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Un jurista del Ayuntamiento dice que todo el urbanismo marbellí pasaba por Roca

El jefe del servicio jurídico administrativo del Ayuntamiento de Marbella aseguró ayer al magistrado que juzga a Julián Muñoz y otros siete ex ediles del GIL que de todo lo que entraba de urbanismo se daba cuenta al ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, encarcelado por la operación Malaya. Este alto cargo del consistorio Jorge González, que ejerció su cargo en la etapa de gobierno del GIL y continúa en la actualidad, mantiene que hasta que no ha entrado la gestora en el Ayuntamiento todos los asuntos relacionados con materia urbanística pasaban por Roca.
Este jurista afirmó que el ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, era la persona que tenía las competencias de Urbanismo, pero que él nunca despachó con él y que jamás supo el vínculo oficial que tenía Juan Antonio Roca con el Ayuntamiento. Aseguró que el servicio jurídico siempre informaba de la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana del 86 pero que luego utilizaban la revisión del 98.
Este abogado afirma que en una ocasión Gil anunció que con los informes que se estaban realizando se estaba imputando a ediles que podrían acabar en la cárcel, pero que él dijo en su día que ellos (su gabinete) seguirían informado según la legalidad.
González mantiene que tanto Gil como los sucesivos alcaldes han sido conocedores de la situación y la problemática que había con los planes del PGOU, pero que a ellos no les interesó nunca que existiera un sólo plan porque «así utilizaban el que mejor les convenía». A preguntas del fiscal, el letrado ha asegurado que no había un plazo establecido para conceder las licencias, «lo normal suele ser tres meses, pero se llegaron a dar en cuatro horas», apostilló. También afirmó que era práctica habitual dar licencias sin que se hubiese realizado el informe técnico correspondiente.
Tras finalizar este testigo, el fiscal confirmó la petición de cárcel e inhabilitación para Julián Muñoz y los siete ex ediles del GIL por un delito urbanístico, «eran plenamente conscientes de la ilegalidad urbanística», apostilló el ministerio público. En este sentido, la acusación pública afirma que Muñoz y los otros procesados «dictaron dos resoluciones injustas» para conceder dos licencias de obra en zona verde.
«Eran conscientes de su actuación ilícita y concedieron las licencias de forma arbitraria» recalcó el fiscal, que señaló que por ello todos los integrantes de las dos comisiones de gobierno de aquel momento «deben ser condenados por un delito de prevaricación».
En el banquillo de los acusados estaban sentados junto a Muñoz Rafael González, María Luisa Alcalá, Mario Jiménez, José Manuel Pomares, Manuel Calle Arcal y Juan Antonio Yagüe Reyes (hermano de la alcaldesa detenida en la operación Malaya).

http://www.abc.es/20060610/andalucia-andalucia/jurista-ayuntamiento-dice-todo_200606100400.html