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La Comunidad detecta la venta de cuatro viviendas en cinco meses mediante la manipulación informática de la base de datos con adjudicatarios falsos. Los autores han utilizado claves restringidas de personal del Instituto de la Vivienda.
El Instituto de la Vivienda de Madrid investiga una red de tráfico ilegal de pisos protegidos en la que estarían implicados funcionarios corruptos de ese organismo en connivencia con los compradores.

En apenas cinco meses, los responsables autonómicos de la vivienda han detectado la venta fraudulenta de cuatro inmuebles cuyos titulares o bien han fallecido o están enfermos.


El fraude se lleva a cabo falsificando la base de datos del Ivima mediante incursiones informáticas con claves restringidas en las que se sustituyen los datos de un adjudicatario real por otro previamente convenido.


Este «comprador» escritura como si el titular fuera él. La corruptela se ha descubierto cuando los descendientes del beneficiario auténtico se han encontrado con un extraño que reclamaba la vivienda con escrituras en la mano.


Las viviendas objeto del fraude son inmuebles protegidos construidos en el barrio de San Blas en los años 60 por la entonces Obra Sindical del Hogar, que posteriormente pasaron al Instituto de la Vivienda de Madrid cuando se constituyó la Comunidad de Madrid, en febrero de 1983. Pertenecen a un programa de renta limitada a pagar durante 40 años para luego acceder a su propiedad mediante escritura una vez finalizado el período de amortización.


La red de fraude detectada ha aprovechado que esta fase termina ahora y el año pasado se puso en marcha por parte de la Comunidad de Madrid el proceso para escriturar los pisos a nombre de sus titulares.


El «modus operandi» se centra en falsificar la identidad de los adjudicatarios en la base de datos y sustituirla por otra, de forma que sea el titular ficticio quien escriture el piso a su nombre como si él hubiese sido el beneficiario en su día de la vivienda que ahora termina de amortizarse. Para ello la red elige aquellos inmuebles en los que sus adjudicatarios no dan señales de vida a la hora de proceder a la escrituración de su vivienda.


En vez de ser recuperadas para una posterior readjudicación a personas con escasos recursos, los autores del fraude presuntamente pactan una cantidad de dinero con los compradores, que adquieren una vivienda a precio de ganga, generalmente para venderla a precios de mercado.


Los pisos en esta situación vendidos ilegalmente se ubican en las calles Deportistas, número 22; Decoradores, 11 y Medidas, 6. Un cuarto caso, situado en la calle Ramón Pérez de Ayala, número 6, ha sido descubierto cuando el titular ficticio había solicitado al Ivima su venta después de abonar los casi cinco millones de pesetas que restaban para su amortización. Esta vivienda está adjudicada en régimen de arrendamiento, un sistema distinto al anterior, basado en abonar un alquiler con opción a la adquisición definitiva cuando el titular así lo desee.


Los responsables del organismo autonómico de vivienda tienen perfectamente determinado que en estos cuatro casos se sustituyó la identidad del adjudicatario mediante la manipulación del sistema informático a través de claves restringidas.


Horas precisas del fraude. El rastro dejado en el ordenador ha permitido demostrar que los cambios de titular en los tres primeros casos se produjeron el día 5 de mayo a las 13:45:30, 13:46:11 y 13:46:58. Se da la circunstancia de que dos días después, el día 7 de mayo, tomó posesión del cargo Domingo Menéndez Menéndez, actual director-gerente del Ivima.


En la vivienda de Ramón Pérez de Ayala, el cambio de titular por un nuevo adjudicatario se produjo en septiembre de 2004 y acto seguido el beneficiario ficticio pidió escriturar el inmueble a su nombre después de completar la amortización. La venta de este piso no se llegó a formalizar ya que se detectó el fraude durante el proceso de transmisión.


En todos los casos, los adjudicatarios estaban desaparecidos en el momento de llevarse a cabo la estafa, circunstancia de la que estaban al tanto los autores de la falsificación, que les dieron por muertos. La situación de la vivienda de la calle Deportistas, 22, es bien distinta puesto que su beneficiaria real, Petra Delgado Arranz, enferma de Alzheimer, está ingresada desde junio de 2002 en una residencia de la Comunidad de Madrid y se halla bajo la tutela de la Administración autonómica.


Precisamente, fue en este piso, ocupado por una nieta, donde se descubrieron, en octubre del año pasado, las irregularidades investigadas ahora por el Ivima. Para sorpresa de la actual inquilina, el adjudicatario ficticio se presentó en la vivienda y dejó la siguiente nota: «Soy Juan Martínez, el propietario de esta vivienda. Ruego se pongan en contacto conmigo», y dejó un teléfono. La nieta de la titular auténtica emprendió entonces un verdadero via crucis burocrático para demostrar que la vivienda era de su abuela, sin encontrar su nombre en ningún papel del Ivima.


En todos figuraba la identidad del falso propietario, que en varias ocasiones más se presentó en la vivienda, escritura en mano, con la intención de tasar el piso.


El beneficiario ficticio escrituró el piso a su nombre el 8 de septiembre de 2004 al precio de 2.286,23 euros en el despacho del notario Ángel Luis Donesteve y Garra, situado en la calle Príncipe de Vergara, 63. Según el acta notarial, con protocolo 3.255/2004, el Ivima vendía a su nombre la propiedad «libre de cargas y ocupada por el comprador», según dice textualmente el documento, donde figura una hipoteca del Banco Sabadell.


Según explicó a LA RAZÓN Domingo Menéndez, gerente del Ivima, los servicios jurídicos de este organismo están ultimando la presentación de una demanda judicial contra los compradores de la citada vivienda con la intención de declarar la nulidad de los contratos. Además, también pretenden denunciarles por estafa.


De esta forma pretenden evitar que los inmuebles puedan ser vendidos a terceros o se utilicen para solicitar hipotecas, ya que los compradores están en posesión de escrituras totalmente legales.


Menéndez se muestra convencido, además, que de esta forma se conocerá la identidad de los implicados dentro del organismo que preside «ya que las claves utilizadas eran manejadas por muchas personas». Por esta razón, el gerente asegura que aún no han podido determinar la identidad del funcionario o funcionarios que usaron las claves para manipular informáticamente los expedientes afectados. Además, según relata, «esa clave muchas veces es compartida» con los empleados de cuatro empresas privadas a las que la Comunidad tiene adjudicado el proceso de venta y escrituración a medida que la amortización de los pisos llega a su fin. Éstas, además se reparten todas las gestiones con respecto al patrimonio del Ivima, como el cobro de la renta mensual y el del consumo de agua.


Las cuatro viviendas objeto de fraude coinciden que están bajo la gestión de una de estas empresas, Gestión de Planificación Urbanística S. L. (Geplaur), que se personará en el proceso judicial que impulse el Ivima. Su responsable, Emilio Fernández Sánchez, rechaza tajantemente la posibilidad de que la clave a la que alude Domingo Menéndez sea utilizada por los empleados de la empresa. «Nosotros disponemos de una para entrar en la base de datos y consultar, pero con ella no podemos tocar ninguno, ni corregir dato a dato como se ha hecho en estos casos. Es un proceso laborioso que no se hace en pocos segundos porque cada corrección implica entrar de nuevo en el sistema», afirma.


En defensa de la actuación de la empresa, el gerente de Geplaur asegura que precisamente ellos fueron los que detectaron y pararon el fraude del piso de la calle Ramón Pérez de Ayala. «A nosotros el Ivima nos envía una orden para vender y escriturar esa vivienda con el nombre del adjudicatario. Cuando pedimos los certificados de que estaba al corriente de pago, nos damos cuenta de que ese titular no era el original de ese piso. Y lo ponemos en conocimiento de la Comunidad», explica Fernández.


Esta situación no se dio con los otros tres pisos de San Blas, puesto que Geplaur, según Fernández, no pudo comprobar los expedientes históricos de los inmuebles porque «no existen». Según afirma, en el año 2002 la empresa digitalizó todo el archivo que le correspondía gestionar, pero algunos expedientes como los ahora afectados habían desaparecido.


Fernández lo achaca a que estos documentos, con 40 o más años, han podido perderse en los sucesivos traspasos de competencias que en todos estos años han sufrido este tipo de viviendas: Primero pertenecieron a la Obra Sindical del Hogar, luego pasaron a la Delegación Provincial de la Vivienda y por último al Instituto de la Vivienda de Madrid.


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La Razón (Madrid) - 07 de febrero de 2005
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