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La recalificación urbanística se ceba ahora en antiguos vertederos y suelos contaminados

La escasez de suelo en los alrededores de las grandes ciudades -y, sobre todo, en los cascos históricos- ha obligado a los promotores inmobiliarios a estrujarse el magín. Y la conclusión a la que han llegado es que hay que mirar hacia los vertederos y las antiguas instalaciones industriales para encontrar nuevos nichos de negocio. Sobre todo teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos esos terrenos se ubican en zonas con notables expectativas de revalorización.

Hasta aquí el negocio. Lícito como cualquier otro. El problema es que en muchos casos esos terrenos son recalificados por los ayuntamientos sin que previamente hayan sido descontaminados, como mandan las leyes estatales o autonómicas. La consecuencia es obvia: se están construyendo viviendas y locales comerciales sobre suelos altamente peligrosos. Y lo que es peor, sin que lo sepan los compradores. La situación se extiende por toda la geografía nacional, pero principalmente en aquellas zonas con fuerte pasado industrial, en las que se ha creado un auténtico mercado de suelos contaminados.

Los grupos ecologistas vienen denunciando este proceso desde hace años. Principalmente en el País Vasco, donde según la organización ecologista Lur Maitea existen muchos informes del Instituto Nacional de Toxicología y del Seprona (el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil) que demuestran la existencia de construcciones -tanto de uso civil como residenciales- levantadas sobre terrenos contaminados.

En concreto, se citan casos como los de la Feria de Muestras de Baracaldo o la nueva terminal del aeropuerto de Sondica, levantada sobre terrenos todavía contaminados por una sustancia denominada lindane, altamente tóxica. Esta sustancia es un pesticida -prescrito antiguamente contra la sarna y los piojos infantiles- que está considerado como una agente cancerígeno y de ahí su alta peligrosidad.

Según Lur Maitea, algunas superficies comerciales del País Vasco -como el centro comercial Artea (en Lejona) o los centros Continente de Erandio y Sestao (Vizacaya) están construidos sobre terrenos contaminados, en este último caso como consecuencia de la existencia anterior de un vertedero de Babcock Wilcox España.

La asociación ecologista apunta la responsabilidad de Ihobe, la empresa pública del Gobierno vasco encargada del tratamiento de residuos industriales. Pero ésta siempre se ha defendido con el argumento de que sus trabajos están en sintonía con el medio ambiente y su sostenibilidad.

De espaldas a la legislación

La Ley de Residuos del año 1998 obliga a delimitar y a hacer un inventario de los suelos de carácter peligroso para la población, evaluando los riesgos para la salud humana o el medio ambiente. Un mandato que, según los ecologistas, no se cumple en muchos casos, ya que el proceso de regeneración de un suelo machacado durante años con sustancias químicas es muy elevado.

Según la portavoz de Lur Maitea, Consuelo Elosua, “entre el 70% y el 80% del suelo sigue contaminado”, ya que las autoridades se comportan de forma “tramposa y fraudulenta”. Aunque la legislación obliga a realizar una anotación marginal en las escrituras públicas inscritas en los registros de la propiedad cuando el terreno tiene antecedentes de contaminación química, lo cierto es que rara vez se hace esa anotación.

Los ecologistas ponen como ejemplo un terreno de unas 36.000 metros cuadrados pendientes de recalificación urbanística en la localidad de Lutxana (Vizcaya). Los terrenos estaban ocupados por Plastificantes de Lutxana, una filial de Cepsa, y en los últimos años fueron regenerados por la sociedad pública de gestión ambiental (Ihobe).

Sin embargo, el pasado 31 de marzo el Instituto Nacional de Toxicología entregó los resultados de unos análisis en los que se concluía que las seis muestras recogidas eran ecotóxicas. Las muestras acreditaban la existencia de restos de cadmio, plomo, grasa de silicona, cobre, zinc, lindane y otras sustancias. La existencia de lindane -altamente deflagrante- provocó hace algún tiempo que dos operarios saltaran literalmente por los aires debido a que en ese momento estaban utilizando unos sopletes.

De fábricas a pisos cotizados

Uno de los casos más conocidos de venta de suelo contaminado se refiere a la recalificación de los terrenos de la antigua fábrica de Uralita, a las afueras de Sevilla. El cambio de uso lo decidió el anterior ayuntamiento hispalense, cuando el Partido Andalucista regía el área de Urbanismo, y aún hoy hay filtraciones de amianto, según han denunciado en repetidas ocasiones Los Verdes de Andalucía.

Allí se construyeron 1.350 viviendas y un centro comercial, y aunque las quejas llegaron al Defensor del Pueblo, lo cierto es que todo sigue igual. Cuando se producen obras de cierta importancia en el subsuelo, según los ecologistas, suelen producirse emanaciones. Quien compró y urbanizó esos terrenos no fue otro que el promotor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido en la región como ‘Sandokán’.

Lo mismo está sucediendo en Cartagena, Murcia, donde los planes del ayuntamiento de revisión del Plan Parcial denominado Novo Cartago pasan, según los ecologistas, por la recalificación de suelos contaminados por residuos mineros. En estos momentos, en la ciudad murciana se dirime la compra de la compañía Española de Zinc, cuyo único interés radica en los terrenos, comprometidos para la construcción de 4.000 viviendas. Buen negocio.

http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia.asp?id=15291&edicion=10/07/2006&pass=#