Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

[nene]

Valencina y el urbanismo

Oír la expresión convenio urbanístico y asimilarlo a corrupción en los ayuntamientos es algo inevitable, a lo que colabora la constatación de la actualidad en los medios de información. En Andalucía es una figura jurídica introducida por la Ley de Ordenación Urbanística de 2002, con la sana finalidad de dar transparencia a las relaciones entre promotores inmobiliarios y ediles municipales, y de implicar a los primeros para que contribuyan a financiar las dotaciones generales del municipio, que como consecuencia de su crecimiento genera nuevas necesidades en infraestructuras.

Hasta aquí todo correcto. ¿Pero qué uso han venido haciendo algunos Ayuntamientos de esta figura jurídica que les permitía coger dinero a cuenta de la promesa de recalificaciones y proyectos futuros? Que ese dinero, justificado en el convenio para hacer tal o cual infraestructura, se lo estaban gastando para otras cosas distintas que no implicaba inversión. Hecho este merecedor de la reprobación de quienes tienen el deber de vigilar por la legalidad del gasto público.

Por eso el Parlamento Andaluz modificó en 2005, puntualmente, la LOUA, e introdujo un control de los ingresos en efectivo que los Ayuntamientos obtienen a cuenta de los convenios urbanísticos. De tal suerte que estos fondos quedan congelados a la espera de que, efectivamente, se gasten en las inversiones previstas en cada convenio, bien entendido, que si no se lleva a efecto el convenio, hay que devolver hasta el último céntimo al promotor.

Esto, que no es otra cosa que perfeccionar el sistema para evitar desvíos de estas partidas, y que merece el aplauso de los ciudadanos de bien, provoca respuestas tan airadas como la del alcalde independiente de Valencina, Adolfo Balseiro, quien en el editorial de su Revista Municipal de Junio de 2006, se despacha arremetiendo contra la Junta de Andalucía y suelta esta perla: "Para que todos nos entendamos, antes de la modificación de la ley un Ayuntamiento tenía la posibilidad para repartir las ganancias obtenidas por contratos urbanísticos en otros gastos que repercutían en el bien de la propia localidad. Ahora la ley obliga a este ente público a invertir exclusivamente el dinero ganado en patrimonio de bienes inmuebles, con lo que deja a los ayuntamientos maniatados a la hora de poder gastar estos ingresos en las necesidades más prioritarias del municipio".

No es de extrañar, por otra parte, el concepto de convenio que tiene el señor Balseiro que, según él, son "ganancias". Este personaje, en 1993, se vio obligado por su partido de entonces, el PSOE, a abandonar la Alcaldía, tras recaer en la sentencia de lo penal, que condenaba a cárcel a su asesor en temas urbanísticos por probarse que cobraba a cambio de promesa de recalificaciones de suelo rústico en urbano en el término de Valencina. manuel romero (valencina de la concepción)
http://www.diariodesevilla.com/diariodesevilla/cartas_al_director.asp?idart=3150534&idcat=1169