Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

[krollian]

17-6-2007
Vivienda e instituciones públicas
IGOR MERA, ÁLVARO MARCOS Y GARBIÑE BIURRUN/
El pasado día 8, un número significativo de personas y colectivos de procedencia, sensibilidad y puntos de vista ideológicos diferentes, preocupados por la grave situación de la problemática de la vivienda, presentamos ante la opinión pública un manifiesto acerca de esta materia. Convencidos de que la solución a este problema consiste en garantizar el acceso de todas las personas a una vivienda digna, pensamos que las instituciones tienen que hacer de esta cuestión una prioridad y una apuesta política de calado, al igual que ocurre en otros países de Europa.
En nuestra opinión, la materialización de este derecho universal de acceso a la vivienda precisa de la intervención de las administraciones, para que los desarrollos urbanos cumplan con los objetivos de equilibrio social. La carencia de éstos objetivos y el sometimiento a los intereses del sector financiero-inmobiliario, hace que el mercado de vivienda se convierta en un factor de discriminación de los hogares, perjudicando enormemente la cohesión social. Pensamos, además, que este derecho y la sostenibilidad, respeto y cuidado del medio ambiental son compatibles. Es imprescindible para ello un control público sobre la política de urbanización, ya que la sobre-urbanización implica el deterioro físico y social de la ciudad consolidada, con desequilibrios y muchas consecuencias negativas.
Por todo ello, en este momento en el que se van a constituir los gobiernos municipales y forales, pedimos a los distintos agentes políticos e institucionales compromisos claros sobre esta materia. Bajo nuestro punto de vista, una política de vivienda justa y progresista no es una mera construcción de VPOs, sino que debe atenerse a las siguientes directrices:
El acceso a la vivienda es un derecho fundamental de carácter social, vinculado directamente con la dignidad de la persona y su desarrollo. Por ello, el bien vivienda debe dejar de ser una mercancía sujeta a la lógica del mercado para convertirse en un bien social subordinado a las necesidades de la comunidad. En este sentido, la vivienda tiene como principal objetivo satisfacer una necesidad, prestar un servicio, como es el de alojamiento. Por ello, es importante desligar el derecho a la vivienda del derecho a ser propietario, pues el uso y no la propiedad del bien es la acción a proteger. Esto sólo será posible si se regula el acceso a la vivienda como un verdadero derecho de la ciudadanía exigible ante los poderes públicos, si se destinan los recursos económicos necesarios para ello y si las administraciones públicas articulan los mecanismos y políticas necesarias para tal fin.
Impulsar políticas públicas potentes es competencia y responsabilidad de todas las administraciones públicas y un elemento básico para resolver el problema. Para ello, es imprescindible la coordinación y la gestión común entre los diversos niveles administrativos, desde ayuntamientos a gobiernos.
Son necesarios mayores presupuestos y recursos para impulsar las políticas públicas adecuadas. Para afrontar esta enorme problemática, el disponer de los presupuestos necesarios ha de contemplarse como una prioridad y un criterio político de primer orden.
El dinero público ha de invertirse en la promoción directa de vivienda pública, reduciendo o eliminando por tanto las deducciones y las ayudas fiscales a la compra de la vivienda. Creemos que llevar a cabo políticas de subvención directa, como ocurre en los países europeos de referencia, es una propuesta justa y progresista. Debe corregirse el contenido de las políticas de vivienda desarrolladas por las administraciones que impulsan la vivienda en propiedad, cada vez más cara, que promoviendo y desgravando dejan fuera a los sectores sociales más débiles.
La apuesta por el alquiler social ha de ser firme y clara, para garantizar el acceso a la vivienda de todas las personas. El objetivo es que las administraciones públicas reúnan amplios y suficientes parques públicos de alquiler. Los alquileres a pagar han de ser limitados y justos, ofreciendo la posibilidad a toda persona de disfrutar de sus derechos y de poder llevar a cabo su proyecto de vida autónomo.
Es imprescindible poner en marcha una política decidida para aprovechar las viviendas vacías. Más que construir, el objetivo político más importante a día de hoy debiera ser el reutilizar y optimizar el parque de viviendas vacías. Para ello es importante controlar el enorme parque existente, utilizando para su aprovechamiento social tanto incentivos como medidas de gravamen, siendo la fiscalidad la pieza básica de actuación.
Exigimos impulsar, canalizar y tomar en cuenta la participación ciudadana, en particular en el complejo tema de la vivienda, empezando por el nivel municipal. La democracia participativa y el derecho a decidir de la ciudadanía son instrumento y fin para plantear y resolver las diversas claves y problemas.
Se han de limitar los niveles de endeudamiento de la ciudadanía, para evitar riesgos de crisis económicas y sociales y un mercado basado en la especulación que exprime a las economías familiares.
En definitiva, no queremos una política de vivienda que resulte incompatible con el respeto al medio ambiente, sino una política sostenible y dirigida a cubrir las necesidades sociales. Dicho en tres palabras, exigimos sostenibilidad, equilibrio y dignidad. Nuestra apuesta va por ese camino y asumimos el compromiso de trabajar a favor de estos principios, animando a todas las personas y colectivos a que lo hagan de la misma manera.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20070617/articulos_opi_viz/vivienda-instituciones-publicas_20070617.html
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Un ciudadano hipotecao y de Bilbao