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[billy]

La presión contra la corrupción en la Costa del Sol traslada más fraude inmobiliario a Castelló

La «Operación Malaya» retrae a las promotoras en Málaga mientras en Castelló se dispara el sector del ladrillo

El foco está puesto sobre el urbanismo, sobre la construcción. La policía está intensificando en los últimos tiempos la vigilancia sobre un sector que tiene un lado oscuro. Castelló no ha sido hasta ahora escenario de tramas de delincuencia con la vivienda como medio de supervivencia ilegal. Sin embargo, la presión policial y administrativa que se está ejerciendo en determinadas áreas del litoral, como la Costa del Sol, está desplazando la corrupción hasta tierras castellonenses.

J. Antequera, Castelló

La presión policial y política que en los últimos meses están ejerciendo el Gobierno central y la Junta de Andalucía contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol puede provocar que parte de esta delincuencia organizada se desplace hacia otros puntos del litoral turístico mediterráneo como Castelló, Alicante y Murcia según explicaron a este diario e xpertos en delitos urbanísticos.

Los investigadores creen que el dinero negro, y con él la corrupción política, busca siempre aquellos puntos de inversión que ofrecen mayor tranquilidad y posibilidades de crecimiento económico. La costa de Castelló cumple ambos requisitos, por lo que se sitúa en uno de los polos de atracción de este tipo de delincuencia.

La idea no es una mera especulación, sino que se apoya en datos oficiales. Así, uno de los índices que los expertos valoran para interpretar que una provincia puede estar bajo los efectos de un boom inmobiliario descontrolado es el número de viviendas libres visadas que el Colegio de Arquitectos tramita cada año. El caso paradigmático es el de Málaga, una provincia que entre 1994 y 1999 experimentó un incremento del 1.600% en construcción de viviendas de renta libre y que tras investigaciones judiciales de gran calado como la Operación Malaya ha visto cómo el nivel de edificación se ralentizaba e incluso paralizaba. Paralelamente, el efecto dominó se produce en Castelló, donde el número de viviendas libres visadas ha crecido espectacularmente - casi un 40% - durante algunos meses del pasado año, lo que supone más de un 5% por encima de la media nacional.

José Luis Díez Ripollés, director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, ha coordinado los más avanzados estudios que se han elaborado en España sobre la corrupción urbanística en los últimos años. «En 2003 la Junta de Andalucía tomó la iniciativa al lanzar el Plan de Ordenación Territorial y demostró una clara voluntad política de enfrentarse a los promotores y de acabar con este tipo de corrupción» , explica.

Díez concluye que esta mayor presión que ejercen las autoridades, y que se traduce en un incremento de la persecución policial, ha desinflado el boom inmobiliario en Andalucía, gran parte del cual se sostenía sobre la corrupción. Finalmente, el dinero negro termina desplazándose a las costas murciana y valenciana, en especial la de Alicante, donde resulta más fácil colocar capital para seguir invirtiendo en ladrillo.

El informe elaborado por el Instituto Andaluz trata de estudiar las prácticas irregulares en el ámbito de la administración pública, con especial atención a la actividad urbanística en la Costa de Sol. Aunque el estudio no se puede extrapolar de forma científica a la realidad de Castelló, sus datos pueden servir de guía para tener una idea aproximada de lo que puede estar sucediendo en la provincia con el fenómeno del crecimiento inmobiliario desbocado.

El informe concluye que el partido que forma la corporación municipal influye en el modelo urbanístico elegido - los alcaldes socialistas apuestan por una planificación regional mientras los del PP e independientes defienden los intereses locales - ; todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como norma para conseguir ingresos; y las modificaciones de los planes municipales son frecuentes y siempre en la línea de favorecer una mayor edificabilidad.

Vigilancia poco intensa

Uno de los puntos donde los ayuntamientos quedan al descubierto frente a la ambición de promotores y constructores es que la vigilancia sobre las obras ilegales suele ser poco intensa. No todos los municipios cuentan con inspectores dedicados a perseguir el fraude y básicamente se limitan a investigar denuncias aisladas, sin realizar inspecciones sistemáticas. La encuesta que realizó el instituto entre los municipios costeros revela que el nivel de sanciones es muy elevado en unos municipios mientras que en otros es prácticamente simbólico, sin que se pueda explicar la causa, y a pesar de que el volumen de actividad urbanística es muy semejante.

Finalmente, las sanciones administrativas suelen consistir en multas y casi nunca se llega a decretar las demoliciones. Los pocos casos que acaban en órdenes de demolición suelen referirse a estructuras temporales o en estado de ruina. Casi siempre, las edificaciones ilegales se regularizan a través del pago de una simple multa, lo que restablece la legalidad urbanística.
El informe inmobiliario recuerda que el delito urbanístico es poco conocido y los alcaldes consideran que el cumplimiento de la ley es adecuado.

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3441&pIdSeccion=4&pIdNoticia=273767&rand=1171773629988

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Frase para enmarcar:

incremento de la persecución policial, ha desinflado el boom inmobiliario en Andalucía, gran parte del cual se sostenía sobre la corrupción.