Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

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El acusado se quedó con parte del dinero procedente de la venta de las fincas que le habían encargado liquidar

La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos años de prisión y multa de 2.880 euros a un constructor por estafar más de 60.000 euros a una familia que vivía en la Argentina y le encomendó la venta de sus propiedades en España. Se da la circunstancia de que el condenado, que es socio mayoritario de la sociedad Incos España S L, fue condenado ya en 2003 a 18 meses de prisión como autor de un delito societario.

Además tiene pendiente otro juicio por estafa sobre una vivienda, en el que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitan siete años de cárcel.

En este caso, según declara probado la sección primera de la Audiencia, el procesado, con residencia en España, entabló relación en el año 2000 con Tomás U.A., y sus tres hijos, todos ellos residentes en La Argentina, llegando a un doble acuerdo: de una parte, venderle las participaciones de la familia en la finca 'La Ballena', situada en Castro Urdiales, y de otra, que éste se ocupara de gestionar y vender las propiedades de la familia en España.

A cambio de estas gestiones, el acusado recibiría el 5 por ciento de las ventas.

'Corralito financiero'

La familia argentina se había visto obligada a vender las propiedades en España para hacer frente a los efectos del llamado 'corralito financiero' que en aquellos momentos existía en aquel país, situación que había puesto en crisis a sus empresas.

El reo vendió las propiedades de la familia y tras cobrar el procesado la suma de los 140.396 euros,«no hizo entrega inmediata» a la familia del dinero, «pese a haber sido requerido para ello», lo que hizo posteriormente, si bien se quedó con un total de 66.276 euros, con el argumento de cobrarse la deuda que la familia mantenía con él en virtud del acuerdo suscrito.

La Sala, sin embargo, estima que el encartado se apropió de forma indebida de 66.276 euros, cantidad que debe devolver a la familia de Argentina, con los intereses legales por mora desde el 4 de noviembre de 2002.

No obstante, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En el juicio que tiene pendiente en la Audiencia, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular le acusan de quedarse con un chalé situado en El Sardinero con «maniobras torticeras y embustes», incrementando ilícitamente su patrimonio en perjuicio de un amigo suyo que había depositado su confianza en el acusado y que se quedó sin vivienda.

http://www.eldiariomontanes.es/pg060709/prensa/noticias/Cantabria/200607/09/DMO-REG-005.html