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La delegación europea «suspende» la M-30 y el Ayuntamiento duda de su competencia

Más que duras, durísimas fueron las valoraciones realizadas ayer tarde por los dos eurodiputados que formaban la comisión oficial de visita en Madrid para ver las obras de la M-30, tras las denuncias realizadas por IU, ecologistas y vecinos. Proinsias de Rossa - socialista irlandés- y Margrete Auken -danesa y de Los Verdes- consideran que los trabajos incumplen la normativa europea porque no tienen declaración de impacto; la M-30 no les parece en ningún modo una calle, sino más bien «una gigantesca autopista de circunvalación», y respecto al alcalde Ruiz-Gallardón creen que «ha tratado a los madrileños como súbditos, y no como ciudadanos». A ambos eurodiputados les parece «una trampa» que el Gobierno local utilizara el cambio de denominación de autovía a vía urbana para la M-30 con el único fin de eludir la obligación de realizar una declaración de impacto ambiental. «Lo que cuenta -dijeron- no es el nombre, sino las dimensiones de la obra, y estas dimensiones evidencian que la declaración de impacto en la M-30 era ineludible».

Por eso, no dudan que España podría ser sancionada por este incumplimiento de la normativa comunitaria, e insisten en que «ésta prevalece sobre la normativa del país miembro». Añadieron además que el problema de la M-30 «no es de carácter legislativo, sino que ni el Gobierno municipal ni el regional han dejado participar a los ciudadanos en este proyecto, y se les ha negado su derecho a ser escuchados».

«Pobre representación»

La última jornada de los eurodiputados en Madrid no empezó bien: su primer encuentro institucional fue con la directora de Calidad y Evaluación Ambiente del Gobierno regional, María Jesús Villamediana, y con la directora de Asuntos Europeos de la Consejería de Presidencia, Laura de Esteban. A los miembros de la comisión oficial enviada por la CE les pareció una representación muy pobre: «Lamentamos profundamente» -dijo Auken- no haber sido recibidos por alguno de los dos vicepresidentes o de los 13 consejeros regionales, porque «no es de utilidad hablar con funcionarios». Las dos aludidas protestaron: ellas son cargos políticos, y se estableció que les atendieran porque «lo que pedían eran datos técnicos». Justificaron haber eximido a las obras de la M-30 de la declaración de impacto «en base a la normativa estatal y autonómica», aunque les recordaron que el Gobierno regional «sí estableció una serie de requisitos ambientales y patrimoniales que debía respetar el proyecto».

La siguiente parada de los eurodiputados fue en la Asamblea de Madrid. Allí les recibieron los tres grupos políticos, por separado. Rafael Simancas, encabezando al del PSOE, aseguró al terminar el acto que éstos habían tenido «palabras extraordinariamente graves» para el proyecto de reforma del tercer cinturón de Madrid. Utilizaron, dijo, términos como «desastre» o «afecciones graves al patrimonio histórico-artístico», y hablaron de sanciones «de las instituciones europeas y los tribunales de justicia». Simancas, por su parte, les pidió que «en sus recomendaciones -que se conocerán verbalmente el 10 de julio- busquen que esta obra termine cuanto antes y bien», que se establezca un plazo máximo para su finalización, «antes del próximo verano».

Por parte del grupo parlamentario de IU, su portavoz Fernando Marín insistió ante la delegación europea en lo «preocupante» de un precedente como esta exención de declaración de impacto».

«Desconocimiento del derecho»

No obstante, el portavoz del grupo popular, Antonio Beteta, planteó la cuestión en términos muy diferentes: se sorprendió de que la eurodiputada popular que debía estar entre la delegación no hubiera acudido, y criticó el «desconocimiento sobre el derecho interno español» de los dos eurodiputados presentes, y que ignoren «cuáles son las consecuencias jurídicas de que la M-30 haya pasado de ser una carretera a convertirse en una calle». La exención de la declaración de impacto que concedió el Gobierno regional a esta obra se justifica en «la Ley de Carreteras española, el Consejo de Estado, dos sentencias y cuatro autos judiciales».

Tras la visita, comida y sus conclusiones: el cambio de denominación es una «trampa», las obras «incumplen la normativa» y España puede ser sancionada. Piden a las administraciones municipal y regional que «rectifiquen» y realicen la declaración de impacto de las obras en curso y todas las modificaciones pertinentes que establezca.

Afirmaciones que fueron respondidas desde el Gobierno local: según dijo la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, «un portavoz oficial del Parlamento Europeo afirmó que el informe que elaboren los dos diputados no será vinculante, ni tiene que ver con el expediente abierto a España en la Comisión Europea». Añadió además que «el contencioso jurídico sobre la declaración de impacto ambiental y su solución lo estamos tratando con quien es competente en esta materia», que es la propia Comisión Europea. Insistió la concejal en la propuesta que ha hecho el Gobierno municipal a la carta de emplazamiento que le envió la comisión: hacer la declaración de impacto a los tres proyectos aún sin empezar en el norte, y acompañarlo de un estudio que valore los efectos acumulados sobre el conjunto de la obra, introduciendo las mejoras que se determinen. Esto, añadió Martínez, «permitirá cerrar este conflicto jurídico creado por una defectuosa incorporación del derecho comunitario al nacional».

http://www.abc.es/20060628/nacional-nacional/delegacion-europea-suspende-ayuntamiento_200606280301.html