Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

[Bersuit]

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2007/10/09/0003_6212391.htm

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El popular Telmo Martín, socio de la promotora, dice estar tranquilo y achaca la denuncia a causas políticas.

Un grupo de 22 propietarios vigueses que adquirieron una vivienda social en el número 25 de la calle Teixugueiras presentarán un escrito en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo para sumarse a la segunda causa abierta a constructores en el polígono de San Paio de Navia por cobro de sobreprecios. Las dos primeras denuncias ya están en trámite desde diciembre y cuentan con dos grabaciones realizadas por la policía con autorización del juez.

Los denunciantes declararán como testigos de las supuestas coacciones por parte de la promotora Construcuatro para pagar, a través de intermediarios, cantidades adicionales a cambio de ser admitidos en la lista de acceso a la vivienda social. Los sobreprecios oscilaban entre los 12.000 y los 42.000 euros.

También estudian exigir responsabilidades a la Consellería de Vivenda por la supuesta tardanza en abrir un expediente sancionador a una promotora pese a que la delegación provincial conocía las quejas con anterioridad al 23 de agosto. «Nos decían que lo que contábamos les parecía rarísimo; que esa promotora siempre cumplía», indican los afectados.

La Xunta cree que la multa a la empresa podría situarse en el millón de euros y la inhabilitación para construir vivienda protegida en seis años. Los denunciantes esperan que vaya a testificar Telmo Martín, representante de la promotora investigada y dirigente del PPdeG, y otros dos accionistas. Los afectados reclaman la devolución de 600.000 euros, aunque el montante total defraudado podría situarse entre los 3 y 4 millones.

Telmo Martín: «No hay nada»

El recién elegido presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, propietario del 33% de Construcuatro, indicó ayer con relación al expediente abierto por Vivenda: «Yo estoy muy tranquilo y no hay nada, pero la consellería tendrá que hacer su trabajo».

Tanto con respecto a las informaciones referidas al expediente como a la investigación del juzgado de Vigo por el cobro de dinero negro, Telmo Martín lamentó: «Es el precio que tengo que pagar por estar en política, porque estoy seguro de que si yo no fuera socio de Construcuatro no saldría nada de esto publicado».

En esta misma línea añadió: «Estamos en un país democrático y es cierto que hay unas investigaciones, pero parece ser que se está haciendo por otro lado un juicio paralelo en el que se dice qué es lo que va a ocurrir [...] En su momento, cuando tenga que hablar, hablaré, pero estoy preparado para cualquier cosa, y en este caso estoy muy tranquilo y muy seguro de que no hay nada de nada. Pero, bueno, ¡qué le vamos a hacer! Tengo que pasar este trance!».
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Me parece positivo que se empiece a meter mano en esto del chanchullo de las VPA (ya se empezó con el registro único de demandantesde VPA en Galicia) pero es criticable la "tardanza en abrir un expediente sancionador a una promotora pese a que la delegación provincial conocía las quejas con anterioridad al 23 de agosto". Otro aspecto a destacar es la valentía de esta gente, y animarles desde aquí, a la hora de denuciar estos despropósitos.

Sobre el "Telmo Martín", en fin...

Saludos,
B.
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Saudiños,
B.
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Si no sabes a dónde quieres ir, no tiene importancia cuál
de los caminos tomes.

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Continúa la historia:

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2007/10/10/0003_6214999.htm

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El fiscal insta a paralizar el expediente de la Xunta por sobreprecios en pisos

Los afectados vigueses de Navia presentan hoy un escrito para alertar al juzgado de las pesquisas que lleva la consellería

Advierte de que la investigación del juez tiene prioridad para llevar el caso penalmente sobre la vía administrativa.

El fiscal del Juzgado de Instrucción número 2 recomendó ayer la inmediata paralización del expediente sancionador que promueve la Xunta en relación con los sobreprecios cobrados en la venta de pisos de un edificio de protección social del polígono vigués de Navia.

No es el único que se opone a que la Consellería de Vivenda interrogue por su cuenta a los testigos o sugiera posibles multas para la promotora. El abogado de los propietarios afectados prevé presentar hoy en el juzgado un escrito en que pone en conocimiento del magistrado que la Xunta ha abierto una investigación paralela sobre unos hechos constitutivos de un supuesto delito y que la Justicia estudia desde diciembre del 2006.

El fiscal argumentó ayer, en los pasillos de los juzgados, los motivos por los que la Xunta debe proceder inmediatamente a la congelación de sus actuaciones administrativas sobre la constructora Construcuatro y sus presuntas exigencias de dinero negro a los clientes.

El ministerio público señala inicialmente que la justicia penal tiene prioridad sobre la sanción administrativa, por lo que el primer procedimiento absorbe al segundo. La prioridad es incluso por fechas, ya que la Xunta abrió el expediente el pasado 23 de agosto, nueve meses después de que los afectados presentasen una denuncia penal ante la Justicia y la magistrada ordenase grabar las conversaciones habidas entre los sospechosos y sus clientes.

Evitar el doble castigo

Con la paralización, la ley pretende eludir el principio de «doble castigo», impedir que alguien sea condenado dos veces por el mismo delito al abrirse contra él distintos procedimientos por la vía penal y administrativa. El fiscal pone como ejemplo al conductor multado por circular bajo los efectos del alcohol. Puesto que el piloto ha cometido un delito, el juzgado de lo penal asume la investigación e impone una sentencia de cárcel y multa, que absorbe cualquier sanción que haya establecido el agente de tráfico.

Solo en caso de que el juez dictase una sentencia absolutoria, la Xunta estaría facultada para reiniciar su expediente e imponer una sanción administrativa.

Además, el fiscal considera que la consellería se ha precipitado al interrogar a los mismos testigos que deben declarar en el juzgado, pues este órgano aún tiene abiertas sus pesquisas. El ministerio público cree que existe una interferencia pues muchos datos de la investigación, que en principio es secreta, ya son de dominio público. «He visto publicadas cosas de las que no tengo conocimiento y que no salen del juzgado», reprocha el fiscal.

La postura mantenida por el fiscal fue apoyada ayer por el abogado que defiende a 22 vecinos del número 25 de la calle Teixugueira. Estos denunciaron que la promotora los presionó para pagar hasta 42.000 euros en dinero negro bajo la amenaza de quedarse sin un piso protegido. «Por fin, alguien nos da la razón. Ese expediente hay que paralizarlo», dijo el letrado.
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Saudiños,
B.
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Empiezan a declarar en el juzgado los afectados por los sobreprecios de Navia

El abogado de vecinos que aseguran haber pagado 30.000 euros en negro teme que se dé carpetazo

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2007/11/28/0003_6357184.htm
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Saudiños,
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