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Descontento. Los vecinos de Marbella se manifestaron ayer contra el nuevo documento.

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El documento urbanístico ha recibido 6.000 alegaciones, la mayoría de propietarios de viviendas ilegales. Protestan por el sistema de compensaciones, que les obliga a pagar parte de las cargas MATUCHA GARCÍA / EFE. MÁLAGA Cerca de 2.000 personas, según la Policía Local, se manifestaron anoche en Marbella para protestar contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, cuyo periodo de exposición pública concluyó ayer con unas 6.000 alegaciones. La manifestación, convocada por la Plataforma de Ciudadanos Afectados por el PGOU, tenía como objetivo mostrar el rechazo de los propietarios de las viviendas no incluidas en el proceso de normalización del nuevo plan y el sistema de compensaciones.
El PGOU propone la normalización de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por parte de los promotores que permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes, y deja fuera de este proceso a 752 viviendas, la mitad de ellas ocupadas, así como dos hoteles. En caso de que las promotoras no asuman las cargas urbanísticas, serían los propietarios de los inmuebles quienes deberían hacer frente a los gastos del proceso de compensación.
La mayoría de los alegaciones al PGOU procede de los dueños de 18.000 inmuebles ilegales. El Plan Guadaiza diseñado por la Junta, que prevé la expropiación de 200 hectáreas entre unas 300 fincas privadas y huertos familiares en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía -para la construcción de diversos equipamientos educativos, sociales, culturales, deportivos e infraestructuras como las estaciones de autobuses y del futuro tren litoral- ha acaparado otra buena parte de los escritos de vecinos y colectivos.
Proceso. "Desde la semana pasada hemos recibido una avalancha de escritos", comentó el portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero. A juicio del ejecutivo local, el elevado número de alegaciones indica que el plan no ha contado con la participación suficiente. "Se ha realizado a espaldas de la ciudadanía. Ni siquiera nosotros hemos tenido participación", reseñó el portavoz del equipo de gobierno.
Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, subrayó la importancia de que Marbella cuente con un plan general que restablezca la seguridad jurídica y urbanística y que, de manera urgente, normalice y dé cobertura legal a la situación en la que se encuentran las viviendas y los comercios construidos al margen de la norma.
Ahora, el Ayuntamiento marbellí ha de enfrentarse a un volumen de trabajo burocrático importante. "Esperamos que se cumpla el calendario previsto de forma que la aprobación definitiva pueda producirse en la primavera de 2009", añadió.
"La situación actual supone un freno al desarrollo económico de la localidad. Cuando tengamos el nuevo plan la ciudad vivirá un renacimiento económico", sentenció Romero.
En la concentración, respaldada por otros colectivos como la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, el presidente de la plataforma, José Ortiz, leyó un documento en el que se criticaba que la Junta haya "impuesto" a Marbella un PGOU que "perjudica a los ciudadanos" y se acusó al Gobierno andaluz de castigar a los habitantes del municipio con un plan desigual. Ortiz también recordó a las administraciones públicas que "ir contra el pueblo les va a salir muy caro" y pidió para los vecinos la potestad de decidir cómo será el futuro de su ciudad