Aguirre vs. Simancas en la subida del módulo VPO
Yahoo News (Madrid) - 10 de diciembre de 2004
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que la orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que incrementará el precio máximo de la vivienda protegida "no tendrá ningún tipo de efecto retroactivo, ni siquiera para los que han pedido la calificación después de la entrada en vigor" de esta normativa.

Aguirre, que contestó en el Pleno de la Asamblea a una pregunta formulada por el portavoz del grupo socialista, Rafael Simancas, señaló que la subida no afectará a "todos aquellos ciudadanos que hubieran realizado un contrato de compra o de precompra, que se hubieran inscrito en una cooperativa o que hubieran realizado cualquiera de los trámites que les condujera a pensar que el precio sería el anterior". "Las cooperativas o promotoras que hubieran solicitado ya la calificación de sus edificios también se regirán por lo antiguo", añadió.

Del mismo modo, criticó "la demagogia y la hipocresía" del alcalde de Parla, Tomás Gómez (PSOE), quien anunció que llevaría a los tribunales a la Comunidad de Madrid por aplicar esta subida. "El alcalde de Parla tendría que saber que estamos tramitando un expediente de fraude en su municipio, no ya porque les venden el trastero o la piscina o les obligan a pagar unas cosas que no están en la Vivienda de Protección Oficial (VPO) --dijo--. Lo que hacen aquí es que piden cinco millones de pesetas, por escrito además, por un metro cuadrado indiviso de local comercial. Eso es hipocresía y lo nuestro es realismo", agregó.

Previamente, justificó las subidas aplicadas por el Gobierno regional indicando que los nuevos precios máximos constituyen "un elemento imprescindible en la lucha contra el fraude, sirven para fomentar la construcción de vivienda protegida en parcelas que, de otro modo, quedan sin construir y son un ejercicio de realismo frente a la hipocresía reinante en este asunto".

En este sentido, añadió que todas las comunidades se sitúan por encima de Madrid en el capítulo de precios de la vivienda protegida, a excepción de las dos Castillas, Extremadura, Murcia y Navarra. Por eso, se preguntó si es "normal" que municipios asturianos como Avilés, Llanera o Siero tengan un precio máximo superior a Madrid capital en 169 euros por metro cuadrado o que las localidades vascas de Amorebieta, Berango y Erandio superen a la capital en 127 euros por metro cuadrado. "Antes de la orden --añadió--, el precio máximo de la vivienda protegida en Barcelona era de 497 euros por metro cuadrado".

SIMANCAS PIDE LA RETIRADA DE LA ORDEN

En su turno de intervención, Simancas pidió la retirada de la orden que estipula esta subida argumentando que la situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid constituye "un problema gravísimo" porque la región "tiene el precio de la vivienda libre más caro de España" y la edad de emancipación de los jóvenes "más alta de Europa".

El líder de la oposición regional negó que la medida no tenga un carácter retroactivo ya que, según apuntó, "hay 40.000 familias pendientes de que les entreguen una vivienda que todavía no ha obtenido la calificación provisional de vivienda protegida y que van a ver incrementado el precio de su vivienda en cerca de siete millones (de pesetas)".

En su opinión, la estrategia de liberalizar el suelo para estabilizar o reducir los precios de la vivienda "ha fracasado", por lo que propuso "una estrategia alternativa" basada en "planificar la utilización del suelo de una manera racional, conforme al interés general, y promover la vivienda protegida en número suficiente". Del mismo modo, dijo entender que la calificación de "hipócrita" realizada por Aguirre iba dirigida al antecesor de Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón.

Según las cifras manejadas por el PSOE, el Gobierno regional ha elevado el precio de la vivienda protegida este año entre un 38,9 y un 58,9 por ciento. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio señalaron que el incremento es de un 30 por ciento para las viviendas de menos de 110 metros cuadrados y del 4 por ciento para las de una superficie mayor.

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