Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

[billy]

Aguirre recurrirá la ley del suelo ante el TC por invadir competencias regionales
B. ROMERO / C. FOMINAYA

MADRID. Dos anuncios de recursos de inconstitucionalidad se han cruzado en una semana entre Gobierno regional y estatal. Por un lado, el de Esperanza Aguirre aprobaba ayer presentar ante el Tribunal Constitucional uno contra la Ley del Suelo estatal por considerar que invade competencias autonómicas. Por otro, el que el PSOE, a través de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quiere interponer contra la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, aprobado el miércoles por la Asamblea y que contempla la limitación a tres alturas más ático en los edificios residenciales de nueva construcción y que no tengan su planeamiento aprobado. Esta norma regional reduce las competencias de los agentes forestales.
Los motivos que aduce el Gobierno de Aguirre para interponer el recurso contra la Ley del Suelo estatal es que ésta rebaja, entre otros aspectos, la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30%, frente a la obligación del 50% de pisos de protección que fija la norma autonómica. La ley favorece así, afirmó ayer el vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, «a las empresas constructoras», que tendrán «preferencia para realizar las obras de urbanización de futuros barrios frente a los propietarios particulares de esos suelos».
Competencias exclusivas
El Estado, señaló González, «no puede justificarse en el artículo 149 de la Constitución para entrometerse en competencias exclusivas de las Comunidades», y recordó que el Tribunal Constitucional ya admitió el recurso de otras regiones contra la Ley de Suelo anterior por este mismo motivo. La normativa estatal, explicó el vicepresidente, exige que sean las Comunidades las que elaboren una norma propia para devolver a los propietarios el derecho a urbanizar sus terrenos, algo que supone «una intromisión en las competencias autonómicas en materia de urbanismo y vivienda atribuidas a los gobiernos regionales por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional».

Esta ley, recordó, «impone un uso determinado de los terrenos de la Comunidad, impidiendo al Gobierno regional y local que decida qué uso dar a sus suelos en función de las necesidades de los ciudadanos».
Después, recordó que «Madrid es la comunidad que más vivienda pública construye, más que Andalucía y Cataluña juntas» y también es «la que más suelo protegido tiene, un 60% del territorio», por lo que recomendó a la ministra de Vivienda, Carmen Chacón, que, «aparte de hacer declaraciones, estudie los propios datos de su ministerio y se entere de qué está pasando en materia de vivienda en este país».

El vicepresidente respondía así a Chacón, que pidió el martes a la Comunidad que retirase la ley de modernización de la administración por tratarse de un «atentado medioambiental y a la calidad de vida de los madrileños». «Hemos pasado de los minipisos a anuncios que nunca se acaban de concretar, y como siga esperando, se le va a acabar la legislatura», recalcaba González, que también aventuró que Chacón acabará optando por «copiar» el plan de vivienda pública de la Comunidad de Madrid, de alquiler con derecho a compra, «debidamente edulcorado».
Mientras, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apoyaba ayer las palabras de su compañera de Gobierno al confirmar la previsible interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley regional de modernización de la administración. Narbona criticó el límite de construir sólo tres alturas más ático y dijo que el objetivo debe ser lograr ciudades más sostenibles, donde no sea necesario coger el coche de manera permanente. «Cuanto menos se concentre la población, más necesidad hay de utilizar los medios motorizados y consumir más suelo, que es un recurso natural y también escaso», argumentó.

«Contra la Ley de Montes»

También hizo referencia al punto que restringe competencias de los agentes forestales y les requiere un mandato judicial para entrar en montes de titularidad privada. «Es una medida -justificó Narbona- contraria a la ley básica de montes».
http://www.abc.es/20070727/nacional-tribunales/aguirre-recurrira-suelo-ante_200707270243.html
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40 propuestas por una Vivienda Digna

[billy]

Esta es de las peores noticias que podíamos oir. No sólo se contenta contra la "liberal" medida de limitar las alturas de los pisos cuya única explicación es la corrupción política a la que estamos siendo sometidos, sino que además intenta tirar abajo la nueva Ley del Suelo. Ahora si que había que montarle una manifestación para hacerle pitarle bien los oidos a esta pájara.
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40 propuestas por una Vivienda Digna

[LENNY]

Vaya con la señotita Espe, acabará haciéndolo lo que le salga de los mismos! Una pregunta, ¿si tan bien lo están haciéndo en Madrid, tanta viviendas protegidas promueven, por qué coño tiene los precios más altos y la gente más cabreada? Me parece que se está tirando el "pisto" la tia.

Que es eso de que tienen reservado un 50% del suelo para vivienda protegida? No me explico como son medidas como las que dice habre tomado, el problema sigue ahí.

Pero los propietarios particulares de los suelos, si no son empreseas constructoras, como harán para promover caontrucción de viviendas? Estamos hablando de autoconstrucción?

Me parece que aquí los únicos que nos estamos enterándo de lo que pasa con la vivienda somos nosotros.
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ESTO NO PUEDE SEGUIR ASÍ

[billy]

La demagogia es parte de la gran mentira de la vivienda. Les interesa tenernos anestesiados y con disputas entre nosotros para que no señalemos ni a los orígenes ni a quienes nos están pisando el cuello.

Recuerdo que lo de la limitación a 4 alturas se ha aprobado dentro de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración. Ojo al dato. ¿urgente para quien aparte de para los promotores inmobiliarios?¿qué tiene que ver la ordenación urbanística con la modernización del gobierno y de la admón?

Y sí, es cierto que tienen reservado el 50% para vivienda protegida en la Ley de Gallardón pero la realidad es que se hace a precios imposibles para las rentas bajas y sin controlar que efectivamente se respete ese porcentaje y que esas viviendas engrosen realmente el mercado de protección, algo que actualmente se lo pasa todo el mundo por el forro y no hay voluntad política de que eso cambie. Las leyes si no se cumplen de poco nos valen salvo para que estos encima las utilicen como argumento.

Pero una cosa importante Lenny, esta decisión no se va a quedar sólo en Madrid. Afectará a todo el Estado porque es posible que empuje nuevos recursos de constitucionalidad y entre todos frenen la aplicación de la nueva Ley del Suelo, que con sus defectos, era infinitamente mejor que la anterior de cara a la ciudadanía. Sólo queda la esperanza de que el TC haya tomado nota del inmenso daño que hizo con su sentencia del 98 y rectifique en esta ocasión o que de una puñetera vez se abra un proceso constituyente y que se adopte un paquete de medidas que acabe con este expolio en base a necesidades vitales.

¡¡¡Corruptos, sinvergüenzas!!! Estoy indignado. Nunca dejaré de preguntarme una y otra vez que en clase de país vivo, en el que la gente de a pie encima respalda en las urnas a estos amigos de lo ajeno que están mostrando tanta falta de respeto por la democracia y sus instituciones.
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[billy]

Nota de Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción concluye en su informe “Urgencia por destruir el territorio” que el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración fomenta el urbanismo depredador, elimina el carácter de agente de la autoridad de los Agentes Forestales y sirve para desbloquear múltiples proyectos que están denunciados. Además, la Ley resulta claramente inconstitucional al invadir competencias estatales e incumplir normativa básica.

El proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, consta de 21 artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final. 9 de los 21 artículos, concretamente del 10 al 18 afectan directamente a la Ley del Suelo vigente al modificar su articulado. Pero además, afectan de forma indirecta a la actividad urbanística los artículos 4 (celebración de convenios por el Consejo de Gobierno), el artículo 9 (requerimiento de autorización judicial para que los agentes forestales accedan a montes o terrenos forestales de titularidad privada), el artículo 19 (declaración de utilidad pública de las obras hidráulicas), el artículo 21 declaración de utilidad pública de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas) y la Disposición derogatoria 1 (eliminación del carácter de policía administrativa especial de los agentes forestales).

Las conclusiones del informe realizado por Ecologistas en Acción sobre el articulado del proyecto de Ley son diametralmente opuestas a la información que ha difundido el Gobierno regional. El contenido de la nueva Ley no justifica la urgencia con la que se está tramitando, tampoco incluye ninguna medida de modernización. Sin embargo, se reduce la participación ciudadana porque elimina una de los dos fases de información pública del procedimiento actual de aprobación de planes generales, planes de sectorización y modificaciones puntuales.

Se suprime la obligación de solicitar informes a administraciones públicas que no sean de la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que no se requerirán informes a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Esta medida es contraria al Texto Refundido de la Ley de Aguas. De esta forma el Gobierno Regional pretende liberarse de una Administración que está obstaculizando la aprobación de planeamientos urbanísticos que no justifican el suministro de agua a las nuevas poblaciones.

Se consiente la construcción de vivienda en suelo protegido así como otras instalaciones. Esta medida serviría para legalizar buena parte del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama que actualmente incumple numerosos artículos de la Ley del Suelo vigente. También se permite a los Ayuntamientos autorizar instalaciones deportivas en suelo protegido por interés agrícola. Esta medida desbloquearía los campos de golf que la Comunidad de Madrid quiere construir en la finca pública El Encín, en Alcalá de Henares. Hasta ahora, debido a las alegaciones y denuncias presentadas no se ha podido ejecutar este proyecto.

Se reducen las competencias a la Comisión de Urbanismo (órgano colegiado en el que se encuentran representadas toda las fuerzas políticas) para concentrarlas en el Consejo de Gobierno. Esta medida resta transparencia al procedimiento de aprobación definitiva de los planeamientos urbanísticos.

La nueva Ley aprovecha para crear otra modalidad de aprobación definitiva de planes urbanísticos, lo que se denomina “aprobación condicionada”. Esta medida permitiría aprobar, por ejemplo, todos los planes que actualmente cuentan con informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Tajo o de cualquier otra administración.

Por otra parte se conceden competencias al Canal de Isabel II sobre obras hidráulicas que actualmente ostenta el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica. Esto permitiría a la Comunidad de Madrid construir nuevos embalses en lugares estratégicos como la Sierra Norte donde se proyectan enormes crecimientos urbanísticos.

Es muy significativa la medida por la que se pretende declarar de utilidad pública e interés social el enterramiento de las líneas eléctricas. Con esta medida sería el propietario de la línea eléctrica el que tendría que cargar con los costes de enterramiento de las líneas que atraviesan terrenos que se pretenden reclasificar o ya reclasificados. Así el promotor urbanístico se libraría de una millonaria inversión. Hay que tener en cuenta que el enterramiento de 1 Km. de línea de alta tensión cuesta del orden de 300-400 millones de las antiguas pesetas. Esta medida serviría para desbloquear el plan general de Brunete (pendiente de aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno). Este plan fue denunciado por Ecologistas en Acción, precisamente porque se había previsto la construcción de sectores residenciales en sectores afectados por líneas de alta tensión. En esta ocasión, la medida legal podría ir en contra de la Ley del Sector Eléctrico.

Según Ecologistas en Acción, la mayor parte del nuevo articulado va destinado a eliminar trabas legales a grandes proyectos urbanísticos que están denunciados. Estas medidas de desregulación urbanística se ven reforzadas con la supresión de competencias a los Agentes Forestales. El proyecto de Ley elimina el carácter de agente de la autoridad de los Agentes Forestales. De esta forma se reduce drásticamente la capacidad de intervención de este cuerpo en actuaciones irregulares y elimina el carácter probatorio de sus denuncias. Una medida que resulta claramente injustificable y contraria a la Ley de Montes.

Por otro lado y para disfrazar el verdadero contenido de la Ley se incluyen una serie de medidas inconexas y populistas pero de escasa repercusión para mejorar la actividad urbanística en la región. Entre ellas cabe destacar la eliminación de la figura del agente urbanizador, una figura que en Madrid no ha arraigado y por tanto eliminarla no supone problema. Se eliminan los convenios de planeamiento, pero no los de ejecución, con lo que la situación sigue igual. Se reducen a cuatro pisos las alturas de los nuevos edificios, una medida que no afecta a las grandes ciudades y que en las pequeñas poblaciones no se aplica, etc.

Ecologistas en Acción considera muy preocupante la actitud del Gobierno regional que es capaz de aprobar una Ley para legalizar proyectos urbanísticos denunciados. Igualmente califica de inadmisible el engaño a la población que supone esta Ley. De llegar a aprobarse la Ley de Medidas Urgentes de Modernización, Ecologistas en Acción, solicitará al Gobierno central que interponga un recurso de inconstitucionalidad e investigue verdaderos intereses que se esconden tras esta Ley.
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article8719
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40 propuestas por una Vivienda Digna

[billy]

Añado a la nota de Ecologistas en Acción que lo que mejor podía solicitar al gobierno central es que actúe con la mejor herramienta que tiene ahora en su mano que es aceptando la enmienda de IU de limitación de los créditos hipotecarios. Sería un torpedo a la línea de flotación de todo este tinglado políticoinmobiliario, aunque quizás es por eso precisamente por lo que el PSOE se niega a tirarlo.
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