Corrupción urbanística y pasividad institucional
Cartas a la Plataforma (A. Marín) - 18 de diciembre de 2006
 
España no puede ni debe considerarse un país europeo y civilizado, pues las instituciones no sirven para lograr y favorecer el bienestar y el desarrollo real general de TODOS los ciudadanos.

Hace ya 7 años que el diario EL MUNDO tuvo el valor y la dignidad de publicar las tramas corruptas y los nombres de los implicados que estaban violando la ley y destrozado Marbella.

Nadie hizo caso e incluso hubo periodistas de gran fama y renombre, que tuvieron la osadía de insultar y amenazar a los colegas del diario EL MUNDO por decir la verdad que ahora todos podemos concoer y aceptar como un hecho que pudo haberse evitado si hubieran funcionado las instituciones judiciales, políticas, administrativas correcta, independiente y eficazmente.

La Justicia, eso que siempre llega tarde y mal, tuvo a bien mirar a otro lado, a pesar de la contundencia y rotundidad de las evidencias contrastadas y documentos aportadas por el Diario EL MUNDO. La enorme avalancha de pruebas y los miles de documentos que han aparecido en los últimos años, indican claramente que vivimos en un país profundamente corrupto, con un muy deficiente funcionamiento de los servicios y las instituciones públicas. ¿Por qué todo funcional tan pesimamente y nadie se atreve a denunciar y a solicitar medidas correctoras radicales y efectivas? ¿Por qué los partidos políticos con representación parlamentaria se pasan la vida hablando y discutiendo de chorradas y estupideces?

Pero lo que es peor, a mi juicio, es constatar y padecer la inercia, la pasividad, la complicidad indecente de los poderes judiciales y políticos, ante el enorme maremoto, el vendaval interminable de corrupción urbanística e institucional que todo lo mancha, todo lo impregna...

Las consecuencias de tanta pasividad son enormes e irreparables, pues la mayor parte de los ciudadanos han dejado de confiar en las instituciones públicas, al haber permitido tanta ilegalidad, tantas injusticias y arbitrariedades aquellos que tienen el deber y la obligación de velar por el bienestar general y luchar contra las mafias de cuello blanco...

El peligro sigue vigente y nos afecta a dotos, pues no se toman medidas contra la gran cantidad de grupos mafiosos internacionales que se camuflan en las tramas urbanísticas. La implantación de grupos violentos dedicados a todo tipo de actividades criminales es un hecho gravísimo que se ha tolerado gracias a la incompetencia y complacencia de las diversas administraciones e instituciones judiciales, policiales, políticas y empresariales españolas... ¿Por qué se permite que los grupos delictivos más peligrosos del mundo tengan su sede central en España?

España no puede ni debe considerarse un país europeo y civilizado, pues las instituciones no sirven para lograr y favorecer el bienestar y el desarrollo real general de TODOS los ciudadanos, tal y como estamos comprobando a diario. Los ayuntamientos son meras oficinas administrativas al servicio de mafias y grupos urbanísticos, que camuflan en muchos casos, a grupos criminales internacionales, tal y como afirma la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Los gobiernos autonómicos justifican y respaldan a equipos deportivos y a empresas implicadas en numerosos delitos y actuaciones ilegales, en contra de los ciudadanos, desatendiendo y persiguiendo a los colectivos humanos en situación de emergencia, precariedad, necesidad... Vivimos en un país de locos y repleto de barbaridades.

Las instituciones públicas no funcionan en España, tal y como confirman numerosos informes y estudios, realizados por organizaciones de gran solvencia, prestigio e independencia. ¿Vamos a seguir pasivos ante tanta corrupción y degradación? ¿Vamos a seguir participando en el circo electoral y dar nuestro voto a una legión de impresentables y mentirosos profesionales?

Tampoco funcionan los medios de comunicación, pues han tardado 7 largos años en enterarse de algo que todo el mundo, que todos sabiamos bien que era una vergonzosa y peligrosa realidad...

¿Quién va a mover ficha y a iniciar un proceso público e integral para acabar con tanta corrupción institucional y empresarial?

¿Cuándo va a ser una prioridad la creación de viviendas sociales y el control de los precios en el sector urbanístico?

Antonio Marín Segovia

http://www.quediario.com/blogs/13746/



 
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