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... en la Comunidad Valenciana. Entre esto y las denuncias del Parlamento Europeo, esto es ya un clamor que se escucha en toda Europa.

EFE

ALTEA (ALICANTE).- La asociación de residentes extranjeros "Ciudadanos Europeos", con sede en Altea (Alicante), ha emitido un comunicado en el que recomienda no comprar una propiedad en la Comunitat Valenciana en tanto que no haya un cambio de las leyes urbanísticas, que califica de "abusivas".

Este colectivo cuenta con unos 3.000 residentes extranjeros asociados de las provincias del litoral Mediterráneo, más Baleares y Canarias, de los cuales dos terceras partes viven en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

"En la situación actual no podemos recomendar a nadie, sea extranjero o español, que compre una propiedad en la región valenciana sin que antes sus leyes abusivas de propiedad no hayan sido cambiadas profundamente, tal como propone el Parlamento Europeo", señala en la nota.

"Ciudadanos Europeos" argumenta que la "masificación urbanística, ilegalidades y corrupción" han sido descritas "correctamente en el informe reciente del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo".

Pese a estos requerimientos, lamenta "el rechazo del Gobierno valenciano para enmendar su perversa legislación urbanística y proteger a los pequeños compradores de propiedades y a los propietarios".

Esta asociación fue fundada en 1993 después de los acuerdos de Maastricht para trabajar por la información, participación e integración de ciudadanos europeos en España.
15.000 denuncias por abusos urbanísticos en Valencia

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó la semana pasada, con el respaldo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular, el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Valencia, Madrid y Andalucía. El informe fue elaborado por una delegación de la citada comisión que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades.

El texto solicita que se creen comisiones independientes para mediar en disputas sobre proyectos de urbanización y que se compense adecuadamente a los propietarios perjudicados.

Uno de los ponentes, el laborista británico Michael Cashman, presentó la semana pasada una recopilación de 15.000 peticiones recibidas de ciudadanos europeos por abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana.

El Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno español y las autoridades regionales que reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad legítimamente adquirida y que definan de manera precisa el interés general que puede justificar una apropiación.

Además, el PE ha solicitado que las comisiones especiales cuenten con la participación de los defensores del pueblo regionales, que tengan un poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos de urbanización, y a los que puedan acceder de manera gratuita los afectados.

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/04/16/suvivienda/1176718096.html