Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

[crates]

No sé si miráis la web del economista Martín Seco. Hace unos días colgó un artículo titulado Vivienda digna. No dice nada que no sepamos, pero lo dice muy bien (pego porque no permite enlace directo):

Vivienda digna

Nuestra Constitución mantiene el principio de que todo español tiene derecho a una vivienda digna y conmina a los poderes públicos para que eviten la especulación del suelo (art. 47). Pero la realidad ha sido muy distinta. Porque pocos serán los sectores que, como el inmobiliario, hayan sido campo tan abonado para que se desarrollara la especulación propia del neoliberalismo. El mercado, lejos de asignar adecuadamente los recursos, ha introducido todo tipo de distorsiones, no solo desde la óptica puramente económica y social, sino también en cuanto a la destrucción del medio ambiente. En este sector se han amasado las grandes fortunas, en este sector se han perpetrado las mayores corrupciones, y ha sido en este sector donde los tentáculos del capital más han seducido a los políticos.

La memoria es selectiva y podemos pensar que el incremento brutal del valor de los pisos ha sucedido exclusivamente en los últimos doce años. Nada de eso. En los ochenta, el precio de la vivienda tuvo otra época de subida desmedida, seguramente igual de pronunciada que la que acabamos de pasar. Tendríamos que decir que a lo largo de estas tres décadas el precio – salvo periodos cortos y excepcionales en los que se ha mantenido o incluso, en algunos casos, ha podido descender en términos reales - no ha dejado de subir y a un ritmo considerablemente mayor que lo hacían los precios de cualquier otro artículo y, por supuesto, sin comparación con el de los salarios.

Las alzas ingentes de esta última etapa, teniendo en cuenta lo gravoso que era ya el precio para la mayoría de los trabajadores, solo han sido posibles por un cierto espejismo generado conscientemente por las entidades financieras: al alargar hasta periodos inimaginables la amortización de los créditos y propiciar los tipos de interés variables, en un momento en que estos se encontraban excepcionalmente bajos, generando la ilusión en los compradores de unas anualidades que no eran reales y que iban a ser bastante más onerosas en el momento en que las tasas de interés comenzasen a subir.

Ante la descabellada escalada del precio de la vivienda, el pensamiento único responde siempre con la misma fórmula: liberalicemos el suelo. Pero cuantas más leyes se aprueban para liberalizarlo, mayor es la especulación y mayores los precios. No se necesita precisamente más mercado, sino menos. No hay carestía de suelo, sino acumulación en algunas manos que lo mantienen sin construir, esperando tan solo la subida de los precios. Uno de los aspectos más chirriantes de la realidad económica presente se encuentra en los desproporcionados enriquecimientos producidos por el mero hecho de que una decisión administrativa decida recalificar de rústicos a urbanos determinados terrenos. El origen de toda la corrupción urbanística actual parte precisamente de esta realidad. Cuando está en juego tanto dinero y es tan fácil obtenerlo, la tentación de comprar de unos y de venderse de otros resulta enorme.

La precaria situación en materia de vivienda que están sufriendo las clases medias y bajas contrasta con la cuantía de los fondos públicos canalizados a esta finalidad. El problema es que la mayoría de estas ayudas han tomado la forma de desgravaciones fiscales, en lugar de subvenciones presupuestarias orientadas a cubrir las verdaderas necesidades, con lo que, por una parte, se conceden con carácter general e indiscriminadamente, favoreciendo en mayor medida cuanto mayor es la renta del beneficiario y, por lo tanto, se supone que cuanto menos lo precisa. Además, esta forma de canalizar los recursos conlleva el grave problema de que muy posiblemente las ayudas, lejos de quedar en el comprador, se transmitan vía precio al vendedor, por lo que se convierten en una subvención a la construcción como sector económico. Aparte de que se incentiva la compra en lugar del alquiler. La misma vivienda de protección oficial debería haberse orientado hacia el alquiler. Los verdaderamente necesitados carecen de los recursos imprescindibles para adquirir un piso por mucho que esté subvencionado. Por otra parte, las circunstancias económicas de una persona o de una familia no son iguales a los largo de toda su vida, lo lógico es que la ayuda estatal se concentre únicamente en aquellas épocas en que realmente lo necesita.

[nene]

buen artículo, gracias