La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) manifestaron hoy, en declaraciones a Europa Press, su apoyo a la medida de expropiación de pisos vacíos que incluye el borrador de la nueva Ley del Suelo, pero sin que se aplique de forma "indiscriminada" y "coercitiva".
En concreto, OCU dio su respaldado a la nueva medida desde el punto de vista jurídico, ya que, según explicó un portavoz de la organización, el artículo nueve del borrador de la nueva Ley del Suelo desarrolla jurídicamente el artículo 36 de la Constitución, por lo que es constitucional.
Desde la perspectiva práctica, la OCU respalda la medida de expropiación siempre que los pisos estén abandonados y en casos extremos, pero no en el caso de que se efectúe de manera "indiscriminada", al lesionar los intereses del consumidor y al ser una política de vivienda ineficaz, por los altos costes que conllevaría.
En este sentido, un portavoz del organismo señaló que uno de los inconvenientes de esta propuesta es la dificultad de definir el concepto de piso vacío en determinados casos, como las viviendas de segunda residencia. No obstante, OCU considera absolutamente "errónea" que la expropiación se convierta en el eje de una política de vivienda.
Por su parte, la CECU se mostró partidaria de que las administraciones expropien los pisos vacíos a sus propietarios, pero siempre que éstos tengan la oportunidad de recurrir esa decisión a un tribunal, quien deberá analizar cada caso y dar el visto bueno de la ejecución de la medida.
Un portavoz de la asociación en declaraciones a Europa Press señaló que la CECU es partidaria de que las viviendas vacías se saquen al mercado para ponerlas en alquiler, ante la demanda tan creciente que existe en España, pero, precisó, que no es bueno que se tomen medidas "coercitivas" para elevar el parque de casas en régimen de arrendamientos.
Así, la CECU propone que ante la negativa de un propietario de alquiler o vender su piso vacío, las administraciones deberían darle un plazo "razonable" y hacerle entender las ventajas de que su vivienda tenga una función social. En el caso de que persista su negativa, el portavoz señaló que se debería dar la posibilidad al propietario de recurrir la decisión de expropiación ante los tribunales.
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