LOS GUERRILLEROS DE LA VIVIENDA
El País (Catalunya) - 11 de julio de 2006
 
Un colectivo de Barcelona ocupa edificios donde hay casos de acoso inmobiliario

Se instalan en viviendas vacías, en edificios donde se produce acoso inmobiliario. Los objetivos son varios, explican. Uno: ejercen su derecho a tener una vivienda. Dos: dan a conocer casos de mobbing. Tres: con su presencia, actúan de colchón ante las presiones que reciben los vecinos acosados. Son la Guerrilla de la Vivienda, un colectivo de Barcelona que ha emprendido el proyecto PHRP, siglas en catalán de Promoción de Vivienda Realmente Pública, y han decido actuar ante lo que denominan "violencia inmobiliaria" de forma expeditiva: con la desobediencia civil.

En dos meses, la treintena de integrantes del colectivo ha ocupado tres edificios del casco antiguo. En los tres quedan inquilinos. Personas mayores que sufren acoso y que les han recibido como agua de mayo después de años de aguantar en soledad amenazas de la propiedad.

Son okupas, pero huyen de "la etiqueta", por las connotaciones que arrastra, lamentan. "Somos ciudadanos que hacemos efectivo el derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución pero que hoy no está garantizado", explica Mario sentado en el salón de uno de los pisos de la calle de Magdalenes.

Mario tiene 30 años y es diseñador. En el corrillo también están Pablo, estudiante de 22; Ada, intérprete de 32, y GlÚria, profesora de catalán, de 31. Y Ramon, que enseña matemáticas. Tiene 40 años. Sentados entorno a una mesa cuyas patas bailan sobre un suelo que parece una montaña rusa, desgranan argumentos en defensa de las "viviendas realmente públicas".

También hay un informático, una productora, un tendero, un chico que trabaja vendiendo palomitas en un cine... "O no podemos afrontar los precios de la vivienda o no estamos dispuestos a entregar el sueldo a un entramado empresarial y financiero por un precio que ni siquiera responde a la ley de la oferta y la demanda, porque no olvidemos que sólo en Barcelona hay 300.000 viviendas vacías", manifiesta Ramon. "El precio se fija en función de la capacidad de la gente de endeudarse", prosigue. "Aquí confluyen dos situaciones", resume Mario: "La de quienes no podemos pagar los precios de mercado con la de quienes sí tienen vivienda pero les están forzando a marcharse".

Llegados a este punto, aparecen Núria y Manuel en la conversación. Son los vecinos acosados de Magdalenes, 13, de 62 y 71 años, dos vidas limpiando y trabajando en una fábrica, y dos pensiones que no suman ni 1.000 euros. "Llevamos dos años de sufrimiento", suspira Núria. Cuenta que "desde que han llegado los chicos" su angustia ha mejorado "algo", pero no se quita de la cabeza adónde irá a parar. El matrimonio vive en la finca desde 1989. Su contrato de alquiler es verbal, algo que aunque parezca mentira es medio legal, tiene validez ante un juez. Un total de 17 años depositando la mensualidad en una cesta de mimbre que los propietarios bajaban con una cuerda desde su piso y que, tras cobrar, les retornaban con el recibo. Nadie les avisó de que esos propietarios vendieron el edificio a un nuevo propietario que lo convertirá en un hotel. Sea como fuere, nadie avisó a los últimos inquilinos del cambio de propiedad, una comunicación que es obligatoria.

Desde entonces, se ha sucedido lo habitual en los casos de acoso: no se cobra el alquiler, amenazas de corte de suministro, abandono de la finca, denuncia de impago... el caso está en los tribunales y todavía no hay sentencia firme, pero Núria y su marido tienen las de perder. Por una vez, la lentitud de la justicia ha sido bien recibida.

La Guerrilla de la Vivienda ha surgido en Barcelona en paralelo al Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística de Barcelona, una iniciativa de distintos movimientos sociales que llevan años en cuestiones de vivienda. Su trabajo más publicitado es una Carta de Medidas que propone que se paralicen los proyectos urbanísticos hasta que se evalúe su impacto sobre los vecinos, se limite el precio de los alquileres y de los pisos, o se reforme la LAU, que fija una duración máxima de los contratos de cinco años.. Es precisamente el trabajo del Taller en los barrios el que permitió localizar inmuebles con víctimas del acoso. "Ciutat Vella es un gruyŤre agujereado por el acoso inmobiliario", asegura GlÚria. De hecho, desde la llegada de los guerrilleros a las calles de Magdalenes, Amargós o Tallers han sido varias las personas mayores que les han rogado que ocupen también sus fincas. "Están muertos de miedo", dicen.

"Van a saco"

Los testimonios de vecinos que han sido, son o conocen víctimas de acoso inmobiliario se multiplican. A Mayra no le renovaron el contrato después de prometerle que le venderían el piso y haber invertido 18.000 euros en reformarlo. Del cabreo y la impotencia que sintió, lo destrozó a martillazo limpio. Pagaba 400 euros al mes. Ahora vive enfrente y paga 1.200. Es la única que se ha quedado en el barrio, donde regenta un bar.

El resto de sus vecinos se han marchado a barrios de la periferia. "Los más viejos se murieron de pena al mes de marcharse", recuerda. El caso de la artesana MercŤ es muy parecido. Sólo que en vez de una vivienda se trataba de un negocio.MercŤ es mucho más pesimista: "El futuro está muy negro porque detrás de todo esto sólo hay dinero y grandes corporaciones. Van a saco".

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