Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

[JoJosep]

Traducción:

El Ayuntamiento de Terrassa presentará una querella criminal por un presunto delito continuado contra los derechos de los consumidores y por otro de estafa inmobiliaria contra el vendedor y cuatro empresas intermediarias que habilitaron y vendieron algunas de las 18 viviendas de 40 m² en un local comercial subterráneo en el bloque de pisos número 20 del paseo Lluís Muncunill, en el barrio de Can Roca. Los habitáculos se consideran ilegales porque no tienen ventilación natural, a pesar de estar bien equipados, ni cédula de habitabilidad, y el consistorio obligará a los nuevos propietarios a derribar las obras y también los abrirá un expediente para sancionarlos económicamente.

El concejal de Planificación del Territorio, Josep Aran, aseguró que la actuación quiere ser «ejemplar» con el objetivo de evitar que proliferen actividades de venta de viviendas urbanísticamente ilegales, pero que sobre todo «puedan poner en peligro la vida de las personas». Así justificó que el Ayuntamiento presente una querella criminal por los delitos continuados contra los derechos de los consumidores y por estafa contra la persona inicialmente propietaria del local comercial que dividió en 18 viviendas, de las cuales vendió 14 con la ayuda de cuatro intermediarios inmobiliarios, a quien también va dirigida la querella.

Arán explicó que al ser un sótano los locales «nunca podrán obtener la cédula de habitabilidad», y añade que las obras se habían hecho con premeditación y sin que las pudieran detectar. Fue la asociación de vecinos de Can Roca y no la comunidad de propietarios quien los alertó de las irregularidades y los técnicos pudieron constatarlas en inspecciones posteriores. Durante un tiempo han obtenido pruebas que inculpan los intermediarios inmobiliarios y también alguna escritura de venta en que los habitáculos constan como «locales susceptibles de utilización como vivienda», una definición lo bastante ambigua para que «no lo detectara el notario ni el Registro de la Propiedad», añade Arán.

En paralelo se abren 18 expedientes urbanísticos a los propietarios para que derriben las obras y vuelvan a adecuar los espacios como locales comerciales, y 15 expedientes sancionadores, uno de los cuales es de 30.000 euros, en el vendedor y primero propietario, y 14 para los nuevos propietarios sin fijar la cantidad en función de la resolución judicial final.