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Si es que...

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Detenidos dos concejales de Gondomar y un arquitecto por supuesta corrupción urbanística:

La Voz de Galicia (15/2/2006):

El urbanismo ha vuelto a estallar en el Val Miñor. Dos concejales del equipo de gobierno del PP en la corporación municipal de Gondomar fueron detenidos en la noche de ayer por agentes de la Guardia Civil en una operación especial en la que también cayeron la compañera sentimental de uno de ellos y el arquitecto municipal.

Los cuatro estaban siendo seguidos desde hacía tiempo con un control constante, al resultar sospechosos de integrar una trama que cobraba comisiones a cambio de regularizar y agilizar actuaciones y licencias urbanísticas en la localidad del sur de la provincia de Pontevedra.

La operación, diseñada desde hace varios días, supuso la detención del concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido; del portavoz del Grupo Popular en la corporación y responsable, entre otras áreas ,de Cultura, José Luis Mosquera; y de la pareja sentimental de este último. El arquitecto municipal, José Antonio Álvarez Álvarez fue detenido en torno a la medianoche.

Dinero en mano

Según ha podido constatar este periódico, toda la operación se precipitó ayer al sorprender los agentes que controlaban a los sospechosos a al menos uno de los inculpados recibiendo dinero con el que se pagaría un supuesto favor urbanístico en una cita concertada con anterioridad, y de la que presumiblemente los agentes tuvieron conocimiento directo.

El secreto de sumario decretado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo sobre el caso tendió un manto de silencio sobre el asunto, que ayer se extendió a la clase política, no sólo de Gondomar, sino también de toda Galicia.

La Voz de Galicia ha podido saber que todo se inició hace unos meses, cuando un promotor presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ordenación del Territorio de Vigo, en la que se acusaba a los ahora detenidos de exigir el pago de una importante cantidad de dinero a cambio de la concesión de una licencia de obra para construir edificaciones en suelo de la localidad.

Dicha denuncia habría servido para iniciar una profunda investigación, tanto del caso reseñado como del de otras licencias concedidas en Gondomar en los últimos tiempos. Dicha actuación coincide, además, con el hecho de que la gestión del equipo de gobierno de Gondomar, liderado por el alcalde popular Carlos Silva, ya estaba en los juzgados desde el pasado año, al haberse concedido 300 licencias de construcción de viviendas, que la oposición considera ilegales.

El fiscal de Ordenación del Territorio dio entonces cuenta de esas impresiones al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que sigue el caso. Las denuncias no han impedido que el presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, ratificase en septiembre pasado al alcalde, Carlos Silva, como candidato a la reelección en los comicios locales de mayo.

El hermetismo impuesto policial y judicialmente sobre el caso suscitado ayer en Gondomar no impidió, sin embargo, saber que la Guardia Civil y el juez encargado del caso están investigando a más personas en la villa, tanto por si pagaron mordidas a cambio de recibir facilidades para licencias de obra, como por si además de los cuatro detenidos hay más implicados en el sistema de cobros ilícitos.

El PP evitó el cese

La oposición política de Gondomar viene reiterando desde hace semanas sus sospechas de que algo irregular estaba ocurriendo en el urbanismo local. De hecho, el pasado mes de abril se sometió a votación la petición de cese del concejal de Urbanismo ahora detenido, Alejandro Gómez Garrido.

Los votos del equipo de gobierno, del Partido Popular, habían logrado evitar entonces el cese.

http://www.lavozdegalicia.es/inicio/noticia.jsp?CAT=126&TEXTO=5549330
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