Vivienda abre nueva vía fiscal para abaratar los pisos un 4%
Expansion.com - 10 de agosto de 2005
 
El Gobierno extiende la posibilidad de exención en el pago de Actos Jurídicos y Documentados (AJD) a todas las viviendas de protección oficial, 180.000 al año, según el Ministerio. La medida exige la colaboración de las autonomías.

El Plan de Vivienda 2005-2008 introduce una modificación en el mapa de exenciones fiscales por compra-venta de inmuebles que puede suponer un ahorro de hasta el 4% en la factura que pagan los promotores y los compradores de pisos de protección oficial a través del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y IAJD).

Se trata de un tributo cedido a las autonomías que grava las transmisiones patrimoniales que van acompañadas de una contraprestación como, por ejemplo, la constitución de préstamos; también actos como, por ejemplo, documentos notariales. En teoría, la vivienda protegida está exenta del pago del IAJD, aunque lo que suelen hacer las autonomías es aplicar una reducción sobre el tipo general, situado en la gran mayoría de los casos en el 1%.

El departamento de María Antonia Trujillo introdujo esta novedad con un aparentemente sencillo ajuste en el artículo 2 del Real Decreto que entró en vigor el 13 de julio. El cambio consiste en extender la denominación de “vivienda protegida” a todas las “viviendas de protección oficial”.

El cambio es relevante, ya que hasta ahora la vivienda protegida era el término acuñado comúnmente a los pisos accesibles sólo para las rentas más bajas, con ingresos no superiores a 2,5 veces el IPREM –índice de referencia que sustituye al SMI– y que representan sólo una parte residual del total de vivienda de protección que se construye en un año –el objetivo es promover 180.000 actuaciones, hasta que la VPO represente el 30% de total de viviendas iniciadas en un año–. Al equiparar los dos términos, el Gobierno extiende el incentivo fiscal a un mayor número de beneficiarios, entre los que se encuentran tanto compradores como empresarios.

De hecho, los promotores serían los que más disfrutarían de este alivio fiscal. Según los últimos cálculos, las empresas inmobiliarias dedican al pago de impuestos el 18,3% del coste de la obra, y la mitad se destina al pago del AJD. Según la patronal del sector, la APCE, si se aplicasen las exenciones correctamente, la rebaja sobre el precio final de la vivienda podría llegar al 4%.

Los empresarios aseguran que “la medida del Ministerio puede ser importante“ para abaratar aún más la vivienda de protección oficial pero advierten de que no tendrá ningún efecto práctico “si no hay también una implicación de las comunidades autónomas, que son las que gestionan el tributo”. Se trata de una decisión complicada, ya que el boom inmobiliario ha generado importantes ingresos a través del ITP y AJD. En 2003, los últimos datos disponibles, las autonomías recaudaron casi 10.000 millones de euros por la venta de pisos.

Otras novedades del Plan de Vivienda El precio básico nacional por metro cuadrado queda fijado en 695,19 euros, lo que supone una subida del 3%. No se establece ningún mecanismo de revisión automática de los precios. En el mes de diciembre se determinará la cuantía del precio básico.

Los beneficiarios deben ajustarse a los siguientes ingresos familiares: -Que no excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) si se trata de viviendas protegidas de precios concertado.

-Que no excedan de 5, 5 veces el IPREM si se trata de viviendas protegidas de precio general o de viviendas usadas.

-Que no excedan de 2,5 veces el IPREM si se trata de viviendas protegidas de régimen especial.

El número de veces del IPREM resultante podrá ser ponderado mediante la aplicación, por parte de las CCAA, de un coeficiente multiplicativo único, comprendido entre 0,62 y 1.

Las superficies útiles no pueden exceder de: -90 metros cuadrados, con carácter general. Viviendas para discapacitados, con movilidad reducida, podrán tener un 20% más de superficie.

-120 metros cuadrados cuando se trate de familias numerosas.

Definición de vivienda de protección oficial: en el apartado de definiciones se equipara el término “vivienda de protección oficial” y “vivienda protegida”. Esta equiparación puede ser un paso importante para que todas las viviendas protegidas estén exentas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Régimen de protección: La duración del régimen para las viviendas de precio concertado será fijado por las comunidades autónomas, mientras que para el resto de las viviendas protegidas será de treinta años, salvo que las CCAA establezcan un periodo superior.

Precios de segundas transmisiones: Una vez transcurridos diez años, el precio de venta será fijado por las comunidades autónomas con un límite máximo de 2 veces el precio de venta inicial, una vez actualizado mediante la aplicación del IPC.

Registros de demandantes: La venta y adjudicación de las viviendas beneficiará a demandantes inscritos en los registros públicos autonómicos. Se podrán prever otros procedimientos que garanticen los principios de igualdad, concurrencia y eliminación de cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones. Los registros públicos de demandantes deberán haberse puesto en funcionamiento en seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

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