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El 62% de la demanda de VPO procede de Pamplona
Diario de Noticias (Navarra) - 30 de mayo de 2007

Barañáin y Burladason los municipios con más necesidad de vivienda en la comarca. El 62,92% de las 8.237 solicitudes validadas en el 2006 por VINSA para Sarriguren no alcanzaban 2,5 veces el IPREM .



El 61,71% de la demanda de vivienda protegida procede de Pamplona. Así lo demuestra un estudio realizado por VINSA sobre las 8.237 solicitudes validadas en la campaña del 2006 para 2.256 viviendas protegidas (la mayoría en Sarriguren). En los últimos años la capital navarra ha perdido habitantes y, de paso, electores (3.001 en cuatro años) que han ganado poblaciones como Egüés, Huarte, Berrioplano, Orkoien... La razón: el crecimiento urbanístico de la Comarca y la escasa oferta de VPO en Pamplona (por falta de suelo y porque los nuevos desarrollos han tenido un contenido mínimo en vivienda social).

El 39,98% de los solicitantes de dicha campaña tenían entre 25 y 30 años, casi el 26% entre 30 y 35. Un 81,49% estaban solteros, el 57,87% vivía con los padres y un 59,62% tenía cuenta vivienda. La pirámide poblacional de Pamplona, es decir su distribución por edades, registra un importante sector de habitantes entre 25 y 40 años (el 25,25%). Sin embargo, la pirámide varía en función de los barrios y municipios, admite el sociólogo Jesús Oliva. El Segundo Ensanche tienen una media de alrededor de 40 años, "una población envejecida, mientras que en el primer cinturón como Berriozar, Burlada o Ansoáin baja la media a treinta y tantos, y en el segundo cinturón depende de poblaciones, Beriáin es similar a Barañáin, y Egüés ha recibido mucha gente joven".

Para el sociólogo Jesús Oliva, existe mucha gente joven que vive en casa de sus padres, "atrapada" y sin poder acceder a una vivienda en propiedad o que vive en alquiler. "Cuando eran más jóvenes se conformaban con un piso alquilado en el casco viejo, pero cuando se casan y tienen hijos, les fuerzan a marcharse de la meseta", señala. La red familiar sigue siendo clave en muchos procesos de emancipación, incluso a la hora de poder entrar a una vivienda protegida porque "exigen una entrada económica que muchos jóvenes no tienen". Ya el hecho de tener que demostrar dos rentas con unos ingresos mínimos significa un trabajo estable, remarca.

Además, la estructura familiar se muestra en otros niveles de apoyo que explican, por ejemplo, que los jóvenes de la Rochapea prefieran una nueva vivienda en el mismo barrio o, al menos, mantener allí algunos servicios como el colegio, las instalaciones deportivas o las piscinas en su barrio de origen de modo que los padres "vayan a recoger a los niños o compartir con ellos las horas de ocio que no pueden sus padres".

Las sociedades llamadas mediterráneas como la nuestra (Italia, España, Grecia...) distan diez años de las del norte de Europa en el acceso a una vivienda joven. Sin embargo, las razones no son únicamente culturales y tienen que ver con el modelo de bienestar. "En Holanda se marchan los jóvenes de casa a los 18 años porque el Estado de Bienestar le proporciona unos recursos que aquí los suple la familia", indican. Conecta con esta idea el hecho de que en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona se observe también una mayor "flexibilidad" de los jóvenes de clase alta a la hora de independizarse, mientras que las clases trabajadores "necesitan" más a sus padres cerca del barrio para cuidar a los niños u otro tipo de apoyos que ofrecen los abuelos (comida, recados, etcétera).

En relación a los ingresos económicos, un total de 5.183 solicitudes (62,92%) no superaban el tope de 2,5 veces el SMI (actual IPREM: 6.577,20 euros), mientras que un 26,56% (2.188) se situaba entre 2,5 y 3,5 veces el SMI. Un total de 647 tenía entre 3,5 y 4,5 veces el SMI. El techo de 4,5-5,5 veces el IPREM que se marca para competir con una VPO en régimen general lo cumplían 138 solicitantes. Apenas 81 concursantes tenían ingresos en la horquilla más alta, de entre 5,5 y 7,5 veces el SMI, dirigido a VPT. Para Oliva, de los datos se desprende que los criterios de adjudicación de una vivienda protegida no se basan en igualdad social sino en la "rentabilización, en buscar la seguridad de amortizar un piso más que llegar a gente sin recursos". "Se asume mayor riesgo a la hora de transferir una VPO, sobre todo si es gente recién llegada".

Fuente: Diario de Noticias