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Moncloa tratará de impedir por todos los medios que ninguna gran inmobiliaria suspenda pagos antes del 9-M

Un fantasma recorre el palacio de la Moncloa: la posibilidad de que alguna gran inmobiliaria haga crash antes de las elecciones generales del 9 de marzo. Esta hipótesis ha ganado cuerpo en las últimas semanas, y eso explica la inquietud de los asesores más directos de Rodríguez Zapatero, que ven con preocupación el efecto ‘contagio’ que puede derivarse de la posibilidad de que alguna gran inmobiliaria (fundamentalmente las cotizadas en Bolsa) no pueda hacer frente a sus compromisos de pago, algo que podría arrastrar a otras compañías de sector.

Fuentes de toda solvencia consultadas por El Confidencial extienden esta preocupación al Banco de España, quien lógicamente también se encuentra en estado de alerta para evitar una posible crisis. La diferencia respecto del Gobierno (más preocupado por razones políticas) estriba en que el banco central está obligado a situar la solvencia de las entidades financieras por delante de los intereses de las grandes inmobiliarias. “En los órganos ejecutivos del Banco de España no se ha tratado formalmente el asunto, pero está fuera de toda duda que el gobernador hará todo lo posible para evitar que una gran inmobiliaria se vaya al traste antes del 9 de marzo. Eso sí, siempre que eso no ponga en peligro la solvencia del sistema financiero”, sostiene una fuente de toda confianza. Por su parte, en el banco central aseguran que el Banco de España trabaja al margen del 9 de marzo, y que los servicios de supervisión hacen su trabajo con toda normalidad sin atender a criterios de oportunidad política.

Otras fuentes aseguran que aunque el Banco de España no ha pedido formalmente a la banca que ‘abra la mano’ parece fuera de toda duda de que la autoridad monetaria (el BCE forma parte del eurosistema) intentará evitar el “efecto contagio” en caso de que alguna gran compañía inmobiliaria tuviera problemas de liquidez. Dicho en otros términos, el objetivo pasa por evitar que las entidades financieras cierren el grifo del dinero a las inmobiliarias, en línea con lo manifestado hace algunos meses por el propio Zapatero, quien tras estallar la crisis de las ‘subprime’ pidió a la banca que no redujera el crédito a los agentes económicos. Una decisión que, en cualquier caso, no depende del Banco de España sino de las propias entidades financieras siempre que cumplan los coeficientes de solvencia.

El ICO, al rescate

Según fuentes bancarias de toda confianza, en el sector incluso se está barajando la posibilidad de que en caso de necesidad el Instituto de Crédito Oficial (ICO) -el brazo financiero del Gobierno- habilite los fondos necesarios en caso de que alguna inmobiliaria tenga problemas de liquidez. De esta manera, se podría aislar a las entidades financieras del lastre del ladrillo, algo que es especialmente importante en un momento como el actual, en el que las propias entidades sufren por las restricciones del crédito en el mercado interbancario (en el que bancos y cajas se prestan dinero). Ayer no fue posible conocer la versión del ICO.

La posible participación del Instituto de Crédito Oficial en el rescate de alguna inmobiliaria sería coherente con las medidas adoptadas en otros países –principalmente Estados Unidos y Reino Unido-, donde las autoridades económicas han optado por intervenir de manera directa en los casos más llamativos. En EEUU con la congelación del pago de intereses para los ciudadanos afectados por las hipotecas ‘basura’ y en el Reino Unido mediante los fondos que puso el Banco de Inglaterra a disposición de Northern Rock para evitar su bancarrota.

En esta línea debe situarse la reunión mantenida a finales de diciembre por las cajas de ahorros andaluzas (a instancias de Moncloa) en aras de encontrar una solución de emergencia para la inmobiliaria Colonial.

La situación del sector inmobiliario desde el punto de vista de sus necesidades de financiación puede considerarse verdaderamente angustiosa. No en vano, el endeudamiento del sector (datos hasta el tercer trimestre de 2007) asciende a nada menos que 292.588 millones de euros -alrededor del 30% del Producto Interior Bruto-. Se trata de una cifra verdaderamente descomunal que explica la preocupación de las autoridades políticas y económicas, máxime cuando dentro de dos meses se celebran elecciones generales.

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