Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

[Bersuit]

Ya no bastaba con hinchar la burbuja con dinero público, no, ahora directamente pagamos los platos rotos. Y todo porque no le estalle la economía en la cara justo antes de las elecciones: hay que evitar la quiebra de una de las grandes a toda costa...

------------------------------------------------------------------------------------
Zapatero negocia un multimillonario rescate de las inmobiliarias sin Solbes
Publicado el 02/02/2008, por Juan M. Lamet

Los planes de la Presidencia para reactivar el mercado de la vivienda han provocado el rechazo enérgico del vicepresidente. El Ejecutivo tiene en su mesa la propuesta de apoyo a las promotoras a través de financiación del Instituto de Crédito Oficial.

El plan de rescate financiero que ultiman el Gobierno y las grandes inmobiliarias para reflotar al sector de la vivienda ha desatado un nuevo enfrentamiento económico en el seno del Ejecutivo. Ante las deudas acumuladas por algunas de las empresas más relevantes, el Gobierno comenzó a plantearse inyectar fondos públicos en el sector, que se encuentra en plena desaceleración tras el desplome de la demanda y por las restricciones de crédito que aplican las entidades financieras después de la crisis subprime de Estados Unidos.

El G-14, la asociación que aglutina a las promotoras y constructoras españolas de más peso, se ha erigido en representante del sector ante el cambio de ciclo. Por ello, ha mantenido numerosas reuniones con la Oficina Económica de La Moncloa, el PSOE y el Ministerio de Economía, en busca de un apoyo público que tape ese agujero en las entrañas financieras de la vivienda española antes de que sea demasiado tarde y se produzca otro boom: el del desempleo en la construcción –ver EXPANSIÓN el 12 de enero–.

Pedro Pérez, ex secretario de Estado de Economía en la etapa de Carlos Solchaga y actual secretario general del G-14, lleva la voz cantante en la negociación, que podría concretarse antes de las elecciones generales del 9 de marzo. Con ello se evitaría el efecto electoral negativo que supondría para el PSOE una mayor ralentización inmobiliaria.

El Ejecutivo no rechaza destinar, a través de una línea de financiación del Instituto Oficial de Crédito (ICO), un multimillonario paquete monetario, que el sector privado estima en 10.000 millones de euros, según las fuentes consultadas. Algo que ha provocado, una vez más, el rechazo enérgico del vicepresidente económico, Pedro Solbes.
Por un lado, el Gobierno –con el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza– quiere evitar a toda costa que quiebre alguna de las grandes inmobiliarias. Por otro, el titular de la cartera de Economía ha incidido en que sería peligroso endeudar más las arcas estatales para sufragar el alto coste de esta operación. De hecho, desde el Ministerio se ha intentado hacer ver a Presidencia que España perdería atractivo al colocar sus emisiones de deuda en el exterior.

Los síntomas de debilidad económica que dejaría entrever este tipo de créditos –conocidos como préstamos jumbo– concedidos a las inmobiliarias fortalecerían la posición de los compradores de bonos, que podrían exigir una rentabilidad mayor. Con ello, los bonos españoles (actualmente con el 4,11% de rentabilidad a diez años) se alejarían aún más de los alemanes, que ofrecen un interés del 3,91% y son la referencia europea. Y las agencias de ráting podrían, incluso, cambiar su calificación debido al elevado riesgo del sector.

Dudosa legalidad
Además, las fuentes consultadas consideran que favorecer en exclusiva y con fondos públicos a un sector con problemas podría ser directamente “ilegal”, en el marco de la Unión Europea (UE), ya que fomentaría de forma deliberada la competitividad de las inmobiliarias españolas frente a las del resto de la UE.

El Gobierno ya trató de reactivar el sector con la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008, que encareció el módulo de la VPO para hacerla más apetecible al sector privado.

El 9-M y el voto de los parados como telón de fondo
Una de las principales razones de que el Gobierno sopese acudir al rescate de las empresas inmobiliarias mediante ayudas públicas radica en el gran peso que tiene el sector de la construcción en el empleo. Si las empresas no pudiesen acceder a nueva financiación y la demanda de inmuebles continuase cayendo, la crisis del ladrillo podría llevarse consigo el empleo de miles de trabajadores. Más aún de los que ya se está llevando la caída de las ventas.

Y los parados son votantes. Según el Ministerio de Trabajo, la construcción aporta el 11,61% de las personas dadas de alta en la Seguridad Social. Por otro lado, la última Encuesta de Población Activa –relativa al cuarto trimestre de 2007– revela que el desempleo en la vivienda aumentó un 22,85% en el último trimestre y un 39,33% con respecto al mismo periodo de 2007. Además, la ocupación cayó un 24% en los últimos tres meses del pasado año. Por ello, a cinco semanas de las elecciones generales del 9 de marzo, el Ejecutivo no puede permitirse que un sector tan sensible y con tanto peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se desequilibre en profundidad. El efecto negativo de un hipotético boom del paro inmobiliario pondría en peligro el signo del voto, especialmente cuando el PSOE ha hecho de la vivienda una de sus banderas durante toda la legislatura.

Las grandes inmobiliarias, agrupadas en el G-14 (que lidera Fernando Martín, presidente de Martinsa-Fadesa) están tratando de frenar por todos los medios la galopante deuda que acumulan algunas de las promotoras de más peso. Así, el G-14 ha aprovechado la coyuntura para exigir ayudas, consciente de la importancia electoral que tienen los trabajadores de la construcción cuyo trabajo pende de un hilo.

http://www.expansion.com/edicion/exp/economia_y_politica/economia/es/desarrollo/1085416.html
_________________
Saudiños,
B.
--
Si no sabes a dónde quieres ir, no tiene importancia cuál
de los caminos tomes.

[Juan sin Techo]

Más información sobre este esperpento de ZP.[/color]

[size=18]Solbes frena, de momento, el aval multimillonario del Gobierno a las promotoras inmobiliarias.[/size]

http://www.cotizalia.com/cache/2008/02/06/27_solbes_frena_momento_multimillonario_gobierno_promotoras.html#

06/02/2008

Nuevo capítulo en el pulso soterrado que desde prácticamente el inicio de la legislatura mantiene el vicepresidente Pedro Solbes con la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Primero con Miguel Sebastián y ahora con su sucesor, David Taguas. En esta ocasión, el motivo tiene que ver con la operación de rescate de las promotoras inmobiliarias que, según fuentes de toda solvencia, se ha diseñado desde la Moncloa.

La operación –se ha hablado de 10.000 millones de euros- consiste en la creación de una especie de línea de crédito destinada a las compañías con problemas de liquidez, y que en estos momentos no pueden acceder a los mecanismos de financiación convencionales por las restricciones del crédito en el mercado interbancario europeo. Taguas, tradicional valedor del ‘ladrillo’ ante el presidente Zapatero, se ha encontrado, en esta ocasión, con la oposición frontal de Pedro Solbes y de los propios gestores del Instituto de Crédito Oficial, que no encuentran razones para explicar por qué la industria inmobiliaria puede tener una financiación privilegiada y no el resto de sectores productivos.

Las emisiones del ICO cuentan con la máxima solvencia por parte de las agencias de calificación de riesgos (triple A) al estar avaladas por el Reino de España, por lo que cualquier crédito goza de unas condiciones privilegiadas.

Fuentes oficiales de absoluta solvencia aseguraron ayer a El Confidencial que lanzar esa línea de crédito “sería tanto como volver a los tiempos de la banca pública”, lo que explica la oposición de Solbes y del presidente del ICO, Aurelio Martínez, quien ayer admitió que desconocía el contenido de la propuesta. Martínez dejó bien claro que no había que repetir las malas experiencias del pasado, por lo que no había que ser “frívolo” con este asunto.

Financiación privilegiada.

Las fuentes citadas, incluso, mostraron su extrañeza por la idea, toda vez que su articulación sería extremadamente compleja al tratarse de empresas privadas que se beneficiarían de una línea de crédito pública. No solamente la Comisión Europea podría abrir un expediente a España por ayudas ilegales que atentan contra la competencia, sino que otras empresas privadas en idéntica situación podrían pedir un trato no discriminatorio. El hecho de que la propuesta se ‘cuece’ en los aledaños económicos de la Moncloa lo pone de manifiesto que el propio presidente del ICO aseguró ayer no saber nada de ella. “Ahora bien, dijo, el ICO depende del Gobierno, y si éste dice lo que hay que hacer, el ICO lo hará”, subrayó.

El lobby del sector inmobiliario, el llamado G-14, es quien está intentando convencer a Moncloa de la necesidad de articular una línea de financiación. Su principal ejecutivo es el ex secretario de Estado de Economía Pedro Pérez, precisamente quien ‘fichó’ a la actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, como directora general de Incentivos Regionales, su primer cargo político en Madrid.
Gracias a sus gestiones, el Gobierno ya ha aprobado algunas medidas encaminadas a sacar del atolladero a las promotoras inmobiliarias, con unas deudas agregadas que superan los 293.000 millones de euros. Prácticamente el 29% del PIB de España.

Créditos para VPO.

Tal y como ayer recordó el presidente del ICO, el pasado 25 de enero el Consejo de Ministros dio el visto bueno a que el Instituto de Crédito Oficial pueda conceder avales de hasta 3.000 millones de euros a los fondos de titulización de activos de las entidades financieras o de crédito para promover la financiación de la compra de viviendas protegidas (VPO). No se trata, por lo tanto de ayudas a la promoción libre, sino sólo a la de protección oficial, lo que en principio parece más coherente con sus objetivos.

Para obtener estos avales, la emisión de deuda de los fondos de titulización deberá estar respaldada en al menos un 80% por préstamos destinados a la compra de VPO. Igualmente, las entidades deberán dedicar en el plazo de un año al menos el 80% de los fondos conseguidos con la venta de esos activos a la concesión de nuevas hipotecas para viviendas de protección oficial.

Esta línea de crédito, incluso, ha sido criticada con dureza desde diversos ámbitos que conocen bien los entresijos del crédito oficial, toda vez que se trata de una “perversión” de los objetivos fundacionales del ICO. Con la medida, las entidades financieras podrán seguir descargando de sus balances (al estar titulizados los préstamos) los créditos concedidos a promotores e inmobiliarios.

La vía de la titulización ha sido frecuentemente utilizada en los últimos años por las entidades financieras (principalmente las cajas de ahorros), pero el mercado se ha secado a partir del 8 de agosto con la eclosión de las ‘subprime’. Ahora, con esos 3.000 millones de euros, esa vía de financiación reaparece, pero con el aval del Reino de España.

La posibilidad de una línea de crédito para la vivienda libre choca, igualmente, con problemas legales. Para que el Estado -a través del Tesoro- pueda conceder un aval es necesario una norma con rango de ley, algo que hoy por hoy se antoja difícil con un parlamento cerrado por elecciones. Sólo podría hacerlo el ICO una vez que lo aprobara su consejo de administración, trufado de altos cargos del Gobierno.
_________________
.
No compres piso. No te dejes robar. La vivienda vale un 50%.

Cancela todas tus cuentas en las entidades Bancarias Nacionales.
.

[Juan sin Techo]

Más información sobre este esperpento de ZP.

Solbes frena, de momento, el aval multimillonario del Gobierno a las promotoras inmobiliarias.

http://www.cotizalia.com/cache/2008/02/06/27_solbes_frena_momento_multimillonario_gobierno_promotoras.html#

06/02/2008

Nuevo capítulo en el pulso soterrado que desde prácticamente el inicio de la legislatura mantiene el vicepresidente Pedro Solbes con la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Primero con Miguel Sebastián y ahora con su sucesor, David Taguas. En esta ocasión, el motivo tiene que ver con la operación de rescate de las promotoras inmobiliarias que, según fuentes de toda solvencia, se ha diseñado desde la Moncloa.

La operación –se ha hablado de 10.000 millones de euros- consiste en la creación de una especie de línea de crédito destinada a las compañías con problemas de liquidez, y que en estos momentos no pueden acceder a los mecanismos de financiación convencionales por las restricciones del crédito en el mercado interbancario europeo. Taguas, tradicional valedor del ‘ladrillo’ ante el presidente Zapatero, se ha encontrado, en esta ocasión, con la oposición frontal de Pedro Solbes y de los propios gestores del Instituto de Crédito Oficial, que no encuentran razones para explicar por qué la industria inmobiliaria puede tener una financiación privilegiada y no el resto de sectores productivos.

Las emisiones del ICO cuentan con la máxima solvencia por parte de las agencias de calificación de riesgos (triple A) al estar avaladas por el Reino de España, por lo que cualquier crédito goza de unas condiciones privilegiadas.

Fuentes oficiales de absoluta solvencia aseguraron ayer a El Confidencial que lanzar esa línea de crédito “sería tanto como volver a los tiempos de la banca pública”, lo que explica la oposición de Solbes y del presidente del ICO, Aurelio Martínez, quien ayer admitió que desconocía el contenido de la propuesta. Martínez dejó bien claro que no había que repetir las malas experiencias del pasado, por lo que no había que ser “frívolo” con este asunto.

Financiación privilegiada.

Las fuentes citadas, incluso, mostraron su extrañeza por la idea, toda vez que su articulación sería extremadamente compleja al tratarse de empresas privadas que se beneficiarían de una línea de crédito pública. No solamente la Comisión Europea podría abrir un expediente a España por ayudas ilegales que atentan contra la competencia, sino que otras empresas privadas en idéntica situación podrían pedir un trato no discriminatorio. El hecho de que la propuesta se ‘cuece’ en los aledaños económicos de la Moncloa lo pone de manifiesto que el propio presidente del ICO aseguró ayer no saber nada de ella. “Ahora bien, dijo, el ICO depende del Gobierno, y si éste dice lo que hay que hacer, el ICO lo hará”, subrayó.

El lobby del sector inmobiliario, el llamado G-14, es quien está intentando convencer a Moncloa de la necesidad de articular una línea de financiación. Su principal ejecutivo es el ex secretario de Estado de Economía Pedro Pérez, precisamente quien ‘fichó’ a la actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, como directora general de Incentivos Regionales, su primer cargo político en Madrid.
Gracias a sus gestiones, el Gobierno ya ha aprobado algunas medidas encaminadas a sacar del atolladero a las promotoras inmobiliarias, con unas deudas agregadas que superan los 293.000 millones de euros. Prácticamente el 29% del PIB de España.

Créditos para VPO.

Tal y como ayer recordó el presidente del ICO, el pasado 25 de enero el Consejo de Ministros dio el visto bueno a que el Instituto de Crédito Oficial pueda conceder avales de hasta 3.000 millones de euros a los fondos de titulización de activos de las entidades financieras o de crédito para promover la financiación de la compra de viviendas protegidas (VPO). No se trata, por lo tanto de ayudas a la promoción libre, sino sólo a la de protección oficial, lo que en principio parece más coherente con sus objetivos.

Para obtener estos avales, la emisión de deuda de los fondos de titulización deberá estar respaldada en al menos un 80% por préstamos destinados a la compra de VPO. Igualmente, las entidades deberán dedicar en el plazo de un año al menos el 80% de los fondos conseguidos con la venta de esos activos a la concesión de nuevas hipotecas para viviendas de protección oficial.

Esta línea de crédito, incluso, ha sido criticada con dureza desde diversos ámbitos que conocen bien los entresijos del crédito oficial, toda vez que se trata de una “perversión” de los objetivos fundacionales del ICO. Con la medida, las entidades financieras podrán seguir descargando de sus balances (al estar titulizados los préstamos) los créditos concedidos a promotores e inmobiliarios.

La vía de la titulización ha sido frecuentemente utilizada en los últimos años por las entidades financieras (principalmente las cajas de ahorros), pero el mercado se ha secado a partir del 8 de agosto con la eclosión de las ‘subprime’. Ahora, con esos 3.000 millones de euros, esa vía de financiación reaparece, pero con el aval del Reino de España.

La posibilidad de una línea de crédito para la vivienda libre choca, igualmente, con problemas legales. Para que el Estado -a través del Tesoro- pueda conceder un aval es necesario una norma con rango de ley, algo que hoy por hoy se antoja difícil con un parlamento cerrado por elecciones. Sólo podría hacerlo el ICO una vez que lo aprobara su consejo de administración, trufado de altos cargos del Gobierno.
_________________
.
No compres piso. No te dejes robar. La vivienda vale un 50%.

Cancela todas tus cuentas en las entidades Bancarias Nacionales.
.