Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

[billy]

Hasta que no lo vea desarrollado y puesto en marcha no lo creere, porque se sigue dejando el tema en manos de los municipios que ya sabemos a quien obedecen. Este junto al apretón de la Ley del Suelo es el primer paso para acabar con la cultura del pisito vacío y para tener un país europeo de verdad en materia de vivienda. Espero que no prospere ninguno de los recursos de inconstitucionalidad que ya se anuncian.

El PSOE quiere emplear el IBI para castigar la especulación urbanística

La ejecutiva socialista apela a la progresividad tributaria para que los municipios designen gravámenes y deducciones por inmuebles en función del valor de suelo. La propuesta sugiere un mapa fiscal que amplíe la financiación local.

El PSOE quiere transformar en profundidad el modelo tributario municipal. La propuesta de reforma de la Ley de Haciendas Locales, que acaba de recibir el visto bueno de la Ejecutiva Federal, plantea una “ampliación del espacio fiscal” de los Ayuntamientos, hasta dotarles de un enfoque “propio”, bajo principios de “solidaridad” y objetivos de “suficiencia y autonomía” financiera de las localidades.

Este giro de 180 grados no sólo afecta a la “espina dorsal” del mapa impositivo, que el documento identifica con los tributos que gravan los inmuebles (IBI), las actividades empresariales y los vehículos, sino también a los “ingresos procedentes de las tasas, contribuciones especiales y precios”.

El documento base de la reforma del partido gubernamental, al que ha tenido acceso este diario, incide, sin embargo, de forma especial en el IBI, el “tributo municipal de más peso”, que debería convertirse en un tributo “más potente, flexible y equitativo”.

De ahí que la propuesta reclame que los “gobiernos locales” se acojan a la corresponsabilidad fiscal y asuman el poder de diseñar los “tipos de gravamen y beneficios fiscales de este impuesto, de acuerdo con las preferencias y la estructura social del municipio”. Incluso aconseja ir más allá, al reclamar que sean las propias alcaldías las que “introduzcan tipos diferenciados y progresivos con los que gravar las prácticas especulativas”.

El PSOE, que defiende la actualización del valor de referencia sobre el que se calcula el IBI, para adaptarlo a las subidas del precio de los inmuebles (ver EXPANSIÓN del pasado 27 de mayo), desea que los avances hacia la cogestión y la autonomía fiscal local se traduzcan, de forma aparejada, en un mayor grado de responsabilidad de los ayuntamientos por la presión fiscal de ciertos impuestos.

La Secretaría de Política Municipal Socialista, que dirige Álvaro Cuesta, plantea enterrar la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de 2002 del Ejecutivo Aznar por su carácter “injusto y discriminatorio”, de forma que recupere su “equidad”, sustituya la cifra de negocio por un umbral de beneficios –mínimo exento– en su base imponible, y se ciña sólo a los negocios que se ejerzan de forma habitual y no ocasional.

Para el impuesto local de los vehículos, propugna gravar no sólo la matriculación, sino también conceptos medioambientales como, por ejemplo, el nivel de contaminación. Sobre la tributación de las construcciones, se solicita la inclusión de un sistema de módulos sobre costes de obras, con objeto de que “los contribuyentes sepan con antelación y certeza el alcance del impuesto y se eviten la proliferación de recursos”. También en esta tercera fuente financiera, el PSOE declara su intención de ceder la fijación del tipo impositivo a las autoridades locales.

Estructura de financiación

Pero la propuesta de reforma no se reduce sólo al ámbito impositivo. Abarca, además, el futuro marco financiero, en pleno debate sobre la futura asignación de recursos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La cúpula socialista da por seguras varias peticiones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a Economía.

Como la creación de un fondo de solidaridad para localidades inferiores a 20.000 habitantes o el pago, por parte del Estado, de la deuda histórica por “servicios impropios” realizados por los ayuntamientos en las últimas décadas que, según cálculos de la FEMP roza los 60.000 millones de euros, aunque la cifra la está valorando ahora el equipo del vicepresidente Pedro Solbes.

El PSOE pide que “no se quede ni una sola competencia sin financiación” dentro de un esquema con compromisos autonómicos para “provisionar de suficiencia financiera a los gobiernos locales” y el papel “activo” del Estado para estimular este esfuerzo regional, que “evite los criterios de arbitrariedad y discriminación local en repartos de fondos que se detecta en las comunidades gobernadas por el PP”, critica la propuesta socialista.

La dirección federal solicita que las transferencias de recursos se realicen con ingresos presupuestarios de las Comunidades Autónomas (PICA), como adelantó EXPANSIÓN el 31 de octubre de 2005.

http://www.expansion.com/edicion/expansion/economia_y_politica/es/desarrollo/671609.html

[El_Presi]

ahora solo falta pasar del "querer" al HACER, que aquí en Catalunya 8 meses de negociaciones con la Llei pel Dret a l'Habitatge y al final no se ha aprobado.
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