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La oleada de investigaciones de la Fiscalía y las múltiples denuncias sobre irregularidades municipales en plena campaña electoral aumentan la desconfianza de los compradores. La vivienda usada es la gran beneficiada.

La avalancha de denuncias por presuntos casos de corrupción urbanística en España, fundamentalmente de carácter municipal, está ahuyentando la demanda de vivienda de obra nueva. Desde hace dos meses, los temores de los interesados en adquirir un inmueble han paralizado las ventas de pisos sobre plano, tendencia que se está acrecentando por el uso que están haciendo los partidos políticos de la cuestión urbanística como arma electoral. Las empresas esperan que tras los comicios del 27-M las “aguas vuelvan a su cauce”.

Éste es el análisis que hizo ayer el director general de la consultora Grupo i, Raúl García, durante la presentación de un informe sobre la fiscalidad del turismo residencial en España. A su juicio, la notable ralentización de la comercialización de obra nueva afecta especialmente a las regiones costeras. En estas comunidades autónomas un 30% de la demanda inmobiliaria corresponde a extranjeros, que en sus países reciben masivamente las informaciones sobre la investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción española. El miedo de los no residentes a comprar una finca a una promotora que esté cometiendo algún tipo de irregularidad es causa suficiente para descartar momentáneamente la adquisición.

Por otra parte, el récord registrado en 2006 en el número de visados de obra nueva –superando los 800.000 proyectos, según el Colegio de Arquitectos– podría generar una sobreoferta en el mercado. “Si la demanda sobre plano se reduce y aumentan los visados hay un problema”, admite el directivo del Grupo i. De momento, el primer semestre se cerrará con una caída del 20% en vivienda vacacional, hasta 90.000 fincas.

Por ello, y con el objetivo de evitar una caída de los precios como consecuencia directa de un incremento desmesurado de los nuevos inmuebles, los promotores van a dilatar los plazos de ejecución de los proyectos. “Si antes solían hacer una promoción en dos años, a partir de ahora se tardará cuatro o cinco”, explica Raúl García.

La Red de Expertos inmobiliarios (REI) asegura que el exceso de oferta supondrá una deflación de las casas en las zonas en expansión, donde se han construido muchos inmuebles pero aún hay terreno para edificar más; así como en las de bajo nivel adquisitivo, especialmente en aquellas donde los compradores necesitan una financiación del 90% del valor de la casa.
El gran segmento de negocio beneficiado de la ralentización de la salida al mercado de nuevos pisos será la vivienda usada (particularmente la ubicada en centros urbanos), producto que en los últimos meses estaba sufriendo especialmente la desaceleración de precios del sector en España.

El muro fiscal español

El temor a la corrupción y la espectacular cifra de visados no son los únicos lastres que está sufriendo la vivienda vacacional, según el informe sobre el régimen tributario de los no residentes, elaborado por el profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Almudí, y editado por la asociación de negocio turístico Live in Spain.

La legislación española penaliza la inversión inmobiliaria de los extranjeros de la UE, contraviniendo el derecho comunitario. Entre las disfunciones del sistema, Almudí destaca aquellos supuestos en los que Hacienda grava los rendimientos inmobiliarios del turista residencial, vía arrendamiento, y el contribuyente no puede aplicar las deducciones en el IRPF para determinar el rendimiento neto, “lo que vulnera la libre circulación de capitales”.

El profesor, además, critica que la legislación establezca una retención del 3% del importe de la operación al turista que venda un piso de su propiedad en España.

El otro gran enemigo de los europeos en el mercado inmobiliario ibérico es el polémico Impuesto sobre el Patrimonio, tributo recaudado por las haciendas territoriales y que suma ya tantas críticas (España es uno de los únicos cinco países que cobran éste gravamen en la Unión Europea) como ingresos autonómicos, con un volumen que ronda los 1.400 millones de euros anuales.

http://www.expansion.com/edicion/exp/economia_y_politica/es/desarrollo/997675.html