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[derechoss]

El juez estima que la actuación del alcalde de Orkoien en la adjudicación de VPO pudo ser delito

Fueron los propios dirigentes de IU, coalición a la que pertenecía Casimiro Larrea cuando se denunciaron los hechos, los que pidieron a la Fiscalía del TSJN que investigara los hechos

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona estima que los hechos imputados al alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, por la adjudicación de viviendas de protección oficial podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación de autoridades o funcionarios públicos.

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http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=2007071816393326&dia=20070718&seccion=pamplona&seccion2=pamplona



En un auto en el que da por concluida la investigación por estos hechos, también sostiene que los hechos denunciados respecto de otros dos imputados, miembros de la sociedad Aranade, podrían ser constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial.
El magistrado ha dado traslado del auto al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares a fin de que en diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. La resolución es recurrible ante la Audiencia Provincial de Navarra.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra fue quien inició la investigación de esta causa y remitió toda su instrucción al Juzgado por considerar que se debían investigar «ciertas alteraciones en los listados de solicitantes y adjudicatarios de viviendas» así como alguna adjudicación en concreto y la desaparición documental de las solicitudes.

Fueron los propios dirigentes de Izquierda Unida, coalición a la que pertenecía Casimiro Larrea cuando se denunciaron los hechos, los que pidieron a la Fiscalía del TSJN que investigara los hechos.

El departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda constató que el Ayuntamiento de Orkoien adjudicó «a dedo» al menos dos viviendas de protección oficial, según informó en mayo de 2006 el entonces consejero de Vivienda, José Andrés Burguete, en el Parlamento de Navarra.

Según comunicó a la Cámara el consejero, una empresa municipal del Ayuntamiento que presidía el alcalde adjudicó dos viviendas de VPO a personas que habían presentado su solicitud fuera de plazo en detrimento de otras que lo hicieron, de acuerdo con las bases de la adjudicación, dentro del plazo y que tendrían «mejor derecho» que los que finalmente resultaron adjudicatarios.

El consejero explicó que el alcalde trató de defender esta actuación ante el departamento alegando que las solicitudes de todas las personas que habían presentado la documentación en plazo habían sido eliminadas una vez se adjudicó la promoción de 216 VPO, y fue más tarde cuando dos titulares renunciaron a sus pisos, por lo que hubo que adjudicar a quienes solicitaron entonces la vivienda, fuera de plazo.

Burguete afirmó en comisión parlamentaria que «no es legal ni constitucional que se adjudiquen por una Administración pública al menos dos viviendas a solicitantes cuya documentación fue entregada fuera de plazo tras eliminar la documentación de los que sí la entregaron en plazo».

El juez estima en su auto que los hechos pueden ser constitutivos del citado delito de prevaricación, aunque archiva las diligencias respecto del delito de infidelidad de custodia de documentos, al estimar que no existía normativa concreta que obligara a la sociedad Aranade o la sociedad gestora Iturgain a custodiar la documentación.
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