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La asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) no para de mover hilos en su lucha contra la LRAU. Ahora, en un paso más, han hecho llegar una petición al fiscal anticorrupción en la que le solicitan «su intervención para investigar y perseguir la corrupción que rodea a los abusos urbanísticos que se producen en la Comunidad Valenciana».


En la misiva -enviada el 8 de noviembre- también se acompaña el informe de de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la visita de una delegación de europarlamentarios en el mes de mayo al territorio valenciano y en la que los diputados europeos dijeron mostrarse sorprendidos por el nivel de urbanización de la costa de las comarcas de Alacant.


La asociación que preside el canadiense Charles Svoboda, residente en Benissa, cuenta al fiscal anticorrupción que «corren rumores sobre corrupción política y vínculos existentes entre el urbanizador, por una parte, y las autoridades locales, por otra» y critica, al mismo tiempo, que «pocos de estos rumores han sido objeto de investigación adecuada por las autoridades competentes». Según AUN, ninguna de las personas afectadas ha logrado obtener satisfacción alguna a través de los tribunales o de abogados, ya que lo que les ha ocurrido se considera absolutamente legal.


Para Abusos «las increíbles lagunas que ofrece la LRAU ha permitido a políticos y empresarios carentes de escrúpulos obtener enormes ganancias económicas a costa de numerosas personas vulnerables y confiadas». Y sobre la misma ley se dice que «fueran cuales fueran los propósitos iniciales cuando Les Corts aprobó la LRAU en 1994, no cabe duda de que la aplicación de la ley ha llevado a una vulneración grave de los derechos más elementales de mucho miles de ciudadanos europeos, bien sea mediante intrigas o fraude».


Abusos Urbanísticos dibuja al Fiscal anticorrupción un panorama protagonizado por «el desarrollo insostenible, al especulación galopante, el destrozo del medio ambiente, la saturación de vías de comunicación, dinero negro a espuertas, ni un metro cuadrado sin cemento y un negocio redondo: bendición municipal y altísimos precios de venta» para concluir que «los beneficios son desorbitados y tanto dinero fácil puede torcer muchas voluntades».


Respecto del suelo dotacional, los conservacionistas denuncian que «en muchas ocasiones, no ha sido utilizado para dotaciones sino que ha sido vendido por le ayuntamiento al urbanizador a precios simbólicos». Alertan además de un estado «de absoluta indefensión en los afectados frente a un poderoso conglomerado de intereses que hasta ahora ha ahogado toda posibilidad de frenar tanto desafuero».


Exigen finalmente que «como ciudadanos españoles y como residentes en España, tenemos derecho a obtener la tutela jurisdiccional en el Estado español, con independencia de las vías que estamos explorando en Bruselas y Estrasburgo».


En la carta, Abusos Urbanísticos No menciona al Síndic de Greuges que calificó la ley como «un sistema concebido para evitar la especulación que ha perjudicado los derechos individuales» y que «las autoridades locales habían abusado del concepto de interés público y se había denegado el tratamiento justo a los particulares en estas cuestiones».


Para los conservacionistas de AUN, las consecuencias de la ley se reducen a una ecuación simple por la que «si el suelo se obtiene a precios simbólicos y el valor de las viviendas ha seguido subiendo, está claro, a quién no beneficia la LRAU: ni a los pequeños propietarios de suelo rústico y de las viviendas en él enclavadas, ni al comprador de las casas en las zonas urbanizadas».Y concluyen que «a quien beneficia esta malhadada ley: a constructores y promotores inmobiliarios, así como a aquellos responsables municipales que en ocasiones actúan en colusión con ellos».


enlace a la noticia

El Mercantil Valenciano (Alicante) - 26 de noviembre de 2004
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Por una Vivienda Digna
http://www.viviendadigna.org

[billy]

Asociación "Abusos Urbanísticos NO", es curioso adonde estamos teniendo que llegar para proteger nuestros derechos fundamentales. Que vergüenza de democracia y de políticos que tenemos, que dejan en manos de la ciudadania la protección de los derechos fundamentales.

Visto lo visto, aquí en Madrid, al igual que en Valencia, tenemos que defenderlos y no permitir que los pisoteen. Está claro. Muy buena iniciativa la de esa Asociación, esperemos que el fiscal anticorrupción tome medidas firmes.