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”Estamos abriendo nuestro sistema democrático a un negocio gigantesco, donde los forajidos salen ganando”

Emili Rey entrevistó para Lluita Obrera (revista de CCOO de Cataluña) al ex-fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.

Lluita Obrera: La Fiscalía Anticorrupción que usted dirigió desveló casos muy significativos con nombres muy destacados de la vida económica y política.

Carlos Jiménez Villarejo: Fue una iniciativa muy necesaria en uno de los momentos más álgidos de la corrupción en España, entre los años 92 y 95. Era una fiscalía con recursos muy importantes en materia de policía judicial, especializada en temas de investigación económica y contable, con la que pudimos investigar casos que de otra forma no habría sido posible. Dio resultados muy positivos en muchos frentes, tanto de la corrupción por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Marbella, conseguimos la inhabilitación definitiva de Jesús Gil como alcalde de Marbella, como en materia de actuaciones económicas, con ejemplos como Mario Conde, Javier de la Rosa, o el actual presidente de Telefónica, y entonces presidente de Tabacalera, César Alierta, por un presunto delito de información privilegiada que significó un beneficio de 300 millones de pesetas para él y su círculo familiar. Y, precisamente, porque hubo resultados positivos, por ello fui cesado por parte del Gobierno del Partido Popular. Las actuaciones en el caso Alierta y la oposición absoluta del fiscal general a que se investigara la trama relacionada con corruptelas urbanísticas en la Asamblea de Madrid desencadenaron mi cese.

Lluita Obrera: Se ha instalado en la sociedad la sensación de que el mundo de la política y la economía están permanentemente bajo sospecha. ¿Es una percepción exagerada?

Carlos Jiménez Villarejo: Los delitos realizados por los altos cargos del Estado no tienen la repercusión social que tiene la corrupción producida desde el ámbito municipal. Que un alto cargo del Estado malverse fondos públicos es gravísimo, ya que está realizando un uso abusivo de la función pública, en la que está para servir a los ciudadanos y no para utilizarla en su propio beneficio. Pero en el ámbito municipal, a medida que se toman medidas de recalificación del suelo, permutas de terrenos a través de convenios urbanísticos, se otorgan licencias de obras ilegales, todo ello tiene un coste social enorme, ya que afecta a muchos derechos esenciales de los ciudadanos. Es lógico que los ciudadanos estén indignados al percibir que no reciben los servicios necesarios para una mínima calidad de vida y que, sin embargo, los responsables municipales estén utilizando los recursos que tienen para enriquecerse o enriquecer a otros.

Lluita Obrera: CCOO de Catalunya reclama desde hace tiempo una ley de transparencia de los recursos públicos, pero parece que no hay mucho interés en impulsarla.

Carlos Jiménez Villarejo: Quiero señalar que el anterior Gobierno de Catalunya tomó dos iniciativas muy importantes en favor de una mayor transparencia en la Administración. Por primera vez se aprobó una ley de incompatibilidad de altos cargos de la Generalitat, que acentúa las exigencias de austeridad y de transparencia en el ejercicio de la función pública en los más altos niveles de la Administración autonómica. En segundo lugar, se aprobó una reforma del reglamento del Parlament en la que se establece la transparencia de las declaraciones de bienes y actividades de sus diputados. Se ha avanzado pero hay que avanzar mucho más. Habrá que hacer esfuerzos, especialmente en la Administración local. Uno de los fallos estructurales que está propiciando toda la corrupción que estamos conociendo es el raquítico sistema de incompatibilidades de esta Administración. No es admisible que alcaldes y concejales tengan un régimen de incompatibilidades con una gran tolerancia, hasta el punto que se permitiera que algunos de ellos fueran promotores inmobiliarios. Fallan muchos mecanismos de control, y estamos abriendo nuestro sistema democrático a un negocio gigantesco, donde los forajidos salen ganando, y esto deslegitima el sistema democrático y degrada ante los ciudadanos sus instituciones.

Lluita Obrera: Desde la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona usted impulsó medidas contra la violencia doméstica o contra los accidentes laborales. ¿Aún queda mucho por hacer?

Carlos Jiménez Villarejo: Hay un dato objetivo: la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género ha empezado a dar sus frutos, todavía limitados e insuficientes. Hace falta mayor dotación de juzgados especializados de protección de la mujer contra la violencia machista y quizás mayor dedicación de funcionarios policiales para dar mayor cumplimiento a las órdenes de alejamiento. La propia Fiscalía General ha sido sensible a esta situación, creando una fiscalía especializada en ese tema. En el ámbito laboral ha faltado, por parte de las instituciones, una sensibilidad más aguda, más seria y rigurosa ante las formas de delincuencia por imprudencia culposa. La respuesta hasta ahora ha sido insuficiente. Ha habido épocas en que la responsabilidad del accidente se desplazaba hacia el trabajador y no hacia la empresa, con independencia de que hubiese cumplido o no las leyes laborales. Hay, por parte de las empresas, una falta de asunción de su responsabilidad, y, por parte de la justicia, una falta de energía en dar la respuesta necesaria.

Lluita Obrera: Usted es crítico con la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno por su falta de rigor histórico y su injusta visión de lo que sucedió.

Carlos Jiménez Villarejo: Esta ley tiene errores de bulto graves: hablar del bando republicano me parece inaceptable y ofensivo. Cuando triunfa la República y se aprueba la Constitución de 1931, con todas sus dificultades, es un estado democrático legitimado por las urnas. El golpe del 36 es un asalto a cargo de unos militares facciosos levantados en armas. Tratar por igual a ambas partes de esa contienda me parece profundamente injusto. Y ocurre que hay una cierta ligereza e irresponsabilidad por parte del Gobierno cuando dice que son injustas todas las resoluciones de carácter administrativo o penal por parte de ambos bandos; pues francamente no, de ninguna manera. No se puede admitir que los consejos de guerra constituidos por Franco de forma arbitraria e ilegítima se pongan al mismo nivel que los tribunales constituidos por la República cuando, siendo asediada, tuvo que organizar un sistema judicial nuevo para defenderse del golpe militar. La solución que se ha adoptado para no anular las resoluciones dictadas por los tribunales franquistas, donde el acusado no tenía ninguna garantía y se encontraba en una absoluta indefensión, y sustituirlo por una vaga declaración donde se dice simplemente que las resoluciones fueron manifiestamente injustas, es una ofensa a la dignidad de las personas que fueron perseguidas, fusiladas, apresadas, torturadas y exiliadas, durante muchos años.

Carlos Jiménez Villarejo, Ex Fiscal Jefe de la Fiscalía General Anticorrupción –destituido por el gobierno derechista de Aznar—, es un veterano de la lucha democrática en el ámbito de la justicia, y fue un destacado y generoso militante de la resistencia antifranquista.