Casas baratas
El Norte de Castilla - 03 de enero de 2007
 
CASAS baratas, así se titulaba a principios del siglo XX una de las leyes progresistas promovida por los destacados pensadores del Instituto de Reformas Sociales. Ahora en el XXI hablar de casas baratas es emplear un oxímoron, dado el fracaso de las políticas urbanísticas en su objetivo de promoción del acceso a la vivienda. Aunque hoy las casas son, por lo general, mejores que las construidas para los obreros hace cincuenta o cien años, también se han encarecido extraordinariamente, obligándonos a muchos españoles a sacrificar nuestros ahorros y nivel de vida para poder disfrutar del derecho a la intimidad en el propio domicilio.

Un derecho constitucional -el de tener una vivienda digna y adecuada- puede ponerse en entredicho a la vista de los precios de los pisos. Y los resultados no hacen pensar que la intervención de los poderes públicos con competencias sobre la cuestión, que son los autonómicos y locales, esté mejorando mucho las cosas. Ni siquiera la entrada en juego del Estado, mediante la creación de un discutible ministerio, ha servido para resolver el problema, porque si la Constitución y las leyes dicen que esto compete a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, quizás sea porque estos entes son los que están más cerca del problema, y deberían disponer de todos los medios para resolverlo.

El urbanismo es uno de los principales mecanismos a emplear para conseguir el abaratamiento de la vivienda, pues las decisiones de planeamiento, recalificación y ejecución podrían servir para evitar el encarecimiento del suelo y garantizar una equitativa distribución de beneficios y cargas entre los propietarios y la comunidad. No están estas potestades, aunque a veces parezca lo contrario, para hacer millonarios a unos pocos (cuando se enriquecen de un día para otro, comprando hoy terrenos baratos y vendiendo mañana muy caro), desviando las plusvalías generadas por la actuación pública (al permitir construir donde antes estaba prohibido) a los bolsillos de especuladores y aprovechados

Otra técnica diseñada para favorecer el acceso de todos a viviendas dignas es la protección oficial (VPO). Los tan costosos pisos hoy sucesores de las viejas casas baratas habrían de estar pensados para facilitar que personas con recursos inferiores a los de la media (pues son los que más difícil lo tienen) vieran una oportunidad, a pesar de su desventaja económica, de conseguir con esfuerzo (no como regalo) un lugar donde vivir. Todos tenemos derecho por lo menos a un piso, y nadie deja de tenerlo ni tiene menos derecho por ser hijo de un servidor público. Tampoco tiene más, y el acceso debe producirse en condiciones igualitarias, equitativas y transparentes.

Lo importante sería que hubiera para todos los que más lo necesitan vivienda, y se conocieran las reglas del reparto de beneficios, como establecía una proposición de ley de 1878, en plena Restauración (un período por cierto con bastante corrupción administrativa, aunque no sé si tanta como la que hoy sufrimos). Entonces la adjudicación se hacía por rifa, conectada con la Lotería Nacional, entre trabajadores a jornal -lo explica en un libro reciente Pedro Ortego Gil-, pagándose en concepto de arrendamiento media peseta diaria, si la casa valía 1.000, y una diaria, si valía 2.000 (las más caras). Así poco a poco se iba adquiriendo la propiedad, y si no se cumplía con el pago, pues se volvía a rifar.

Hoy quizás sería excesivo volver a un régimen como el de aquella época, pero sí se hacen necesarias medidas más inteligentes (o menos interesadas) que las aplicadas hasta ahora para resolver el problema de la vivienda. No estaría de más que se multiplicaran las agencias municipales de alquiler, en lugar de intentar promover este mercado desde un ministerio en Madrid; tal vez no sobrarían más incentivos (en lugar de desincentivos) a la ocupación de las casas vacías, o a la restauración de las viviendas en mal estado, o a la formalización de contratos de arrendamiento con opción de compra.

Las aporías del derecho a la vivienda, de las que hablaba hace veinte años una excelente tesis de Ricardo García Macho, podrían ser superadas. Pero la voluntad política necesaria para hacerlo no parece haber sido tan fuerte como debiera en los últimos tiempos. Las administraciones locales han quedado atrapadas en sus propias contradicciones financieras, como las generaciones, en un conflicto de intereses entre quien vende y quien compra vivienda. Porque los que ganan más dinero con el suelo y los pisos sobrevalorados no se paran a pensar que a otros les cuesta mucho pagarles, tal vez porque sus herederos no tendrán problemas para comprarse una casa.

RICARDO RIVERO ORTEGA/PROFESOR TITULAR DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

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