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Las ayudas al alquiler para jóvenes excluyen a los más necesitados

Inmigrantes recientes y parejas con hijos no pueden aspirar a pisos oficiales para jóvenes

• Las bolsas de promociones subvencionadas rechazan a los que carecen de contrato fijo o aval

Mientras más dificultades tiene un joven para pagar su alquiler, con menos posibilidades cuenta para recibir ayudas de las administraciones. Inmigrantes, personas que han salido de casa de sus padres y se han mudado de municipio, trabajadores que ganan menos de 750 euros y las parejas con más de un hijo no pueden optar a los pisos protegidos para jóvenes. Tampoco pueden utilizar las bolsas de alquiler sociales quienes no tengan contrato fijo o aval, según especifican las bases de acceso.
Esas mismas bases indican que los jóvenes que hayan cambiado en los últimos dos años de municipio no pueden acceder a un piso protegido en Barcelona. La restricción aumenta a cinco años en casi todos los municipios del área metropolitana, a 10 en Sant Cugat del Vallès y hasta a 25 en Mollet del Vallès. Estas exigencias premian a los vecinos más antiguos en perjuicio de los más recientes y de los inmigrantes.
"Todas las ayudas de las administraciones ponen trabas para beneficiar a sus votantes y dejar fuera a los que más las precisan. Se debería plantear una demanda contra los municipios que exigen tantos años de empadronamiento, porque es una política excluyente hacia la inmigración", explica Yolanda Rodríguez, portavoz de la plataforma Vivienda Digna. Ni el ayuntamiento ni la Generalitat han atendido las peticiones de este diario para explicar la lógica de estos requisitos de acceso.

CRECEN LAS RESTRICCIONES
En promociones recientes, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha comenzado a exigir que los solicitantes sean del mismo barrio donde se construyen los pisos, tal y como reclaman las propias asociaciones de vecinos, mientras otros municipios han aumentado los años de empadronamiento de dos a cinco.
En una reciente promoción de pisos de la calle de Pallars, en el Poblenou, se reservaron más de la mitad de las viviendas para los jóvenes del barrio, lo que disminuyó las posibilidades del resto de vecinos de la ciudad. "Exigimos un empadronamiento mínimo cuando los ayuntamientos nos ceden el suelo y nos piden que lo solicitemos. Cuando lo compramos a un particular, no hacemos estas restricciones, porque entendemos que las oportunidades deben ser iguales para todos", explica la directora de Gestión de Vivienda de la Obra Social de La Caixa, que construyó estos pisos en el Poblenou.
Un reciente informe de la Síndica de Greuges de Barcelona urgió a la administración a aumentar los programas de vivienda para los más necesitados. Estas exigencias, como una renta mínima anual, también se están empezando a pedir en pisos de alquiler como los de la calle de Pallars. Las condiciones de la promoción exigían unos ingresos mínimos de 750 euros, pero fijaban un máximo de 3.288 euros al mes, un sueldo más que suficiente para acceder a alquileres del mercado libre.
Todas estas promociones piden a los candidatos que el coste del alquiler protegido (unos 300 euros mensuales con gastos incluidos) no suponga más del 40% de su sueldo. Por tanto, quienes cobran un salario inferior a 750 euros no pueden cumplir esta condición, ya que el porcentaje resultante es de 300 euros.
Si un joven decide concursar en las promociones abiertas a todas las edades deberá acreditar un ingreso mensual de 2.750 euros, una cifra inalcanzable para muchos de ellos. Quienes tengan más de un hijo tampoco podrán acceder a una vivienda protegida, porque el máximo que permiten estos pisos son dos personas por piso. El Ayuntamiento de Barcelona acepta "excepcionalmente" parejas con un solo hijo si es menor de edad.
Además de los pisos protegidos, las administraciones tienen otros planes para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler. Uno de ellos es una bolsa de viviendas con precios algo inferiores al mercado y que no exigen grandes avales como la mayoría de las inmobiliarias privadas.
El servicio, ofrecido por Prohabitatge, una entidad financiada por la Generalitat, también pone trabas a los jóvenes en condiciones más precarias: no podrán acceder a esta bolsa aquellos que no tengan un contrato fijo o no dispongan de un aval.
El que es quizá el programa menos excluyente con los más necesitados es el plan de ayuda para el alquiler de jóvenes, que pueden recibir hasta 240 euros al mes. Pero para que la Generalitat otorgue esta paga, los solicitantes deben alquilar un piso en la bolsa subvencionada. Es decir, sin contrato fijo ni aval, tampoco pueden tener acceso a cobrar esta ayuda.

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