno o dos dólares diarios, que no sabe si comerá, que no tiene agua potable…, la crisis ha incrementado en casi todos los países el paro, precariedad laboral, desahucios por impago de hipotecas, inseguridad social y económica… No parece perdonar a nadie.

Cojamos el caso de España, miembro de la OCDE, el club de los treinta países más desarrollados del planeta. La crisis la ha castigado con un desempleo del 14%, casi cuatro millones de parados.

Sin embargo, lo grave de la situación española (como de otros países) es que los problemas vienen de más lejos, incluso de cuando creían atar los perros con longanizas, porque el país crecía año tras año.

Según la Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística de España, en 2006 el sueldo medio en el país era de 19.680 € al año (unos 29.000 $ anuales). Pero en 2002, cuatro años antes, era algo mayor: 19.802 € (casi 30.000 $).

Con un crecimiento económico incesante en España los sueldos fueron a menos. En realidad bajaron mucho más, si tenemos en cuenta el impacto real de la inflación en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Y si hablamos de salarios reales y no medios, la mitad de los españoles ganaba menos de 15.760 € al año (unos 18.000 $ anuales).

Antes de la crisis, los sueldos caían aún con prosperidad económica. ¿Cómo es posible? Porque la riqueza de esos años fue sobre todo para el capital, los capitalistas, los empresarios.

Pobreza en aumento, desigualdad insultante, más hambre, rebajas salariales, mayor inseguridad de los trabajadores… Pero casi nadie protesta. Nada parece capaz de hacer salir a la calle a la gente en masa para exigir que se respeten sus derechos.

Antes de la crisis, el precio de las viviendas se puso por las nubes. En Madrid, la inmensa mayoría de personas jóvenes se veían obligadas a compartir piso por el elevado precio de ventas y alquileres de los apartamentos, así como por los reducidos salarios de los jóvenes, aunque fueran licenciados universitarios. Un grupo inició un movimiento reivindicando viviendas dignas a precios asequibles y convocó a los jóvenes a protestar, a exigir viviendas a su alcance. En Madrid cuando concentraron más jóvenes en una protesta apenas pasaron del millar. Pero cuando el alcalde prohibió la bebida pública de alcohol, el llamado “botellón” (comprar bebidas alcohólicas en supermercados y consumirlas en grupo en plazas y calles), hubo auténticas batallas campales con la policía hasta altas horas de la madrugada.

Mahatma Gandhi nos decía que “lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Y Luther King afinaba que “no me duelen los actos de la gente mala; me duele la indiferencia de la gente buena”.

El atleta discapacitado Oscar Pistorius, joven corredor sin piernas, pero sí con una especie de flejes que las sustituyen, arremete contra esa necedad de que en competición solo hay un vencedor y todos los demás son perdedores: “Perdedor no es el que corre y queda segundo, sino el que ni siquiera se atreve a correr”.

Y da la impresión de que ante esta crisis, ante el aumento de la pobreza y la desigualdad, ante la impunidad de los responsables de la misma, que además reciben multimillonarias ayudas, la mayoría de las gentes no quiere correr.

Eso nos convierte en inofensivos. Y el pronóstico cierto es que así no saldremos de la crisis ni resolveremos los problemas que nos aquejan. No si cedemos.

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¿Cuándo estallarán las calles?
cotizalia.com - 05 de junio de 2009
 
Tarde o temprano, en Europa habrá una crisis social. Inevitable y dramática. Lo piensan y temen la mayoría de los gobiernos de la UE, aunque callan. Lo ha dicho, serena pero claramente, Jean Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo, presidente del Eurogrupo y una de las cabezas más lúcidas del panorama europeo: "La recesión va a llevar a los ciudadanos a unos niveles de desesperación desconocidos. Habrá una crisis de empleo en toda Europa y una fuerte inestabilidad social”. Juncker pronunciaba estas palabras este lunes ante sus compañeros del Ecofin (ministros de finanzas de la UE), quienes se aferran desesperados a esas tímidas señales de relanzamiento que se apuntan, si todo va bien, para principios del 2010 y no para todos los países de la Unión.

Y, entretanto, ¿qué? ¿Saldrán los ciudadanos masivamente a la calle a asaltar la Bastilla? ¿Empezarán los asaltos a tiendas y supermercados cuando a la gente se les acaben las ayudas para el desempleo? ¿Se copiará en otros países el modelo francés de secuestrar a los empresarios para forzarles a pagar salarios atrasados o a no firmar EREs? ¿Hasta qué punto Gobiernos como el español pueden confiar en el apoyo de las familias y los amigos como sucursales alternativas y/o complementarias de las Oficinas de Empleo? El potencial de violencia, de frustración y de desesperanza ciega existe, y se ha visto, por ejemplo, aquí en Berlín el pasado 1 de mayo con las peores y más brutales manifestaciones a las que ha tenido que hacer frente una policía habituada año tras año a este tipo de altercados.

Las elecciones europeas, unas primarias para los gobiernos de la UE

En este clima preapocalíptico los líderes europeos tampoco atraviesan sus momentos mejores. Sarkozy celebraba ayer sus dos años en el Elíseo con un balance mediano: dos de cada tres franceses se muestra decepcionado con él. Entre el 60 y el 80% de los ciudadanos creen que el presidente francés es dinámico, valiente y que toma iniciativas, pero casi esa misma proporción de personas opina que no escucha, que no está en contacto con la calle y que no cumple lo que promete. Gordon Brown en Gran Bretaña es un cadáver andante a quien le tienen preparado ya el entierro tras las elecciones locales y europeas previstas para el 4 de junio, que para él serán la puntilla. Aquí en Alemania la Gran Coalición -a cuatro meses de las elecciones generales- asimila y torea como puede el crecimiento negativo del 6% que va a tener la economía germana a lo largo de este año y oculta las cifras de paro reales (en torno al 9%) aplicando de una manera extensiva la reducción de la jornada laboral. Italia vive al margen de la realidad, al parecer, interesada sobre todo por el divorcio de un patético viejo verde.

Las elecciones al Parlamento Europeo van a ser una muestra palpable de la profunda desconfianza de los ciudadanos en sus políticos y en las instituciones europeas. Pero, más allá de la previsible altísima abstención, está la terrible sensación entre los ciudadanos de que ningún político tiene claro cómo salir de ésta. Peor aún, ¿qué van a hacer los políticos europeos con esos 8,5 millones de parados que va haber en nuestro continente? ¿Qué alternativas existen sobre la mesa? Aquí, en Alemania, el sociólogo Klaus Dörre advierte en el semanario Die Zeit: “El umbral de la violencia está descendiendo... La rabia está ahí. Lo que ocurre es que todavía no ha encontrado una salida”.

Ningún político europeo, a excepción de Jean Claude Juncker, ha tenido la vergüenza torera de llamar a las cosas por su nombre. Habría que admitir que hemos creado y aceptado casi como irremediable una sociedad en la que había sólo vencedores y vencidos. Toda la vida estaba orientada a la ganancia, no importaba a qué precio. A los jóvenes se les ha condenado a tener, en el mejor de los casos, sólo empleos precarios. Las clases medias temen por su supervivencia más que nunca. El malestar está generando no sólo el descrédito de la clase política sino populismos y aumento de los extremismos. También del antisemitismo, reflejado en España con el último insulto al embajador israelí en el Bernabéu: “perro judío”.

La pregunta, ahora, es, simplemente, cuándo estallarán las calles en Europa.

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Economía y laboral
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA YA DESCIENDE MÁS DEL 10%
El País - 30 de junio de 2009
 
en cuatro comunidades. El INE informa de que por primera vez los pisos nuevos también pierden valor

Primero fue el aterrizaje suave, en el que se suponía que el valor de la vivienda se iba a estabilizar. Después, la caída moderada. Pero el primer trimestre de este año ha inaugurado la época en la que los precios desfilan sin miedo hacia abajo. No hay noticias de cuándo van a parar. Uno de cada tres españoles vive en una comunidad autónoma en la que los pisos se han abaratado más del 10% en el último año. Y todos los indicios apuntan a que lo que ya ocurre en Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra es una avanzadilla de lo que le espera al resto de España.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó ayer del mayor descenso de los precios del que tienen constancia los registros españoles: la vivienda a finales de marzo era un 7,6% más barata que un año antes, porcentaje algo superior al 6,8% que daba para el mismo periodo el Ministerio de Vivienda, que se basa en los datos que le proporcionan los tasadores.

"El ritmo de caída todavía es lento. No es comparable con lo sucedido en países como Reino Unido o Estados Unidos, donde los precios han bajado más del 35% desde la cima hasta el suelo. Creo que aún queda mucho recorrido a la baja", sostiene el estadístico y ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez.

Esta opinión entronca con la de distintos organismos y servicios de estudios, como el del BBVA o el Fondo Monetario Internacional, que cuantifican en un 30% el ajuste en los precios necesario para que llegue la ansiada recuperación del mercado inmobiliario. Y, de hacer caso a los datos del INE, hasta ahora el ajuste desde el momento álgido del boom se queda en un tímido 7,6%. El exceso de oferta de casas y la demanda congelada por las malas perspectivas económicas sólo pueden tener un efecto sobre los precios: tirar hacia abajo.

Los empresarios del sector sostienen, sin embargo, otro punto de vista. Pedro Pérez, presidente del lobby que aglutina a las mayores promotoras, el G-14, considera que aunque la tendencia a la baja va a continuar, lo hará con menos fuerza. Por ello "vuelve a ser interesante ser activo en la búsqueda de una vivienda", afirmó ayer. El representante de los intereses de los constructores añadió que los posibles compradores deberán elegir entre "aprovechar ahora, que hay una oferta abundante, o bien esperar a que haya un descenso adicional en el precio, que tampoco será significativo, y elegir entre menos opciones". Paloma Taltavull, de la Universidad de Alicante, también cree que los precios no van a caer mucho más de lo que ya han hecho.

Aunque son las comunidades más industrializadas donde el ajuste está siendo más severo, éste es el segundo trimestre consecutivo en el que no hay ninguna que se libre de las caídas de precios. Las que más resisten son Melilla, Galicia, Murcia y Asturias, todas ellas con descensos por debajo del 2%.

El INE no sólo refleja el abaratamiento general del ladrillo. También diferencia claramente entre la segunda mano -que se desploma, con una caída del 12,5%- y la vivienda nueva, que mantiene el tipo con un -2%. Sin embargo, éste es el primer descenso anual de la primera mano. La disparidad en la evolución de estos dos mercados obedece a que los bancos y cajas están siendo menos restrictivos en la concesión de créditos para viviendas nuevas que para usadas. En el primer caso, las entidades se limitan a subrogar una hipoteca ya concedida al promotor, mientras que en la segunda mano se lo piensan más porque tienen que dar un nuevo préstamo.

Los datos del INE se basan en escrituras formalizadas, por lo que reflejan más fielmente lo que ocurre en el mercado de segunda mano, donde las operaciones se cierran más rápidamente. Por el contrario, las transacciones tardan más en la vivienda nueva, por lo que el INE refleja el precio acordado en el momento en que se pactó la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que el descenso del 2% en los pisos nuevos se queda corto respecto a lo que hoy mismo está ocurriendo en la calle.

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MÁS DE 90.000 HIPOTECAS SUPERAN YA EL VALOR DE LAS VIVIENDAS
CincoDías.com - 01 de junio de 2009
 
 
La rebaja de precios perjudica al 11% de la cartera de nuevos créditos.

Primero fue el debate sobre la eliminación de la deducción fiscal por compra de vivienda para las rentas medias y altas y ahora la discusión se centra en si es conveniente o no reformar la Ley Hipotecaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acaba de lanzar la propuesta, recogida por IU, de modificar la normativa de forma que cuando una familia no pueda hacer frente al pago de su hipoteca y el valor del inmueble no cubra la deuda pendiente, el proceso quede resuelto con la venta del piso. Se pretende evitar una de las premisas en las que está basado el mercado hipotecario español: en caso de patrimonio inmobiliario neto negativo (el valor de la vivienda/activo es inferior al importe de la hipoteca/pasivo), "el deudor debe responder con el resto de sus bienes presentes y futuros".

Pero, ¿cuántos préstamos están hoy en esa situación? La cifra exacta sólo la conocen los bancos y aquélla referida a sus carteras, pero con las estadísticas disponibles es posible realizar una aproximación. El Banco de España ha empezado este año a publicar la composición de la cartera hipotecaria atendiendo a cuántos créditos se conceden por encima del 80% del valor de tasación del inmueble.

La primera serie disponible estima que 2008 cerró con un 11% de las nuevas hipotecas firmadas con esa relación préstamo/valor, o lo que es lo mismo, 91.856 préstamos del total de 835.056 operaciones que se suscribieron durante el año pasado, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Fuentes del Banco de España explican que con la información que obtienen de las entidades financieras y de las escrituras de compraventa no es posible obtener datos más precisos, como por ejemplo cuántos créditos se concedieron por un importe igual al 100% del valor de tasación o superior al 90%.

En cualquier caso, todas las hipotecas que superen en la actualidad ese 80% se encuentran en situación de alto riesgo de que puedan acabar por encima del valor real de la vivienda, al descender éste, según los criterios del organismo supervisor.

Mercado bajista

Si hoy se quisiera vender uno de esos pisos, su propietario ha de recordar que, según la estadística que elabora el Ministerio de Vivienda, los precios descendieron un promedio del 6,8% anual hasta marzo pasado. Los promotores y otros estudios privados hablan de rebajas de mucha mayor cuantía y cada vez son más los expertos que pronostican que a finales de 2010 las casas se habrán abaratado entre un 20% y un 30% adicional.

Al principio del crédito la mayor parte de la cuota mensual se dedica al pago de los intereses. Por ello, si una familia decide vender su vivienda ahora porque no puede pagarla y su crédito apuró ese margen de más del 80% del valor de tasación (el conocido en inglés loan to value), aunque la venda en pocos meses, que con un mercado bajista no es lo habitual; no podrá cancelar toda su deuda, ya que el precio obtenido estará por debajo. Se trata de lo que los economistas califican como la quiebra técnica de las familias. Por tanto, si las previsiones de precios se cumplen, cada vez habrá más hipotecas a punto de superar el valor de tasación de sus casas.

Esos cerca de 100.000 préstamos son los más problemáticos de los suscritos sólo en 2008, pero podrían ser muchos más si se tienen en cuenta más ejercicios anteriores, cuando la banca otorgaba hasta un 18% de las hipotecas con esos elevados loan to value.

Pero esta situación no sólo es grave en caso de impago. También lo es por la percepción de pérdida de riqueza que tienen en estos momentos los hogares. Si durante el boom inmobiliario numerosas familias pudieron financiar parte de su consumo con hipotecas suscritas sobre la parte de su casa que ya estaba pagada, puesto que esa cifra aumentaba con rapidez al calor de subidas de precios de más del 10% al año; ahora el efecto es justo el contrario.

Como los precios caen, el patrimonio de los hogares desciende y eso retrasa las decisiones de consumo e inversión (por ejemplo cambio de vivienda) hasta que la coyuntura mejore. Aún así, las familias contratan su hipoteca en promedio por el 60,6% del valor de tasación, a salvo por ahora de los efectos del crac del ladrillo.

Limitar la garantía de pago hipotecario al piso no gusta

La propuesta planteada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de limitar la garantía de pago hipotecario a la vivienda no ha gustado a casi nadie. Sin embargo, no ha quedado en un mero planteamiento en voz alta, ya que ha tenido su plasmación en forma de proposición no de ley aprobada por la Asamblea regional a iniciativa de Izquierda Unida.

Desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputado se ha optado, por el momento, por no valorar la iniciativa: "no vamos a pronunciarnos ni a favor ni en contra", aseguran. Y es que conocer si el PP nacional respalda la opinión de Aguirre en un asunto tan delicado como éste no es baladí.

Dada la actual debilidad parlamentaria del PSOE, si los populares recabaran los apoyos necesarios, podrían lograr que la Cámara Baja aprobara una resolución como la del parlamento madrileño instando al Gobierno central a que modifique la ley hipotecaria. Bancos y cajas se han pronunciado a través de la Asociación Hipotecaria (AHE). Cualquier reforma del sistema de garantías actual rompe las bases del mercado hipotecario, lo que provocaría un encarecimiento de los nuevos préstamos. "Las entidades no podrían ofrecer hipotecas con importes del 80% del valor de tasación ni plazos de 40 años", señalan en la AHE.

Además, afirmar que en EE UU con entregar el piso al banco queda saldada la deuda no es cierto, ya que como recuerdan los registradores, si la entidad lo cree oportuno, puede perseguir al deudor reclamando el resto de su patrimonio presente y futuro, el problema es que allí litigar sobre esta materia es muy caro.

El 'no' de Salgado

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha sido una de las más críticas ante la polémica suscitada y ha recomendado a Esperanza Aguirre que "haga propuestas constructivas y posibles" al reclamar la modificación de la ley hipotecaria.

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EL FROB O EL RESCATE DE LA CASTA POLÍTICA
elconfidencial.com - 29 de junio de 2009
 
 
Cuando en agosto 2007, Trichet convocó a los banqueros centrales de la eurozona para ver cómo se afrontaba la paralización del crédito interbancario, Fernández Ordóñez, pese a la gravedad de la situación, no interrumpió sus vacaciones. Convertido en el gran negacionista de la crisis junto con Solbes y Zapatero, jugaría un papel esencial en la reelección del presidente falseando las cifras de crecimiento del cuarto trimestre 2007, publicadas dos semanas antes de las elecciones generales, para demostrar que la economía española iba viento en popa y que no había ninguna crisis. Pero esta cadena de despropósitos, que aún no ha terminado, y que está llevando a un despilfarro gigantesco de recursos públicos, asignados a ciegas sin orden ni concierto, y puede acabar en un desastre financiero sin precedentes, empezaría mucho antes.

En 2007, el Banco de España, aparte del lamentable incidente de la venta a Rusia de 133 toneladas de oro de nuestras reservas cuando sus precios se encontraban en plena subida, lo que provocaría el pitorreo generalizado en los mercados, pudo haber evitado lo peor de la crisis con solo haber cumplido con sus obligaciones y, en concreto, con la exigencia del cumplimiento estricto de la normativa derivada de Basilea II en las operaciones de crédito, obligando a adaptar préstamos e hipotecas a los recursos propios disponibles, en lugar permitir a las entidades financieras endeudarse en la mayor cifra del planeta en términos de PIB, y además, en el colmo del dislate, permitiendo endeudarse a corto para prestar a largo sin garantías medianamente sólidas. Si el Banco de España hubiera cumplido con su obligación, la burbuja inmobiliaria se habría desinflado gradualmente y la crisis nunca habría alcanzado ni la velocidad de deterioro ni la profundidad actual, y cuyo fondo estamos muy lejos de haber tocado.

Pero el problema que nos amenaza ahora es la situación del sistema financiero, del que lo único que sabemos con certeza es que, de estar obligado a funcionar con las mismas reglas de transparencia y rigor que en los países anglosajones, estaría quebrado en más de un 50%, con sólo tres entidades sobre cuya solvencia existe certeza plena, y que mientras no se restablezca el flujo de crédito al sector real, la salida de la crisis es imposible. Con un año más, 2009, perdido ya a todos los efectos, tenemos por delante un verdadero annus horribilis 2010, en el que confluirán el fin de los planes de reactivación, un déficit y una deuda publicas inasumibles, un paro de más de cinco millones de personas, dos millones de las cuales estarán tiradas en la cuneta, sin prestación ni subvención alguna, una subida brutal de impuestos y de tarifas de servicios esenciales, y una crisis de más de la mitad del sistema financiero, que hará imposible la recuperación del crédito en un futuro previsible.

Dentro del cúmulo de consecuencias, entre negativas y desastrosas, derivadas del retraso del Gobierno en el reconocimiento de la crisis, y de la adopción después, de “las medidas de reactivación más ineficaces del mundo desarrollado” en palabras del FMI, destaca el comportamiento del gobernador del Banco de España, que durante más de dos años, en lugar de acometer el saneamiento del sector financiero, gravemente afectado por la crisis en todos sus parámetros, ha supeditado toda su actuación a las necesidades políticas cortoplacistas de un Zapatero cada día más enloquecido. El BdE ha hecho todo lo posible por ocultar la realidad, y cuando empieza a actuar, ante una situación insostenible, lo hace en forma tan chapucera y oscurantista, que el único efecto útil es el despilfarro masivo de recursos públicos sin efecto apreciable alguno.

Se empezó con la manipulación masiva del valor de los activos, donde ante la caída vertical del valor de los mismos, que estaba produciendo la quiebras en cadena de innumerables entidades financieras a lo largo y a lo ancho del mundo, en lugar de proceder a un saneamiento de los balances, el gobernador optó por lo increíble: permitir a nuestras entidades el mantenimiento de su valor contable. Todo ello pese a que su valor de mercado era sustancialmente inferior, es decir, se oculta la enfermedad en espera de que el enfermo se cure solo. Después está la morosidad, donde gracias a lo anterior, se está ocultando una morosidad real a base de compra o aceptación masiva en dación de pago de activos inmobiliarios, que en muchos casos dobla o incluso triplica la oficial.

La intervención tardía de CCM

Y luego CCM, la primera intervención, un modelo de eficacia y previsión, el asombro de occidente, que trata, en vano, de imitarnos. Por dos veces, y por razones no explicadas, el gobernador se negó a intervenir una entidad manifiestamente inviable, como le pedían sus servicios, y cuando al final fue inevitable, todo se realizó en la forma mas opaca y chapucera posible, donde van despilfarrados ya más de 3000 millones de euros, y nadie nos ha explicado todavía que es lo que se ha conseguido, aparte de mantener abiertas una amplia red de oficinas sin actividad ni justificación alguna. Y para rematarlo, como la morosidad sigue imparable, y el cumplimiento de la obligación de provisionar, 25% el primer año y 75% el siguiente, llevaría a la quiebra a innumerables entidades, el gobernador, en el colmo de la insensatez, parece decidido cambiar las reglas para no tener que provisionar a ese ritmo.

Y sin embargo, en España hay una experiencia no desdeñable en la resolución de crisis bancarias. A finales de los 70 y principios de los 80, más de 50 entidades se encontraron con graves problemas de solvencia, y el tema no solo se solucionó perfectamente, es que además el sector saldría considerablemente reforzado y, lo más importante, dotado de unos mecanismos y unas normas de actuación perfectamente válidas para abordar una crisis, y que estos irresponsables han ignorado olímpicamente. Pero había una diferencia, había un Banco de España independiente y había un gobernador expeditivo y capaz, Mariano Rubio, a quien no le temblaba el pulso para mantenérselas tiesas a quien hiciera falta. Nada que ver con lo que ocurre hoy.

El pasado mes de octubre, un jefe de gobierno sin la menor idea del problema, de espaldas al vicepresidente Económico y al gobernador, se reunió con los grandes banqueros del país, y en base a un papel que le había redactado uno de ellos, decidió poner en marcha un gigantesco plan de rescate bancario, el mayor del mundo en términos de PIB, una forma de actuar inimaginable en una democracia.

Según dicho papel – “mira Pedro, esto es lo que hay que hacer”-, el Tesoro adquiriría activos de “alta calidad”, en realidad activos fuertemente sobrevalorados, por valor de 30.000 millones de euros ampliables a 50.000. Este dinero debería permitir que la banca volviera a prestar, pero ¡oh casualidad, casualidad!, esta cifra coincidía con los vencimientos de deuda que la banca tenía que cubrir en los meses siguientes, por lo que nadie se sorprendería cuando ni un solo céntimo de los 19.000 millones adjudicados hasta ahora, haya sido destinado ni a familias ni a Pymes.

Más aún, si esa era la finalidad ¿por qué no prestar directamente ese dinero a familias, PYMES y autónomos, como hace la FED en Estados Unidos adquiriendo papel comercial? Muy fácil, porque era una estafa más, aunque gigantesca, de Zapatero, y donde el PP, tras protestar de boquilla, votaría a favor de este expolio. Si lo habían preparado los grandes banqueros no iban a decir que no. Como dirían entonces varios medios, una foto de 30.000 millones.

Avales a go-gó

Y luego avales a go-gó, 100.000 millones ampliables a 200.000, de los que a fin de abril se habían concedido unos 38.000 millones, y que han sido utilizado para fines justamente contrarios a los previstos, una burla -¿o era lo que ponía el papel?- al Estado, al Banco de España, y a los ciudadanos, ya que han sido utilizados “no para que las entidades puedan colocar sus emisiones en el exterior, y captar así el imprescindible dinero exterior” que España necesita desesperadamente, sino para especular, comprándose y vendiéndose deuda unas a otras, que es mucho más rentable, y luego con esas emisiones ir al BCE y obtener un dinero al 1 %, que después prestan a la gente solvente al 17% de interés real. Una estafa en toda regla, pero como el gobernador ni siquiera estaba invitado a la fiesta, y lo único que le preocupa era no intervenir ninguna entidad, pues no ha dicho ni pío.

Entretanto, y como era previsible, la situación del sistema financiero ha continuado deteriorándose vertiginosamente, y se saca ahora un nuevo Fondo de Rescate Bancario, un nuevo expolio sin contemplaciones a los ciudadanos y a las generaciones futuras, pues todo se hará con el dinero de nuestros hijos y nietos, o sea, vía deuda, y donde el gobierno no pretende arreglar una situación de insolvencia manifiesta, consecuencia del aluvión de morosidad, directa e indirecta, y de la imposibilidad de atender a los vencimientos de la deuda, sino el realizar una serie de fusiones, para mantener en el poder tanto tiempo como sea posible, a la casta política parasitaria y a los sindicalistas de pesebre que controlan las cajas, para que todos puedan seguir chupando del bote. Hay que estar locos de remate para poner en marcha un Plan que solo en una tercera fase, cuando todo se derrumbe, y no desde el principio, el dinero entregado dará poder político al Banco de España para actuar. Claro que si la actuación va a ser como la de CCM, pues casi mejor dejarlo.

No hace falta ser Premio Nobel de economía para darse cuenta que después de dos años de manipulaciones y mentiras sobre el deterioro imparable del sistema, después de las actuaciones más chapuceras del planeta, politizadas hasta la médula, con una irresponsabilidad tal que ni siquiera se han analizado previamente quien puede y quien no puede ser salvado, estamos a las doce menos cinco de una crisis de solvencia generalizada, y todo ello después de haber despilfarrado a ciegas decenas de miles de millones para tratar de salvar los privilegios de una casta política indigna y miserable. Y en este sentido, el broche de la obscenidad y la miseria moral lo pone la inepta ministra Salgado afirmando que “no tenemos previsto que haya gasto para los contribuyentes”. Mal está que nos expolien, pero al menos no nos insulte Sra. Ministra.

(*) Roberto Centeno, Catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM.

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ESPAÑA DESTINA EL 2% DEL PIB A SALVAR EL LADRILLO
Cotizalia.com - 03 de junio de 2009
 
cuatro veces más que EEUU y seis más que Reino Unido o Francia

España es el país entre las economías desarrolladas que más dinero está destinando a reflotar el sector inmobiliario. Las ayudas puestas en marcha -sin tener en cuenta las desgravaciones fiscales- para suavizar la caída del mercado de la vivienda suponen el 2% del PIB, cuatro veces más de lo que destina Estados Unidos, el doble que Irlanda y más de seis veces que Reino Unido, Italia y Francia, según los datos facilitados por el Servicios de Estudios Económicos de BBVA. Además, en el caso de nuestro país, estas medidas están más enfocadas hacia el sector en sí que a la ayuda directa a los hipotecados.

Los excesos cometidos durante la época dorada del boom inmobiliario han hecho que el modelo económico de España dependa profundamente del ladrillo. Éste supone el 9,3% del PIB, la mayor exposición de entre los países anteriormente mencionados. De esta manera, entre comenzar el cambio de modelo o intentar suavizar la caída, ha primado lo segundo, valorando los efectos que tendría en la economía a corto plazo un desplome brusco del sector.

La recuperación dependerá del buen funcionamiento de las políticas de vivienda puestas en marcha por el Gobierno. Y es que, para luchar contra la sobreoferta de vivienda, el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha optado por la vía rápida. La cancelación de las deducciones fiscales por los pagos de hipotecas a rentas superiores a los 24.000 euros brutos y reducir dichas desgravaciones a aquellos que ganen entre 17.000 y 24.000 euros incentiva que los proyectos de compra no se demoren en el tiempo.

Ocurre también que en España, la partida económica designada a la salvación del sector prima el desarrollo de promociones frente a las ayudas directas. Por ejemplo, se han destinado 2.870 millones a VPO, 3.000 millones a líneas de crédito para fomentar el alquiler, 10.188 millones para la rehabilitación de edificios para la reconversión de viviendas o 6.000 millones con el fin de que el riesgo sobre los créditos sea compartido entre el Ministerio de Vivienda y la banca.

Estas medidas contrastan con países como Italia, que destina 2,4 billones de euros al rescate de titulares de hipotecas que han visto como sus intereses se han disparado, Irlanda con 1 billón de euros para los compradores de primera vivienda o Reino Unido, con 285 millones de libras para que los ciudadanos británicos puedan evitar el embargo.

También en Estados Unidos se ha hecho especial hincapié en el rescate de las familias. Al otro lado del Atlántico, el equipo de Barack Obama ha diseñado un ambicioso plan destinado a los más perjudicados por la crisis. De esta manera, 75.000 millones servirán para reducir los pagos hipotecarios de 4 millones de ciudadanos a no más del 31% de sus ingresos o 3.500 millones para ayudas al alquiler.

Por otro lado, cabe destacar entre los factores que juegan a favor de la recuperación del sector, la bajada de los tipos de interés, la reducción de la inflación y otras medidas públicas que ayudarán a desahogar las economías de los hogares. En este sentido, BBVA asegura que en España “la bajada de los tipos hipotecarios será el principal factor que contribuirá a mejorar la accesibilidad a la vivienda”.

No obstante, no será hasta 2012 cuando finalice el proceso de reajuste como consecuencia del fuerte desequilibrio que existe en cuanto a la actividad. La sobreoferta de vivienda es, a juicio del SEE BBVA, una de las principales rémoras de la recuperación del mercado Español. Esta no desaparecerá hasta 2010, cuando podría llegar a tocar máximos de los últimos 20 años. Además, los posibles compradores se muestran partidarios de esperar como conciencia de las expectativas sobre más bajadas en los precios. Según el servicio de estudios de BBVA, éstos tendrían que descender todavía un 10% este año y un 12% en 2010.

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ESPAÑA REGISTRA MAYOR AUMENTO DÉFICIT PÚBLICO JUNTO A RUSIA
libertaddigital.com - 16 de junio de 2009
 
 
España registra el mayor gasto público del mundo, sólo superada por Arabia Saudí, y también lidera la lista de países con un mayor agujero presupuestario, con Rusia. El Banco de España avisa: la espiral es insostenible y crea una dinámica de deuda "desfavorable y difícil de revertir".

"Los superávits acumulados en los últimos años permitirán absorber el impacto que una menor actividad en la economía pudiera tener sobre los ingresos públicos y el aumento de algunos gastos ligados a la protección sin necesidad ni de subir impuestos, ni de imponer recortes sociales".

Así se pronunciaba el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura tras ganar las elecciones el 8 de abril del año pasado.Al cierre del año 2007 las cuentas públicas españolas estaban saneadas, al gozar el Estado de un superávit presupuestario de 12.811 millones de euros (equivalente al 1,23 por ciento del PIB). Incluyendo las cifras autonómicas, el excedente ascendía al 2,2% del PIB

Pero la negación de la crisis .con unos Presupuestos irreales que se traducen ahora en el hundimiento de los ingresos fiscales-las promesas electorales y el espectacular derroche en medidas económicas populistas dirigidas a financiar actividades no productivas están abriendo un agujero sin precedentes en las arcas públicas: 42.000 millones de euros al fin de 2008.

Y los problemas no terminan aquí, como revela el Banco de España en su último boletín económico. El saldo financiero en España pasará de registrar un superávit del 2,2% del PIB en 2007 a un déficit del 8,7% en 2010, lo que supone que, junto con Rusia, es el país que registrará un mayor incremento, superior a 10 puntos del PIB, informa Efe.

Aunque el Gobierno no le otorgue ninguna importancia (incluso el propio presidente y su vicepresidenta económica reclaman la necesidad de aumentar más el gasto), a los técnicos del Banco de España sí les preocupa el déficit. El propio gobernador ha advertido que si sigue abriéndose esta brecha no habrá dinero para pagar las pensiones futuras manteniendo su importe actual.

En su último boletín económico, la autoridad monetaria lleva a cabo un análisis sobre el impacto en el déficit y en la deuda pública de las medidas fiscales y financieras adoptadas por los países del G20 (incluido España) y las cuatro principales economías emergentes (Brasil, Rusia, India y China).

Entre estas medidas, las de apoyo financiero (un tercio del PIB del G20 más España), se desglosan en las garantías sobre activos y pasivos bancarios (un 46% del total, un 15% del PIB del G20), el respaldo financiero de los bancos centrales (dos quintos del total, el 13% del PIB), las compras de activos (un 7,4% del total, 2l 2,5% del PIB) y las inyecciones de capital (un 6,9% del total, el 2,3% del PIB).

El 13% del PIB español

En el caso de España, estas medidas han alcanzado el 13% del PIB, hasta un total de 150.000 millones de euros, aunque hasta mediados de mayo, el porcentaje utilizado sobre el total comprometido alcanzaba el 40%. De este presupuesto total, únicamente un tercio del mismo implica, según los cálculos del Banco de España, un desembolso efectivo de dinero (el 4% del PIB), ya que el resto son garantías.

Junto con las medidas de apoyo financiero, los gobiernos de las principales economías del mundo han llevado a cabo también paquetes de estímulo económico. En el G20, estas medidas suponen el 1,4% del PIB de promedio anual entre 2008 y 2010, que se reduce el 1,25% anual en el caso de España, cifra que, en cambio, está por encima de la media de la zona euro (1%).

A la vista de estas cantidades, el Banco de España destaca que las medidas adoptadas por los gobiernos llevarán a un incremento del déficit en el G20 de 7,6 puntos porcentuales del PIB en 2009, pasando del 1% al 8%, y reduciéndose hasta el 6,9% en 2010. En las economías avanzadas, este aumento será aún mayor, al pasar del 2% al 10% en 2009.

Los rescates, responsables de un tercio del déficit

Del aumento del déficit previsto, el Banco de España estima que las medidas de apoyo financiero (el 1,7% del PIB) suponen el 20% del total, mientras que los paquetes de estímulo fiscal (el 1,5% del PIB) contribuirán en un 18% al incremento del déficit. De esta forma, las medidas de apoyo financiero y de estímulo fiscal aportarán más de un tercio al déficit público.

Además de los planes adoptados, el instituto emisor señala que la caída de la actividad financiera añade al menos seis décimas del PIB, lo que deja a los estabilizadores automáticos como el principal factor determinante del incremento del déficit, ya que aporta el 41% del total.

De este modo, el impacto directo de la crisis contribuiría a la mitad del incremento del déficit, mientras que la contribución de la reacción de las políticas económicas sería algo menor.

La deuda pública al 60% del PIB

Al igual que el déficit, la deuda pública también sufrirá la crisis económica y las medidas discrecionales adoptadas. En España, se aproximará al 60% del PIB en 2010, tras haberse situado por debajo del 40% en 2007.

En este sentido, apunta que las mejoría de las posiciones fiscales logradas en las últimas décadas, a base de perseverancia y de disciplina fiscal, ha permitido un margen más elevado de actuación en este coyuntura de crisis, pero advierte de que estos progresos se "han disipado en solo unos meses".

Deterioro "persistente" y deuda "díficil de revertir"

Así, indica que los déficits se han elevado "rápidamente" y que se prevé que la deuda pública alcance ratios sobre el PIB desconocidos en las últimas décadas. Además, indica que este deterioro será "persistente", pues la deuda ha entrado en una dinámica "desfavorable y difícil de revertir".

Este deterioro de las finanzas públicas, que según la autoridad monetaria será complicado corregir incluso con posterioridad a la fase aguda de recesión económica, puede tener también un efecto negativo sobre los agentes económicos, que pueden anticipar la necesidad de mayores impuestos en el futuro para reconducir la situación fiscal, lo que reduciría la propensión marginal a consumir.

Por todo ello, el Banco de España alerta de que los márgenes de actuación fiscal son "muy estrechos" y de que, en caso de que fueran necesarios estímulos adicionales, éstos deberían ser diseñados con "sumo cuidado" para optimizar su eficiencia y duración.

Además, apuesta por contrarrestar el deterioro de las finanzas públicas con un compromiso "creíble" con la disciplina fiscal a medio plazo.

Zapatero hace oídos sordos

Todas estas recomendaciones las rechaza el Gobierno español, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, asegura que España tiene un "amplio margen para endeudarse" y la ministra de Economía, Elena Salgado, también apuesta por la herramienta del gasto público.

A la preocupación del Banco de España, se suma también la del Tribunal de Cuentas. El presidente del organismo, Manuel Núñez Pérez, aseguralos planes que está aprobando el Ejecutivo para reducir los efectos de la crisis están lastrando la capacidad de endeudamiento del Estado y aumentando el déficit hasta límites insostenibles.

A su juicio, el aumento del gasto "puede alterar y restringir significativamente las posibilidades y alternativas de futuro" de la economía española. De momento, en las quinielas de los inversores internacionales se vuelve a hablar de la posibilidad de salir del euro ante la falta de capacidad para hacer frente a los pagos comprometidos, lo que sería una catástrofe sin paliativos.

La situación se observa bien en estas gráficas del Banco de España:

Estado: Capacidad/Necesidad de financiación y déficit de caja



Estado: Pasivos netos contraídos, por instrumentos



Estado: Pasivos en circulación, por instrumentos



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MOODY'S REBAJA EL RATING DE 25 BANCOS Y CAJAS ESPAÑOLES
Expansión.com - 16 de junio de 2009
 
 
Y avisa: el colchón de provisiones se agota

La agencia de calificación crediticia Moody's cumple su advertencia y rebaja el 'rating' a 25 entidades financieras españolas -18 de ellas en un escalón y siete en dos- como consecuencia de un deterioro en la calidad de los activos. Además, la firma estadounidense mantiene en revisión el rating, con perspectiva negativa, a BBVA, Banco Corporativo Español, Banco de Crédito Local, Banesto y Santander, entre otros. (Consulte el informe completo de Moody's y el cuadro con las entidades afectadas)

Caja Ávila y Caja Segovia se quedan con una calificación Baa3, a un sólo escalón del ráting de bono basura, que implicaría una probabilidad de impago significa.

La rebaja de Moody's coincide con el anuncio que ha llevado hoy a cabo Elena Salgado, ministra de Economía y Hacienda y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, de que el Gobierno comprará cuotas participativas de las cajas de ahorros que necesiten reforzar capital. En este sentido, Salgado ha indicado que en las situaciones más graves se sustituirá al equipo gestor y el Banco de España podrá imponer fusiones, con lo que, en estos casos, quedaría invalidado el derecho de veto de las Comunidades Autónomas.

Hace tres semanas, Moody's puso en revisión para una posible rebaja el rating de la deuda de 34 entidades españolas. Hoy, la agencia estadounidense ha rebajado el rating de la deuda subordinada de 17 entidades, la deuda subordinada 'junior' de otras ocho instituciones financieras y de las acciones preferentes de 14 bancos.

"La creciente presión que enfrentan muchos bancos españoles ante un fuerte deterioro de la calidad de los activos queda reflejada en sus ratings de fortaleza financiera, un tercio de los cuales han bajado hasta D- o incluso más abajo", ha indicado en una nota Maria Cabanyes, vicepresidente senior de la agencia.

La agencia también advierte de que el colchón de provisiones anti-cíclicas, que los bancos han ido construyendo en la época de vacas gordas para enfrentarse a la de vacas flacas- "está adelgazando cada vez más".

Además del recorte en la calificación de deuda senior, la agencia recortó los ratings de fortaleza financiera de 30 de las 37 entidades analizadas en su estudio.

Además de este escenario económico, Moody's señala que los indicadores de calidad de los activos del sector siguen apuntando a un deterioro todavía más significativo: entre ellos, la morosidad, que se encuentra en el 4,27% al cierre del primer trimestre.

Moody's también cuestiona las medidas adoptadas por muchas entidades para reforzar su capital, principalmente la colocación de preferentes a los clientes de la red y la venta de parte de su cartera de inversión. "Salvo que se tomen medidas de apoyo por parte de terceros -los accionistas o, probablemente, el Gobierno- los colchones de capital de algunas entidades se verán afectados en breve por el deterioro de activos y los requisitos de provisiones", añade el comunicado de la agencia.

Bajadas de rating

· Banco de Valencia, desde 'A3' hasta 'Baa1'

· Banco Pastor, desde 'A3' a 'A2'

· Banco Popular, desde 'Aa3' a 'Aa2'

· Banco Sabadell, desde 'Aa3' a 'A2'

· Bankinter, desde 'Aa3' a 'A1'

· Caixa Catalunya, desde 'A2' a 'A3'

· Caixa Manresa, desde 'A2' a 'Baa1'

· Caixa Terrassa, desde 'A3' a 'Baa2'

· Caixa Galicia, desde 'A2' a 'A3'

· Caja Rioja, desde 'A2' a 'A3'

· Caja Duero, desde 'A2' a 'A3'

· Bancaja, desde 'A2' a 'A3'

· Caixanova, desde 'A1' a 'A3'

· Caja Vital, desde 'A1' a 'A2'

· La CAM, desde 'A2' a 'A3'

· Caja Municipal de Burgos, desde 'A3' a 'Baa1'

· Caja Ávila, desde 'Baa1' a 'Baa3'

· Caja Madrid, desde 'Aa3' a 'A1'

· Caja Segovia, desde 'Baa1' a 'Baa3'

· La Caixa, desde 'Aa1' a 'Aa2'

· Caja España, desde 'A3' a 'Baa1'

· Caja Canarias, desde 'A3' a 'Baa1'

· Caja Laboral, desde 'A1' a 'A3'

· Caja Mar, desde 'A2' a 'A3'

· Ibercaja, desde 'A1' a 'A2'

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The Economist pone a España como ejemplo de derroche público
ElEconomista.es - 30 de mayo de 2009
 
 
La revista británica The Economist pone a España como ejemplo de derroche de fondos públicos por parte de la clase política, especialmente en las comunidades autónomas y en las administraciones locales.

Así lo recoge en un artículo publicado en su último número en el que el semanario se pregunta "por qué algunos políticos europeos se tienen que enfrentar a la ira de la opinión pública, mientras otros siguen disfrutando de la buena vida".

En el caso español, The Economist recuerda los titulares hostiles que la prensa dedicó a principios de año al Audi del ex presidente gallego Emilio Pérez Touriño, quien, según recuerda, "ya tenía otras tres limusinas".

En el artículo, la revista critica que "en España los líderes regionales son barones de partido cuyo mínimo traslado implica lamentos de sirena y limusinas".

Corrupción entre los alcaldes

También recoge las declaraciones del experto de la universidad de Gotemburgo (Suecia) Víctor Lapuente, quien denuncia que en España algunos alcaldes que se han visto envueltos en casos de corrupción a veces son reelegidos, "algo impensable en Finlandia", por ejemplo.

Sin embargo, The Economist también pone como ejemplo de austeridad al Parlamento español y subraya que la cámara italiana gasta 10 veces más que su equivalente española.

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La recesión pone a la Hacienda Pública al borde del colapso
cotizalia.com - 25 de junio de 2009
 
 
Nunca antes la Hacienda Pública había vivido momentos tan difíciles. Ni siquiera durante las recesiones de los 80 y 90. Y es que nunca antes el Estado había gastado un 43% más de lo que es capaz de ingresar, como sucede actualmente. Dicho en términos más precisos, mientras que los recursos del Estado caen a un increíble ritmo del 24,9% -hasta los 45.358 millones de euros-, los empleos -según la terminología contable- crecen un 13%, hasta los 64.901 millones.

El resultado no puede ser otro que un déficit creciente que en términos de Contabilidad Nacional representa ya el 1,78% del PIB en los cinco primeros meses del año, según los datos de la Intervención General del Estado. Pero hay que tener en cuenta que en este desequilibrio no se incluyen todavía enormes partidas de gasto que se aprobarán en las próximas semanas: 19.751 millones para el desempleo y para financiar los diferentes compromisos adquiridos por Zapatero en el último Debate sobre el estado de la nación. O los más de 8.000 millones que se destinarán a costear el nuevo modelo de financiación autonómica, como ha adelantado la ministra Salgado.

La situación es tan peliaguda que el Gobierno se ha visto obligado a acelerar su programa de endeudamiento público para obtener liquidez. Hasta el punto de que entre enero y mayo de este año las necesidades de endeudamiento del Estado superan ya los 50.451 millones de euros. Una cifra verdaderamente colosal que se sitúa a años luz de los 746 millones registrados en igual periodo del año anterior, lo que da idea de la velocidad de deterioro de las cuentas públicas. De esa cantidad, 9.500 millones se corresponden con la compra de títulos procedentes del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), instrumento por el Gobierno para aumentar la liquidez de bancos y cajas de ahorros.

El deterioro de las cuentas públicas se debe a un descenso extraordinariamente elevado de los ingresos (la recaudación por IVA cae un 27,8% y los impuestos sobre la renta y el patrimonio retroceden un 24,4%); pero también por la inelasticidad del gasto público al nuevo contexto macroeconómico. Un ejemplo. El gasto corriente –que no incorpora las inversiones públicas- crece a un ritmo del 6,1%, cuando el PIB en términos nominales está cayendo un 1,7%. Esto pone de manifiesto lo expansiva que está siendo la política presupuestaria…, pero para mantener el gasto corriente.

El gasto corriente crece un 4,2%

Hay que tener en cuenta que lo determinante desde el punto de vista de las cuentas públicas es el gasto corriente, ya que esta partida representa más del 80% de los empleos no financieros del Estado, por lo que si no se reconduce esta partida difícilmente se podrá reducir el déficit público. Dos de las partidas que están creciendo de una manera más significativa tienen que ver con el gasto en salarios de los empleados públicos y con el servicio de la deuda, que crece sin parar. En el primer caso, el crecimiento de las nóminas es del 4,2% (cuando el IPC se sitúa en un -0,9%), mientras que el pago de los intereses aumenta nada menos que un 15,3%, hasta los 6.574 millones de euros en sólo cinco meses. En este último caso, en parte debido a la subida de los tipos de interés a largo plazo, lo que está encareciendo el coste de la deuda.

El gasto en capital -destinado a impulsar la inversión pública- está creciendo, igualmente, mucho más que el Producto Interior Bruto, nada menos que un 75,1%, fundamentalmente por la dotación que tiene el Fondo de Inversión Local, que ya ha consumido 4.147 millones de euros.

El ensanchamiento del déficit público no tiene únicamente que ver con la recesión. Como ha puesto de relieve el último informe anual del Banco de España, se explica, fundamentalmente, por tres elementos: el marcado deterioro cíclico de la economía, la incidencia de las medidas de política discrecional aprobadas por el Gobierno y el cambio de tendencia en el pago por intereses de la deuda pública.

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El mayor escándalo fiscal de la década
El Confidencial - 17 de junio de 2009
 
 
El doctor Marañón lo denominó el ‘espíritu del chauffer’, pronunciado con fonética francesa y arrastrando la última vocal. El concepto fue inventado en realidad por el filósofo alemán Keyserling, y alude al individuo que conduce un automóvil o pilota un avión y se cree en posesión del sentido de la conducción del mundo. Y esto –sostenía Marañón- es una triste aberración de perspectiva. “Un zulú en la carlinga de un avión –remarcaba con cierto esnobismo típico de la época- sale volando al cuarto de hora.”

A veces da la sensación de que a los gobernantes de este país les sucede algo parecido. Imbuidos por ese espíritu del chauffer del que hablaba Marañón, se comportan como zulúes en la carlinga de un avión. De otra manera no puede entenderse que al mismo tiempo que mantienen políticas fiscales anticíclicas como los célebres 400 euros en aras de estimular el consumo de las familias, aprueban una subida de impuestos especiales (tabaco e hidrocarburos) que merma, precisamente, su capacidad de gasto. Como se ve todo un ejercicio de coherencia de política económica y fiscal.

Pero sorprende todavía más una decisión del Consejo de Ministros aprobada el pasado viernes y que ha pasado un tanto desapercibida. De manera absolutamente irracional -y que roza el escándalo político- el Ejecutivo ha decidido entregar 1.800 millones de euros a las comunidades autónomas como ‘compensación’ por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Toma del frasco, Carrasco, que diría un castizo. Resulta que un impuesto que antes pagaban los más acaudalados va a ser ahora sufragado por todos los ciudadanos, sin tener cuenta su nivel de renta y riqueza. Todo un ejercicio de equidad fiscal. A lo mejor es verdad aquella frase que se le atribuye a la ex ministra Carmen Calvo cuando dijo aquello de que el dinero público no era de nadie.

No estamos ante un juicio de valor, sino ante la contundencia de los datos. El 6,5% de los declarantes del difunto Impuesto del Patrimonio, es decir aquellos que contaban con un patrimonio neto superior al millón de euros (sin incluir deudas) aportaba nada menos que el 41,6% de la base liquidable del impuesto, por lo que parece evidente que ese segmento de contribuyentes ha sido el más beneficiado por su supresión.

Dicho en otros términos. Los contribuyentes con un patrimonio situado entre 110.000 y 200.000 euros pagaban al Fisco entre 84 y 155 euros cada año. Por el contrario, quienes contaban con un patrimonio superior a un millón de euros e inferior a dos millones, abonaban a sus respectivas haciendas autonómicas entre 8.136 euros y 22.163 euros. Pero es que quienes tenían un patrimonio superior a los 10 millones de euros se veían obligados a ingresar una cuota media de 111.205 euros. Es decir, que el impuesto discriminaba en función del nivel de riqueza de cada individuo y hacía efectivo ese principio constitucional que habla de pagar impuestos en función de la capacidad económica de cada contribuyente.

El Gobierno hace tabla rasa

Pues bien, el Gobierno ha decidido hacer tabla rasa, y ahora esos 1.800 millones de euros que recaudaban las regiones los van a pagar todos los ciudadanos a través de sus impuestos. Lo más curioso del caso -y por razones obvias- es que ninguna comunidad autónoma -ni siquiera las más beligerantes en favor de la supresión del impuesto- ha puesto el grito en el cielo por esa decisión. Ni siquiera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, bandera de la lucha contra el Impuesto del Patrimonio. Los gobiernos regionales se han tapado la nariz y aquí paz y después gloria. Money is Money, que dice el saber popular.

Lo que ha sucedido con este tributo es, en realidad, coherente con la política fiscal que sigue este Gobierno desde que tomara posesión. Bajó el Impuesto sobre la Renta cuando menos se necesitaba, lo que tuvo un comportamiento procíclico sobre la actividad económica; y como consecuencia de aquel desatino, ahora se encuentra que cuando realmente la economía necesita aligerar la carga fiscal de los contribuyentes, Hacienda no tiene apenas margen de maniobra. Claro está, salvo que haga un duro ajuste desde el lado del gasto público, lo cual echaría todavía más leña al fuego de la recesión.

El problema de la economía española desde el punto de vista fiscal es de tal envergadura que desde luego no se arregla con soluciones de emergencia como la subida los impuestos especiales, que sólo servirá para recaudar unos 2.600 millones de euros adicionales, apenas el 0,2% del PIB.

Se ha hablado de elevar la tributación de las rentas del capital, pero tampoco parece que por esta vía haya mucho que rascar. Las retenciones del capital mobiliario ascendieron el año pasado a 6.169 millones de euros, lo que desde luego no es suficiente para equilibrar las cuentas públicas. Y tampoco parece que subir el tipo marginal máximo del IRPF para los más ricos sea una solución por su escaso impacto recaudatorio, al margen de su indiscutible equidad tributaria.

Como tampoco parece razonable elevar la carga fiscal de las empresas en unos momentos en los que los beneficios están en caída libre, muchos analistas han puesto sus ojos en el IVA, un impuesto con gran potencia recaudatoria.

Y aquí surge la propuesta más razonable de todas las que se han puesto hasta ahora sobre la mesa. Subir el IVA en dos o tres puntos, pero a cambio de rebajar las cotizaciones sociales, lo que aliviaría las cargas fiscales para las empresas y los trabajadores, que de esta manera compensarían el hecho de que los bienes de consumo sean más caros. Es una idea que han planteado ya un montón de expertos y que merece ser atendida, o al menos escuchada. De lo contrario el derrumbe de la recaudación se perpetuará como una maldición bíblica.

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España progresa adecuadamente
escolar.net - 22 de junio de 2009
 
 
En España los impuestos son progresivos. Un empleado paga hasta el 43% de sus ingresos. Un empresario paga el 30% de sus beneficios (que no ingresos). Y los ricos muy ricos pagan el 1% a través de una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable). En 2005, después de que algunos inspectores de Hacienda fisgasen en las SICAV, donde guardan sus dineros las grandes fortunas, el Congreso votó de emergencia y casi por unanimidad que fuese la CNMV, y no la molesta Hacienda, quien las vigilase (es un decir). En España los impuestos son progresivos: cuanto más tienes, menos pagas. Y así progresivamente.

En España los impuestos son tan progresivos que Cristiano Ronaldo tributará al 24%, igual que un mileurista. “Esto se justificó en su día por el hecho de que había profesiones con una vida muy corta”, explicó Elena Salgado en El País. La vicepresidenta se equivoca: nunca fue ése el argumento. La bula galáctica viene de una reforma fiscal de Aznar (que no ha derogado Zapatero) para que los extranjeros que vengan a trabajar en España sólo tributen al 24%, ganen lo que ganen, sean futbolistas o plomeros. Pasará a la historia como la Ley Beckham porque el inglés fue el primero en acogerse a sus ventajas. Decía el Gobierno que ayudaría a que nuestras empresas fuesen más competitivas en la caza de talento foráneo. Como de talento en España vamos sobrados –por eso tantos científicos se van a trabajar fuera–, esta ayuda fiscal ha servido para fichar a esos profesionales tan importantes para ese nuevo orden económico basado en el conocimiento y la tecnología: los futbolistas. Y así progresa la economía española, otra vez campeones de Europa.

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5 años perdidos: Esp. no recuperará hasta 2013 nivel riqueza
cotizalia.com - 16 de junio de 2009
 
 
La recesión no solamente será intensa. También larga. Muy larga. Tan larga que hasta 2013 -en el mejor de los casos- España no recupera los niveles de riqueza anteriores a la crisis. Lo dicen los mejores institutos de coyuntura del país y lo reconoce el propio Gobierno en sus últimas previsiones macroeconómicas, en las que admite -ya sin tapujos- que la economía española tendrá crecimiento muy próximo a cero en el conjunto de un quinquenio.

Los datos de Funcas que están a punto de aparecer -y que recogen el consenso de más de una docena de las opiniones de los mejores servicios de estudios del país- prevén que la economía caerá un 4,4% durante este año y el próximo (un 3,7% en 2009 y un 0,7% en 2010). Es decir, que sólo creciendo a una tasa similar en 2011 y 2012, España podría recuperar los niveles de riqueza anteriores a la crisis. Y eso tampoco está nada claro, según el director del Servicio de Estudios de una de las principales entidades del país.

Básicamente por una razón: sin reformas económicas desde el lado de la oferta, el Producto Interior Bruto sólo podrá crecer entre 1,5 y 2 puntos durante un largo periodo de tiempo, tasas a todas luces insuficiente para absorber los cuatro millones largos de parados que amenazan con enquistarse en la economía española.

El Gobierno, por su parte, ha previsto que el PIB caiga un 3,9% entre este año y el próximo, lo que significa que sólo creciendo cerca del 2% anual en 2011 y 2012 se volverán a restaurar los niveles de riqueza anteriores a la crisis. La intensidad del empobrecimiento del país, en cualquier caso, dependerá, según las fuentes consultadas por El Confidencial, de dos factores. Por un lado, del éxito del plan de rescate de la banca, toda vez que las entidades financieras no están en condiciones de aumentar la concesión de créditos por razones de solvencia, y sin nuevos préstamos la economía deja de funcionar de forma adecuada. Por otro, se considera indispensable para recuperar la normalidad que continúe el ajuste de la vivienda, y “cuanto más rápido se produzca, mejor”, aseguran las fuentes. Fundamentalmente para poder absorber las alrededor de 800.000 viviendas que están sin vender, por lo que hasta que no encuentren comprador no podrá recuperarse el ciclo inversor en el sector de la construcción.

Demanda privada y pública

Según una reciente presentación del director del Servicio de Estudios del BBVA, José Luis Escrivá, el escenario más razonable es que el Producto Interior Bruto (PIB) siga “contrayéndose” hasta principios de 2010, “cuando empezará a crecer a tasas muy reducidas”. Sin embargo, la tasa de desempleo continuará su aumento hasta principios de 2011. Por ello, aclara, la recuperación sólo será firme “cuando la demanda privada pueda sustituir los estímulos de la demanda pública”.

¿Y cuándo podrá vislumbrase ese escenario? Según la mayoría de los analistas consultados por El Confidencial, la parte, más débil de la revisión del cuadro macroeconómico es, precisamente, todo lo correspondiente a las cuentas públicas. El escenario de consolidación fiscal (un 3% de déficit en 2012) se considera no sólo excesivamente voluntarista, sino completamente alejado de la realidad. La parte positiva, sin embargo, es que por primera vez el Gobierno admite que no hay ya prácticamente margen para el gasto público. Salvo que se arriesgue a una degradación de la solvencia del Reino de España por parte de las agencias de calificación.

Sobre todo teniendo en cuenta que el déficit de las administraciones territoriales (principales las comunidades autónomas) permanece “oculto y nadie sabe a ciencia cierta a cuanto asciende en estos momentos”, asegura un experto en financiación autonómica. En su opinión, no basta sólo con diseñar políticas de oferta para ensanchar el potencial de crecimiento económico, sino que el país debe proceder sin más dilación a un proceso de ajuste de salarios y beneficios empresariales para evitar, precisamente, que los sacrificios económicos derivados de la recesión caigan en los sectores más débiles de la sociedad.

“Hay que bajar los precios de los bienes y servicios” para restaurar la competitividad perdida, asegura. De lo contrario, el ajuste durará cinco o más años, en lugar de tres, y eso es una bomba de relojería con más de cuatro millones de parados.

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El precio del suelo baja un 4,8% hasta marzo
Finanzas.com - 17 de junio de 2009
 
 
El precio del suelo en el primer trimestre de 2009 se situó en 238,8 euros, lo que representa una bajada del 3,7% respecto al cuarto trimestre de 2008 y del 4,8% si se compara con el periodo enero-marzo del año pasado, informó hoy el Ministerio de Vivienda.

En los municipios de más de 50.000 habitantes el precio del m2 es 650,4 euros, con un descenso interanual del 0,5%. En el caso de las ciudades de entre 10.000 y 50.000 habitantes el m2 de suelo cuesta 274,8 euros, un 9,1% menos, que en primer trimestre de 2008.

Los precios más altos del m2 se dan en los municipios de más de 50.000 habitantes de las provincias de Barcelona, con 976,7 euros; Álava, 947,7 euros; Madrid, 927,1 euros y Valencia, 923,8 euros. Los precios más bajos se registran en Jaén 297,8 euros/m2, Zamora, 429,3 euros y Ourense 430,0.

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Más viviendas contra la crisis inmobiliaria
blogs.publico.es - 22 de junio de 2009
 
 
Cuando el aquelarre constructivo del último decenio ha acabado provocando en el país un notorio exceso de edificios y viviendas que la población no alcanza a comprar ni a alquilar, el reciente paquete de medidas reafirma la decisión de que el Estado compre suelo a las empresas inmobiliarias para promover la construcción de 200.000 viviendas, esta vez de precio protegido. Es como si al obeso enfermo de indigestión se le da como remedio una buena fabada.

Semejante despropósito, soslayado en el debate sobre el estado de la nación, obliga a recordar que diagnosticar bien los males del organismo económico es el primer paso para aliviarlos, en vez de agravarlos gastando en ello el escaso dinero público disponible.

El problema estriba en que los intereses inmobiliarios imperantes pesan tanto que a veces prohíben ver lo evidente: que el pasado boom inmobiliaro ha desplazado el problema desde la escasez de viviendas y locales hacia el exceso y desocupación de los mismos, haciendo que España tenga ya más viviendas y más kilómetros de autopistas e infraestructuras per cápita que todos los países de la UE.

Cualquiera que recorra la geografía hispana se ha de topar por fuerza, no sólo con multitud de viviendas y oficinas en venta o en alquiler, sino con verdaderas ciudades o urbanizaciones fantasmas que, ya terminadas o todavía en construcción, esperan la llegada de las personas que algún día puedan habitarlas. Pero, junto a este exceso, han crecido el chabolismo, la infravivienda y el hacinamiento, solapándose así viviendas deshabitadas con habitantes sin vivienda. La aglomeración madrileña ejemplifica tal estado de cosas, al disponer de abundante patrimonio inmobiliario desocupado en el centro, en los PAU y en los municipios circundantes que han multiplicado su parque de viviendas, albergando megaproyectos como los realizados en Arroyomolinos (Xanadú), en Seseña (residencial El Quiñón) o en Yebes (Ciudad Valdeluz).

En Madrid siguen adelante operaciones como la de Campamento y se activan otras nuevas como la de Chamartín. En Sevilla se inicia la construcción de una megatorre para añadir más millones de metros cuadrados edificados a un stock inmobiliario cuyo excesivo tamaño lastra la crisis. Cuando esto ocurre a lo largo y a lo ancho del territorio peninsular, parece claro que la parquedad de la demografía y de los bolsillos de la población retrasará durante lustros la digestión de tan desmesurado stock inmobiliario, dejando el territorio plagado de esqueletos y despojos de inmuebles fruto de tan sonado e irrepetible festín constructivo.

¿Para qué sirve el nuevo Ministerio de Vivienda si no aborda con firmeza los dos principales problemas de la crisis inmobiliaria actual? Esos problemas son: dar uso a un patrimonio inmobiliario sobredimensionado y de mala calidad que, paradójicamente, no ha resuelto las necesidades de vivienda de la población, y aligerar el excesivo endeudamiento de compradores y promotores, que ha traído el aumento de la morosidad y las suspensiones de pagos.

José Manuel Naredo es Economista y estadístico

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Ajuste inmobiliario terminará 2012 con pisos 30% más baratos
LaVanguardia.es - 02 de junio de 2009
 
 
según el BBVA. Los precios se están ajustando más rápido de lo esperado, lo que podría acelerar la absorción del exceso de pisos sin vender

El ciclo bajista del sector inmobiliario residencial habrá acabado en 2012 después de cuatro años de ajuste del precio de la vivienda, en los que se acumulará una rebaja total del 30 por ciento, de acuerdo con las previsiones del Servicio de Estudios del BBVA.

A finales de 2007 la vivienda marcó su precio máximo, el doble de lo que valía diez años antes, y desde entonces ha registrado una tendencia decreciente que se mantendrá hasta finales de 2011, siendo la caída prevista para este año del 10 por ciento y para 2010 del 12 por ciento.

Durante la presentación del último número de 'Situación inmobiliaria', la economista del Servicio de Estudios del BBVA Mayte Ledo explicó que los precios están bajando más rápido de lo esperado, lo que contribuirá al fin del ciclo decreciente.

No obstante, subrayó que la estabilización del mercado necesitará un poco más de tiempo, ya que hasta finales de 2012 no se absorberán los 1,2 millones de viviendas que están pendientes de vender.

La demanda de hogares está condicionada por la lenta recuperación del crecimiento económico y por la destrucción de empleo, que siguen retrasando las decisiones de compra. En este sentido, Ledo señaló que el excedente inmobiliario sigue aumentando y que no tocará techo hasta el primer trimestre de 2010, cuando comenzará a disminuir hasta alcanzar al cierre de 2012 el nivel que tenía siete años antes.

La economista del Servicio de Estudios del BBVA aseguró que no tiene constancia de qué parte del excedente de vivienda se han quedado las entidades financieras a cambio de créditos impagados por promotoras y constructoras, pero consideró que tiene que ser "mucho menos de la mitad", al tiempo que afirmó que bancos y cajas están jugando un "papel pasivo" en el mercado inmobiliario.

Sobre la intención del Gobierno de eliminar la desgravación fiscal por la compra de vivienda a partir de enero de 2011 para las rentas superiores a 24.000 euros, Ledo manifestó que podría contribuir a dinamizar las ventas, reduciendo el excedente de vivienda y moderando la caída de los precios en los próximos 19 meses.

Otros factores, como la bajada de los tipos oficiales de interés del Banco Central Europeo (BCE) o la reducción de la inflación, contribuirán a incrementar la renta disponible de los hogares, con lo que el esfuerzo para acceder a una vivienda se reduce, lo que unido a la bajada de precios se convierte en otro acelerador de la absorción de excedente.

Esa es la teoría porque en la práctica el informe asegura que "la transformación de la demanda potencial en compraventa sigue siendo incierta, sobre todo a corto plazo". Por otra parte, el Servicio de Estudios del BBVA subraya que en un entorno económico como el actual el estímulo del mercado del alquiler sería "muy positivo" porque es un "elemento clave" para la absorción de la sobreoferta, razón por la que cree que, si se hubiesen aplicado antes medidas destinadas a fomentar el arrendamiento, el ajuste del sector habría sido más suave.

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Las financieras españolas deberán enfrentarse a 150.000 mill
ElEconomista.es - 04 de junio de 2009
 
 
en activos inmobiliarios. Con la crisis, las entidades y cajas españolas tendrán que asumir un total de 150.000 millones de euros en activos inmobiliarios y, en este sentido, necesitarán al menos diez años para dar vía libre a estos inmuebles.

La financiación dada a los promotores inmobiliarios están causando graves problemas a los bancos y cajas españolas. Con la crisis, las entidades se han visto forzadas a aceptar procesos de refinanciación y han optado por adjudicarse activos financieros e incluso, entrar en su accionariado.

A día de hoy, las financieras sólo han apuntado que sus adjudicaciones en activos inmobiliarios han alcanzado los 10.000 millones de euros, sin embargo, según informa Expansión, esa cifra podría aumentar en los años sucesivos.

O al menos así lo indica el presidente de RR. de Acuña y Asociados, Fernándo Rodríguez y Rodríguez de Acuña, quien señala que, aunque estos datos son todavía provisionales, entre 2009 y 2011 la banca tendrá que hacer frente a un total de 150.000 millones de activos inmobiliarios.

Esta cantidad supondría casi la mitad de la prestación concedida por los bancos a los promotores inmobiliarios, cuya cifra asciende a los 318.000 millones de dólares.

Asimismo, Acuña señala que el 64% de la financiación concedida a las promotoras corresponde a inmuebles que aún no han sido vendidos, que todavía están en construcción o que el proyecto está parado.

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Acreedores exigen a banca española que venda pisos a pérdida
libertaddigital.com - 09 de junio de 2009
 
 
El sistema financiero español tiene una de las mayores deudas del planeta con el exterior y sus acreedores necesitan con urgencia el dinero para sanear sus propias cuentas. Por ello, exigen a bancos y cajas españoles que vendan los pisos embargados a promotores, aunque sea a pérdidas. El sector financiero español necesita 70.000 millones para cubrir una mora del 8%. La banca española rechaza que se salve a entidades inviables con dinero público. Bancos y Cajas ofrecen "chollos mil" para liquidar su stock de viviendas

La banca española ha sido un ejemplo de eficiencia en los últimos años, lo que, junto con el sistema garantista de provisiones, ha situado al sistema financiero nacional en un lugar dorado. Pero la crisis crediticia ha destapado las vergüenzas del patrón de crecimiento español, con una necesidad de financiación exterior de la economía del 10% cada año.

Los bajos tipos de interés (mantenidos sin un respaldo de ahorro real) han generado una expansión crediticia sin precedentes que se ha trasladado al sector inmobiliario. Las familias y las empresas (promotoras) compraron (o hicieron) casas con un dinero que no tenían, es decir, con préstamos, y la tormenta financiera ha generado una oleada de impagos que amenaza la salud del sistema financiero español, especialmente en el caso de las cajas de ahorros.

Esta necesidad de financiación exterior ha creado una deuda de las entidades financieras españolas con el resto del mundo que debe ser pagada. Según los cálculos del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Roberto Centeno, consultado por LD, los vencimientos de esta deuda se sitúan entre los 80.000 y 90.000 millones de euros al año.

Bancos y cajas no tendrían problemas para pagar estos vencimientos si las promotoras inmobiliarias devolvieran el dinero prestado, pero esto es una quimera. En la práctica el sector promotor inmobiliario está en quiebra y, excepto Martinsa, la mayoría de las grandes empresas han logrado refinanciar sus créditos para no provocar una crisis sistémica, el desplome de la confianza y retirada masiva de depósitos.

Según confirman fuentes financieras, los bancos y cajas están refinanciado este crédito promotor a un horizonte temporal de 3 años, momento a partir del cual esperan que el mercado vuelva a la normalidad. Aunque no descartan que estos plazos puedan variar en función de la velocidad en la que sean capaces de dar salida al excedente.

Por ello, los acreedores de los bancos españoles les han dado un único y claro mensaje: deben vender los inmuebles que tienen en cartera (en la práctica los bancos y cajas son ahora las mayores inmobiliarias de España), aunque sea a pérdidas, con el objeto de ir haciendo frente a estos vencimientos de deuda.

Reflejar el valor real de los activos

Hasta ahora, los bancos han intentado evitar a toda costa vender activos a pérdidas, porque entonces deberían reflejarlo en sus balances y provisionar esta depreciación de los activos. Precisamente uno de los factores clave para el comienzo del fin de la crisis es reflejar el valor real de los activos, en lugar de mantener la valoración de unos bienes que han bajado su precio tras el estallido de la burbuja.

“Se han creado dos mercados inmobiliarios. Por un lado están los bancos, que están obligados a vender como sea, aunque sea a pérdidas; y por otro están las promotores y los particulares, que no quieren perder dinero con la venta de inmuebles”, explican fuentes del sector consultadas por LD.

De ahí que las entidades financieras estén aplicando rebajas de precios, en algunos casos de hasta el 30% y el 40%. La vía escogida para que las familias compren estas casas en lugar de acudir al mercado de particulares es sencilla: bancos y cajas sólo dan hipotecas a aquellos que adquieran los pisos que tienen en su cartera de activos.

Más de 150.000 millones en tres años

Según los cálculos realizados por la consultora Rodríguez de Acuña y Asociados, la banca tendrá que asumir más de 150.000 millones de euros en inmuebles durante los próximos tres años. Aunque hasta el momento las entidades financieras admiten que han ejecutado inmuebles por valor de 10.000 millones de euros, la cuantía será mucho mayor en los próximos meses.

Estos 150.000 millones de euros representan casi la mitad de la financiación concedida a los promotores inmobiliarios, que alcanza los 318.000 millones de euros según datos del Banco de España a cierre del pasado año.

En este marco se comprende la decisión del Banco Central Europeo de destinar 60.000 millones de euros a la compra de cédulas hipotecarias, la emisión de participaciones preferentes de las entidades (con alto riesgo) con altos intereses y el programa de rescate que prepara el Gobierno para bancos y cajas de ahorros, con un importe superior a los 90.000 millones.

El 64% de los préstamos para pisos sin vender

Rodríguez de Acuña avisa de que el 64% de los préstamos a promotores han sido concedidos para construir pisos que no se han vendido todavía, que están en construcción o que están en proyecto. Suponen más de dos millones de inmuebles, que se sumarían al millón del actual excedente. El problema es que la demanda actual es de 266.000 viviendas al año.

Por todo ello, harían falta unos diez años para ver la recuperación del mercado inmobiliario, enfoque que comparten analistas como José Barta, especialmente en las zonas costeras, las que han sido las protagonistas del boom en los últimos años.

Según el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, German Navarro: "Es natural, en los próximos dos años sólo se van a vender los pisos propiedad de los bancos. No van a gastar el poco dinero que tienen en financiar operaciones hipotecarias que no les beneficien a ellos mismos. Ejecutan los inmuebles y, si no los pueden vender en subasta, los ofrecen con promociones de hipotecas con descuento".

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La morosidad bancaria, en la tasa más alta desde 1996
Cope.es - 19 de junio de 2009
 
 
El dato supone más de tres puntos porcentuales al registrado un año antes. Según datos el Banco de España hechos públicos hoy, el volumen de préstamos de dudoso cobro se situó en los 83.658 millones.

La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas que operan en España a empresas y particulares alcanzó el 4,420 por ciento en abril, un nivel al que no llegaba desde agosto de 1996, hace casi trece años. Según los datos publicados hoy por el Banco de España, la tasa de mora de abril supera en un cuarto de punto a la registrada en marzo, que fue del 4,171 por ciento, y multiplica por 3,5 el porcentaje de créditos morosos del 1,295 por ciento que hubo en abril de 2008.

La morosidad crediticia de abril significa que el saldo total de créditos dudosos que tenían concedidos bancos, cajas y cooperativas de crédito sumaba 79.017 millones de euros, frente a los 74.704 millones del mes anterior, lo que implica un nuevo "salto" de 4.313 millones después de unos meses de ligera aceleración.

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Avalistas bancarios, ¿los nuevos esclavos financieros?
Invertia.com - 18 de junio de 2009
 
 
"Buenos días, ¿tiene usted aval bancario?" Antes de interesarse por el nombre o DNI del ciudadano, algunas entidades financieras lanzan esta pregunta a bocajarro a quienes se acercan a solicitar un préstamo hipotecario. Para ser candidato a conseguir una hipoteca no basta con dar muestras de solvencia, sino que es necesario contar también con un buen respaldo económico que pueda soportar la deuda en caso de que el titular de la misma se vea afectado por turbulencias económicas. Desde 2007, cuando estalló la crisis financiera actual, la morosidad ha pasado de estar en el 0,40% (de 100 préstamos ni siquiera uno era un potencial moroso) a alcanzar el 4,14% a cierre de febrero de 2009 (ahora, más de cuatro clientes de cada 100 no pagan su préstamo). De ahí que los bancos hayan subido el listón de exigencias para prestar dinero. Ya no se conceden créditos que financian el 100% de la vivienda, que supongan pagar más del 40% de los ingresos que recibe la unidad familiar al mes, o que no cuenten con un aval hipotecario.

En muchas ocasiones, son los padres los que avalan a sus hijos para asegurar a las entidades financieras que éstos cuentan con un sólido respaldo financiero. No obstante, es habitual que los propios avalistas desconozcan hasta dónde llega su compromiso y cuál es de verdad su papel como máximos responsables del préstamo en caso de impago por parte del titular. Esta figura también ha sufrido cambios en lo últimos tiempos y, ahora, el título de avalista sólo se consigue si se supera un difícil examen en el que se demuestre su capacidad financiera.

¿Qué es un aval hipotecario?

Los tipos de avales son numerosos (el de alquiler, el tan renombrado aval del Estado para las emisiones de deuda de los bancos...), pero el más conocido y popular en estos tiempos de incertidumbre económica es el aval hipotecario. Esta figura no es material sino física. Puede definirse como la persona que voluntariamente garantiza el pago de un préstamo si los titulares y benefactores de la vivienda no pueden hacer frente a los pagos comprometidos. Actúa como un fiador o un garante de que el banco o caja de ahorros recibirá las letras mensuales establecidas. Es, por tanto, una persona que asume un riesgo, ya que debe demostrar que cuenta con bienes y con capacidad financiera suficiente como para poder hacer frente al pago de las cuotas. Será quien afronte la totalidad del pago de la hipoteca cuando el titular no pueda pagarla.

En tiempos de bonanza económica, cuando la demanda de pisos aumentaba como la espuma y, gracias a la expansión de la construcción, el PIB español crecía a tasas superiores al 3%, el aval bancario era una figura casi olvidada. La mayoría de las hipotecas se concedían a partir de las garantías de pago que ofrecían sus compradores, sin necesidad de fiadores externos. No obstante, ante la desaceleración económica y la caída de negocio bancario (muy afectada por el incremento de morosos hipotecarios), demandar un aval para la concesión del préstamo es una práctica habitual.

¿Cuándo lo solicitan?

En el libro de estilo de los bancos hay varias normas que exigen la solicitud de un aval bancario: la primera de ellas son los préstamos que se piden por más del 80% de la tasación de inmueble. Si una pareja desea comprar un piso valorado en 200.000 euros y necesita financiación por más de 160.000 euros, lo normal es que su banco o caja le reclame un aval bancario, una persona que respalde con sus bienes a los prestatarios.

En segundo lugar, los bancos estudian en profundidad la capacidad de endeudamiento de los titulares y sólo conceden hipotecas sin aval cuando los compradores demuestran que no emplearán más del 35-40% de sus ingresos mensuales en el pago de la hipoteca. Un ejemplo de cliente solvente que no necesita aval es el que solicita una hipoteca de 200.000 euros a un plazo de 25 años, con una nómina de, al menos, 2.370 euros mensuales. Con un tipo de interés del 3%, debería pagar una letra mensual de 948 euros, en el límite permitido del 40% de sus ingresos. Si cobrara menos de 2.370 euros, la entidad exigirá un aval bancario, puesto que se considera que este sueldo es insuficiente y no garantiza su capacidad de pago.

Desde hace unos meses, las entidades también han centrado su atención en otra variable: la estabilidad laboral de los titulares del préstamo. Ante la imparable subida del desempleo, a los bancos les interesa saber si su cliente puede o no entrar a formar parte de las listas del INEM. Por ello exigen avales bancarios a los titulares con contratos `basura´ o temporales, aunque cuenten con nóminas que cubran con holgura el importe mínimo solicitado para hacer frente al pago de la letra. Sueldos de 3.000 euros en empleos precarios requieren de un aval hipotecario para que la entidad dé luz verde a la solicitud de su préstamo.

Desde hace un año y medio, coincidiendo con la crisis, la carga de documentos que deben presentar los avalistas bancarios ha aumentado de forma considerable. Ahora, las entidades quieren conocer al detalle su situación financiera. De ahí que también soliciten la nómina del avalista, sus ingresos, los movimientos de sus cuentas corrientes en los últimos meses, la última declaración de la renta y documentos que acrediten la propiedad de bienes, como escrituras de inmuebles, certificados de cuadros u otras obras de arte y joyas.

El compromiso del avalista

Siempre que una persona asume el papel de avalista, adopta un firme compromiso de pago de la hipoteca. Por ley, debe responder como si del titular del préstamo se tratara en caso de impago. La obligación automática no sólo se refiere a las cuotas, sino también a los intereses de demora generados, las costas procesales, los seguros vinculados al préstamo y todos los gastos relacionados con la hipoteca que el titular haya dejado de pagar, sea cual sea el motivo.

Por cortesía, las entidades no acuden al avalista en el primer mes que no reciben el cobro de la hipoteca. Esperan tres meses. Consideran, por tanto, que un préstamo es impagado cuando sus titulares incumplen con el pago de tres meses seguidos. En ese momento, comienzan los trámites para conseguir el dinero a través del avalista. Sin embargo, si éste lo decidiera y así se lo comunicara a la entidad en el momento de firmar la escritura del préstamo, el banco podría ofrecerle ésta información desde el primer mes en que se deja de cobrar la hipoteca.

En estos momentos, los bancos están pidiendo muestras de solvencia tan elevadas a los avalistas que hacen un estudio de su capacidad financiera, sus ingresos y gastos para determinar si por sí solos podrían hacer frente a las cuotas del préstamo. Bancos y cajas buscan que los avalistas dispongan de ingresos suficientes como para poder afrontar el pago de la hipoteca (en el hipotético caso de que fuera necesario) utilizando en torno al 40% de sus rentas mensuales (como si del propio hipotecado se tratara). Sin embargo, son más laxos con quienes disponen de bienes, como otras viviendas, automóviles, tierras o incluso patrimonio artístico que pudiera resarcir una posible deuda, aunque sus ingresos mensuales sean bajos (incluso inferiores a los de los propios titulares del préstamo). Esto es así porque en caso de impago, por ley, la entidad puede solicitar el embargo de los bienes tanto del hipotecado como del avalista. Aunque resulte curioso, la entidad no está obligada a embargar la vivienda objeto de la hipoteca para cubrir la deuda como primera opción. Puede comenzar por tomar directamente bienes muebles, e inmuebles del avalista. En hipotecas con varios avalistas, el banco puede solicitar incluso el embargo de los bienes de uno solo, por la totalidad de la deuda y no sólo de la parte que le corresponda de dividir la deuda entre los avalistas titulares.

¿Cuándo actúa un avalista?

Por lo general, cuando una persona toma la decisión de avalar a otro en un préstamo no piensa que pone sus bienes como garantía de que el titular resarcirá la deuda bancaria. Sin embargo, en épocas de vacas flacas, como las actuales, son muchas las ejecuciones hipotecarias que tienen como protagonistas a los avalistas. De ahí que no esté de más concienciarse y conocer con todo detalle cómo se desarrolla este proceso. Ante un impago, la entidad se pone en contacto con el titular del préstamo. Si no consigue que pague, el segundo paso es informar al avalista y solicitar de él el pago de las cuotas íntegras del préstamo, de las pendientes y, en su caso, de los correspondientes intereses de demora que, de media, suponen en torno a un 7% de las cantidades que se han dejado de pagar. Si el avalista afronta su papel sin ningún inconveniente, la entidad no exigirá nada más y el pago de la hipoteca seguirá su curso. En esta situación, una vez que el titular pueda retomar los pagos, el avalista los dejaría de pagar. A las entidades no les importa quién aporte el dinero, sino asegurarse las cantidades comprometidas. De asumir el avalista la deuda, puede exigir el importe pagado al deudor y convertirse oficialmente en su acreedor.

Si, por el contrario, la entidad no consigue que el avalista afronte los pagos, iniciará una demanda judicial. En caso de que la demanda se ejecute, que es lo habitual, el juez podrá solicitar el embargo de los bienes tanto del titular del préstamo como del avalista. Una situación en la que ambos deberán hacer frente a su deuda con los bienes muebles, es decir, con el dinero de sus cuentas corrientes, nóminas y pensiones. En última instancia, se procedería a la subasta de inmuebles, tanto del hipotecado como del avalista.

Todo por escrito

La necesidad de suscribir hipotecas hasta por 40 años hace que la figura del avalista se convierta en un esclavo financiero de por vida. De ahí que sea recomendable dejar escritas ciertas cláusulas en el préstamo hipotecario por lo que pueda pasar. No son pocos los casos de impagos de hipotecas que se producen por la ruptura de matrimonios y por llegar a una situación extrema de desacuerdo y de no saber qué hacer con el piso. Aunque paradójico, puede ocurrir que una persona sea el avalista de la casa de la expareja de su hijo, después de un divorcio ruinoso y doloroso para él. Con el fin de evitar estas situaciones, conviene aclarar su responsabilidad, a través de un contrato, ante posibles situaciones como ésta.

En el momento en que se escritura del préstamo, el avalista figurará como tal en la misma y es ahí donde aparecerán las cláusulas particulares que quiera imponer la entidad. De entrada, el banco o la caja no tienen la obligación de informar al avalista del incumplimiento de los pagos por parte de los titulares del préstamo. No obstante, si solicita conocer los impagos de manera expresa, la entidad estaría obligada a informar de ello. Esta cláusula debe constatarse así en la escritura si ambas partes (avalista y entidad financiera) se ponen de acuerdo y deciden que así sea.

El último aspecto a tener en cuenta es que en impagos de hipotecas con avalistas las entidades no les comunican a estos últimos que una hipoteca ha entrado en mora. Es común que el primer documento informativo que reciban sea una notificación judicial.

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La cúpula de CCM se subió un 27% su pensión en 2008
eleconomista.es - 11 de junio de 2009
 
 
pese a las pérdidas. Los directivos elevaron también su sueldo un 14% mientras la caja abría un agujero de 740 millones. Los consejeros decidieron aumentar un 11% las dietas para equilibrarlas a la media del sector.

La cúpula directiva de Caja Castilla-La Mancha (CCM) se subió el sueldo el ejercicio pasado un 26,83% pese a las serias dificultades por las que atravesaba la entidad que, finalmente, ha tenido que ser intervenida por el Banco de España en marzo de 2009.

Los directivos, entre los que no se incluye ningún consejero, acumulan hasta la fecha 231.000 euros para el día de su jubilación o cuando abandonen la caja, después de haber dotado esta hucha con 62.000 euros en 2008.

Este incremento se produjo en un momento de gran deterioro de la entidad y cuando ya había sufrido dos inspecciones por parte del Banco de España. Tras los ajustes realizados por el supervisor tras la intervención, CCM obtuvo pérdidas por 740 millones de euros.

Entre los beneficiarios del plan de pensiones se encontraba el ex director general, Ildefonso Ortega, aunque ha renunciado a cobrar cualquier tipo de indemnización. Ortega se ha acogido a una prejubilación y cobrará el 85% de su sueldo correspondiente al cargo anterior al de primer ejecutivo.

Quien sí disfrutará de estas prestaciones es el nuevo director general de la entidad, Gorka Barrondo, quien ocupaba el puesto de director financiero el ejercicio pasado.

Estos beneficios se añaden al salario que percibieron. Los altos ejecutivos de CCM percibieron una retribución de 2,2 millones de euros, un 14% más que en 2007, según consta en el informe de Buen Gobierno Corporativo.

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Cáritas se ve desbordada por el fracaso de los s. sociales
El País - 24 de junio de 2009
 
 
Las alarmas de Cáritas ante los desastres sociales de la crisis no paran de sonar. En 2008, atendió a un 50% más de personas que en 2007 y ahora las peticiones de alimentos y artículos básicos aumentan el 89,6%, y un 65,2% las ayudas para hacer frente a alquileres o hipotecas. Los datos los expuso ayer su secretario general, Silverio Agea. La organización católica -6.000 puntos de acción, 56.000 voluntarios y 4.400 trabajadores contratados- atribuye estas cifras, entre otros motivos, a la "grave dimisión de responsabilidades" de los servicios sociales públicos. Esa dejación se traduce en que el 52% de las personas que atiende Cáritas han sido derivados desde los ayuntamientos. "Cáritas tiene el compromiso de fe para atender a estas personas, pero quienes tienen la obligación son las administraciones públicas, que son quienes administran nuestros impuestos", dijo Agea.

También reclamó un "pacto de Estado" para cubrir a todos los necesitados en todo el territorio nacional, sin diferencias entre autonomías. Agea criticó que los fondos públicos para ayudas básicas están en el mismo nivel que en 2007. "Demuestra una grave falta de previsión y ajuste ante la crisis", sostuvo.

"Familias jóvenes"

La crisis ha cambiado el perfil de las personas que se acercan a pedir ayuda. Aumentan las familias jóvenes con niños pequeños, en primer lugar; parados recientes que comienzan a agotar la prestación por desempleo y a entrar en situación de "ingreso cero" en sus hogares; hombres solos sin hogar y en paro; mujeres mayores con pensiones mínimas, e inmigrantes en situación irregular (uno de cada tres hogares sin ingresos está formado por extranjeros porque "en menos de un año los inmigrantes han perdido más de medio millón de empleos").

Cáritas presentó ayer, además, un estudio elaborado por los expertos Miguel Laparra (Universidad Pública de Navarra) y Luis Ayala (Universidad Rey Juan Carlos) sobre el sistema de garantía de ingresos mínimos en España y la respuesta urgente que requiere la crisis social. El trabajo incide en que el sistema de protección español está "siete puntos por debajo de la Unión Europea". Será remitido a los grupos parlamentarios y al Gobierno porque, como explicó Agea, "Cáritas tiene el objetivo de complementar los servicios públicos, no sustituirlos".

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La rebelión de los parados
interviu.es - 16 de junio de 2009
 
 
Entre los cuatro millones de desempleados, cada vez hay más inconformistas que, al margen del Inem, buscan y hallan trabajo valiéndose de asociaciones de parados o integrándose en asambleas más o menos radicales, como la del barrio bilbaíno de Otxarkoaga, que exigen empleo a pie de obra.

En grupo de unos cuarenta hombres avanza en el albor de la mañana por una calleja de Zamudio (Vizcaya). Llueve. Vienen de Otxarkoaga, un barrio obrero bilbaíno construido en 1961 para albergar a los miles de chabolistas –inmigrantes extremeños y andaluces, la mayoría– que poblaban las faldas de los montes de la capital vizcaína.

Estos hombres han ido hasta Zamudio, a siete kilómetros de sus casas, en busca de lo que perdieron hace meses: un empleo. Son las siete y media de la mañana y los parados llegan a las puertas de la obra que la empresa Exbasa acomete en esta localidad del valle de Asúa, en lo que será un parque tecnológico.

Los parados se hacen a un lado para dejar pasar a los obreros que comienzan su jornada laboral, y a los que lanzan, en silencio, miradas de envidia. Después, el cabecilla del grupo de desempleados, Víctor Pardo, de 54 años, albañil, oficial de primera, en paro desde noviembre de 2008, solicita hablar con el jefe de obra. “Mire, no venimos en plan violento ni creemos en la extorsión. Venimos para hablar tranquilamente. Somos la Asociación de Parados de Otxarkoaga, un barrio que ha vivido de la construcción y que ahora está en la ruina. Queremos trabajo, tenemos derecho a un puesto”, le lanza de un tirón Víctor al responsable de la construcción.

Ya sea por el discurso convincente del líder de los parados o por un cierto temor por parte del empresario, el resultado alegra a los hombres de Otxarkoaga: dos contratos de peones de un año de duración cada uno para esos parados inconformistas.

La identidad de los dos afortunados se decide luego mediante un peculiar sistema de puntos, que, según explica Víctor Pardo, presidente de la asamblea de parados, es el más justo: “Se consigue un punto cada vez que se asiste a una asamblea, y tres por cada acción, como cuando se va a parar una obra, como hemos hecho hoy. Hay que mojarse y actuar. Nosotros nos buscamos el trabajo, nos ayudamos entre nosotros. Algo que los políticos y los sindicatos no van a hacer”. Los que más puntos tienen, los que más han luchado por conseguir empleo, son Miguel y Fran, albañiles en paro desde hace cinco y siete meses, respectivamente. Al día siguiente, los dos jóvenes firman el contrato.

Así, con acciones semejantes, no carentes de cierta presión por parte de los demandantes de empleo, de obra en obra, en Bilbao y sus alrededores, la Asamblea de Parados de Otxarkoaga ha logrado 15 puestos de trabajo para sus integrantes desde noviembre de 2008. Son 120 personas las que componen esta asamblea– la mayoría, albañiles–, aunque algo menos de la mitad acuden físicamente a las obras con la intención de pararlas si no logran al menos un contrato laboral. La Ertzaintza suele presentarse poco después de su llegada y desbarata los planes de estos obreros en paro. El sistema del barrio de Otxarkoaga es el más radical, el que más se hace notar, el que más tiene de presión real. Pero existen otros procedimientos por los que los desempleados intentan conseguir trabajo al margen del socorrido y desbordado Instituto Nacional de Empleo (Inem). Cada vez son más los barrios, pueblos y ciudades españoles que ya cuentan con su propia asociación o asamblea de parados. Son una especie de nuevos agentes sociales, independientes, ajenos a los sindicatos y a los partidos políticos. Y los hay de muchos tipos.

Algunas de estas asociaciones están ya perfectamente organizadas y equipadas, y funcionan como verdaderas agencias de colocación para sus socios. Como la de Pinto (Madrid), que ofertaba la semana pasada en su página web varios puestos de trabajo aparentemente atractivos: director comercial para un hotel de cinco estrellas, decorador para Ikea, electricista para una empresa contraincendios… Unas 155 personas han encontrado trabajo por medio de esta asociación, que tiene cuatro años de vida y permite a los empresarios acceder a los currículos de los socios y encontrar rápidamente el empleado perfecto para sus necesidades. Los socios pagan una cuota de 10 euros al año.

El espíritu solidario y el altruismo que caracterizan a estas asociaciones se plasman en eslóganes casi electorales: “Si estás en paro, si alguna vez te has sentido discriminado por tu edad a la hora de encontrar trabajo, si quieres luchar contra esto y no quieres hacerlo solo… ¡Has llegado al sitio adecuado!”, reza en la web de la Asociación de Parados PM40 de Valladolid.

Algo más revolucionario es Mariano Pérez, murciano afincado en Granada, cuyo lema es: “Contra el paro: lucha obrera”. Él es albañil, y asegura: “Ahora que domino mi trabajo, no me contratan porque dicen los empresarios que soy viejo”. Con 47 años, autónomo desde hace mucho, Mariano no encuentra ni una sola chapuza ni obra donde le den trabajo. Vive con su hijo y no cobra ningún tipo de subsidio. Cero euros. “Tenía una pequeña empresa de reformas y he trabajado por toda España. La crisis se ha cebado conmigo y con los más débiles. Por eso creé la Asamblea de Parados de Granada, en octubre de 2008, con mi amigo Diego Oliva. Así intentamos que cambien las cosas”. La suya es quizá una de las asambleas más activas en estos momentos. “Estamos preparando una gran marcha a Madrid, desde diversos puntos de España, para protestar por el paro y por la indignidad que sufren muchas personas por esta crisis. Hay niños en Granada que comen una sola vez al día, en el colegio”. La Asamblea de Parados de Granada, que moviliza en la ciudad andaluza a unas 500 personas cada vez que celebra una reunión, según indica Mariano Pérez, promueve acciones solidarias que a veces se topan con el férreo sistema burocrático: “Pedimos al rector de la Universidad de Granada que repartiera algunos menús de los comedores de las facultades entre los más necesitados. No llegamos a hablar con él, pero sí con el gerente de la Universidad, y nos dijo que eso era imposible”. Desde esta universidad han declinado comentar el asunto.

En la misma línea trabaja la Asamblea de Parados y Paradas de Barcelona, cuya actuación es sólo reivindicativa. Pide que los desempleados cobren 1.200 euros mensuales hasta que la Administración les proporcione una colocación. “No podemos perder la dignidad como personas y como ciudadanos de una sociedad avanzada. Por eso pedimos esa prestación”, dice Ramón Martín, portavoz de esta asamblea, que se constituyó el pasado primero de abril, a raíz de la campaña La crisis que la paguen los ricos, organizada por unos cien colectivos de izquierdas. Esta asamblea, que también pide la reducción de la jornada laboral para que se pueda repartir el trabajo, exige en los ayuntamientos que el dinero del Plan E del Gobierno para la reactivación de la economía se aplique bien, “y sirva para dar trabajo a los más necesitados”, dice Ramón.

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Nueve de cada diez demandantes de empleo ya son españoles
EuropaPress.es - 01 de junio de 2009
 
 
Nueve de cada diez demandantes de empleo durante 2008 fueron españoles, un 88% del total, según anuncia el Ministerio de Trabajo e Inmigración en una respuesta parlamentaria a la diputada 'popular' Concepción Bravo, a la que tuvo acceso Europa Press.

El Ejecutivo revela que un 73,4% de estas personas llevaba menos de un año sin empleo, dato que el Ejecutivo achaca a que el paro de larga duración en España es uno de los más bajos de la Unión Europea. Seis de cada diez demandantes, un 57,9%, procedían del sector servicios.

El documento remitido por el Gobierno al Congreso se limita a esbozar un "perfil del demandante de desempleo", sin establecer cifras absolutas ni comparativas con otros ejercicios.

MÁS DE LA MITAD SON MUJERES

Así, en cuanto a la distribución por sexos, el departamento que dirige Celestino Corbacho admite que la cifra es "algo mayor" entre las mujeres, que suponen un 52,6% del total. Atendiendo a las franjas de edad, el grupo más significativo en porcentaje es el de los jóvenes entre 25 y 34 años, que supone el 27,5% del total.

Según el nivel de empleo, las personas con estudios secundarios son las más numerosas en la estadística, alcanzando el 68,6%, mientras que las personas que se consideran profesionalmente no cualificadas suman un 29,4%.

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La crisis más larga e intensa
El País - 15 de junio de 2009
 
 
De acuerdo con las proyecciones, la actual crisis económica puede ser de las más largas e intensas de la historia: casi un lustro de padecimientos desde ese agosto de 2007 en que comenzaron las dificultades con un problema tan focalizado como los créditos subprime en EE UU, que sólo suponían el 15% del sistema hipotecario de ese país. Levantarse será una tarea muy larga para la que se requiere el concurso de las fuerzas políticas y agentes sociales. Los Gobiernos, por sí solos, serán incapaces de encontrar una senda de crecimiento adaptada a las nuevas circunstancias.

El problema no es si se ha tocado fondo sino hasta cuándo durarán las estrecheces. Mirar hacia adelante, hacia lo que aún espera. Una de las mayores unanimidades obtenidas es que para salir de la gran recesión la condición necesaria es recuperar la sanidad del sector financiero. Muchos países parecen haber superado la mayor parte de los problemas de liquidez y solvencia de sus bancos a fuerza de avales públicos, compra de activos, grandes inyecciones de liquidez y de que los Gobiernos se quedasen con el capital de las entidades (socialización de pérdidas). Se utiliza el condicional "parece" porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que aún quedan bastantes activos tóxicos sin desvelar en las tripas de los bancos. En EE UU, una decena de grandes bancos han pedido permiso para empezar a devolver el dinero público utilizado en sanearlos, con el objeto de recuperar la libertad de acción perdida con la intervención gubernamental.

En España, por la fortaleza de su sistema financiero y la intensidad de su supervisión, apenas hemos tenido en el pasado esos quebraderos. La paradoja es que pueden llegar ahora, cuando los demás los están superando. Casi agotadas las provisiones genéricas (el colchón de que se dotaron en tiempos de bonanza), el sector empieza a padecer con toda la intensidad los efectos de la recesión en materia de morosidad particular (por el crecimiento del desempleo), impagos inmobiliarios (concursos de acreedores de las grandes promotoras y parón de la construcción y compraventa de viviendas), reducción de los márgenes por la caída de los tipos de interés y la revisión de muchas hipotecas y créditos para adaptarlos a la caída del Euríbor, etcétera. El futuro parece menos esplendoroso que el presente.

Para abordar estas cuestiones y evitar un riesgo sistémico, el Gobierno quiere disponer de un nuevo instrumento, a añadir a los avales a las emisiones privadas, la compra de activos, las fusiones de entidades y el uso de las inyecciones del Fondo de Garantía de Depósitos. Se trata de la creación de un Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), con capacidad de hasta 90.000 millones de euros, utilizables en la recapitalización de las entidades más débiles. Conforme avanzan las dificultades crece la urgencia de disponer de este instrumento, que necesita del consenso parlamentario para ponerlo en práctica.

Pero los problemas que tenemos por delante no se ajustan al sector financiero. El cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno el pasado viernes señala con toda su crudeza la magnitud de la recesión. Según estas previsiones, el paro seguirá afectando en el largo plazo (al menos hasta el año 2012) a más del 17% de la población activa, una cifra estructural que dobla a la de cualquier país de nuestro entorno, con caídas del consumo privado, la inversión, la demanda nacional, las exportaciones y las importaciones, y un déficit público que este año puede llegar al porcentaje récord del 10% del PIB. En este entorno se puede prever que las subidas de los impuestos que afectan al tabaco y al alcohol tan sólo serán las primeras de otras varias, como está sucediendo unánimemente a nuestro alrededor. Máxime si la prioridad de la política económica del Gobierno sigue siendo, como tantas veces ha expuesto el presidente, proteger a los más afectados por la recesión.

El mismo día en que el Consejo de Ministros rebajaba de forma drástica las previsiones económicas para la economía española, el FMI revisaba al alza, por primera vez desde el estallido de la crisis, sus cálculos de crecimiento mundial (un 2,4% en el año 2010), y el Banco Central Europeo indicaba que la recuperación llegará a Europa a mediados del año próximo. Lo que subraya explícitamente el retraso del ciclo económico en nuestro país. Lo que tenemos por delante va a ser más largo que lo que ya hemos pasado.

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Los hijos de la crisis
escolar.net - 16 de junio de 2009
 
 
Durante aquellos años nefastos, Buenos Aires fue la ciudad con el mejor reciclaje del planeta. No fue mérito del Gobierno sino de la crisis argentina y de sus hijos más castigados. Les llamaron cartoneros: cada noche, 40.000 personas salían de las barriadas hacia el centro para husmear en la basura de los ricos. Buscaban papel, plástico y vidrio que después vendían al peso. En un mes, con suerte y esfuerzo, un cartonero podía ganar 200 pesos, unos 40 euros. Para muchas familias, era la distancia entre la miseria y un plato caliente. Entre los cartoneros abundaban los niños. La escuela era un lujo que podía esperar.

Las cicatrices de las debacles económicas no se borran cuando remonta el PIB. El verdadero drama llega muchas veces después, cuando su herencia condena de por vida a toda una generación a la ignorancia, a la pobreza, a la marginalidad. La mayoría de aquellos cartoneros jamás volvió a los estudios. Hoy siguen en empleos precarios: su falta de formación no les permite aspirar a algo mejor.

España no es Argentina, pero nuestra crisis, que según las nuevas previsiones del Gobierno durará al menos dos años más, tampoco terminará cuando el PIB vuelva a florecer. Las hipotecas a 30 años seguirán estando ahí. Los hijos de la crisis en España no son cartoneros, son mileuristas. Es esa generación que algún pedante bautizó como “la mejor preparada de la historia de España” y que ahora es probable que sea la primera, desde la Guerra Civil, que viva peor que la de sus padres. A esa generación, a mi generación, nos han estafado. Nos cambiaron una vivienda digna y un empleo estable por la Playstation 2.

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Sueño español no ha sido comprar piso, también ganar dinero
elcorreodigital.com - 16 de junio de 2009
 
 
con ello. El profesional sevillano presenta hoy en el Artium su documental sobre el 'boom' inmobiliario en España

Un urbanismo con los pies en el suelo caracteriza a Santiago Cirugeda (Sevilla, 1971). Pero la labor de este arquitecto tiene que ver también con la subversión ante la construcción de la ciudad al margen de sus habitantes, así como con la búsqueda de sistemas alternativos para que la gente acceda a las viviendas. En sus proyectos-acciones ha empleado desde contenedores hasta andamios y, en algunos casos, ha sorteado incluso la propia legislación. Hoy trae al Artium (20.00 horas) un documental de 52 minutos sobre la burbuja inmobiliaria en España.

-La gente tiene una idea de lo que es el 'American Dream' (Sueño americano). ¿Qué es el 'Spanish Dream'?

-Es un poco distinto. En los últimos años, el sueño de los españoles ha sido no sólo tener una vivienda en propiedad, sino -como el típico comentario de cafetería- ganar dinero en un futuro inmediato con una inversión. Por eso, nos hemos convertido en inversores. El sueño español no era el derecho legítimo de tener una casa, sino esa perversión que nos ha afectado a muchos, de jugar en el campo inmobiliario. Se compraba una vivienda, una segunda y, si se podía, otra en la playa.

-¿Cómo lo cuenta en su película?

-Hay testimonios muy distintos: de políticos, de abogados, de activistas o de personas normales y corrientes. Se ve la diferencia que ha habido entre comprar en los primeros años 90 con hacerlo a partir del 96 o de 2002. Es un documento bastante informativo, más que presentar una trama emotiva. Desde el cambio legislativo a políticas de suelo o de consumo de territorio, resulta un poco exhaustivo. Hay mucha información, como para coger apuntes.

-¿Cómo surgió este proyecto?

-Guillermo Cruz, que es el director, coincidió conmigo cuando hice un experimento en Barcelona con una vivienda de 30 metros cuadrados, antes de la famosa polémica. Tenía que ser una solución para personas de tercera edad, que prefieren un espacio más pequeño o, de forma transitoria, para gente joven. Quería visitar el prototipo y obtener imágenes. Hubo una contradicción de autorizaciones entre el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, y no se hizo. También, más tarde hice unas viviendas sobre pilotes, para jóvenes, en Basozelai, en Basauri, y empezamos con el guión. Tenía una dimensión política y autoconstructiva. Pero el proyecto también fracasó por temas partidistas. -Al final, trabajaron juntos.

-Sí, y ahora estamos preparando otro documental. Es una especie de complemento a éste, para demostrar que la crisis internacional no tiene nada que ver con la española de la vivienda. Aquí, el sector inmobiliario iba a caer, porque no había un crecimiento y se cuentan tres millones y medio de viviendas vacías. Como no se vende, no se construye, con lo que estamos abocados al fracaso por la falta de una industria, de nuevas tecnologías...

Alternativa

-¿Qué contará?

-Aparecen diversos colectivos que existen en la Península, ya sea en Galicia, en Cataluña o en Bilbao. Es más optimista, en la medida en que enseña realidades ya construidas y consolidadas por parte de una alternativa social y política en toda España.

-Su trayectoria está relacionada con la busca de justicia social en cuanto a la vivienda. ¿Cuántos problemas le ha acarreado con la Administración?

-Ante algunos vacíos legales, las faltas son administrativas. Siempre que hemos cometido una no ha sido para hacernos más ricos, ni para construir más viviendas. Siempre ha sido para beneficiar a gente con dificultades económicas o de integración. Incluso en el ambiente profesional han llegado a decir que no soy arquitecto, sino sólo un activista. He tenido denuncias, pero seguimos peleando.

-¿De qué forma pelea?

-Si planteas usar un edificio vacío para crear, por ejemplo, un centro social, con materiales reciclados, te miran con cara extraña. Pero si demuestras que se ha hecho en veinte sitios, es distinto. Por eso, contamos con distintos grupos, por lo que en Recetas Urbanas -su estudio- nos sentimos más respaldados. El documental es también una herramienta para ello.

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Enric Duran: Vamos a crear modelos sociedad autogestionada
La Vanguardia - 16 de junio de 2009
 
Tengo 33 años. Nací en Vilanova i la Geltrú y vivo donde está el centro de coordinación del movimiento pro decrecimiento, que va cambiando de casa. Soy autodidacta. Abogo por un modelo económico basado en lo local, las cooperativas y la solidaridad. Soy agnóstico ¿Cómo le recibieron en la cárcel?

Un delito como el que se me supone, estafar a los bancos, está muy bien visto en la prisión, de modo que el recibimiento fue respetuoso. Fotocopiaban los artículos que salían sobre mí en la prensa y los repartían por la cárcel. Incluso alguno de los guardas se interesaba por mis ideas y conversábamos largo y tendido.

¿De dónde surgió la idea de estafar a los bancos?

En el verano del 2005 ya llevaba seis años participando en movimientos sociales y siempre uno de los límites en nuestros proyectos era la cuestión económica.

Y como no tenía dinero...

Leí mucho sobre la crisis energética y me di cuenta de que había que actuar ya, que el tema es urgente. Hacía falta crear un movimiento crítico sobre el crecimiento económico y, por tanto, hacer alguna acción que facilitara los recursos a corto plazo. Por otro lado, la desobediencia civil siempre ha sido algo que he seguido de cerca y respeto.

Y tropezó con Lucio Urtubia.

Sí, que siguiendo la tradición de expropiación anarquista había logrado dinero sin violencia, a través de la estafa, para financiar organizaciones revolucionarias y anarquistas. Fue una buena inspiración.

Urtubia llevó a cabo una multimillonaria estafa de cheques de viajes de Citibank.

Pero él siempre había actuado de forma clandestina y a mí lo que me motivaba era hacerlo público para defender la legitimidad de mis acciones ante la sociedad.

Y 25 años después de Urtubia, aparece Duran.

Inflé la nómina de mi trabajo real en una cooperativa sin ánimo de lucro de la que todavía soy socio y empecé a pedir préstamos. También creé un par de falsas empresas que me dieron acceso a préstamos.

Así estafó 492.000 euros a 39 bancos.

Mi objetivo era financiar, con ese dinero, movimientos sociales y denunciar el sistema financiero. Publicamos la revista Crisis,donde explicamos la crisis en sus distintas vertientes: energética, financiera y alimentaria; cómo se genera el dinero, cómo funcionan los bancos, y documentamos su poder y cómo este afecta a los partidos políticos, a los medios de comunicación, la justicia y las multinacionales.

En su segunda publicación, Podemos,invitaban a dejar de pagar hipotecas y préstamos.

Sí, y dábamos información sobre las consecuencias que eso podría llegar a tener: embargo de nóminas, vivienda…, y cómo solucionar el tema. Eso, junto a propuestas de organización social alternativa.

Cuénteme.

Construcción de cooperativas en el ámbito financiero. Estamos creando Fiare, la primera cooperativa y banca ética a nivel español. Y cooperativas de consumo y trabajo. No nos importa si la gente es morosa o no, con nosotros pueden olvidar sus deudas y reconstruir su vida con otros valores.

¿?

Es la manera de incitar a toda esa población que tiene problemas con los bancos a participar en la construcción de una alternativa social.

Si muchos dejan de pagar sus hipotecas, los abuelos perderán sus ahorros.

El Gobierno ha garantizado los ahorros.

Sólo hasta una determinada cantidad.

No le negamos al Estado la participación en esos cambios, pero como eso no está sucediendo, queremos impulsar a la ciudadanía para que se avance y hacer la transición de la manera menos traumática. El problema de la pérdida de esos ahorros es pequeño en relación con lo que se nos viene encima. Los impuestos deberían gestionarlos los ayuntamientos y de ahí para arriba.

¿Le recuerdo los casos de corrupción de algunos ayuntamientos?

Está claro que hay mucha corrupción basada en valores egoístas y que acabar con eso forma parte del cambio de conciencia. De entrada, estamos intentando construir pequeños modelos de sociedad autogestionada que demuestren que a pequeña escala otra forma de vivir es posible.

¿Basados en la propiedad colectiva?

Sí, y en el valor de uso y no en el valor de cambio; es decir, que nadie es propietario de algo que no utiliza. En las relaciones económicas locales consumir siempre lo más cercano; el apoyo mutuo, intercambio y reciprocidad.

¿Qué va a hacer ahora?

El siguiente paso es la campaña Podemos vivir sin capitalismo.Apostar por bancas éticas, crear cooperativas, poner de acuerdo a gente que tiene pisos vacíos con gente que los necesita y se compromete a restaurarlos u ofrece cualquier otro servicio, repoblación de pueblos abandonados, que descongestionaría las ciudades y facilitaría los lazos sociales.

Usted se autoimpone un sueldo, ¿no empezamos mal, no le suena a revolución que acaba en "porque lo digo yo"?

En absoluto. Yo llevo diez años dedicándome plenamente a movimientos sociales y me reservo 600 euros anuales para alimentación y transporte.

... De la misma forma, podría reservarse 600.000 porque cree que su revolución es justa y usted imprescindible.

Yo no parto del sueldo, sino de los gastos. No acumulo ni propiedades ni bienes.



Desafío al poder

Hijo de farmacéuticos y entrenador de tenis de mesa, a los 22 años dejó el deporte de élite por el activismo social. Se convirtió en héroe juvenil cuando en septiembre del 2008 anunció que había estafado 492.000 euros a 39 bancos para demostrar su desacuerdo con el actual sistema financiero mundial. Con el dinero financió la revista Crisis y desapareció. Volvió seis meses más tarde para presentar su nuevo panfleto, Podemos vivir sin capitalismo,que 2.000 voluntarios han distribuido por 400 ciudades. Tras pasar un par de meses en la cárcel reaparece con la edición en castellano de Insumisión a la banca (Ediciones B), cuyos beneficios están destinados al colectivo Crisis y su web, podem.cat

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¿Demoler barrios enteros como solución a la crisis?
Cotizalia.com - 15 de junio de 2009
 
 
Es la noticia más leída del Telegraph en el último mes, elecciones y escándalos parlamentarios incluídos. En Estados Unidos la crisis, que amenaza con llevarse por delante las debilitadas finanzas de numerosas corporaciones municipales, ha provocado que algunos Ayuntamientos se estén planteando reducir sustancialmente la dimensión de sus urbes a través de la demolición y reforestación de todas aquellas barriadas que la actual recesión ha convertido en fantasmas. Una propuesta sorprendente no exenta de sentido.

No he podido evitar –ya saben que el modo de pensar de McCoy es un tanto colateral y persigue más suscitar ideas y anticipar tendencias que dictar sentencia, como ha ocurrido con el polémico artículo sobre la amenaza potencial que supone Google de este fin de semana- una asociación de pensamientos con la decisión de Francisco Hernando, El Pocero, de abandonar el proyecto que lleva su nombre en el municipio toledano de Seseña, erial en mitad de la nada, que hemos conocido esta misma semana. Papelón el de Urdaci, si Letizia era la periodista de la década, ¿qué no será su actual patrón? Dime con quién andas…

Es una evidencia que en España hay una sobre oferta de viviendas, concentrada fundamentalmente en aquellos lugares donde se ha hecho una utilización intensiva del suelo para el que no había una demanda sostenible en el tiempo, segunda vivienda en costa a precios desmesurados y nuevas planificaciones urbanas en la periferia de las grandes ciudades. Al cambiar el escenario que sustentaba tal construcción residencial, la ilusión de un crecimiento infinito de los compradores, la posición competitiva de tales desarrollos desaparece casi automáticamente, como lo hace el interés de los inversores e incluso de los adquirentes de vivienda habitual. A igual precio entre segunda y primera línea de costa, no hay discusión, y entre el centro de la ciudad y los nuevos barrios de las afueras, puede que tampoco.

El problema es que, aunque las corporaciones locales han delegado como parte del proceso de concesión de licencias el desarrollo urbanístico a las constructoras, a cambio igualmente de las cesiones de suelo correspondientes, lo cierto es que a partir del momento de la entrega de las casas el gasto corriente y recurrente corresponde a la municipalidad, como parte de un contrato implícito por el cual los Ayuntamientos se cobran tales servicios a través de los distintos impuestos municipales. El problema aparece cuando las casas no se venden, y las promotoras carecen de liquidez para hacer frente a tales cargos, o los barrios se encuentran tan deshabitados que su deterioro se acelera a la vez que sus contribuciones son cada vez más exiguas.

Es verdad que, a diferencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde gran parte de los barrios que se están demoliendo son en esencia viejas vecindades dormitorio industriales, en España ocurre justamente lo contrario: es la vivienda construida hace menos de cinco años la que cuenta con dificultades para encontrar inquilinos. El modelo de ciudad de aquel país dista mucho, además, de asemejarse al español donde prima el edificio frente a la vivienda unifamiliar. La sacralidad, legítima, del derecho de propiedad en nuestra nación implica que cualquier proceso de desplazamiento dirigido de la población de unos lugares de la ciudad a otros se pueda encontrar con el rechazo, natural, de la ciudadanía. Por último, a los precios actuales el trade off o relación de intercambio entre compras hoy y costes futuros a soportar es difícil de afrontar por parte de ninguna institución pública.

Sin embargo, sí que creo, y llego de esta manera a la razón principal de la pieza de hoy, que estamos ante una oportunidad histórica en nuestro país para dotar de racionalidad su modelo urbanístico, de convertir un exceso doloroso de purgar en coste y tiempo en una mejora sustancial de nuestro parque inmobiliario. Un modo muy distinto de afrontar un problema que ha venido para quedarse durante una temporada. Una solución que pasa por cuatro pilares fundamentales: una, rehabilitación a través de los procesos de revisión de edificaciones de más de x años de antigüedad ya impuestos en la mayoría del territorio nacional; dos, lucha taxativa contra la ilegalidad tanto ex ante como ex post y con penalización directa o indirecta tanto al infractor como al constructor y al supervisor; tres, control exhaustivo de la acción urbanística municipal mediante la incorporación de la fe pública a todo el proceso y el establecimiento de cauces interpuestos externos de control; cuatro y último, procesos de planificación ordenada que persigan integrar más la ciudad en el medio y recuperar esa España verde de la que hablaba Félix Rodríguez de la Fuente y que nunca debimos dejar morir.

Un poco de utopía de lunes nunca viene mal. Buena semana a todos.

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Comunidad de Madrid
 
A LA COMUNIDAD DE MADRID NO LE SALE EL PLAN JOVEN
El País (Comunidad de Madrid) - 26 de junio de 2009
 
De los 150.000 pisos previstos para alquilar con opción a compra en la capital, sólo se entregarán 13.000

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya no pone primeras piedras, ni acude a los sorteos, ni entrega pisos del Plan Joven. Su gran proyecto en materia de vivienda ha cumplido cinco años con más pena que gloria. Aunque la pasada semana pusiera sobre la mesa unos datos a todas luces triunfalistas, señalando que hasta el pasado mes de marzo ya existían suelos comprometidos para 116.728 pisos, destinados al alquiler con opción a compra para menores de 35 años, lo cierto es que, un lustro después, tan sólo se han concluido 3.046 las viviendas y otras 10.000 lo estarán de forma progresiva hasta el final de la presente legislatura, en 2011.

Pero más allá del compromiso, lo que reclaman los más de 200.000 jóvenes apuntados en la lista de la Comunidad de Madrid es cuándo se entregarán las llaves de las 110.000 viviendas restantes no iniciadas, qué tamaño tendrán y qué pagarán finalmente por ellas. La respuesta, una incógnita.

Si bien la propia presidenta y el anterior consejero del ramo, Mariano Zabía, se hincharon a firmar convenios de adhesión con ayuntamientos entre 2004 y 2007, la mayoría se han convertido en papel mojado. De los 73 convenios sólo se han cumplido o están en vías de hacerlo una veintena en los dos próximos años.

Las incongruencias en torno al Plan Joven abarcan un amplio abanico. Desde viviendas oficialmente ya entregadas pero, que realmente no lo están por las renuncias que se están produciendo, hasta reclamaciones por parte de los adjudicatarios relativas a incrementos sobre el precio inicialmente prometido, defectos en la construcción, ocupaciones ilegales de los pisos vacíos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) o injustificables retrasos en el inicio de las obras y en la entrega de las viviendas.

Desde la Comunidad de Madrid echan balones fuera sobre todas estas circunstancias. Al respecto, un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha asegurado que "apenas es un 2% el número de adjudicatarios a los que todavía no se ha podido localizar". Sobre el hecho de que existan más de 2.500 jóvenes adjudicatarios de pisos del Plan Joven (en Tres Cantos, Majadahonda o Alcorcón) que llevan dos años esperando a que se inicien sus viviendas, la misma fuente deja caer que "en muchos casos esos sorteos se celebraron por la presión ejercida desde los propios ayuntamientos", y que ahora, para evitar esos retrasos, "se ha tomado la decisión de no realizar sorteos hasta que las viviendas obtengan la calificación provisional para ser iniciadas".

Argumentos que, a todas luces, resultan insuficientes para los afectados. "Es una vergüenza lo que están haciendo. Nos están tratando como a monigotes. Lo pusieron todo muy bonito solamente para captar votos. Pero después nada de nada. Nos prometieron viviendas de 70 metros con garaje y trastero vinculados, pero la superficie se ha reducido bastante. Además, sin ser propietarios hasta el momento en que ejerzamos la opción a compra, nos quieren hacer pagar el IBI (impuesto de bienes inmuebles) y el seguro de la vivienda". Quien así se expresa es David Corrales, presidente de la Asociación de Afectados del Plan Joven Las Retamas (AAPJR).

Problemas de financiación

Tras esta asociación se hallan 428 beneficiarios de otros tantos pisos en alquiler con opción a compra para menores de 35 años que resultaron adjudicatarios de los mismos en el sorteo celebrado el 28 de febrero de 2007. Los pisos se distribuyen en tres parcelas, situadas en el barrio de Universidad, de las que son propietarias Espacio -la filial inmobiliaria del Grupo Villar Mir-, Isolux Corsán y Andria. Veintiséis meses después del sorteo, sólo Espacio acaba de iniciar las obras. De Isolux no se sabe nada y, en el caso de Andria, "ni siquiera ha obtenido financiación para acometer la construcción, según ha comentado en una reunión el señor Blasco", señala Corrales en referencia a Juan Blasco, viceconsejero de Vivienda.

En la misma situación se encuentran los adjudicatarios de 1.000 pisos en Tres Cantos y otros 910 en Majadahonda, en sendos sorteos celebrados en 2007, el 20 de marzo y el 18 de julio, respectivamente. En Majadahonda, las cuatro parcelas ubicadas junto al nuevo hospital Puerta de Hierro son propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). En sólo una de ellas se han licitado y adjudicado las obras -a OHL por 20,66 millones de euros- que empezarán a construirse a finales del presente verano y no estarán listas para ser entregadas hasta principios de 2012.

Para los 578 pisos restantes no hay fecha de inicio, aunque los afectados confían en que, según les han comentado desde el IVIMA, las obras puedan iniciarse a final de año, porque no se ha licitado el concurso para ejecutar las obras. "El problema que ha habido en Majadahonda es que el Ayuntamiento no estaba conforme con la modificación que fue necesario introducir sobre el proyecto inicial de ejecución", comentan desde la Consejería.

Los foros de Internet donde los beneficiarios expresan sus inquietudes echan humo. En uno de ellos, Alberto expone la situación. "Llevamos dos años sin saber nada de nada. Hemos llamado mil veces al IVIMA y la respuesta es siempre la misma, que no saben nada y que llamemos dentro de dos meses. Ya estamos cansados de que nos tomen el pelo porque juegan con las ilusiones de muchos jóvenes", argumenta. Beatriz también se queja de la falta de información por parte del IVIMA. "La única comunicación que han tenido con nosotros es una carta remitida en agosto de 2007 para saber si queríamos renunciar al piso", asegura.

Al menos, en las últimas semanas, esta falta de información de los responsables de Vivienda se ha paliado. Un grupo de adjudicatarios de Majadahonda se ha reunido con Francisco Javier Carmena, director de la Oficina de Vivienda de la Comunidad, al que recabaron información detallada y concreta sobre aspectos relativos a sus futuras viviendas.

'Es indignante lo que están haciendo con nosotros'

"Si me hubieran dicho desde el principio que el piso me lo daban a finales de 2009, pues bueno. Habría planificado toda mi vida en base a esa fecha, pero el problema es que no fue así. Llevo dos años sin saber qué hacer y sigo viviendo en casa de mis padres", comenta airada Nayra Sánchez, de 29 años, una de las 48 personas que el 9 de mayo de 2007 resultaron adjudicatarias de un piso en la manzana 1.32 D del Ensanche de Vallecas.

Las obras están terminadas desde finales del pasado verano, pero las fechas de entrega anunciadas se han ido incumpliendo una tras otra. "Es indignante lo que están haciendo con nosotros. Todo son mentiras", añade Nayra. "Primero nos dijeron que entregaban los pisos durante el tercer trimestre de 2008, luego que en el cuarto, luego que en enero, febrero, y así hasta hoy", explica Nayra la situación. Para más inri, en noviembre de 2008 les fue remitida una carta para requerirles documentación y señalar que "en breve" volverían a contactar para proceder a la elección del piso y firmar el contrato previo a la entrega. No fue así.

El motivo del retraso les fue comunicado personalmente a los adjudicatarios por el director gerente del IVIMA, José Antonio Martínez Páramo, en la reunión mantenida el pasado 28 de mayo. Todo obedecía a que la parcela donde se alzan las viviendas no era, en su totalidad, propiedad del instituto público, ya que un 0,6% del solar era de titularidad municipal.

En esa misma reunión les confirmaron que la operación de compraventa ya estaba lista, pero la semana pasada un nuevo jarro de agua fría. Esa supuesta compraventa iba a tardar en escriturarse cinco o seis meses. No obstante, desde la Comunidad se señala que "el plazo de entrega es inminente, ya que se cuenta con la calificación definitiva y sólo falta que el Ayuntamiento de Madrid otorgue la licencia de primera preocupación", señala un portavoz.

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300 FAMILIAS SE MANIFIESTAN EN MADRID
libertaddigital.com (Comunidad de Madrid) - 23 de junio de 2009
 
 
tras perder 17 millones en una promoción inmobiliaria. El estallido de la burbuja inmobiliaria sigue mostrando su cara más amarga. En esta ocasión, una cooperativa de 300 familias que se embarcó en un proyecto en el que ya han perdido 17 millones de euros.

veces son esas pequeñas historias cotidianas las que muestran la verdadera cara de la crisis. Se ve a diario en los puntos de recogida de peones, en las colas cada vez más largas que se forman en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM). También en los comedores sociales, a reventar, o los nuevos necesitados que acuden a Cáritas.

Junto a estas noticias también hemos conocido otras como la de aquellos empresarios, proveedores de grandes promotoras, que iniciaron una huelga de hambre para exigir el pago de sus servicios para poder pagar, a su vez, a sus empleados, sus créditos, etc.

En esta ocasión, la cara de la crisis la ponen 300 familias a quienes les han comunicado que han perdido todo el dinero invertido los últimos tres años en las viviendas que ocuparían en “Los Berrocales” al sureste de Madrid. Formando una cooperativa, confiaron sus ahorros a un proyecto que les llevaría, entre 2012 y 2014 a ocupar su nueva casa. Algo que, de momento, no va a suceder.

Según cuentan fuentes de esta cooperativa a Libertad Digital, en 2006, contrataron los servicios de Prygesa (filial gestora de cooperativas de la constructora Pryconsa), para que se hiciera cargo de la compra de suelo, la solicitud de los préstamos, el establecimiento del plan de pagos así como de la gestión de la urbanización de los terrenos y la construcción de las viviendas, unas 500 casas.

Desde aquel momento, se formaliza la contratación de dos préstamos de 20 y 22 millones (en total 42 millones de euros) con dos entidades financieras diferentes para la compra de unos terrenos en el sureste de Madrid, un área conocida como “Los Berrocales”, donde se edificarían los bloques de viviendas.

La gestora elaboró un “Plan Maestro” para establecer las cuotas que cada cooperativista tenía que satisfacer anualmente. “Cumpliendo religiosamente con cada pago”, las 300 familias han aportado una media “de entre 40.000 y 70.000 euros cada una” hasta enero de 2009. En total 17 millones de euros.

Las mismas fuentes cuentan que el pasado enero, la gestora les reunió para explicarles que quedaban sólo dos días para que vencieran los préstamos concedidos para la compra de suelo y que las obras (hasta el momento sólo estaban en marcha las de urbanización) se había paralizado. La excusa que les dieron es que no habían entrado más cooperativistas y que se había terminado el dinero.

Ante el estupor de estas familias, y siempre según la cooperativa, la gestora les ofrece una salida, establecer una nueva cooperativa y comprar, a precio de mercado, vivienda libre en stock de Pryconsa. Cuando le preguntan por el dinero aportado previamente (y que en total suma 17 millones de euros), la gestora les hace ver que lo han perdido.

Un caso especialmente dramático, según nos comentan, porque algunos cooperativistas tuvieron que pedir un préstamo personal para afrontar los primeros pagos de adhesión al proyecto. Familias que, tras perder la inversión todavía pagan el préstamo que solicitaron hace dos tres años.

Los afectados culpan a Prygesa de lo ocurrido porque “les confiamos nuestro dinero” y “estimamos que lo ocurrido es fruto de una muy mala gestión”. Cuando los cooperativistas preguntaban a sus gestores por la posibilidad de que el negocio saliera mal, “la respuesta era siempre la misma.

Nos decían que no había ningún riesgo ya que si se presentaban problemas, se vendían los terrenos, se recuperaba la inversión y se repartía el sobrante, porque el precio del suelo no baja…” Esta afirmación corresponde al año 2006. Este martes tienen programada una manifestación por la calle Bravo Murillo de Madrid que saldrá desde la sede de Pryconsa. Su intención, pedir alguna solución a su problema.

Proyecto aprobado en 2005 por el Ayuntamiento de Madrid

A finales de marzo de 2005, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid daba luz verde al proyecto de urbanización de Los Berrocales para albergar un barrio de 22.000 viviendas en el plazo de ocho años. Constituiría uno de los ensanches más extensos de Madrid con 830 hectáreas.

Según publicaba aquellas fechas Madrid Diario, los trabajos de urbanización supondrían una inversión de 623,5 millones de euros y según dijo entonces el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, el 50% de la vivienda construída en este nuevo barrio tendría algún grado de protección.

Los proyectos de la Junta de Gobierno de Gallardón eran, como no podía ser de otro modo, faraónicos. Aprobó un presupuesto de 623,5 euros para urbanizar los terrenos y quería destinar un 1% a la mejora del paisaje urbano y colocación de elementos diseñados por artistas con el fin de potenciar los efectos paisajísticos, culturales, sociales y ambientales del barrio.

Además, señaló que se levantaría entre la línea 9 de Metro, los Ahijones, la M-50, la A-3 y zonas industriales, como Cerro Almodóvar y la Dehesa en el distrito de Vicálvaro. En este terreno es donde la cooperativa se había propuesto construir sus 500 vivivendas.

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Ediles de PP que denunciaron irregularidades fueron espiados
El País (Comunidad de Madrid) - 17 de junio de 2009
 
 
Alertaron en 2006 de un supuesto pelotazo urbanístico en Torrelodones

Hace tres veranos, en 2006, dos ex concejales populares denunciaron supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Torrelodones (PP). Jesús María Pacios y Reyes Tintó denunciaron a la cúpula del PP local de adoptar decisiones urbanísticas presuntamente interesadas. Ayer se supo que fueron espiados por ello.

La denuncia se produjo cuando el Ayuntamiento se disponía a reclasificar una zona protegida, el Área Homogénea Norte (AHN), una extensión de 126 hectáreas donde planeaban construir unas 1.500 viviendas, un campo de golf y un centro comercial. Anticorrupción no vio suficientes pruebas. La denuncia acabó en papel mojado, el proyecto paralizado y los concejales alejados de la política.

Fueron destituidos de sus cargos y expulsados del PP.

Ese verano alguien espió a Pacios y Tintó. Fueron minuciosamente investigados, seguidos y fotografiados. Toda la información fue recogida en sendos dossiers de unas 20 páginas, a los que ha tenido acceso la cadena SER. Los informes contienen varias fotos de Pacios en la calle, cerca de su trabajo, con su ex pareja, o incluso en el cine con su hija menor. El seguimiento a los ex ediles fue exhaustivo. El documento contiene información sobre las cuentas bancarias, datos sobre sus familiares, propiedades (pisos y vehículos) y un completo informe sobre sus movimientos y encuentros con otras personas. La información sobre Pacios, cuyo encabezamiento es "Determinar la situación económica, sus movimientos, lugares visitados, y personas con la que se relaciona", es más completa, ya que Tintó se encontraba de viaje por Estados Unidos cuando fueron espiados.

El dispositivo de vigilancia funcionó, al menos, entre el 1 y el 9 de agosto, según la SER. En esa época los concejales habían denunciado al alcalde de la localidad, Carlos Galbeño, y el presidente del PP local, el diputado nacional Mario Mingo, ante los máximos responsables de su partido, pero el caso no había saltado aún a los medios. "Tuvimos varios encuentros con el secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. Llegamos hasta Génova", relata Jesús María Pacios. Los dossiers se entregaron el 7 de septiembre, cuando este diario ya había publicado las denuncias de los ex ediles populares.

Otro de los seguimientos que ha publicado la SER es el realizado a María Luisa Alcanda, la esposa del arquitecto municipal y ex miembro de la ejecutiva del PSOE local. Los concejales sospechan que los seguimientos fueron encargados por dirigentes del PP, pero evitan señalar a nadie, aunque sugieren que podrían provenir del propio grupo local.

Estos espionajes se suman a los realizados a altos cargos del PP regional, hace justo un año, según ha publicado este diario. Ignacio González, vicepresidente regional; Alfredo Prada, ex consejero de Justicia; y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, fueron seguidos unas semanas antes del congreso nacional del PP celebrado en Valencia, donde Aguirre valoró enfrentarse a Rajoy para hacerse con la dirección del partido.

Algunos de los sospechosos de estos seguimientos proceden del área de Seguridad e Interior, dependiente de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco Granados. Un portavoz de este departamento regional se apresuró a precisar ayer que cuando se realizaron los seguimientos a los concejales de Torrelodones, Granados no tenía las responsabilidades de Interior. Este portavoz afirmó, además, desconocer los seguimientos a estos ex ediles. El director del Área de Seguridad, Sergio Gamón, y principal sospechoso de encargar los espionajes, ocupó el cargo cuatro meses antes de que comenzase el espionaje a los dos concejales de Torrelodones.

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Un notario fue espiado tras alertar a Aguirre de corrupción
El País (Comunidad de Madrid) - 18 de junio de 2009
 
 
El funcionario denunció supuestas irregularidades urbanísticas en Torrelodones

Benito Martín Ortega, notario de Torrelodones, fue espiado durante el verano de 2006 tras reunirse con la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, en la sede de la calle de Génova para relatarle supuestas irregularidades urbanísticas. El notario también le expuso a la presidenta regional sus dudas sobre el destino de las aportaciones que algunos empresarios entregaban a dirigentes del PP local para financiar el partido, según avanzó ayer la cadena SER. Según sus sospechas, los recaudadores se quedaban con este dinero.

El seguimiento a Martín se produjo en la misma época en la que fueron espiados los ex concejales populares de Torrelodones Jesús Pacios y Reyes Tintó, que denunciaron ante Francisco Granados, secretario general del PP madrileño, supuestas decisiones urbanísticas interesadas del alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, y del jefe del PP local, el diputado nacional Mario Mingo.

Tras el encuentro con Aguirre, Martín Ortega fue objeto de un espionaje exhaustivo entre el 31 de julio y el 9 de agosto de 2006. El dispositivo incluía varios turnos de seguimiento entre las ocho de la mañana y las diez de la noche, según la SER. Una vez terminada la investigación sobre el notario se elaboró un dossier con completa información sobre sus cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, números de teléfono, identificación de sus familiares y coches. El informe incluye una treintena de fotografías de los movimientos del notario. "No tenía noticias de que me hubieran espiado, pero no me extraña. He tenido miedo físico", asegura Benito Martín, que señala directamente a la cúpula del PP local y a empresarios afines como los responsables del espionaje.

El notario de Torrelodones participó en la comisión de investigación que se creó para aclarar las supuestas denuncias de corrupción. Entre ellas el intento de recalificar el Área Homogénea Norte (AHN), una zona protegida de 128 hectáreas donde el Ayuntamiento pretendía construir 1.500 viviendas, un campo de golf y un centro de ocio. Otra de las polémicas decisiones fue la expropiación de un solar para construir un aparcamiento municipal. El constructor propietario del terreno denunció que el alcalde le pidió 150.000 euros a cambio de no ejecutar la expropiación. El notario relató, además, que algunos empresarios habían aportado dinero al partido para pagar los guardaespaldas de dirigentes populares en el País Vasco y que nunca había llegado a su destino. "Vivimos en un estado policial. Aquellos que hemos criticado al alcalde estamos liquidados", cuenta. Tiene un sentimiento de impotencia: "Hay una mafia empresarial en Madrid que es capaz de cualquier cosa para lograr sus intereses. No entiendo cómo todavía un fiscal no se ha metido en el asunto".

Benito Martín cuenta que estudia llevar el caso a los tribunales. Su consuelo son las llamadas de políticos del PP nacional que le han dicho que lo ocurrido es una vergüenza.

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18 Años esperando una vivienda 'por torpeza administrativa'
ADN.es (Comunidad de Madrid) - 17 de junio de 2009
 
 
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha denunciado hoy que la "torpeza administrativa" y la "tardanza en dar licencias" del Gobierno municipal (PP) ha dilatado aún más las espera de unos vecinos de la calle Amposta, que "llevan dieciocho años para recibir su vivienda".

Después de estos 18 años de espera, ha explicado Pérez, los vecinos del 31 de la calle Amposta, en el distrito de San Blas, llevan desde agosto del año pasado viendo a través de sus ventanas sus nuevos pisos, con las maletas hechas para la mudanza y sin poder entrar debido a que el nuevo edificio "no tiene licencia".

El portavoz de IU ha asegurado que en agosto de 2008 se acabaron de construir las viviendas, en febrero de este año se han adjudicado los pisos, posteriormente, el Ayuntamiento les pidió tres meses "para solucionar los flecos administrativos" antes de recibirlos y tras ese trimestre les han vuelvo a solicitar 20 días más, que también han pasado.

Mientras tanto los vecinos, "se ven obligados vivir en un portal en el que tienen que subir las escaleras de su propia casa a gatas para no caerse, entrar sin llave, ya que no hay puerta, o a esquivar los peldaños rotos", ha indicado el portavoz, quien ha agregado que "humedades y buzones desvencijados completan este paisaje".

Pérez ha exigido "una solución inmediata porque ni aquí ni en ningún otro problema vale el argumento de las competencias, ya que la única competencia de las administraciones es solucionar los problemas a los vecinos y no suponer un problema añadido".

"Después de años y años de espera, después de ver día a día como construían sus pisos es absolutamente impresentable que la torpeza de la administración les condene a vivir en esas condiciones cuando a veinte metros tiene una vivienda digna", ha concluido el portavoz.

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Una familia que vive en una caravana 9 años esperando piso
diariosigloxxi.com (Comunidad de Madrid) - 30 de mayo de 2009
 
 
Una familia que vive en una caravana con un niño con síndrome de Down espera un piso del Ivima desde hace 9 años. Sobreviven con los 400 euros de subsidio del padre, en paro desde hace seis meses

Alfonso y Soraya llevan nueve años viviendo junto con sus cuatro hijos en una caravana cerca de un descampado en pleno barrio de Canillejas, en Madrid, a la espera de que el IVIMA les de un techo donde vivir. Han estado toda su vida así, pero con Abraham, un niño de cuatro años con síndrome de Down que le confiere un grado de minusvalía del 78 por ciento, la situación es cada día más urgente.

En la actualidad, sólo cuentan con 400 euros de subsidio por desempleo del padre, en paro desde hace seis meses, y no cobran ningún otro tipo de ayuda, ni siquiera por el más pequeño, Abraham, que a los dos meses de nacer tuvo que ser intervenido del corazón por una insuficiencia mitral y tricúspide moderadas.

Aunque ahora está más estable, Soraya recuerda que "estuvo muy mal porque según los médicos le faltaba una semana de vida y tuvo una operación a todo riesgo". De hecho, estuvo ingresado muchas veces por continuos catarros y por las infecciones de vivir casi a la intemperie, explica su madre señalando el barreño donde le lavan, mientras el niño juguetea detrás suya.

Dicen que llevan nueve años pidiendo vivienda, aunque apuntan que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) sólo ha tenido en cuenta su solicitud cuando nació Abraham, en 2005. Según recuerdan, a través de la asistenta social que les atiende su petición, conocieron que en las navidades pasadas ya podrían tener un techo bajo el que vivir.

"NO QUIERO UN PALACIO, SÓLO UN TECHO"

De hecho, les preguntaron si tenían alguna preferencia sobre la ubicación de su futura casa. "Quiero un techo donde sea con cuatro paredes donde poder proteger a mis hijos, no quiero cuatro dormitorios como dice el IVIMA, a mi con que me den uno de dos habitaciones eso es un palacio ya", insiste Soraya.

Sin embargo, aunque el IVIMA reconoce que están bien situados con muchos puntos por su situación en el cupo de "especial necesidad", apuntan que "hay familias que están peor que ellos". Los padres de Abraham no pueden imaginarse quién estará peor que ellos e insisten en que les hagan una visita para ver en "las condiciones en las que se vive así con un niño enfermo". Sin embargo, según la versión de Soraya, la encargada de adjudicaciones a la que no paran de nombrar como doña Estrella, se niega a que ningún asistente del IVIMA les visite.

Respecto a la posibilidad de que les den un piso con menos habitaciones, desde el IVIMA replican que no sería justo para aquellas familias que estén esperando este tipo de vivienda. Además, argumentan que no hay pisos sin ocupar actualmente en los que alojar a la familia de manera provisional, sino inmuebles que "circunstancialmente están vacíos para prepararlos para que vuelvan a estar en circulación".

Mientras tanto, la familia de Abraham sigue esperando un piso que no saben cuanto se puede demorar, ya que el propio IVIMA se niega a hacer una estimación. Un techo provisorio sería ideal, ya que sus otros tres hijos también tienen problemas de adaptación en el colegio, donde tienen que aguantar calificativos como "piojosos o caravaneros", se queja una de las hijas menores del matrimonio.

El padre de familia, Alberto, se lamenta porque siempre ha vivido "errante", tal y como le enseñaron sus padres y abuelos, pero él quiere algo diferente para sus cuatro hijos y en especial para Abraham. "Un techo sería la oportunidad para dejar de vivir así", concluye.

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V de Vivienda 'clausura' el Salón Inmobiliario de Madrid
MadridDiario.es (Comunidad de Madrid) - 01 de junio de 2009
 
 
Un grupo de activistas de la asamblea 'V de Vivienda' clausuró este sábado de forma simbólica el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) con un acto con el que quisieron denunciar el "exceso de especulación en el sector de la construcción" y la "necesidad de apostar por un marco regulatorio que haga efectivo el derecho a la vivienda a través del Alquiler Social Universal

Según informó este colectivo, el acto consistió en un pasacalles festivo que recorrió el pabellón 4 de Ifema, que acogía la feria. Así, los activistas portaron pancartas con lemas como 'Que no te enreden: la vivienda es un derecho', 'La vivienda fuera del mercado. Alquiler Social Universal', o 'Yo no soy tonto y en SIMA no compro'. Además, durante el recorrido, los participantes pararon en varios puntos de la feria, en los stands de Sacyr Vallehermoso, Metrovacesa, SEPES Ministerio de Vivienda, Banco Santander, Caja Madrid con El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En estas paradas se leyeron textos de denuncia de la situación del derecho a la vivienda, y se abogó por el Alquiler Social Universal, un programa de medidas que 'V de Vivienda' reivindica para garantizar el acceso a la vivienda.

Tras la lectura del último comunicado, a la entrada de recinto, los activistas lanzaron ovillos de lana para simular una red que clausuraba la feria, plasmando así "que no te enreden, que la vivienda es un derecho y no un negocio".

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SIMA 2009: Feria apagada de la vivienda
CincoDías.com (Comunidad de Madrid) - 30 de mayo de 2009
 
 
Entidades financieras e inmobiliarias buscan compradores en el Salón Inmobiliario de Madrid, con descuentos y condiciones de financiación que no siempre se ajustan a la realidad del cliente.

Un simple paseo por el Salón Inmobiliario de Madrid (Sima), que cierra hoy sus puertas, puede llegar a crear un espejismo: numeroso público que pide información para comprar una casa y multitud de ofertas con las que atraer al cliente, como en los mejores tiempos. Pero, tras un vistazo más detenido, la imagen de pujante actividad se desvanece, más aún al comparar esta edición con la de años anteriores. Si la sensación es de una mayor afluencia de público, es porque la feria se concentra este año en un único pabellón, frente a los tres pabellones del año pasado, y los descuentos, pese a su abundancia, ponen en evidencia en muchas ocasiones la gran distancia entre el deseo de lo que busca el comprador y la realidad de lo que se le ofrece y de lo que puede comprar.

La rivalidad vendedora entre entidades financieras y grupos inmobiliarios es la gran novedad en la edición del SIMA de este año. "Esta vez, venimos más enfocados hacia el cliente particular que hacia el promotor", reconocen en el stand de Caja Madrid, uno de los más concurridos de la feria. La entidad llega con una oferta de más de 1.100 viviendas disponibles para la venta o el alquiler, una indeseada cartera inmobiliaria que, al igual que le sucede a otros bancos y cajas, la entidad necesita vender para combatir el impacto de la morosidad y regresar al negocio bancario.

En el Sima, entidades como Caja Madrid son una inmobiliaria más. "Lo que ofrecen no es muy diferente a lo que encuentras en cualquier inmobiliaria", señala una visitante, decepcionada porque toda la oferta disponible de la caja en Madrid para comprar una vivienda por 160.000 euros es de segunda mano. Los chollos irresistibles tampoco existen en el Sima, o al menos los que se ajustarían a lo que buscan muchos de sus visitantes: un piso nuevo, que no sea demasiado pequeño y que no esté en el más lejano extrarradio.

Pero si el cliente encuentra lo que busca, la caja madrileña ofrece en el Sima casas con descuentos de hasta el 40% sobre el valor de tasación y un bono de 3.000 euros si señaliza la compra en la feria. Con motivo de la feria, Metrovacesa ofrece 150 viviendas -la mayoría en zonas de costa y residenciales- con descuentos de hasta el 50%, y Sacyr Vallehermoso aplica en el Sima descuentos del 35% o de 100.000 euros en determinadas promociones. "Antes, el cliente llegaba a comprar y luego pedía la hipoteca. Pero ahora es al revés, viene con una idea concreta de la financiación de la que disponen, que se resiste a revelar", explica un comercial en el stand de Sacyr. De hecho, la hipoteca es la clave y sin hipoteca no hay piso, por muy atractivo que sea el descuento.

En los stand de Real Urbis, Caja Madrid o Zapata Inmobiliaria se puede señalizar la compra de viviendas en las que se ofrece financiación al 100%, aunque en la práctica dependerá del perfil de riesgo del cliente y de su capacidad de ingresos. Hercesa, en colaboración con la caja madrileña, ofrece viviendas con una hipoteca a 40 años y 20 de carencia. Y Zapata Inmobiliaria oferta en el Sima pisos de un dormitorio en el Ensanche de Vallecas de Madrid por 600 euros al mes, siempre que Banesto, que financia el 100% de la compra, dé su visto bueno. Promogar, Afirma y Sacyr ofrecen en la feria de forma gratuita seguros de cobertura por desempleo, ahora la mayor amenaza para decidirse a comprar una casa y el mayor obstáculo para pagarla.

Más oferta de compra que de alquiler El alquiler con opción a compra fue una de las apuestas más destacadas de la edición del Sima del pasado año, pero ha perdido intensidad este año. Habitat fue una de sus grandes defensoras en la feria de 2008, pocos meses después de haber conseguido un acuerdo con el que refinanciar su deuda. Un año más tarde, la inmobiliaria catalana está en concurso de acreedores y, como otras tantas del sector, no está presente en el Sima.

La gravedad de la crisis del ladrillo se manifiesta también en la agresividad de las ofertas de rebajas de precios, que el año pasado rondaban entre el 20% y el 25% y este año alcanzan el 50% algunas viviendas de Metrovacesa. El alquiler con opción a compra está representado en la feria por Hercesa y por Reyal Urbis, que además ofrece descuentos de 6.000 euros si se formaliza la compra de una casa durante el Sima. Y para quienes deseen alquilar su vivienda, Caja Madrid ofrece un seguro para proteger al casero de los impagos y los daños materiales.

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Los promotores deberían rebajar un 20% más sus viviendas
elmundo.es (Comunidad de Madrid) - 29 de junio de 2009
 
 
en Madrid para venderlas. Los descuentos acumulados supondrían un 33,7% y se podría reactivar el mercado. El 'stock' tendrá dos destinos principales: la banca y el alquiler con opción a compra

Una familia media de Madrid capital no puede comprar actualmente una vivienda nueva pese a que los precios acumulan un descenso del 13,7% en dos años, tras la caída del 7,9% en el último año (entre mayo de 2008 y mayo de 2009). Sólo una rebaja adicional del 20%, hasta el 33,7%, podría reactivar el mercado, según el último 'Informe del Mercado Residencial y Corona Metropolitana' de Aguirre Newman. ['Burbuja' inmobiliaria: Los arquitectos entonan el 'mea culpa']

En el caso de la corona metropolitana, los precios aún crecen un 2,4%. Si bien, este repunte se debe, entre otras cosas, a que se han vendido los pisos más baratos y sólo quedan los más caros en el mercado, según explicaron durante la presentación del informe el director de Análisis e Investigación de Mercados de la consultora, Javier García-Mateo, y el analista de Mercado Senior, Pelayo Barroso.

El precio de la vivienda nueva ha caído en Madrid capital el 7,9% de media en el último año, hasta 4.042 euros por metro cuadrado, mientras que en los municipios de la corona metropolitana el metro cuadrado cuesta de media 3.367 euros, el 2,4% más que un año antes. Por el contrario, en algunos distritos de la capital, como Chamartín, Chamberí o Salamanca, la caída de precios ha sido mucho más brusca que la media (15-20 por ciento), ya que se han paralizado o se han dejado de comercializar promociones cuyos precios estaban muy por encima de la media.

Las últimas rebajas de tipos unidas a las caídas de precios han supuesto una rebaja media de la cuota hipotecaria de las familias madrileñas de entre el 33% y el 35%, pese a que bancos y cajas no han repercutido en su totalidad la caída del Euribor, en especial los primeros, para maximizar sus beneficios y compensar los riesgos existentes.

çSin embargo, las familias madrileñas aún necesitan destinar un 40% de su renta bruta para comprar una vivienda, 10 puntos por encima de lo recomendable (30%) y fuera de los márgenes que actualmente marca la política crediticia de la banca. En cuanto a los plazos de comercialización, ha habido un incremento generalizado en todos los distritos de la capital, alcanzando una media de 43,6 meses para la comercialización de una promoción en Madrid capital, frente a los 31,8 meses del año anterior.

Sólo unos precios aún más asequibles permitirían reducir esa ratio, circunstancia que se deja ver en la progresiva flexibilización de los márgenes de negociación, que barajan rebajas de entre el 5% y el 20% sobre los valores de oferta y son mayores cuanto más avanzadas están las obras.

Ahora bien, más allá de los ejercicios teóricos, los promotores vienen asegurando que las rebajas no pueden superar el 20%, que es el límite que establece el crédito promotor. En este sentido, un recorte del 33,7% sería difícilmente asumible. Por ello, Aguirre Newman espera un progresivo incremento de las daciones de viviendas a la banca por parte de los promotores, como forma de liquidación de sus deudas.

Alquiler con opción a compra, una de las salidas

La tabla de salvación de los promotores ha llegado a través del alquiler con opción a compra. Para el inquilino que quiere comprar supone una forma de diferir los gastos en la actual coyuntura, mientras que para el promotor permite garantizar en la mayoría de los casos una compra, con unas rentas de alquiler que suelen superar en un 15% ó 20% las del mercado y que le permiten cubrir sus obligaciones con las entidades financieras.

El 16,3% de las promociones que se encuentran en venta en Madrid capital se están ofreciendo en alquiler con opción a compra para conseguir "dinero rápido", mientras que este porcentaje no llegaba al 1% en 2006. Es previsible que esta tendencia se consolide durante el próximo año.

Con todo, la rentabilidad del alquiler sigue siendo muy baja (+3,71%) en España y los cambios legislativos para proteger al propietario e incentivar el mercado "se están retrasando", según Barroso. Por ello, desde Aguirre Newman se considera "urgente" acometer "cambios estructurales de fondo en el marco legislativo" para proteger a los propietarios y profesionalizar el mercado.

La actividad seguirá a la baja

Por otro lado, el informe pone de manifiesto un descenso del 17% en la oferta inicial de viviendas en Madrid capital y del 13% en la corona metropolitana en el último año, hasta 17.266 viviendas, la menor cifra en los últimos cinco años, por el ajuste de la caída de la demanda. Además, la oferta seguirá cayendo a la vista de que los visados de obra nueva cayeron más de un 60% en los primeros meses del año.

En este contexto, el 'stock' de viviendas alcanza las 4.932 viviendas en la capital (el 28,6% del total de la oferta inicial) y las 4.398 en la corona metropolitana (30,8%). En esta situación, García Mateo pronosticó que "no se iniciarán proyectos representativos" durante el próximo año en Madrid.

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Catalunya
 
5 DE JULIO A LAS 5 EN PLAZA CATALUNYA! SENTADA POR UNA VD
kaosenlared.net (Catalunya) - 30 de junio de 2009
 
 
Sentada por una vivienda Digna! Después de tres años desde las primeras sentadas, seguimos sin derecho a una vivienda.

Un millón de viviendas NUEVAS vacías, miles de hipotecados a punto de acabar en la puta calle y los alquileres a precios ridiculos. La cosa no cambia y los políticos apoyan a los que han causado el problema (estuvimos en el meeting point low cost comprobándolo: http://www.youtube.com/watch?v=E65ogzY54O4).

Encima, los gobiernos financian a los bancos con el dinero de todos, hipotecando nuestro futuro!!!

Ni la vivienda, ni el trabajo son mercancías para especular!

Si estas harto de buscar piso, si no encuentras alquiler, si te ahoga la hipoteca, si no puedes independizarte... Ven a la sentada que montamos el 5 de Julio!

Buscaremos soluciones y haremos que se nos oiga!

Todo animado con música, actividades y buen rollo!!

VEN Y PARTICIPA!

PÁSALO!!!

Videos convocant a la sentada ( no te'ls pots perdre)

Preguntes i respostes

http://www.youtube.com/watch?v=oVP9lElYmEg



Que s'hipotequin els polítics

http://www.youtube.com/watch?v=xTPgfeEyItg



Beatriz Corredor de colegueo en el LowCost

http://www.youtube.com/watch?v=E65ogzY54O4



Vde VIVIENDA, Assemblea pel dret a l'habitatge

vdevivienda.bcn@gmail.com

http://bcn.vdevivienda.net/

FEU DIFUSSIÓ, gràcies!

SALUT

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El Ayuntamiento de Barcelona expropiará los pisos vacíos
20 Minutos (Catalunya) - 29 de mayo de 2009
 
 
El Ayuntamiento de Barcelona expropiará los pisos vacíos que no se pongan en alquiler. El Pla d'Habitatge obligará a dar un uso a las viviendas.En 2009 se adjudicarán 300 pisos sociales.

El Ajuntament de Barcelona podrá quitar el usufructo de un piso si su propietario no lo mantiene ocupado. Finalmente, el texto del Pla d'Habitatge 2008-2016 incluye este polémico artículo, que ya desató duras críticas cuando la Generalitat lo incluyó en la Ley del Derecho a la Vivienda.

«Hemos incluido el alquiler forzoso», ha explicado el delegado de Vivienda del Ajuntament, Antoni Sorolla, quien, no obstante, matizó que «no se aplicará de forma inmediata». Se calcula que, sólo en la provincia de Barcelona, hay 300.000 pisos vacíos.

A través del alquiler forzoso, la Administración se reserva la potestad de ceder el usufructo de una vivienda si se demuestra que el propietario del inmueble no vive en él ni lo tiene arrendado. Esta modalidad ya fue considerada inconstitucional por el Consell Consultiu de la Generalitat.

La medida fue propuesta en una alegación presentada por la Asociación de Promotores y Constructores de España, según confirmó Sorolla. «Es la única que hemos aceptado», añadió. El Pla d'Habitatge se ha aprobado por el equipo de gobierno (PSC e ICV) con el anunciado apoyo de ERC. La oposición ha presentado alegaciones que han sido rechazadas.

Con la implantación de medidas como las ayudas al alquiler o la construcción de pisos protegidos, el Ajuntament espera dar cobertura a las necesidades de 197.000 hogares hasta 2016. Tras el verano y antes de que acabe el año, se adjudicarán más de 300 pisos.

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El juez anula la licencia de 500 pisos y una telecabina
elperiodico.com (Catalunya) - 08 de junio de 2009
 
 
en Vaquèira. El TSJC revoca el permiso municipal para la urbanización de Vall de Ruda. Ahora podría abrirse un proceso de legalización para evitar la demolición

Es, posiblemente, el proyecto urbanístico más controvertido del Pirineo. Por su ubicación, por el impacto que ha tenido sobre el entorno natural y las viviendas vecinas y por los precios que los pisos han alcanzado en el mercado, comparables a los del centro de Barcelona --a razón de 7.500 euros por metro cuadrado. Ahora, además, el complejo de Vall de Ruda, una macrourbanización situada al pie de las pistas de Vaquèira Beret, con 500 casas, 1.800 plazas hoteleras y un aparcamiento con capacidad para más de 1.500 vehículos, resulta ser ilegal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado la licencia que el Ayuntamiento de Naut Aran le concedió en abril del 2004. Fuentes del Conselh Generau d'Aran interpretan que ahora podría abrirse un proceso de legalización que evite la demolición. No obstante, las mismas fuentes indicaron a este diario que no sería la primera vez que fueran derribadas viviendas en el Vall d'Aran por orden judicial. Los jueces estiman que el permiso del consistorio se fundamenta en un proyecto técnico donde los espacios reservados para usos colectivos no se corresponden con lo previsto en las normas subsidiarias que regían en ese momento en el municipio. Además, la telecabina que desde el invierno pasado conecta la zona residencial de Ruda con la estación de esquí, se construyó "bajo la artificiosidad de otorgar una licencia limitada a vivienda y aparcamiento", según reza la sentencia.

PÁRQUING INVIABLE

Finalmente, el tribunal considera que "no se observa ninguna garantía o previsión que justifique la viabilidad de aparcamientos al servicio de la estación", a pesar del gran volumen de tráfico que se genera en la zona en algunos momentos de la temporada. Por todo ello, según publicó ayer el diario Segre, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC opta, en una sentencia firme y contra la que ya no cabe recurso, por la anulación de la licencia municipal, que "sin duda hubiera tenido que ser denegada" por el propio ayuntamiento.

LARGA BATALLA

El fallo judicial da la razón a los dueños de otras viviendas de la zona, agrupados en la comunidad de propietarios Port de la Bonaigua, que han liderado una larga batalla judicial contra la promotora de la urbanización de Ruda, Neu 1.500 SL, y contra Vaquèira Beret. Desde el inicio del proceso en el 2004, el Ayuntamiento de Naut Aran, gobernado por Convergència Democràtica Aranesa (CDA), ha efectuado diversos cambios en la normativa urbanística con el propósito de facilitar la legalización del macrocomplejo.

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Comunidad Valenciana
 
CONSELL SÓLO HA CONSTRUIDO 432 VPO DE LAS 22.000 QUE ACORDÓ
levante-emv.com (Comunidad Valenciana) - 29 de junio de 2009
 
 
Los acuerdos se firmaron entre 2002 y 2006 entre el Instituto Valenciano de Vivienda y casi una treintena de ayuntamientos

Los vecinos de más de una veintena de municipios de la Comunitat Valenciana esperan desde hace años las anunciadas viviendas de protección oficial (VPO) que se anunciaron a bombo y platillo en sus localidades. En algunos casos en fechas tan lejanas como 2003. Y aún tendrán que esperar algunos meses más, si no años, para optar a una vivienda barata porque la inmensa mayoría de las casas anunciadas sólo existen en el papel y ni siquiera se han iniciado las obras. Se trata de las 22.000 VPO que la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), acordó construir con 26 municipios de toda la Comunitat Valenciana entre 2002 y 2005.

Siete años después de la firma de los primeros convenios, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda admite en una respuesta parlamentaria dirigida al diputado socialista, Francesc Signes, que sólo en dos casos (El Campello y Vinaròs) las obras de las 432 VPO previstas han finalizado. En el resto de poblaciones (ver la tabla que acompaña la información) las viviendas protegidas aún se están construyendo (361 casas en cuatro municipios). La inmensa mayoría aún está en fase de reparcelación (la distribución sobre el papel de dónde va cada bloque de pisos, una fase previa al inicio de las obras, en la que se encuentran 6.206 viviendas de 6 localidades ) o aún no se ha aprobado ni el proyecto ("el planeamiento está en fase de tramitación", según admite la conselleria. En esta última situación se encuentra la mayoría de actuaciones previstas ya que afecta a 14.656 VPO de 15 localidades de toda la Comunitat Valenciana.

Se da la circunstancia que algunos de estos expedientes aún debieron iniciarse cuando José Ramón García Antón dirigía la entonces llamada Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), de quien dependía el Ivvsa, y que entonces dirigía José María García Zarco. Transcurrida una legislatura y media, tres consellers y tres gerentes del Ivvsa después, la situación real es que de las 21.949 viviendas sólo se han acabado 432 VPO. Desde el departamento de Vivienda, que ahora vuelve a dirigir José Ramón García Antón, han evitado incluir en su respuesta parlamentaria el número de VPO que suponía cada actuación y sólo han informado a la oposición sobre el estado actual del convenio firmado con cada municipio. Sin embargo, el diputado socialista, Francesc Signes, ha cruzado la información de la respuesta parlamentaria con las VPO previstas en cada convenio lo que permite averiguar cuántas viviendas baratas se demoran desde hace años. "El fracaso de la política de la Generalitat en materia de construcción de vivienda protegida, y muy especialmente de la gestión que inició a través del IVVSA el año 2002, no admite ya paliativos ni componendas", lamenta Francesc Signes

"La situación es especialmente grave si a la inacción del Ivvsa se unen las reiteradas y graves imputaciones de irregularidades denunciadas cada año por la Sindicatura de Comptes en sus informes en materia de personal como de contratación de obras y servicios, con un grado de opacidad y constante incremento de endeudamiento público que no puede mover más que a la preocupación ciudadana", critica el diputado socialista.

Por ello, exige que ante la evidencia de que "el PP no es capaz de enmendar la situación debe disolver de manera urgente el Ivvsa y asumir de manera directa una política seria de creación de VPO".

De los convenios más recientes sólo sigue adelante Sociópolis

"La respuesta del conseller pone de manifiesto la falacia de la propaganda del PP en materia de vivienda protegida", asegura el diputado socialista, Francesc Signes. En noviembre de 2007, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "manifestaba en las Corts que las actuaciones en materia de vivienda protegida ascenderían a 148.500 nuevas viviendas en esta legislatura pero la realidad innegable de los hechos demuestra la falsedad de esos anuncios", recuerda el responsable de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el grupo parlamentario socialista. Además de los acuerdos suscritos entre 2002 y 2005, el conseller de Territorio, Rafael Blasco, inició otra tanda de convenios con ayuntamientos y promotoras para construir megaproyectos de VPO combinada con vivienda libre. Sólo algunas han salido adelante. Es el caso de Sociópolis (en el barrio de La Torre) donde, no sin dificultades, se construyen 2.809 VPO aunque aún no se han entregado las llaves de ninguna vivienda. En Catarroja, las 12.000 viviendas de Nou Mil·lenni ya están aprobadas pero el TSJ ha paralizado la actuación.

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El TC ratifica la nulidad del PGOU de Castellón
Levante-emv (Comunidad valenciana) - 28 de junio de 2009
 
 
El TC tumba el último recurso del PP y ratifica la nulidad del PGOU de Castelló. El ayuntamiento castellonense deberá acatar y ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castelló del año 2000 al rechazar el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Castelló tras una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el plan, según informaron hoy fuentes del grupo municipal socialista, que consideraron que este fallo "deja en evidencia la mentira del PP".

De esta manera el Ayuntamiento de Castelló, gobernado por el PP, agota su último recurso legal y ve como el alto tribunal tumba todos sus argumentos. El consistorio deberá acatar ahora la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó el PGOU porque no se había sacado a exposición pública para que recibiera las enmiendas de la ciudadanía.

Al respecto, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Juan María Calles, afirmó que la resolución del Constitucional prueba que el alcalde, Alberto Fabra, "no tenía la razón política y ahora, de nuevo, se queda sin la razón legal" e instó al primer edil a "asumir responsabilidades".

Tumba todas las tesis

Calles apuntó que, "además de rechazar la suspensión del fallo, como ha pretendido el PP durante más de seis meses, la decisión del Tribunal Constitucional tumba la tesis del Ayuntamiento de Castelló de que los magistrados del Tribunal Supremo se excedieron en sus competencias al cuestionar la constitucionalidad de la Ley Reguladora de la Actividad Urbana, vigente en el momento de la aprobación del PGOU, que no obligaba a una segunda exposición pública del plan urbanístico".

"Todas las palabras del concejal de Urbanismo en las que jugaba con rocambolescos argumentos jurídicos para respaldar la insumisión judicial del PP se le han vuelto en contra y demuestran que Javier Moliner no está capacitado para gestionar un área tan relevante de la política municipal", aseveró Calles, quien remarcó que "el coste económico que ha tenido la chulería política del PP es enorme". "El daño que se ha hecho a Castelló no se puede cuantificar", lamentó.

"Sin embargo -continuó el edil-, lo peor de esta resolución es que el PP diga que el fallo del Constitucional era esperado porque lo que se demuestra es que Fabra y Moliner eran plenamente conscientes de que su recurso sólo se presentaba para dilatar el procedimiento y buscar una salida política al laberinto en el que se habían metido". Calles se sorprende porque el PP no comparta el fallo del TC El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Juan María Calles también manifestó su "sorpresa" por las "declaraciones del equipo de gobierno en las que se dice no compartir el fallo del Tribunal Constitucional" que ha ratificado la anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan General de Ordenación Urbana . "Ahora resulta que tenemos unos gobernantes que no sólo son unos pésimos gestores urbanísticos, sino que se erigen en intérpretes de decisiones sobre la constitucionalidad de las leyes y de las decisiones judiciales". "Como dice el chiste, saben más de leyes que la portera de Perry Mason", ironizó. A esta sentencia del Tribunal Constitucional se suma la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que también ha anulado el PAI de Mestrets, donde se construirá la VIU, un auditorio y un polideportivo. El consistorio también la ha recurrido .

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Un alboroto que vale millones
lasprovincias.es (Comunidad Valenciana) - 08 de junio de 2009
 
 
Un clan de timadores monta escándalos en su piso recién comprado para forzar a la promotora a romper el contrato y pedir luego una indemnización

El dilema es el que sigue: o pagan el dinero que les exigen los timadores o no venden más viviendas en el edificio recién construido. Las víctimas de esta extorsión son empresarios del sector del ladrillo y promotoras con pisos en venta en la comarca de l'Horta.

El ingenio y la picardía de estos farsantes no tiene límites. Primero se presentan con traje, corbata y alguna joya de oro que otra -para aparentar que son clientes adinerados- en la oficina de una constructora o en el piso piloto.

Los dos individuos de etnia gitana se interesan por una de las viviendas nuevas. Luego visitan la casa y hacen el paripé de que les gusta mucho. La venta del piso es inminente.

A las pocas horas, los embaucadores pagan una determinada cantidad de dinero como señal tras formalizar el correspondiente contrato ante un notario. Todo se hace con absoluta legalidad. El constructor se frota las manos. Una operación inmobiliaria tan rápida en tiempos de crisis es algo excepcional. Además, quedan muchos pisos por vender todavía en el mismo edificio.

Pero todo obedece a un plan para extorsionar a la promotora. Antes de estampar su firma, el comprador pone como condición la entrega inmediata de las llaves para entrar a vivir lo antes posible. Y llega el día de la desilusión. El día de la jarana. El día del engaño. Los farsantes quedan con el constructor o agente inmobiliario en su casa recién comprada para recoger las llaves.

A la cita acuden ocho o nueve miembros de la familia gitana, entre los que se encuentran varios menores de edad. En esta ocasión ya no visten de forma elegante como en la primera ocasión, sino que aparecen con un aspecto muy desaliñado y montan un alboroto de padre y muy señor mío.

Taconeos y gritos

Nada más abrir la puerta, las mujeres se ponen a taconear al mismo tiempo que cantan algo en portugués. Los niños marcan las huellas de sus zapatillas en las paredes, pegan portazos, gritan por las escaleras y corretean por el rellano. El bullicio molesta a los vecinos, que se asoman por las ventanas y balcones del edificio de enfrente. El vendedor del piso se lleva las manos a la cabeza y recrimina a los compradores por su falta de civismo. Estos le contestan que el piso ya es suyo y que pueden hacer lo que les dé la gana.

Luego le explican que su intención es celebrar una fiesta multitudinaria en la casa, una noche de jarana y baile con barbacoa incluida. También le anuncian que invitarán al guateque a todos los clanes de etnia gitana que residen en el pueblo.

El constructor no se puede creer que eso le esté pasando a él. Se queda perplejo. Su mayor preocupación son las pérdidas económicas por los pisos que dejaría de vender en la misma finca.

Devolver la señal

El bullicio y la actitud incívica de los nuevos residentes ahuyentarían, casi con toda seguridad, a cualquier comprador que se acerque por el edificio de nueva construcción.

Por ello, la promotora propone al cabeza de familia romper el contrato y devolverle los 15.000 euros que pagó de señal. Pero el timador no acepta. Exige más dinero. O le entregan 70.000 euros o no hay trato, y amenaza con seguir montando jaranas en la finca día tras día. Entonces se produce una negociación. Un tira y afloja que termina con 30.000 euros en los bolsillos de los embaucadores. Este es el fiel relato de los hechos acaecidos el pasado mes de mayo en Alcàsser, según la versión del constructor engañado. «Me han timado, y lo peor de todo es que no puedo ni presentar denuncia porque todo lo hicieron con aparente legalidad», confiesa la víctima. Mientras la Guardia Civil investiga la presunta extorsión, los farsantes continúan visitando promotoras de viviendas en busca de la siguiente víctima.

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Los caseros bajan los precios para evitar 'fuga' inquilinos
laverdad.es (Comunidad Valenciana) - 01 de junio de 2009
 
 
Los arrendatarios de locales y naves industriales hacen rebajas de hasta un 25% La Red de Mediación de la Generalitat gestionó un 58% más de contratos en 2008

Los dueños de las viviendas en alquiler descienden el precio de sus pisos para poder mantener los ingresos de las mensualidades de los inquilinos. La crisis económica se cuela por todos los rincones de la vida cotidiana, por ello, los arrendatarios no dudan en hacer rebajas y ofertas.

«Sé de gente que ha rebajado hasta un 25% los precios del local o de la nave industrial para asegurarse un ingreso mensual», explica el vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Francisco J. Pérez-Ojeda Maciá.

Por su parte, el precio medio de una vivienda alquilada a través de la Red de Mediación en la provincia de Alicante en el primer trimestre de este año es de unos 438 euros al mes. Esto supone un descenso del 2'4% respecto al precio medio que se registró en los contratos firmados durante el año 2008. En los dos últimos ejercicios se ha producido un descenso en el precio del alquiler de un 5'4%. En 2007 la media mensual era de 475 euros y en 2008 no superó los 450 euros.

Y es que, la actual situación del mercado inmobiliario hace que el alquiler se haya convertido en una de las opciones más demandadas para el acceso a la primera vivienda sobre todo entre los jóvenes. Por eso, la Generalitat está reforzando este servicio y ofreciendo garantías de seguridad al propietario para que incorpore su vivienda vacía y desocupada a la bolsa de la Red.

Es un servicio de información, mediación y asesoramiento en materia de alquiler de vivienda que busca movilizar el parque de viviendas desocupadas y aumentar la oferta de alquiler para facilitar el acceso a una vivienda digna y de calidad a colectivos que más lo necesitan.

En los cuatro primeros meses de este año, la red gestionó 315 contratos de arrendamiento. La cifra representa el 40% de los contratos firmados por este servicio público y gratuito de la Generalitat en toda la Comunidad Valenciana. Sólo en el último mes de abril, 73 familias accedieron a una vivienda en alquiler en la provincia de Alicante a través de esta entidad. Así, los contratos de alquiler experimentaron un incremento del 58% en el último año respecto a 2007.

En 2008, el 41% de los contratos firmados en toda la Comunidad se hicieron en la provincia de Alicante, ya que de los más de 2.175 contratos totales, 900 fueron de viviendas alquiladas en la provincia.

El nuevo Plan Autonómico de Vivienda la Generalitat establece que los propietarios que ofrezcan sus viviendas a la Red de Mediación Agencia Valenciana de Alquiler por un mínimo de cinco años podrán ser beneficiarios, durante un periodo de hasta dos años y para un máximo de cinco viviendas por propietario, de dos seguros, uno de caución por impago de rentas y otro seguro multirriesgo de la vivienda.

Además, los promotores de viviendas en alquiler también podrán ser beneficiarios de estos seguros si ofrecen sus viviendas a la Red y cuando se trate de casas calificadas al amparo del Plan de Vivienda 2009-2012 o acogidas a sus disposiciones transitorias.

Los seguros de caución y multirriesgo, que garantizan al propietario el cobro de las rentas y el mantenimiento y cuidado de su inmueble, ayudan a los arrendatarios a superar las dificultades más comunes con las que se encuentran los ciudadanos a la hora de sacar sus inmuebles al mercado del alquiler.

La morosidad

«La morosidad está aumentando, ya que la gente no tiene los ingresos que antes tenía. El problema no es que se baje el precio, sino que no te paguen las mensualidades», asegura Pérez-Ojeda, que apunta que la bajada del precio se produce «en la mayoría de las ocasiones» en los momentos de renovación de contrato. Por su parte, la Generalitat adelanta que ampliará las ayudas para facilitar a los inquilinos el pago del alquiler cuando se agoten los objetivos marcados por el Ministerio de Vivienda para el Plan de Vivienda 2009-2012. Según anuncia la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, «ante la escasa dotación de ayudas al alquiler establecida por el Gobierno central para la Comunidad Valenciana, la Generalitat incrementará con cargo a sus presupuestos la cantidad de estas ayudas que se podrán conceder en la autonomía hasta alcanzar las 5.000 ayudas al año».

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Canarias
 
El caso de corrupción de Lanzarote alcanza alcalde socialta
El País (Canarias) - 05 de junio de 2009
 
de Arrecife. Detenido el ex regidor nacionalista de Yaiza, ya condenado en otro asunto

El alcalde de Arrecife de Lanzarote, Enrique Pérez Parrilla, uno de los políticos socialistas canarios más veteranos, fue imputado ayer por prevaricación administrativa tras ser interrogado por la Guardia Civil, según confirmó su partido. Los socialistas insulares, no obstante, no creen que este hecho sea suficiente para suspenderlo de militancia ni sancionarlo. Pérez Parrilla expulsó de su corporación a los ediles del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) imputados por posibles comisiones ilegales, como ahora está él mismo. Quien sí dimitió y se dio de baja en el partido nada más ser citado por el instituto armado fue el consejero insular de Cultura, Rubén Placeres (PSOE).

El fiscal ha pedido prisión para siete de los detenidos (una veintena) en la Operación Unión contra la corrupción en Lanzarote: Dimas Martín (líder del PIL), Matías Curbelo (asesor del Patronato de Turismo y mano derecha de Dimas Martín), Segundo Rodríguez (ex vicepresidente socialista del Cabildo), José Miguel Rodríguez (concejal de Urbanismo y Hacienda, del PIL), Ubaldo Becerra (edil responsable del Plan General de Arrecife, del PIL) y los empresarios Fernando Becerra (hermano del anterior) y Luis Lleó. Además, la Guardia Civil detuvo ayer por la tarde a José Francisco Reyes, ex alcalde de Yaiza y miembro del Partido Nacionalista de Lanzarote (una escisión del PIL), ya condenado anteriormente por corrupción en otro caso.

La Operación Unión también ha generado una enorme tormenta política, en la que los socialistas dan por cerrados los acuerdos de Gobierno con el PIL en el cabildo Insular y los Ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé, Tías y Teguise. El PSOE queda así a merced de que los nacionalistas presenten mociones de censura con el apoyo de otras fuerzas.

Por otra parte, el juez ha citado a declarar el próximo día 15 al concejal socialista de Zaragoza Antonio Becerril por el caso de corrupción en el municipio vecino de La Muela. El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ya le suspendió de sus funciones en abril, al conocerse que su nombre figura en el sumario sobre presunta corrupción. Ayer el PSOE le suspendió cautelarmente de militancia. Además, la jueza del caso Arcos, también por corrupción urbanística, decretó ayer la libertad bajo fianza de 120.000 euros del ex alcalde de Alcaucín (Málaga) José Manuel Martín (PSOE) y único encarcelado que quedaba del caso.

'Casos socialistas'

- Enrique Pérez Parrilla, alcalde socialista de Arrecife de Lanzarote, ha sido imputado por prevaricación administrativa. El PSOE no ve motivos para expedientarle.

- Antonio Becerril, edil de Zaragoza, ha sido suspendido cautelarmente por el PSOE por el caso La Muela.

- José Manuel Martín, ex alcalde socialista de Alcaucín (Málaga), en libertad bajo fianza.

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Andalucía
 
'Las comisiones en Estepona, mayores que las de Marbella'
El País (Andalucía) - 26 de junio de 2009
 
 
El sumario revela que el actual alcalde denunció la trama de corrupción

"Las comisiones que hemos tenido que pagar en Estepona son mucho mayores que las que tuvimos que pagar en Marbella en tiempos de Roca". Así se expresaba un empresario de la constructora Proincosta, según uno de los primeros informes policiales del caso Astapa. Un año y una semana después de que la policía pusiera patas arriba el Ayuntamiento de Estepona (Málaga, 60.000 habitantes) con aquella operación contra la corrupción, la juez que instruye el caso, Virtudes Molina, ha levantado parcialmente el secreto de las actuaciones.

En la operación fueron detenidos el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, otros seis ediles del PSOE y del partido posgilista PES y numerosos cargos y técnicos municipales, en su mayoría relacionados con el urbanismo. La apertura del secreto judicial ha permitido, en primer lugar, confirmar lo que era un secreto a voces en la ciudad: que la causa arrancó gracias a dos concejales: el actual alcalde, David Valadez (PSOE), y su compañera de corporación Cristina Rodríguez, que en noviembre de 2006 denunciaron ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, en Madrid, las irregularidades de las que eran testigos. La instrucción, que sigue abierta, acumula 63 imputados.

La primera conclusión que obtuvo la policía es que "los partidos políticos de Estepona, más concretamente el PES y el PSOE, tendrían al menos ciertas irregularidades en su financiación que podrían derivarse en actividades ilícitas". Se cita el caso de un convenio, tasado en 1,2 millones de euros, que supuestamente sirvió para pagar la lujosa campaña electoral del PSOE esteponero en mayo de 2007. Para disimular esa financiación irregular, Barrientos supuestamente pidió a sus compañeros de lista que suscribieran un préstamo de 6.000 euros cada uno. También se han detectado contrataciones y procesos de selección de personal "amañados" y aumentos injustificados de sueldos.

Valadez y Rodríguez entregaron a la policía una declaración de 18 folios acompañada de una carpeta amarilla con información sobre 15 convenios urbanísticos en la localidad, en la mayor parte de los casos con tasaciones de terrenos a la baja, lo que suponía tanta ventaja para los promotores como quebranto económico para el municipio.

Los ediles iniciaron su relato explicando que en el Ayuntamiento existen tres contabilidades. En la caja A "el dinero está fiscalizado por los habilitados nacionales de carrera [interventor, secretario y tesorero] y destinados a los fines previstos por la ley". La caja B "procede de las donaciones que los empresarios realizan al Ayuntamiento para afrontar determinados gastos" a cambio de recibir "favores hacia sus intereses". Entre estos desembolsos figura el pago de la luz de una residencia de ancianos o el convenio de colaboración con la asamblea local de Cruz Roja. En una reunión a la que asistió Valadez, Barrientos supuestamente se jactó de "aplicar un impuesto revolucionario" a los promotores.

Si la caja B es dudosa, la caja C es directamente delictiva: "En ella se ingresa el dinero destinado a cuentas particulares" de la gente vinculada al Ayuntamiento. Según los denunciantes, un notario de Estepona "situó la existencia de estas cajas en el municipio vecino de Marbella".

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Una viuda con dos hijos enfermos, condenada a perder la casa
elcorreodeandalucia.es (Andalucía) - 02 de junio de 2009
 
 
Magdalena González está pasando por un calvario. Sin un solo euro en el bolsillo y al cuidado de dos hijos con esquizofrenia, esta viuda de 62 años de Gerena corre el riesgo de quedarse en la calle. Una entidad bancaria subastará su casa el 15 de septiembre al no poder pagar un préstamo que pidió para reformar la vivienda.

En la casa de Magdalena no entra ni un euro desde hace tres meses. Sólo los alimentos que le ofrece Cáritas y la poca ayuda que pueden prestarle sus sobrinas, que son su tabla de salvación. El dinero de su pensión de viudedad, de apenas 500 euros, está embargada por el banco, que ha congelado su cuenta para saldar el préstamo y hasta le ha lanzado un ultimátum por vía judicial: si no paga, su casa será subastada.

Sin apenas dinero, tiene que mantener a dos de sus hijos, Juan y Alfonso, de 33 y 39 años, que no se pueden valer por sí mismos porque sufren esquizofrenia. “El pequeño se pasa el día llorando porque no sabe cómo ayudarme”, explica esta mujer, que sufre especialmente porque los médicos de sus hijos le insisten en que tienen que estar en un clima tranquilo. Pero eso es difícil en la actual situación. “Las ambulancias no dejan de venir por las crisis que padecen”, dice entre sollozos.

El drama comenzó hace cuatro años, cuando ella y su marido decidieron rehabilitar la casa en la que desde hace más de cien años reside su familia. Para ello, tuvieron que pedir un préstamo de 21.000 euros al banco que iban pagando poco a poco hasta que el marido cayó enfermó y murió hace ya dos años. A partir de ahí, todos fueron problemas. Con sólo la pensión y una paga no contributiva de uno de sus hijos de 300 euros, la mujer siguió pagando sin conocer que sus ingresos eran insuficientes para hacer frente al pago. Y, cuando pensó que le quedaban 6.000 euros por pagar, se topó con la sorpresa de una carta del banco con el anuncio de la subasta y la deuda real que ascendía a más de 23.000 euros “contando los recargos e intereses”.

No hay nadie en el pueblo que no conozca el drama de Magdalena y su familia. Es más, el Ayuntamiento de Gerena asegura que su delicada situación económica viene de muy atrás. Según fuentes municipales, los Servicios Sociales están trabajando en la gestión de su caso y meses atrás ya colaboraron suministrándole material y ayuda económica. De la misma manera, el Consistorio ofreció su “plena disposición” para intentar buscar una salida.

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Sobre los cimientos del 'engaño'
huelvainformacion.es (Andalucía) - 18 de junio de 2009
 
 
Parte de los propietarios de las viviendas de la urbanización El Recreo reclama la rescisión del contrato de compraventa y la devolución de los importes pagados hasta ahora · Aseguran sentirse estafados

"En unos años me jubilo y siempre había pensado retirarme a una zona tranquila, donde poder descansar y disfrutar de la naturaleza. En eso he invertido mis ahorros y ahora lo único que puedo decir es que me siento estafado y engañado". "Yo quería huir de la contaminación de la ciudad y aposté por una vivienda en un entorno que me vendieron como privilegiado y después de dos años me doy cuenta de que lo que he comprado es un búnker del que es mejor que mis hijos no salgan porque nadie me garantiza que no hay contaminación en la acera de enfrente". Es el sentir de algunos afectados por el conflicto medioambiental de Aljaraque (presencia de metales pesados en elevadas concentraciones en las parcelas colindante al Paraje Natural de Marismas del Odiel, donde se proyectan varias promociones), que envuelve una trama que a fecha de hoy nadie parece querer aclarar.

Juan (el nombre es ficticio como el de todos los que aparecen en estas líneas, porque prefieren mantener el anonimato para evitar cualquier tipo de represalias) se interesó en su día por una urbanización que se publicitaba como una zona residencial "casi inigualable". De eso hace más de tres años, cuando firmó el contrato de compra de una de las 122 casas pareadas que tiene la promoción (se han vendido alrededor de un centenar), por un precio medio de 260.000 euros. "Me acerqué en varias ocasiones a la zona donde se iba levantando mi futura casa, e incluso animé a algún conocido a hacer lo mismo, porque siempre pensé que era una oportunidad y que merecía la pena". Pero un año después, comenzó a tener conocimiento de una posible contaminación "de los suelos sobre los que se levantan nuestras viviendas o de los colindantes". A partir de entonces, se inició lo que más de uno califica como "un auténtico calvario y una estafa". Miriam (otra afectada) asegura que a partir de ahí "las administraciones se fueron pasando la pelota y ninguna ha sido capaz de garantizarnos que ahí no peligro para nuestra salud", lo que le llevó a más de uno a optar por reclamar la rescisión del contrato con la promotora, Nuevo Quinto (que ha declinado realizar cualquier declaración al respecto). Para ello, se basan en dos puntos esenciales: el incumplimiento de las condiciones del contrato (la entrega de las viviendas se había previsto para antes del 1 de abril y dos meses después no se ha concedido la licencia de primera ocupación) y el error de consentimiento, porque entienden que -"intencionadamente o no"- no se les informó de que "había una supuesta contaminación" en los terrenos.

José es uno de los primeros propietarios que firmó el contrato y decidió hace dos semanas denunciar a la empresa para "que me devuelvan mi dinero", (la mayor parte de ellos ya ha entregado unos 30.000 euros), aunque "seguiremos condiderándonos estafados y engañados por la Administración y por la empresa, porque nadie nos ha aportado una solución". Se siente impotente como Julio, que no da crédito a lo que está viviendo: "El dinero nunca puede estar por encima de la salud y parece que en todo este asunto, lo único que prima eso, el dinero". Tiene una hija y decidió comprar su casa en Nuevo Corrales, para "evitar la contaminación de la ciudad. Me dijeron que iba a estar rodeada de vegetación y en un entorno paradisiaco -relata- y a día de hoy, lo único que sé es que me han mentido".

Ante esta situación, plantean presentar una demanda de forma conjunta, aunque hubieran preferido "solucionar el tema con el diálogo, pero nadie parece querer darnos una respuesta". "Lo seguimos intentando", apostilla Manuel, "aunque a hoy por hoy lo único que tengo claro es que esa vivienda no la quiero porque no es la que yo compré, salvo que me demuestren que puedo vivir en ella con tranquilidad, que es lo que yo compré".

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Desahuciada la mujer que se quedó con la VPO de su pareja
ABC (Andalucía) - 15 de junio de 2009
 
 
La Audiencia de Sevilla ha ordenado el desahucio de una mujer que, tras la ruptura con su pareja, pidió una orden de alejamiento y se quedó en el piso de protección oficial propiedad de su ex compañero.

Tras la ruptura, la mujer denunció a su ex pareja en el Juzgado de Violencia de Género de Sevilla, por lo que el juez dictó contra él una orden de alejamiento de un mes de duración, que le obligó a abandonar el piso del que era titular. La mujer no solicitó la prórroga de la orden de alejamiento, que dejó de estar vigente al concluir el primer mes, pero a partir de entonces se quedó en el piso que habían compartido y obligó a su ex pareja a plantear un pleito judicial en 2008 para recuperarlo.

La Sección Octava de la Audiencia, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, confirma ahora en todos sus extremos el desahucio dictado por el juzgado de Estepa y dice que la mujer debe abandonar la vivienda y entregarla a su ex compañero, único que dispone de un «título perfecto y válido», mientras que ella no posee ningún derecho sobre él. Dicen los jueces que «el hecho de que, en ejercicio del libre desarrollo de su personalidad, convivieran juntos como pareja, abstrayéndose de todo tipo de regulación jurídica y de contraer matrimonio, no crea por sí solo un título justificativo de la propiedad de la vivienda que había sido adjudicada con anterioridad a otro miembro de la pareja».

Los jueces consideran demostrado que la mujer ocupa el piso «en situación de precario», sin ostentar derecho «de ningún tipo» y le ordenan que lo deje «libre y expedito». La sentencia, que no admite recursos posteriores, impone a la denunciante el pago de las costas en primera instancia y «expresamente» las correspondientes a la apelación ante la Audiencia.

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Galicia
 
Crece número de personas sin recursos viviendo de ‘okupas'
elcorreogallego.es (Galicia) - 31 de mayo de 2009
 
 
Crece el número de personas que se quedaron sin trabajo en 2007 y 2008, que no pueden afrontar el pago de los créditos y están abocados a vivir en pisos patera o a ocupar inmuebles ·· Los expertos creen que lo peor está por venir y que el estallido social será el año próximo

De una hipoteca a ocupar una vivienda ajena o a vivir en un piso patera sólo media el paro de larga duración. Todavía no existen estadísticas oficiales, pero los expertos en integración social ya han detectado que en ciudades como Vigo o A Coruña crece el número de personas y de familias que se ven abocadas a abandonar su residencia habitual por ser incapaces de hacer frente a las deudas, aunque vivan en un piso de promoción pública, y acaban residiendo en infraviviendas o compartiendo espacio doméstico.

Con la crisis en plena ebullición, lo peor esta por venir, asegura el experto Santiago González Avión, al indicar que será en 2010 ó 2011 el momento en que se registrará el estallido social de la pérdida de residencia por parte de las personas que hayan agotado todos los subsidios y se vean obligadas a abandonar sus propiedades y buscar alternativas. Señala que en la actualidad se observan los problemas de la primera ola del paro de 2007 y 2008 por lo que en un futuro próximo se registrarán numerosos casos.

La cadena ha empezado a romperse por los más débiles, por quienes ahora ya no acceden a la vivienda de propiedad al tiempo que observan como en dos años el precio de los alquileres está por las nubes. A partir de ahí sólo hay dos caminos: o reunirse con más personas para compartir piso por las carísimas exigencias de los propietarios u ocupar inmuebles, sea cual sea el estado en que se encuentren, porque lo importante es encontrar un techo. Así lo constata Santiago Gómez Avión, responsable de la Fundación del Secretariado Gitano en Vigo. Explica que se constata una cascada de ocupaciones por los precaristas porque "el sistema va empujando a los más débiles".

Desde el observatorio social que significa el secretariado gitano aseguran haber detectado el incremento de los problemas de familias que hasta ahora contaban con medios suficientes para hacer frente a sus compromisos hipotecarios y que han empezado a no poder afrontar los pagos con la amenaza que significa carecer de perspectiva para encontrar un trabajo y ver como su situación económica se deteriora.

Resulta llamativo que al tiempo en que en Galicia se reduce el chabolismo gitano en un 5%, con 700 familias en 39 núcleos, se observa como crece la residencia en infraviviendas.

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Castilla y León
 
La Junta reclama al ex edil del PP la multa impuesta
nortecastilla.es (Castilla y León) - 17 de junio de 2009
 
 
hace tres años por no residir en sus VPO. Fomento abre un expediente a Javier Cruz por alquilar los dos pisos protegidos de su propiedad a constructoras de Arroyo

La Consejería de Fomento de la Junta ha abierto un procedimiento administrativo para confirmar si las dos viviendas de protección oficial (VPO), propiedad del ex concejal del Ayuntamiento de Arroyo, Javier Cruz , y su esposa, han estado alquiladas al menos durante los últimos cinco años a particulares o empresas.

Según informó EL NORTE el viernes 5 de junio, una investigación abierta por la Agencia Tributaria y ordenada por el magistrado de Instrucción número 1 de Valladolid, en relación con el 'caso Arroyo', recoge que Cruz mantuvo arrendados los dos pisos a dos constructoras con intereses en el municipio. Se trata de Obribérica (participada en un 95% por Mahía), e Industrias del Deza (Indeza). Por estos arrendamientos, entre los años 2003 y 2005, el ex edil habría percibido 39.427 euros, según los ingresos declarados en el IRPF. En los dos años siguientes (2006-2007), Hacienda detectó otros 29.367 euros por alquileres en este caso a particulares.

Según ha podido saber este diario, el requerimiento al ex concejal popular se ha llevado a cabo por carta esta misma semana, después de que la Dirección General de la Vivienda abriese una investigación interna para comprobar si se había comunicado a la Junta el alquiler de las VPO que tiene en el núcleo de La Flecha.

La normativa oficial sobre viviendas de 1968 que gozan de algún tipo de protección establece que para poder destinarlas al arrendamiento a terceros se debe de informar antes la Administración. En el supuesto de que se admita, la ley dice que se debe de visar por la Junta los contratos de alquiler suscritos, con el objetivo de garantizar que el precio que se cobra no sea superior al fijado. El decreto 2114/1968 califica como infracción muy grave el alquiler de una VPO sin visar, y fija una multa máxima de 250.000 pesetas.

Aunque las viviendas fueron compradas por Cruz en 1987 y en el 2001, esta última a un anterior propietario, los dos pisos siguen estando bajo protección oficial, ya que ni siquiera el ex edil las ha descatalogado, lo que le hubiera permitido poder disponer de ellas en el régimen libre de mercado.

Multa sin pagar

A este expediente informativo al ex edil y a su esposa, la Consejería de Fomento ha sumado también otra reclamación en los últimos días por el impago de las dos sanciones que se le impuso en agosto del 2006 por tener dos VPO en las que no residía de forma habitual. En total fueron 6.500 euros por los dos pisos. Cruz y su mujer tienen en propiedad cinco viviendas, dos de ellas compradas a Mahía en el año 2005.

Los servicios centrales de Fomento han comprobado a raíz de las informaciones recientes sobre el 'caso Arroyo' que esta multa no había sido ingresada al erario. El ex edil presentó un recurso, cuyo plazo para contestar finalizó en diciembre del 2006. A pesar del silencio administrativo, Fomento le ha vuelto a reclamar casi tres años después el pago por vía ejecutiva a través de Hacienda. Es por ello que la carta que ha remitido Fomento recuerda al ex edil que sigue sin desembolsar dicha cantidad como sanción. La ley fija un plazo de cuatro años parala prescripción del cobro (2010).

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País Vasco
 
EL GV DESCARTA GARANTIZAR A TODOS UN ALQUILER PROTEGIDO
elcorreodigital.com (País Vasco) - 23 de junio de 2009
 
 
Ha rechazado discutir en el Parlamento el reconocimiento de ese derecho con carácter universal y propone limitarlo sólo a personas sin recursos

El Gobierno vasco ha puesto punto final al debate sobre el derecho universal a la vivienda; una reivindicación que durante la pasada legislatura se había concretado en la posibilidad de garantizar a todos los ciudadanos, a partir de 2012, un alquiler protegido que no se llevase más del 30% del sueldo. Esa fórmula, recogida en el proyecto de Ley de Vivienda que aprobó el tripartito, pero que no llegó a discutirse siquiera en el Parlamento de Vitoria, ha vuelto a ser planteada por los grupos de Aralar y de Ezker Batua a través de sendas proposiciones que recuperan las líneas básicas de aquella fallida regulación.

El Ejecutivo de Patxi López, abocado a drásticos recortes presupuestarios por el desplome de la recaudación fiscal que ha provocado la crisis, se ha opuesto a la tramitación de ambas iniciativas en la Cámara. Alega que antes de aprobar una nueva normativa al respecto hay que buscar un consenso con los sectores y las administraciones afectados, para lo que se propone «promover las negociaciones precisas a la mayor brevedad». Además, explica que carece de dinero para asumir el coste de esa medida.

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, dejó claro la pasada semana que su departamento sólo quiere garantizar un piso en alquiler a quien «acredite estar en situación objetiva de necesidad». Según explicó, la herramienta para lograrlo será el complemento de vivienda, un subsidio mensual cuya puesta en marcha tendrá lugar en 2010 y que está concebido para las personas que cobran la renta básica (casi 40.000) y las ayudas de emergencia social (27.000). De esta manera, a diferencia de su antecesor en el cargo, Javier Madrazo (EB), que defendía el derecho al arrendamiento protegido para todos los ciudadanos y que proponía materializarlo de forma escalonada hasta 2012, el Ejecutivo socialista apuesta, en una situación económica muy diferente, por el reconocimiento de una prestación social para las personas amenazadas de exclusión. «Cuando negociamos el pacto social con el Gobierno de Ibarretxe, impulsamos el complemento de vivienda como un derecho subjetivo perfecto; es decir, exigible ante los tribunales», recordaron ayer fuentes del PSE. Este partido, en principio, se opuso a convertir la vivienda en un derecho similar a la sanidad y la educación, y acusó a Madrazo de hacer «electoralismo» con esa cuestión sin discutirla antes con otros interlocutores. De hecho, ése fue uno de los argumentos que esgrimió para dejar que el proyecto decayera en el Parlamento.

Aspectos controvertidos

Ahora, los socialistas insisten en que antes de volver a discutir esa norma, que sólo podría salir adelante en la Cámara con los votos del PP o del PNV, es necesario alcanzar un pacto que incluya a los ayuntamientos, los promotores y las entidades financieras. El PSE no olvida que el proyecto de Madrazo contenía otros dos aspectos controvertidos que habían despertado fuertes críticas en el tripartito, en particular entre los peneuvistas: el canon autonómico para gravar los pisos vacíos y el abandono forzoso de la vivienda de protección oficial cuando el titular compre otra casa en el mercado libre.

El rechazo del Gobierno vasco a convertir la vivienda en una prestación universal, exigible ante los tribunales, provocó la inmediata respuesta de Aralar y Ezker Batua, que criticaron al Gabinete de López por «dejar pasar «una oportunidad». Según Daniel Maeztu, parlamentario de la formación abertzale, el departamento de Iñaki Arriola no debería dedicarse a las políticas contra la exclusión social -«una labor que compete a otras consejerías»-, sino a trabajar para que la vivienda «se convierta en un derecho de los ciudadanos».

El camino para lograr ese objetivo -señaló- «es el alquiler». A su modo de ver, si el Gobierno cumpliera la promesa de edificar 16.000 nuevos pisos para el arrendamiento hasta 2013, el parque total de alquiler público llegaría a 34.000 viviendas en Euskadi. «Una cifra no muy alejada de las 40.000 que se consideraban necesarias para cubrir toda la demanda», destacó el representante de Aralar.

EB, por su parte, subrayó que el proyecto de Ley de Vivienda aprobado por el tripartito iba acompañado de una memoria económica. «Los socialistas defienden lo mismo que el PP: que el alquiler social es para los que cobran las ayudas de emergencia social», señaló.

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In dubio pro solum et argentum
leolo.blogspirit.com (País Vasco) - 18 de junio de 2009
 
 
(en caso de duda, a favor del suelo y los promotores inmobiliarios)

El Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras del Gobierno Vasco (PSE), Don Iñaki Arriola (en la foto), en su primera comparecencia ante el Parlamento Vasco ha fijado las líneas maestras de su política de vivienda para los próximos cuatro años.

La sintensis que yo hago de sus líneas estratégicas es la siguiente:

- pretende que se inicien en Euskadi 10.000 viviendas protegidas al año (en estos momentos se inician 7.000, que es el nivel record respecto a lo habitual en años pasados, entre 2.500 y 5.000 al año).

- de esas 10.000 nuevas viviendas protegidas al año, 4.000 van a ser en alquiler

- pretende darle un gran impulso a la rehabilitación de vivienda y a la regeneración urbana.

- considera necesario ampliar los ingresos máximos para acceder a vivienda protegida, de forma que más gente pueda acceder a la misma

- pero en consideración de lo anterior, cree necesario que la vivienda protegida tenga diferentes precios en función del nivel de ingresos de los futuros adjudicatarios

- la ley de vivienda hay que pactarla con ayuntamientos, entidades financieras, propietarios de suelo y promotores inmobiliarios y ya se verá que dice en función del pacto con estos pactantes.

Todo esto, en principio, suena muy razonable: más vivienda protegida, más alquiler, más rehabilitación, más regeneración urbana y vivienda protegida para amplias capas de la sociedad vasca, todo ello aderezado de amplios consensos.

Sin embargo, mucho me temo que es imposible tirar el corner y rematarlo a la vez. Hacer política consiste en elegir entre diferentes cosas, pues nunca se tiene dinero, personas, tiempo y recursos como para hacerlo todo a la vez. Y además hay cosas que en si mismas son incompatibles.

De urgencia, y sin perjuicio de una posterior lectura de la comparecencia parlamentaria (en estos momentos no disponible), pongo de manifiesto mis preocupaciones en relación a este policy mix Don Iñaki Arriola y el PSE.

- No se puede apostar, a la vez, por la rehabilitación de vivienda (+regeneración urbana) y la superproducción de vivienda. Estamos ante objetivos en cierta medida incompatibles. Se pueden mezclar. Se puede determinar hacer un poco más de uno y un poco menos de otro. Pero es material, físicamente y financieramente imposible en Euskadi construir en época de crisis 10.000 viviendas protegidas nuevas al año y además hacer más de 20.000 actuaciones de rehabilitación como dice el PSE querer hacer. No se puede. Pero es que, aunque se pudiera hacer, vamos a partir de esta base falaz, cuanto más se rehabilita menos necesario es para la gente, los pueblos y las ciudades construir nueva vivienda. Obviamente propietarios de suelo y promotores inmobiliarios nunca querrán que se baje el pistón de la construcción de nuevo vivienda (pues le tienen un poco de repelencia a la intervención en la ciudad ya existente, que es técnicamente más compleja y empresarialmente menos rentable). Pero una estrategia de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana potente y exitosa, forzosamente lleva a la necesidad de contruir menos vivienda (tanto protegida como libre). Ya veremos por donde se decante el PSE, pero insisto, no se puede tirar el corner y rematarlo a la vez. No se puede estar en misa y repicando. Hay que saber si se va a setas o rolex.

- Por cierto, llama la atención que con un discurso tan claro a favor de la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana (el uso intensivo del tejido urbano ya construido) Don Iñaki Arriola no haga ni una sola mención relevante a la movilización de vivienda vacía (que implica su previa rehabilitación) y su puesta en valor a través del alquiler público. Por razones que desconozco y que tienen creo que ver más con la psicología social que con las políticas públicas, los actuales gestores de vivienda del Gobierno Vasco le tienen una manía indisimulada a Bizigune, un referente estatal en la movilización de vivienda vacía y alquiler público que han venido a ver in situ docenas de cargos públicos del PSOE de toda España. Sea como fuere, en materia de alquiler dentro de la ciudad ya construida y en lo relativo a la dinamización del alquiler privado no parece que el PSE aporte ninguna idea nueva (salvo cargarse aquello que ya funciona bien, pero que no han creado ellos).

- En materia de alquiler (de nueva vivienda), Don Iñaki Arriola se fija como objetivo 16.000 nuevas viviendas protegidas de alquiler en cuatro años. Lo cual es un número muy considerable, si tenemos en cuenta que del año 2002 al 2009 se pasó de tener a penas 700 viviendas protegidas en alquiler a las 18.000 actuales. Obviamente a mi me parecerá de perlas que a las 18.000 actuales se le sumen otras 16.000 y así tengamos un parque público de alquiler en Euskadi de unas 34.000 viviendas protegidas. Pero debe quedar claro, desde el principio, que es un objetivo muy ambicioso. Lejos de la, a mi juicio, bien intencionada pero contraproducente, petición ciudadana de 100% de alquiler en vivienda protegida. Pero insisto, tener 16.000 viviendas protegidas nuevas en alquiler en cuatro años en Euskadi es un objetivo muy ambicioso.

- Una vez más se pretende ampliar los ingresos máximos para acceder a vivienda protegida. Pero para ver este tema en perspectiva creo que se requiere previamente saber cuales son los límites actuales. Quizás mucha gente no lo sepa, pero en estos momentos el límite para vpo está en 35.000 euros anuales (para una persona sola sin hijos, pues si es para dos personas con hijos la cosa va subiendo) y 45.000 euros (de nuevo para una persona sola y sin hijos, pues en otro caso el límite va creciendo). En resumidas cuentas, Etxebide hoy trabaja para la gente que gana entre 3.000 y 45.500 euros al año. Aunque quizás se vea mejor con el ejemplo de una pareja en la que trabajan los dos y tienen un hijo. En este caso, vamos a llamarlo tipo o muy frecuente, el límite para vpo está en 43.000 euros al año para vpo y 56.000 euros al año para vivienda tasada. ¿Es necesario subir mucho más estos ingresos máximos? Si queremos que la vivienda protegida sea para las clases bajas y medias yo creo que no. Si se quiere que la vivienda protegida también sea para las clases medias-altas o incluso altas, entonces si hay que subir los ingresos máximos. Obviamente esta medida va a hacer las delicias de buena parte del electorado de PNV, PSE y PP y estos partidos verán, por fin, colmado su deseo de que prácticamente no haya ingresos máximos para la vivienda protegida. Todos en pié de igualdad, desde los que ganan 3.000 euros al año hasta los que ganen 75.00 euros al año (recordad mi ejemplo de la pareja en la que trabajan los dos y tienen un hijo -que es en la que están pensando estos partidos-). Obviamente estas medidas también pueden tener un efecto bueno: van a hacer mucho más fuerte la mezcla de clases sociales dentro de la vivienda protegida y se evitarán ciertas dinámicas de guetización. Aunque es posible que también vemos personas que viven en vivienda tasada que exigen que la vpo (máxime si es de alquiler) se la lleven lejos de ellos. Al tiempo.

- Y para el final dejo la propuesta que parece más insulsa, pero que es la más importante: como va a haber personas de muchos tipos de ingresos en la vivienda protegida a todos no se les puede cobrar lo mismo y hay que hacer vivienda protegida de diferentes precios. En principio el argumento parece impecable. Si no fuera porque hoy ya hay viviendas protegidas de diferentes precios: viviendas sociales y ADAs que solo se alquilan, vpo que se alquila o vende con un precio máximo cercano a los 140.000 euros y viviendas tasadas con un precio cercano a los 240.000 euros. Ya hay precios diferentes para personas con diferentes rentas, así que Don Iñaki Arriola debe referirse a otra cosa. Y esa cosa es que la vpo (categoría central según la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi -debe hacerse un 50% en suelo urbanizable y un 20% en suelo urbano, pudiéndose hacer un 25% y 20% de vivienda tasada en suelo urbanizable y urbano respectivamente) supere los citados 140.000 euros de precio máximo. Creo que Don Iñaki Arriola quiere que una parte de los miles de vpos que se hacen todos los años en Euskadi pasen a tener precios de vivienda tasada. La gente lo va a apoyar (creo que en parte al grito de "que se jodan" los que ganan más). Pero el efecto neto que nadie va a ponderar es que va a subir el valor del suelo (si se incremento el precio de la vpo automáticamente sube el valor residual del suelo) y los beneficios de los promotores inmobiliarios, además de cargarse la columna central de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi. Ergo, esta medida va a ser apoyado por casi todo el mundo (ciudadanos, propietarios de suelo, promotores inmobiliarios e incluso entidades financieras que verán subir el valor de suelo y viviendas que respaldan muchos créditos). Solo hay una pega, esta medida hace mucho menos accesible la vivienda protegida al ciudadano medio y además se carga los estándares de suelo para vivienda protegida de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi (al pasar de facto parte de la vpo a la vivienda tasada). Pero eso creo que ahora no le importa mucho a casi nadie, dado el momento de neokeynesianismo y de adoración electoral a las clases medias (votantes) en el que estamos.

¿Este in dubio pro solum et argentum (en caso de duda a favor del incremento de valor del suelo y de los intereses de promotores inmobiliarios y entidades financieras) va a ser una ratio decidendi adecuada para conformar un servicio público de vivienda, un parque público de alquiler, dar cobertura al derecho ciudadano a una vivienda digna, cuidar mejor la ciudad ya construida, hacer un urbanismo más inclusivo o crear un tejido urbano de mejor calidad social, ambiental y económica? No lo sé. Tengo mis dudas. En cualquier caso, le deseo el mayor de los éxitos a Don Iñaki Arriola.

Solo me permito señalar que cuando se apunta al lugar equivocado suele ser muy raro acertar en el blanco. Pero estamos en España y como dijo el hidalgo Alonso Quijano, cosas veredes amigo Sancho ...

Y hasta aquí llego esta noche. Otro día, con más calma, le sigo dando vueltas a este tema.

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UPyD pedirá en el parlamento vasco toda la VPO de alquiler
europapress.es (País Vasco) - 05 de junio de 2009
 
 
Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentó hoy una iniciativa en el Parlamento vasco dirigida a que las promociones públicas de vivienda del Gobierno vasco sean en su totalidad en régimen de alquiler, revisable cada cierto tiempo, pensadas para los jóvenes y para los ciudadanos con menos recursos, para "garantizar que sean las personas social y económicamente más desfavorecidas las que puedan estar disfrutando en cada momento de un bien como es la vivienda, evitando situaciones injustas".

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, explicó, en un comunicado, que el Gobierno vasco "tiene que tender a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, especialmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad". "Lo que el Gobierno no tiene que promocionar es la propiedad, como se hace en la actualidad a los beneficiarios de los sorteos, sino el acceso y eso se consigue de forma más justa promocionando la vivienda en alquiler", señaló.

Maneiro recordó que la promoción de vivienda pública "ha sido una de las actuaciones a las que el Gobierno vasco ha destinado un importante esfuerzo en los últimos años. "A pesar de que en el Plan de Vivienda 2006-09 se introducía como una de las líneas básicas el impulso al mercado de alquiler, es bien cierto que el Ejecutivo ha seguido fomentando de forma mayoritaria la construcción de viviendas públicas para su venta", criticó.

Asimismo, explicó que "el sistema de venta de VPO implica que, con el esfuerzo solidario de todos los contribuyentes, los beneficiarios de esas viviendas adquieren a unos precios muy ventajosos un piso en propiedad, una vez superados unos parámetros económicos y familiares".

Sin embargo, precisó que "en muchas ocasiones en las que esas circunstancias económicas y familiares cambian a los pocos meses o años, produciéndose situaciones de verdadera injusticia social, donde los propietarios de dichas viviendas han dejado de pertenecer a la parte más débil de la sociedad y se convierten en personas con recursos suficientes y que estarían fuera de los criterios de adjudicación de viviendas protegidas".

"El sistema de alquiler permite al beneficiario disfrutar de una vivienda pagando unas mensualidades asequibles y adaptadas a sus niveles de ingresos, por lo que puede llevar a cabo una planificación a medio o largo plazo si su opción vital es la compra de una vivienda en propiedad en el mercado libre", defendió.

En este sentido, indicó que UPyD apuesta por una política de vivienda pública "exclusivamente en alquiler, revisable cada cierto tiempo, pensada para los jóvenes y para los ciudadanos con menos recursos, a fin de garantizar que sean las personas social y económicamente más desfavorecidas las que efectivamente puedan estar disfrutando en cada momento de un bien como es la vivienda, evitando situaciones injustas".

Por todo ello, el grupo parlamentario de UPyD presentó hoy, para su tramitación, una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno Vasco a que "todas las promociones de vivienda pública que inicie a partir de este momento sean en régimen de alquiler social, dedicadas a los jóvenes y a los ciudadanos con menos recursos, y revisables temporalmente".

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Adjudican VPO a parlamentaria del PNV que cobra 67.000 euros
ElCorreoDigital.com (País Vasco) - 09 de junio de 2009
 
 
al año. «Me pidieron la declaración de la Renta de 2007 y cumplía», explica Garbiñe Sáez, que accedió a la Cámara ese año

La parlamentaria del PNV Garbiñe Sáez resultó el pasado sábado adjudicataria de una vivienda de protección oficial (VPO) en Amurrio, en un sorteo de 40 pisos promovidos en régimen de cooperativa por la empresa vitoriana Covivi. Su elección como beneficiaria de la casa, en un proceso reservado a personas con escasos ingresos, ha causado revuelo en la tercera población de Álava, ya que los miembros electos de la Cámara vasca disponen de unos ingresos que supera los 67.000 euros anueles, incluidas las dietas. La representante jeltzale explicó a EL CORREO que se había inscrito en febrero en una lista de ciudadanos del municipio que optaban a las VPO y garantizó que todo estaba en orden. «Me pidieron la declaración de la Renta y de Patrimonio correspondiente al ejercicio 2007. Ese año mis ingresos estuvieron por debajo de 35.000 euros y cumplía, por tanto, con los requisitos», aseguró.

La diputada autonómica, de 29 años, se incorporó al Parlamento en septiembre de 2007 para cubrir la vacante de Xabier Agirre, actual diputado general de Álava. Sáez revalidó su acta en las elecciones autonómicas del 1 de marzo, en las que ocupó el sexto lugar en la candidatura del PNV en ese territorio. En la presente legislatura participa como vocal en las comisiones de EiTB, Política Social, Interior y Asuntos Europeos.

La responsable peneuvista no contempla, en principio, renunciar a la vivienda que le ha correspondido en el sorteo, aunque supere los ingresos que permiten acceder a esa fórmula. «Ahora van a volver a pedirme documentación y, si no cumplo los requisitos, el piso no será para mí», declaró. «Si me dicen que entro, bien. Si no, no me lo darán. Está todo correcto y es legal», subrayó ayer.

Actualización de datos

Fuentes consultadas por este periódico en el Gobierno vasco y en la propia cooperativa no consiguieron aclarar a qué tipo de revisión se somete a los agraciados en los sorteos. Portavoces del Departamento de Vivienda no pudieron certificar, en este sentido, si se efectúa una actualización de los ingresos antes de conceder definitivamente la casa a sus adjudicatarios. En el caso de la parlamentaria, de tomarse como referencia el año 2008 -la última declaración del IRPF ahora disponible-, previsiblemente quedaría excluida del proceso.

Garbiñe Sáez, que es licenciada en Derecho Jurídico por Deusto, explicó ayer que decidió tomar parte en el proyecto de la cooperativa porque «ya estaba inscrita en Etxebide y nos mandaron cartas por si queríamos apuntarnos en Covivi». La promoción en la que ha sido agraciada se levantará en las inmediaciones del parque Juan de Urrutia, de Amurrio, y se incluye dentro de una urbanización con 356 viviendas. Pese a tratarse de una promoción privada, su precio se rige por la normativa de VPO. Es decir, unos 130.000 euros para las viviendas de 90 metros.

El alcalde de Amurrio, Pablo Isasi, de EA, reconoció ayer que conocía la noticia, pero se apresuró a aclarar: «hemos pedido que las cosas se hagan como sea habitual».

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Jueces anulan plan de 300 viviendas ya construidas en Bakio
elcorreodigital.com (País Vasco) - 30 de junio de 2009
 
 
Reprochan al Consistorio que modificara el proyecto sin cumplir los procedimientos exigidos. El fallo es firme y algunos propietarios que lo desconocían han seguido escriturando

Los problemas urbanísticos se le acumulan al Ayuntamiento de Bakio. Después de que los partidos de la oposición se unieran para denunciar al alcalde, Txomin Rentería (PNV), por prevaricación, los jueces le han dado un nuevo revés en la mayor promoción que se edifica en el municipio, en el sector Bakea. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la orden foral que aprobaba el plan para la construcción de más de 300 viviendas, el 80% de las cuales ya están edificadas e incluso habitadas. La sentencia -considerada firme al haber renunciado Ayuntamiento y Diputación a recurrir-, a la que ha tenido acceso este periódico, estima que se introdujeron en el proyecto correcciones de errores que fueron «verdaderas modificaciones» y que no pasaron el trámite obligatorio de publicación en un periódico.

El Consistorio alegó en su momento que se trataba de cambios «nimios» y que, al no ser sustanciales, «no exigen información pública», según recoge la resolución judicial. La Sala no es de la misma opinión. Considera que «se introducen modificaciones significativas; entre ellas, una nueva configuración de las parcelas de equipamiento docente y deportivo, y la desaparición de la zona comercial privada». El fallo no entra en el análisis de las cuestiones de fondo planteadas por los denunciantes -cuatro vecinos de la zona- en su recurso contencioso-administrativo, en el que denunciaban que se iba a triplicar el número de viviendas previstas, que un espacio reservado en su mayoría a chalets unifamiliares iba a ser ocupado por bloques de pisos; la reducción de espacios verdes y comunitarios, y supuestas irregularidades por la protección medioambiental del colindante río Estepona. Sin embargo, realiza, a modo de «reflexión», una clara advertencia: «La medición del cauce del río es errónea».

Surgen dudas

Los magistrados declaran nula la orden foral de 26 de septiembre de 2006 relativa al plan parcial del sector Bakea. Ayuntamiento y Diputación se proponen tramitar de nuevo todo el expediente, lo que podría tardar meses. La resolución judicial crea un «limbo legal», ya que las viviendas ya construidas y algunas incluso habitadas se quedan «sin cobertura jurídica». En su momento, las casas costaron entre 300.000 y 600.000 euros. ¿Qué pasaría si alguno quisiera vender ahora el piso?, se preguntan los denunciantes.

Desde que se notificó la sentencia, el pasado abril, algunos propietarios han seguido escriturando, probablemente por desconocimiento. Muchos ignoran que el Tribunal Superior ha declarado nulo el plan por el que se construyeron sus casas; una sentencia que tampoco ha sido notificada al promotor de la urbanización. Otros, que ya tienen escrituras y hasta cédula de habitabilidad concedida por el Ayuntamiento, están «preocupados» por lo que puede representar la decisión de los jueces. Surgen más dudas: después de tres años, ¿el plan parcial podría ser aprobado en los mismos términos, con viviendas de cinco alturas, espacios verdes...?

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Aragón
 
Imputados en el 'caso de La Muela' un ex senador del PP, ...
El País (Aragón) - 05 de junio de 2009
 
 
... dos empresarios y un concejal. El juez deniega la libertad a la alcaldesa de la localidad zaragozana por riesgo de fuga

El juez de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha imputado a cuatro personas más por su supuesta implicación en la trama de corrupción urbanística de La Muela, el ex senador del PP Rodolfo Aínsa, otro concejal del municipio, Fernando Barba, y dos hermanos empresarios. Al ex senador del PP se le imputa un delito de tráfico de influencias; al empresario Emilio París un delito de cohecho y a su hermano Luis Alberto uno de tráfico de influencias, en ambos casos por su supuesta relación con el proyecto de construcción de una pasarela en el municipio de La Muela, han informado fuentes judiciales.

El concejal Fernando Barba testificará ante el juez como imputado de los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con subvenciones concedidas al municipio por el Instituto Aragonés del Agua.

Por otra parte, el juez ha denegado por segunda vez la libertad para la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), porque los delitos que se le imputan son "muy graves" y existe "riesgo de fuga". Pinilla se encuentra en la prisión de Zuera desde el pasado 23 de marzo por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, y se le imputan nueve delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

El juez de instrucción número uno de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha rechazado la libertad en un auto "contundente", según fuentes judiciales, en el que considera que hay riesgo de fuga porque la alcaldesa "tiene posesiones en el extranjero" además de que "pueda alterar o hacer desaparecer" pruebas.

Nuevo informe policial

Un nuevo informe de la Policía que envió al juzgado el 27 de mayo y que podría "imputar nuevos delitos a la alcaldesa", informe derivado "de la documentación que se intervino en los registros practicados en el momento de las detenciones". A raíz de este informe, la fiscal ha emitido otro informe en el que se indica que Pinilla deberá volver al juzgado a declarar por esos nuevos delitos que al parecer se le imputan.

La trama de corrupción urbanística de esta localidad se destapó el 18 de marzo y por el momento hay imputadas 26 personas, dos de las cuales se encuentran en prisión: la alcaldesa y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, ya que el empresario José Carlos Fernández Delgado ya ha salido de la cárcel de Zuera, después de depositar la fianza de 250.000 euros establecida por el juez.

Otro empresario, Julián de Miguel, está el libertad bajo fianza de 120.000 euros, y los 22 imputados restantes, entre los que están el esposo de la alcaldesa y uno de sus hijos, se encuentran el libertad después de haber declarado ante el juez de La Almunia de Doña Godina, quien comenzó a investigar este caso a raíz de una denuncia particular.

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Extremadura
 
Afectados del Junquillo toman centro al grito de solución ya
Hoy.es (Extremadura) - 06 de junio de 2009
 
 
a sus viviendas. Alrededor de 200 adjudicatarios se manifiestan con una cacerolada en Cánovas y exigen el inicio de las obras. Anuncian nuevas medidas de presión y piden amparo al Defensor del Pueblo

El reloj se ha detenido, las palabras se quedaron en eso y la paciencia parece agotada. Los adjudicatarios de las viviendas de 60.000 euros en el Junquillo se han cansado de promesas que nunca se cumplen. Ayer se echaron a la calle y desafiaron a la lluvia. Tomaron el centro urbano y transmitieron a los cacereños el problema que condiciona sus vidas con una cacerolada de reivindicación.

Hace dos años les tocaron en sorteo unas viviendas que para estas fechas ya debían estar casi finalizadas. Eran las correspondientes al llamado Plan Especial 60.000. Los retrasos se han ido acumulando y en los últimos tiempos lo han hecho casi al mismo ritmo que la Administración se dedicaba a vender optimismo. Ya ni eso. Lo que en otras ocasiones desde la Consejería de Fomento se anunciaba como solución «inminente» todavía está en espera. Tampoco se ha cumplido la última previsión: que el acuerdo de financiación de las promotoras casi estaba. El consejero José Luis Quintana habló de una entidad, Caja Madrid, el pasado 20 de mayo. En febrero aludió a un 'préstamo sindicado', esto es, la unión de varios bancos o cajas que garantizarían el dinero. Nada. «De Plan Estrella a Plan Estrellado», se leía ayer en algunas pancartas. O «La Junta promete y no cumple».

Paralizados

La Plataforma de Afectados quiso concienciar ayer a los cacereños de la gravedad de su problema. «700 proyectos vitales paralizados», era uno de los gritos de guerra. Silbatos, cacerolas, pancartas. Dos centenares de adjudicatarios se plantaron en Cánovas y marcaron un recorrido en el que hubo recuerdos para la clase política, cuya pasividad se denuncia, para los bancos, que han cerrado el grifo de los créditos, y para las tres promotoras. «Illo, illo, pisos en el Junquillo». Sonaba atronador, como si fuesen más de los estaban.

Sin políticos

No hubo políticos, para sorpresa de los organizadores, pero si estuvo Miguel Ángel Rubio, en un gesto solidario con la causa por parte del sindicato UGT. «Tienen todo nuestro apoyo», clamaba bajo el paraguas el secretario regional de la Federación del Metal y la Construcción.

Shayver, Ferrovial y Provivesa han cerrado la puerta toda explicación. Las promotoras no aceptan reunirse con los adjudicatarios. La protesta arrancó junto a la cruz, pasó por la Fuente Luminosa y terminó ante el Múltiple casi hora y media después. Pedían soluciones, pero también que se les escuche. Por eso, ha molestado que la petición de una entrevista con el presidente de la Junta ni siquiera haya sido tomada en cuenta.

José Ramón Bello, marchaba al frente de la manifestación con paraguas y megáfono. Ha conseguido un alcance mediático que nunca hubiese querido. Cuando se constituyó la Plataforma expresó su deseo de que fuese la «más breve de la historia». Sería la prueba de que el problema se había solucionado, explicaba. Ni el asociacionismo ha logrado dar una vía alternativa hacia el futuro a las familias que esperaban contar con sus viviendas y muchas de las cuales ya se empiezan a ver obligadas a renunciar a ellas. Cada caso es un mundo.

Sin ilusión

El padre de Esther, por ejemplo, cuenta que su hija ya ha perdido la ilusión. Antonio, que se casa este mes, ha comprobado como el gran proyecto de su vida se ha quedado en nada. «Hay gente que está viviendo con dos hijos en 60 metros», se queja el representante de los afectados. José Ramón Bello distingue dos perfiles: por un lado el de aquellos jóvenes que viven en casa de sus padres y a los que el retraso en la construcción no les genera dificultad grave. Y por otro el de matrimonios, familias y otros afectados que habían hecho sus cálculos y, al no haberse cumplido, ahora se ven 'atrapados' con un alquiler. «El reloj se ha agotado», indica sobre el cronómetro que pusieron en la web para comprobar si se cumplía el plazo de un mes de la Junta. Y no se cumplió. Como tampoco se han cumplido otras predicciones. La primera, que los pisos estarían terminados en 2009. Y no han empezado.

El 14 de abril los afectados se reunieron con motivo del segundo aniversario del sorteo. Ese día la Consejería de Fomento dijo que el acuerdo para financiar las obras estaba «casi» hecho. El director general de Planes Especiales, José Timón, habló de acuerdo «inminente». Ese término fue el mismo que usó Fomento para anunciar un acuerdo de financiación de Ferrovial. La noticia no se ha confirmado. «Parece que cada vez que organizamos un acto se dice que hay solución. Yo no veo esas soluciones», denuncia Bello. Ayer, la Junta de Extremadura guardó silencio. No tenía nada que decir sobre un asunto que mantiene en vilo a más de 1.500 personas, según los cálculos de la Plataforma.

Mala suerte

«Es mala suerte que nos llueva en pleno junio», se lamentaba Bello. El presidente de la Plataforma de Afectados se siente frustrado. «Nos decían que el acuerdo era inminente, pero se ha quedado en nada». Lo peor de todo son las formas. «Ni de la Junta ni de las promotoras sabemos nada». En Provivesa ni les contestan, en Ferrovial casi les cuelgan el teléfono y en Shayver les dan largas. Ni una sola novedad. Por eso anuncian medidas. Se perfila la convocatoria de más movilizaciones tras descartarse ahora boicotear los mítines de la campaña electoral. «Hay gente que tiene ganas de guerra y no sé si habrá que tomar ese camino», subraya Bello. El cariz de los acontecimientos les lleva a pedir amparo al Defensor del Pueblo y a poner el problema en el escaparate mediático nacional. «Escribiremos cartas al Rey y al presidente de Gobierno. Algo hay que hacer».

Su mensaje se vuelve pesimista. Hace solo un mes les transmitió a los afectados algo distinto: «No podemos caer en el desánimo», decía. Los incumplimientos empiezan a minar la moral de un colectivo que ya no ve más alternativa que echarse a la calle y clamar soluciones.

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'Por una vivienda digna'. Carta a los Reyes de España
extremaduraaldia.com (Extremadura) - 05 de junio de 2009
 
A SSMM el Rey Don Juan Carlos y la Reina Doña Sofía.

En primer lugar pedirle disculpas por qué no sabemos cómo nos tenemos que dirigir a usted según el protocolo.

Majestades, somos dos familias, Jennifer Perera Caro y Mª de los Remedios Saavedra Jiménez, estamos viviendo y durmiendo en la calle, aquí en Mérida (Extremadura). La familia de Jennifer está compuesta por el matrimonio y un hijo de 3 años. Esta familia lleva 2 años solicitando un vivienda social (VPP) a la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, hace 4 meses fue la última, también se presentaron informes de la situación económica y penosa por la que esta pasando esta familia, ya que solo cobran 410 euros del paro, también emitieron un informe de los llamados de Emergencia Social.

Convive con la suegra y estas a la vez con la abuela, esta última es la propietaria de la vivienda en la Barriada de Suerte de Saavedra de Badajoz (los llamados pisos sociales) ósea tres generaciones en un piso de 70 m2.

Tienen discusiones casi a diario, además dormimos en un colchón en el salón por no tener espacio. La respuesta que le da la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura a su solicitud de vivienda, es una negativa y se excusan diciendo que no hay viviendas vacías.

Presentamos una lista de 20 pisos vacios solo de esta barriada, ahora después de un mes ya los hay ocupados por ILEGALES con la famosa patada a la puerta. Se nos parte el alma ver cómo nos quedamos en la calle y estos pisos se están ocupando de este modo.

El caso de Mª de los Remedios Saavedra Jiménez, la otra familia afectada es muy distinto. Esta familia está compuesta de 4 miembros, el matrimonio y sus dos hijos, de 6 años y el otro de 16 meses. Tenían adjudicado un piso social (VPP) por la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura en la barriada de los Colorines de Badajoz.

Estuvieron vivieron en el tan solo un año, ya que un día una vecina de la zona le coloco un cuchillo en la garganta a Remedios y ese mismo día se marcharon dejándolo todo, de esto hace ya un año y medio. Dieron parte a esta Consejería de Fomento y desde allí la animaron a que se fuera de alquiler, mientras tanto le buscarían otro piso en otra barriada.

Han estado pagando el piso alquilado y el que no ocupaba en los Colorines un año y medio, hace ya cinco meses pregunto cuánto tiempo más quedaba para que le resolvieran su caso de cambio ya que su situación económica estaba fatal, solo cobra 410 euros del paro.

Una mañana a Remedios la llamaron de esta Consejería en Badajoz, para que firmara un documento que según le dijeron era el posible cambio de zona, lo firmo sin leerlo y sin que se lo leyeran ya que ella no sabe.

Estaba firmando sin que ella lo supiera la renuncia de su vivienda en los Colorines por no ocuparla. Fue engañada y ella lo comprendió cuando se lo leyeron, a los dos días tubo que reclamar al decirle esta Consejería que su cambio de zona estaba anulado por que muchas familias, exactamente 50, se querían marchar y no tenían viviendas para todos, eso sí en el documento que le remitió la Consejería de Fomento dice muy claro que se reconoce que esta barriada la convivencia es muy difícil por las drogas, delincuencia, etc....

(Solo tiene que introducir usted el nombre de los Colorines de Badajoz por internet y podrá entenderme un poco más)

O sea se reconoce la difícil convivencia y no te ayudan a salir, recuerdo que a nosotros nos quieren matar. No hemos tenido más remedio que vivir y dormir en la calle, llevamos 7 días; (20-21-22 de junio y 1-2-3-4 del corriente.......y será por tiempo indefinido.

Las dos familias nos hemos desplazado a Mérida, ya que aquí es donde está la Consejería de Fomento y la residencia de D. Guillermo Fernández Vara presidente de todos los Extremeños, a él también hemos apelado y de momento no tenemos respuesta, nos ve como dormimos en la calle cada noche y a veces hasta nos saluda antes de entrar en su domicilio ya que dormimos frente su casa en Mérida.

Estamos desesperados, enfadados ya que la propia Constitución Española nos ampara y protege según el Art. 47. El mismo presidente del Gobierno no hace mucho dijo: "Zapatero, que repitió en el discurso varias veces la palabra austeridad, dejó muy claro que estos planes se llevarán a cabo sin dejar a un lado su política de compromiso con los más desfavorecidos. De lo contrario, harían una política más típica del PP".

Majestades, apelamos a su compromiso con los más desfavorecidos y con estas letras escritas con el corazón y la desesperación pedimos o suplicamos justicia y que usted se ponga en nuestro lugar.

Gracias.

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Principado de Asturias
 
Detenido un hombre que intentó incendiar sucursal bancaria
El Periódico de Catalunya (Principado de Asturias) - 27 de junio de 2009
 
y quemar a su director en Gijón. El arrestado no estaba de acuerdo con las condiciones de su hipoteca

Miembros del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría de Gijón han detenido a un hombre de 39 años por intentar incendiar una sucursal bancaria del barrio gijonés de La Calzada y quemar a su director.

El detenido se presentó en una sucursal del banco donde tiene contratada una hipoteca portando unas botellas en cuyo interior había gasolina y, tras dirigirse al despacho del director, comenzó una discusión al estar descontento con las condiciones de su hipoteca, según ha informado la policía en una nota de prensa.

En el transcurso de la discusión llegó a rociar con gasolina al director al tiempo que le amenazaba con que le iba a prender fuego, comenzando un forcejeo entre ambos. Acto seguido el hombre arrojó otra botella de gasolina al suelo de la entidad, momento que aprovechó el director de la misma para salir huyendo. Todos estos hechos fueron también presenciados por una empleada del banco que también se encontraba en la sucursal.

Antecedentes de robo

El hombre, que no llegó a consumar la amenaza de prender fuego a la gasolina que portaba, salió acto seguido de la sucursal y se dirigió a una sidrería situada enfrente. Cuando momentos más tarde abandonaba la sidrería, fue interceptado por los agentes policiales que procedieron a su detención.

El detenido, que ya había mostrado su descontento a través de diversos correos electrónicos dirigidos a la entidad, cuenta en su historial con otras tres detenciones anteriores por robo, dos de ellas realizadas en Valladolid y una en Elche.

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