Guerra al fraude en la VPO
El País - 06 de febrero de 2009
 
La irregularidad más frecuente en las viviendas de protección oficial es que nadie las habite

La vivienda protegida siempre ha sido un caldo de cultivo para el fraude. La creencia de que es una lotería con la que se puede especular es una realidad. No hay más que bucear en Internet para encontrar mensajes como el de Manuela. "Me han ofrecido un piso de protección oficial, tiene 14 años. Quisiera saber las ventajas e inconvenientes que puede tener en el momento de comprarlo y en su posterior venta".

Los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Boadilla del Monte o Rivas-Vaciamadrid, y las comunidades de Madrid, Aragón o País Vasco, entre otras, tratan de garantizar que ninguna de las viviendas protegidas que construyen sea ocupada por personas distintas de las adjudicatarias, que se venda o alquile de manera irregular, o que permanezca vacía.

El Ayuntamiento de Madrid creó en 2005 un servicio de inspección de su parque de viviendas en venta y alquiler. Ha detectado fraude en el 2% de las casas. "Creemos que el grueso del fraude ya ha salido", dice Pablo Olangua, el responsable del Sivim. El servicio ha realizado 353.984 inspecciones a los 22.600 pisos promovidos por el Ayuntamiento o de propiedad municipal. Se han detectado 2.675 incidencias, de las que se han archivado 2.121 y se han abierto 484 expedientes para estudiar la interposición de la demanda judicial y volver a adjudicarlas.

Hasta la fecha se han recuperado 51 viviendas. Una de ellas es la que se adjudicó en 1993 al padre de María, que fallece en 2002. En 2004 María (la heredera) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid elevaron a público el contrato privado de compraventa. Tras repetidas inspecciones se comprueba que la vivienda permanece desocupada. Y así lo manifiestan los vecinos. Se envían dos requerimientos a María, en los que se solicita que aporte facturas de los consumos de suministros. No hace caso y se presenta una demanda. La sentencia concluye que alquiló la vivienda a una tercera persona.

La irregularidad que más se repite, en el 63% de los casos, es que la vivienda se encuentra vacía. O que reside en ella una persona distinta del adjudicatario (25%). En un 5% de los casos el propietario ha fallecido y en otro 5% la persona que abre la puerta no facilita datos.

Dos decenas de inspectores realizan visitas aleatorias en viviendas seleccionadas al azar. Dice Olangua que todas las viviendas son inspeccionadas un mínimo de dos veces al año. Sin embargo, en la práctica no es así. De hecho, hay una promoción en Las Tablas que no ha recibido la visita de los inspectores. Hay vecinos que se acaban de trasladar. Sus casas han estado vacías un año.

También se realizan visitas motivadas por las quejas o reclamaciones de vecinos -ha crecido el número de denuncias por correo electrónico-. Los inspectores van uniformados y en pareja. "La gente se ha ido concienciando, ya conoce a los inspectores. Al principio había quejas de los vecinos porque las visitas les incomodaban", dice Olangua. El servicio es gestionado por Conurna Consultores, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros anuales.

Persianas, buzones...

Si se observa un indicio de irregularidad en la primera visita o si nadie abre la puerta se realiza alguna más. Si no se contacta con el adjudicatario se manda un requerimiento para que acredite consumos de luz, agua y gas. También se comprueba que esté empadronado -tiene un mes-. Otras evidencias: persianas siempre bajadas, el buzón lleno de correspondencia. Los conserjes son una pieza clave. Si se detecta una irregularidad se inicia un trámite contencioso de reclamación y se interpone la demanda en el juzgado.

Es muy común que los titulares de una vivienda protegida la cedan a familiares o amigos de manera gratuita o que la alquilen o subarrienden fuera del marco legal. El negocio es redondo. Por un piso de cuatro dormitorios, la EMVS pide un alquiler de entre 300 y 500 euros. El propietario puede llegar a pedir más de 900 euros y por una habitación se solicitan 400 euros. Otro fraude es vender la vivienda sin estar autorizado y pedir importe que el comprador paga en negro.

En Boadilla del Monte funciona el mismo modelo de inspección desde hace dos años. De las 500 viviendas municipales que han sido revisadas, se ha abierto expediente a cinco, que están pendientes de fallo judicial, explica Alfonso Bosch, gerente de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de esta localidad. Se han recuperado dos viviendas, que ni siquiera tenían dada de alta la luz. En esta localidad, los dos inspectores acuden a los sorteos de viviendas para que los próximos adjudicatarios los identifiquen.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid lanzó hace siete meses un servicio de inspección para evitar el fraude en las viviendas de protección pública en alquiler construidas por esta entidad, cerca de 400. Hasta la fecha, ha abierto siete expedientes de resolución de contrato por vivienda desocupada. Y uno se ha trasladado al juzgado para iniciar el proceso de desahucio. Con otro inquilino se han iniciado también los trámites de desahucio por realquiler de vivienda. En este caso, se ha remitido a la Comunidad de Madrid, organismo competente en materia sancionadora.

170 desahucios

El parque municipal de vivienda en alquiler de Bilbao se inspecciona desde 2004. Durante 2008 se han resuelto judicialmente 44 contratos por subarriendo, cesión, etcétera. El Ayuntamiento de Barcelona realizó el año pasado 948 inspecciones sobre un parque de 5.500 viviendas. El resultado son 79 expedientes contenciosos.

Respecto a la Comunidad de Madrid, el Instituto de la Vivienda de Madrid gestiona un patrimonio de más de 23.000 pisos públicos en régimen de arrendamiento, así como plazas de garaje (22.000) y locales comerciales (2.000). También tiene un servicio de inspectores para luchar contra las ventas y los subarriendos ilegales, las ocupaciones irregulares o los impagos. Realizó en 2007 más de 15.000 visitas a sus inmuebles y en 2008 se han llevado a cabo casi 16.000 inspecciones. Como resultado, se han abierto 467 expedientes y se han ejecutado más de 170 desahucios de ocupantes de viviendas de las que no eran ocupantes legítimos. El Ivima ultima la creación de un protocolo de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para agilizar la lucha contra las ocupaciones ilegales en su patrimonio.

En 2003 el Gobierno vasco creó el servicio de inspección para el buen uso de la vivienda protegida. Desde entonces, ha inspeccionado 35.509 viviendas de un parque de unas 55.000, ha puesto sanciones por valor de 1.023.338 euros, y recuperado 55 casas.

El Gobierno de Navarra remitirá en 2009 y 2010 más de 2.000 requerimientos a propietarios para comprobar que las casas están ocupadas, además de las inspecciones que se realizarán a infractores de años anteriores y a otras 200 viviendas seleccionadas cada año de forma aleatoria. El fraude en Navarra no supera el 2,4%.

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