Hacienda pone el cartel de ‘se busca’ al constructor del 3%
Elconfidencial (Catalunya) - 19 de octubre de 2006
 
Hacienda pone el cartel de ‘se busca’ al constructor que destapó el escándalo del 3% en Cataluña

El empresario que destapó la trama de corrupción urbanística y comisiones durante los gobiernos de CiU en Cataluña, Juan Antonio Salguero, se encuentra en paradero desconocido. Aunque Hacienda le atribuye varios delitos fiscales, no consigue dar con él.

El 16 de diciembre del 2005, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, presentaba una querella criminal contra varios cargos de la empresa pública Administración, Promoción y Gestión Sa (Adigsa), contra tres empresarios y contra un intermediario por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de rehabilitación de pisos para jóvenes y el respectivo cobro de comisiones, que llegaban hasta el 20% del importe total de los trabajos. El número total de obras donde se habían encontrado irregularidades era de 36, según los datos que manejaba la fiscalía.

Las diligencias se habían iniciado el 25 de febrero de aquel año, al día siguiente de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, insinuase en el Parlamento autonómico que el líder de la oposición, Artur Mas, estaba al tanto de presuntas comisiones sobradas por Convergència i Unió (CiU): “Su problema es el 3%”.

Las actuaciones denunciadas se habían llevado a cabo el año 2003, cuando todavía gobernaba CiU. Con el cambio de Gobierno -en diciembre de ese año, fue nombrado presidente Pasqual Maragall y subió el Tripartito al poder-, uno de los empresarios, Juan Antonio Salguero, dejó de recibir encargos, aunque siguió en contacto con los técnicos de la Generalitat porque se le debía dinero y afirmaba que habían adquirido determinados compromisos con él.

Promesas incumplidas

En junio del 2004, reclamó oficialmente a Adigsa el pago por la rehabilitación de un edificio en Artesa de Segre por valor de 355.540 euros, pero en la Administración no había ninguna constancia de que había que realizar tal operación, por lo que se rechazaron sus pretensiones. Cuando vio que las deudas no se iban a saldar nunca porque los expedientes que figuraban en la Administración contenían diversas irregularidades, decidió tirar de la manta y contar todo lo que sabía.

Y lo que sabía era muy jugoso. Para empezar, delató al intermediario de las contrataciones, José María Penín, que no tenía contrato con la Administración pero que manejaba la situación como nadie. Entre otras cosas, repartía las obras de rehabilitación entre los proveedores y tenía acceso a las viviendas de protección oficial como si fuesen suyas. Al final, resultó que Penín era pariente del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, recientemente ascendido a número dos de CiU y líder del denominado sector soberanista de la formación nacionalista.

Salguero conoció a Penín a través de otro constructor, Jorge Honrubia, cuñado del intermediario, quien se presentó como familiar de Felip Puig y se comprometió a pagar todos los encargos -según su confesión, participó tan solo en una veintena de rehabilitaciones diseminadas a lo largo de toda la geografía catalana- en efectivo, aunque debía sumar a la factura un 20% que luego le entregaría en concepto de comisión. Así lo hizo al menos durante al año 2003. En ese periodo, pagó 108.000 euros de comisiones a Penín en dos pagos de 30.000 euros y uno de 48.000 euros, según confesó ante el juez en marzo del 2006.

El enero del 2005, la propia Generalitat (ya con el Tripartito en el poder) encargó una auditoría para determinar las condiciones de contratación de la rehabilitación de 129 pisos de renta libre entre mayo y noviembre del 2003 porque se había detectado “un importante volumen de obra que no había pasado el procedimiento en la contratación”.

Sospechas hacia arriba

En su primera declaración ante la fiscalía, Penín dio a entender que tanto Puig como Oriol Pujol Ferrusola -hijo del entonces presidente de la Generalitat y secretario general de Industria- estaban al tanto de todo lo que ocurría, aunque posteriormente negó este extremo ante el juez y se retractó de sus aseveraciones.

Puig siempre negó conocer a Penín, pero más tarde se supo que entre ambos había lazos lejanos de parentesco. La propia secretaria del dirigente convergente admitió, tras declarar ante el juez, que Penín llegó a llamar al entonces consejero a su despacho oficial porque habían demorado un pago que le hacía Adigsa por sus gestiones. Penín quería de Puig acelerara dicho pago. Además, según desveló el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, “Puig mintió cuando dijo que no lo conocía”, ya que, además de que eran familia, “habían llegado a jugar durante mucho tiempo en el mismo equipo de fútbol sala”. El intermediario, militante de Convergència, fue también durante una época el chófer de Pere Esteve cuando éste, en 1996, fue elegido secretario general del partido en sustitución de Miquel Roca.

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona admitió a trámite la querella y abrió instrucción, que acabó el pasado mes de junio. En un auto dictado a finales de ese mes recoge en líneas generales las tesis de la fiscalía e imputa al ex presidente de Adigsa y ex jefe de gabinete de Felip Puig, Ferran Falcó, al ex consejero delegado de la empresa pública Josep Anton Fondevila, al ex director del área técnica, Jordi Huguet, y al ex jefe del departamento de Adquisiciones, Xavier Sala. Los dos primeros eran destacados militantes de Convergència junto con Penín. De la imputación no se libraron tampoco los constructores José Antonio Salguero, Angel Egido y Jorge Honrubia. Los presuntos delitos de que se les acusa son los de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y falsedad en documento oficial.

Según fuentes de CiU, la instrucción no se ha acabado todavía, ya que la Audiencia de Barcelona, en un escrito fechado el pasado mes de septiembre, anuló el auto del juez del pasado mes de junio hasta que no se investiguen algunos flecos que quedan pendientes.

Eludiendo a Hacienda

Pero, mientras tanto, el principal instigador de la investigación, Juan Antonio Salguero, está en paradero desconocido, al menos para las Administraciones públicas. Hasta ahora, el único que había desaparecido durante meses -y ya van dos veces- había sido el intermediario Penín, refugiado durante temporadas en paradero desconocido incluso para su abogado y sus socios. Salguero, sin embargo, ha dejado tras de sí un reguero de deudas. Una de sus empresas, Reluxex, ya era buscada por Hacienda en marzo del 2005. Hasta entonces, tenía sólo algunas “facturas” pendientes, como una multa de algo más de 900 euros a Tráfico.

En el 2006, sin embargo, los impagados se le amontonaron. Recaudación de Hacienda le abrió un expediente que fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el 5 de enero del año pasado. En abril, el Instituto Municipal de Hacienda del ayuntamiento de Barcelona le buscaba por dos reclamaciones de apremio. Y en junio, Hacienda le abrió otro expediente.

Esta había sido, precisamente, una de las empresas con las que había realizado los trabajos para Adigsa, pero los funcionarios públicos de Hacienda habían sido incapaces de encontrar ni a la empresa ni a su dueño. La otra compañía con la que trabajaba a menudo era Demastir, que ya en el 2001 debía el impuesto de circulación. En el año 2003, el Ayuntamiento de Gavà le reclamaba los impuestos municipales y en enero del 2006 la Agencia Tributaria publicaba su nombre en un listado de contribuyentes “desaparecidos”. En abril del 2007, un anuncio del Diario Oficial de la Generalitat daba cuenta de que tenía abiertos dos expedientes para liquidar impuestos.

Destirson, otra de sus compañías, ha acumulado a lo largo de estos años deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Cámara de Comercio. El último requerimiento le fue realizado el pasado 26 de mayo. Y para dato anecdótico, valga el siguiente apunte: como persona jurídica, Hacienda mantenía abiertos, en el año 2002, dos procedimientos de apremio por menor cuantía a Juan Antonio Salguero. Poco después, el constructor comenzó a trabajar para la Generalitat. Pero los sabuesos del fisco fueron incapaces de dar con él.

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