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Detenidos dos hombres por estafar presuntamente 25 M€ a quinientos clientes

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a dos agentes de intercambio financiero de Valladolid, Luis Bouza Paz, de 51 años y Joaquín Martín Calero Costales, de 57, como presuntos autores de la mayor estafa cometida en Valladolid en los últimos años: 25 millones de euros con un total de 500 personas afectadas en España.

Los dos brokers, fueron arrestados el pasado día 15 a las puertas de su sede de la Plaza Mayor en una operación policial diseñada con cierto aparato y sigilo, ya que la Policía quería evitar a toda costa que un ligero presentimiento de acecho les pusiese en fuga.

Luis Bouza y Martín Calero extendieron sus tentáculos desde el centro de inversión Riverduero –con domicilio último en la Plaza Mayor número 5, 1º, en Valladolid– y desde una delegación en Sevilla.

En estas oficinas captaban fondos de particulares y ofrecían servicios de asesoramiento e inversión en mercados de capitales. El gancho era la alta rentabilidad.

Los agentes han averiguado que, desde que se gestó la presunta estafa, en el año 1999, Riverduero no estaba registrado en la CNMV, ofrecía a sus clientes productos inexistentes y tampoco llevaba cuentas individualizadas de los depósitos de sus clientes, con una contabilidad caótica o más bien inexistente, según la investigación.

Para sobrevivir a las demandas de los ahorradores que querían recuperar el dinero y a su impagos de nóminas y de alquiler de oficina –Riverduero tiene 6 trabajadores–, se embarcaron en una espiral de devoluciones a costa de nuevas captaciones de inversores.

Al final ni esta vía pudo frenar la avalancha de solicitudes de reembolso y la empresa entró en verano de 2007 en situación de falta de liquidez y de insolvencia patrimonial.

Según las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica, los dos arrestados, que ingresaron en prisión imputados por delitos de estafa, delito societario y apropiación indebida, son supuestos autores de una estafa continuada de unos 25 millones de euros sobre 500 inversores de toda España, principalmente de Valladolid y , en menor medida, de Sevilla, Palencia, Madrid y Galicia.

Las investigaciones se iniciaron a partir de la denuncia de varios clientes contra los administradores de Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión S.A. (Riverduero CAI), mercantil cuya oficina principal está radicada en Valladolid capital y con una delegación en Sevilla. Su actividad consiste en la captación de fondos a particulares, para posteriormente prestar servicios de asesoramiento e inversión en los mercados de capitales.

En la denuncia de los clientes ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, presentada el pasado 28 de enero, expusieron que todos ellos confiaron importantes cantidades para su posterior inversión en productos derivados.

Las alarmas se encendieron cuando no pudieron recuperar el dinero invertido a pesar de haberlo intentado en repetidas ocasiones. Según el escrito de denuncia, los administradores de Riverduero les daban 'largas' cada vez que demandaban recuperar sus depósitos.

La investigación del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía de Valladolid no tardó en comprobar las irregularidades. Aún más, los agentes llegaron a calificar el entramado de inversiones de auténtico "chiringuito financiero", tras rastrear sus movimientos con la información aportada por la CNMV, brokers y entidades financieras, con las que en teoría operaba Riverduero.

De lo investigado, se desprendió que Riverduero CAI empezó a invertir capital en 1999 proveniente de las aportaciones de los clientes en productos derivados sin ningún tipo de cobertura. Como consecuencia de ello, causó importantes pérdidas en los ahorradores, sin molestarse en informarlos.

La estructura piramidal de la trama financiera se derrumbó como un castillo de naipes hace unos años. Bouza y Martín Calero empezaron a taponar las vías de agua endosando agujeros a clientes nuevos. Las aportaciones a la desesperada cubrían también los gastos ordinarios y de mantenimiento de Riverduero –pago de alquileres de las oficinas, nóminas, algunas muy cuantiosas, teléfono, etc–.

La situación se desplomó a partir del pasado verano, cuando los ahora detenidos pasaron a eludir las solicitudes de reembolso de los clientes que acudían en masa a rescatar sus aportaciones. Ni siquiera pudieron hacer frente a los gastos ordinarios de la sociedad, lo que llevó a una situación de falta de liquidez e insolvencia patrimonial.

Los paganos han sido pequeños inversores, en su mayoría, y también los seis trabajadores y la red de colaboradores que ahora se quedarán en la calle.

El subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo, calificó de "muy importante" la operación policial llevada a cabo, y apostó por "profundizar" en la investigación, al tiempo que lucharán por localizar a los afectados del resto de ciudades.

Vadillo aseguró que su actividad era "engañar" a los clientes, aunque han sido estos quienes, a la postre, abrieron la espita de la investigación, informa Europa Press.
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/18/castillayleon/1203351322.html