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Treinta vitorianos denuncian problemas para acceder a sus pisos al cambiar los requisitos

Desajustes legales y de plazos bloquean sus contratos de viviendas protegidas Ayuntamiento y Gobierno vasco negocian una salida

Meses de nerviosismo y auténtica angustia. Es la situación que viven 29 familias vitorianas que hace cuatro años fueron adjudicatarias de una vivienda protegida en uno de los periódicos sorteos municipales. Soñaban ya con su piso de Salburua o Zabalgana, según los casos, pero ahora se han encontrado con problemas para recibir las llaves y acceder a las casas.

Algunos de ellos tienen firmados ya los correspondientes contratos con las empresas constructoras, pero se enfrentan a dificultades legales para lograr el preceptivo visado institucional. El Gobierno vasco les dice que sus condiciones económicas no se ajustan ahora a las requeridas para acceder a un piso público, un aspecto que sí cumplían en el momento del sorteo. Los afectados achacan esta situación a los «desajustes de criterio» producidos conforme avanzaban los plazos del proceso y exigen una solución para su caso.

Ante la polémica, el Ayuntamiento de Vitoria y el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco han negociado una solución al conflicto. La salida legal parece ya perfilada, aunque se había anunciado para el pasado mes de julio. «Esperamos con ansia», indicó a este periódico uno de los afectados.

«A mí me tocó un piso protegido en Zabalgana en diciembre de 2002. Cumplía las condiciones económicas que me exigían para ello», explica Mariví, una vitoriana de 34 años que trabaja en la hostelería. «Empezaron a construir las casas y en diciembre de 2005 firmé el contrato con la constructora. Me dijeron que para diciembre o enero estaría el piso disponible, pero pasó el plazo y no tuve noticias», señala. Se sorprendió, porque algunos vecinos «entraron a vivir en el bloque» mientras ella esperaba.

Pendiente de visado

Cuando acudió a la Agencia municipal de Renovación Urbana para tratar de aclarar las causas del retraso, le explicaron que estaba pendiente el visado del Gobierno. «Y en abril o mayo me dijeron que mis ingresos no se ajustaban ya a los baremos establecidos», dice la joven. En 2002, cuando se hizo el sorteo, «el tope mínimo estaba en 9.000 euros anuales y tres años después, cuando Vivienda debió calificar la promoción como protegida, eran de 12.000 euros».

La situación de Mariví no es aislada. «Hay al menos otros 28 casos sólo en viviendas sorteadas en 2002, que serán más si se revisan los dos años siguientes. Quizá hasta más de cien», explica el portavoz del PNV en el Ayuntamiento, Mikel Martínez, que ha tratado de mediar en el conflicto.

«El problema radica en que el Ayuntamiento sorteaba las casas antes de el Gobierno las calificara como protegidas, algo que ya no se hace, pero ahí está la herencia», explica el edil nacionalista. «Hay un desfase en el tiempo, que hace que las condiciones económicas de algunos adjudicatarios no se ajusten estrictamente a los baremos exigidos, pero no parece justo que la situación tengan que pagarla estos jóvenes aunque ganen algunos euros más que tres años atrás», afirma el portavoz del PNV.

http://servicios.elcorreodigital.com/alava/pg060917/prensa/noticias/Alava/200609/17/ALA-ACT-361.html