ACCIÓN CONJUNTA EN LA FERIA INMOBILIARIA INMUBIS

El primer boom inmobiliario de la moderna economía en el Estado español culminaba a principios de los años sesenta con la construcción de más de 500.000 viviendas anuales. Los precios de la vivienda crecían a tasas similares a los precios al consumo”.

Sin embargo en los años 80 comienza un giro de esa tendencia que se hace mucho más notable a finales de los 90. Al mismo tiempo que se constata un considerable declive demográfico aparece un boom inmobiliario sin precedentes. A diferencia del primero, en este nuevo boom inmobiliario el precio de la vivienda se dispara en relación al aumento del coste de la vida y en particular de los salarios. El precio medio de la vivienda entre 1996 y 2002 subió un 82% mientras los salarios los hacían en un 14% en el mismo tiempo.

Las familias obreras se vieron obligadas a dedicar un 50,9% de sus ingresos a la adquisición de la vivienda, en unos plazos de amortización que pasaron de una media de 15 años a toda la vida laboral en muchos casos. La vivienda pasaba así de ser un bien de uso a inversión especulativa de primera línea. En el Estado español se construyen más viviendas que en Francia y Alemania juntas que tienen tres veces más población y mucho mayor crecimiento demográfico.

Ante toda esta situación, ¿Qué hace el Consell?

‘El Diari Oficial de la la Comunitat Valenciana publicó ayer 28 modificaciones presupuestarias aprobadas por acuerdo del Consell entre el 5 de octubre y el 26 de diciembre de 2007 que cambian el destino de 645 millones de euros, el 5% del presupuesto del pasado ejercicio, para cuadrar unas cuentas que se caracterizan por el descontrol del gasto en farmacia, la subvención de los colegios concertados, el Palau de les Arts o la explotación del circuito de fórmula 1.

El Consell rebaña varias partidas, pero destacan los recortes en los fondos destinados a cubrir el convenio con el Gobierno para facilitar el acceso a viviendas protegidas’ El País 14 Febrero 2008.

Y ¿Qué hace el Gobierno?

‘Así, desde las primeras señales de debilitamiento por parte de dicha actividad, a mediados de 2007, el Estado comenzó a engrasar su maquinaria para dotar de oxígeno a una rama que, según los datos oficiales, supone cerca del 12% del PIB nacional y ocupa a casi el 20% de la población activa. Desde entonces, el Gobierno, con la ministra de Vivienda, Carme Chacón, a la cabeza, ha revertido, en gran medida, parte de su estrategia política enfocada hacia combatir la "peor lacra" de la sociedad española: La especulación urbanística. Entre las principales acciones del Gobierno, emprendidas hasta el momento, destacan las siguientes:

- Chacón aprobó el pasado 11 de enero la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008, con el fin de incentivar la edificación de pisos protegidos destinados a las clases medias y bajas, así como fomentar el alquiler de viviendas mediante subvenciones públicas. De este modo, el Ejecutivo decidió elevar el precio de venta (4,12 por ciento) y las rentas del alquiler de este tipo de inmuebles para atraer a los promotores. Y ello, mediante el aumento de la financiación pública y rentabilidad de la VPO. También dio luz verde para impulsar la vivienda de precio tasado (VPT). Una figura desusada en el mercado nacional, que consiste en ofrecer pisos con precios inferiores a los de mercado, con el objetivo de extender su acceso a la clase media (su nivel de renta les impide acceder a VPO).

- Igualmente, el pasado 23 de enero, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el socialista Pedro Castro, en colaboración con el G-14 y el propio Ministerio de Vivienda, acordaron la construcción de 200.000 pisos de VPO al año con un doble objetivo: “facilitar” el acceso a la vivienda a las familias con menos recursos y “garantizar” la actividad de la construcción y el mantenimiento del empleo en el sector, dada la crisis que padece.

- El Instituto de crédito Oficial (ICO) aprobó el pasado 28 de enero la concesión de avales bancarios a fondos de titulación de activos hasta un volumen de 3.000 millones de euros para facilitar la financiación de hipotecas destinadas a la compra de VPO. Dicha medida fue aprobada por el propio ministro Solbes.

- Mientras, el pasado 1 de febrero, el Ministerio de Economía, nuevamente, movió ficha en favor de las inmobiliarias. Publicó una orden ministerial para aclarar y flexibilizar las normas de valoración de suelo. Con esta medida, el Gobierno pretende resolver los importantes obstáculos de financiación que ha originado la Ley de Suelo, en vigor desde el pasado mes de julio, ideada por el propio Gobierno.

En definitiva, más gasto público, ya sea a través de subvenciones directas, ayudas estatales, o mecanismos de financiación alternativa, para tratar de relanzar el sector. Es decir, intervención directa por parte del Estado para intentar rescatar a las inmobiliarias.’ Libertad digital 13-02-2008

Aquí se retratan los dos partidos mayoritarios, ninguno (como vemos, en estas citas y muchas otras que podemos encontrar diariamente en prensa), apuesta decididamente por el Artículo 47 de la Constitución, ninguno apuesta de verdad por el bienestar de los y las ciudadanos/as.